Sentencia 2016-00027 de abril 7 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente:

Dr. Gabriel Valbuena Hernández

Rad.: 52001-23-33-000-2016-00027-01(AC)

Actor: Francisco Iván López Sevillano

Demandado: Superintendencia de Sociedades y otros.

Conoce la Sala de Subsección de la impugnación instaurada por el señor Francisco Ivan López Sevillano contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Nariño de 9 de febrero de 2016, que negó la protección de los derechos al debido proceso y a la defensa.

I. La acción

La solicitud de protección de los derechos fundamentales señalados descansa, en síntesis, en los siguientes:

1. Hechos.

1.1. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante la Resolución 1272 del 12 de mayo de 2015, aprobó la solicitud de promoción de un acuerdo de reestructuración de pasivos presentada por el municipio de Barbacoas.

1.2. El promotor de la reestructuración, abogado Cesar Segundo Escobar Pinto, en desarrollo de las funciones a él conferidas por los artículos 8º y 23 de la Ley 550 de 1999, convocó a la reunión de “determinación de votos y acreencias”, en la cual adscribió los votos a los acreedores ciñéndose exclusivamente al numeral 1º del artículo 22 de la Ley 550 de 1999, sin atender a lo señalado en el numeral 31 del artículo 22 de esa misma ley, con lo cual no se le asignaron votos a la totalidad de las acreencias de los acreedores laborales, correspondientes a la indemnización moratoria.

1.3. Al desatenderse el numeral 3º, se tipificó un error de interpretación de consecuencias graves tales como enervar la capacidad de decisión del accionante al momento de votar la aprobación o desaprobación del eventual acuerdo de reestructuración de pasivos.

1.4. Ante tal decisión formuló objeciones que fueron resueltas el 4 de septiembre de 2015 por el promotor, de manera desfavorable a sus pretensiones, sin efectuar consideraciones de hecho ni de derecho.

1.5. Por lo anterior el 9 de septiembre de 2015 formuló ante la Superintendencia de Sociedades demanda de objeción a la determinación de acreencias y derecho al voto, prevista en el artículo 26 de la Ley 550 de 1999, para que dicha entidad resolviera sus objeciones, en única instancia, mediante el procedimiento verbal sumario, pronunciándose a manera de árbitro, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 435 del Código de Procedimiento Civil, radicada con el número 2015-480-00089.

1.6. Como fundamento de la acción el señor López Sevillano consideró que, el Promotor del Acuerdo de Reestructuración de Pasivos del Municipio de Barbacoas no le asignó los votos correspondientes a la sanción moratoria de la que es acreedor y desacató el numeral 3 del artículo 22 de la Ley 550 de 1999, pues desconoció la naturaleza laboral de su acreencia y la condición de “cierta” por tener reconocimiento judicial a través de sentencia ejecutoriada y en firme, dictada dentro de proceso ejecutivo laboral en el cual el Municipio de Barbacoas tuvo oportunidad de controvertirlo.

1.7. El proceso iniciado por el accionante fue acumulado al proceso 2105-480-00086 promovido por la señora Fulvia Maritza Portocarrero Mejía contra el mismo promotor por idénticos hechos.

1.8. Bajo la ritualidad del proceso verbal sumario y agotadas las etapas previas, a través de auto de 13 de noviembre de 2015, la Superintendencia de Sociedades a través del Superintendente Delegado para Procesos de Insolvencia citó a las partes para el 27 de noviembre de 2015 a fin de celebrar la audiencia que ordena el artículo 439 del Código de Procedimiento Civil.

1.9. La notificación efectuada para asistir a la mencionada audiencia fue irregular, “toda vez que su fijación en la “baranda virtual” que para el efecto tiene en su página de internet la Superintendencia de Sociedades, no estuvo sujeta al mismo procedimiento seguido para previas y similares notificaciones”, y en los estados, esa providencia no fue relacionada a nombre de la demandante Fulvia Maritza Portocarrero Mejía, como siempre se hizo a lo largo de todo el proceso, sino que esta vez se hizo con el nombre genérico de Superintendencia de Sociedades, haciendo virtualmente invisible y nugatorio el “estado” y el acto de la notificación por ese medio virtual, único accesible a la distancia”.

