Sentencia 2016-00014 de septiembre 15 de 2016

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejera ponente:

Dra. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez

Radicación: 11001032800020160001400

Actor: José Gabriel Flórez Barrera Demandado, Jairo Miguel Torres Oviedo (Rector)

(Universidad de Córdoba). Fallo - Única instancia

Nulidad electoral

Bogotá D.C. quince de septiembre de dos mil dieciséis

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala.

1. Competencia.

La Sección Quinta tiene competencia para conocer de este proceso electoral en única instancia, por así disponerlo el numeral 4º del artículo 149 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en armonía con prescrito en el artículo 13 del Acuerdo 58 de 15 de septiembre de 1999, modificado por el Acuerdo No. 55 de 2003, expedidos por la Sala Plena del Consejo de Estado, en razón a que se trata de un asunto de nulidad electoral en el que se solicita anular el acto de elección del Rector de la Universidad de Córdoba, que es un ente autónomo del orden nacional, conforme al artículo 2º del Acuerdo 21 de 1994 “por el cual se adopta el Estatuto General de la Universidad”.

2. Prueba del acto acusado.

La designación del Rector de la Universidad de Córdoba para el período 2015 - 2018, recayó en el demandado José Miguel Torres Oviedo, como se acredita con copia autenticada del Acuerdo 118 de 18 de diciembre de 2015 expedido por el Consejo Superior de dicha universidad (fl. 30 cdno. ppal. 1)(8).

Reposa también, en apoyo de ese acto definitivo electoral, el Acta de la sesión eleccionaria del Consejo Superior de la Universidad de Córdoba llevada a cabo el 18 de diciembre de 2015 (fls. 98 a 108 cdno. ppal. 1).

3. El problema jurídico.

Conforme a la fijación del litigio, se busca determinar si el acto declaratorio de elección del Rector de la Universidad de Córdoba, período 2015-2018, que recayó en la persona del señor Jairo Miguel Torres Oviedo, contenido en el Acuerdo 118 de 18 de diciembre de 2015 del Consejo Superior Judicial es nulo por: a) el demandado se encontraba inhabilitado por estar incurso en la prohibición del artículo 10º del Decreto 128 de 1976, en armonía con los artículos 65 y 67 de la Ley 30 de 1992, los artículos 31 y 35 del Acuerdo 21 de 1994 del Consejo Superior universitario (Estatuto General) y el artículo 6º del Acuerdo 103 de 22 de agosto de 2014 (Reglamento Interno del Consejo Superior de la Universidad); b) expedición del acto con infracción en las normas en que debería fundarse, en forma concreta, b.1) atinente al demandado porque no se respetó el artículo 32 del Acuerdo 103 de 2014 y debido a que éste, en condición de miembro integrante del Consejo Superior universitario, realizó actos públicos de campaña (proselitismo) tendiente a ganar la Rectoría y, b.2) frente al suplente José Luis Martínez Salazar, por cuanto estaba inhabilitado para votar en favor de su titular (demandado) y c) un cargo consecuencial, la violación de los artículos 29, 122 y 209 de la Constitución Política.

La Sala abordará los aspectos sometidos a examen, de cara a los extremos que dieron lugar a la fijación del litigio que se realizara en la audiencia inicial y que fueron sintetizados en los antecedentes y desarrollará los siguientes temas: i) la autonomía de las universidades públicas; ii) la aplicación supletiva de la regulación propia de otras entidades públicas; iii) las censuras de violación invocadas.

4. Autonomía Universitaria.

La Asamblea Nacional Constituyente convocada para 1991 reconoció la preponderancia que para el desarrollo social tienen las universidades estatales, porque son centros de formación de las personas que en el mañana regirán los destinos del Estado y de la comunidad desde diferentes escenarios. El constituyente consideró que ese importante papel no se podía cumplir de forma cabal si las universidades oficiales quedaban sujetas o subordinadas a los gobiernos de turno, ya que el manejo de la política no siempre va por el mismo camino del pensamiento académico inspirado en la libertad, y por ello tomó la decisión de dotarlas de un régimen especial de autonomía, concebido en la Constitución Política de 1991, así:

ART. 69. Se garantiza la autonomía universitaria. Las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley.

La ley establecerá un régimen especial para las universidades del Estado.

El Estado fortalecerá la investigación científica en las universidades oficiales y privadas y ofrecerá las condiciones especiales para su desarrollo.

El Estado facilitará mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas las personas aptas a la educación superior.”

El constituyente empleó los términos correctamente para dar a entender que las universidades oficiales no solamente serían autónomas, como muchos otros órganos y entidades citados en la Constitución de 1991, tales como la Organización Electoral, la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación, las Corporaciones Autónomas Regionales, etc., sino que además tendrían un régimen especial de autogobierno y autorregulación, sin menoscabo de las facultades propias del legislador. Así, la nueva visión de las universidades estatales fue definida por el Tribunal Constitucional en estos términos:

“El principio de autonomía universitaria, consagrado en el artículo 69 de la Carta Política, que consiste en la facultad de la que gozan las universidades para darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos de acuerdo con la ley, ha sido concebido por esta Corporación “como un principio de autodeterminación derivado de la Constitución, que propende por la garantía para los centros educativos de desarrollar su misión, filosofía y objetivos, en un entorno adaptado a su ideología y los fines académicos que se plantea”(9).”(10)

El legislador, con el ánimo de desarrollar el régimen especial de autonomía de las universidades públicas, profirió la Ley 30 de 28 de diciembre de 1992 “Por la cual se organiza el servicio público de la educación superior”, que estableció que la materialización del grado de autonomía se reflejaría en la creación y modificación de estatutos; la designación de autoridades académicas y administrativas; la creación, organización y desarrollo de programas académicos; la definición y organización de labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales; el otorgamiento de títulos a sus egresados; la selección de profesores; la admisión de alumnos y adopción de sus regímenes; y, establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y la función institucional (arts. 28 y 29).

