SENTENCIA 2016-00023 DE NOVIEMBRE 3 DE 2016

 

Sentencia 2016-00023 de noviembre 3 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Rad.: 11001-03-28-000-2016-00023-00

Consejera Ponente:

Dra. Rocío Araújo Oñate

Actor: Fernando Mauricio Forero Bejarano

Demandado: acto de elección de Wilmer Alexander Amaya Urrego y Diego Iván Velandia Prieto, miembros de las entidades del sector privado al Consejo Directivo de Corpoguavio.

Nulidad electoral

Sentencia de única instancia

Bogotá, D. C., tres de noviembre de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. Competencia.

La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para conocer y decidir la presente demanda en única instancia, según lo dispuesto en el artículo 149, numeral 3º del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

2. Problema jurídico.

El problema jurídico a ser definido por la Sala consiste en determinar si el acto de elección de los representantes del sector privado ante el consejo directivo de Corpoguavio para el periodo 2016-2019, debe ser anulado por haber sido expedido de forma irregular y por haber elegido un candidato sin el lleno de los requisitos legales.

Por razones de orden metodológico, para desarrollar el problema jurídico planteado, se precisarán: (i) fundamento normativo de la elección de los representantes del sector privado ante el consejo directivo de las corporaciones autónomas regionales, (ii) argumentos de la demanda y análisis de las pruebas legal y oportunamente allegadas al proceso.

3. Análisis del caso concreto.

3.1. Fundamento normativo de la elección de los representantes del sector privado ante el consejo directivo de las corporaciones autónomas regionales.

Con la creación del Ministerio del Medio Ambiente y la reordenación del Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables ordenada por la Ley 99 de 1993, se fijó la política ambiental colombiana y se determinó la naturaleza jurídica y los órganos de dirección y administración de las corporaciones autónomas regionales. El artículo 26(13) de esta norma dispuso que el consejo directivo sería el órgano de administración de la corporación y estaría conformado, entre otros miembros, por dos (2) representantes del sector privado.

Este precepto fue modificado por la Ley 1263 de 2008 que en el parágrafo 3 del artículo 1º de la Ley 1263 de 2008 previó que: “El proceso de elección de los representantes del sector privado, ante el Consejo Directivo de las Corporaciones Autónomas Regionales o de Desarrollo Sostenible, deberán realizarlo los integrantes de su mismo sector”. En virtud de este mandato se expidió el Decreto 1850 de 2015, Por el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con el trámite de elección de los representantes del Sector Privado ante el Consejo Directivo de las Corporaciones Autónomas Regionales, disposición que estableció el procedimiento para la elección de los representantes del sector privado ante los consejos directivos de las corporaciones.

El artículo 2.2.8.5A.1.3 del Decreto 1850 de 2015 prescribió que las organizaciones del sector privado interesadas en participar en la elección de sus representantes ante el consejo directivo de las corporaciones autónomas regionales, debían radicar previamente los siguientes documentos:

“1. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio que se encuentre vigente al momento de la presentación de la documentación, donde conste que la organización privada desarrolla sus actividades en la jurisdicción durante los últimos 2 años.

1. Un informe con sus respectivos soportes sobre las actividades que la organización privada desarrolla en el área de jurisdicción de la respectiva Corporación.

2. En caso que deseen postular candidato, deberán ajuntar la hoja de vida con sus soportes de formación y experiencia y copia del documento de la respectiva Junta Directiva o del órgano que haga sus veces, en la cual conste la designación del candidato”.

El procedimiento para la verificación de los documentos se encuentra previsto en el artículo 2.2.8.5A.1.4 disposición en la que se señala la obligación de presentar el informe en el que consta si la documentación allegada por las organizaciones del sector privado que desean participar en el proceso de elección se encuentra completa. Este reporte deberá ser publicado con cinco (5) días de antelación a la fecha de la celebración de la reunión de elección, de forma física en las carteleras de las sedes de la corporación y en medio magnético en la página web institucional, además de ser presentado a la colectividad el día de la designación.

Finalmente el artículo 2.2.8.5A.1.5 prevé que “la reunión de elección tendrá plazo para realizarse hasta el último día hábil del mes de noviembre del año anterior a la iniciación del periodo institucional respectivo”. En cuanto a la forma de elección esta disposición prevé que estará a discrecionalidad del sector privado elegirla sometiendo como única restricción que deberá ser realizada en la reunión, so pena de iniciar de nuevo el proceso.

