Sentencia 2016-00009 de agosto 4 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Rad.: 11001-03-28-000-2016-00009-00

Radicado interno: 2016-0009

Consejero Ponente:

Dr. Alberto Yepes Barreiro

Demandante: Luis Felipe Aguirre Vásquez

Demandado: Johnny Alberto Avendaño Estrada - Director General de Carsucre

Proceso Electoral - Fallo de única instancia

Bogotá, D. C, cuatro de agosto dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones de la Sala

1. Competencia

De conformidad con lo establecido en el numeral 4° del artículo 149 del CPACA(2) y en el artículo 13 del Acuerdo 58 de 1999 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, esta Sala es competente para conocer en única instancia del proceso de la referencia, toda vez que, la demanda ataca la legalidad del acto a través del cual se eligió a Johnny Alberto Estrada Avendaño como director general de Carsucre.

2. El acto acusado.

Se tiene como tal el acto contenido en el Acuerdo 0012 de 19 noviembre de 2015 expedido por el consejo directivo de Carsucre, visible a folio 63 y 64 del expediente.

3. Análisis de los cargos formulados.

Corresponde a la Sala determinar, atendiendo a la fijación del litigio realizada en la audiencia inicial si:

• Si el principio del mérito implica que en el proceso de convocatoria pública adelantado para la elección del director de Carsucre, debía escogerse al mejor de los candidatos. En caso afirmativo, si el señor Johnny Alberto Avendaño Estrada fue el mejor y por tanto debía ser elegido en dicha convocatoria.

• Si en el trámite de la elección del señor Johnny Alberto Avendaño Estrada como Director de Carsucre se desconocieron los principios de moralidad, imparcialidad, transparencia y publicidad y mérito, especialmente, en lo que tiene que ver con la calificación de las hojas de vida y la posibilidad de objeción que frente a esa calificación tuvieron los demás candidatos.

Por efectos metodológicos y con el objetivo único de dilucidar los problemas jurídicos sometidos a su consideración, la Sala (i) indicará las disposiciones que el demandante invocó como violadas; (ii) analizará dichas normas a fin de establecer si de ellas se puede concluir válidamente, que el consejo directivo de Carsucre debía escoger al mejor de los participantes; (iii) estudiará el principio del mérito en la designación del director general de Carsucre y (iv) se pronunciará sobre los principios de moralidad, imparcialidad, transparencia y publicidad particularmente en la calificación de las hojas y la posibilidad de objetarla.

3.1. Disposiciones invocadas en la demanda.

A juicio del actor, las siguientes son las disposiciones que se desconocieron y que a su juicio, configuran la causal de nulidad consagrada en el numeral 5º del artículo 275 del CPACA.

i) Artículos40numeral7º,125y209delaConstituciónPolítica:

“ARTICULO 40. Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede: (…)

7. Acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, salvo los colombianos, por nacimiento o por adopción, que tengan doble nacionalidad. La ley reglamentará esta excepción y determinará los casos a los cuales ha de aplicarse”.

“ARTÍCULO 125. Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que determine la ley.

Los funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado por la Constitución o la ley, serán nombrados por concurso público.

El ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos, se harán previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los méritos y calidades de los aspirantes.

El retiro se hará: por calificación no satisfactoria en el desempeño del empleo; por violación del régimen disciplinario y por las demás causales previstas en la Constitución o la ley.

En ningún caso la filiación política de los ciudadanos podrá determinar su nombramiento para un empleo de carrera, su ascenso o remoción.

PARÁGRAFO. “Parágrafo adicionado por el artículo 6º del Acto Legislativo 1 de 2003. El nuevo texto es el siguiente:” Los períodos establecidos en la Constitución Política o en la ley para cargos de elección tienen el carácter de institucionales. Quienes sean designados o elegidos para ocupar tales cargos, en reemplazo por falta absoluta de su titular, lo harán por el resto del período para el cual este fue elegido”.

“ARTÍCULO 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.

Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley”.

ii) ArtículodelaLey1263de2008:

“ARTÍCULO 1º. El artículo 28 de la Ley 99 de 1993 quedará así:

Artículo 28. Del director general de las Corporaciones Autónomas Regionales o de Desarrollo Sostenible.

El director general será el representante legal de la corporación y su primera autoridad ejecutiva. Será designado por el Consejo Directivo para un período de cuatro (4) años, contados a partir del 1o de enero de 2012, y podrá ser reelegido por una sola vez.

PARÁGRAFO 1º. El período de los miembros del consejo directivo de que tratan los literales e), f), y g) del artículo 26 de la Ley 99 de 1993, será igual al del director de la Corporación Autónoma Regional o de Desarrollo Sostenible, y podrán ser reelegibles.

PARÁGRAFO 2º. El proceso de elección de los directores de las corporaciones autónomas regionales o de desarrollo sostenible, deberá realizarlo el Consejo Directivo en el trimestre inmediatamente anterior al inicio del período institucional respectivo.

PARÁGRAFO 3º. El proceso de elección de los representantes del sector privado, ante el Consejo Directivo de las corporaciones autónomas regionales o de desarrollo sostenible, deberán realizarlo los integrantes de su mismo sector”.

iii)ArtículodelCPACA:

“ARTÍCULO 3º. Principios. Todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los principios consagrados en la Constitución Política, en la parte primera de este código y en las leyes especiales.

Las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad.

1. En virtud del principio del debido proceso, las actuaciones administrativas se adelantarán de conformidad con las normas de procedimiento y competencia establecidas en la Constitución y la ley, con plena garantía de los derechos de representación, defensa y contradicción.

En materia administrativa sancionatoria, se observarán adicionalmente los principios de legalidad de las faltas y de las sanciones, de presunción de inocencia, de no reformatio in pejus y non bis in idem.

2. En virtud del principio de igualdad, las autoridades darán el mismo trato y protección a las personas e instituciones que intervengan en las actuaciones bajo su conocimiento. No obstante, serán objeto de trato y protección especial las personas que por su condición económica, física o mental se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta.

3. En virtud del principio de imparcialidad, las autoridades deberán actuar teniendo en cuenta que la finalidad de los procedimientos consiste en asegurar y garantizar los derechos de todas las personas sin discriminación alguna y sin tener en consideración factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva.

4. En virtud del principio de buena fe, las autoridades y los particulares presumirán el comportamiento leal y fiel de unos y otros en el ejercicio de sus competencias, derechos y deberes.

5. En virtud del principio de moralidad, todas las personas y los servidores públicos están obligados a actuar con rectitud, lealtad y honestidad en las actuaciones administrativas.

6. En virtud del principio de participación, las autoridades promoverán y atenderán las iniciativas de los ciudadanos, organizaciones y comunidades encaminadas a intervenir en los procesos de deliberación, formulación, ejecución, control y evaluación de la gestión pública.

7. En virtud del principio de responsabilidad, las autoridades y sus agentes asumirán las consecuencias por sus decisiones, omisiones o extralimitación de funciones, de acuerdo con la Constitución, las leyes y los reglamentos.

8. En virtud del principio de transparencia, la actividad administrativa es del dominio público, por consiguiente, toda persona puede conocer las actuaciones de la administración, salvo reserva legal.

9. En virtud del principio de publicidad, las autoridades darán a conocer al público y a los interesados, en forma sistemática y permanente, sin que medie petición alguna, sus actos, contratos y resoluciones, mediante las comunicaciones, notificaciones y publicaciones que ordene la ley, incluyendo el empleo de tecnologías que permitan difundir de manera masiva tal información de conformidad con lo dispuesto en este código. Cuando el interesado deba asumir el costo de la publicación, esta no podrá exceder en ningún caso el valor de la misma.

10. En virtud del principio de coordinación, las autoridades concertarán sus actividades con las de otras instancias estatales en el cumplimiento de sus cometidos y en el reconocimiento de sus derechos a los particulares.

11. En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscarán que los procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente formales, evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán, de acuerdo con este código las irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del derecho material objeto de la actuación administrativa.

