SENTENCIA 2015-90315/4722-2015 DE NOVIEMBRE 9 DE 2016

 

Sentencia 2015-90315/4722 de noviembre 9 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Expediente: 730012333000 201590315 01 (4722 - 2015)

Consejera ponente:

Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez

Medio de Control: Nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: William Ferney Sánchez García

Demandado: Nación —Ministerio de Defensa Nacional— Policía Nacional

Trámite: Ley 1437 de 2011

Asunto: Recurso de apelación contra el auto que rechazó la demanda por no haberse corregido.

Bogotá D.C., 9 de noviembre de 2016

La Sala decide(1) el recurso de apelación que la parte demandante presentó contra el auto de 28 de agosto de 2015 proferido por el Tribunal Administrativo del Tolima, por medio del cual se rechazó la demanda.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Competencia

De conformidad con el artículo 150 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 615 de la Ley 1564 de 2012, esta corporación es competente para decidir el recurso de apelación contra el auto que rechazó la demanda.

Ahora, el recurso de apelación es procedente contra el auto que rechaza la demanda, según las previsiones del artículo 243 ibídem. Entonces, siendo competente la corporación y proceder el recurso de apelación que se interpuso en este asunto contra el auto que rechazó la demanda, se procede a su estudio y decisión.

El Problema Jurídico

En este caso el problema jurídico consiste en establecer si debe revocarse o no el auto que rechazó la demanda al no haber sido atendido el término señalado para subsanar.

Previo a resolver el problema planteado, deberá atenderse como problema asociado, reconocer la situación fáctica a que hace referencia el apoderado de la parte demandante.

Revisada la demanda, se observa que el apoderado de la parte actora en el capítulo de notificaciones dijo lo siguiente: “Al suscrito apoderado: Luis Alberto Triviño en la calle 74 Nº 20 C-28 oficina de Bogotá D.C.”(17). Es decir, que no informó la dirección de correo electrónico.

El Tribunal Administrativo del Tolima(18) profirió auto el 14 de julio de 2015, mediante el cual se inadmitió la demanda al considerar que no reunía los requisitos previstos en el artículo 162 de la Ley 1437 de 2011, que contiene los requisitos de toda demanda que se presente ante esta Jurisdicción; y concedió el término de 10 días a la parte demandante para que la subsanara.

Por su parte, el Secretario del Tribunal Administrativo del Tolima notificó el auto de 14 de julio de 2015, mediante estado físico Nº 117, de fecha 15 de julio del mismo año. Lo anterior se establece de los sellos plasmados en el dorso del Folio 75.

Efectuado lo anterior respecto de la situación fáctica que informa el proceso, se procede a continuación a verificar qué regulación respecto de la notificación de las providencias, se consagró en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el que se expidió a través de la Ley 1437 de 2011.

La notificación por estados electrónicos según la Ley 1437 de 2011

El artículo 196 de la Ley 1437 dispone que las providencias se notificarán a las partes y demás interesados con las formalidades prescritas allí y en lo no previsto, de conformidad con lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil, ahora Código General del Proceso.

Conforme a esta regla, los autos no sujetos a la notificación personal se pondrán en conocimiento de las partes a través de estados electrónicos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 201 de la Ley 1437, y no físicos como ocurrió en este caso. La citada disposición ordena lo siguiente:

“ART. 201.—Notificaciones por estado. Los autos no sujetos al requisito de la notificación personal se notificarán por medio de anotación en estados electrónicos para consulta en línea bajo la responsabilidad del Secretario. La inserción en el estado se hará el día siguiente al de la fecha del auto y en ella ha de constar:

1. La identificación del proceso.

2. Los nombres del demandante y el demandado.

3. La fecha del auto y el cuaderno en que se halla.

4. La fecha del estado y la firma del Secretario.

El estado se insertará en los medios informáticos de la Rama Judicial y permanecerá allí en calidad de medio notificador durante el respectivo día. De las notificaciones hechas por estado el Secretario dejará certificación con su firma al pie de la providencia notificada y se enviará un mensaje de datos a quienes hayan suministrado su dirección electrónica.

De los estados que hayan sido fijados electrónicamente se conservará un archivo disponible para la consulta permanente en línea por cualquier interesado, por el término mínimo de diez (10) años.

Cada juzgado dispondrá del número suficiente de equipos electrónicos al acceso del público para la consulta de los estados” (Se resaltó).

De acuerdo con la norma transcrita, con la entrada en vigencia de la Ley 1437, se puede decir que la publicación de los estados electrónicos es la regla general para dar a conocer a las partes las providencias, y que es responsabilidad del Secretario efectuarlas garantizando, además, su accesibilidad para la consulta en línea a través de la página web de la Rama Judicial, www.ramajudicial.gov.co.