3.2. De los argumentos de la demanda.

3.2.1. La presunta violación de los derechos al debido proceso, al acceso en igualdad de condiciones a los cargos públicos, del principio de buena fe y de los artículos 2.2.8.5A.1.3, 2.2.8.5A.1.4 y 2.2.8.5A.1.5 del Decreto 1850 de 2015.

Argumenta el accionante en su libelo introductorio que el comité evaluador de la Corporación Autónoma Regional del Guavio al proferir la Adenda Nº 02 al informe de resultados de la convocatoria de representantes del sector privado el 30 de noviembre de 2015, violó los derechos al debido proceso, al acceso en igualdad de condiciones a los cargos públicos, el principio de buena fe y los artículos 2.2.8.5A.1.3, 2.2.8.5A.1.4 y 2.2.8.5A.1.5 del Decreto 1850 de 2015, los cuales prevén el procedimiento para la elección de los representantes del sector productivo ante los Consejos Directivos de las Corporaciones Autónomas Regionales.

El accionante describe el trámite del proceso de elección señalando que, en cumplimiento del artículo 2.2.8.5A.1.2 del Decreto 1850 de 2015(14), “… el Director de la Corporación Autónoma Regional del Guavio (Corpoguavio), mediante aviso de 15 de octubre de 2015, convocó a las organizaciones privadas para que el día treinta de noviembre se reunieran a elegir sus representantes ante el Consejo Directivo de esa Corporación para el periodo 2016-2019, de igual forma estableció que la recepción de documentos se realizaría a partir del 20 de octubre hasta el 6 de noviembre de 2015…”(15).

Continua relatando que, de conformidad con el citado artículo 2.2.8.5A.1.3 del Decreto 1850 de 2015, “… la Empresa Forestal de los Ándes Ltda., a través de su representante legal, mediante escrito radicado el día 6 de noviembre de 2015, postuló la hoja de vida de mi mandante como candidato del sector privado para hacer parte del Consejo Directivo de Corpoguavio para el periodo 2016-2019, adjuntó a este documento, la copia de la hoja de vida, certificados laborales, cédula de ciudadanía, Acta Nº 023 de 2 de noviembre de 2015 suscrita por la Junta Directiva de la Empresa Forestal de los Ándes Ltda. en la cual se efectúo la designación, el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá del 5 de noviembre de 2015, y los estados financieros de la empresa a diciembre de 2014…”(16).

Expone que, en virtud de lo dispuesto con el artículo 2.2.8.5A.1.4 del Decreto 1850 de 2015, “… El día 19 de noviembre, el comité designado para la evaluación de la documentación, emitió el respectivo informe en el cual indicó que los únicos candidatos postulados que cumplieron con los requisitos fueron los señores Wilmer Alexander Amaya Urrego y Diego Iván Velandia Prieto…”(17).

Señala que en informe se afirmó en relación con el señor Fernando Mauricio Forero Bejarano que: “… EL CANDIDATO NO APORTA LOS SOPORTES DE LA HOJA DE VIDA COMO DOCUEMNTOS (sic) QUE ACREDITEN SU ESTUDIO Y EXPERIENCIA)…”(18).

Ante esta circunstancia el señor Forero Bejarano y la representante legal de la empresa Forestal de Los Andes Ltda., por escritos radicados con números RE-2015-SN-CG04937 de 23 de noviembre de 2015 y RE-2015-SN-CG04975 de 25 de noviembre de 2015, solicitaron la revisión de la evaluación a la documentación enviada. Frente a esta petición el comité evaluador expidió una adenda al informe de resultados de la verificación en la cual se indicó lo siguiente:

“De los hechos relevantes narrados por el señor Forero Bejarano frente a su postulación como candidato al Consejo Directivo de Corpoguavio firmada por la señora Leidy Jhoana Forero Bejarano, se observó en la hoja de inscripción que al momento de la recepción de dichos documentos se señaló frente a la postulación “NO postula candidato” y que el referido paquete era contentivo de tan solo cinco (5) folios.

