Sentencia 2016-00013 de julio 6 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejero Ponente:

Carlos Enrique Moreno Rubio

Bogotá, D.C., julio seis (6) de dos mil diecisiete (2017).

Rad.: 47001-23-33-000-2016-00013-01

Actor: Néstor Guillermo Muñoz Caballero

Demandado: Milton Isaac Piña Arrieta

Asunto: Nulidad electoral. Fallo

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación presentado por el apoderado del demandante, contra la sentencia del 3 de febrero de 2017, por medio de la cual el Tribunal Administrativo del Magdalena negó las pretensiones de la demanda de nulidad electoral del acto administrativo de declaración de la elección del Concejo Municipal de Santa Marta, Magdalena, para el periodo constitucional 2016-2019, contenido en el formulario E-26 CON del 9 de noviembre de 2015, donde se declaró electo, entre otros, al señor Milton Isaac Piña Arrieta como concejal por el partido Opción Ciudadana.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones.

En la demanda, el actor solicitó lo siguiente(1):

“PRIMERA: Que se declare la nulidad del acto de elección, formulario E-26 CON (anexo 1), del 9 de noviembre de 2015, proferido por la Comisión Escrutadora Distrital de Santa Marta, especialmente la elección del candidato Nº 16 del Partido Opción Ciudadana, señor MILTON ISAAC PIÑA ARRIETA en la lista por voto preferente, y la credencial que lo acredita como concejal del Distrito de Santa Marta, periodo 2016 a 2019, en razón a que en el día de las votaciones celebradas el 25 de octubre del año 2015, se incurrió en diferentes irregularidades, que vician o contaminan el resultado computado, y que fue base de la declaratoria de la elección, conforme a lo que se expondrá en el presente escrito de demanda. 

SEGUNDA: Que se declare la nulidad de la Resolución Nº 010 del 4 de noviembre del (sic) 2015 (anexo 2), expedida por la Comisión Escrutadora Auxiliar de Santa Marta, la cual resolvió rechazar las reclamaciones presentadas por mi apoderado el doctor MARLON MAURICIO MACHICA MONROY, contra las mesas de votación Nº(s) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10, de las diecinueve que funcionaron en el puesto de votación Nº 4 en el IED JACKELINE KENNEDY sede 2, zona 01, Distrito de Santa Marta, Departamento del Magdalena, con motivos (sic) de las elecciones de autoridades locales del 25 de octubre del (sic) 2015, por configurares irregularidades en el día de las votaciones, que vician o contaminan el reflejo de los resultados electorales, en contra de mis legítimos derechos, conforme a lo que se expondrá en el presente escrito de demanda. Frente a ella se ejerció oportunamente el recurso de apelación, el cual fue concedido. 

TERCERA: Que se declare la Nulidad de la Resolución Nº 010 del 5 de noviembre de 2015 (anexo 3), expedida por la Comisión Escrutadora Auxiliar de Santa Marta, la cual resolvió rechazar las reclamaciones presentadas por mi apoderado el Doctor CARLOS JULIO SUÁREZ OROZCO, contra las mesas de votación Nº(s) 11, 12, 13, 14, 15, 16, Y 18, de las diecinueve que funcionaron en el puesto de votación Nº 4 en el IED JACKELINE KENNEDY sede 2, zona 01, Distrito de Santa Marta, Departamento del Magdalena, con motivos (sic) de las elecciones de autoridades locales del 25 de octubre del (sic) 2015, por configurares irregularidades en el día de las votaciones, que vician o contaminan el reflejo de los resultados electorales, en contra de mis legítimos derechos, conforme a lo que se expondrá en el presente escrito de demanda. Frente a ella se ejerció oportunamente el recurso de apelación, el cual fue concedido. 

CUARTA: Que se declare la nulidad de la Resolución Nº 54 del 8 de noviembre de 2015 (anexo 4), por medio de la cual, la comisión escrutadora distrital resolvió los recursos de apelación, contra la Resolución Nº 010 del 4 de noviembre de 2015, expedido (sic) por la comisión escrutadora auxiliar, conforme a lo que se expondrá en el presente escrito de demanda. Es decisión de segunda instancia, contra la cual no procedía recurso alguno. 

QUINTA: Que se declare la nulidad de la Resolución Nº 53 del 8 de noviembre de 2015 (anexo 5), por medio de la cual, la comisión escrutadora distrital resolvió los recursos de apelación, contra la Resolución Nº 010 del 5 de noviembre de 2015, expedido (sic) por la comisión escrutadora auxiliar, conforme a lo que se expondrá en el presente escrito de demanda. Es decisión de segunda instancia, contra la cual no procedía recurso alguno. 

SEXTA: Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, les solicito respetuosamente a los honorables magistrados, realicen nuevo escrutinio, corrigiendo los formularios E-14, E-24 y E-26 Distrital, excluyendo los votos contaminados o viciados, en beneficio o a favor del señor MILTON ISAAC PIÑA ARRIETA del partido Opción Ciudadana, Nº 16 de la lista con voto preferente y proceda a declarar la elección de concejales por Santa Marta como corresponda”. 

2. Hechos.

El actor expuso varios hechos, pero los relacionados con la controversia aquí planteada son los siguientes:

Señaló que el 25 de octubre de 2015 se llevó a cabo la elección de las autoridades locales para el Concejo de Santa Marta, periodo 2016-2019.

Sostuvo que en esa fecha se dio inicio al escrutinio correspondiente, y durante su desarrollo se escucharon rumores y comentarios de testigos electorales según los cuales en la zona 1 del puesto 01 ubicado en la IED Liceo del Sur, en una mesa se presentó un “chocorazo”, al tiempo que en la zona 01, puestos 3 y 4, correspondientes a la IED Jackeline Kennedy, se presentaron irregularidades como suplantación de electores y presunta compra de votos a través del método denominado “carrusel”.

Mencionó que durante el escrutinio en la zona 01, los apoderados y testigos electorales presentaron varias reclamaciones relacionadas con errores aritméticos, tachaduras, borrones, enmendaduras, recuento de votos, algunas de ellas fueron rechazadas y a otras se accedió.

Indicó que el 3 de noviembre de 2015, en el proceso de escrutinio para el puesto 4 de la zona 01, la Comisión Escrutadora Auxiliar accedió al recuento de votos, en donde se observó que al momento en que se mostraban y leían los documentos electorales (formularios E-14, E-11 y las tarjetas electorales), las firmas de los jurados de votación en las tarjetas electorales en favor del candidato Milton Isaac Piña Arrieta, candidato 16, no correspondían con las firmas de los jurados de votación consignadas en los formularios E-14 y E-11.

Señaló que los días 3 y 4 de noviembre de 2015, su apoderado presentó reclamaciones en los escrutinios de las mesas 1 a 10 del puesto 4, zona 01, en la IED Jackeline Kennedy, al advertir que las firmas de los jurados de votación consignadas en los votos a favor del candidato Milton Isaac Piña Arrieta, no correspondían con las firmas plasmadas en el formulario E-14 de cada mesa.

Agregó que los días 4 y 5 de noviembre de 2015, su apoderado presentó reclamaciones en los escrutinios de las mesas 11 a 16 y 18, del puesto 4, zona 01, en la IED Jackeline Kennedy, por el mismo motivo descrito en el hecho anterior.

Expuso que la Comisión Escrutadora Auxiliar 1, mediante las resoluciones 010 del 4 y 5 de noviembre de 2015, negó las reclamaciones en mención y concedió el recurso de apelación ante la Comisión Escrutadora Distrital.

Añadió que la Comisión Escrutadora Distrital, por medio de las resoluciones 53 y 54 del 8 de noviembre de 2015, resolvió las apelaciones presentadas por sus apoderados, “negando la procedencia de todas las reclamaciones”.

Mencionó que el 9 de noviembre de 2015 se declaró la elección de los concejales del Distrito de Santa Marta, para el periodo 2016-2019, en el Formulario E-26 CON, en donde correspondió una curul para el Partido Opción Ciudadana, en cabeza del candidato Milton Isaac Piña Arrieta, con 1638 votos.

Advirtió que por no excluir los 107 votos irregulares depositados en las 18 mesas del puesto 4, zona 01, en favor del candidato elegido, se alteró la verdad electoral, pues en caso de corregirse esta irregularidad, el demandante hubiera sido elegido por cuanto obtuvo 1567 votos válidos.

Indicó que, por lo anterior, acudió ante los delegados departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil, quienes dejaron a su disposición los votos para la respectiva inspección.

Sostuvo que, en virtud de ello, en visita realizada a los archivos de la delegación departamental del Magdalena de la Registraduría Nacional del Estado Civil, se verificó el estado de los votos a favor del candidato Milton Isaac Piña Arrieta, y al comparar las firmas allí plasmadas con los formularios E-14, se advirtió que en 117 de ellas las firmas allí consignadas no correspondían con las de los jurados de votación que se encontraban el 25 de octubre de 2015 en las 18 mesas del puesto 4, zona 01.

3. Normas violadas y concepto de la violación.

El demandante afirmó que la expedición del acto acusado desconoció el preámbulo y los artículos 3º, 29, 40, 85, 93, 237 parágrafo y 258 de la Constitución Política; 23 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos; 1º, numeral 3º, del Decreto 2241 de 1986; 9º, numeral 4º, 137 y 275, numeral 3º, de la Ley 1437 de 2011; 43 de la Ley 142 de 2007; la Ley 16 de 1992; y el Pacto de San José de Costa Rica de 1969.

Al respecto, sostuvo que el acto que declaró la elección es nulo por contener datos contrarios a la verdad, a través del fraude electoral denominado “carrusel”, el cual se evidencia cuando las firmas que colocan los jurados de votación en las tarjetas electorales no corresponden con las firmas consignadas por estos en los formularios E-14 de cada mesa.

Expuso que la mencionada irregularidad se configura cuando el elector deposita la tarjeta con el voto marcado de manera previa a su ingreso a la mesa que le corresponde, sustrae la tarjeta electoral firmada por el jurado de votación, y la entrega a un tercero (en este caso el colaborador del candidato Milton Isaac Piña Arrieta), para que este la marque con el candidato de su preferencia, y la suministre a otro votante, y así sucesivamente.

Explicó que este mecanismo de fraude provoca que las tarjetas electorales se dispersen en varias mesas, dado que las cédulas de los electores no siempre coinciden en la mesa correspondiente para sufragar, aspecto que en el presente caso está debidamente probado.

Adujo que la anterior circunstancia ocasiona que se encuentren tarjetas electorales firmadas por distintos jurados de votación, en la mesa que no les corresponde.

Advirtió que la irregularidad en mención transgredió lo dispuesto en el artículo 40 de la Constitución Política, relacionado con el derecho a elegir y ser elegido.

Señaló que los actos mediante los cuales fueron resueltas sus reclamaciones son nulos por falsa motivación, toda vez que las autoridades que participaron en el proceso de escrutinio sustentaron sus decisiones en que la causal alegada no encuadra en alguna de las contempladas en el artículo 192 del Código Electoral, lo que no es correcto al tenor del artículo 161, numeral 6º, de la Ley 1437 de 2011, según el cual, para agotar el requisito de procedibilidad de la acción electoral, se puede invocar, entre otras, la irregularidad que se enmarca dentro de la causal prevista en el numeral 3º del artículo 275 ibidem, esto es, cuando los documentos electorales contienen datos contrarios a la verdad.

Indicó que al no aplicarse lo previsto en el numeral 6º del artículo 161 de la preceptiva en mención, se hizo una interpretación errónea de las reclamaciones que se presentaron para agotar el requisito de procedibilidad, contenido en el artículo 237 ibidem.

Argumentó que las autoridades electorales resolvieron sus reclamaciones con fundamento en la presunta inexistencia de sustento probatorio, pese a que las tarjetas electorales estaban en su custodia, lo que desconoció lo establecido en el numeral 4º del artículo 9º de la Ley 1437 de 2011, que prohíbe exigir constancias, certificaciones o documentos que reposan en la respectiva entidad.

Refirió que la Comisión Escrutadora Auxiliar, al omitir dar respuesta a cada una de sus reclamaciones, abusó de su buena fe y de su derecho al debido proceso, toda vez que en un solo acto contestó sus reproches de manera conjunta, sin permitir de manera inmediata la impugnación de lo resuelto a cada reclamación, ello con el propósito de evitar el examen de las tarjetas electorales en su poder.

4. Contestación de la demanda.

4.1 Registraduría Nacional del Estado Civil.

Esta entidad, a través de apoderado, contestó la demanda en los siguientes términos(2):

Advirtió que corresponde al demandante relacionar aquellas personas que en su criterio les fue alterado su derecho a sufragar, como también debe probar la existencia del denominado “carrusel”.

Señaló que fueron los miembros de la comisión escrutadora auxiliar quienes adelantaron el proceso de escrutinio y, dado el caso, a ellos correspondía excluir o no votos en el transcurso del proceso, según las circunstancias presentadas.

Expuso que la Registraduría Nacional del Estado Civil tiene a su cargo la organización de las elecciones, por tanto, no decide en sede administrativa la expedición del acto de elección.

Precisó que a la mencionada entidad le corresponde la inscripción de candidatos a cargo de los partidos políticos, y verificar que no estén incursos en las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en la ley.

Luego de traer a colación la preceptiva relacionada con las facultades de verificación de las calidades de los candidatos a cargos de elección popular, las atribuciones de los partidos y movimientos políticos frente a tal punto, y la inscripción de candidaturas, expuso que la Registraduría Nacional del Estado Civil cumple la función de verificar el cumplimiento de los requisitos legales en esos aspectos.

Advirtió que los jurados de votación cumplen de forma transitoria un deber legal de forzosa aceptación, de acuerdo con el artículo 105 del Código Electoral, lo que no implica la representación de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Señaló que los mencionados servidores son los encargados de realizar el escrutinio, y consignar las resultas de la votación en los formularios E-14.

Sostuvo que los jurados de votación son ajenos a la organización electoral, pues son designados por los registradores municipales y distritales en los términos del artículo 5º de la Ley 163 de 1994.

Precisó que el escrutinio de los jurados de votación se realiza en presencia de los testigos electorales que cada partido, movimiento político, o grupo significativo de ciudadanos, designa y acredita previamente ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, por lo que en caso de una anomalía, el testigo puede invocar algunas de las causales de reclamación previstas en el artículo 192 del Código Electoral.

Explicó que el segundo escrutinio está a cargo de las comisiones escrutadoras distritales, municipales y zonales, conformados por ciudadanos también ajenos a la organización electoral.

Mencionó que el tercer escrutinio está a cargo de la Comisión Escrutadora Departamental, conformada por dos ciudadanos ajenos a la organización electoral, y cumplen su función en similares términos que los demás comisionados.

Agregó que la Registraduría Nacional del Estado Civil se limita a dar apoyo logístico, y la responsabilidad en la etapa de escrutinio recae en su totalidad en las comisiones escrutadoras, cuyas decisiones son autónomas.

Concluyó que el escrutinio de votos compete, entonces, a las comisiones escrutadoras, entes independientes y autónomos que adelantan los escrutinios generales, realizan el recuento de votos y atienden las reclamaciones presentadas por los testigos electorales, para lo cual deben verificar y efectuar la sumatoria de votos con fundamento en las actas expedidas por los jurados de votación (formulario E-14), o en las actas parciales de escrutinio (formularios E-24 y E-26), ello con fundamento en los artículos 166 y 168 del Código Electoral, y con base en los resultados correspondientes, les corresponde expedir el acto declaratorio de la elección.

Adujo que, por todo lo anterior, la Registraduría Nacional del Estado Civil no es el órgano que funge como autoridad para emitir el acto de elección, puesto que tal función corresponde a la comisión escrutadora, por lo que en este caso la mencionada entidad no está legitimada para ser parte pasiva en el presente asunto.

Posteriormente se refirió al fenómeno de la suplantación de electores, al tenor de los presupuestos jurídicos señalados por la Sección Quinta del Consejo de Estado(3), de acuerdo con los cuales se requiere identificar la zona, puesto y mesa en donde ocurrió la irregularidad, e individualizar a los presuntos suplantados y a los suplantadores, lo que en su criterio no se cumplió, toda vez que el actor sólo relacionó las presuntas irregularidades acontecidas en las mesas, sin indicar la relación de nombres y cédulas de los ciudadanos presuntamente suplantados, como tampoco indicó los datos de quienes los suplantaron.

4.2. Milton Isaac Piña Arrieta.

Por conducto de apoderado judicial, contestó la demanda mediante la proposición de las siguientes excepciones(4):

1. Ineptitud sustantiva de la demanda:

Sostuvo que la demanda no reúne los requisitos para su trámite, toda vez que la misma no se funda en una causal de nulidad real, puesto que en la zona 01, puesto 3, de la IED Jackeline Kennedy, se levantó el formato E-23 donde consta que los pliegos se introdujeron en términos, que los sobres ingresaron en buen estado y, por ello, no se procedió al recuento, todo lo cual contó con más de dos firmas de los jurados.