Sobre este punto, el Consejo de Estado(19). ha señalado que para efectos de que se tenga por válida la notificación por estado electrónico deberá hacerse el día hábil siguiente al de la fecha del auto a notificar, antes de las 8:00 a.m. y debe permanecer para consulta del público en la página web de la Rama Judicial, www.ramajudicial.gov.co, durante todo el día en que fue insertado, el cual se conservará además en un archivo disponible para consulta en línea por cualquier interesado, por el término de 10 años.

Ahora, como constancia de la notificación del estado electrónico, el secretario debe suscribir con su firma física, una certificación de la notificación por estado, al pie de cada una de los autos notificados y, a quien haya suministrado su dirección electrónica; así mismo tiene el deber de enviar el mismo día de publicación o inserción del estado en la página web de la Rama Judicial, un mensaje de datos al correo electrónico destinado para notificaciones judiciales, informando la notificación por estado electrónico ocurrida dentro del proceso de su interés, en caso de que la parte hubiese suministrado el correo electrónico.

De acuerdo con lo anterior, se puede concluir que se notificarán personalmente o por estado electrónico las siguientes providencias:

Notificación personalNotificación por estadoelectrónico
1. Al demandado, el auto que admite la demanda.Los autos no sujetos al requisito de la notificación personal.
2. A los terceros, la primera providencia que se dicte respecto de ellos.
3. Al Ministerio Público, el auto admisorio de la demanda, salvo cuando intervengá como demandante.
4. Las demás para las cuales el código ordene expresamente la notificación personal como el auto que libra mandamiento de pago y el que corre traslado de las medidas cautelares.

Caso concreto

En el presente caso se observa que mediante auto de 14 de julio de 2015, el Tribunal Administrativo del Tolima inadmitió la demanda, el cual se notificó por estado físico Nº 117 de 15 de julio de 2015. Así se establece de la constancia(20) consignada por el secretario de esa corporación. En seguida, se observa que a partir del 16 de julio del mismo año comenzó el término de 10 días concedido por el despacho para corregirla.

De conformidad con los artículo 196 y 201 de la Ley 1437 de 2011, el auto mediante el cual se inadmitió la demanda, se debió poner en conocimiento de la parte actora a través de un estado electrónico, y no físico como ocurrió en este caso, para ser consultado por el interesado a través de la página web de la Rama Judicial www.ramajudicial.gov.co.

Así mismo, en el caso de que la parte demandante hubiese informado en la demanda su dirección de correo electrónico, el secretario estaba en la obligación de enviar el mismo día de publicación o de inserción del estado en la página de la Rama Judicial, un mensaje de datos informándole la notificación por estado electrónico de la providencia proferida en su proceso.

En este orden de ideas y establecido que en este caso la notificación del auto que inadmitió la demanda, no se puso en conocimiento de la parte demandante, en la forma señalada por el artículo 201 de la Ley 1437 de 2011, sino a través de un estado físico, se observa que esa actuación hace que se configure la causal de nulidad prevista en el inciso final del artículo 133 del Código General del Proceso que dice lo siguiente:

“Cuando en el curso del proceso se advierta que se ha dejado de notificar una providencia distinta del auto admisorio de la demanda o del mandamiento de pago, el defecto se corregirá practicando la notificación omitida, pero será nula la actuación posterior que dependa de dicha providencia, salvo que se haya saneado en la forma establecida en este código...” (Se resaltó).

En este caso, el auto que inadmitió la demanda no fue puesto en conocimiento del actor en la forma prevista por el artículo 201 de la Ley 1437 de 2011, por ende, la parte no pudo atender la orden de corrección, por lo que al no ser subsanada, se profiere el auto de 28 de agosto de 2015 y se rechaza(21). Esta providencia, esto es, la que rechaza la demanda, depende de la actuación mediante la cual se inadmitió la misma, ya que la consecuencia de no ser corregida dentro de la oportunidad concedida para el efecto, es su rechazo; por lo tanto, de acuerdo con la disposición transcrita en precedencia, la actuación relacionada con el rechazo de la demanda está viciada de nulidad.

Conforme a lo anterior, se decretará la nulidad de lo actuado a partir del Folio 75 vuelto, esto es, de la actuación que realizó el secretario del Tribunal Administrativo del Tolima a través de la cual se notificó per estado físico el auto mediante el cual se inadmitió la demanda y se concedió el término de diez días para subsanarla.