Frente a esto el comité dejó sentado que la empresa FORESTAL DE LOS ANDRES (sic) en el formato de inscripción diligenciado el día 05 de noviembre de 2015, manifestó no realizar postulación alguna con relación al señor Fernando Mauricio Forero Bejarano, por otra parte en la hoja de vida radicada el 06 de noviembre, fecha posterior a la inscripción de la empresa, aparece a folio 1 una comunicación suscrita por la señora Leidy Jhoana Forero Bejarano como candidato al Consejo Directivo por parte del sector privado, situación ésta que hizo incurrir en confusión al comité evaluador ya que de conformidad con el Decreto 1850 de 2015, se interpreta que la inscripción y los documentos aportados en la hoja de vida deben ser consecuentes y no deben prestarse para interpretaciones que puedan hacer incurrir en un error a la administración no obstante lo anterior y salvaguardando el debido proceso y la igualdad de oportunidades, el comité aceptó la postulación. (…) “(resaltado fuera de texto)(19)

En este estado del relato se destaca que existe prueba de que la empresa Forestal de los Andes Ltda. cumplía con la documentación exigida y por tanto estaba habilitada para participar en la elección de los representantes del sector privado ante el Consejo Directivo de Corpoguavio(20); no siendo así para su candidato, el señor Fernando Mauricio Forero Bejarano, pues se reporta en el informe que éste no satisfizo los requisitos necesarios para su postulación como lo era allegar la hoja de vida y los soportes que acreditaran su estudio y experiencia.

En la citada adenda(21), el comité evaluador argumentó que la decisión de no aceptar al candidato postulado por la empresa Forestal de los Andes Ltda., en el informe del 19 de noviembre se debió a que inicialmente solo se consideró la documentación que la empresa radicó el 5 de noviembre de 2015 y no los soportes que el candidato postulado allegó el 6 de noviembre de la misma anualidad, fecha que coincide con el último día de plazo para presentar la documentación requerida según lo dispuesto en el aviso de convocatoria(22).

Igualmente, expuso que el comité evaluador analizó los documentos allegados por dicha empresa para efectos de la postulación de Fernando Mauricio Forero Bejarano como candidato en el proceso de elección de marras, soportándose: “… en principios de igualdad, equidad, imparcialidad cuyo principio lo que procura es garantizar que en la búsqueda de la verdad real, la administración actuará con objetividad en la toma de decisiones y con absoluto respeto hacia los derechos subjetivos e interese legítimos de los administrados…”(23).

El accionante señaló que previo al acto de elección de los representantes del sector privado ante consejo directivo de Corpoguavio, celebrada el 30 de noviembre de 2015, el candidato Wilmer Alexander Amaya Urrego realizó una petición en relación con la revisión de la habilitación del señor Fernando Mauricio Forero Bejarano para ser candidato al consejo directivo, indicando que en el Acta Nº 023 de 2 de noviembre de 2015 la Junta Directiva de la Empresa Forestal de los Andes Ltda. lo postuló como representante de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y no del sector privado.

Argumenta el accionante que dicha petición era improcedente según lo dispuesto en el Decreto 1850 de 2015, por cuanto en la reunión sólo se debía entrar a elegir candidato y no discutir sobre los requisitos o sobre el proceso de evaluación. Lo anterior, en razón a que adicionalmente al mandato legal el informe se había publicado con 5 días de anterioridad a efectos de poder ser controvertido, oportunidad procesal que fue aprovechada por el señor Forero Bejarano y la cual no fue usada por el candidato Wilmer Alexander Amaya Urrego.

En virtud de lo expuesto, el demandante considera que se vulneró el debido proceso en tanto el comité evaluador sólo podía leer el informe del trabajo de evaluación ya realizado y no atender peticiones tendientes a reevaluar las habilitaciones y postulaciones. Sin embargo, el comité evaluador concluyó que la postulación del señor Forero Bejarano no satisfacía los requisitos para ser candidato por el sector privado y, en tal virtud lo deshabilitó como candidato mediante la Adenda Nº 2 del 30 de noviembre de 2015.

En este punto el actor reconoce que el error señalado en el Acta Nº 023 del 2 de noviembre de 2015 se configuró, imputándolo a un “lapsus calimitis”, pues en el numeral 1º de la mencionada acta se expone que el motivo de la reunión no era otro que la postulación de candidato a representante del sector privado ante el Consejo Directivo de Corpoguavio.

Así mismo, según el actor, es necesario tener en cuenta que las actuaciones tanto por parte del señor Forero Bejarano como de la empresa Forestal de los Andes, se dirigieron inequívocamente a la búsqueda de la candidatura al Consejo Directivo por parte del sector privado, situación que ya había sido reconocida por el comité evaluador de la Corporación Autónoma Regional en la adenda efectuada el 25 de noviembre de 2015. Finalmente, señala el actor que fue tan claro el error por cuanto una empresa del sector privado no podría efectuar la postulación de una candidatura al Consejo Directivo en representación de un sector al cual claramente no pertenece como es el de las organizaciones no gubernamentales.

