Sentencia 2016-00008/2016-00008 de junio 23 de 2016

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Radicación: 11001-03-28-000-2016-00008-00

Radicado interno: 2016-00008

Consejero Ponente:

Dr. Alberto Yepes Barreiro

Actor: Donys Rodolfo Rivero de Hoyos

Demandada: Liliana Milena Quiroz Aguas - Directora de Corpomojana

Proceso electoral - Fallo de única instancia

Bogotá, D.C., veintitrés de junio dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

De conformidad con lo establecido en el numeral 4º del artículo 149 del CPACA(26) y en el artículo 13 del Acuerdo 58 de 1999 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, esta Sala es competente para conocer en única instancia del proceso de la referencia, toda vez que, la demanda ataca la legalidad del acto a través del cual se eligió a Liliana Milena Quiroz Aguas como directora general de Corpomojana.

2. El acto acusado.

Se tiene como tal el acto contenido en el Acta 9 de 24 noviembre de 2015 visible a folio 14 y 15 del expediente.

3. Pruebas relevantes.

En el expediente obran las siguientes pruebas relevantes:

• Documento a través del cual la señora Ingris Quintero Ballestero presentó descargos respecto a la recusación presentada en su contra (fl. 129).

• Acta del consejo directivo de Corpomojana 11 de 24 de noviembre de 2015 (fls. 131-135).

• Estatutos generales de Corpomojana (fls. 27-61 reiterado en fls. 142-117).

• CD contentivo de la sesión realizada por el consejo directivo de Corpomojana el 24 noviembre de 2015.

4. Cuestión previa: La caducidad de la acción electoral.

Como quedó referenciado en los antecedentes de esta sentencia, la excepción de caducidad presentada por la parte demandada fue resuelta por el ponente en audiencia inicial del 30 de marzo de 2016. Dicha decisión que se encuentra en firme no solo porque en esta diligencia el apoderado judicial no hizo manifestación alguna al respecto, sino porque además mediante auto del 4 de abril de 2016 se determinó que el recurso de súplica presentado por dicho profesional del derecho debía ser rechazado por extemporáneo.

Así las cosas, es claro que la parte demandada no puede pretender, una vez vencida la oportunidad legal correspondiente, reiterar en sus alegatos de conclusión los argumentos con base en los cuales sustentaba el recurso de súplica declarado extemporáneo(27), en un intento por subsanar el descuido que tuvo al no presentar de forma oportuna los recursos que la ley le concedió.

En todo caso, la Sala desea precisarle al apoderado de la parte demandada que la demanda que dio origen al proceso de la referencia no se encuentra caduca, comoquiera que tratándose del medio de control de nulidad electoral el legislador(28) previó que la caducidad se contara en días hábiles y no corrientes, de forma que el juez al momento de estudiar la caducidad de la acción electoral no puede computar los días inhábiles ni la vacancia judicial.

Por lo anterior es evidente que si el acto acusado se publicó el 24 de noviembre de 2015(29), la caducidad de la acción estuvo comprendida entre el 25 de noviembre de 2015 y el 30 de enero de 2016, pues no se toman en cuenta todos los días inhábiles y de vacancia judicial que se encuentran comprendidos en dicho lapso. En consecuencia, como la demanda se presentó el 18 de enero de 2016(30) se puede concluir, sin ambages, que el escrito introductorio se presentó en tiempo.

Finalmente, es de advertir que la Sala ha sostenido(31) que tratándose del medio de control de nulidad electoral no es de recibo la tesis según la cual si el término de caducidad feneció en días no hábiles o en vacancia judicial aquel se extiende solo al primer día hábil, toda vez que dicha teoría solo es aplicable cuando el medio de control contempla una caducidad de meses o años(32) y no en días como es el caso de la nulidad electoral, pues en este preciso evento los días que se computan para contar la caducidad son solo los hábiles y por ello, jamás, la caducidad electoral se materializará en época de vacancia judicial.