12. En virtud del principio de economía, las autoridades deberán proceder con austeridad y eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos, procurando el más alto nivel de calidad en sus actuaciones y la protección de los derechos de las personas.

13. En virtud del principio de celeridad, las autoridades impulsarán oficiosamente los procedimientos, e incentivarán el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, a efectos de que los procedimientos se adelanten con diligencia, dentro de los términos legales y sin dilaciones injustificadas”.

iv) SentenciasC-105de2013(3)yC-288de2014:

En la Sentencia C-105 de 2013 la Corte Constitucional resolvió:

“PRIMERO. Declarar la EXEQUIBILIDAD de la expresión “previo concurso de méritos” contenida en el inciso 1º del artículo 35 de la Ley 1551 de 2012.

SEGUNDO. Declarar la INEXEQUIBILIDAD de la expresión “que realizará la Procuraduría General de la Nación” contenida en el inciso 1º, y de los incisos 2º, 4º y 5º del artículo 35 de la Ley 1551 de 2012”.

En la Sentencia C-288 de 2014 la Corte Constitucional resolvió:

“PRIMERO. Declarar EXEQUIBLE por el cargo analizado en la presente sentencia la expresión “De no ser posible la utilización de las listas se realizará un proceso de evaluación de las capacidades y competencias de los candidatos” contemplada en el numeral 3º del artículo 21 de la Ley 909 de 2004, en el entendido que el mismo deberá garantizar el cumplimiento de los principios de la función pública de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.

SEGUNDO. Declararse INHIBIDA para decidir sobre los dos (2) primeros cargos formulados en la demanda frente a la expresión “De no ser posible la utilización de las listas se realizará un proceso de evaluación de las capacidades y competencias de los candidatos” contemplada en el numeral 3º del artículo 21 de la Ley 909 de 2004”.

3.2. A continuación la Sala analizará las disposiciones invocadas por el demandante a fin de establecer si de ellas se puede concluir válidamente, que el consejo directivo de Carsucre debía escoger al mejor de los participantes:

i) Artículos40numeral7º,125y209delaConstituciónPolítica:

• El numeral 7º del artículo 40 constitucional consagra el derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político mediante el acceso al desempeño de funciones y cargos públicos.

Si bien de esta norma puede concluirse que en el procedimiento adelantado para la elección del director general de Carsucre debía garantizarse dicho acceso a todas las personas que quisieran participar, lo cierto es que de dicho precepto no se deriva ninguna regla específica respecto a la escogencia de dicho servidor y por tanto, de él no puede concluirse que el consejo directivo estaba en la obligación de escoger al mejor de los participantes.

En el caso concreto, se demostró que el consejo directivo de dicha entidad efectuó una convocatoria pública dirigida a todas aquellas personas que quisieran optar por el cargo de director general para el período 2016-2019 y en el aviso que se publicó al efecto, se indicaron los requisitos para desempeñar el cargo, la asignación básica, y las instrucciones para la inscripción, así como el cronograma del proceso, lo que evidencia que se garantizó el acceso a las personas interesadas.

Lo anterior se evidencia en el Acuerdo 006 de 2015 “por medio del cual se ordena y reglamenta el procedimiento para la elección y nombramiento del director general de la corporación autónoma regional de Sucre - Carsucre, para el período institucional del 1º de enero de 2016 a 31 de diciembre de 2019” (fl. 16-23), en el aviso de convocatoria pública (fl. 24-25) y en el acta de cierre de inscripciones en la que se relaciona la participación de 32 personas (fl. 29-30).

• Frente al artículo 125 constitucional la Sala considera que si bien dicha norma determinó que los cargos ofrecidos por el Estado son de carrera, estableció algunas excepciones y autorizó al legislador para consagrar otras. De este modo, la designación de los directores generales de las CAR quedó comprendida en la excepción y por tanto es claro que no se trata de un cargo de carrera.

Asimismo, la norma superior no fija ningún criterio para la escogencia de los servidores que hacen parte del régimen excepcional, lo que impone concluir que no es aplicable al caso en estudio.