En efecto, el régimen de autonomía le permite a las universidades oficiales un amplio margen de libertad en materia normativa, pues dentro de sus atribuciones puede expedir los estatutos que rigen su actividad. En ese sentido fija el gobierno de la universidad sin injerencias externas, pero ello no implica el aislamiento del Estado ya que la formación educativa de la sociedad, por tener un marcado interés general, involucra el desarrollo de las políticas públicas que se trazan desde el gobierno nacional o seccional, según el caso. Y, quizás lo más importante, esa autonomía se refleja en el terreno académico y filosófico, pues apunta a que el pensamiento universitario se desarrolle sin las ataduras que pueden desprenderse de las inclinaciones ideológicas o políticas de los gobiernos correspondientes.

En todo caso, la realización del régimen de autonomía de las universidades estatales debe surtirse, en cualquiera de los planos aludidos, “de acuerdo con la ley.”. Esta expresión debe tomarse en sentido material y teleológico. Es decir, que los estatutos, actuaciones y decisiones que adopten los centros de educación deben observar la Constitución Política y los tratados internacionales suscritos o acogidos por el Estado Colombiano en temas de derechos fundamentales y de educación, y la ley.

Tal sujeción a las normas superiores al momento de expedir sus disposiciones de auto regulación se contempla en el artículo 67 de la Ley 30 de 1992, que dispone:

ART. 67. Los integrantes de los consejos superiores o de los consejos directivos, según el caso, que tuvieren la calidad de empleados públicos y el rector, estarán sujetos a los impedimentos, inhabilidades e incompatibilidades establecidas por la ley y los estatutos, así como las disposiciones aplicables a los miembros de juntas o consejos directivos de las instituciones estatales u oficiales. Todos los integrantes del consejo superior universitario o de los consejos directivos, en razón de las funciones públicas que desempeñan, serán responsables de las decisiones que se adopten”. (Negrillas de la Sala)

Esta norma reconoce que si bien los estatutos de la universidad pueden fijar los requisitos que deben cumplir las personas que se desempeñen como integrantes del Consejo Superior Universitario o como Rector(11), están sometidos a la normativa general dispuesta por el Constituyente y el legislador, todo dentro del marco del Estado Social de Derecho, en el que por ejemplo el Congreso de la República tiene la atribución de expedir las leyes que regulan las funciones públicas y la prestación de servicios públicos (art. 150 superior).

Frente a las inhabilidades huelga aclarar que no solamente se identifican por la capacidad invalidante que tienen, sino también porque corresponden a actos o situaciones relativos a la persona. Por el carácter teleológico de su inspiración, apuntan a que el desempeño de la función pública la desarrollen personas probas, libres de toda tacha o sanción penal, que no representen factores de desequilibrio del poder derivados del propio Estado que hayan roto el principio de igualdad en el proceso que antecedió a su designación o elección.

La Corte Constitucional al respecto ha puntualizado:

“5.3. Para decidir sobre el asunto sometido a examen de la Sala es pertinente reiterar(12) que en el ordenamiento jurídico existen dos tipos de inhabilidades para el ejercicio de funciones públicas(13). En el primer tipo están las inhabilidades que se fijan como consecuencia de la imposición de una condena o de una sanción disciplinaria. En este evento, las inhabilidades pueden ser de índole permanente o temporal y, en ambos casos, opera con carácter general frente al desempeño futuro de funciones públicas o, como en el presente caso, respecto de la posibilidad de celebrar contratos con el Estado.

En el segundo tipo están las inhabilidades que se desprenden de una posición funcional o del desempeño de ciertos empleos públicos. Éstas pueden también ser permanentes o transitorias pero, a diferencia del anterior grupo, no tienen carácter general y se aplican con carácter restringido sólo frente a los cargos o actuaciones expresamente señalados por la autoridad competente.

Las inhabilidades del primer tipo constituyen igualmente una sanción, como consecuencia del delito o de la falta disciplinaria; por el contrario, las del segundo tipo no representan una sanción sino una medida de protección del interés general en razón de la articulación o afinidad entre las funciones del empleo anterior y las del empleo por desempeñar”(14). (Negrillas en el texto).

Entonces, este régimen de autonomía de las universidades oficiales se desarrolla dentro de los límites generales que ha dispuesto el ordenamiento jurídico, pues ello no representa que la autorregulación y el autogobierno signifique el desconocimiento del carácter unitario del Estado Colombiano que se propugna en el artículo 1º de la Constitución Política de 1991.

5. La aplicación supletiva de la regulación propia de otras entidades públicas.

En respuesta a esa autonomía constitucional que se predica de los entes universitario, es viable acudir al derecho supletivo (legislación aplicable a otras entidades públicas) en defecto del régimen propio (regulación de la entidad universitaria), si y solo sí, así lo ha previsto expresamente. De lo contrario, no es posible acudir a otra normativa.

Así las cosas, para el operador jurídico que analiza la regulación aplicable, se impone acudir primero a las normas propias y exclusivas expedidas por la entidad académica, dentro de su autonomía de auto regulación, luego para armonizarlo o incluso para llenar el vacío de las normas propias, es viable acudir a la regulación de educación general en razón a la identidad de temática, objeto y naturaleza de la materia que converge en el gran continente de las normas sobre educación y, solo le será viable ampliar el estudio a otras normas, si la universidad consagró en forma expresa, la remisión y siempre que obviamente responda a criterios, principios y alcances acordes a los fines y misiones educacionales universitarios públicos u oficiales.

6. Las censuras de violación invocadas.

6.1. La demanda aseveró sobre la Inhabilidad del Demandado al encontrarse incurso en el artículo 10º del Decreto 128 de 1976, en armonía con los artículos 65(15) y 67(16) de la Ley 30 de 1992, los artículos 31 y 35(17) del Acuerdo 21 de 1994 del Consejo Superior universitario (Estatuto General) y el artículo 6º(18) del Acuerdo 103 de 22 de agosto de 2014 (Reglamento Interno del Consejo Superior de la Universidad), por cuanto el demandado se desempeñaba como Representante del Sector de los Egresados ante el Consejo Superior Universitario, al momento de inscribirse y resultar elegido Rector(19).

La norma presuntamente infringida señala que:

Artículo 10º. De la prohibición de prestar servicios profesionales. Los miembros de las juntas o consejos, durante el ejercicio de sus funciones y dentro del año siguiente a su retiro, y los gerentes o directores, dentro del período últimamente señalado, no podrán prestar sus servicios profesionales en la entidad en la cual actúa o actuaron ni en las que hagan parte del sector administrativo al que aquélla pertenece”.