5. Análisis de los cargos formulados.

Decantando lo anterior corresponde a la Sala determinar, atendiendo a la fijación del litigio realizada en la audiencia inicial si:

1. “El Acuerdo 9 de 24 de noviembre de 2015 se expidió de manera irregular, toda vez que, desconoció el procedimiento establecido por el CPACA para resolver las recusaciones, en particular, la que se formuló respecto de la señora Ingris Quintero Ballestero, miembro del consejo directivo de Corpomojana.

2. El Acuerdo 9 de 24 de noviembre de 2015 se expidió sin la competencia para el efecto”(33).

Ahora bien, como la Sala encuentra que los problemas jurídicos esbozados en precedencia tiene una íntima relación procederá a su estudio de manera conjunta.

En efecto, como quedó expuesto en los antecedentes de esta providencia, para el demandante el acto es nulo comoquiera que la resolución de la recusación presentada contra uno de los miembros del Consejo Directivo no se adelantó según los lineamientos del artículo 12 del CPACA y, por ende, a juicio del actor, no solo se cometió una anomalía en la actuación administrativa de elección, sino que además el consejo directivo de Corpomojana quedó despojado, temporalmente, de su competencia para elegir al director de dicha corporación hasta tanto la recusación fuere resuelta por la asamblea corporativa o por la procuraduría regional de Sucre.

La norma cuya transgresión se alega contempla:

“ART. 12.—Trámite de los impedimentos y recusaciones. En caso de impedimento el servidor enviará dentro de los tres (3) días siguientes a su conocimiento la actuación con escrito motivado al superior, o si no lo tuviere, a la cabeza del respectivo sector administrativo. A falta de todos los anteriores, al Procurador General de la Nación cuando se trate de autoridades nacionales o del Alcalde Mayor del Distrito Capital, o al procurador regional en el caso de las autoridades territoriales.

La autoridad competente decidirá de plano sobre el impedimento dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de su recibo. Si acepta el impedimento, determinará a quién corresponde el conocimiento del asunto, pudiendo, si es preciso, designar un funcionario ad hoc. En el mismo acto ordenará la entrega del expediente.

Cuando cualquier persona presente una recusación, el recusado manifestará si acepta o no la causal invocada, dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de su formulación. Vencido este término, se seguirá el trámite señalado en el inciso anterior.

La actuación administrativa se suspenderá desde la manifestación del impedimento o desde la presentación de la recusación, hasta cuando se decida. Sin embargo, el cómputo de los términos para que proceda el silencio administrativo se reiniciará una vez vencidos los plazos a que hace referencia el inciso 1º de este artículo”.

Bajo este panorama, lo primero a precisar es si el CPACA es aplicable a la resolución de los impedimentos y recusaciones formulados en el marco de las actuaciones adelantadas por una corporación autónoma, o si por el contrario debe privilegiarse la autonomía que detentan estas entidades(34) y emplear una norma especial para decidir sobre este asunto.

El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en su artículo 2º delimita el ámbito de aplicación de la primera parte del código, es decir, la que regula el procedimiento administrativo y establece que sus normas rigen para las que denomina “autoridades”, esto es, organismos y entidades que conforman las ramas del poder público en sus distintos órdenes, sectores y niveles, órganos autónomos e independientes del Estado y los particulares, cuando cumplan funciones administrativas.

Según lo anterior, en principio, la primera parte del CPACA aplicaría a las corporaciones autónomas regionales en tanto encuadran en la categoría de “órganos autónomos e independientes”.

Sin embargo, el último inciso del referido artículo, contempla una excepción a la aplicación del procedimiento administrativo, en la medida en que señala que “[l]as autoridades sujetarán sus actuaciones a los procedimientos que se establecen en este código, sin perjuicio de los procedimientos regulados en leyes especiales. En lo no previsto en los mismos se aplicarán las disposiciones de este código” (negrilla fuera de texto)(35).

Por consiguiente, será necesario establecer si existe una norma especial, respecto a este punto en cuyo caso, su aplicación se preferirá respecto de la norma de carácter general(36).