• Si bien el artículo 209 de la Constitución Política establece los principios de la función administrativa, entre ellos el mérito, lo cierto es que no establece de manera concreta y específica cómo se materializan, ni fija una regla respecto de la elección del director general de una CAR que obligara al órgano elector a escoger el mejor, como si se tratara de un concurso de méritos.

Sin embargo, esta norma y en particular el principio del mérito, deben analizarse a la luz de la naturaleza del cargo y las disposiciones sobre el procedimiento de elección de dicho servidor, como se hará más adelante.

ii) ArtículodelaLey1263de2008:

Respecto del director general de una CAR, Esta norma establece será el representante legal de la corporación y su primera autoridad ejecutiva, designado por el consejo directivo para un período de 4 años. En cuanto al proceso de elección indica que deberá ser realizado en el trimestre inmediatamente anterior al inicio del período institucional respectivo.

Como se advierte, la única pauta que esta norma fija para que el consejo directivo efectúe la designación del director general, es el límite temporal. Nada dice respecto a las reglas que deben seguirse pues no impone una forma particular de elección, ni el deber de escoger al mejor de los candidatos.

iii)ArtículodelCPACA:

Como esta norma se refiere entre otros, a los principios que el actor considera desconocidos –moralidad, imparcialidad, transparencia y publicidad–, la Sala se ocupará del tema al resolver el segundo de los problemas jurídicos planteados en la fijación del litigio, toda vez que el precepto no establece de manera expresa el mérito como principio.

iv)SentenciasC-105de2013yC-288de2014:

Respecto de la interpretación que de las normas acusadas hizo la Corte Constitucional en las mencionadas sentencias, la Sala considera:

• En cuanto a la Sentencia C-105 de 2013 la Corte Constitucional se ocupó de analizar la exequibilidad del artículo 35 (parcial) de la Ley 1551 de 2012, modificatorio del artículo 170 de la Ley 136 de 1994:

“ARTÍCULO 35. El artículo 170 de la Ley 136 de 1994 quedará así:

Artículo 170. Elección. Los concejos municipales según el caso, elegirán personeros para periodos institucionales de cuatro (4) años, dentro de los diez (10) primeros días del mes de enero del año en que inicia su período constitucional, previoconcursopúblicodeméritosquerealizarálaProcuraduríaGeneraldelaNación, de conformidad con la ley vigente. Los personeros así elegidos, iniciarán su periodo el primero de marzo siguiente a su elección y lo concluirán el último día del mes de febrero del cuarto año.

Corresponde alaProcuraduríaGeneraldelaNación comunicar a los concejos municipales y distritales los resultados del concurso público de méritos, indicando los respectivos puntajes en estricto orden numérico, hasta agotar la lista de elegibles que tendrá vigencia por el período institucional. (…)” (Subrayas fuera de texto corresponde al texto demandado).

Claramente se advierte que el texto analizado por la Corte Constitucional se refiere al procedimiento para la elección de los personeros la cual debe llevarse a cabo mediante concurso de méritos, lo cual no ocurre respecto de la designación de los directores generales de las CAR, cuya elección no está sometida a dicha forma de selección. Por tanto, la interpretación que de la norma acusada se efectuó en dicha sentencia no es aplicable al asunto que ocupa la atención de la Sección.

• Frente a la Sentencia C-288 de 2014, la Sala pone de presente que allí se analizó la constitucionalidad del artículo 21 (parcial) de la Ley 909 de 2004 “Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones”.

La norma objeto de estudio por parte de la Corte Constitucional es la siguiente:

“Artículo 21. Empleos de carácter temporal.

1. De acuerdo con sus necesidades, los organismos y entidades a los cuales se les aplica la presente ley, podrán contemplar excepcionalmente en sus plantas de personal empleos de carácter temporal o transitorio. Su creación deberá responder a una de las siguientes condiciones:

a) Cumplir funciones que no realiza el personal de planta por no formar parte de las actividades permanentes de la administración;

b) Desarrollar programas o proyectos de duración determinada;

c) Suplir necesidades de personal por sobrecarga de trabajo, determinada por hechos excepcionales;

d) Desarrollar labores de consultoría y asesoría institucional de duración total, no superior a doce (12) meses y que guarde relación directa con el objeto y la naturaleza de la institución.