Los requisitos de la demanda

En este caso habiéndose establecido que se configuró la causal de nulidad prevista en el artículo 133, inciso final, del Código General del Proceso, es oportuno en el sub examine, revisar si el A quo en el estudio que hizo frente a la inadmisión de la demanda, tuvo en cuenta los requisitos de ley.

Pues bien, los requisitos de forma de toda demanda que se presente ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, se regulan en el título III, artículo 162 de la Ley 1437 de 11 de enero de 2011, por medio de la cual se adoptó el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, así:

“Art. 162.—Contenido de la demanda. Toda demanda deberá dirigirse a quien sea competente y contendrá:

1. La designación de las partes y de sus representantes.

2. Lo que se pretenda, expresado con precisión y claridad. Las varias pretensiones se formularán por separado, con observancia de lo dispuesto en este mismo Código para la acumulación de pretensiones.

3. Los hechos y omisiones que sirvan de fundamento a las pretensiones, debidamente determinados, clasificados y numerados.

4. Los fundamentos de derecho de las pretensiones. Cuando se trate de la impugnación de un acto administrativo deberán indicarse las normas violadas y explicarse el concepto de su violación.

5. La petición de las pruebas que el demandante pretende hacer valer. En todo caso, este deberá aportar todas las documentales que se encuentren en su poder.

6. La estimación razonada de la cuantía, cuando sea necesaria para determinar la competencia.

7. El lugar y dirección donde las partes y el apoderado de quien demanda recibirán las notificaciones personales. Para tal efecto, podrán indicar también su dirección electrónica”.

Igualmente, existen requisitos que están contemplados en otras disposiciones de la misma ley, como los artículos 159, 161, 163, 164, 166 que tienen que ver con la capacidad, representación y derecho de postulación, procedibilidad, oportunidad para presentar la demanda, aportar copia del acto acusado, respectivamente; los cuales, se deben interpretar de manera sistemática y concluir si la demanda debe ser tramitada o es necesario que el interesado la ajuste a los requerimientos normativos, sin que tal circunstancia se convierta en una revisión mecánica de confrontar el escrito con la norma para luego adoptar la decisión de inadmitirla y el evento de que el actor deje transcurrir el plazo que se conceda para tal fin, el juez sin estudiar el fondo de lo que se pretende proceda a rechazarla de manera automática.

Lo regulado por la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, es lo mínimo que una demanda presentada ante esta jurisdicción debe contener y no está permitido al juez exigir más requisitos de los que la ley establece. Así mismo, el juez está en el deber constitucional y legal de interpretarla y con ello establecer qué es lo que el ciudadano pretende con la interposición del medio de control. No se debe olvidar que con la expedición del nuevo código, se adoptaron y consagraron los principios contenidos en la Constitución Política, en cuyo artículo 228, se prevé que en las actuaciones de la administración de justicia prevalecerá el derecho sustancial, lo que significa que la formalidad quedó proscrita en el trámite de los procesos judiciales. Igualmente, se debe tener presente lo previsto por el artículo 103 de la Ley 1437 de 2011, sobre la aplicación de los principios constitucionales en el trámite del proceso contencioso administrativo.

Dentro de los principios de la administración de justicia se encuentra el de prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal con la finalidad de garantizar que los funcionarios judiciales al aplicar las normas que regulan los procedimientos no obstaculicen la realización del derecho de los ciudadanos. Si bien es cierto que las formalidades o ritualidades hacen parte de todo proceso judicial también lo es que las mismas han sido establecidas por la Constitución y la ley para garantizar el debido proceso y que se respeten los derechos. La aplicación de las normas atendiendo únicamente su texto o aplicándolas de manera mecánica hace que se incurra en un exceso manifiesto, violatorio del debido proceso y un impedimento para que el usuario acceda a la administración de justicia. Se debe tener en cuenta que el fin primordial de la actividad jurisdiccional y por ende del proceso es la realización y protección de los derechos consagrados en abstracto por el derecho objetivo y, por tanto, la solución del Conflicto. El proceso se debe entender como el medio para el reconocimiento del derecho.

Además, se debe tener en cuenta que la determinación de los requisitos y anexos de la demanda, lo mismo que la consecuencia procesal de su inobservancia, es competencia del legislador; y en materia de lo contencioso administrativo están consagrados en los artículos 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166 y 167 de la Ley 1437 de 2011.

En tal virtud, al momento de estudiar la inadmisión o admisión de la demanda, el Juez debe ajustar su análisis a los parámetros que señalen las normas, sin que sea posible exigir requisitos adicionales, pues de esa manera, se trasgreden principios constitucionales como el debido proceso, el derecho de acción y el acceso a la administración de justicia que tiene todo ciudadano.