Procede la Sala a estudiar las normas invocadas a fin de dilucidar si en la fecha en la que se debía realizar la elección de los representantes del sector privado ante el Consejo Directivo de Corpoguavio, el comité evaluador sólo estaba facultado para leer el informe ya realizado sin tener potestad para revisarlo o modificarlo.

El citado artículo 2.2.8.5A.1.4 del Decreto 1850 de 2015 dispone que el informe de verificación de la documentación le correspondía realizarlo al comité evaluador designado para tales efectos por Corpoguavio y debía ser publicado con cinco (5) días de antelación a la fecha de la reunión de elección, es decir, el 30 de noviembre de 2015.

Se advierte que el invocado informe de evaluación fue expedido el 19 de noviembre de 2015, según copia del mismo que obra en el plenario(24), en el cual se indicó que los señores Wilmer Alexander Amaya Urrego y Diego Iván Velandia Prieto fueron los únicos postulados que cumplieron con los requisitos para ser candidatizados como representantes del sector privado ante el Consejo Directivo de Corpoguavio.

Como consecuencia de las reclamaciones efectuadas por la empresa Forestal de los Andes Ltda., y del señor Fernando Mauricio Forero Bejarano el comité evaluador emitió una primera adenda al mismo el 25 de noviembre de 2015(25), por medio de la cual se incluyó al señor Forero Bejarano como candidato para la elección de los representantes del sector privado ante el Consejo Directivo de Corpoguavio, la cual fue publicada en la página web de la entidad.

Sin embargo, minutos antes (10:15 a.m.) del inicio de la reunión de elección (11:30 a.m.)(26) se realiza la segunda modificación elaborada por parte del comité evaluador al informe de resultados del 19 de noviembre de 2015(27), a través de la Adenda Nº 2 del 30 de noviembre de 2015 en el cual se excluyó al señor Forero Bejarano de la mencionada lista de candidatos. Concluye la Sala que el listado definitivo de postulados para ser elegidos como representantes del sector privado ante el Consejo Directivo Corpoguavio, que finalmente fue sometido a la votación de las organizaciones correspondientes en la reunión de elección, como resultado del informe elaborado por el comité evaluador, fue emitido el mismo día de la elección respectiva desconociéndose de esta manera el término de divulgación consagrado el citado artículo 2.2.8.5A.1.4 del Decreto 1850 de 2015.

Al desconocerse lo establecido por el Decreto 1850 de 2015, en este estadio inicial del proceso, la Sala advierte que como consecuencia de la inobservancia de dichas reglas de procedimiento, el comité evaluador al expedir la Adenda Nº 2 del 30 de noviembre de 2015 y no divulgar el informe definitivo con una antelación de cinco (5) días, conforme lo consagra específicamente el artículo 2.2.8.5A.1.4 del citado decreto, vulnerando con ello el derecho al debido proceso y, de contera, el derecho al acceso en igualdad de condiciones a los cargos públicos y el principio de buena fe. Esto último, toda vez que tal actuación le impidió al señor Forero Bejarano participar como candidato postulado en la elección de los representantes del sector privado ante el Consejo Directivo de Corpoguavio para el período 2016-2019(28).

Se reitera que con este actuar se desconoció la obligación normativa que imponía que los resultados del informe evaluador debían ser publicados cinco (5) días de antelación a la fecha de la reunión de elección de forma física en las carteleras de la corporación y en medio magnético en la página web institucional.

Frente al desconocimiento de los términos en procesos de elección, esta Sala Jurisdiccional(29) ha considerado:

“El actor en la demanda y en el recurso de apelación argumentó que el Concejo de Candelaria desconoció, entre otras normas, el artículo 35 de la Ley 136 de 1994 porque el 2 de enero de 2008 convocó a la elección de personero para el día 8 de enero de 2008 y con ello pasó por alto el hecho de que “entre la fecha de convocatoria y el día de la elección, debe existir los tres día de anticipación…”; días que, de acuerdo con el artículo 70 de la Ley 153 de 1887 subrogado por el artículo 62 del Régimen Político y Municipal, son hábiles. (…) Los días a los que se refiere el artículo 35 de la Ley 136 de 1994 son hábiles. (…) Con base en estas pruebas se constata: i) que la convocatoria para la elección de personero se realizó el día 2 de enero de 2008 y la sesión de elección se programó y llevó a cabo el día 8 de enero de 2008, ii) que entre la fecha de la convocatoria y la fecha de la elección del demandado como personero sólo transcurrieron dos (2) días hábiles, y iii) que, en efecto, el acto de elección acusado está viciado porque infringió el mandato del artículo 35 de la Ley 136 de 1994 que impone que sean tres (3) los días que antecedan a la fecha de la sesión en la cual se haya previsto la elección de personeros. Por tanto, se concluye que este cargo próspera” (Se destaca).

Enfatiza la Sala que cualquier modificación de los términos y plazos previstos en las normas que regulan el proceso de elección configura una irregularidad de tal magnitud que se circunscribe en la causal de nulidad de los actos administrativos de expedición irregular, la cual ha sido concebida por esta corporación en los siguientes términos:

“La expedición irregular como vicio anulante de los actos administrativos se estructura cuando en el proceso de formación de la decisión administrativa, se desconocen las formalidades establecidas por la ley, sea una especial o la general contenida en la primera parte del Libro I del Código Contencioso Administrativo, o cuando el respectivo acto se presenta sin considerar la manera dispuesta por el legislador. Este vicio afecta el elemento de la validez denominado adecuación de las formas.

Cuando se alega que un acto administrativo se expidió en forma irregular debe plantearse una confrontación entre el procedimiento o la forma que la ley impone y el que se cumplió para su formación o la presentación de la decisión; en cuanto se aduzcan defectos en el trámite habrá de alegarse, además, que fueron de tal entidad, que afectaron el sentido de la decisión.

En la demanda se dijo que el acto de nombramiento impugnado adolecía de expedición irregular, porque se dispuso sin que previamente se agotara el proceso ordinario dispuesto por el artículo 9º de la Ley 909 de 2004, el que debía convocarse con 3 meses de antelación, con base en una lista que había perdido vigencia y considerando un proceso que tuvo vigencia temporal”(30) (resaltado fuera del texto primigenio).

Igualmente, se destaca que para la fecha en la que se realizó la expedición de la Adenda Nº 2 el comité de evaluación carecía de la potestad para pronunciarse sobre reclamaciones dirigidas a atacar la decisión de habilitación o postulación, pues la expedición de este documento se configuró cuando la función de este comité se limitaba a la lectura ante la reunión en pleno del sector productivo. Por tanto, para esa fecha los miembros del comité evaluador carecían de competencia ratione temporis, la cual ha sido definida por esta Sala así:

“ii) Se entiende por competencia ratione temporis(31) (razón de temporalidad), “el marco cronológico o temporal dentro del cual la autoridad administrativa deberá ejecutar los actos, ejercitar sus actividades o en el que se le podrá asignar una tarea o una facultad determinada en forma instantánea o sucesiva, bien sea en forma ocasional o permanente”.

Para esta Sala, la competencia ratione temporis prevista en el parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 1263 de 2008 impide que el procedimiento de designación de los directores generales de las CAR se realice con posterioridad al “trimestre inmediatamente anterior al inicio del período institucional respectivo”.

Fluye de lo anterior que adicional al incumplimiento del requisito temporal para la publicación de los resultados que exige la norma, la expedición de la Adenda Nº 2 se realizó sin la competencia del comité evaluador, pues para esa data sus miembros solo ostentaban la potestad de dar lectura de los resultados ante el plenario de los miembros convocados. El análisis de la competencia de este documento es posible en virtud de la facultad que tiene el juez de estudiar los vicios que pueden afectar los actos preparatorios a efectos de analizar la legalidad del acto definitivo sin que esta circunstancia se pueda entender que se están excediendo los límites fijados en el litigio(32).

Visto que el actuar del comité evaluador al expedir la Adenda Nº 2 del 30 de noviembre de 2015 a pesar de carecer de competencia para ello y no divulgar el informe definitivo con una antelación de cinco (5) días, conforme lo consagra específicamente el artículo 2.2.8.5A.1.4 del Decreto 1850 de 2015, configura inobservancia de las reglas de procedimiento que se enmarcan en la causal de nulidad por expedición irregular, que al estar debidamente acreditada en el plenario vicia la legalidad del acto de elección.