2. La justificación para la creación de empleos de carácter temporal deberá contener la motivación técnica para cada caso, así como la apropiación y disponibilidad presupuestal para cubrir el pago de salarios y prestaciones sociales.

3. El ingreso a estos empleos se efectuará con base en las listas de elegibles vigentes para la provisión de empleos de carácter permanente, sin que dichos nombramientos ocasionen el retiro de dichas listas. Denoserposiblelautilizacióndelaslistasserealizaráunprocesodeevaluacióndelascapacidadesycompetenciasdeloscandidatos” (negrillas y subrayado fuera de texto y corresponde al acápite demandado).

De la lectura de la norma acusada se concluye sin dificultad que no es aplicable al presente caso pues el cargo de director general de una CAR no es un empleo temporal, sino uno permanente cuyo titular lo ejerce por un período determinado.

3.3. El principio del mérito en la designación del director general de Carsucre.

Conforme lo expuesto, para la Sala es claro que, por no ser un concurso de méritos, en el proceso de convocatoria pública adelantado para la elección del director de Carsucre, no debía escogerse a quien ocupara el primer lugar a partir de los criterios cuantitativos puesto que son propios de aquél.

Ahora bien, no escapa a la Sala que el artículo 126 de la Constitución Política modificado recientemente por el artículo 2º del Acto Legislativo Nº 2 de 2015, estableció que “[s]alvo los concursos regulados por la ley, la elección de servidores públicos atribuida a corporaciones públicas deberá estar precedida de una convocatoria pública reglada por la ley, en la que se fijen requisitos y procedimientos que garanticen los principios de publicidad, transparencia, participación ciudadana, equidad de género y criterios de mérito para su selección”. (Negrilla fuera de texto)

Sobre esta norma, la Sala tuvo la oportunidad de pronunciarse recientemente y se ocupó, entre otros aspectos, de resolver si debía declararse la nulidad del acto acusado –elección del director de una CAR– por cuanto en la elección acusada no se garantizó el mérito como factor de escogencia, ya que no se llevaron a cabo pruebas u otros instrumentos de selección objetiva.

Sobre el tema resultan relevantes las siguientes consideraciones que la Sala reitera:

“En relación con el alcance de esta reforma constitucional, se observa que ésta comprende las elecciones de servidores públicos: (i) atribuidas a las corporaciones públicas, concepto en el cual, contrariamente a lo sostenido por el apoderado del demandado, están comprendidas las CAR puesto que según el artículo 23 de la Ley 99 de 1993 “[l]as Corporaciones Autónomas Regionales son entes corporativos de carácter público”; y, (ii) que se desarrollen mediante concurso no regulado por la ley, como la elección de los directores generales de las CAR, el cual corresponde a un cargo de libre nombramiento y remoción con período institucional.

Ahora bien, se resalta que el mandato contenido en este artículo aún no ha tenido desarrollo legislativo, lo que no impide a los consejos directivos de las CAR regular el procedimiento para la elección de sus directores generales, ya que de lo contrario dichos órganos de dirección no podrían cumplir sus funciones electorales asignadas por la Ley 99 de 1993. (…)

Por lo tanto, el consejo directivo de Cortolima podía regular el procedimiento de la elección demandada a través de la convocatoria contenida en el Acuerdo 018 de 02 de septiembre de 2015, pese a que el artículo 126 de la Constitución Política aún no ha sido desarrollado aún por el legislador.

Ahora bien, la Sala considera que en el presente caso no se demostró que la elección del director general de Cortolima haya desatendido el principio de mérito consagrado en el artículo 126 de la Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo 02 de 2015.