Es necesario precisar que la anterior norma no se puede analizar de manera aislada sino que su estudio debe comenzar con establecer quiénes son sus destinatarios, para lo cual es imperioso acudir a su artículo 1º que dispone:

“ART. 1º. Del campo de aplicación. Las normas del presente Decreto son aplicables a los miembros de las juntas o consejos directivos de los Establecimientos Públicos, de las Empresas Industriales o Comerciales del Estado y de las Sociedades de Economía Mixta en las que la Nación o sus entidades posean el noventa por ciento (90%) o más de su capital social, y a los gerentes, directores o presidentes de dichos organismos”(20) (Negrilla fuera de texto).

De la anterior transcripción queda claro que el decreto se dirige “…a los miembros de las juntas o consejos directivos de los Establecimientos Públicos, de las Empresas Industriales o Comerciales del Estado y de las Sociedades de Economía Mixta…, pero que en este caso la elección cuestionada es la del Rector de la Universidad de Córdoba, quien venía desempeñándose como Representante del sector de los Egresados ante el Consejo Superior de la Universidad de Córdoba.

Huelga recordar que la Universidad de Córdoba hace parte de los llamados entes autónomos y que conforme al Estatuto General que la rige, Acuerdo 0021 de 24 de junio de 1994, en su artículo 2º, determina la naturaleza jurídica, mediante la siguiente previsión: “creada mediante la Ley 37 de 1966, es un ente estatal universitario autónomo del orden nacional, con régimen especial, vinculado al Ministerio de Educación Nacional en lo referente a las políticas y la planeación del sector educativo. Su domicilio es la ciudad de Montería y podrá establecer seccionales en cualquier municipio del país. Posee autonomía académica, administrativa y financiera, patrimonio independiente y facultad para elaborar y ejecutar su propio presupuesto”.

Por otra parte, normas como los artículos 19 y 20 ibidem, evidencian que la regulación de la universidad tiene claro la diferencia entre el personal administrativo, técnico y de servicios, a quienes divide entre empleados públicos de libre nombramiento y remoción y de carrera y, en trabajadores oficiales y expresamente indica “Tienen los derechos y las obligaciones de los servidores públicos y están sometidos a las inhabilidades e incompatibilidades que consagran la Ley y el respectivo Estatuto del Personal Administrativo o la Convención Colectiva de Trabajo”.

Aunado a lo anterior, el mismo Estatuto dispone que contendrá el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, según el tipo de vinculación, de conformidad con las normas vigentes (art. 20 ib).

Es innegable la importancia del Consejo Superior porque está instituido como el máximo órgano de Dirección y Gobierno de la universidad, pero en contraste, la norma universitaria tan solo otorga el estatus de directivo al rector, los decanos, los jefes de departamento, los vicerrectores y directores de programa, estos dos últimos con funciones de docencia, investigación y extensión (art. 24 ib) y frente al representante de los egresados ante el Consejo Superior, consagra que será elegido, mediante votación directa y secreta por los egresados de los diferentes programas académicos y, en forma expresa indicó “Para ser elegido se requiere que el egresado no tenga vínculo laboral con la universidad” (art. 27 ib).

Respecto del régimen de inhabilidades e incompatibilidades y responsabilidades de los miembros del Consejo Superior, el artículo 31 del Acuerdo 0021 de 1994, dispone: “Los miembros del Consejo Superior, en tal condición, así se llamen Representantes o Delegados, están en la obligación de actuar y decidir en beneficio de la Universidad y en función exclusiva del bienestar y progreso de la misma; aunque ejerzan funciones públicas no adquieren por este solo hecho el carácter de empleados públicos. Aquellos que tengan dicha calidad están sujetos a las inhabilidades, incompatibilidades e impedimentos establecidos por la Ley, el presente Estatuto y las disposiciones aplicables a los miembros de las Juntas o Consejos Directivos de las instituciones estatales. Todos los integrantes del Consejo Superior, en razón de las funciones públicas que desempeñan, son responsables de las decisiones que adopten”.

Del análisis sistemático de esa normativa, de cara al Decreto 128 de 1976, la Sala encuentra que en principio, por regla general, los miembros que hagan parte de los Consejos Superiores Universitarios, no son destinatarios de dicho Decreto, pues la naturaleza jurídica de las instituciones educativas oficiales no tienen el carácter de establecimiento público, ni de empresa industrial o comercial del Estado y menos de sociedad de economía mixta con participación del Estado, razón por la cual el régimen de inhabilidades allí contenido no podría ser aplicado a los entes autónomos universitarios, salvo como se viene afirmando, que sea la entidad académica quien, en ejercicio de su autonomía, indique expresamente en sus estatutos y normas propias, que así lo ha determinado.

En efecto, en el caso sub júdice, es el propio Estatuto Universitario (Acuerdo 0021 de 1994) el que conforme a las voces de la norma estatutaria (art. 31) opta, dentro de su autonomía, por la integración normativa frente a quienes teniendo la calidad de empleado público les sean aplicables frente al ente universitario: a) el régimen de prohibiciones establecidos en la ley, b) los estatutos y c) las disposiciones aplicables a los miembros y Juntas o Consejos Directivos de las Instituciones Estatales. Así que en este último grupo encuadra el Decreto 128 de 1987.

Tal consideración, se corrobora fácticamente mediante el caso práctico que está contenido en el acta de 1º de diciembre de 2015 en el que el Consejo Superior de la Universidad decidió negar el recurso de reposición que uno de los candidatos (Rafael Cogollo Pitalua), porque se probó que tenía la calidad de docente de tiempo completo, circunstancia que lo hacía incurrir en la inhabilidad o prohibición de prestar servicios profesionales al ente universitario, en razón a que la universidad aplica el Decreto 128 de 1976 y dicho Consejo agregó en forma expresa “excluyendo de la aplicabilidad de estas mismas normas, a los miembros de los Consejos Superiores que no ostenten la calidad de empleados públicos” (destacados fuera de texto, fl. 313 cdno. ppal. 2)

La misma universidad impuso una gradación normativa, razón por la cual a partir de la norma estatutaria (art. 31 y art. 2º(21) del Ac. 086 de 14 de octubre de 2015 mod. Ac. 88 de 23 de octubre siguiente) es claro que la remisión a las disposiciones de Juntas y Consejos Directivos de instituciones estatales se focaliza en los empleados públicos, lo cual coincide con la filosofía de la Ley 30 de 1992(22), que hace idéntica armonización normativa bajo parámetros de consagración que tan solo se dirigen a quienes son empleados públicos, al utilizar la siguiente expresión literal: “Los integrantes de los Consejos Superiores,… que tuvieren la calidad de empleados públicos y el Rector…”, estatus que se supone traen con ellos y ostentan previamente al momento de tomar asiento en dicho cuerpo colegiado por una vinculación legal y reglamentaria o de otra clase que les dio esa calidad en forma antelada, pero mal podrían adquirir tan solo por la membrecía en el Consejo Superior universitario.