Refirió que, en cuanto al puesto 4 de la zona 01, IED Jackeline Kennedy, sede 2, el demandante y su apoderado se dedicaron a efectuar reclamaciones bajo causales inexistentes, algunas de ellas extemporáneas que, por tal motivo, fueron rechazadas.

Adujo que, no obstante lo anterior, se procedió a dar apertura a la mesa y ejecutar el reconteo de votos, el cual arrojó un resultado igual al que constaba en los documentos electorales.

Advirtió que no existe denuncia penal o informe de autoridad competente sobre la existencia de conductas punibles en el puesto 4 de la zona 01.

Concluyó que el actor invocó normas sustantivas y procesales, sin indicar de forma precisa en qué consistió su violación.

2. Inexistencia de la causal de nulidad:

Afirmó que lo pretendido por el demandante es legalizar una causal de nulidad inexistente, pues los motivos de anulación están expresamente previstos en la Constitución Política, y en los artículos 137 y 275 de la Ley 1437 de 2011.

Aseveró que las causales de nulidad enlistadas en las referidas normas presentan en común una existencia temporal, es decir, anterior o concomitante a la expedición del acto administrativo, razón por la que una conducta punible debe ser denunciada tanto por el servidor público como por el ciudadano, e identificar al presunto autor.

Mencionó que es normal que los jurados de votación o escrutadores, salven su responsabilidad de cualquier punible mediante la presentación de la denuncia correspondiente, o dejen constancias sobre situaciones ilegales o irregulares en las mesas donde actuaron como jurados, lo que es aún más frecuente por parte de los testigos electorales y apoderados de otros partidos o candidatos.

Indicó que las solicitudes que presentó el demandante y sus apoderados durante el escrutinio, fueron imprecisas, por cuanto no se determinó de forma cuantitativa ni cualitativa los supuestos o falsedades en torno al presunto carrusel en favor de un candidato.

3. Legalidad de los registros electorales y elementos que formaron el acta de escrutinio:

Explicó que para que se configure la causal de nulidad por falsedad o “carrusel”, es indispensable que esté probada la existencia de la irregularidad aducida.

Añadió que, en este caso, resulta complejo demostrar la existencia de un hecho que no sucedió y que no fue denunciado por autoridad o persona alguna con interés en el resultado del escrutinio, simplemente porque la presunta irregularidad alegada por el demandante no se presentó.

Adujo que el promedio de cinco votos por mesa, que obtuvo en el puesto de votación en cuestión, no da indicios de un acto delictual que le beneficie.

4. Falta de integración del petitum:

Consideró que el petitum no está debidamente integrado por la falta clara de soporte probatorio a los cuestionamientos realizados como causal propia y directa de la pretendida nulidad.

5. Legalidad del procedimiento administrativo realizado por las comisiones escrutadoras zonal y distrital:

Argumentó que las comisiones escrutadoras agotaron y publicitaron en debida forma cada una de sus actuaciones, al punto que las mismas fueron objeto de recursos por parte de los apoderados del demandante, los cuales no tenían sustento legal, por cuanto las causales de reclamación son expresas.

6. Imposibilidad de desvirtuar la presunción de legalidad de las resoluciones demandadas:

Afirmó que el actor intenta desvirtuar la presunción de legalidad de los actos demandados, sin referirse de forma directa a las pruebas que soportan su acusación.

Señaló que no corresponde a la justicia rogada la carga de demostrar el fundamento de las pretensiones del demandante.

Sostuvo que el actor no tiene conocimiento de alguna denuncia o la seguridad de la existencia de una conducta delictual, como tampoco indicio alguno sobre la autoría o participación del demandado en los hechos.

7. Innominada:

Sostuvo que esta excepción está prevista en el artículo 187 de la Ley 1437 de 2011, y se refiere a cualquier otra excepción que el juzgador encuentre demostrada.

Posteriormente indicó que en contiendas electorales anteriores, obtuvo resultados similares al que ahora cuestiona el demandante, luego no necesita de los artificios objeto de denuncia, y que su votación, en promedio, resulta relativamente baja en comparación con resultados electorales de antaño, pues se trata de los puestos de la zona donde siempre ha vivido.

Expuso que este es su tercer periodo como concejal, y que en la zona 01, puesto 3, de la IED Jackeline Kennedy, obtuvo 183 votos, según se acredita en el formulario E-24 CON en la página 106, mientras que el demandante obtuvo 51, lo que arroja una diferencia de 132 votos.

Precisó que en la zona 01, puesto 4, de la IED Jackeline Kennedy, sede 2, obtuvo 128 votos, mientras que el demandante tan solo obtuvo 21, para una diferencia de 107, lo que se demuestra con el mencionado formulario en la página 140.

Expuso que, en total, obtuvo 311 votos, frente a 72 del actor, lo que ratifica la legalidad del escrutinio ante la sensible diferencia de 239 votos.

Mencionó que otros candidatos presentaron votaciones más abultadas, como el caso del señor Daniel Sánchez Marmolejo, que obtuvo 993 votos, lo que demuestra que, en su caso, no pudo haber realizado actos ilegales, pues en teoría sus resultados no fueron los esperados.

Luego expuso lo concerniente al contenido de los documentos electorales E-11, E-14 y E-23 de cada mesa del puesto 4, zona 01.

En la mayoría de los casos indicó que, confrontados los formularios E-11, estos aparecen firmados por los jurados tanto al momento de instalar las mesas como a su cierre, y ante el formulario E-14, son los mismos jurados que los firmaron, sin anotaciones, mientras que, según el formulario E-23, los documentos electorales se introdujeron dentro del término legal, en buen estado y sin tachaduras.

Advirtió las siguientes situaciones particulares en las mesas:

Mesa 2: Reconteo de votos cuyos resultados fueron convalidados por la comisión escrutadora.

Mesa 3: En el formulario E-14 se registró la anotación de destrucción de formatos a petición del sufragante, sin mediación del candidato demandado.

Mesa 4: Destrucción de 1 voto.

Mesa 6: A un señor, de nombre Arsenio Ávila, se le decomisaron unas tarjetas electorales, ninguna de ellas marcada a favor del candidato demandado.

Mesa 8: En el formulario E-14 se registró la anotación de que se encontraron 2 tarjetas para la Gobernación olvidados, y se anularon 2 votos al concejo.

Mesa 10: Se incineraron 3 votos por nivelación de Asamblea, Concejo y JAL. Esta mesa fue objeto de recuento de votos por parte de la comisión escrutadora y se confirmó el resultado igual al escrutinio de mesa.

Mesa 12: Destrucción de una tarjeta por cambio solicitado por el elector.

Mesa 17: Los formularios E-11 aparecen firmados por 6 jurados de votación al momento de instalar la mesa, pero al cierre sólo firman 5, quienes suscribieron el formulario E-14.

En párrafos posteriores, hizo mención de la inspección que la parte demandante realizó a las tarjetas electorales que reposan en la Registraduría Delegada de Santa Marta, ante lo cual advirtió que tal actuación no contó con su presencia o la de alguno de sus delegados, o de autoridad competente, lo que resta valor probatorio a esta prueba, por no reunir los requisitos legales.

Precisó que las mencionadas tarjetas están sujetas a una cadena de custodia que no puede alterarse, pese a su condición de documentos públicos, ya que pueden ser objeto de cambios o modificaciones por quienes los manipulen.

Manifestó que en algunos casos las tarjetas electorales son suscritas por algunos jurados, mientras que otros se abstienen de hacerlo, pues esas funciones suelen repartirse entre ellos conforme a la necesidad, además que no en todas las mesas asistieron los seis jurados designados, y algunos firman con su propio nombre el acta de instalación, pero simplifican su caligrafía al momento de firmar el acta de cierre.

Aseveró que es requisito de validez del voto, que esté firmado por al menos dos jurados, y en el presente caso no se presentó queja alguna por parte de electores, testigos o autoridades de vigilancia y control.

4.5. Concejales electos.

Vinculados y notificados conforme lo dispone la ley, guardaron silencio.

5. Audiencia inicial.

5.1. Fijación del litigio.

Según las consignas del acta de la audiencia inicial llevada a cabo el 21 de abril de 2016(5), el litigio se fijó en los siguientes términos:

“(...) se centra en establecer si están viciados de nulidad los actos demandados, esto es, el acto de declaración de elección de concejales del Distrito de Santa Marta para el periodo 2016-2019, y las Resoluciones Nº 010 de 4 de noviembre de 2015, por medio de la cual la comisión escrutadora auxiliar resuelve las reclamaciones presentadas en las mesas de votación de la 1 a 10 del I.E.D. (sic) Jackeline Kennedy – Sede 2, Zona 1; Nº 010 de 5 de noviembre de 2015, por medio de la cual la comisión escrutadora auxiliar resuelve las reclamaciones presentadas en las mesas de votación de la 11 a la 16 y 18 del I.E.D. (sic) Jackeline Kennedy Sede 2, Zona 1, la Resolución Nº 054 de 8 de noviembre de 2015, por medio de la cual la comisión escrutadora distrital resuelve el recurso de apelación presentado en contra de la Resolución Nº 010 de 4 de noviembre de 2015; y Nº 053 de 8 de noviembre de 2015, por medio de la cual la comisión escrutadora distrital resuelve el recurso de apelación presentado contra la Resolución Nº 010 de 5 de noviembre de 2015. 

El juicio de legalidad sobre los actos descritos se hará con base en la causal de nulidad establecida en el artículo 275-3 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, de acuerdo con el cual “los actos de elección o de nombramiento son nulos 3) los documentos lectorales contengan datos contrarios a la verdad o hayan sido alterados con el propósito de modificar los resultados electorales. Respecto de las resoluciones mencionadas en particular, deberá examinar este tribunal, si están viciadas de nulidad por falsa motivación en los términos que señala la demanda. 

Para establecer la veracidad de los cargos enunciados deberá este tribunal precisar si las tarjetas electorales que registran votos a favor del candidato MILTON ISAAC PIÑA ARRIETA en las mesas señaladas en la demanda, están firmadas por jurados de votación diferentes de quienes suscribieron los formularios E-14 de las mismas mesas; y si durante las votaciones se practicó la modalidad que en la demanda se denomina carrusel”. 

5.2. Decreto de pruebas.

Entre otras pruebas, se decretó la práctica de inspección judicial a los archivos de la delegación departamental del Magdalena de la Registraduría Nacional del Estado Civil con el fin de constatar el hecho vigésimo primero de la demanda(6).

También se ordenó oficiar a la Registraduría Nacional del Estado Civil para que allegara (i) el acta general de escrutinio diligenciada por la comisión escrutadora distrital, (ii) los formularios E-24 diligenciados por la mencionada comisión y( iii) certificación del nombre y documento de identidad de las personas que actuaron como jurados de votación durante las elecciones en las mesas cuestionadas.

6. Audiencia de pruebas.

El 4 de mayo de 2016 se llevó a cabo la inspección judicial decretada en la audiencia inicial, oportunidad en la que se revisaron las tarjetas electorales que contienen votos en favor del candidato Milton Isaac Piña Arrieta y se tomaron copias de las mismas.

Se decretó como prueba oficiar a la Registraduría Nacional del Estado Civil para que remitiera los códigos de seguridad consecutivos de las tarjetas electorales que corresponden a las mesas cuestionadas en la demanda.

7. Sentencia de primera instancia.

El Tribunal Administrativo del Magdalena, a través de sentencia del 3 de febrero de 2017, resolvió lo siguiente(7):

“PRIMERO: Declarar no probada la excepción de falta de legitimidad por pasiva propuesta por el apoderado de la Registraduría Nacional del Estado Civil. 

SEGUNDO: negar las pretensiones de la demanda. 

TERCERO: Compulsar copias a la Procuraduría General de la Nación, para que investigue sobre el origen del intercambio de los tarjetones electorales en el puesto de votación Nº 4 de la I.E.D. JACKELINE KENNEDY, sede 1 y 2, y a la Fiscalía General de la Nación, para que investigue sobre las presuntas irregularidades que señala el demandante en el presente caso de acuerdo a su competencia. 

(...)”. 

Las razones que tuvo en cuenta el a quo para proceder en el sentido indicado se resumen a continuación:

Como cuestión previa, se refirió a la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva que propuso la Registraduría Nacional del Estado Civil, frente a la cual consideró que no estaba llamada a prosperar, toda vez que esa entidad intervino en la adopción del acto acusado.

Posteriormente se refirió al agotamiento del requisito de procedibilidad para los casos de falsedad en el denominado “carrusel”, frente a lo que advirtió que en la admisión de la demanda nada se dijo sobre el particular, por lo que se tuvo como agotado con las reclamaciones presentadas por la parte demandante, situación prevista en el numeral 6º de artículo 161 de la Ley 1437 de 2011.

Explicó que cuando se alega la falsedad con fundamento en el “carrusel” electoral, debe señalarse en sede administrativa los números de las tarjetas y las personas que incurrieron en esa conducta, toda vez que cada mesa tenía asignado un consecutivo en las tarjetas electorales, no obstante, comoquiera que tal aspecto no fue analizado en el auto admisorio, ni en la audiencia inicial, la decisión no puede ser inhibitoria por falta de agotamiento del mencionado requisito, por lo que se debe emitir un pronunciamiento de fondo.

Al descender al caso concreto, destacó las pruebas aportadas al proceso, frente a las cuales expuso, entre otras, las siguientes conclusiones:

Sostuvo que las reclamaciones presentadas por la parte demandante durante el proceso de escrutinio, fueron rechazadas por la Comisión Escrutadora Auxiliar de Santa Marta, por cuanto las relacionadas con la mesa 4 fueron extemporáneas, y frente a las mesas restantes, en razón a que no tenían sustento en alguna de las causales del artículo 192 del Código Electoral, y por no tener sustento probatorio.

Expuso que el actor, antes de la presentación de la demanda, tuvo acceso a los documentos electorales de la zona 1 de los puestos de votación 3 y 4 de la IED Jackeline Kennedy, sedes 1 y 2, sin presencia de los candidatos del Partido Opción Ciudadana, especialmente del señor Milton Isaac Piña Arrieta.

Luego destacó las resultas de la inspección judicial practicada por el a quo, así como el oficio de DDM-OJ 083 del 17 de mayo de 2016, suscrito por los delegados de la Registraduría Nacional del Estado Civil, donde se aportó la relación de códigos de barras de las tarjetas electorales correspondientes al puesto de votación 4, zona 1, IED Jackeline Kennedy, sede 2, mesas 1 a 16 y 18.

Con base en los cuadros que elaboró para analizar las tarjetas electorales depositadas en favor del concejal electo demandado, en el mencionado puesto de votación, concluyó:

— En los votos marcados en favor de candidato elegido Milton Isaac Piña Arrieta, no se registraron enmendaduras ni tachaduras.

— Del estudio del consecutivo de las tarjetas electorales depositadas en favor del mencionado candidato electo, algunos no corresponden con el consecutivo que, según la información que suministró la Registraduría Nacional del Estado Civil, fue asignado a las mesas del puesto de que se trata.

— En algunas tarjetas no se logró establecer la mesa real a la que pertenecía, por no corresponder al puesto de votación.

— Se presume que las firmas que aparecen en los formularios analizados son de los jurados de votación, pero no están identificados, pues no aparece el nombre y apellido en letra legible, ni el cargo asignado en cada mesa. Ni en sede administrativa, como en la judicial, se alegó ni demostró alguna suplantación de los jurados de votación.

— Si bien figuran distintas firmas en las tarjetas electorales depositadas en favor de Milton Isaac Piña Arrieta, no se demostró que las mismas correspondieran a otros jurados de votación que cumplieron funciones en otras mesas del puesto en cuestión.

— No se acreditaron circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se produjo el intercambio de las tarjetas electorales marcadas a favor del candidato electo y, por ende, si se produjo el fraude electoral denominado “carrusel”.

— Los delegados de la Registraduría Nacional del Estado Civil permitieron que el demandante manipulara o revisara las tarjetas electorales, sin la presencia de los demás candidatos, lo que fue lesivo del debido proceso y del derecho de defensa, y contaminó la prueba al punto que no es posible establecer el momento en que pudieron intercambiarse las tarjetas electorales de una mesa a otra, sea porque efectivamente se haya realizado el día de las elecciones, o por haberse roto la cadena de custodia.

— No se dejó constancia del proceso de inspección o exhibición de los documentos en mención.

— No se demostró ningún hecho relacionado con la entrega de tarjetas a un tercero, esto es, al colaborador del candidato Milton Isaac Piña Arrieta para que las marcara a su favor y la suministrara al elector.

— No se probó que se haya puesto en conocimiento los hechos relacionados con el “carrusel”, a las autoridades electorales, policivas, de control y judiciales, pese a que tal conducta está tipificada como delito.