En el presente caso, es oportuno traer a colación lo que sobre la inadmisión y rechazo de la demanda, ha señalado el Consejo de Estado:(22)

“(...) Por otra parte también debe dejarse en claro que la apelación del auto que rechaza una demanda conlleva también la impugnación contra la providencia que inadmitió la demanda inicialmente en concordancia con lo dispuesto por el inciso final del artículo 85 del Código de Procedimiento Civil. Adicional a las normas procedimentales que rigen el trámite de los procedimientos contenciosos administrativos, el Despacho precisa que al momento de su interpretación y aplicación el funcionario judicial no sólo debe remitirse a ellas sino que en su razonamiento debe acudir a las normas constitucionales y de orden supraconstitucional, donde se enfatiza en la Convención Americana de Derechos Humanos y la doctrina desarrollada a partir de ella por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Lo anterior en razón a que ya es un lugar común sostener que el Juez Administrativo no es un mero ejecutor formal de las normas legales sino que en razón al rol funcional que desempeña dentro del Estado Social de Derecho, es su obligación, antes que nada, ser garante de la corrección constitucional en la interpretación y aplicación de las normas legales, al igual que ejercer, ex oficio, el control de convencionalidad que se le impone en razón a la fuerza vinculante de los tratados de Derechos Humanos y su doctrina. Esto se trae a colación en razón a la naturaleza fundamental que ostenta el acceso a la administración de justicia, derivado en nuestro ordenamiento constitucional a partir de los artículos 294, 228 y 229 y en el orden internacional en los artículos 87 y 258 de la Convención, el cual no se agota en una perspectiva formal, como es la creación de recursos judiciales y un aparato institucional encargado de su conocimiento, sino que también incluye una connotación sustantiva, que lleva a este Despacho a precisar que en materia de aplicación de normas procedimentales que impliquen cargas o actuaciones procesales a las partes, estas deben ser interpretadas con carácter restrictivo teniendo en consideración la finalidad objetiva que con ellas se persigue, en términos de la jurisprudencia constitucional:

“Las particularidades de los procesos deben estar dirigidas a asegurar la prevalencia del derecho sustancial, el principio de eficacia de los derechos y la protección judicial efectiva. De allí, que sean entendidas como constitucionales justamente, las normas procesales que tienen “como propósito garantizar la efectividad de los derechos” y su eficacia material, y que además propendan por la optimización de los medios de defensa de las personas. Tal efectividad resulta ser entonces un principio y una garantía que debe ser asegurada por las disposiciones procesales fijadas por el legislador”. Y por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que la exigencia de garantías judiciales en un proceso se materializa siempre que “se observen todos los requisitos que “sirv[a]n para proteger, asegurar o hacer valer la titularidad o el ejercicio de un derecho”, es decir, las “condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquéllos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial” y comentando el artículo 25 de la Convención señaló que “La existencia de esta garantía “constituye uno de los pilares básicos, no sólo de la Convención Americana, sino del propio Estado de Derecho en una sociedad democrática en el sentido de la Convención”; se trata de un campo fértil para la Incorporación de los estándares de la jurisprudencia interamericana en materia de Derechos Humanos al interior de los procesos judiciales por vía del control de convencionalidad, como lo pone de presente Brewer - Carías: (...)

(...) Encuentra pertinente el Despacho agregar, con ocasión del caso sub lite, que le está proscrito a los operadores judiciales establecer cualquier clase de trabas de hecho que alteren o haga nugatorio el derecho de acción de quien acude a la jurisdicción, se trata de erradicar prácticas malsanas arraigadas en el ámbito de la práctica judicial tales corno exigir a los apoderados judiciales que los escritos que radiquen se presenten debidamente foliados, ordenados de cierta manera o cualquier otra exigencia que no se encuentre contemplada, en la Ley, pues, sencillamente constituye una violación al derecho de todo ciudadano de acudir a la jurisdicción (...). (Se resaltó):

La Corte Constitucional(23), sobre el mismo asunto ha señalado:

“... Por consiguiente, el acceso a la justicia y los procedimientos que lo desarrollan, deben “cumplirse a partir de un criterio de interpretación sistemática, que obligue al operador a fijar su alcance consultando los principios, derechos y garantías, que consagra la Constitución Política, los cuales, como es sabido, constituyen a su vez la base o punto de partida de todo el ordenamiento jurídico.

En este punto resulta entonces relevante, la referencia consagrada en el artículo 228 de la Carta, sobre la prevalencia del derecho sustancial sobre la forma, en la Medida en que la interpretación que se haga de las normas procesales que consolidan el acceso a la justicia, en virtud de este principio, debe entenderse “en el sentido que resulte más favorable al logro y realización del derecho sustancial, consultando en todo caso el verdadero espíritu y finalidad de la ley”.