En consecuencia, si bien es aplicable el Decreto 128 de 1976, porque así lo dispuso estatutariamente la propia universidad, tal remisión la dejó para los empleados públicos, calidad que no por vía estatutaria ni legal se predicaba del demandado, como se explica a continuación:

Extremos fácticos que se encuentran probados, el primero, a partir del acto declaratorio de elección contenido en el Acuerdo 118 de 18 de diciembre de 2015 (fl. 30 cdno. ppal. 1), el acta de posesión en el cargo de rector, que obra a folio 31 siguiente y el acta de votación y escrutinio que realizara el Consejo Superior de la Universidad, adiada el mismo 18 de diciembre, obrante a folios 98 a 108 ibídem.

Frente a la calidad de miembro del Consejo Directivo universitario como representante de los egresados, reposa certificación de 3 de noviembre de 2015 en la que se indica que ha fungido como tal desde hace tres períodos trienales que abarcan entre el 16 de septiembre de 2010 y que llegarán hasta el 18 de diciembre de 2016 (fl. 76 ibídem).

La Sala pone de presente, cuatro argumentos que ponen en evidencia el yerro interpretativo en que incurre el demandante al pretender otorgar la calidad de empleado público a todos y cada uno de los miembros de dicho Consejo Superior, por el solo hecho de pertenecer a éste y es el que se advierte de otros representantes que toman asiento en dicho ente de dirección, de cara a la regulación propia del ente educativo, a saber:

a) El representante de los estudiantes, el del sector productivo y el Ex Rector, quienes conforme a las normas estatutarias son elegidos por votación secreta del sector al que representan, así: el de los estudiantes debe estar estudiando pregrado y no haber sido sancionado académica, disciplinaria ni penalmente (art. 26 Acuerdo 0021 de 1994 — Estatutos Generales); el del sector productivo es escogido por los distintos gremios de la producción (art. 28 ib); y el de los ex rectores entre el grupo de quienes hayan desempeñado el cargo en propiedad, mediante votación directa y secreta (art. 29 ib).

De esos requisitos estatutarios no se evidencia cómo dichos representantes puedan ser empleados públicos, nada se dice que de ellos se predique tal estatus. Así que a diferencia de la aseveración del actor, no es la pertenencia al Consejo Superior Universitario la que otorga la calidad de empleado público.

Incluso, frente al representante de los egresados —que es el caso del demandado— quien es elegido por votación directa y secreta por los egresados de los diferentes programas académicos, la situación de ser un particular es más clara, por cuanto el artículo 27 de los Estatutos Generales, consagra expresamente dentro de los presupuestos de esa representación que: “(…) se requiere que el egresado no tenga vínculo laboral con la universidad”, lo que pone en evidencia que en momento alguno pueda ser empleado público universitario y entender que entonces indefectiblemente el egresado (representante) tiene la calidad de empleado público, restringiría en grado sumo la participación del sector de los egresados en la conformación del Consejo Superior de la universidad.

b) Por otra parte, si la sola pertenencia o membrecía al Consejo Superior Universitario otorgara el estatus de empleado público, como lo pretende el actor, implicaría que quienes toman asiento en éste y que ya son empleados públicos con antelación a su pertenencia a dicho Consejo, incurrirían en incompatibilidad, como sucedería con el Ministro de Educación Nacional o su Delegado, el Gobernador o su Delegado y el Rector de la institución, entre otros, lo cual conllevaría un imposible jurídico ante la concurrencia de empleos públicos concentrados en una misma persona.

Es más en el caso de los delegados de los titulares de las carteras públicas en los consejos universitarios de los entes autónomos oficiales deben ser empleados públicos(23).

c) El Acuerdo 103 de 22 de agosto de 2014 “por el cual se expide el reglamento interno del Consejo Superior” de la Universidad de Córdoba, indica en su artículo 12, que la ausencia de un miembro del Consejo, a cuatro sesiones ordinarias consecutivas sin justificación, será causal de pérdida de la calidad de Consejero. En este caso, su lugar será ocupado por quien hubiese sido elegido como suplente.

Si se aceptara la tesis planteada por el demandante, lo cierto es que en este evento al perder la calidad de Consejero, implicaría indefectiblemente también la pérdida de la calidad de empleado público, emergiendo así una nueva causal de desvinculación o retiro del empleado público, que no se contiene en norma superior alguna. Ha de recordarse que el retiro o desvinculación de los empleados públicos no opera per se y se encuentra suficiente y ampliamente regulado en los ordenamientos correspondientes y, conforme a las formas propias del debido proceso.

d) Finalmente, para esta Sala Electoral, la regulación universitaria tuvo tan clara, la situación diferencial entre los empleados públicos y los particulares como miembros integrantes del Consejo, que incluso en el Acuerdo 103 de 22 de agosto de 2014 indica que “Cuando los miembros del Consejo Superior, que ostenten la calidad de empleado público de la Universidad, por ausencia temporal del rector, resultare encargado por el Rector de las funciones de rectoría, éste asistirá al Consejo en su calidad de Consejero y no de rector encargado, conservando su derecho a voz y voto”, lo que evidencia que no todos los miembros del Consejo son empleados públicos, de lo contrario la aclaración explicativa en medio de los signos de puntuación (comas) sería inane.

En conclusión, ha sido una constante el entendimiento de que el régimen propio de las Juntas Directivas y Consejos Superiores de los entes autónomos universitarios no nutren per se su regulación con normativas propias de los demás entes descentralizados, precisamente por la diferencia en las actividades, competencias y en la naturaleza jurídica, pues en los entes educativos prepondera el principio de autonomía devenido de un valor misional superior para el interés general como es la educación, de mayor valía que el desarrollo de labores pecuniarias o focalizadas en un asunto público, de ahí la razón para que los entes educativos de educación superior aunque sean públicos, posean un margen de competencias más amplio que les permita la independencia frente a los asuntos políticos o de poder propios de lo público.