En el caso concreto, es claro que el legislador en la Ley 99 de 1993 no previó un procedimiento especial para resolver los impedimentos o recusaciones que se presentaren en las corporaciones autónomas; tampoco se encuentra que dicho tópico haya sido regulado estatutariamente, circunstancias que permiten a la Sala concluir, sin lugar a dudas, que el CPACA sí es aplicable a las corporaciones autónomas en lo que atañe a este aspecto.

Depurado este punto se estudiaran: i) los antecedentes que respecto a la resolución de recusaciones presentadas en el marco de las elecciones ha proferido la Sección: ii) cuál es el alcance del artículo 12 del CPACA en la actuaciones administrativas adelantadas por las corporaciones autónomas regionales, y iii) si en el caso concreto Corpomojana desconoció o no los postulados de dicha disposición.

Veamos:

a) Antecedentes de la Sección respecto a la resolución de las recusaciones presentadas en el marco de una elección

En diversas oportunidades la Sección ha precisado cómo se deben resolver las recusaciones presentadas en el marco de un procedimiento que antecede a una elección, diferenciándolos por elecciones de carácter popular y que las que no tienen dicha característica.

En lo que concierne a las elecciones no populares, la Sala tuvo la posibilidad de pronunciarse en el año 2012 al estudiar el presunto desconocimiento del entonces artículo 30 del C.C.A(37) —norma homologa al artículo 12 del CPACA—, en el proceso de elección del rector de una universidad pública en el que se recusó a algunos miembros del consejo superior universitario.

En ese fallo se determinó que si bien el consejo superior universitario no tenía un superior inmediato, si se entendía que el órgano al cual pertenecían los miembros recusados fungía en cierta medida como su “superior”, era evidente que aquel podía resolver sobre la recusación presentada.

Específicamente la Sección señaló:

“En efecto, en el caso los escritos de recusación no se elevaron contra el consejo superior universitario de la Universidad Popular del Cesar como máximo órgano de dirección de la entidad, sino contra algunos de sus integrantes.

Así las cosas, era perfectamente válido que este cuerpo colegiado actuando como tal, ejerciera su competencia para pronunciarse sobre tales situaciones, pues aunque el CSU de la Universidad Popular del Cesar no tiene superior jerárquico, esa condición no puede predicarse de los consejeros que integran ese consejo.

No hay razón para entender que los miembros del propio consejo superior universitario deben sustraerse a esa jerarquía administrativa y de gobierno, máxime para cuando se trata de la elección del rector”(38).

Años más tarde y también en el marco de elección de carácter no popular, la Sección tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre este mismo asunto —la recusación en el marco de una actuación que precede a una elección—, esta vez, al examinar la solicitud de suspensión provisional elevada por la parte actora contra la elección del director de Corpoboyacá.

En efecto, mediante auto del 4 de febrero de 2016 la Sección encontró que no era viable decretar la suspensión provisional del acto acusado, de un lado, porque de las pruebas allegadas no se derivaba la vulneración al artículo 12 alegada y, de otro, comoquiera que “como se recusaron dos miembros del consejo directivo de la Corporación Autónoma y Regional de Boyacá, se parte de que el superior es el consejo directivo y por tanto no había lugar a enviársela a la Procuraduría General de la Nación”(39).

Finalmente, de forma reciente y tratándose de elecciones populares la Sala estudió si a la recusación presentada contra un miembro de la comisión escrutadora debía dársele el tramite contemplada en el artículo 12 del CPACA y determinó que no era viable aplicar dicha codificación, toda vez que dicho trámite estaba previsto —aunque de manera incipiente— en el Código Electoral, sin que este tuviese una laguna u omisión que hiciera procedente aplicar la Ley 1437 de 2011, a lo que se sumaba que “la aplicación del proceso establecido en el artículo 12 del CPACA constituiría un obstáculo en el correcto funcionamiento de los escrutinios, puesto que dicho artículo dispone que la actuación administrativa debe suspenderse desde que se presenta la recusación hasta que se resuelve, lo cual podría producir un retraso sustancial en la entrega de los resultados de los mismos”(40).