1.10. Por lo anterior no pudo ejercer su derecho a la defensa al no poder asistir a la señalada audiencia, en donde el promotor ocultó que las acreencias por concepto de sanción moratoria aparecieran en la “relación de acreencias y acreedores” que le fue entregada por el municipio de Barbacoas, fundamentadas en “sentencia ejecutoriada y en firme”, por lo cual se tratan de acreencias ciertas y no créditos litigiosos o meras expectativas como consideró el promotor, quien no podía desconocer y desacatar fallos judiciales como los dictados por el Juez Promiscuo del Circuito de Barbacoas, porque ese no es uno de sus taxativos deberes conforme con el artículo 8º de la Ley 550 de 1999.

1.11. En la copia de la “relación de acreedores y acreencias”, el nombre del accionante aparece relacionado como titular de dos obligaciones laborales a cargo del Municipio de Barbacoas, en donde se indica que tienen como fundamento “sentencia ejecutoriada”.

1.12. El superintendente delegado para procesos de insolvencia el día 27 de noviembre de 2015, emitió sentencia en donde desestimó las pruebas solicitadas tendientes a ratificar el carácter de certeza de la sanción moratoria, al señalar que tales probanzas ya obraban en el proceso y que la condición de certeza o certidumbre de las acreencias materia de debate no era determinante para decidir si daba lugar o no a su inclusión en la determinación de votos y acreencias, decisión que tipifica un defecto fáctico.

1.13. Además incurrió en un error inducido al aceptar los argumentos del Promotor, consistentes en que las indemnizaciones no son acreencias ciertas por cuanto no fueron reconocidas mediante acto administrativo ni por juez diferente al juez ejecutivo, con lo que desconoció las sentencias de seguir adelante la ejecución dictadas por el señor Juez Promiscuo del Circuito de Barbacoas dentro de procesos en los cuales el Municipio de Barbacoas actuó por medio de apoderado judicial.

2. Pretensiones.

Solicitó el accionante:

“(…), la restauración de los derechos (…) con fundamento en los artículos 25, 29, 53, y 228 de la C.P. 8º, 20, 22, 26 y concordantes de la Ley 550 de 1999, con el propósito de salvaguardar los derechos laborales de especial protección constitucional, se ordene la revocatoria del fallo emitido por el señor superintendente delegado para procesos de insolvencia, Nicolás Polania Pinto, en todas sus partes y ordenar en su lugar, tener en cuenta la acreencia que por concepto de indemnización o sanción moratoria les ha sido reconocida en sentencia de seguir adelante la ejecución dictada por el señor Juez Promiscuo del Circuito de Barbacoas, para efectos de la adscripción de votos en el proceso de reestructuración de pasivos promovido por el Municipio de Barbacoas.

Ordenar a la Superintendencia de Sociedades, delegatura para los procesos de insolvencia, que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la providencia, proceda a adscribir los votos que le corresponden al accionante, de conformidad con el numeral “3” el artículo 22 de la Ley 522 de 1999”.

3. Trámite procesal.

Mediante auto de 26 de enero de 2016, el Tribunal Administrativo de Nariño admitió la acción de la referencia y ordenó notificar tal decisión, a la Superintendencia de Sociedades, Superintendencia Delegada para procesos de insolvencia. Ordenó vincular al Juzgado Promiscuo del Circuito de Barbacoas, al municipio de Barbacoas y al señor Cesar Segundo Escobar Pinto como terceros interesados. A todos concedió dos días para pronunciarse sobre los hechos de la tutela. (fl. 114).

Por auto de 26 de enero de 2016 negó la medida provisional solicitada. (fl. 116).