Pero, precisamente dentro de esa autonomía, el ente universitario puede optar por regularse así mismo en los asuntos que le competen a la comunidad educativa, mediante la consagración de normas propias, mediante estatutos, reglamentos universitarios, etc., o haciendo uso de otros regímenes que le sirvan de regulación supletiva y/o de remisión, pero claro está dentro del margen legal, pues la autonomía no implica ni arbitrariedad ni apartarse totalmente de la regulación general que le rige, pues de todos modos hace parte de la arquitectura organizacional pública, por eso claramente se le califica de ente autónomo público, no se le desliga de los niveles nacional, departamental o municipal y así mismo, tampoco se le aparta de la vinculación, por ejemplo, al Ministerio de Educación, en el caso de los entes universitarios del nivel nacional, como lo prevén las normas generales de educación y así lo reiteran los estatutos.

Ese híbrido que caracteriza a los entes autónomos, tampoco puede permitir dar alcances que ni siquiera el legislador ha previsto, la Sala se refiere en específico que mientras la norma estatutaria y la Ley de educación sólo tuvieron como filosofía transpolar el régimen de inhabilidades e incompatibilidades a los empleados públicos que fueran parte integrante del Consejo Superior Universitario, en este caso de la Universidad de Córdoba, se pretenda ahora hacerlo extensivo a los particulares que integran dicho Consejo, bajo la presunción de que todos los miembros son empleados públicos, en franca contrariedad a las normas propias de la universidad y de la regulación general de la materia de la educación superior, que como se analizó han diferenciado la naturaleza jurídica de los cargos, para proceder a aplicar la regulación respectiva.

Por las razones anteriores, la Sala considera que la censura en la forma como la planteó el actor no encuentra prosperidad.

6.2. Segunda Censura: Expedición del acto con infracción en las normas en que debería fundarse, en forma concreta, por dos circunstancias que se analizarán en forma independiente:

6.2.1. Violación del artículo 32 del Acuerdo 103 de 2014 y proselitismo desplegado por el demandado teniendo la condición de miembro integrante del Consejo Superior universitario, realizó actos públicos de campaña (proselitismo) tendiente a ganar la Rectoría.

El Acuerdo 103 de 2014 en la norma invocada establece:

Artículo 32. Consultas. Cuando el Consejo disponga de la realización de consultas a la comunidad, para la designación de autoridades académicas o administrativas, los miembros del Consejo no podrán participar en actividades públicas o proselitistas a favor de ninguno de los aspirantes. Quien así lo hiciere quedará inhabilitado para participar en la sesión que se cite para la designación del funcionario respectivo”.

Conforme a la regulación estatutaria, la Sala encuentra que conforme al artículo 37, quien pretenda ser Rector debe, además de cumplir con los requisitos básicos(24), estar incluido en la lista de elegibles que se compone con aquellos que obtienen por los menos el 20% del total de votos válidos en la consulta que se hace a la comunidad universitaria, so pena de verse avocados a elegirlo directamente si ninguno de los candidatos llega a ese porcentaje. Además, de establecer un umbral de participación en la consulta de un mínimo del 51% de la comunidad universitaria con derecho al voto (art. 37).

Probatoriamente, reposa en el expediente, acta de reunión del Consejo Superior de la universidad de 16 de diciembre de 2015, en la que consta que llegado el 11 de diciembre de 2015, se efectuó consulta electrónica y habiéndose cerrado, se registraron los siguientes resultados:

Cantidad de votos por estamento

EstamentoVotosPorcentaje
Estudiante539191,46
Docente2313,91
Administrativo2724,61

Cantidad de votos por candidato

CandidatoVotosPorcentaje
José Nicolás Vélez Chaker90,15
Nicolás de la Espriella Vélez4337,34
Harold Bula Erazo851,44
Giovanni Árgel Fuentes120820,49
Isidro Suárez Padrón1502,54
Antonio Bravo Genney671,13
Emiro Madera Reyes150,25
Hiltony Villa Dangond1883,18
Jairo Torres Oviedo126821,51
Everaldo Montes Montes229939,00
Janeth Saker García130,22
Voto en blanco1592,69

Posteriormente, en esa misma fecha, los candidatos fueron entrevistados y presentaron ante el Consejo Superior el plan de acción (fls. 331 a 336 cdno. ppal. 2).

Esa prueba evidencia que en efecto, conforme a la normativa estatutaria, se realizó consulta, se superó el “umbral” requerido y, varios candidatos, incluido el demandado, superaron el 20% mínimo de los votos exigidos sobre el caudal total de la votación.

Así mismo, el acta del Consejo Superior de 18 de diciembre de 2015, que reposa a folios 337 a 347 cdno. ppal. 2), informa que de los 9 miembros votantes del Consejo Superior, 3 no asistieron (Omar Andrés Pérez Sierra —Representante de las Directivas Académicas—; José Gabriel Flórez Barrera —Representante de los docentes— y Juan David Martínez Mejía –Representante de los estudiantes—) y que el demandado obtuvo el voto de los 6 restantes miembros (Kelly Sterling Plazas —delegada de la Ministra de Educación Nacional—; Mayra Vieira Cano —Representante del Presidente de la República—; Jorge Guerrero Trujillo, Orlando Jiménez Vergara —Delegado del Gobernador de Córdoba—, José Luis Martínez Salazar —Representante suplente de los egresados— y Roberto Carlos Lora Méndez –Representante del sector productivo—).

Pues bien, retomando la norma en comento sustento de esta censura, son varios los supuestos de interés para resolver este cargo, a saber:

Parámetro de inicio temporal: cuando el Consejo disponga la realización de consultas a la comunidad.

Objeto: para la designación de autoridades académicas o administrativas.

Sujeto activo en quien recae la norma: los miembros del Consejo.

Conducta prohibitiva: no podrán participar en actividades políticas o proselitistas.

Sujeto pasivo: a favor de ninguno de los aspirantes.

Consecuencia: “Inhabilidad” para participar en la sesión que se cite para la designación del funcionario respectivo.