La Sala considera que en desarrollo del artículo 126 de la Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo 02 de 2015, hasta tanto el legislador no regule los procedimientos de las convocatorias públicas para la elección de servidores públicos atribuida a las corporaciones públicas, como la elección de los directores generales de las CAR, dichas corporaciones deben adoptar procedimientos que permitan garantizar los principios constitucionales consagrados en dicha norma”.(4)

En el fallo mencionado esta Sala concluyó que:

“no se demostró que en el presente caso se haya violado el artículo 126 de la Constitución Política, toda vez que el consejo directivo de Cortolima, en desarrollo de su autonomía constitucional, adoptó un procedimiento de elección reglado para seleccionar objetivamente a su director general” con fundamento en que “la elección del demandado estuvo antecedida de una convocatoria pública, la cual fue expedida por el consejo directivo de Cortolima en virtud de su autonomía constitucional, con ocasión de la cual se designó una comisión especial encargada de realizar la verificación del cumplimiento de los requisitos por los candidatos, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2.2.8.4.1.21 del Decreto 1076 de 2015.

Así mismo, en desarrollo de la convocatoria, se permitió la presentación de observaciones respecto de los aspirantes que se inscribieron para la elección, las cuales fueron revisadas en la sesión de 19 de octubre de 2015 por el consejo directivo de Cortolima para expedir el listado definitivo de candidatos”.

De conformidad con lo expuesto el artículo 126 de la Constitución Política es aplicable a la designación de los directores de las CAR y mientras no exista desarrollo legal de dicha disposición, los consejos directivos pueden regular el procedimiento de elección y adelantar una convocatoria la cual debe garantizar los principios constitucionales establecidos en dicho precepto.

Bajo esta perspectiva, la Sala analizará si el procedimiento adelantado para elegir al señor Avendaño Estrada como director de Carsucre 2016-2019 se respetó el principio del mérito.

Al igual que en el caso que analizó la Sala en la sentencia referida, el consejo directivo de Carsucre, en virtud de su autonomía constitucional, realizó una convocatoria pública la cual fue reglada en los Acuerdos 006 de 24 de septiembre de 2015 “por medio del cual se ordena y reglamenta el procedimiento para la elección y nombramiento del director general de la corporación autónoma regional de Sucre - Carsucre, para el período institucional del 1º de enero de 2016 a 31 de diciembre de 2019” y 008 de 6 de octubre de 2015 “por medio del cual se modifica el artículo décimo quinto del Acuerdo 006 de fecha 24 de septiembre de 2015, en relación con el cronograma para el proceso de elección del director general de la corporación autónoma regional de Sucre - Carsucre, para el período institucional del 1 de enero de 2016 a 31 de diciembre de 2019”.

Allí se resolvió que “el estudio y revisión de las hojas de vida de los candidatos y de los documentos de soporte para verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos para ejercer el cargo de director general de la corporación lo realizará el consejo directivo”(5). (Artículo 8º del Acuerdo 006 de 2015).

Según el artículo 9º del Acuerdo 006 de 2015, culminado dicho trámite, el consejo directivo debía elaborar un informe sobre las hojas de vida de los candidatos en el que indicara quiénes cumplían los requisitos y quiénes no, indicando en este último caso las razones del incumplimiento. Dicho informe sería la lista preliminar de elegibles, que obra a folios 33 a 35 del expediente.

Se estableció igualmente la posibilidad de presentar reclamaciones cuyas respuestas debían ser aprobadas en sesión del consejo directivo y debidamente publicadas.

Seguidamente el consejo directivo debía conformar la lista definitiva de candidatos de la cual designaría al director general de la corporación.

Así las cosas, la Sala reitera el criterio establecido en la sentencia de 21 de julio de 2016 que se ha citado, y concluye que no se demostró la violación del principio del mérito.

Ahora bien, el proceso de selección del director general de Carsucre no se equipara ni equivale a un concurso de méritos, porque los candidatos que conformaron la lista definitiva de habilitados no la integraron en razón de un puntaje para ocupar el cargo ni mucho menos existía la obligación para el elector de escoger a aquel que ocupara el primer puesto.

El consejo directivo tenía la facultad de elegir, entre aquellos que cumplían requisitos y calidades para ejercer el cargo, a la persona que a su juicio era la más idónea o se ajustaba al perfil que a su juicio, debía tener el director de la CAR.