Cabe resaltar que esta inobservancia incidió directamente en la elección de los representantes del sector privado ante el Consejo Directivo de Corpoguavio(33), en razón a que como consecuencia de la Adenda Nº 2 del 30 de noviembre de 2015, el nombre del señor Fernando Mauricio Forero Bejarano no fue tenido en cuenta como candidato en la reunión de elección del 30 de noviembre de 2015 y, de esta manera, los únicos nombres de candidatos que fueron postulados a la votación para elegir a los dos representantes de las organizaciones del sector privado, fueron los señores Wilmer Alexander Amaya Urrego y Diego Iván Velandia Prieto.

Finalmente, a partir del oficio de postulación radicado por la empresa Forestal de los Andes Ltda. el 6 de noviembre de 2015(34), por medio del cual informó a Corpoguavio sobre la postulación del señor Fernando Mauricio Forero Bejarano, y teniendo en cuenta que el proceso de convocatoria estuvo circunscrito precisamente para la participación del sector privado, la Sala en esta etapa procesal encuentra que resultaba evidente que la postulación del señor Fernando Mauricio Forero Bejarano propuesta por la empresa Forestal de los Andes Ltda., se dirigió inequívocamente a que éste participara como su candidato en la elección de los representantes del sector privado, por lo que tampoco le asistió razón al comité evaluador para excluir por esta circunstancia, a través de la Adenda Nº 2 del 30 de noviembre de 2015, al señor Forero Bejarano de la lista de candidatos.

Por ello, el aparte del Acta 023 del 2 de noviembre de 2015(35), que señaló que la postulación era para ser representante de las organizaciones no gubernamentales ante el Consejo Directivo de Corpoguavio, constituyó un error mecanográfico, máxime si se tiene en cuenta que en la misma acta, específicamente en desarrollo del punto No.1 del orden del día, se señaló expresamente que: “…el motivo de la presente reunión es la designación de uno de nuestros miembros de la sociedad para que nos represente como candidato en el proceso de elección al consejo directivo de Corpoguavio por el sector privado…”(36).

Por encontrarse acreditado el vicio de expedición irregular se advierte que las pretensiones de la demanda tengan vocación de prosperidad, situación que releva a la Sala del estudio de los demás cargos.

3.4 Conclusión.

Considerando que el informe de evaluación definitivo resultante de la Adenda Nº 2 expedida el 30 de noviembre de 2015, por medio de la cual excluyó de la lista de candidatos al señor Fernando Mauricio Forero Bejarano, fue expedido sin competencia para ello y no fue divulgado con una antelación de cinco (5) días conforme lo consagra específicamente el artículo 2.2.8.5A.1.4 del Decreto 1850 de 2015, la Sala considera que el comité evaluador inobservó las reglas de procedimiento establecidas para tales efectos, vulnerando de este modo el derecho al debido proceso, el acceso en igualdad de condiciones a los cargos públicos y el principio de buena fe y configurando la causal de nulidad de expedición irregular que vicia el acto de elección de los representantes del sector privado ante el Consejo Directivo de Corpoguavio.

Por último, cabe precisar que respecto de la decisión de nulidad que mediante el presente pronunciamiento se asume es necesario reiterar los efectos específicos que conlleva, por haberse originado la causal de expedición irregular. Es así como esta Sala Jurisdiccional en sentencia de unificación de 6 de mayo de 2016, explicó:

“En estos casos, en donde se establecen claramente los efectos, deben cumplirse en los términos dados en la sentencia debidamente ejecutoriada, tal como lo establece el inciso 6º del artículo 189 del CPACA2 , aplicable por remisión del artículo 296 Ibíd.

2. En otros casos en la sentencia solo se ha declarado la nulidad del acto electoral -por irregularidades en el trámite de su expedición-, pero no se hace modulación de los efectos. Al no darse una orden en concreto, se genera incertidumbre sobre los posibles efectos de dicha declaratoria, y por tanto la Sección ha establecido posturas diferentes al respecto:

a) En sentencia de 29 de mayo de 2009, expediente número 11001-03-28-000- 2007-00036-00, M.P. Filemón Jiménez Ochoa(37), esta Corporación, ante tal vacío consideró que se debía adelantar una nueva convocatoria. Al efecto sostuvo:

“(…) Si la nulidad de un acto administrativo declarada por vía jurisdiccional, tuvo como razón el procedimiento irregular para su emisión, su declaratoria cobija todo el trámite por ser elemento de la validez del acto, por ende, no es procedente, que sobre un aspecto que fue la causa de la declaración de nulidad, se cimiente otro acto administrativo. Si así ocurriere, se incurriría en la misma causal de nulidad en el nuevo acto”. (…)

En esa ocasión, esta Sección fue tajante en establecer que cuando se declare la nulidad de un acto de elección por irregularidades en el trámite, es necesario llevar a cabo un nuevo procedimiento con una nueva elección(38) (negrillas fuera el texto primigenio).