Varias son las circunstancias fácticas probadas que impiden encuadrar la situación del demandado Jairo Miguel Torres Oviedo en la norma invocada, la primera, que presentó licencia adiada el 10 de noviembre de 2015 –acusada en su recibo el día siguiente— para separarse del cargo de representante del sector de los egresados, ante su aspiración a ocupar el cargo de Rector (fl. 276 cdno. ppal. 2) y de las actas de reunión del Consejo se observa que de esa fecha en adelante no participó en las reuniones ni decisiones del cuerpo colegiado, pues aparece que asistió el suplente José Luis Martínez Salazar (véanse actas de 11, 20 y de 26 de noviembre de 2015, de 9, 16 y de 18 de diciembre de 2015 fls. 284 a 294, 295 a 305, 306 a 309, 321 a 328, 331 a 336, 337 a 347 cdno. ppal. 2).

Ante esa probanza, se evidencia que el demandado se separó de dicho ejercicio, antes de la convocatoria a la consulta que se llevó a cabo el 11 de diciembre de 2015,, sin que sea viable analizar de cara la norma invocada de la inhabilidad si estatutariamente podía solicitar licencia o no y si era necesaria la aceptación por parte de autoridad universitaria, porque la norma invocada como fundamento de la censura no prevé tal situación y la parte demandante tampoco mencionó en el capítulo de normas violadas disposición al respecto.

La Sala no encuentra tampoco sustento normativo para entender que la conducta inhabilitante fuera proscrita desde la fecha de la inscripción, pues como se vio en la norma pretranscrita, se alude a la consulta a la comunidad universitaria, sin que se advierta que el demandante haya invocado dispositivo que le diera razón a su planteamiento sobre el inicio del término para predicar la inhabilidad.

La segunda es frente a la conducta prohibitiva, supuestamente desplegada por el demandado, esto es, al proselitismo que le endilga, toda vez que no fue probada. Es más incluso se lee en las actas del Consejo Superior, que el hoy actor, en calidad de representante del sector de los docentes, planteó esta situación ante el cuerpo colegiado en la reunión del 18 de diciembre de 2015, pero en forma expresa advirtió que carecía de pruebas —las cuales tampoco adjuntó a este proceso— y que lo aseveraba “ex audictu” a partir de la información que otras personas —sin determinar quiénes— le habían suministrado. En efecto, en esa sesión indicó:

“Cómo se explica este consejo que nuestro reglamento diga que ningún consejero puede hacer campaña cuando hay consulta, y teniendo en cuenta lo informado por personas (manifiesta que no tiene pruebas) el doctor Torres hizo campaña, llamándose esto: ‘proselitismo’. Dentro de las garantías, hay una ventaja indebida frente a los demás candidatos porque tiene un voto aquí, que es su suplente” (fl. 340, numeral 2º segundo párrafo cdno. ppal. 2).

Se presenta entonces falencia en la carga probatoria propia de la censura.

Además, sobre el punto concreto del supuesto proselitismo, reposa una foto publicitaria —sin fecha—, que el actor anexó con la demanda, en la que aparece el accionado Torres Oviedo y se anuncia como candidato a la rectoría con el lema “Yo amo Unicor. Por una universidad con calidad moderna e incluyente”, propuesta rectoral 2015-2018 (fl. 77 cdno. ppal. 1), sin que se advierta la fecha en que esa propaganda fue divulgada ni si es de autoría del demandado, ni se lea en su contenido la utilización de su estatus como miembro del Consejo Superior.

La tercera circunstancia, es que la norma invocada prevé como única consecuencia derivada de la incursión en la prohibición que no se pueda participar en la sesión que se cite para la designación del funcionario respectivo. Así que el efecto previsto en la norma universitaria no abarca el amplio espectro que el actor pretende y es inhabilitar para aspirar al cargo de Rector. Por otra parte, desde el punto de vista de los hechos probados, se reitera que el demandado no asistió a la sesión en que fue elegido rector.

En consecuencia, para la Sala Electoral este cargo no encuentra prosperidad porque no se probó que la situación fáctica que rodeó al demandado encuadre en los supuestos previstos en ésta y en atención a la orfandad probatoria en las conductas de proselitismo endilgadas al rector elegido Torres Oviedo.

6.2.2. Inhabilidad del suplente que por accesoriedad y por la existencia de conflicto de intereses debido a la relación de amistad y sociedad de hecho que tenía con el titular.

Con base en la misma norma que sustentó el cargo anterior, esto es, en el artículo 32 del Acuerdo 103 de 1994, el actor pretende que por aplicación del aforismo de “lo accesorio sigue la suerte de lo principal” se extienda la inhabilidad al suplente José Luis Martínez Salazar, quien fungió como Representante de los Egresados ante el Consejo Superior de la universidad, una vez que el demandado dejó de asistir a partir del 11 de noviembre de 2011. Invocó a su vez el numeral 1º del artículo 11(25) del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Bastaría a la Sala Electoral indicar que al no predicarse la inhabilidad del miembro principal —“por accesoriedad”— tampoco se comunicaría a su suplente, pero ello constituye un argumento falaz, toda vez que las inhabilidades son restrictivas, no se extienden a supuestos fácticos ni a sujetos no previstos en la norma y menos, desde el punto general de derecho, pueden ser accesorias a lo principal.

Huelga hacer claridad que con la demanda se adjuntó el Acuerdo 00048 de 3 de noviembre de 1998(26), que regula algunos aspectos atinentes a las suplencias, pero no es norma aplicable a la suplencia del Representante de los Egresados, pues en forma expresa modifica normas contenidas en el Acuerdo 0021 de 1994 y en el Acuerdo 007 de 1995 frente a los representantes de los sectores de profesores, estudiantes y empleados oficiales como miembros del Consejo Superior Universitario, el Consejo Académico y de la Comisión Veedora, sin incluir el sector de egresados.

Ahora bien, si en gracia de discusión se aceptara que el artículo 5º(27) previsto en ese Acuerdo 0048, es una norma de aplicación general para todas las ausencias de los miembros principales, lo cierto es que sí está previsto que los suplentes actúen en ausencia del principal en casos de licencia y, que en el caso de faltas temporales, el representante principal, tan solo se le impone que debe comunicar por escrito, mínimo 24 horas “antes ante la secretaría del respectivo organismo, su ausencia temporal, anexando las certificaciones correspondientes”, sin que se advierta otro requerimiento o requisito para que el suplente ejerza su labor de reemplazar al titular.