Como se observa de las providencias citadas, no es de ahora que se afirme y se reitere que el derecho sustancial debe prevalecer sobre la forma. Este es un principio que desde la redacción del artículo 4º del Código de Procedimiento Civil imponía al juez que en la interpretación de la ley procesal debía tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial. Lo anterior, se ratificó al promulgarse la Constitución de 1991, en cuyo artículo 228, con más precisión y por supuesto eficacia, dijo que la Administración de Justicia es una función pública y sus decisiones son independientes, por tanto, las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley, y en ellas debe prevalecer el derecho sustancial.

Precisado lo anterior, se procede a revisar cuáles fueron los defectos que el Tribunal Administrativo del Tolima consideró que el actor debía corregir en su demanda, de lo cual se observa que fueron cuatro aspectos:

1. En cuanto al poder para que se faculte al abogado a demandar los actos administrativos. En el escrito que obra al Folio 1, se observa que el poder se otorgó para demandar la Resolución 2002 de 13 de septiembre de 2013 expedida por el Director General de la Policía Nacional, de lo cual se establece que el abogado tiene poder debidamente conferido aunque si bien no se mencionan los fallos disciplinarios, esta circunstancia no impide al juzgador interpretar que el poder se confiere para impugnar esas decisiones.

2. Aclarar el capítulo de las pretensiones para que se individualicen los actos acusados. El actor impugna la Resolución 03427 de 26 de agosto de 2014, por la cual se retiró del servicio activo de la Policía Nacional, por destitución; sin embargo, no se acusa los fallos mediante los cuales se impuso dicha sanción, lo cual es procedente que se corrija en dicho aspecto, en atención a lo dispuesto por el artículo 162 de la Ley 1437 de 2011, numeral 2º, en cuanto a expresar con claridad y precisión lo que se pretende.

3. Para que se aportaran las pruebas que el actor tenga en su poder. Del folio 13 al 62, obran las pruebas que el demandante al momento de presentar la demanda tenía. Ahora, no se debe dejar de lado que la actuación administrativa está en poder de la entidad y que de conformidad con el artículo 175, parágrafo 1º, de la Ley 1437 de 2011, en el término de para responder la demanda debe allegarla al proceso.

4. Aportar la dirección de correo electrónico de la entidad accionada para recibir notificaciones judiciales, lo cual puede ser consultado por internet, pues, toda entidad oficial debe tener correo electrónico para recibir notificaciones judiciales.

Como se observa de lo anterior, lo señalado por el Tribunal Administrativo del Tolima, en el auto de inadmisión de la demanda, no son requisitos que a través de una revisión, estudio y análisis en conjunto de la documental allegada, no puedan ser interpretados y permitir el acceso del actor a la administración de justicia.

En mérito de lo anteriormente expuesto, el Consejo de Estado — Sala de lo Contencioso Administrativo —Sección Segunda— Subsección B,

RESUELVE

1. Decretar la nulidad de lo actuado a partir del Folio 75 vuelto, esto es, de la actuación que realizó el secretario del Tribunal Administrativo del Tolima a través de la cual se notificó por estado físico el auto de fecha 14 de julio de 2015, mediante el cual se inadmitió la demanda y se concedió el término de diez días para subsanarla, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. Por la secretaría de la Sección Segunda devuélvase el expediente al Tribunal Administrativo del Tolima con el fin de que proceda a notificar legalmente el auto de 14 de julio de 2015, por medio del cual se inadmitió la demanda. Déjense las constancias de rigor.

Cópiese, notifíquese y cúmplase»

(1) El expediente ingresó al Despacho el 25 de noviembre de 2015 (fl. 94)

(17) Folio 12

(18) Folio 76

(19) Consejo de Estado — Sala de lo Contencioso Administrativo — Sección Cuarta. C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 24 de octubre de 2013. Expediente 08001-23-33-004-2012-00471-01 (20258). Demandante: Sociedad Plasticrón S.A. Demandado: DIAN.

(20) Folio 75 vuelto

(21) Folio 76

(22) Consejo de Estado — Sala de lo Contencioso Administrativo — Sección Tercera — Subsección “C”. C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa Bogotá D.C., veinticuatro (24) de septiembre de dos mil doce (2012) Radicación 50001233100020110058601(44050) Actor: José Antonio Peniche Jiménez y otro Demandado: Nación Fiscalía General de la Nación y otros Referencia: Acción de Reparación Directa (Apelación Sentencia).

(23) Corte Constitucional. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Sentencia C-183 de 14 de marzo de 2004.