— Ninguna norma electoral dispone como obligación del presidente de los jurados de votación suscribir las tarjetas.

Con fundamento en lo anterior, analizó el caso concreto en los siguientes términos:

Respecto de las presuntas irregularidades en las firmas de los jurados de votación en las tarjetas electorales, explicó que según la Cartilla Nacional de Jurados de Votación, dentro de sus funciones y actividades está la de firmar y entregar las tarjetas electorales, pero no se indica a quien de ellos corresponde dicha actuación, esto es, puede suscribirlas cualquier miembro de la mesa, y el Código Electoral no estableció las funciones de estos servidores.

Afirmó que revisadas las tarjetas electorales, se encontró que algunas contenían firma legible y otras no, y que al proceso no se aportó la prueba grafológica para identificar quienes las suscribieron.

Luego de analizar las tarjetas que contenían firmas legibles, concluyó que aparecieron algunos votos intercambiados en diferentes mesas, pero no se probó las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se efectuó dicho intercambio.

Agregó que las tarjetas electorales fueron firmadas por los distintos jurados de votación pertenecientes a las mesas del puesto de votación cuestionado, lo que no constituye irregularidad, toda vez que según la cartilla electoral, la tarjeta electoral puede firmarse por cualquiera de los jurados de votación.

Respecto de las mesas en las que no es legible el nombre del jurado, advirtió que no se probó a quien pertenecían las firmas, ni se practicó prueba grafológica para establecer los jurados que las firmaron, por lo que no pueden tildarse de falsas.

Manifestó que al examinar la Resolución 9 del 1º de octubre de 2015, mediante la cual se designaron los jurados de votación para el puesto 4, se observa que corresponden con los nombres de las personas que asistieron a la jornada electoral para cumplir con tal obligación, y que las firmas que se consignaron en los formularios E-14 delegados, actas de escrutinio y formularios E-11, coinciden con los respectivos jurados debidamente designados.

En lo concerniente al cargo de nulidad por el uso del denominado “carrusel”, explicó que tal irregularidad se configura cuando ello se establece con certeza, sin que baste la existencia de una denuncia o la simple deducción del demandante, pues es indispensable demostrar la veracidad de tal hecho.

Al respeto, aseveró que el demandante no determinó, ni probó, las condiciones de tiempo, modo y lugar en que ocurrió dicho fenómeno.

Sostuvo que en la primera instancia se ordenó una inspección judicial en la Registraduría Delegada de Santa Marta, para verificar las tarjetas electorales del Partido Opción Ciudadana donde el señor Milton Isaac Piña Arrieta obtuvo votación, como también se solicitó a la Registraduría Nacional del Estado Civil los códigos de las mencionadas tarjetas y la información sobre el procedimiento que se aplicó en la visita que realizó el demandante en esa entidad, no obstante concluyó que no cuenta con los elementos probatorios necesarios para establecer que en las elecciones se configuró el “carrusel” electoral.

En lo tocante con el cargo de falsa motivación de los actos de elección y las resoluciones demandadas, expuso que las reclamaciones fueron presentadas ante la autoridad competente y dentro del término correspondiente, excepto la de la mesa 4, la cual se negó por extemporánea.

Luego de verificar el contenido de las reclamaciones presentadas en cada mesa, indicó que todas ellas tuvieron sustento en el denominado “carrusel”, pero no presentó prueba alguna para soportar sus afirmaciones, ni tampoco encuadraron en las causales de reclamación previstas en el artículo 192 del Código Electoral.

Afirmó que las resoluciones mediante las cuales fueron resueltas las reclamaciones tuvieron sustento en que las mismas no correspondían con las enlistadas en el artículo 192 del Código Electoral, lo que consideró ajustado a la norma, comoquiera que la Resolución 4121 de 2011, del Consejo Nacional Electoral, establece que tales peticiones deben tener sustento en las mencionadas causales, y la prueba de los hechos, de modo que, como las censuras que elevó el demandante no cumplieron los requisitos en mención, no se advierte la falsa motivación alegada.

Advirtió que la Registraduría Delegada de Santa Marta no informó acerca del procedimiento utilizado para que el demandante examinara las tarjetas electorales, menos aún que le haya comunicado al demandado y a los demás candidatos sobre dicha revisión.

Con base en lo dicho, consideró probado que la inspección que llevó a cabo el demandante sobre los documentos electorales, se hizo sin citación del demandado, con lo que se le desconoció el debido proceso y el derecho de defensa, ni observó los principios de publicidad y contradicción de la prueba y, en consecuencia, sin cumplir los parámetros previstos en el artículo 183 del Código General del Proceso, relacionado con las pruebas extraprocesales, luego no es posible otorgarle valor probatorio.

8. Apelación.

El apoderado del demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, el cual sustentó bajo los siguientes argumentos(8):

Mencionó que durante el trámite del proceso se practicó inspección judicial en las instalaciones de la Registraduría Nacional del Estado Civil, con intervención de las partes.

Expuso que, según el oficio DDM-05 083 del 17 de mayo de 2016, en el que los delegados de la Registraduría Nacional del Estado Civil relacionaron los códigos de las tarjetas electorales, 111 de ellas depositadas en favor del demandado no coinciden con los referidos códigos, lo que denota la irregularidad alegada.

Advirtió que la circunstancia descrita evidenció que sí se presentó intercambio de tarjetas electorales en las distintas mesas.

Posteriormente, se refirió a las conclusiones del a quo que resultaron del análisis de las tarjetas electorales y que plasmó en unos cuadros comparativos, lo que expuso en los siguientes términos:

Respecto de la conclusión según la cual no se registraron tachaduras ni enmendaduras, adujo que lo que se reclamó en la demanda es una causal de nulidad y no de reclamación, razón por la que este análisis no es necesario.

Frente a la conclusión del a quo según la cual, del estudio del consecutivo de las tarjetas electorales, algunos no corresponden con el asignado a las mesas, explicó que la Registraduría asignó a cada tarjeta electoral un código para cada mesa, con el objeto de tener control sobre ellas.

En lo que concierne a la afirmación del tribunal de primera instancia, de que en algunas tarjetas no se logró establecer la mesa real a la que pertenecía, por no corresponder al puesto de votación, afirmó que ello más bien evidencia su intercambio en las distintas mesas.

En lo tocante con lo que sostuvo el colegiado a quo, en cuanto presumió que las firmas de las tarjetas corresponden a los jurados de votación, y que no se alegó ni demostró alguna suplantación, afirmó que nunca se refirió a tal circunstancia, y que los servidores en mención no intervienen la modalidad de fraude alegada.

En lo relacionado con la tesis de la primera instancia, de acuerdo con la cual, no se probaron las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se produjo el intercambio de tarjetas electorales, sostuvo que sí se demostraron, y que ello se concretó a través de la modalidad denominada “carrusel”.

Advirtió que es necesario “escudriñar” que las firmas de las tarjetas electorales no son las mismas que fueron asignadas a las mesas de votación, para así demostrar su intercambio.

Precisó que con base en el informe rendido por la Registraduría Nacional del Estado Civil, explicado en los cuadros del fallo de primera instancia, quedó en evidencia el intercambio de votos.

Frente al pronunciamiento del a quo, relacionado con las presuntas irregularidades en las firmas de los jurados de votación, indicó que, en su momento, lo pretendido con las reclamaciones, fue que se examinaran tales irregularidades, sin embargo las comisiones escrutadoras las desecharon por no corresponder con las causales de reclamación previstas en el artículo 192 del Código Electoral.

Agregó que está demostrado, según los “cuadros resultado de la inspección judicial”, que existen firmas de tarjetas electorales que no corresponden con la mesa de votación asignada, lo que demuestra su intercambio en las 17 mesas reclamadas y, desde luego, acreditan las circunstancias de tiempo, modo y lugar de estas irregularidades.

Mencionó que el fraude en cuestión no fue gestado por los jurados de votación, puesto que ellos no intervienen en esta modalidad.

Destacó que si bien es cierto la tarjeta electoral puede ser firmada por cualquiera de los jurados de votación, y no exclusivamente por su presidente, no es de recibo que “un jurado de votación de una mesa asignado por la Registraduría Nacional del Estado Civil en la resolución de Jurado, se disponga en una mesa distinta firmar tarjetas electorales así estén en el mismo puesto de votación;”, es decir, no es posible que un mismo jurado cumpla su función en dos mesas.

Resaltó que ni en sus reclamaciones, ni en la demanda, tildó de falsas las firmas de los jurados de votación, como tampoco solicitó la prueba grafológica a la que se refirió el a quo, puesto que el estudio de las tarjetas electorales se centró en demostrar el intercambio de las mismas en las mesas reclamadas.

Expuso que en este caso se demostró el fraude denominado “carrusel”, puesto que, según los medios probatorios aportados al expediente, y resumidos en los cuadros elaborados en el fallo de primera instancia, se evidencia el intercambio de tarjetas electorales marcadas en favor de Milton Isaac Piña Arrieta, en las mesas de votación del puesto 4, zona 1, IED Jackeline Kennedy, sede 2, y en el puesto de votación 3, que funcionó en la IED Jackeline Kennedy, sede 1.

Sostuvo que tal circunstancia está acreditada por cuanto se depositaron tarjetas electorales que no correspondían con la mesa asignada.

Respecto al cargo de falsa motivación del acto de elección y las resoluciones que se pronunciaron sobre las reclamaciones, insistió en que las mismas se fundaron en el numeral 6º del artículo 161 de la Ley 1437 de 2011, que establece el requisito de procedibilidad frente a las causales de nulidad del acto de elección por voto popular contenida en los numerales 3 y 4 del artículo 275 ibidem, el cual consiste en que las firmas de los jurados de votación de cierta mesa, no corresponde con las firmas de las tarjetas electorales depositadas en la mesa correspondiente.

Reiteró que en las reclamaciones correspondientes puso en conocimiento de la autoridad electoral las irregularidades en mención, con el propósito de agotar el requisito de procedibilidad, aspecto al que se le restó importancia.

En lo concerniente a la decisión de las comisiones escrutadoras, de acuerdo con las cuales, además de no aceptar las reclamaciones por no corresponder con las enlistadas en el artículo 192 del Código Electoral, no se aportó el material probatorio, insistió en que el artículo 9º de la Ley 1437 de 2011 establece que está prohibido a las autoridades exigir constancias, certificaciones o documentos que reposen en la respectiva entidad, razón por la que lo decidido carece de fundamento, pues las tarjetas electorales estaban en custodia de las referidas comisiones escrutadoras, luego no se le podía exigir que aportara tales documentos.

Advirtió que al revisar las actas de escrutinio parcial no se encontró evidencia alguna de revisión o examen de las firmas.

Sostuvo que no comparte la conclusión del a quo, según la cual la revisión de las tarjetas electorales, previa a la presentación de la demanda, alteró la cadena de custodia de tales documentos y contaminó la prueba, puesto que el análisis previo de tales documentos contó con la supervisión de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Aclaró que en la diligencia ante la delegación departamental de la Registraduría Nacional del Estado Civil, no examinó los documentos electorales, sino que le fueron exhibidos, por lo que no es comprensible el criterio de contaminación de la prueba expuesto por el a quo.

Manifestó que, contrario a lo expuesto por el colegiado de primera instancia, en la mencionada diligencia de exhibición nunca se perdió la cadena de custodia por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil, ya que siempre estuvo bajo la estricta vigilancia de un funcionario adscrito a esa entidad.

Agregó que, en efecto, según el oficio DDM-03-16 del 24 de agosto de 2016, emanado de la delegación departamental de la Registraduría Nacional del Estado Civil, se “sostuvo” la legalidad de la revisión previa de los documentos en mención, tales como la petición, entrega de copias, y la exhibición de documentos con base en el artículo 213 del Código Electoral, que señala que los mismos no tienen el carácter de reservado, por lo que fue legitima su actuación en ese sentido.

Arguyó que no tenía la necesidad de citar a la contra parte para la diligencia en cuestión, toda vez que no se trató de un prueba extrajudicial, sino de la respuesta dada a una petición suya ante la instancia administrativa.

Explicó que para la fecha de la exhibición de los documentos electorales, no estaba vigente el Código General del Proceso, de manera que no se trató de la prueba extraprocesal allí prevista.

Aseveró que las pruebas no fueron valoradas bajo el concepto de la sana crítica, además que el a quo incurrió en errores de apreciación o falso juicio de identidad.

Al respecto, sostuvo que la primera instancia no valoró con base en la sana crítica los hechos demostrados a través de la inspección judicial, de acuerdo con los cuales se esclareció que las firmas de los jurados de votación en las tarjetas electorales, no corresponden con las firmas consignadas por aquellos en los formularios E-14 de cada mesa.

Reiteró que los códigos de las tarjetas electorales no concuerdan con las mesas de votación, de lo que se colige la deformidad de la verdad.

9. Actuación procesal en esta instancia.

A través de proveído del 16 de mayo de 2017 se admitió el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, se ordenó poner a disposición de la parte demandada el texto del mismo y, vencido el término correspondiente, se dispuso correr traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público a efectos de que rindiera concepto(9).

10. Alegatos de conclusión.

10.1. Parte demandada.

10.1.1. Milton Isaac Piña Arrieta:

El apoderado del demandado presentó alegatos finales en los siguientes términos(10):

Mencionó que durante los escrutinios no se advirtieron las irregularidades que el actor alegó en la demanda.

Sostuvo que si bien es cierto los documentos electorales son públicos, legal o jurisprudencialmente nunca se ha dicho que sean de libre consulta y manipulación por cualquier ciudadano, sin previa autorización o supervisión de la autoridad electoral, puesto que están sometidos a la custodia de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Advirtió que el demandante no sólo manipuló los documentos electorales, sin constancia de seguridad o supervisión por parte de la autoridad electoral, sino que “por milagro de su actuar”, apareció un nuevo orden de las tarjetas electorales.

Expuso que en la inspección judicial practicada en el proceso, se determinó que toda la documentación estaba en el arca triclave, sin candados laterales y solo con la tapa cerrada con un candado central, las bolsas estaban desordenadas y abiertas, las tarjetas también desordenadas y mezcladas.

Agregó que, en razón de lo anterior, la prueba que se obtuvo de dicha documentación no es confiable, menos aun cuando a indagarse a los servidores de la Registraduría Nacional del Estado Civil, ninguno conocía de la visita del demandante y nadie la atendió.

Indicó que todas las tarjetas electorales revisadas en la inspección judicial corresponden con los códigos de barras y serial asignados al puesto de votación, y contaban con las firmas de los jurados designados para cada mesa, las cuales coinciden con las firmas de otras tarjetas a favor de otros candidatos.

Advirtió que al momento del escrutinio de mesa, no se presentó ni registró reclamaciones de testigos, lo que indica que el proceso transcurrió con normalidad, además que los pliegos se introdujeron en tiempo, el estado de las bolsas fue bueno y hay constancia de que en las mesas 2 y 10 del puesto en cuestión hubo recuento de votos, cuyas tarjetas fueron exhibidas al público frente a las cuales no se advirtieron irregularidades.

Posteriormente realizó un análisis de las resultas de la inspección judicial, respecto de las mesas que son materia de cuestionamiento.

10.1.2. Registraduría Nacional del Estado Civil:

No alegó de conclusión.

10.1.3. Concejales electos:

Ninguno de los concejales electos intervino.

10.2. Parte demandante.

El apoderado del demandante reiteró los fundamentos de la demanda y del recurso de apelación(11).

11. Concepto del Ministerio Público.

El procurador séptimo delegado ante esta corporación rindió concepto en los siguientes términos(12).

Expuso que en el presente caso no se demostró la falsedad alegada en la demanda, pues si bien se demostró que algunos votos que debieron introducirse en ciertas mesas de votación resultaron en otras, ese simple hecho no acredita la falsedad material alegada, pues no se constató el adelantamiento de acciones tendientes a deformar, mutilar o cambiar lo que previamente se consignó en un documento.

Agregó que no se demostró una intervención directa sobre la materialidad de alguno de los documentos oficiales que se imprimen y manejan por parte de las autoridades electorales durante los escrutinios.

Manifestó que el hecho de que algunas tarjetas electorales resulten en otras mesas, no es argumento válido para establecer que son falsos o apócrifos, pues para ello deben aportarse las pruebas que permitan establecer que efectivamente aparecieron allí previo pago al votante.

Precisó que en el sub lite el actor solamente demostró la existencia de unos votos en mesas diferentes a la que realmente pertenecían, pero no demostró que estos fueron alterados o depositados previo pago acordado, menos aún que los votantes sustrajeron su tarjeta electoral para dar lugar al denominado “carrusel”.