Conforme a lo anterior, se reitera el demandado pidió licencia el 11 de noviembre de 2015 y fue suplido en el cargo de representante de los egresados ante el Consejo Superior desde que anunció su intención de participar en el proceso eleccionario de Rector.

Estatutariamente, es claro que el suplente asume la representación ante la ausencia del titular, sin que normativamente se evidencie la necesaria aceptación, autorización o visto bueno para proceder al ejercicio de la suplencia.

Por otra, parte en el Acta del Consejo Superior celebrada el 18 de diciembre de 2015, previo a la elección del Rector, el ente colegiado procedió a decidir las recusaciones contra sus miembros, entre ellos, contra José Luis Martínez Salazar, aunque no es claro el supuesto fáctico de la misma, a partir del desarrollo que acompañó esta solicitud se evidencia que correspondía al tema del ejercicio de la suplencia y a los posibles lazos de amistad con el titular Torres Oviedo. En efecto, cuando el suplente manifiesta su no aceptación de la recusación indicó:

“(…) que él ha sido invitado y citado a este Consejo, en el que ha sido aceptado, ha intervenido y votado en las decisiones… que el consejo ha aceptado su presencia, se le acusa que por los lazos de amistad debe estar inhabilitado, a lo que responde ‘no acepto la recusación’ aludiendo que su único interés es que la Universidad siga creciendo como institución, sumergiéndose en la excelencia” (fl. 101 cdno. ppal. 1).

Sometida a votación, la recusación fue negada y declararon que estaba habilitado para elegir, con 5(28) votos de quienes consideraron que no había impedimento, contra 3(29) votos por el sí.

Así que la competencia eleccionaria del suplente incluso fue sometida al crisol de los miembros del Consejo Superior y sin que se advierta que por norma alguna el suplente debiera separarse de la elección del Rector, menos aún existe prueba de los lazos de amistad o societarios que se menciona en la demanda, tampoco que durante el ejercicio de su suplencia haya desplegado actividades o conductas de proselitismo o de participación pública a favor del demandado Torres Oviedo.

Es claro que el tema de las inhabilidades por corresponder a un necesario recorte del derecho político a elegir y ser elegido no puede quedar en los términos de una suposición o un parecer, como se deduce del argumento del actor al plantear del suplente elector un conflicto de interés devenido de situaciones de aprecio porque su titular saliera electo y de conveniencia porque elegido el titular, él como suplente asumiría el cargo.

Pues lo cierto es que la obviedad de las circunstancias fácticas no son elementos jurídicos serios para restringir los derechos fundamentales políticos y menos cuando los restantes elementos contenidos en la norma, en este caso, en el artículo 32 del Acuerdo 103 de 2014 ni del artículo 11 del numeral 1º del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se acreditaron sobre todo en cuanto a las conductas prohibitivas. Se incumplió entonces por parte del demandante la carga normativa y probatoria necesaria para quebrar la presunción de legalidad del acto de elección demandado.

6.3. La violación de los artículos 29, 122 y 209 de la Constitución Política.

Frente a esta censura dirá la Sala que al estar conectada al desarrollo normativo y a los fundamentos fácticos consagrados en dispositivos de menor rango, como los analizados anteladamente, la violación a estas normas superiores dependían en forma conexa a la prosperidad de los cargos ya resueltos y frente a los cuales no se encontró prosperidad, razón por la cual se negará.

Aunado a lo anterior, tampoco se advierte que el contenido de los mismos haya sido violado por las actuaciones que dieron lugar al acto declaratorio de elección, conforme a los planteamientos del demandante o que se adviertan transgredidos por el propio acto que eligió al demandado Jairo Miguel Torres Oviedo, en calidad de Rector de la Universidad de Córdoba.

En consecuencia, el cargo no prospera.

En atención a que las censuras no encontraron fundamento, la Sala denegará las pretensiones de la demanda contra el acto declaratorio de elección del Rector de la Universidad de Córdoba, período 2015-2018, que recayó en el señor Jairo Miguel Torres Oviedo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

1. NIÉGANSE las pretensiones de la demanda de nulidad electoral contra el Acuerdo 118 de 18 de diciembre de 2015 que declaró electo al señor Jairo Miguel Torres Oviedo, en calidad de Rector de la Universidad de Córdoba, para el período 2015-2018.

2. Contra esta decisión no procede recurso alguno.

Cópiese, Notifíquese y Cúmplase».

8 Se posesionó en el cargo el mismo 18 de diciembre de 2015, conforme consta en el acta de posesión obrante a folio 31 del cuaderno principal 1.

9 Sentencia T-703 de 2008. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

10 Corte Constitucional. Sentencia T-068 de 14 de febrero de 2012. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

11 “ART. 66. El rector es el representante legal y la primera autoridad ejecutiva de la universidad estatal u oficial y será designado por el consejo superior universitario. Su designación, requisitos y calidades se reglamentarán en los respectivos estatutos”.

12 [Nota al Pie en El Original: “Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-798 de 2003”].

13 [Nota al Pie en el Original: “En principio las inhabilidades impiden el acceso a la función pública, pero la naturaleza jurídica de las mismas permite hacer extensivas sus características a algunas situaciones en las cuales los particulares traban relaciones jurídicas con el Estado, como ocurre en el caso de la celebración de contratos regulada mediante la Ley 80 de 1993”].

14 Corte Constitucional. Sentencia C-353 de 20 de mayo de 2009. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.

15 “ART. 65. Son funciones del consejo superior universitario:
a. Definir las políticas académicas y administrativas y la planeación institucional;
b. Definir la organización académica, administrativa y financiera de la institución;
c. Velar porque la marcha de la institución esté acorde con las disposiciones legales, el estatuto general y las políticas institucionales;
d. Expedir o modificar los estatutos y reglamentos de la institución;
e. Designar y remover al rector en la forma que prevean sus estatutos;
f. Aprobar el presupuesto de la institución;
g. Darse su propio reglamento, y
h. Las demás que le señalen la ley y los estatutos.
Parágrafo. En los estatutos de cada universidad se señalarán las funciones que puedan delegarse en el rector”.