Como puede observarse existen varios antecedentes en los que la Sección ha explicado cómo debe tramitarse y resolverse una recusación presentada en el marco de una actuación que precede a una elección. Sin embargo, es evidente que al caso concreto no le es aplicable el auto de 3 de junio de 2016 porque aquel se profirió en el marco de una elección de carácter popular, sin que la elección acusada tenga dicho carácter.

Tampoco es aplicable el antecedente del año 2012 no porque, como erróneamente lo entiende el tercero interviniente(41), se haya determinado que a las universidades no les aplica el CPACA y a las corporaciones sí, sino porque dicha tesis se acuñó en el marco de la elección del rector de una universidad pública, la cual tiene una estructura especial que no es del todo compatible con la prevista en la Ley 99 de 1993 para las corporaciones autónomas.

Así las cosas, corresponde a la Sala explicar cuál es el alcance del artículo 12 del CPACA en las actuaciones administrativas, de carácter electoral, que se surten en las corporaciones autónomas regionales.

b) El alcance del artículo 12 del CPACA en las actuaciones administrativas, de carácter electoral, de las corporaciones autónomas regionales

Aunque de una lectura desprevenida del artículo 12 del CPACA parecería desprenderse que dicha norma no resulta aplicable para la resolución de impedimentos y recusaciones presentadas en el marco de las actuaciones administrativas adelantadas por los órganos de dirección y administración de las corporaciones autónomas, toda vez que, dichos cuerpos no tienen un “superior” en el sentido estricto de la palabra y al ser parte de una entidad autónoma tampoco tienen “cabeza del respectivo sector administrativo” que supla la ausencia de superior.

Lo cierto es que una hermenéutica sistemática de la norma permite concluir que aquella sí tiene aplicación en las actuaciones administrativas, de carácter electoral, que adelantan las corporaciones autónomas regionales.

Esto es así si se tiene en cuenta la autonomía con que la Constitución Política ha dotado a estas entidades(42), lo cual deviene en una aplicación especial de la regla contenida en el mencionado artículo.

En efecto, en estos casos al no existir “superior” o “cabeza del respectivo sector administrativo”(43) que pueda resolver los impedimentos o recusaciones presentadas en relación con uno de los integrantes del consejo directivo, se colige que a quien corresponde resolver tal circunstancia es, justamente, al resto de los integrantes del señalado cuerpo colegiado. Con ello se garantiza que estas entidades resuelvan sus asuntos sin la interferencia de otra autoridad administrativa, preservando la autonomía constitucionalmente consagrada.

En este sentido, permitir que sean los integrantes del consejo directivo los que resuelvan los impedimentos o recusaciones de uno de los miembros del cuerpo colegiado, garantiza la finalidad de la regla establecida en la mencionada norma, esto es, imparcialidad, toda vez que dicha situación puede afectar la competencia subjetiva de uno o algunos de sus integrantes.

Así, siempre que no se afecte el quorum para decidir(44), la recusación debe ser resuelta por los demás miembros del cuerpo colegiado, todo con el fin de evitar, de un lado, que se comprometa la objetividad que se pide en una actuación administrativa electoral y, de otro, que se sacrifique la autonomía de la corporación autónoma regional.

Cabe resaltar que en estos casos, la observancia de este principio se fortalece aún más, teniendo en cuenta que los impedimentos o recusaciones son resueltos por un cuerpo colegiado y no por un solo funcionario, lo cual implica que dicha decisión se tome necesariamente luego del respectivo análisis y deliberación que realice el resto de integrantes de aquel.

En suma, en el presente caso, el resto de los integrantes del cuerpo colegiado materialmente no fungen como “superior” de alguno o algunos miembros que se lleguen a declarar impedidos o resulten recusados, sin embargo, se encuentran facultados para resolver tal situación con fundamento en las razones anteriormente expuestas por la Sala.

En consecuencia, para la Sala por las razones explicadas, un entendimiento adecuado del artículo 12 del CPACA impone afirmar que las recusaciones que se presenten contra los miembros del consejo directivo de una corporación autónoma deben surtirse ante ese mismo órgano.