En lo que respecta al cargo de falsa motivación, indicó que el mismo no está llamado a prosperar, comoquiera que en el presente caso lo planteado no se refiere a la motivación del acto, sino que el actor no comparte los argumentos de las resoluciones que rechazaron sus reclamaciones.

Explicó que las reclamaciones hicieron referencia a un presunto carrusel en determinadas mesas de votación, pero no precisó cuál era la causal de reclamación en concreto, menos aún precisó cuáles eran los votos presuntamente irregulares.

Solicitó que se confirme la sentencia de primera instancia.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia.

Esta Sección es competente para conocer, en segunda instancia, del recurso de apelación interpuesto por el demandante, de conformidad con lo previsto en el artículo 150 de la Ley 1437 de 2011, en concordancia con el inciso segundo del artículo 292 ibídem.

2. Problema jurídico.

Le corresponde a esta corporación resolver, si de acuerdo con lo expuesto en el recurso de apelación, hay lugar a confirmar, modificar o revocar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, por medio de la cual denegó las pretensiones de la demanda.

Para el efecto habrá de establecerse (i) si el a quo incurrió en indebida apreciación de la prueba, por cuanto, en criterio del actor, de ella se colige que se presentó el denominado “carrusel”, en la jornada electoral del 25 de octubre de 2015, y (ii) si las resoluciones mediante las cuales fueron resueltas las reclamaciones del demandante, adolecen de falsa motivación.

3. Análisis de los argumentos de la apelación.

La Sala observa que de manera concreta el reparo puntual del demandante se dirige a cuestionar las conclusiones del análisis probatorio hecho por el colegiado de primera instancia, toda vez que, en su criterio, del mismo había lugar a colegir que sí se presentó el denominado carrusel electoral, comoquiera que los códigos de las tarjetas electorales marcadas en favor del concejal electo demandado no coinciden con la mesa en la que se depositó el voto, además que existen firmas de tarjetas electorales que no corresponden con la mesa de votación asignada.

Otro aspecto de la apelación se refiere al pronunciamiento del a quo frente al cargo de falsa motivación, respecto del cual indicó que la causal invocada, si bien no concuerda con alguna de las enlistadas en el artículo 192 del Código Electoral, sí tiene fundamento en el numeral 6º del artículo 161 de la Ley 1437 de 2011, que establece el requisito de procedibilidad frente a las causales de nulidad del acto de elección, cuando se trata de las previstas en los numerales 3º y 4º del artículo 275 ibidem.

En síntesis, se arguyó en la apelación que lo reclamado por el demandante no se refirió a alguna de las causales del artículo 192 del Código Electoral, sino que puso en conocimiento de las comisiones escrutadoras la irregularidad materia de cuestionamiento en el sub lite.

La Sala anticipa que revocará el proveído apelado, por las razones que se exponen a continuación:

3.1. De las irregularidades en el proceso de votación por intercambio de tarjetas electorales – “Carrusel” electoral.

Se entiende por “carrusel” electoral la modalidad de fraude que consiste en que, “previo pago al votante, éste deposita el voto marcado anticipadamente, sustrae la tarjeta electoral que los jurados de votación entregan para sufragar y la entrega a un tercero para que éste la premarque y la suministre a otro votante, así sucesivamente.”(13)

Según la demanda y la apelación, esta causal de nulidad se enmarca con la prevista en el numeral 3º del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011, esto es, que “Los documentos electorales contengan datos contrarios a la verdad o hayan sido alterados con el propósito de modificar los resultados electorales.”

Como bien se puede apreciar, se trata de una causal objetiva de anulación, en cuanto supone que los resultados electorales son simulados, supuestos, fabulados o que provengan de instrumentos alterados o mutilados, puesto que en esas condiciones se presenta un resultado de actividades ilegítimas y no la verdadera expresión de la voluntad popular.(14) (Destacado por la Sala)

Sobre este fraude electoral, la Sección Quinta ha dicho que para que se pueda configurar el denominado “carrusel” se deben identificar las mesas y los documentos que permitan confrontar los datos precisos, para analizar en donde se hubieren utilizado indebidamente las tarjetas electorales(15).

En igual sentido, en otra ocasión se dijo que en la demanda se deben indicar las mesas en las cuales se presenta esa irregularidad y las tarjetas electorales que se utilizaron para ello, ya que no se puede en sede judicial llevar a cabo la investigación y establecer en cuáles mesas y respecto de cuáles tarjetas electorales se presentó el mencionado “carrusel”(16).

De manera concreta en esa ocasión se dijo que no basta con aportarse como prueba una certificación de la registraduría sobre el número de tarjetas impresas para los comicios, con indicación de su número de serie por cada mesa, sino que se debe en la demanda indicar con toda precisión las mesas de votación en que se presentó el denominado carrusel, el número de votos afectados por dicho fraude y si estos tenían incidencia en el resultado electoral. En particular señaló:

“(...) la Sala reitera que los demandantes no pueden limitarse a plantear hechos genéricos, abstractos, es decir sin precisión en cuanto a las circunstancias de tiempo, modo y lugar, bajo la consideración de que el juez en el curso del proceso debe establecerlos de manera concreta, así tenga que realizar una investigación que cubra el proceso electoral realizado en toda o parte de la respectiva circunscripción electoral. El proceso electoral no se puede utilizar para descubrir, mediante investigación, hechos irregulares ocurridos con motivo de determinadas elecciones o nombramientos, sino para corroborar, comprobar que efectivamente los ya descubiertos, concretos y determinados por el demandante tuvieron ocurrencia”. 

Más adelante, en sentencia del 18 de abril de 2013(17), la Sección sostuvo:

“(...) la demanda de nulidad electoral, fundada en causales objetivas como las señaladas por la accionante de trashumancia electoral, suplantación del elector y “carrusel”, no admiten acusaciones vagas, generalizadas u omnicomprensivas, en la medida que sobre el actor pesa el principio de la justicia rogada, y por lo mismo, la carga de presentarle al juez de lo electoral, con la debida precisión, la forma en que esos fenómenos ocurrieron. (...) 

Y, finalmente sobre el “carrusel” indicó que “en las mesas de votación de los puestos 03, 04 y 05 de la zona 02 sufragaron personas bajo la modalidad de ‘carrusel’, por lo que en dichos puestos de votación figuran tarjetones falsos o apócrifos, hechos que generan la nulidad de la elección y la exclusión de las mesas”, acusación que es vaga e imprecisa porque no se identificaron los votantes que participaron en esa conducta, ni las mesas de votación en donde ello ocurrió”. (Destacado por la Sala).

Así las cosas, esta corporación en varias oportunidades ha dicho que para que en sede judicial se pueda estudiar esta causal de nulidad, es necesario que en la demanda se indique con toda precisión y claridad las circunstancias en que las que se dieron los hechos, y se indiquen los puestos, mesas, tarjetas utilizadas y número de votos afectados. Sin embargo, en esta oportunidad la Sala precisa que no se considera necesario para su prueba, la identificación de los votantes —ya que no es necesario para su verificación— ni el pago realizado a los votantes, puesto que lo que aquí interesa es el fraude electoral.

Precisado lo anterior, se tiene que el tribunal de primera instancia, si bien efectuó un análisis detallado de los documentos electorales, en particular sobre las tarjetas electorales depositadas en favor del candidato Milton Isaac Piña Arrieta, y con fundamento en el mismo advirtió varias circunstancias como el depósito de votos en la mesa que no correspondía, concluyó que, aun así, no se demostraron las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se presentó el fraude de que se trata.

En este punto es del caso precisar que en materia electoral, como consecuencia de la presunción de legalidad de los actos, con la demanda se deben allegar o solicitar -indicando con precisión el lugar en donde se encuentren- las pruebas que se quieran hacer valer para desvirtuar dicha presunción, ya que no basta con mencionar que corresponden a los “antecedentes administrativos de los actos demandados”, puesto que es carga del demandante señalar de manera concreta el documento que respalda su acusación.

Según el a quo, las tarjetas electorales fueron firmadas por los distintos jurados pertenecientes a las mesas del puesto de votación cuestionado, lo que no constituye irregularidad, además que no se estableció a quien pertenecían las firmas ilegibles de algunas tarjetas, ni se practicó la prueba grafológica correspondiente para el efecto, luego no se pueden tildar de falsas.

El demandante no comparte las referidas conclusiones, toda vez que, efectivamente, el análisis de la colegiatura de primera instancia lleva a concluir que se demostró el intercambio de tarjetas electorales y, por lo tanto, que se presentó la modalidad de fraude denominado “carrusel”.

La Sala advierte que las conclusiones del a quo, no resultan acertadas pues no dan cuenta de una verificación objetiva respecto de la configuración de las irregularidades alegadas.

En efecto, del estudio de las tarjetas electorales depositadas en favor del demandado, confrontadas con los códigos que la Registraduría Nacional del Estado Civil asignó a cada mesa, se advierten tres situaciones:

La primera se refiere a que algunas tarjetas electorales, muy pocas según se analizará más adelante, fueron depositadas en la mesa correspondiente, de acuerdo con la confrontación de los códigos asignados a cada una.

La segunda, algunas tarjetas electorales si bien tienen un código asignado a una mesa del puesto de votación, fueron depositadas en la que no correspondía.

La tercera consiste en que algunas tarjetas depositadas en favor del demandado, tienen un código que no corresponde con alguna de las mesas del puesto de votación.

Como bien se puede observar, las presuntas irregularidades respecto del depósito de votos en mesas que no corresponden, o tarjetas que no fueron asignadas al puesto, merecían un análisis más profundo en orden a confrontar su contenido con los demás documentos electorales aportados al plenario.

Ahora bien, no existe reparo respecto de los votos que fueron depositados en la mesa correspondiente, pues ello no da lugar a fraude alguno.

No obstante, es preciso advertir que las tarjetas electorales depositadas en mesas distintas a las asignadas, según su código, podría, en principio, dar lugar a concluir que se configuró la modalidad de fraude bajo estudio, sin embargo es necesario analizar el contenido de las mencionadas tarjetas, mediante su confrontación con los demás documentos electorales, como con los formularios E-11 y E-14, para así establecer si efectivamente se presentó el carrusel.

3.1.1. Premisas para resolver el caso concreto.

De esta forma, la Sala aplicará al presente caso tres supuestos:

1. La tarjeta electoral cuyo código coincide con la mesa en la que se depositó, no da lugar a su anulación, pues es evidente que cumple con los parámetros para tener como legal el voto correspondiente.

2. La tarjeta electoral que se depositó en una mesa diferente a la que le correspondía, según el código asignado por la Registraduría Nacional del Estado Civil, debe confrontarse, en cada caso, con los demás documentos electorales, con el propósito de establecer si el voto que se depositó en tales circunstancias le precede una irregularidad.

En este punto, la Sala parte de presumir que si en la urna de determinada mesa aparece una tarjeta electoral que correspondía a otra, según su código, ello da lugar a su invalidación, salvo justificación debidamente advertida por los jurados o por los comisionados escrutadores.

Igualmente ocurre en el caso que la tarjeta electoral tenga un código que no corresponda con la mesa, y no sea suscrita por algún jurado de votación a ella asignado, en este caso el voto es nulo.

La relevancia que la Sala otorga al código de cada tarjeta electoral deviene de la interpretación del artículo 258 de la Constitución Política, en cuanto dispone que En las elecciones de candidatos podrán emplearse tarjetas electorales numeradas e impresas en papel que ofrezca seguridad, las cuales serán distribuidas oficialmente”. (Destacado por la Sala).

De acuerdo con la disposición transcrita, en las elecciones por voto popular es posible, como ocurrió en el presente caso, el empleo de tarjetas numeradas (codificadas), las cuales deben ser distribuidas de manera oficial, lo que significa que los jurados de votación sólo deben utilizar la documentación que para el efecto les suministra la organización electoral.

Según la Cartilla Nacional Jurados de Votación – Elecciones de Autoridades Locales(18), en la etapa de instalación de la mesa, los jurados tienen a su disposición el “KIT” electoral que entrega la organización de las elecciones, en el que deben verificar que corresponda al número de mesa donde fueron designados, así como también deben verificar su contenido, entre el que se incluyen las tarjetas electorales asignadas para la mesa:

“En la mesa de votación, encontrarán una caja de cartón llamada KIT electoral, deben observar que corresponda al número de mesa donde están designados, luego lo abren y verifican los siguientes elementos: 

CONTENIDO DEL KIT ELECTORAL 

Formularios 

Formulario E-9 ‟Urna Cerrada y Sellada” - Sello de Urna 

Formulario E-10 ‟Lista de Sufragantes” 

Formulario E-11 ‟Acta de Instalación y Registro general (sic) de Votantes” 

Formulario E-14 ‟Acta de escrutinio de Mesa: Alcalde, Concejo y J.A.L. 

Formulario E-17 ‟Recibo documentos electorales” 

Tarjetas Electorales 

Paquete de tarjetas para Alcalde 

Paquete de tarjetas para Concejo Distrital 

Paquete de tarjetas para J.A.L. 

Cuadernillo electoral para Concejo y J.A.L. 

(...)”. 

De tal modo, no resulta justificable que en una mesa aparezcan tarjetas cuya codificación corresponde a otra, salvo que los jurados de votación dejen las constancias respectivas.

Vale anotar que la cartilla en mención resulta vinculante para los jurados, comoquiera que constituye la materialización del deber del registrador Nacional del Estado Civil, o de sus delegados, consistente en instruirles para el correcto desempeño de sus funciones, al tenor de lo previsto en los artículos 101 y 103 del Código Electoral.

Así mismo, es del caso tener presente que el proceso de votación previsto en el artículo 114 del Código Electoral, se compone de las siguientes etapas:

ART. 114.—El proceso de la votación es el siguiente: El presidente del jurado le exigirá al ciudadano la cédula de ciudadanía, la examinará, verificará su identidad y buscará el número de la cédula en la lista de sufragantes. Si figurare, le permitirá depositar el voto y registrará que el ciudadano ha votado. Este registro se efectuará de acuerdo con las instrucciones que imparta la Registraduría Nacional del Estado Civil a los jurados. 

(...)  

Ninguna persona podrá acompañar al elector en el momento de sufragar”. (Destacado por la Sala).

Como bien se observa, el jurado de votación debe verificar que el sufragante figure en el listado correspondiente y, en caso afirmativo, le permite depositar el voto.

El procedimiento antes destacado fue descrito con mayor puntualidad en la “Cartilla Nacional Jurados de Votación – Elecciones de Autoridades Locales”, que dispuso las actividades a cargo de los jurados de votación en los siguientes términos:

“Los jurados de votación desarrollan las siguientes actividades: 

• Recibe la cédula al ciudadano 

• Verificar que la cédula aparezca en la lista de sufragantes E-10 y resalta el número. 

• Vaya al registro de votantes E-11 y frente al número de cédula escriba los apellidos y nombres que aparecen en la cédula de ciudadanía. 

Firmar y entregar con el plumón las tarjetas electorales: alcalde, concejo y JAL. 

• Si el ciudadano requiere el cuadernillo electoral, debe facilitárselo: para concejo y JAL, el cuadernillo contiene los nombres y apellidos de los candidatos, el ciudadano lo debe devolver cuando termine de votar. 

• El ciudadano se dirige al cubículo y marca las tarjetas electorales. 

• Uno de los jurados escribe los datos del ciudadano en el certificado electoral. 

• Al regresar el elector del cubículo, el jurado revisa las firmas al dorso de las tarjetas y autoriza que las deposite en la urna. 

• El Jurado solicita al ciudadano la devolución del cuadernillo electoral y el plumón. 

• Entregan el certificado electoral y la cédula de ciudadanía del elector”. (Destacado por la Sala).

Se observan tres etapas del proceso de votación que resultan relevantes para el presente análisis, a saber: (i) El jurado de votación firma la tarjeta electoral y la entrega al sufragante, (ii) este se dirige al cubículo y la marca con la opción de su preferencia y, posteriormente, (iii) el jurado autoriza su depósito en la urna.

Las actividades a cargo de los jurados de votación, de acuerdo con la norma y las instrucciones dadas a través de la cartilla antes destacada, tienen como propósito que la tarjeta electoral que el jurado entrega al votante para el ejercicio del sufragio, sea la misma que se deposita en la urna.

Si el voto depositado no reúne los anteriores requisitos, no es posible tenerlo como válido.

3. La tarjeta electoral con un código que no fue asignado a las mesas del puesto de votación, da lugar a la invalidación del voto, pues se trata de un documento que la organización electoral no puso a disposición de los jurados de la mesa correspondiente para el desempeño de su labor, salvo que los jurados consignen en el acta correspondiente las constancias a que haya lugar.

Valga anotar que ni en el acta de instalación de cada mesa, ni en el acta general de escrutinio(19), se dejó constancia respecto de la necesidad de utilizar tarjetas no asignadas al puesto de votación, por lo que no es posible justificar que un documento electoral que no se asignó al puesto, se haya depositado en alguna de sus mesas.