16 “ART. 67. “Los integrantes de los consejos superiores o de los consejos directivos, según el caso, que tuvieren la calidad de empleados públicos y el rector, estarán sujetos a los impedimentos, inhabilidades e incompatibilidades establecidas por la ley y los estatutos, así como las disposiciones aplicables a los miembros de juntas o consejos directivos de las instituciones estatales u oficiales. Todos los integrantes del consejo superior universitario o de los consejos directivos, en razón de las funciones públicas que desempeñan, serán responsables de las decisiones que se adopten”.

17 “ART. 35. Prevé las funciones del Consejo Superior Universitario, algunas de ellas: a) Definir las políticas académicas y administrativas y la planeación institucional; b) Definir la organización académica, administrativa y financiera de la institución; c) Velar porque la marcha de la institución esté acorde con las disposiciones legales, el Estatuto General y las políticas institucionales; d) Expedir y modificar los Estatutos y Reglamentos de la Institución; e) Designar y remover al Rector, a los Vicerrectores y Decanos de acuerdo a lo establecido en el presente Estatuto.

18 “ART. 6º. Indica que además de las atribuciones señaladas en el Estatuto General (Acuerdo 0021 de 1994) son funciones del Consejo Superior, entre otras: b) interpretar por vía de autoridad el estatuto general y el reglamento interno del Consejo Superior, c) tramitar y resolver los impedimentos y recusaciones de los miembros del CSU, del Rector, de los Vicerrectores y de los Decanos, d) proveer temporalmente las vacancias que se presenten en el seno del CSU por vencimiento de período de sus miembros. Para este caso, el CSU prorrogará de manera automática el período de sus miembros activos hasta por un máximo de seis (6) meses, con la advertencia en el parágrafo del artículo en cita de que al concluir la prórroga, el Consejo debe iniciar el proceso para cubrir la vacante, f) expedir y modificar los estatutos y reglamentos de la institución.

19 Sobre el tema véase: Sección Quinta, auto de ponente de 3 de marzo de 2016. Expediente 11001032800020150001900. William Yesid Lasso vs. Carlos Emilio Oñate Gómez (Rector de laUniversidad Popular del Cesar). Código Penal. Dr. Alberto Yepes Barreiro.

20 La expresión “en las que la Nación o sus entidades posean el noventa por ciento (90%) o más de su capital social” fue declarada exequible mediante Sentencia de la Corte Constitucional C-736 de 2007.

21 Acuerdo 86 de 2015 “Por el cual se establece el procedimiento y el cronograma para la designación de rector de la Universidad de Córdoba 2015-2018”, en el artículo 2º, dispone: “Los aspirantes a ser elegidos Rector de la Universidad de Córdoba, para el período 2015-2018, deberán acreditar las siguientes calidades y requisitos contemplados en el Acuerdo No. 066 de 2010: a) ser colombiano; b) ser ciudadano en ejercicio; c) no haber sido sancionado disciplinaria, fiscal o penalmente salvo por delitos culposos o políticos; d) no estar incurso en la inhabilidades e incompatibilidades establecidas por la ley para los empleados públicos; e) tener título profesional universitario; f) tener título universitario de postgrado a nivel de maestría; g) tener experiencia administrativa a nivel directivo no inferior a cincuenta y dos (52) meses y h) tener mínimo cinco años de experiencia docente universitaria o en investigación en una institución universitaria reconocida legalmente”.

22 En el artículo 67 pretranscrito en nota al pie anterior y el artículo 79 “El estatuto general de cada universidad estatal u oficial deberá contener como mínimo y de acuerdo con las normas vigentes sobre la materia, los derechos, obligaciones, inhabilidades, situaciones administrativas y régimen disciplinario del personal administrativo”.

23 Concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, de 11 de noviembre de 2014, radicación interna 2228, número único 11001030600020140021800. Referencia: Delegados de la Ministra de Educación Nacional ante consejos superiores universitarios de universidades públicas y consejos directivos de otras instituciones de educación superior estatales. Código Penal. Dr. Álvaro Namén Vargas (E).

24 Los requisitos básicos son: ser colombiano; ciudadano en ejercicio; tener título profesional universitario; experiencia administrativa no inferior a tres años en el sector público o privado; no haber sido sancionado disciplinaria ni penalmente y, acreditar estudios de pos grado en administración o haber ejercido una profesión por término no menor a cinco años (art. 36 Estatuto General).

25 “ART. 11. Conflicto de interés y causales de impedimento y recusación. Cuando el interés general propio de la función pública entre en conflicto con el interés particular y directo del servidor público, este deberá declararse impedido. Todo servidor público que deba adelantar o sustanciar actuaciones administrativas, realizar investigaciones, practicar pruebas o pronunciar decisiones definitivas podrá ser recusado si no manifiesta su impedimento por: 1. Tener interés particular y directo en la regulación, gestión, control o decisión del asunto o tenerlo su cónyuge, compañero o compañera permanente, o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o su socio o socios de hecho o de derecho”.

26 “Por el cual se adicionan los artículos 23, 42 y 52 del Acuerdo 0021 de 1994 y el artículo 2º del Acuerdo 007 de 1995” sobre el tema de suplencias de algunos cargos. Folios 34 a 35 del cuaderno principal 1.

27 “ART. 5º. Los suplentes actuarán en ausencia del principal, en los siguientes casos: a) por falta absoluta, b) por incapacidad médica, debidamente acreditada, c) por licencia, vacaciones, permisos; debidamente acreditado, d) por comisión, práctica de campo, debidamente acreditado, e) por muerte, f) por pérdida de la calidad de docente, estudiante, servidor público.
PAR. 1º. En el caso de las faltas temporales, el representante principal deberá comunicar por escrito, mínimo 24 horas antes ante la secretaría del respectivo organismo, su ausencia temporal, anexando las certificaciones correspondientes.
PAR. 2º. En el caso de las faltas absolutas, el suplente asumirá inmediatamente la representación hasta la terminación del período” (subrayas fuera de texto).

28 Jorge Guerrero Trujillo, Mayra Viera Cano, Kelly Sterling Plazas, Orlando Jiménez Vergara y Roberto Lora Méndez.

29 Juan David Martínez Mejía, José Gabriel Flórez Barrera y Omar Pérez Sierra.