Ahora bien, es de señalar que para la Sala no es de recibo el argumento según el cual tratándose de las corporaciones autónomas, quien debe resolver sobre las recusaciones o impedimentos es la asamblea corporativa como “superior” del consejo directivo, ya que, de un lado, el facultado para decidir sobre el punto es el órgano en pleno en los términos antes explicados y de, otro, porque la asamblea corporativa funcionalmente no funge como superior del consejo directivo.

En efecto, el artículo 24 de la Ley 99 de 1993 establece que unos son los órganos de dirección y otros los administración de las corporaciones autónomas. Por su parte, el artículo 25 ibídem consagra que la asamblea corporativa es el máximo órgano de dirección, en tanto el artículo 26 consagra que el consejo directivo es el órgano de administración de la corporación. Así las cosas, es claro que el consejo no es superior de la asamblea, ni la asamblea lo es del consejo, debido a que aquellos son simplemente órganos que conforman la corporación autónoma regional y que, según las funciones que por ley y estatutariamente les fueron asignadas, la dirigen y administran, respectivamente.

Esto se corrobora al analizar las funciones que la ley —art. 25 ib.— le asignó a dicha asamblea, pues de la simple lectura de dicha disposición se puede concluir, sin dubitaciones, que ninguna de ellas implica jerarquía sobre el consejo directivo pues aquellas se limitan a “designar el revisor fiscal o auditor interno de la corporación; conocer y aprobar el informe de gestión de la administración; conocer y aprobar las cuentas de resultados de cada período anual; adoptar los estatutos de la corporación y las reformas que se le introduzcan (...)”, pero en ningún momento denotan mando o superioridad sobre las decisiones que debe adoptar el consejo.

En síntesis, se reitera que para la resolución de las recusaciones presentadas contra los miembros de los consejos directivos de las corporaciones autónomas regionales se debe entender que este órgano objetivamente considerado es el superior del integrante recusado y, que en consecuencia, está facultado para decidir de plano sobre la recusación.

c) La observancia del artículo 12 del CPACA en el caso concreto

Establecido lo anterior corresponde a la Sala analizar el caso concreto, es decir, determinar sí en la recusación presentada contra uno de los miembros del consejo directivo de Corpomojana y formulada en el marco del procedimiento de elección del director general de dicha corporación se resolvió conforme a las reglas estipuladas en el artículo 12 del CPACA.

Sea lo primero advertir que la postura explicada en precedencia aplicada al sub judice impone concluir que el consejo directivo de Corpomojana sí tenía la potestad para decidir acerca de la recusación formulada contra la señora Ingris Quintero Ballestero como miembro del citado órgano, comoquiera que la recusación se presentó respecto de uno solo de los integrantes del consejo, y por ello, el cuerpo colegiado podía resolver sobre dicho asunto.

Ahora bien, respecto a cómo se resolvió la recusación formulada contra la señora Quintero Ballestero se encuentra probado lo siguiente:

• El señor Juan Ángel Martínez Martínez recusó a la señora Ingris Quintero Ballestero en su calidad de miembro del consejo directivo como represente de los gremios (fl. 133).

• Se le dio traslado de la recusación a la señora Quintero Ballesteros y en consecuencia, el día 24 de noviembre de 2015 la citada señora presentó escrito ante el consejo directivo en el que rechazó la recusación (fl. 129 del expediente).

Específicamente en el acta de la sesión del consejo directivo consta:

“Se da lectura al segundo oficio radicado antes del inicio de la sesión por el mismo ciudadano, en el cual se comunica al consejo directivo una recusación contra de la consejera Ingris Quintero Ballestero y en la que solicita que la misma “se declare impedida legalmente por causa de conflicto de intereses en la elección del director de Corpomojana por carencia de representación legal”.

Dada la discusión al interior del consejo directivo se decidió acoger lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011 y se notificó en estrados a la señora Quintero Ballestero, como consta en la presente acta para que en el marco de lo dispuesto por la citada ley, la consejera resuelva la recusación que se le ha presentado y notifique por escrito su decisión. Acto seguido la consejera solicita se le permita responder por escrito a la recusación y en ese sentido entrega oficio con su firma (...)”(45).