Conforme con lo expuesto y visto que en el presente caso la expedición irregular se configuró a partir de la expedición de la Adenda Nº 2 resulta claro para esta Sala de Decisión que con la nulidad del acto de elección, le correspondería a los miembros del sector privado habilitados para participar en la elección de los representantes al consejo directivo de Corpoguavio proceder a continuar el proceso de elección desde los actos previos. Sin embargo, el artículo 2.2.8.5A.1.5 del Decreto 1850 de 2015 dispone que la elección se llevará a cabo a más tardar el último día hábil del mes de noviembre del año anterior a la iniciación del periodo institucional respectivo y “Si una vez cumplido este plazo no fuere posible realizar la elección, la Corporación dejará una constancia y se procederá a publicar un nuevo aviso, aplicando las previsiones de este capítulo”.

En virtud de lo expuesto y considerando que debido a la irregularidad expuesta no era posible la celebración de la elección, la asamblea del sector privado debía dar aplicación a lo previsto en inciso final del artículo 2.2.8.5A.1.5 del Decreto 1850 de 2015 y proceder a fijar un nuevo aviso rehaciendo el proceso en su totalidad atendiendo cada una de las disposiciones contenidas en el capítulo 5A “Trámite de elección representantes del sector privado y sus suplentes ante los consejos directivos de las corporaciones autónomas regionales” del Decreto 1850 de 2015.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

1. DECLARAR la nulidad del acto de elección de los representantes del sector privado ante el consejo directivo de la corporación autónoma regional del Guavio, para el período institucional 2016-2019, conformidad con la parte motiva de este proveído.

2. ORDENAR a la asamblea del sector productivo, el cumplimiento al inciso final del artículo 2.2.8.5A.1.5 del Decreto 1850 de 2015 y rehaga todo el proceso de elección de los representantes del sector privado ante el consejo directivo de la corporación autónoma regional del Guavio, desde la publicación del aviso de convocatoria.

3. INFORMAR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

Notifíquese y cúmplase»

13 Artículo 26. Del Consejo Directivo. Es el órgano de administración de la Corporación y estará conformado por:
a) El gobernador o los gobernadores de los departamentos sobre cuyo territorio ejerza jurisdicción la Corporación Autónoma Regional, o su delegado o delegados. Corresponderá al gobernador o a su delegado presidir el Consejo Directivo. Si fuesen varios los gobernadores, los estatutos definirán lo relativo a la presidencia del Consejo Directivo;
b) Un representante del Presidente de la República;
c) Un representante del Ministro del Medio Ambiente;
d) Hasta cuatro (4) alcaldes de los municipios comprendidos dentro del territorio de la jurisdicción de la Corporación, elegidos por la Asamblea Corporativa, para períodos de un (1) año por el sistema de cuociente electoral, de manera que queden representados todos los departamentos o regiones que integran la Corporación. Si el territorio de la Corporación comprendiese un número plural de departamentos, la participación será definida en forma equitativa de acuerdo con el reglamento que al efecto expida el Gobierno Nacional;
e) Dos (2) representantes del sector privado;
f) Un (1) representante de las comunidades indígenas o etnias tradicionalmente asentadas en el territorio de jurisdicción de la Corporación, elegido por ellas mismas;
g) Dos (2) representantes de las entidades sin ánimo de lucro, que tengan su domicilio en el área de jurisdicción de la Corporación y cuyo objeto principal sea la protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables, elegido por ellas mismas.
Parágrafo 1º. Los representantes de los literales f y g, se elegirán de acuerdo a la reglamentación que sobre el particular expida el Ministerio del Medio Ambiente.
Parágrafo 2º. En la conformación de los Consejos Directivos de las Corporaciones Autónomas Regionales, se tendrán en cuenta las disposiciones de la Ley 70 de 1993.