Ello significa, en el contexto fáctico y jurídico descrito, que el hecho de que el consejo directivo de Carsucre escogiera a una persona que cumpliera los requisitos exigidos para desempeñarse en el cargo de director general de la entidad, materializa el principio del mérito.

Para proteger de una mejor manera el derecho a acceder a cargos públicos, el consejo directivo de la referida CAR, optó por efectuar una convocatoria pública con el fin de integrar una lista de habilitados de la cual escogería. Convocatoria que pudo ser atendida por cualquier ciudadano interesado, siempre que acreditara una única condición, el cumplimiento de los requisitos exigidos para el cargo.

Por lo tanto, la sola condición de cumplir los requisitos para ocupar el cargo de director de Carsucre no le otorgó ningún derecho a los candidatos habilitados a ser elegidos.

En ese orden la Sala queda relevada de establecer si el señor Avendaño Estrada fue o no el mejor de los participantes en la convocatoria pública para designar al director general de Carsucre para el periodo 2016-2019 y a continuación abordará el segundo de los problemas jurídicos planteados.

3.4. Los principios de moralidad, imparcialidad, transparencia y publicidad particularmente en la calificación de las hojas y la posibilidad de objetarla.

Por mandato de los artículos 126 de la Constitución Política, 3º del CPACA y 1º del Acuerdo 006 de 2015(6), los principios de moralidad, imparcialidad, transparencia y publicidad debían regir el procedimiento adelantado para la designación del director general de Carsucre.

Analizado el mérito en la designación del director de Carsucre, corresponde a la Sala determinar si los referidos principios fueron desconocidos en particular en lo que tiene que ver con la calificación de las hojas de vida de los participantes en la convocatoria y la posibilidad de presentar objeciones respecto de aquella, teniendo en cuenta que en la fijación de litigio, se precisó que este cargo de la demanda se configura “porque el elegido no es la persona con el mejor perfil para ocupar el cargo entre quienes fueron habilitados en la convocatoria”.

La Sala insiste en que el procedimiento para escoger al director de Carsucre no fue un concurso de méritos, por consiguiente, el consejo directivo no tenía la obligación de establecer criterios cuantitativos de selección, sino que gozaba de la potestad discrecional de fijar las reglas que la regirían de manera que se garantizaran los principios establecidos en el artículo 126 constitucional, como ya se explicó, entre otros el mérito.

El consejo directivo de Carsucre tenía la facultad para establecer el procedimiento que consideró era el más adecuado para escoger al director general de la entidad, procedimiento que una vez se definió, era de obligatorio cumplimiento, tanto para el consejo directivo, como para los participantes en el proceso de selección, en garantía del derecho al debido proceso de quienes decidieron participar en la convocatoria, como de los principios de seguridad jurídica y confianza legítima.

Como se expuso anteriormente, el consejo directivo estableció las reglas del procedimiento para elegir al director de la entidad y particularmente, en lo que tiene que ver con el análisis de las hojas de vida y la posibilidad de presentar objeciones dispuso que estuviera a cargo de dicho órgano el cual debía elaborar un informe en el que indicara quiénes cumplían los requisitos y quiénes no, lo que conformaría la lista preliminar de elegibles.

Se estableció igualmente, en los artículos 10 y 11 del Acuerdo 006 de 2015, la posibilidad de presentar reclamaciones cuyas respuestas debían ser aprobadas en sesión del consejo directivo y debidamente publicadas. Ello en efecto se hizo, pues en la lista preliminar de elegibles se dispuso: “este listado se publica en la página web y en la cartelera de Carsucre el viernes 30 de octubre de 2015, para que los aspirantes puedan presentar reclamaciones así: a través del correo electrónico webmaster@carsucre.gov.co desde las 12:00 am del martes 3 de noviembre hasta 12 pm del jueves 5 de noviembre de 2015 y por escrito en la Secretaría General de la Corporación ubicada en la carrera 25 Nº 25 - 101 Avenida Ocala, piso 2, desde el martes 3 de noviembre hasta el jueves 5 de noviembre de 2015 en horario de 8:00 am -12 m y de 2:00 pm - 6:00 pm, acorde con lo establecido en los Acuerdos de (sic) consejo directivo de Carsucre números No. (sic) 006 de 24 del septiembre de 2015 y 008 del 6 de octubre de 2015”.