• Tal y como consta en el acta 11 del 24 de noviembre de 2015 el consejo directivo de Corpomojana debatió acerca de cuál debía ser el trámite con el que se debía surtir la recusación presentada. En efecto, el consejo deliberó y encontró que dicho órgano era competente para resolver sobre la recusación formulada contra uno de sus miembros, en aplicación a lo decidido por la Sección Quinta del Consejo de Estado en sentencia del 10 de agosto de 2012 radicado 2011-52 y por la procuraduría regional del Atlántico.

En consecuencia, los miembros del consejo determinaron resolver en el pleno de dicho órgano y con exclusión de la señora Quintero Ballestero, la recusación presentada contra la representante de los gremios ante el consejo directivo(46).

• El consejo directivo por unanimidad con 7 votos de 7 posibles, decidió negar la recusación presentada contra la señora Quintero Ballestero(47).

• Se ordenó comunicar la decisión al recusante por correo electrónico y correo certificado (fl. 134).

• Se solicitó el ingreso al recinto de la consejera y se le informó que “puede seguir participando de las decisiones del consejo”(48).

• Una vez resuelta la recusación, se prosiguió con el siguiente punto del orden del día, esto es, la elección del director general de Corpomojana (fl. 134).

En este momento es importante evidenciar como, contrario a lo afirmado por el demandante, la actuación administrativa sí se suspendió, toda vez que el consejo directivo solo procedió a votar cuando la recusación presentada contra uno de sus miembros fue resuelta.

Bajo este panorama, para la Sala no cabe duda que en el procedimiento que se llevó a cabo para realizar la elección de la señora Quiroz Aguas se observó el trámite que el artículo 12 del CPACA establece para la resolución de recusaciones, comoquiera que este:

i) Fue decidido por el “superior” de la servidora recusada, esto es, por el consejo directivo en sí mismo considerado, conforme a los lineamientos expuestos en el acápite que precede.

ii) Se dio traslado de la recusación presentada y la señora Quintero Ballestero rechazó la causal de recusación alegada.

iii) La actuación se detuvo hasta tanto no se resolvió si la señora Quintero Ballestero podía o no participar de forma imparcial en la elección del director, pues, como se evidenció, hasta que la recusación no fue resuelta el consejo directivo no votó para la designar al director de Corpomojana.

De lo expuesto se puede colegir que el cargo de expedición irregular no se configuró porque, como se explicó, la recusación presentada no debía ser resuelta por la asamblea corporativa de Corpomojana ni por la procuraduría general, pues la potestad para resolver sobre ese punto la tenía, conforme a los parámetros expuestos por la Sección, el consejo directivo objetivamente considerado.

Tampoco se encuentra probado el cargo de falta de competencia, pues no se puede perder de vista que aquel estaba sujeto a que se determinara si la recusación había sido resuelta o no por la autoridad que la ley previó para el efecto. En consecuencia, como se encontró que la recusación sí fue resuelta de forma idónea y por el órgano competente es evidente que el consejo directivo no tenía, como lo aduce el demandante, suspendida su competencia para elegir al director de Corpomojana. Por consiguiente, dicha censura también debe ser negada.

En suma, es claro que los argumentos de la demanda deben ser desestimados, porque se acreditó que el acto acusado no fue expedido ni irregularmente ni con falta de competencia, y por contera, así se declarara en la parte resolutiva de esta providencia.

6. La conclusión.

De lo expuesto se puede concluir que:

• El artículo 12 del CPACA sí es aplicable a las corporaciones autónomas regionales.

• Según la jurisprudencia de esta Sección, cuando un miembro de un consejo directivo de una corporación autónoma sea recusado o se declare impedido para conocer sobre alguna actuación que se surte al seno de dicho órgano, será el consejo directivo objetivamente considerado, y con exclusión del impedido o recusado, quien tendrá la potestad para resolver sobre la recusación o impedimento, bajo el entendido que aquel funge como superior de dicho integrante.

• En el caso concreto la recusación fue resuelta por el superior de la persona recusada y se tramitó conforme a los lineamientos que el artículo 12 ejusdem establece para la resolución de esta clase de peticiones, razón por la que no está probada la expedición irregular.