La Sala concluye, entonces, que las tarjetas electorales cuyo código no coincide con el rango asignado al puesto de votación, no se entregaron por parte de la organización electoral a los jurados de votación designados para el puesto respectivo.

Bajo esta perspectiva, la Sala evaluará el mérito probatorio que el a quo aplicó al análisis de los medios de prueba aportados al proceso, y posteriormente descenderá a su análisis.

3.1.2. Apreciación de la prueba por parte del a quo. 

La colegiatura de primera instancia consideró que la revisión previa que efectuó el demandante sobre los documentos electorales contaminó la prueba, esto es, los documentos electorales, al punto de no ser posible establecer si el intercambio de tarjetas se presentó durante la jornada electoral o al momento de la inspección en mención.

La Sala considera que este hecho no está del todo demostrado, máxime cuando los delegados departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil, a través del oficio DDM-OJ-161 del 24 de agosto de 2016(20), informaron que “El procedimiento que se realizó en esta delegación departamental se limitó a colocarle a disposición para su respectiva verificación del señor Néstor Muñoz Caballero, las tarjetas electorales correspondiente a la corporación de Concejo de Santa Marta (...) El funcionario encargado de acompañar esta inspección de cara a garantizar la procedencia de la solicitud y la custodia de los documentos objeto de exhibición, fue el señor José Alejandro Campo Mejía, quien se encuentra asignado en sus funciones a la oficina Electoral de esta delegación departamental”. (Destacado por la Sala).

De esta constancia se pueden inferir dos situaciones, a saber, (i) que los documentos electorales fueron puestos a disposición del demandante para su verificación, es decir, que se le hizo entrega de los mismos, o bien (ii) que no se le entregaron sino que le fueron exhibidos.

En todo caso, esta diligencia se llevó a cabo bajo la supervisión de un funcionario de la Registraduría Nacional del Estado Civil, quien tuvo a su cargo garantizar la custodia de los documentos, razón por la que no es posible afirmar con certeza que el demandante manipuló la documentación que en su momento se le exhibió.

Si bien el apoderado del demandado, al alegar de conclusión, advirtió que en la inspección judicial practicada en el proceso, advirtió irregularidades relacionadas con el desorden de las bolsas, “con visibles señales de haber sido manoseadas sin conocimiento práctico sobre este tipo de documentos, las bolsas abiertas, las tarjetas electorales desordenadas y mezcladas sin estar ordenadas por corporación o partido (...)”, tales aseveraciones corresponden al criterio personal del abogado del demandado presente en la diligencia, quien dicho sea de paso, no hizo manifestación alguna en su momento que permitiera verificar tal situación.

Adicional a lo anterior, se revisó el video de la diligencia(21), y se verificó que las bolsas estaban selladas con grapas, una bolsa para cada mesa, y en ellas se almacenaron únicamente los votos para el Concejo de Santa Marta, lo que desvirtúa la afirmación del apoderado del demandante según la cual se encontraron “tarjetas electorales desordenadas y mezcladas”, y tampoco se advierten las presuntas “visibles señales de haber sido manoseadas”, a parte del deterioro normal de las mismas por el almacenamiento(22).

También es preciso tener presente que de acuerdo con lo dicho por esta Sección “Una revisión al Código Electoral lleva a establecer que únicamente tienen reserva: (i) las listas del personal de oficiales, suboficiales y miembros de las distintas armas que los Comandantes de las Fuerzas Armadas deben suministrar a la RNEC; y (ii) las listas del personal de guardianes de las cárceles que deben elaborarse por parte del Ministerio de Justicia - Dirección General de Prisiones con destino a la misma entidad(23). En estos casos el artículo 86 prevé que la información debe entregarse con tres meses de antelación para que sean excluidos de las listas de sufragantes. Del mismo modo, tienen reserva “las informaciones que reposen en los archivos de la Registraduría referentes a la identidad de las personas, como son sus datos biográficos, su filiación y fórmula dactiloscópica” (art. 213 ib.).”(24) (Destacado por la Sala).

Lo anterior significa que los documentos electorales, entre estos los votos (luego de culminada la etapa electoral), no están sometidos a reserva y, en razón de ello, cualquier persona puede consultarlos, aun sin la presencia de su contraparte en un eventual control jurisdiccional de la elección, pues no se trata de una prueba anticipada o extraprocesal que requiera de las formalidades previstas en el ordenamiento procesal civil.

Tampoco es de recibo la apreciación del a quo en cuanto a la necesidad de una prueba grafológica para verificar las firmas ilegibles, pues si bien es cierto en algunos casos se requiere acudir a esta ciencia para identificar a quien plasmó su rúbrica en un documento, en el presente caso se cuentan con otros medios de prueba que se pueden confrontar con los votos, y que permiten establecer con meridiana certeza la identidad del jurado de votación.

En este punto, es del caso anotar que una circunstancia como la descrita no tiene la entidad suficiente para desplazar la sana crítica que debe aplicar el juez al momento de analizar las pruebas en su conjunto, que es el ejercicio que propone la Sala para resolver el presente caso, bajo el cual se expondrá el mérito probatorio de cada documento.

3.1.3. Análisis de las pruebas.

Establecidos los anteriores derroteros, los medios de prueba cuyo análisis resulta relevante para el caso son los siguientes:

— Resolución 9 del 1º de octubre de 2015, por medio de la cual los registradores del estado civil de Santa Marta, Magdalena, nombraron los jurados de votación(25). Se deja constancia que este acto administrativo se aportó de manera parcial, pues únicamente figuran las páginas 1, y 12 a 15 de 170, que contienen los nombres y número de cédula de ciudadanía de los jurados designados para la zona 01, puesto 04 IED Jackeline Kennedy Sede 2, cuyas mesas 1 a 16 y 18, son materia de cuestionamiento en el presente medio de control.

La pertinencia de esta prueba radica en que permite identificar a los jurados de votación designados para las mesas del puesto 04 IED Jackeline Kennedy Sede 2, y así confrontar su contenido con los demás documentos electorales.

— Formularios E-11 de las mesas 1 a 16 y 18 para la Zona 01, puesto 04 IED Jackeline Kennedy Sede 2(26).

Los documentos en mención fueron aportados por la Registraduría Nacional del Estado Civil mediante el oficio DDM-OJ 063 del 2 de mayo de 2016(27).

Esta prueba es importante en la medida que cada formulario debe ser suscrito por los jurados de votación designados para la mesa, de manera que a través de estos documentos se puede verificar si, en efecto, ejercieron sus funciones en la mesa en la que se les designó.

— Registros fotográficos de los formularios E-14 delegados, de las mesas 1 a 16 y 18 para la Zona 01, puesto 04 IED Jackeline Kennedy sede 2, aportados por el demandante en medio magnético (CD)(28).

Las firmas plasmadas en los formularios E-14 delegados pueden confrontarse con las que figuran en los formularios E-11, y así tener certeza del ejercicio de las funciones electorales de los jurados de votación, en su mesa correspondiente.

— Copia de las tarjetas electorales depositadas en favor del candidato electo Milton Isaac Piña Arrieta, en las mesas 1 a 16 y 18 para la Zona 01, puesto 04 IED Jackeline Kennedy sede 2(29), de las cuales se tomó la copia respectiva en la diligencia de inspección judicial practicada el 4 de mayo de 2016 en las instalaciones de la Registraduría Delegada de Santa Marta(30).

En cada uno de estos documentos se puede verificar la firma del jurado de votación, para confrontarla con las plasmadas en los formularios antes mencionados.

Adicionalmente, el código de cada una se puede identificar respecto del serial asignado por la Registraduría Nacional del Estado Civil, para de este modo saber si la tarjeta fue depositada en la mesa que correspondía.

— Oficio DDM-OJ 083 del 17 de mayo de 2016, mediante el cual los delegados de la Registraduría Nacional del Estado Civil aportaron la relación de los códigos de las tarjetas electorales asignados a las mesas 1 a 16 y 18 para la Zona 01, puesto 04 IED Jackeline Kennedy sede 2(31). La relación de los códigos es la siguiente:

MesaCódigo inicialCódigo final
164132516413610
264136116413970
364139716414330
464143316414690
564146916415050
664150516415410
764154116415770
864157716416130
964161316416490
1064164916416850
1164168516417210
1264172116417570
1364175716417930
1464179316418290
1564182916418650
1664186516419010
1864193716419690

Con fundamento en el anterior análisis, las pruebas bajo cita se analizarán en un cuadro que contendrá el código de la tarjeta electoral a examinar, la mesa en la que se depositó, la mesa a la que realmente corresponde según la relación de códigos aportada por la Registraduría Nacional del Estado Civil, las observaciones pertinentes y si el voto es o no válido:

ZONA: 01 PUESTO:04 IED JACKELINE KENNEDY
Tarjeta electoral revisadaCódigo de la tarjeta electoralMesa en la que se utilizóMesa a la que corresponde según RNECObservacionesValidez
1641617419Código asignado a la mesa 9. La firma del jurado no es legible ni se asemeja a la que figura en el formulario E-14 M9, ni se identifica en el formulario E-11 M9.NO
264063611No asignadoEl código no fue asignado a las mesas del puesto 4. La firma de la tarjeta no se identifica con alguna de las plasmadas en los formularios E-14 M1 y E-11 M1.NO
364065981No asignadoEl código no fue asignado a las mesas del puesto 4. La firma de la tarjeta no se identifica con alguna de las plasmadas en los formularios E-14 M1 y E-11 M1. NO
4641342911Código asignado a la mesa en la que se utilizó. La firma es legible y corresponde al jurado Alberto José Lapeira Viloria, designado como tal para esa mesa según la Resolución 9 de 2015.SI
56418719116Código asignado a la mesa 16. La firma de la tarjeta se asemeja a la del jurado 5 plasmada en el formulario E-14 M16, que de acuerdo con el formulario E-11 M16, corresponde al jurado Lorena Granados Zúñiga, designado como tal para esa mesa según la Resolución 9 de 2015.NO
664091842No asignadoEl código no fue asignado a las mesas del puesto 4. La firma de la tarjeta no se identifica con alguna de las plasmadas en los formularios E-14 M2 y E-11 M2.NO
7641490925Código asignado a la mesa 5. La firma de la tarjeta corresponde a la del jurado 3, plasmada en el formulario E-14 M5, que de acuerdo con el formulario E-11 M5 corresponde al jurado Maryuris Pérez Siderol, designado como tal para esa mesa según la Resolución 9 de 2015.NO
8641474925Código asignado a la mesa 5. La firma de la tarjeta corresponde a la del jurado 3, plasmada en el formulario E-14 M5, que de acuerdo con el formulario E-11 M5 corresponde al jurado Maryuris Pérez Siderol, designado como tal para esa mesa según la Resolución 9 de 2015. NO
9641472025Código asignado a la mesa 5. La firma de la tarjeta corresponde a la del jurado 3, plasmada en el formulario E-14 M5, que de acuerdo con el formulario E-11 M5 corresponde al jurado Maryuris Pérez Siderol, designado como tal para esa mesa según la Resolución 9 de 2015.NO
10641481225Código asignado a la mesa 5. La firma de la tarjeta corresponde a la del jurado 3, plasmada en el formulario E-14 M5, que de acuerdo con el formulario E-11 M5 corresponde al jurado Maryuris Pérez Siderol, designado como tal para esa mesa según la Resolución 9 de 2015.NO
1164091402No asignadoEl código no fue asignado a las mesas del puesto 4. La firma de la tarjeta no se identifica con alguna de las plasmadas en los formularios E-14 M2 y E-11 M2.NO
126417235212Código asignado a la mesa 12. La firma de la tarjeta es legible y corresponde a la del jurado Luis Bossa, ello según la rúbrica que figura en los formularos E-14 M12 y E-11 M12. El señor Luis Fernando Bossa Cantillo fue designado como jurado de esa mesa según la Resolución 9 de 2015.NO
13641392022Código asignado a la mesa en la que se utilizó. La firma plasmada en la tarjeta se asemeja a la del formulario E-14 M2, y corresponde al jurado 4. Según el formulario E-11 M2, dicho jurado fue el señor Efraín David García Fernández, designado como tal para esa mesa según la Resolución 9 de 2015.SI
1464077712No asignadoEl código no fue asignado a las mesas del puesto 4. La firma de la tarjeta no se identifica con alguna de las plasmadas en los formularios E-14 M2 y E-11 M2. NO
1564076832No asignadoEl código no fue asignado a las mesas del puesto 4. La firma de la tarjeta no se identifica con alguna de las plasmadas en los formularios E-14 M2 y E-11 M2.NO
16641392822Código asignado a la mesa en la que se utilizó. La firma plasmada en la tarjeta se asemeja a la del formulario E-14 M2, y corresponde al jurado 4. Según el formulario E-11 M2, dicho jurado fue el señor Efraín David García Fernández, designado como tal para esa mesa según la Resolución 9 de 2015.SI
176417216212Código asignado a la mesa 12. La firma de la tarjeta es legible y corresponde a la del jurado Luis Bossa, ello según la rúbrica que figura en los formularos E-14 M12 y E-11 M12. El señor Luis Fernando Bossa Cantillo fue designado como jurado de esa mesa según la Resolución 9 de 2015.NO
1864092222No asignadoEl código no fue asignado a las mesas del puesto 4. La firma de la tarjeta no se identifica con alguna de las plasmadas en los formularios E-14 M2 y E-11 M2.NO
19641466534Código asignado a la mesa 4. La firma de la tarjeta corresponde a la del jurado 2 plasmada en el formulario E-14 M4, que de acuerdo con el formulario E-11 M4, corresponde al jurado Julio César Lacouture Angulo, designado como tal para esa mesa según la Resolución 9 de 2015.NO
20641460834Código asignado a la mesa 4. La firma de la tarjeta corresponde a la del jurado 2 plasmada en el formulario E-14 M4, que de acuerdo con el formulario E-11 M4, corresponde al jurado Julio César Lacouture Angulo, designado como tal para esa mesa según la Resolución 9 de 2015.NO
21641464534Código asignado a la mesa 4. La firma de la tarjeta corresponde a la del jurado 2 plasmada en el formulario E-14 M4, que de acuerdo con el formulario E-11 M4, corresponde al jurado Julio César Lacouture Angulo, designado como tal para esa mesa según la Resolución 9 de 2015.NO
22641468134Código asignado a la mesa 4. La firma de la tarjeta corresponde a la del jurado 2 plasmada en el formulario E-14 M4, que de acuerdo con el formulario E-11 M4, corresponde al jurado Julio César Lacouture Angulo, designado como tal para esa mesa según la Resolución 9 de 2015.NO
23641462634Código asignado a la mesa 4. La firma de la tarjeta corresponde a la del jurado 2 plasmada en el formulario E-14 M4, que de acuerdo con el formulario E-11 M4, corresponde al jurado Julio César Lacouture Angulo, designado como tal para esa mesa según la Resolución 9 de 2015.NO
2464095793No asignadoEl código no fue asignado a las mesas del puesto 4. En la firma de la tarjeta se lee “Juan Castro”, pero no se identifica con alguna de las plasmadas en los formularios E-14 M3 y E-11 M3. Nadie con ese nombre fue designado jurado de votación para el puesto 4, según la Resolución 9 de 2015.NO
25641419833Código asignado a la mesa en la que se utilizó. La firma plasmada en la tarjeta es legible y corresponde con la del jurado 5 en formulario E-14 M3 Karen Rosa Yepes León. La firma también es legible en el formulario E-11 M3. Fue designada como tal para esa mesa según la Resolución 9 de 2015.SI
2664096613No asignadoEl código no fue asignado a las mesas del puesto 4. En la firma de la tarjeta se lee “Juan Castro”, pero no se identifica con alguna de las plasmadas en los formularios E-14 M3 y E-11 M3. Nadie con ese nombre fue designado jurado de votación para el puesto 4, según la Resolución 9 de 2015.NO
2764055503No asignadoEl código no fue asignado a las mesas del puesto 4. La firma de la tarjeta no es legible ni se identifica con alguna de las plasmadas en los formularios E-14 M3 y E-11 M3.NO
2864054723No asignadoEl código no fue asignado a las mesas del puesto 4. La firma de la tarjeta no es legible ni se identifica con alguna de las plasmadas en los formularios E-14 M3 y E-11 M3.NO
2964072663No asignadoEl código no fue asignado a las mesas del puesto 4. La firma de la tarjeta es legible parcialmente, pues sólo se identifica el nombre “Eliana”, ni se asemeja con alguna de las plasmadas en los formularios E-14 M3 y E-11 M3. Nadie con ese nombre fue designado jurado de votación para el puesto 4, según la Resolución 9 de 2015.NO
306416705310Código asignado a la mesa 10. La firma de la tarjeta corresponde a la del jurado 1 plasmada en el formulario E-14 M10, que de acuerdo con el formulario E-11 M10, corresponde al jurado Karen Tatiana Ruíz Martínez, designado como tal para esa mesa según la Resolución 9 de 2015.NO
31641404933Código asignado a la mesa en la que se utilizó. La firma de la tarjeta corresponde a la del jurado 2 plasmada en el formulario E-14 M3. Según el formulario E-11 M3, se trata de Jessica Paola Gutiérrez Reyes. Fue designada como tal para esa mesa según la Resolución 9 de 2015.SI
326416830310Código asignado a la mesa 10. La firma de la tarjeta corresponde a la del jurado 1 plasmada en el formulario E-14 M10, que de acuerdo con el formulario E-11 M10, corresponde al jurado Karen Tatiana Ruíz Martínez, designado como tal para esa mesa según la Resolución 9 de 2015.NO
33641408243Código asignado a la mesa 3. La firma plasmada en la tarjeta corresponde con la del jurado 2 en el formulario E-14 M3. Según el formulario E-11 M3, se trata de Jessica Paola Gutiérrez Reyes. Fue designada como tal para esa mesa según la Resolución 9 de 2015.NO
346419509418Código asignado a la mesa 18. La firma plasmada en el tarjetón es legible y se lee el nombre de Víctor Manjarrés. Esta firma figura tanto en el formulario E-14 M18 como en el E-11 M18. El señor Víctor Danilo Manjarrés Herrera fue designado jurado para esa mesa según la Resolución 9 de 2015.NO
35641399143Código asignado a la mesa 3. La firma plasmada en la tarjeta corresponde con la del jurado 2 en el formulario E-14 M3. Según el formulario E-11 M3, se trata de Jessica Paola Gutiérrez Reyes. Fue designada como tal para esa mesa según la Resolución 9 de 2015.NO
36641404443Código asignado a la mesa 3. La firma plasmada en la tarjeta corresponde con la del jurado 2 en el formulario E-14 M3. Según el formulario E-11 M3, se trata de Jessica Paola Gutiérrez Reyes. Fue designada como tal para esa mesa según la Resolución 9 de 2015.NO
3764099044No asignadoEl código no fue asignado a las mesas del puesto 4. La firma de la tarjeta no es legible ni se identifica con alguna de las plasmadas en los formularios E-14 M4 y E-11 M4.NO
3864099594No asignadoEl código no fue asignado a las mesas del puesto 4. La firma de la tarjeta no es legible ni se identifica con alguna de las plasmadas en los formularios E-14 M4 y E-11 M4.NO
3964121484No asignadoEl código no fue asignado a las mesas del puesto 4. La firma de la tarjeta es legible parcialmente, pues sólo se identifica el apellido “Villalba”. No se identifica con alguna de las plasmadas en los formularios E-14 M4 y E-11 M4. Nadie con ese apellido fue designado jurado de votación para el puesto 4, según la Resolución 9 de 2015.NO
4064119864No asignadoEl código no fue asignado a las mesas del puesto 4. De la firma se identifica el nombre “Berenice Villalba”. No se identifica con alguna de las plasmadas en los formularios E-14 M4 y E-11 M4. Nadie con ese nombre fue designado jurado de votación para el puesto 4, según la Resolución 9 de 2015.NO
41641483855Código asignado a la mesa en la que se utilizó. La firma de la tarjeta corresponde a la del jurado 3, plasmada en el formulario E-14 M5, que de acuerdo con el formulario E-11 M5 corresponde al jurado Maryuris Pérez Siderol, designado como tal para esa mesa según la Resolución 9 de 2015.SI
42641374852Código asignado a la mesa 2. La firma plasmada en el formulario E-14 M2 se asemeja a la de jurado 4. Según el formulario E-11 M2, dicho jurado fue el señor Efraín David García Fernández, designado como tal para esa mesa según la Resolución 9 de 2015.NO
43641585158Código asignado a la mesa 8. La firma de la tarjeta corresponde a la del jurado 6 plasmada en el formulario E-14 M8. Según el formulario E-11 M8, dicho jurado fue el señor Jaider Alberto Feria Polo, designado como tal para esa mesa según la Resolución 9 de 2015.NO
446417619513Código asignado a la mesa 13. La firma de la tarjeta no se identifica de manera certera con la firma en los formularios E-14 M13 ni E-11 M13. Sólo se leen la iniciales “N g V”.NO
45641394052Código asignado a la mesa 2. La firma simplificada plasmada en el formulario E-14 M2 se asemeja a la de jurado 4. Según el formulario E-11 M2, dicho jurado fue el señor Efraín David García Fernández, designado como tal para esa mesa según la Resolución 9 de 2015.NO
466417751513Código asignado a la mesa 13. La firma de la tarjeta no se identifica de manera certera con la firma en los formularios E-14 M13 ni E-11 M13. Sólo se leen la iniciales “N g V”.NO
4764071775No asignadoEl código no fue asignado a las mesas del puesto 4. La firma de la tarjeta no es legible ni se identifica con alguna de las plasmadas en los formularios E-14 M5 y E-11 M5.NO
4864116546No asignadoEl código no fue asignado a las mesas del puesto 4. La firma de la tarjeta no es legible ni se identifica con alguna de las plasmadas en los formularios E-14 M6 y E-11 M6.NO
4964103576No signadoEl código no fue asignado a las mesas del puesto 4. La firma de la tarjeta no es legible ni se identifica con alguna de las plasmadas en los formularios E-14 M6 y E-11 M6.NO
50641514366Código asignado a la mesa en la que se utilizó. La firma de la tarjeta aparece en el formulario E-14 M6, y de acuerdo con el formulario E-11 M6 corresponde al jurado Herlys Sánchez Rincones, designado como tal para esa mesa según la Resolución 9 de 2015.SI
51641509466Código asignado a la mesa en la que se utilizó. La firma de la tarjeta aparece en el formulario E-14 M6, y de acuerdo con el formulario E-11 M6 corresponde al jurado Herlys Sánchez Rincones, designado como tal para esa mesa según la Resolución 9 de 2015.SI
5264102836No asignadoEl código no fue asignado a las mesas del puesto 4. La firma de la tarjeta no es legible ni se identifica con alguna de las plasmadas en los formularios E-14 M6 y E-11 M6.NO
536418330615Código asignado a la mesa 15. La firma de la tarjeta corresponde a la del jurado 6 plasmada en el formulario E-14 M15. Según el formulario E-11 M15, se trata de Brian Enrique Maury Donado, designado como tal para esa mesa según la Resolución 9 de 2015.NO
546418315615Código asignado a la mesa 15. La firma de la tarjeta corresponde a la del jurado 6 plasmada en el formulario E-14 M15. Según el formulario E-11 M15, se trata de Brian Enrique Maury Donado, designado como tal para esa mesa según la Resolución 9 de 2015.NO
5564119126No asignadoEl código no fue asignado a las mesas del puesto 4. La firma de la tarjeta no es legible ni se identifica con alguna de las plasmadas en los formularios E-14 M6 y E-11 M6.NO
5664132326No asignadoEl código no fue asignado a las mesas del puesto 4. De la firma del tarjetón se identifica el nombre “Amparo Osorio”. No se identifica con alguna de las plasmadas en los formularios E-14 M6 y E-11 M6. Nadie con ese nombre fue designado jurado de votación para el puesto 4, según la Resolución 9 de 2015.NO
5764132376No asignadoEl código no fue asignado a las mesas del puesto 4. De la firma del tarjetón se identifica el nombre “Amparo Osorio”. No se identifica con alguna de las plasmadas en los formularios E-14 M6 y E-11 M6. Nadie con ese nombre fue designado jurado de votación para el puesto 4, según la Resolución 9 de 2015.NO
58641398973Código asignado a la mesa 3. La firma de la tarjeta corresponde a la del jurado 2 plasmada en el formulario E-14 M3. Según el formulario E-11 M3, se trata de Jessica Paola Gutiérrez Reyes. Fue designada como tal para esa mesa según la Resolución 9 de 2015.NO
59641400673Código asignado a la mesa 3. La firma de la tarjeta corresponde a la del jurado 2 plasmada en el formulario E-14 M3. Según el formulario E-11 M3, se trata de Jessica Paola Gutiérrez Reyes. Fue designada como tal para esa mesa según la Resolución 9 de 2015.NO
60641525376Código asignado a la mesa 6. La firma de la tarjeta aparece en el formulario E-14 M6, y de acuerdo con el formulario E-11 M6 corresponde al jurado Herlys Sánchez Rincones, designado como tal para esa mesa según la Resolución 9 de 2015.NO
6164094247No asignadoEl código no fue asignado a las mesas del puesto 4. La firma de la tarjeta es legible parcialmente, pues sólo se identifica el nombre “Juan”. No se identifica con alguna de las plasmadas en los formularios E-14 M7 y E-11 M7. Nadie con ese nombre fue designado jurado para esa mesa, según la Resolución 9 de 2015.NO
6264098917No asignadoEl código no fue asignado a las mesas del puesto 4. La firma de la tarjeta no es legible ni se identifica con alguna de las plasmadas en los formularios E-14 M7 y E-11 M7.NO
6364099847No asignadoEl código no fue asignado a las mesas del puesto 4. La firma de la tarjeta no es legible ni se identifica con alguna de las plasmadas en los formularios E-14 M7 y E-11 M7.NO
6464093328No asignadoEl código no fue asignado a las mesas del puesto 4. De la firma del tarjetón se identifica el nombre “Adela Larrazábal”. No se identifica con alguna de las plasmadas en los formularios E-14 M8 y E-11 M8. Nadie con ese nombre fue designado jurado de votación para el puesto 4, según la Resolución 9 de 2015.NO
6564093298No asignadoEl código no fue asignado a las mesas del puesto 4. De la firma del tarjetón se identifica el nombre “Adela Larrazábal”. No se identifica con alguna de las plasmadas en los formularios E-14 M8 y E-11 M8. Nadie con ese nombre fue designado jurado de votación para el puesto 4, según la Resolución 9 de 2015.NO
6664070068No asignadoEl código no fue asignado a las mesas del puesto 4. La firma de la tarjeta no es legible ni se identifica con alguna de las plasmadas en los formularios E-14 M8 y E-11 M8.NO
67641395182Código asignado a la mesa 2. La firma plasmada en la tarjeta se asemeja a la del formulario E-14 M2, y corresponde al jurado 4. Según el formulario E-11 M2, dicho jurado fue el señor Efraín David García Fernández, designado como tal para esa mesa según la Resolución 9 de 2015.NO
68641387082Código asignado a la mesa 2. La firma plasmada en la tarjeta se asemeja a la del formulario E-14 M2, y corresponde al jurado 4. Según el formulario E-11 M2, dicho jurado fue el señor Efraín David García Fernández, designado como tal para esa mesa según la Resolución 9 de 2015.NO
69641390682Código asignado a la mesa 2. La firma plasmada en la tarjeta se asemeja a la del formulario E-14 M2, y corresponde al jurado 4. Según el formulario E-11 M2, dicho jurado fue el señor Efraín David García Fernández, designado como tal para esa mesa según la Resolución 9 de 2015. NO
706417299812Código asignado a la mesa 12. La firma plasmada en el tarjetón es legible y coincide con la que figura en los formularios E-14 M12 y E-11 M12, y corresponde a Juan Patiño, designado como tal para esa mesa según la Resolución 9 de 2015.NO
7164063869No asignadoEl código no fue asignado a las mesas del puesto 4. La firma de la tarjeta no es legible ni se identifica con alguna de las plasmadas en los formularios E-14 M9 y E-11 M9.NO
72641616499Código asignado a la mesa en la que se utilizó. La firma de la tarjeta se asemeja a la del jurado 1 plasmada en el formulario E-14 M9. Según el formulario E-11 M3, se trata de Jennifer Paola Moreno Neme. Fue designada como tal para esa mesa según la Resolución 9 de 2015.SI
7364065519No asignadoEl código no fue asignado a las mesas del puesto 4. La firma de la tarjeta no es legible ni se identifica con alguna de las plasmadas en los formularios E-14 M9 y E-11 M9.NO
7464179881014Código asignado a la mesa 14. La firma plasmada en la tarjeta no es legible, por lo que no se identifica en los formularios E-14 M14 y E-11 M14. NO
7564179321014Código asignado a la mesa 14. La firma plasmada en la tarjeta es legible y corresponde a la del jurado 3 en el formulario E-14 M14. Según el formulario E-11 M14, dicho jurado fue el señor Jefferson de la Hoz Triviño, designado como tal para esa mesa según la Resolución 9 de 2015.NO
76640729010No asignadoEl código no fue asignado a las mesas del puesto 4. La firma de la tarjeta no es legible ni se identifica con alguna de las plasmadas en los formularios E-14 M10 y E-11 M10.NO
77640730810No asignadoEl código no fue asignado a las mesas del puesto 4. La firma de la tarjeta no es legible ni se identifica con alguna de las plasmadas en los formularios E-14 M10 y E-11 M10.NO
7864182411014 Código asignado a la mesa 14. La firma plasmada en la tarjeta no es legible, por lo que no se identifica en los formularios E-14 M14 y E-11 M14. NO
7964179441014Código asignado a la mesa 14. La firma plasmada en la tarjeta no es legible, por lo que no se identifica en los formularios E-14 M14 y E-11 M14. NO
8064179491014Código asignado a la mesa 14. La firma plasmada en la tarjeta no es legible, por lo que no se identifica en los formularios E-14 M14 y E-11 M14. NO
816414098113Código asignado a la mesa 3. La firma plasmada en la tarjeta es legible y corresponde a la del jurado 5 en el formulario E-14 M3. También es legible en el formulario E-11 M3. Se trata de Karen Yepes León, designada para esa mesa según la Resolución 9 de 2015.NO
826414136113Código asignado a la mesa 3. La firma plasmada en la tarjeta es legible y corresponde a la del jurado 5 en el formulario E-14 M3. También es legible en el formulario E-11 M3. Se trata de Karen Yepes León, designada para esa mesa según la Resolución 9 de 2015.NO
83640979511No asignadoEl código no fue asignado a las mesas del puesto 4. La firma de la tarjeta no es legible ni se identifica con alguna de las plasmadas en los formularios E-14 M11 y E-11 M11.NO
84641196211No asignadoEl código no fue asignado a las mesas del puesto 4. De la firma se identifica el nombre “Berenice Villalba”. No se identifica con alguna de las plasmadas en los formularios E-14 M11 y E-11 M11. Nadie con ese nombre fue designado jurado de votación para el puesto 4, según la Resolución 9 de 2015.NO
85640981211No asignadoEl código no fue asignado a las mesas del puesto 4. La firma de la tarjeta no es legible ni se identifica con alguna de las plasmadas en los formularios E-14 M11 y E-11 M11.NO
86641203411No asignadoEl código no fue asignado a las mesas del puesto 4. De la firma se identifica el nombre “Berenice Villalba”. No se identifica con alguna de las plasmadas en los formularios E-14 M11 y E-11 M11. Nadie con ese nombre fue designado jurado de votación para el puesto 4, según la Resolución 9 de 2015.NO
87640727211No asignadoEl código no fue asignado a las mesas del puesto 4. La firma de la tarjeta no es legible ni se identifica con alguna de las plasmadas en los formularios E-14 M11 y E-11 M11.NO
88641195511No asignadoEl código no fue asignado a las mesas del puesto 4. De la firma se identifica el nombre “Berenice Villalba”. No se identifica con alguna de las plasmadas en los formularios E-14 M11 y E-11 M11. Nadie con ese nombre fue designado jurado de votación para el puesto 4, según la Resolución 9 de 2015.NO
8964173371212Código asignado a la mesa en la que se utilizó. La firma plasmada en el tarjetón es legible y coincide con la que figura en los formularios E-14 M12 y E-11 M12, y corresponde a Juan Patiño, designado como tal para esa mesa según la Resolución 9 de 2015.SI
9064173781212Código asignado a la mesa en la que se utilizó. La firma plasmada en el tarjetón es legible y coincide con la que figura en los formularios E-14 M12 y E-11 M12, y corresponde a Luis Fernando Bossa Cantillo, designado como tal para esa mesa según la Resolución 9 de 2015.SI
916415784128Código asignado a la mesa 8. La firma de la tarjeta corresponde a la del jurado 6 plasmada en el formulario E-14 M8. Según el formulario E-11 M8, dicho jurado fue el señor Jaider Alberto Feria Polo, designado como tal para esa mesa según la Resolución 9 de 2015.NO
926415917128Código asignado a la mesa 8. La firma plasmada en la tarjeta no es legible, por lo que no se identifica en los formularios E-14 M8 y E-11 M8. NO
9364174151212Código asignado a la mesa en la que se utilizó. La firma plasmada en el tarjetón es legible y coincide con la que figura en los formularios E-14 M12 y E-11 M12, y corresponde a Luis Fernando Bossa Cantillo, designado como tal para esa mesa según la Resolución 9 de 2015.SI
946415779128Código asignado a la mesa 8. La tarjeta no está firmada.NO
956415780128Código asignado a la mesa 8. La firma de la tarjeta corresponde a la del jurado 6 plasmada en el formulario E-14 M8. Según el formulario E-11 M8, dicho jurado fue el señor Jaider Alberto Feria Polo, designado como tal para esa mesa según la Resolución 9 de 2015.NO
96640721913No asignadoEl código no fue asignado a las mesas del puesto 4. La firma de la tarjeta no es legible ni se identifica con alguna de las plasmadas en los formularios E-14 M13 y E-11 M13.NO
976413943132Código asignado a la mesa 2. La firma plasmada en la tarjeta se asemeja a la del formulario E-14 M2, y corresponde al jurado 4. Según el formulario E-11 M2, dicho jurado fue el señor Efraín David García Fernández, designado como tal para esa mesa según la Resolución 9 de 2015.NO
9864176671313Código asignado a la mesa en la que se depositó. SI
996413771132Código asignado a la mesa 2. La firma plasmada en la tarjeta se asemeja a la del formulario E-14 M2, y corresponde al jurado 4. Según el formulario E-11 M2, dicho jurado fue el señor Efraín David García Fernández, designado como tal para esa mesa según la Resolución 9 de 2015.NO
100641072313No asignadoEl código no fue asignado a las mesas del puesto 4. La firma de la tarjeta no es legible ni se identifica con alguna de las plasmadas en los formularios E-14 M13 y E-11 M13.NO
101641078513No signadoEl código no fue asignado a las mesas del puesto 4. La firma de la tarjeta no es legible ni se identifica con alguna de las plasmadas en los formularios E-14 M13 y E-11 M13.NO
102640724414No asignadoEl código no fue asignado a las mesas del puesto 4. La firma de la tarjeta es legible parcialmente, pues sólo se identifica el nombre “Eliana”, ni se asemeja con alguna de las plasmadas en los formularios E-14 M14 y E-11 M14. Nadie con ese nombre fue designado jurado de votación para el puesto 4, según la Resolución 9 de 2015.NO
103641192914No asignadoEl código no fue asignado a las mesas del puesto 4. De la firma se identifica el nombre “Berenice Villalba”. No se identifica con alguna de las plasmadas en los formularios E-14 M14 y E-11 M14. Nadie con ese nombre fue designado jurado de votación para el puesto 4, según la Resolución 9 de 2015.NO
1046414084143Código asignado a la mesa 3. La firma plasmada en la tarjeta corresponde con la del jurado 2 en el formulario E-14 M3. Según el formulario E-11 M3, se trata de Jessica Paola Gutiérrez Reyes. Fue designada como tal para esa mesa según la Resolución 9 de 2015.NO
105641212914No asignadoEl código no fue asignado a las mesas del puesto 4. De la firma se identifica el nombre “Berenice Villalba”. No se identifica con alguna de las plasmadas en los formularios E-14 M14 y E-11 M14. Nadie con ese nombre fue designado jurado de votación para el puesto 4, según la Resolución 9 de 2015.NO
106640733214No asignadoEl código no fue asignado a las mesas del puesto 4. La firma de la tarjeta es legible parcialmente, pues sólo se identifica el nombre “Eliana”, ni se asemeja con alguna de las plasmadas en los formularios E-14 M14 y E-11 M14. Nadie con ese nombre fue designado jurado de votación para el puesto 4, según la Resolución 9 de 2015.NO
107640556514No asignadoEl código no fue asignado a las mesas del puesto 4. La firma de la tarjeta no es legible ni se identifica con alguna de las plasmadas en los formularios E-14 M14 y E-11 M14.NO
108640544314No asignadoEl código no fue asignado a las mesas del puesto 4. La firma de la tarjeta no es legible ni se identifica con alguna de las plasmadas en los formularios E-14 M14 y E-11 M14.NO
109640560914No asignadoEl código no fue asignado a las mesas del puesto 4. La firma de la tarjeta no es legible ni se identifica con alguna de las plasmadas en los formularios E-14 M14 y E-11 M14.NO
11064183091515Código asignado a la mesa en la que se utilizó. La firma de la tarjeta corresponde a la del jurado 6 plasmada en el formulario E-14 M15. Según el formulario E-11 M15, se trata de Brian Enrique Maury Donado, designado como tal para esa mesa según la Resolución 9 de 2015.SI
111641159815No asignadoEl código no fue asignado a las mesas del puesto 4. La firma de la tarjeta no es legible ni se identifica con alguna de las plasmadas en los formularios E-14 M15 y E-11 M15.NO
112641175515No asignadoEl código no fue asignado a las mesas del puesto 4. La firma de la tarjeta no es legible ni se identifica con alguna de las plasmadas en los formularios E-14 M15 y E-11 M15.NO
113641025815No asignadoEl código no fue asignado a las mesas del puesto 4. La firma de la tarjeta no es legible ni se identifica con alguna de las plasmadas en los formularios E-14 M15 y E-11 M15.NO
114641321915No asignadoEl código no fue asignado a las mesas del puesto 4. De la firma se identifica el nombre “Amparo Osorio”. No se identifica con alguna de las plasmadas en los formularios E-14 M15 y E-11 M15. Nadie con ese nombre fue designado jurado de votación para el puesto 4, según la Resolución 9 de 2015.NO
115641022415No asignadoEl código no fue asignado a las mesas del puesto 4. La firma de la tarjeta no es legible ni se identifica con alguna de las plasmadas en los formularios E-14 M15 y E-11 M15.NO
116640649016No asignadoEl código no fue asignado a las mesas del puesto 4. La firma de la tarjeta no es legible ni se identifica con alguna de las plasmadas en los formularios E-14 M16 y E-11 M16.NO
117640668116No asignadoEl código no fue asignado a las mesas del puesto 4. La firma de la tarjeta no es legible ni se identifica con alguna de las plasmadas en los formularios E-14 M15 y E-11 M15.NO
1186413391161Código asignado a la mesa 1. La firma es legible y corresponde al jurado Alberto José Lapeira Viloria, designado como tal para esa mesa según la Resolución 9 de 2015.NO
1196414192183Código asignado a la mesa 3. La firma plasmada en la tarjeta es legible y corresponde a la del jurado 5 en el formulario E-14 M3. También es legible en el formulario E-11 M3. Se trata de Karen Yepes León, designada para esa mesa según la Resolución 9 de 2015.NO
120641216618No asignadoEl código no fue asignado a las mesas del puesto 4. De la firma se identifica el nombre “Berenice Villalba”. No se identifica con alguna de las plasmadas en los formularios E-14 M18 y E-11 M18. Nadie con ese nombre fue designado jurado de votación para el puesto 4, según la Resolución 9 de 2015.NO
121641196318No asignadoEl código no fue asignado a las mesas del puesto 4. De la firma se identifica el nombre “Berenice Villalba”. No se identifica con alguna de las plasmadas en los formularios E-14 M18 y E-11 M18. Nadie con ese nombre fue designado jurado de votación para el puesto 4, según la Resolución 9 de 2015.NO
1226414020183Código asignado a la mesa 3. La firma plasmada en la tarjeta corresponde con la del jurado 2 en el formulario E-14 M3. Según el formulario E-11 M3, se trata de Jessica Paola Gutiérrez Reyes. Fue designada como tal para esa mesa según la Resolución 9 de 2015.NO
1236414019183Código asignado a la mesa 3. La firma plasmada en la tarjeta corresponde con la del jurado 2 en el formulario E-14 M3. Según el formulario E-11 M3, se trata de Jessica Paola Gutiérrez Reyes. Fue designada como tal para esa mesa según la Resolución 9 de 2015.NO
124640987418No asignadoEl código no fue asignado a las mesas del puesto 4. La firma de la tarjeta no es legible ni se identifica con alguna de las plasmadas en los formularios E-14 M18 y E-11 M18.NO
125641002818No asignadoEl código no fue asignado a las mesas del puesto 4. La firma de la tarjeta no es legible ni se identifica con alguna de las plasmadas en los formularios E-14 M18 y E-11 M18.NO