4. Informes.

4.1. El señor Nicolás Polania Tello, en su condición de Superintendente Delegado para procesos de insolvencia de la Superintendencia de Sociedades, indicó a folios 162 y ss. acudió a los siguientes argumentos:

No es cierto que el proceso tramitado por Fulvia Maritza Portocarrero por un parte y otros accionantes entre los que se encontraba el señor Francisco Iván López Sevillano, se hubiesen acumulado pues lo prohíbe el artículo 440 del Código de Procedimiento Civil para el proceso verbal sumario. Las demandas fueron tramitadas conjuntamente en el mismo expediente según lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 550 de 1999 para todas las objeciones que se presenten a la determinación de derechos de voto y acreencias bajo el radicado 2015-480-00086.

Si bien es cierto la Superintendencia de Sociedades cuenta desde hace años con una “ayuda virtual” en su página de internet denominada “baranda virtual”, dicha herramienta en vigencia del Código de Procedimiento Civil nunca fue utilizada para sustituir los mecanismos de notificación en la secretaría del despacho y por tanto, el estado se publicó en lugar visible del grupo de apoyo judicial, que cumple funciones de secretaría judicial de la Superintendencia de Sociedades. La notificación por estado se efectuó conforme a lo señalado por el artículo 321 del Código de Procedimiento Civil.

En el presente caso la acción de tutela es improcedente al no cumplir con el requisito de subsidiariedad, por cuanto el accionante contó con los mecanismos para acudir en defensa de sus intereses, tales como asistir a la audiencia señalada en el artículo 439 del Código de Procedimiento Civil donde podía interrogar a la contraparte, presentar recursos, solicitar nulidades, pedir aclaraciones, adiciones o correcciones, controvertir decisiones sobre pruebas, contradecir las pruebas que allí se practicarían entre otras facultades.

El proceso que motivó la presente acción de tutela no tuvo por objeto determinar las prestaciones que se pagarían al accionante, sino que se controvirtió la determinación de derechos de voto y acreencias del procedimiento de reestructuración del municipio de Barbacoas, que se encuentra en etapa de negociación de un acuerdo con sus acreedores para determinar la forma en que se pagarán las obligaciones a su cargo.

Que es claro que los valores objeto de discusión son sanciones distintas al capital de la obligación laboral principal que en efecto fue tenida en cuenta por el promotor. Que el hecho de que una autoridad laboral haya reconocido a favor de un trabajador en una o múltiples sentencias el derecho al pago de una sanción moratoria no por ello la sanción cambia y pasa a convertirse en capital.

Que por esto, se afirmó en la sentencia que la condición de certeza de las acreencias materia de debate, como es la sanción moratoria no era determinante para decidir, si daban lugar o no a la inclusión en la determinación de votos y acreencias, por tanto las razones de esa entidad son razonables y ajustadas a los términos señalados en la Ley 550 de 1999.

Además dicha decisión era objeto del recurso de reposición o aclaración, que debieron formularse oportunamente ante el juez competente y no vía de tutela.

A folios 172 y ss. formuló las que denominó excepciones de falta de jurisdicción y/ o competencia al considerar que la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá es el superior funcional de esa Superintendencia en ejercicio de funciones jurisdiccionales.

4.2. El Dr. Menandro Jesús López Rodriguez, Juez Promiscuo Municipal del Circuito de Barbacoas (fl. 180-182) indicó que en dicho despacho judicial se adelantó el trámite del proceso ejecutivo laboral radicado con el Nº 520793189001201100092, promovido por el señor Francisco Iván López Sevillano contra el municipio de Barbacoas. Que a través de proveído de 19 de enero de 2012 se libró mandamiento de pago y que el 30 de enero de ese año el Juzgado dio cumplimiento al mandamiento de pago al comunicar los oficios de orden de embargo. Además, el 14 de marzo de 2012 se emitió providencia de seguir adelante con la ejecución.

Precisó que tales actuaciones se tramitaron con base en el procedimiento pertinente y con apego a la ley y a la Constitución y con plena garantía del derecho a la defensa del municipio.

Las demás partes vinculadas, guardaron silencio.

5. La providencia impugnada.

El Tribunal Administrativo de Nariño mediante sentencia de 9 de febrero de 2016, negó el amparo solicitado al considerar que no se configuraron los defectos procedimental y sustantivo en la actuación adelantada por la Superintendencia de Sociedades.