Con base en las respuestas a las reclamaciones, el consejo directivo debía conformar la lista definitiva de candidatos de la cual designaría al director general de la corporación, la cual obra a folios 36 y 37 del expediente. Allí se registraron 24 personas habilitadas, entre ellas, el demandado Jhonny Alberto Avendaño Estrada.

Como se ve, en el proceso de convocatoria adelantado por el consejo directivo de Carsucre no se establecieron criterios cuantitativos para la escogencia como exámenes o calificación de la hoja de vida a partir de atribuir puntuación a títulos académicos o experiencia.

Asimismo, se contempló la posibilidad de que quienes estuvieran inconformes respecto a lista preliminar de elegibles, pudieran presentar reclamaciones para evidenciar que sí cumplían los requisitos y así lo habían demostrado.

El proceso se circunscribió entonces a la verificación de los requisitos de los participantes de manera que se conformó una lista definitiva de elegibles, de la cual, en ejercicio de la facultad de la cual está investido, el consejo directivo podía elegir.

No significa lo anterior que el consejo directivo podía actuar de forma arbitraria y caprichosa, porque los habilitados debían cumplir a cabalidad los requisitos contemplados en el artículo 2.2.8.4.1.21 del Decreto 1076 de 2015, estos son: i) título profesional universitario; ii) título de formación avanzada o de posgrado, o 3 años de experiencia profesional; iii) experiencia profesional de 4 años adicionales a los requisitos establecidos en el literal anterior de los cuales por lo menos uno debe ser en actividades relacionadas con el medio ambiente y los recursos naturales renovables o haber desempeñado el cargo de director general de corporación, y iv) Tarjeta profesional en los casos reglamentados por la ley.

3.5. En ese orden, por las razones expuestas no merece ningún reproche la elección del señor Avendaño Estrada como director de Carsucre 2016-2019, pues el mérito no fue un criterio y se cumplió el procedimiento establecido para su designación.

III. La decisión

Con fundamento en lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. NEGAR las pretensiones de la demanda de nulidad electoral en contra del acto que declaró elegido al señor Johnny Alberto Avendaño Estrada como director general de Carsucre para el periodo institucional 2016-2019.

2. ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede ningún recurso.

Notifíquese y cúmplase».

1 Expedientes: 110010328000201200051-00; 110010328000201200052-00 y 110010328000201200057-00 Con ponencia de Alberto Yepes Barreiro.

2 ARTÍCULO 149. Competencia del Consejo de Estado en única instancia: “El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos (…) 4. De la nulidad de los actos de elección expedidos por el Congreso de la República, sus Cámaras y sus Comisiones, la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura, la Junta Directiva o Consejo Directivo de los entes autónomos del orden nacional y las Comisiones de Regulación”.

3 Si bien en el acápite de las normas violadas y el concepto de la violación el actor hizo referencia a la Sentencia C-105 de 2013, lo cierto es que se refirió a la C-105 de 2013.

4 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 21 de julio de 2016, Rad. 11001-03-28-000-2015-00032-00, 11001-03-28-000-2015-00040-00, 11001-03-28-000-2015-00057-00 (acumulados), C.P. Alberto Yepes Barreiro.

5 En la convocatoria se señaló que los requisitos serían los establecidos en artículo 2.2.8.4.1.21 del Decreto 1076 de 2015 y se trascribió cada uno de ellos.

6 “ARTÍCULO PRIMERO: De los principios aplicables. Al proceso de elección del director general de la Corporación Autónoma Regional de Sucre - Carsucre para el período institucional del 1º de enero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2019, le serán aplicables los principios de moralidad, igualdad, eficacia, economía, imparcialidad, transparencia y publicidad consagrados en las normas constitucionales y legales vigentes…” (Negrilla fuera de texto).