• Como el vicio de falta de competencia estaba ligado a que se encontrara acreditada la expedición irregular y aquella no fue demostrada, dicho cargo no prospera.

III. La decisión

Con fundamento en lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. NEGAR las pretensiones de la demanda de nulidad electoral en contra del acto que declaró elegida a la señora Liliana Milena Quiroz Aguas como directora general de Corpomojana para el periodo institucional 2016-2019.

2. ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede ningún recurso.

Notifíquese y cúmplase».

26 ART. 149.—Competencia del Consejo de Estado en única instancia: “El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus secciones, subsecciones o salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos (...). 4. De la nulidad de los actos de elección expedidos por el Congreso de la República, sus cámaras y sus comisiones, la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura, la junta directiva o consejo directivo de los entes autónomos del orden nacional y las comisiones de regulación”.

27 La primera parte de los alegatos de conclusión y el recurso de súplica presentado y visible a folio 296 a 316 son idénticos.

28 De conformidad con los artículos 62 de la Ley 4ª de 1913, 164.2 del CPACA y 118 del CGP.

29 Tal y como consta a folio 97 del expediente.

30 Tal y como consta al reverso del folio 11 del expediente.

31 Al respecto consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, auto de Sala del 7 de abril de 2016, radicación 50001-23-33-000-2016-00136-01, C.P. Alberto Yepes Barreiro. Consejo de Estado, Sección Quinta, auto de Ponente del 30 de marzo de 2016, radicación 11001-03-28-000-2016-00031-00, C.P. Alberto Yepes Barreiro.

32 Ya que en ese evento los días que conforman el término de caducidad son corrientes, es decir, sin distinción en días inhábiles ni días de vacancia judicial.

33 Folios 277 y 278.

34 La Corte Constitucional en Sentencia C-275 de 1998 determino que “Las corporaciones son personas jurídicas públicas del orden nacional, que cumplen cometidos públicos de interés del Estado y que con la promulgación de Constitución de 1991, gozan de un régimen de autonomía”.

35 En el mismo sentido, el artículo 34 del mismo código dispone que “[l]as actuaciones administrativas se sujetarán al procedimiento administrativo común y principal que se establece en este código, sin perjuicio de los procedimientos administrativos regulados por leyes especiales. En lo no previsto en dichas leyes se aplicarán las disposiciones de esta parte primera del código” (negrilla fuera de texto).

36 Así lo establece el artículo 5º de la Ley 57 de 1887:
“ART. 5º—Cuando haya incompatibilidad entre una disposición constitucional y una legal, preferirá aquella. Si en los códigos que se adoptan se hallaren algunas disposiciones incompatibles entre sí, se observarán en su aplicación las reglas siguientes: 1ª. La disposición relativa a un asunto especial prefiere a la que tenga carácter general”.

37 “ART. 30.—Garantía de imparcialidad. <Código derogado por el artículo 309 de la Ley 1437 de 2011. Rige a partir del dos (2) de julio del año 2012. El texto vigente hasta esta fecha es el siguiente:> A los funcionarios que deban realizar investigaciones, practicar pruebas o pronunciar decisiones definitivas, se aplicarán, además de las causales de recusación previstas para los jueces en el Código de Procedimiento Civil, las siguientes:
1. Haber hecho parte de listas de candidatos a cuerpos colegiados de elección popular inscritas o integradas también por el interesado;
2. Haber sido recomendado por él para llegar al cargo que ocupa el funcionario o haber sido designado por este como referencia con el mismo fin;
El funcionario, dentro de los cinco (5) días siguientes a aquel en que comenzó a conocer del asunto o en que sobrevino la causal, manifestará el impedimento por escrito motivado y entregará el expediente a su inmediato superior, o al procurador regional, si no lo tuviera.
La autoridad ante quien se manifieste el impedimento decidirá en el término de diez (10) días y en forma motivada, sin que contra la decisión quepa recurso; y al decidir señalará quién debe continuar el trámite, pudiendo si es preciso designar funcionario ad hoc; en el mismo acto ordenará la entrega del expediente al designado que ha de sustituir al separado del conocimiento.
Las causales de recusación también pueden declararse probadas de oficio por el inmediato superior o por el procurador regional; los interesados también podrán alegarlas en cualquier tiempo. En estos eventos se aplicará, en lo pertinente, el procedimiento antes descrito.
El superior o el procurador regional podrán también separar del conocimiento a un funcionario cuando, a su juicio, en virtud de denuncias puestas por el interesado, aquel no garantice la imparcialidad debida.
El trámite de un impedimento suspenderá los plazos para decidir o para que opere el silencio administrativo”.