Se refirió al íter procesal surtido al interior del proceso adelantado en la Superintendencia, del que destacó que el “pantallazo” de la publicación del estado en la página virtual de la entidad daba cuenta que no existía forma de determinar que dicho estado correspondía al proceso 2015-480-00086, en tanto que no se encontraba identificado el número de radicado ni las partes, así como tampoco existe algún dato que permita identificar dicho estado.

Pese a lo anterior, concluyó que el trámite de las objeciones a la determinación de votos y acreencias se adelantó en única instancia mediante el proceso verbal sumario establecido en el Código de Procedimiento Civil y por ello el trámite de las notificaciones debía efectuarse conforme al artículo 321 de la misma norma, es decir, por estados, con lo que concluyó que la notificación del auto que fijó fecha y hora para la audiencia de que trata el artículo 439 del Código de Procedimiento Civil se realizó en debida forma, en tanto que la notificación por estado realizada en la Oficina de Apoyo Judicial contenía los datos sobre la identificación de las partes y el proceso, la fecha del auto, el cual fue fijado en un lugar visible el día 18 de noviembre de 2015.

Entonces, dijo, no se encontraba configurada la violación al debido proceso en sede jurisdiccional en tanto que se demostró la notificación del auto que fijaba fecha y hora para la audiencia del proceso verbal sumario se realizó en debida forma. Que si bien la Superintendencia contaba con ese medio de ayuda, que es la publicación de los estados en la baranda virtual, esto no exoneraba a las partes de su obligación de revisar los estados de manera física.

Manifestó que el defecto sustantivo tampoco se encontraba demostrado por cuanto la aplicación del numeral 1º del artículo 22 de la Ley 550 de “1993” no era una interpretación inexacta, en tanto que si bien el numeral 3º habla de acreencias laborales, el numeral 1º excluye de manera general del cálculo de votos los valores correspondientes a sanciones e intereses.

Precisó además que la solicitud de falta de competencia no estaba llamada a prosperar en aplicación de lo señalado por el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 y el artículo 1º del Decreto 1382 de 2000.

6. La impugnación.

El apoderado del accionante impugnó la decisión de primera instancia.

Frente al hecho de la publicación del estado mediante el cual se notificó el auto que fijó fecha para la audiencia, dijo que existía un propósito de ocultación de dicha publicación tendiente a impedir su acceso a esa diligencia como finalmente sucedió. Que si se aceptara que la publicación de los estados en la baranda virtual no surte efectos de notificación sino de mera herramienta de consulta y ayuda para los usuarios habrá de convenir también que lo ocurrido con el “estado” 415-0000324 impidió el cumplimiento de esos simples contenidos, lo que le impidió acceder a la información oportuna y puntual que le habría permitido concurrir a la audiencia.

Añadió que la decisión tomada por el colegiado frente al defecto sustantivo era desacertada, pues la inaplicación al caso del numeral 3º del artículo 22 de la Ley 550 de 1999, vulneraba un derecho laboral al accionante, pues se trata de una acreencia laboral, cierta y determinada en virtud de una sentencia judicial, cuya consideración a efectos de adscribirle el número de votos que le corresponden a razón de uno por cada peso de su monto y que esa norma es de rango especial que prima sobre la general, que fue la aplicada por el promotor y aceptada por el Tribunal.

Recibido el expediente sin que se observe causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a desatar la presente controversia.

II. Consideraciones

1. Competencia.

Corresponde a esta Sala conocer la presente acción de tutela de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19912, en cuanto estipula que “Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico correspondiente”.

2. Planteamiento del problema jurídico.

Vistos los antecedentes fácticos del caso, el problema jurídico central sobre el que esta Sala debe pronunciarse consiste en determinar si la Superintendencia de Sociedades incurrió en defecto procedimental absoluto y con ello en la vulneración del derecho al debido proceso del accionante, en virtud de la notificación efectuada a la providencia de 13 de noviembre de 2015 que citó para la realización de la audiencia señalada en el artículo 439 del Código de Procedimiento Civil.