14 Decreto 1850 de 2015. Artículo 2.2.8.5A.1.2. Aviso. Para la elección de los representantes del sector privado ante los consejos directivos de las corporaciones, la respectiva corporación deberá formular una invitación pública en la cual se indicará el lugar, fecha y hora límite en la que se recepcionará la documentación requerida, así como la fecha, hora y lugar para la celebración de la reunión en la cual se hará la elección.
La invitación se publicará por una sola vez en un diario de amplia circulación regional o nacional, en las carteleras de las sedes y subsedes de la respectiva corporación así como en su página web, con una antelación mínima de treinta (30) días hábiles a la fecha de la elección.

15 Visible a folio 14.

16 Visible a folios 14 y 15.

17 Visible a folio 16.

18 Visible a folio 15.

19 Visible a folio 16.

20 Matriz anexa del informe publicado por el comité evaluador el 19 de noviembre de 2015, específicamente en el renglón 163 correspondiente a la verificación de los documentos de la empresa folio 45.

21 La Adenda No. 1 da cuenta de estos sendos escritos con radicación RE-2015-SN-CG04937 de 23 de noviembre de 2015 y RE-2015-SN-CG04975 de 25 de noviembre de 2015, tal y como se puede apreciar en el folio 97.

22 Folio 91.

23 Folio 99.

24 Visible a folios 107-109.

25 Visible a folios 97-102.

26 Visible folios 105 y 106.

27 Visible a folios 107-109.

28 “… En este punto, y en atención al problema jurídico planteado por la Sala resulta relevante hacer referencia al vínculo existente entre el principio de buena fe y el debido proceso, relación destacada por la jurisprudencia constitucional en distintos escenarios jurídicos.[37]
El nexo entre los principios constitucionales referidos puede explicarse a partir de la siguiente constatación: una de las finalidades esenciales del debido proceso es aumentar la seguridad jurídica dotando de previsibilidad las conductas de los particulares y las autoridades, y erradicando las actuaciones arbitrarias por parte del poder público. El principio de buena fe resulta imprescindible para alcanzar este propósito normativo pues su aplicación en todas las relaciones jurídicas (es decir, tanto públicas como privadas) permite a las partes presumir la seriedad en los actos de los demás, dota de un determinado nivel de estabilidad al tránsito jurídico, y obliga a las autoridades a mantener un alto grado de coherencia en su proceder a través del tiempo…” Corte Constitucional, Sentencia T-180A del 16 de marzo de 2010, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.

29 Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 6 de febrero de 2009, C. P. Mauricio Torres Cuervo, Rad. 76001-23-31-010-2008-00057-00.

30 Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia 27 de enero de 2011. C. P, Mauricio Torres Cuervo. Rad: 11001-03-28-000-2010-00015-00.

31 Lecciones de derecho procesal administrativo Vol. II - Juan Carlos Galindo Vácha. Editorial Universidad Javeriana. 2006.

32 En sentencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado, sentencia de 18 de febrero de 2015, Radicación 25000-23-41-000-2015-0101-02 se consideró: ”… en asuntos electorales el acto que contiene la declaración de voluntades de la administración es el tendiente a elegir, nombrar o llamar a proveer vacantes, los cuales se constituyen como un verdaderos actos electorales, en los términos del inciso primero del artículo 139 del CPACA, pasibles de ser controlado, únicamente, por la vía de la nulidad electoral según las voces de la norma en comento.
Por supuesto, ello no implica que si se presentan vicios en los actos de trámite o preparatorios que dieron origen al acto de designación, aquellos queden sustraídos del control judicial, pues lo que sucede es que dichas anomalías se estudiaran por el juez electoral cuando analice la legalidad del acto definitivo.

33 Respecto a este tema, ver entre otras: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia del once (11) de julio de dos mil trece (2013), C. P. Alberto Yepes Barreiro, Radicación 73001-23-31-000-2012-00162-01; Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia del seis (06) de octubre de dos mil once (2011), C. P. Alberto Yepes Barreiro, Radicación 11001-03-28-000-2010-00120-00

34 Folio 130.

35 Folios 141 a 143.

36 Visible a folio 141.

37 Posición fue reiterada en la sentencia de 8 de abril de 2010, Expediente 1100103280002009000300, M. P. Mauricio Torres Cuervo.

38 Sección Quinta del Consejo de Estado sentencia de 26 de mayo de 2016, C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio. Rad. 11001-03-28-000-2015-00029.