Conclusión.

De acuerdo con el anterior análisis, de los 125 votos analizados, 14 de ellos fueron depositados en la mesa respectiva, esto es, la tarjeta utilizada correspondía con la mesa a la que fue asignada.

Por su parte, 50 tarjetas cuyos consecutivos concuerdan con los códigos asignados por la Registraduría Nacional del Estado Civil para el puesto 04 IED Jackeline Kennedy Sede 2, no se depositaron en la mesa que correspondía.

A su turno, se verificó que 61 tarjetas depositadas en las diferentes mesas del puesto 04 IED Jackeline Kennedy Sede 2, no corresponden con el consecutivo asignado al mencionado puesto de votación.

De este modo, con fundamento en las premisas antes establecidas, se advierte que 111 votos fueron depositados de manera irregular.

Los resultados del anterior análisis se resumen de la siguiente manera:

Total tarjetas analizados125
Total tarjetas depositadas en la mesa que corresponde14
Total tarjetas debidamente asignadas, depositados en otras mesas del puesto 0450
Total tarjetas cuyo código no corresponde al puesto 0461
Total tarjetas inválidos111

La incidencia en el resultado se analizará en líneas posteriores.

3.2. Principio de eficacia del voto.

De acuerdo con el análisis de las pruebas aportadas al proceso, se determinó que 111 votos que obtuvo el candidato Milton Isaac Piña Arrieta no son válidos.

En este caso, se debe determinar la incidencia en el resultado de la votación, en los términos del artículo 287 de la Ley 1437 de 2011 que establece: “Para garantizar el respeto de la voluntad legítima mayoritaria de los electores habrá lugar a declarar la nulidad de la elección por voto popular, cuando el juez establezca que las irregularidades en la votación o en los escrutinios son de tal incidencia que de practicarse nuevos escrutinios serían otros los elegidos”.

Por lo anterior, la Sala deberá descender al análisis concerniente al principio de eficacia del voto, que conlleva a establecer si la irregularidad aquí advertida tiene la virtualidad de alterar el resultado electoral que ahora es materia de cuestionamiento.

Respecto del principio de eficacia del voto, esta Sección se ha pronunciado en el siguiente sentido(32):

“Esa teoría se hizo indispensable porque en el contexto democrático colombiano el acto administrativo por medio del cual se declara una elección por votación popular, es el producto de la aplicación de un sistema de representación proporcional para proveer los cargos en las corporaciones públicas, o de un sistema de representación mayoritaria para escoger a quienes se desempeñarán en los cargos unipersonales. Y, porque en ambos casos no basta con acreditar la existencia de cualquier cantidad de falsedades sino de una de magnitud tal que tenga la capacidad que se requiere para modificar el resultado consignado en el acto cuestionado. Al efecto se discurrió: 

“Esta Sala ha reiterado la necesidad de que en relación con esta clase de irregularidades se realice el análisis de su incidencia en el resultado electoral, para de allí establecer si prospera o no la pretensión de nulidad por esa causal, en aplicación del principio de la eficacia del voto, consagrado en el numeral 3º del artículo 1º del Código Electoral; de donde se desprende que ante la existencia de elementos falsos en los registros electorales que conduzcan a la declaración de nulidad de una elección es indispensable que estos hayan sido determinantes en el resultado electoral, vale decir, que puedan producir verdaderas mutaciones o alterantes de dicho resultado. 

(...) 

Por lo mismo, en situaciones como esta, en la que las falsedades probadas son de incidencia particular, pues están focalizadas en la votación de candidatos debidamente individualizados, la decisión de anular o no el acto censurado pasa por ajustar la votación válida en los precisos términos en que se probó la falsedad, esto es agregando los votos que hayan sido indebidamente suprimidos, y restando los votos que sin ningún motivo legal hayan sido adicionados”. (Destacado por la Sala).

De acuerdo con la tesis transcrita, la anulación del acto de elección está condicionada a que las irregularidades de los documentos electorales, debidamente acreditadas, tengan la magnitud suficiente para alterar el resultado electoral.

Según el formulario E-26 CON(33), el Partido Opción Ciudadana obtuvo 11806 votos, no obstante, se debe restar la cantidad de 111 que no son válidos, para un total de 11695.

El total de votos válidos para la Corporación Concejo de Santa Marta fue en cantidad de 170559, a los que se debe restar los 111 que no son válidos, lo que arroja un total de 170448. (Destacado por la Sala)

Es sobre este número que se debe efectuar el cálculo del umbral, que es la mitad del resultado de dividir la cantidad de votos válidos por el número de curules a proveer. En los términos del artículo 263 de la Constitución Política, el umbral corresponde al 50% del cuociente electoral:

Total votos válidos170448
Número de curules19
Cuociente electoral8970.947368421053
Umbral4485

El Partido Opción Ciudadana supera el umbral, toda vez que obtuvo 11695 votos válidos.

Ahora bien, en vista de que la votación que en su momento tuvo en cuenta la organización electoral para asignar las curules por el método de cifra repartidora, sufrió una variación con ocasión de la votación válida que se estableció en esta providencia, se debe verificar si tal votación (11695) da lugar a que el Partido Opción Ciudadana mantenga o no la curul que en su momento se le asignó.

Así se tiene que la cifra repartidora no se modificó de conformidad con el siguiente cuadro:

Partido o movimiento políticoTotal de votos (dividido entre 1)Dividido entre 2Dividido entre 3Curules
Alianza Social Independiente20869 (1)10434 (10)6956 (17)3
Cambio Radical19141 (2)9570 (11)63802
Liberal16273 (3)8136 (13)54242
Alianza Verde15440 (4)7720 (14)51462
Pensando en grande por Sta. Marta13979 (5)6989 (16)46592
De la U13228 (6)6614 (18)44092
Conservador12205 (7)610240681
Otra Sta. Marta es posible11818 (8)590939391
Opción Ciudadana11695 (9)584738981
Polo Democrático9188 (12)459430621
MAIS7707 (15)385325691
Centro Democrático6551 (19)327521831

Realizada la operación, la Sala encuentra que no se alteró el orden y cantidad de curules asignadas a cada partido.

Se verificó en el formulario E-26 CON, en la parte que corresponde al cálculo de curules por partido o movimiento político, que el Partido Opción Ciudadana obtuvo el derecho a una (1) curul en el Concejo de Santa Marta, Magdalena, por lo tanto, el candidato con mayor votación por esa colectividad es quien debe ocuparla.

Según las consignas del formulario E-26 CON, la votación de los candidatos del Partido Opción Ciudadana fue la siguiente:

CódigoNombreVotos
003-000Partido Opción Ciudadana282
003-001Luis Alberto Riascos Rojas969
003-002Adán Alfonso Guerrero Rodríguez822
003-003Asdrúbal Enrique Pomares Corredor1092
003-004Edison Alfonso Jiménez Cotes39
003-005Adalberto Espinosa Fernández460
003-006Alberto Barros Navarro698
003-007Aníbal Enrique Palemara Anaya1455
003-008Darline María Gómez Galofre74
003-009Nancy Beatriz Cuello Bermejo466
003-010Néstor Guillermo Muñoz Caballero1567
003-011Juan Jader Zambrano Pacheco252
003-012César Iván Cotes Ortiz517
003-013Sandra Patricia Bayona Sanabria65
003-014Lupe Del Carmen Berrio Babilonia40
003-015Julio Enrique Guerrero Ruiz125
003-016Milton Isaac Piña Arrieta1638
003-017Yuranny Novoa Castillo68
003-018Ricardo León Méndez González370
003-019Rosmira Rosario Rivadeneira Narváez807

En razón de lo anterior, el acto demandado declaró la elección de, entre otros, Milton Isaac Piña Arrieta como concejal de Santa Marta por el Partido Opción Ciudadana, por ser quien obtuvo la mayor votación de su partido, y ocupa la única curul asignada a esa colectividad.

La segunda votación por el Partido Opción Ciudadana la obtuvo el demandante con 1567 votos, sin embargo, por tener esa colectividad asignada solo una curul, no resultó electo.

Ahora bien, es preciso reiterar que de los 1638 votos que obtuvo el candidato electo demandado, se deben restar 111, toda vez que no son válidos.

La sustracción de los votos irregulares a favor de Milton Isaac Piña Arrieta, arroja el siguiente resultado:

Votación válida de Milton Isaac Piña Arrieta
Votación obtenida1638
Menos votos inválidos111
TOTAL1527

De esta forma, la votación que corresponde es la siguiente:

Votación total
Néstor Guillermo Muñoz Caballero1567
Milton Isaac Piña Arrieta1527

Se tiene entonces, que con la sustracción de los votos irregulares depositados en favor del demandado, no mantuvo su ventaja sobre el demandante, quien ahora lo supera por 40 votos.