3. Fundamentos de decisión.

3.1. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales.

En términos generales y de acuerdo con la doctrina constitucional vigente3 aceptada mayoritariamente por la Sala Plena de esta corporación4, es posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los derechos fundamentales, cuando éstos resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. Esto, al comprender que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia, sin importar su linaje, es susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando desborda los límites que la Carta le impone.

Ahora bien, al ser la tutela una acción de carácter excepcional y residual, supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se inscribe dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida las controversias que allí surjan, son subsanables en el contexto del proceso. De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito garantizar el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.

Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como son:

(i) Que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia constitucional. Sobre este punto, corresponde al juez de tutela, señalar de forma clara y precisa las razones por las cuales el asunto a resolver tiene tal entidad que afecta derechos fundamentales de alguna de las partes.

(ii) Que en el proceso se hayan agotado todos los medios de defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de quien demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio irremediable.

(iii) Que la presentación de la acción cumpla con el requisito de inmediatez.

Esto significa que el término de interposición de la tutela sea “razonable y proporcionado” entre el momento en que se presentó la presunta vulneración y el tiempo de presentación de la acción de tutela. Lo anterior, con el fin de velar por los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica.

(iv) Que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.

(v) Identificación de la situación fáctica que devino en la vulneración de derechos: que quien acciona identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que la hubiere alegado en el proceso judicial siempre que fuere posible.

(vi) Que no se trate de sentencias de tutela.

3.1.1. En el presente caso, advierte la Sala que la pretensión de amparo constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia, que habilitan su interposición.

En efecto, el asunto a resolver es de marcada relevancia constitucional, en la medida que se contrae a establecer de manera central si la Superintendencia de Sociedades, a través de la superintendencia delegada para procesos de insolvencia, en cumplimiento de funciones jurisdiccionales5, incurrió en la violación de los derechos fundamentales del accionante, por la configuración de los defectos procedimental y/o sustantivo, dentro del trámite del proceso de objeción a la determinación de derechos de voto y de acreencias del Municipio de Barbacoas, conforme a lo señalado por la Ley 550 de 1999.

Así mismo se encuentra que la sentencia objeto de tutela carece de recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo constitucional6; se advierte igualmente que la interposición del mecanismo constitucional se dio en un lapso “razonable y proporcionado” por cuanto el auto de citación a la audiencia data del 13 de noviembre de 2015, el fallo se profirió en audiencia de 27 de noviembre de 20157 y la acción se interpuso el 4 de marzo de 20168.

No se trata de irregularidades procesales, ni de tutela contra tutela y se encuentran identificados de manera razonable tanto los hechos que generaron la trasgresión como los derechos vulnerados.

3.1.2. De igual forma, como se explicó en párrafos precedentes, la doctrina constitucional ha desarrollado causales específicas de procedencia de la acción que deben acreditarse para que el amparo prospere, que se concretan en los siguientes eventos:

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución.

3.1.3. Los defectos a que alude la acción de tutela en la sentencia analizada.

La argumentación de la acción de tutela se dirige a atacar dos actuaciones fundamentales como son la notificación del auto de 13 de noviembre 2015 por medio del cual se citó a la audiencia realizada el 27 de noviembre de 2015 y por otra parte, la sentencia adoptada por el Superintendente Delegado para procesos de insolvencia, a través de la cual se desestimaron las pretensiones de la demanda. A tales actuaciones, se les endilgan los defectos procedimental y sustantivo, respectivamente, y con ello, de desconocimiento del debido proceso, los que pasa a explicar la Sala brevemente.

3.1.3.1. Del defecto procedimental.

El defecto procedimental ocurre, cuando el juez de instancia actúa completamente al margen del procedimiento establecido, es decir, se desvía ostensiblemente de su deber de cumplir con las “formas propias de cada juicio”, con la consiguiente vulneración o amenaza a los derechos fundamentales de las partes. En estas circunstancias, el error procesal debe ser manifiesto, debe extenderse a la decisión final, y no puede ser en modo alguno atribuible al afectado.