38 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 10 de agosto de 2012, radicación 11001-03-28-000-2011-00052-00, C.P. Susana Buitrago Valencia.

39 Consejo de Estado, Sección Quinta, Auto de Sala de 3 de febrero de 2016, radicación 11001-03-28-000-2015-00054-00, C.P. Carlos Moreno Rubio.

40 Consejo de Estado, Sección Quinta, auto de Sala del 3 de junio de 2016, radicación 13001-23-33-000-2016-00070-01, C.P. Lucy Jeannette Bermúdez.

41 La interpretación que el coadyuvante realiza de la sentencia 15 de octubre de 2015 expedida dentro del radicado 2015-11es errónea pues lo que en ella se precisó es que si existía un procedimiento especial autorizado por la Ley 30 de 1992 y desarrollado por los estatutos de la universidad de conformidad con el artículo 36 del CPACA, no era viable acudir a dicha codificación. En efecto, en sentencia del 15 de octubre de 2015 proferida en el radicado 11001-03-28-000-2015-00011-00, C.P. Alberto Yepes Barreiro la Sala estudió si la elección del rector de la Universidad Nacional de Colombia estaba viciada de nulidad porque los actos administrativos, previos a la elección no se publicaron en el Diario Oficial como exige el artículo 65 del CPACA. Sobre el punto la Sala encontró que atendiendo a que el artículo 36 del CPACA dispone que dicha norma se aplica salvo existencia de procedimiento legal especial, no era viable aplicar al trámite de publicación de los actos previsto en la Ley 1437 de 2011 toda vez que la Ley 30 de 1992 habilitó a la universidad, en virtud de la autonomía de la que goza, a establecer el procedimiento de elección de los rectores de universidades públicas, y por consiguiente, “ante la existencia de un procedimiento especial para la designación del rector, contenido en las disposiciones internas de la UNAL, no resultaban aplicables a dicha entidad las normas la primera parte del CPACA, entre ellas, el artículo 65 que se refiere al deber de publicación de los actos administrativos de carácter general”.

42 ART. 150.—Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones:
(...) 7. Determinar la estructura de la administración nacional y crear, suprimir o fusionar ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y otras entidades del orden nacional, señalando sus objetivos y estructura orgánica; reglamentar la creación y funcionamiento de las corporaciones autónomas regionales dentro de un régimen de autonomía; así mismo, crear o autorizar la constitución de empresas industriales y comerciales del estado y sociedades de economía mixta.

43 Ya que estos escenarios están diseñados para las entidades que integran la rama ejecutiva y no para las autónomas.

44 En el hipotético caso en que el que la recusación o el impedimento comprometa a la totalidad de los miembros o a la mayoría de los integrantes del consejo directivo, afectando el quorum, en virtud de los artículos 8º y 48 de la Ley 153 de 1887 la única regla aplicable sería el artículo 12 de la Ley 1437 del 2011, en cuanto señala la competencia residual de la Procuraduría General de la Nación.

45 Folio 133.

46 En efecto a folio 134 se lee: “considera el consejo directivo que debe en el seno de dicho órgano y en la sesión presente, resolver a favor o en contra sobre la decisión manifiesta (sic) mediante escrito por la consejera Quintero Ballestero por tratarse de uno de sus miembros. Así las cosas, se le solicitó a la consejera retirarse para que el restos de los consejeros pudieran deliberar y decidir”.

47 Folio 134.

48 Ibídem.