Es por ello que la Sala concluye que la irregularidad por la cual el demandante solicita que se anule el acto demandado, tiene incidencia en el resultado electoral, ya que el candidato Néstor Guillermo Muñoz Caballero obtuvo la mayor votación del partido.

Concluido lo anterior, es del caso tener presente que esta Sala ante situaciones como la del sub lite, solía ordenar nuevos escrutinios, sin embargo esta postura fe modificada en los siguientes términos(34):

“(...) Hasta el día de hoy la jurisprudencia de la Sección Quinta había asumido como línea de conducta que en todos los procesos de nulidad en que se invalidara una elección popular por la presencia de falsedades en los registros electorales, se debía practicar nuevo escrutinio mediante la programación de una audiencia para el efecto, cuya realización, según lo dispuesto en el artículo 288 numeral 4º inciso 2º del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo debía cumplirse entre el 2º y el 5º día hábil siguiente a la ejecutoria del fallo. El numeral 2º de esta norma dispone sobre los efectos de la nulidad que: 

“2. Cuando se anule la elección, la sentencia dispondrá la cancelación de las credenciales correspondientes, declarará la elección de quienes finalmente resulten elegidos y les expedirá su credencial, si a ello hubiere lugar. De ser necesario el juez de conocimiento practicará nuevos escrutinios”. (La Sala pone negrillas). 

De acuerdo con lo anterior el legislador defirió al juez electoral la facultad de establecer en qué casos es necesario practicar nuevos escrutinios y en cuáles no. Esta decisión, en los procesos de nulidad por causales objetivas como falsedades en los registros electorales, debe adoptarse según el material probatorio obrante en el proceso sobre los registros electorales, es decir, que si el operador judicial tiene a su alcance todos y cada uno de los documentos necesarios para fijar la verdad de los resultados electorales, la práctica de nuevos escrutinios no solamente resulta superflua sino contraria a caros valores constitucionales como el de la eficacia con asiento en los artículos 209 constitucional y 3º numeral 11 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, según el cual debe hacerse todo lo posible porque la decisión definitiva llegue con prontitud.  

(...) 

Por tanto, la Sala determina que de ahora en adelante cuando se anule una elección por voto popular gracias a la presencia de falsedades en los documentos electorales, la práctica de nuevos escrutinios solamente se realizará cuando sea verdaderamente necesario, ya que si dentro del plenario existen los medios de prueba indispensables para fijar la verdad de los resultados electorales, lo procedente es invalidar el acto acusado e impartir las órdenes previstas en el artículo 288 numeral 2º del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. (Destacado por la Sala).

En consecuencia y en aplicación de la tesis expuesta, la Sala declarará la nulidad de la elección del señor Milton Isaac Piña Arrieta, candidato 016 del Partido Opción Ciudadana, a quien se le cancelará la credencial que le fue entregada por la Comisión Escrutadora Distrital y, en su lugar se declarará la elección de Néstor Guillermo Muñoz Caballero, candidato 010 del mismo partido político, como concejal del municipio de Santa Marta, Magdalena (2016-2019), a quien una vez en firme se le entregará la respectiva credencial.

3.3. De la falsa motivación.

La prosperidad de este cargo de la apelación, releva a la Sala del análisis relacionado con la falsa motivación de los actos por medio de los cuales fueron resueltas las reclamaciones presentadas por el demandante durante los escrutinios.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Revócase la sentencia del 3 de febrero de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, por las consideraciones expuestas en este proveído.

2. Declárase la nulidad parcial del formulario E-26 CON generado el 9 de noviembre de 2015, expedido por la Comisión Escrutadora Distrital de Santa Marta, Magdalena, por medio del cual se declaró la elección de concejales del municipio de Santa Marta, para el período constitucional 2016-2019, únicamente en cuanto a la elección de Milton Isaac Piña Arrieta, candidato 016 del Partido Opción Ciudadana.

3. Cancélase la credencial que la Comisión Escrutadora le entregó a Milton Isaac Piña Arrieta.

4. Declárase la elección de Néstor Guillermo Muñoz Caballero, candidato 010 del Partido Opción Ciudadana, como concejal de Santa Marta, Magdalena, período constitucional 2016-2019.

5. Expídase y entréguese a Néstor Guillermo Muñoz Caballero, una vez en firme este fallo, la credencial como concejal del municipio de Santa Marta, período constitucional 2016-2019.

6. Comuníquese esta providencia al Registrador Nacional del Estado Civil, al presidente del Consejo Nacional Electoral, al presidente del Concejo Municipal de Santa Marta, Magdalena y al Partido Opción Ciudadana.

Cópiese y notifíquese.

Consejeros: Carlos Enrique Moreno Rubio, Presidente—Rocío Araújo Oñate—Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, aclara voto—Alberto Yepes Barreiro, ausente con permiso.

Aclaración de voto

Con el acostumbrado respeto, he de manifestar que aunque comparto la decisión tomada en el presente caso, considero importante dejar plasmado, por vía de esta aclaración, mi posición sobre las consideraciones contenidas en la providencia y las cuales expuse al momento del debate en Sala previo a la adopción de la decisión:

1. La figura del carrusel, en principio, requeriría de la probanza del formulario que contiene el código de barras y de que el voto fue depositado en otra mesa, junto con el documento que da la certeza del rango del serial que fue asignado a cada mesa. En otros eventos, además del E-11 o Registro de votantes y, claro en caso de causal de justificación del certificado de autorización de votación o E-12, para así diferenciarla respecto a otros eventos como la trashumancia y la suplantación, pues en el carrusel resulta imposible la acreditación de la necesaria identificación de los votantes que incurrieron en éste y considerar el tema de las firmas de los jurados como constitutivo del mismo, que sí se impone en aquellos.

2. Frente al antecedente jurisprudencial de la Sección Quinta, con ponencia del doctor Darío Quiñones Pinilla, citado en el fallo, el alcance de la expresión “pago previo”, a mi juicio, no puede constituir supuesto del fraude por carrusel, por cuanto haría inane la figura, volcándola hacia el elemento del dolo penal, razón por la cual no considero que requiera ser exigido ni probado como elemento constitutivo del carrusel. En este punto, el propósito de quienes se prestan a la irregularidad del carrusel es la ilegalidad, pues nadie causa ni cohonesta el fraude mediante carrusel sin la búsqueda de algo, elemento volitivo que en momento alguno juzga el juez de la nulidad electoral, al estar frente al objetivo puro de legalidad y, por ende, mal puede constituir requisito de la censura de falsedad en la modalidad del carrusel. El entendimiento o alcance de la expresión utilizada años antes desde los términos de “pago previo”, a similitud de lo que se hiciera en su oportunidad con la figura de la indebida destinación de dineros públicos cuando se especificó que no solo era moneda líquida sino cualquier elemento del erario, debe ser entendida como cualquier propósito torticero, sin que sea requisito de la existencia de dicha clase de fraude.

Lo anterior porque en estricta lógica, la acreditación del pago previo haría inane la figura del carrusel electoral, que en forma tan clara se ha visto en este proceso, pues si ello fuera así, no se observa en el expediente pago alguno, e incluso reposan declaraciones extra juicio de varias personas que descubren su derecho al secreto de su voto para apoyar que votaron por el demandado, que llevarían a indicar que posiblemente el elemento doloso y utilitarista no se dio y, que en últimas, entonces el carrusel tampoco —si se siguiera el presupuesto del pago previo—, lo cual es indiscutible en su ocurrencia en este caso concreto.

3. Por otra parte, el carrusel debe circunscribirse exclusivamente en cuanto a presupuestos a que el código de barras de la tarjeta no corresponde al serial de la mesa, sin que exista justificación alguna. Así las cosas, lo acontecido con las firmas divergentes o inexistentes de los jurados de mesa plasmadas en las tarjetas es que sirven de apoyo para atestar con mayor certeza que el voto es espurio por la figura del carrusel, pero no para validar o invalidar el voto, bajo el mentado carrusel.

Lo afirmo de ese modo porque al mezclar o al hacer concurrentes: i) código de barras no coincide con el ii) voto depositado en otra mesa y iii) agregarle el de firmas de jurados diferentes a los de la mesa, podría constituirse en tres presupuestos que no necesariamente pueden concurrir para configurar el carrusel.

Así por ejemplo, si no hay justificación alguna (mesa de cola o traslado de tarjetas porque en una mesa no alcanzaron) los códigos de barras de la tarjeta son de otra mesa, poco interesa si está firmada por los jurados o éstas no coinciden, porque en este caso siempre el voto será nulo, precisamente porque el código de barras es de otra mesa y ello lleva a entender y a evidenciar que hubo carrusel.

Reitero, que el asunto de las firmas de jurados, en este caso es de apoyo probatorio a la circunstancia del carrusel pero no sine qua non.

4. Así mismo, considero que el acta general de escrutinio a diferencia de lo indicado por las partes que buscaban convencer al juez de que no hubo fraude por carrusel invocando de que esta acta fue suscrita sin observación alguna frente al escrutinio, no es de recibo.

En efecto, vale recordar que en los casos de causales objetivas, esta acta es de gran preponderancia en el análisis. Pero en los eventos de fraude por carrusel vienen precedidos de todo un íter de ocultamiento y de engaño superior o de mayor nivel que cualquiera otra causal incluso mayor que el de la suplantación, el hecho de que en esa acta no se registren novedades se debe a que, por ahora, la verificación que los escrutadores hacen de los códigos de barras es manual y excepcional, pues por regla general en toda la labor de escrutinios verificar en cada folio de la tarjeta frente al código asignado en el número de inicio hasta el final en los códigos de barras en los documentos electorales es dispendioso pues éstos se componen de varios folios y no es actividad que en ese momento asuman las autoridades electorales. Aunado a que en el caso del carrusel, el cuestionamiento recae sobre circunstancias propias de la votación y su relación directa por el electorado, quien en este caso, al encontrarse las tarjetas depositadas en otra mesa, es de quien provino la maniobra del carrusel, no siendo el acta de escrutinio la llamada a validar el voto espurio, pues esta maniobra se da en el momento mismo de la votación y, por ende, antecede al escrutinio y a su vertimiento en el acta del mismo nombre, por cuanto en este caso ni la censura ni las probanzas dan cuenta que el carrusel haya provenido de los jurados —que también puede darse— sino del electorado.

5. El análisis del cargo o censura se limita al encuadramiento en los presupuestos y si éstos se prueban o no, porque al salirse de la censura, así parezca que no fue correcto, lleva a validar o invalidar la votación de una mesa, que en realidad no debe prosperar porque obedece a la falta de prueba, cuya carga era del demandante. A mi juicio, no habría carrusel en aquellos casos en que no se logra determinar la tarjeta a cuál mesa corresponde o la tarjeta no fue firmada por la autoridad electoral pero es la que corresponde a la mesa, pues aunque es obvio que algo irregular aconteció, ese no es el cargo de carrusel y como el actor no presentó censura diferente, lo lógico es concluir que NO FUE PROBADO y debe validar la votación, como ha sido unívocamente adoptado en las decisiones de la Sección Quinta. Lo contrario implica, a mi juicio, un estudio por fuera de la causa petendi y argumentativa de la demanda electoral (extra petita con defecto de incongruencia).

Así que cuando la mesa en donde se votó coincida con el código de barras asignado, el voto es válido sin importar si las firmas de los jurados no existen o no coinciden, porque el cargo es de carrusel no otro diferente (Véanse las casillas 44 y 46). Insisto en que el problema de firmas, insisto, no es sine qua non al carrusel.

6. El argumento de que no se debe pedir los documentos que reposan en las entidades, porque ese es un aspecto diferente a aquel que le impone la carga argumentativa para efectos de quebrar la presunción de legalidad del acto electoral. Debe recordársele a la comunidad jurídica que el juez de la nulidad electoral estaría bajo el principio de iura novit curia y ello no es así porque se antepone a ello la presunción de legalidad del acto electoral que debe quebrar quien pretende favorabilidad en su pretensión anulatoria.

Esto por cuanto el tribunal a quo denegó las súplicas por falta de prueba, de cara a que no encontró demostrada la falsedad por carrusel, que en nada afecta los documentos que reposan en los archivos de la entidad, pues éstas se presumen de legales y es el actor quien tiene la carga de desvirtuar esa legalidad.

7. La revisión hecha pos escrutinio, fue derivada de una solicitud en derecho de petición, sin que pueda vulnerar bajo ningún punto de vista el escrutinio, pues éste antecede a la declaratoria de la elección y queda instrumentado en documentos que tienen plena validez, salvo que un juez diga que no.

Así las cosas, el tema de la cadena de custodia, con la cual el demandado esgrimió para indicar que la presencia de tarjetas con códigos de barras en otras mesas era causa de ésta, es pos archivo de los documentos electorales incluidas las tarjetas. Así que la llamada pérdida de la cadena de custodia se predica en la etapa electoral y pos electoral y, por ende, no corresponde a la alegada por la parte demandada atinente a cuando se llevó a cabo la exhibición de los documentos.

Valga recordar que la competencia de archivo de los documentos electorales está en cabeza de la RNEC, en su calidad de Secretaria de las autoridades escrutadoras, pero no es ella quien escruta ni la llamada a instrumentar el escrutinio.

En los términos anteriores, dejo presentada mi aclaración de voto.

Cordialmente,

Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez 

1 Fls. 804 a 860 de cdno. ppal.

2 Fls. 361 a 377.

3 Citó parte del texto de las sentencias del 6 de mayo de 2010 (Rad. 05001-23-31-000-2007-03351-01), y 18 de febrero de 2010 (Rad. 44001-23-31-000-2007-00232-01), con ponencia del doctor Mauricio Torres Cuervo.

4 Fls. 1 a 22 del cdno. II.

5 Fls. 594 y 595 del cdno. III.

6 Según la narración de este hecho, al comparar las firmas contenidas en las tarjetas electorales, con los formularios E-14, no corresponden con las firmas de los jurados de votación.

7 Fls. 977 a 1011 del cdno. IV.

8 Fls. 1013 a 1032.

9 Fl. 1040.

10 Fls. 1056 a 1073.

11 Fls. 1074 a 1087.

12 Fls. 1089 a 1096.

13 Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 19 de julio de 2002, Rad. 68001-23-15-000-2000-3583-01(2894), C.P. Darío Quiñones Pinilla.

14 Ibidem.

15 Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 24 de junio de 2004, Exp. 11001-03-28-000-2002-0019-01(2909), M.P. Darío Quiñones Pinilla. También se puede consultar la sentencia del 19 de julio de 2002, Exp. 68001-23-15-000-2000-3583-01(2894), M.P. Darío Quiñonez Pinilla.

16 Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 4 de marzo de 2005, Exp. 27001-23-31-000-2003-00759-01(3204), M.P. Darío Quiñonez Pinilla

17 Consejo de Estado, Sección Quinta, Exp. 47001-23-31-000-2012-00030-01, M.P. Alberto Yepes.

18 Fls. 117 a 138 del cdno. I.

19 Fls. 435 a 453 del cdno. I.

20 Fl. 930 del cdno. IV.

21 Contenido en un CD anexo al expediente, después del folio 847 del cdno. IV.

22 Se verificó que las bolsas estaban a la intemperie, por cuanto el arca metaliza que las contenía se ubicó en el patio de la registraduría delegada.

23 Cita de cita: La norma también incluye las listas que debe suministrar la Dirección General de Aduanas y las secretarías de hacienda departamentales respecto de los guardas de aduanas y rentas departamentales. Sin embargo, es preciso señalar que estos funcionarios ya no existen. En lugar de dicho cuerpo se creó la Policía Fiscal y Aduanera por medio de la Ley 488 de 24 de diciembre de 1998 “Por la cual se expiden normas en materia Tributaria y se dictan otras disposiciones fiscales de las Entidades Territoriales.”, integrada por efectivos de la Policía Nacional. Sobre dicha institución igualmente se pueden consultar la Ley 633 de 2000 y los Decretos 517 de 2001 y 4048 de 2008.

24 Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 22 de octubre de 2015, Rad. 11001-03-28-000-2014-00062-00, C.P. Alberto Yepes Barreiro.

25 Fls. 621 a 626 del cdno. IV.

26 Fls. 627 a 644 del cdno. IV.

27 Fl. 599 del cdno. IV.

28 Contenido en el sobre visible a folio 345 del cdno. I.

29 Fls. 684 a 828 del cdno. IV.

30 Acta visible a folios 682 a 683 del cuaderno IV. El CD de la diligencia se encuentra anexo al expediente, después del folio 847 del cuaderno IV.

31 Folios 830 a 832 del cuaderno IV.

32 Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 22 de octubre de 2015, Exp. 110010328000201400048-00, 110010328000201400062-00 y 110010328000201400064-00, C.P. Alberto Yepes Barreiro.

33 Fls. 33 a 48.

34 Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 22 de octubre de 2015, Exp. 110010328000201400048-00; 110010328000201400062-00; 110010328000201400064-00, C.P. Alberto Yepes Barreiro.