Ahora bien, a partir de la definición de defecto procedimental, se ha especificado diferentes conductas u omisiones que pueden conllevar amenazas o violaciones de derechos fundamentales, las cuales permiten la intervención de los jueces constitucionales, a saber: el funcionario judicial pretermite una etapa propia del juicio, da un cauce que no corresponde al asunto sometido a su competencia, ignora completamente el procedimiento establecido, escoge arbitrariamente las normas procesales aplicables al caso concreto, incumple términos procesales, por ejemplo cuando la autoridad judicial restringe el término conferido por la ley a las partes para pronunciarse en ejercicio de su derecho de defensa o desconoce el derecho de defensa de un sindicado en materia penal, omite cumplir los principios mínimos del debido proceso señalados en la Constitución, principalmente, en los artículos 29 y 228.

3.1.3.2. Del defecto sustantivo.

En desarrollo de este defecto, el Tribunal Constitucional ha precisado que una providencia judicial adolece de defecto sustantivo cuando: (i) la norma aplicable al caso es claramente inadvertida o no tenida en cuenta por la autoridad judicial9, (ii) el juez apoya su decisión en una norma evidentemente inaplicable al caso concreto10, bien sea, porque ha sido derogada y ya no produce ningún efecto en el ordenamiento jurídico, es claramente inconstitucional y el funcionario se abstuvo de aplicar la excepción de inconstitucionalidad, su aplicación al caso concreto es inconstitucional11, ha sido declarada inexequible por la propia Corte Constitucional12 o, a pesar de estar vigente y ser constitucional, no se adecua a la circunstancia fáctica a la cual se aplicó13; (iii) el fallador desconoce las sentencias con efectos erga omnes tanto de la jurisdicción constitucional como de la jurisdicción de lo contencioso administrativo y, finalmente; (iv) la aplicación de la norma jurídica derivada interpretativamente de una disposición normativa, es inaceptable por ser producto de una hermenéutica abiertamente errónea o irrazonable.

Establecido lo anterior procede la Sala a efectuar el siguiente análisis para verificar si en este caso se configuraron los defectos aludidos.

3.2. Análisis de la Sala al caso concreto.

En este caso, el señor Francisco Iván López Sevillano junto con otros accionantes14, promovió el 9 de septiembre de 2015, ante la Superintendencia de Sociedades, demanda de objeción a la determinación de acreencias y derecho al voto contra el señor César Segundo Escobar Pinto, promotor del acuerdo de reestructuración de pasivos del Municipio de Barbacoas, al considerar que no le asignó los votos correspondientes a la sanción moratoria de la que es acreedor, por incurrir en desconocimiento del numeral 3º del artículo 22 de la Ley 550 de 1999 y de la naturaleza laboral y “cierta” de su acreencia, que fue reconocida judicialmente a través de sentencia ejecutoriada y en firme, dictada dentro de proceso ejecutivo laboral en el cual fue citada como parte el Municipio de Barbacoas15. El número de radicación que le correspondió fue 2015-480-00089.

Sumado a lo anterior, se presentaron 3 demandas en el mismo sentido16, correspondiente a diferentes accionantes y a cargo de diferentes apoderados, para objetar la determinación de las acreencias y derecho al voto realizada por el Promotor del Acuerdo de Restructuración de Pasivos del Municipio de Barbacoas. Estas son:

— Proceso 2015-480-00086. Demandante: Fulvia Maritza Portocarrero Mejía.

— Proceso 2015-480-00087. Demandante: Emilio Landázuri Angulo.

— Proceso 2015-480-00088. Demandante: Carlos Modesto Quiñones.

Ante tal situación, la Superintendencia de Sociedades emitió 4 autos idénticos, para cada uno de los procesos señalados, que datan del 17 de septiembre de 2015, en los que decidió:

“…

3. Ahora bien, la Ley 550 de 1999 establece que las distintas objeciones que se formulen contra la determinación que adopte el promotor sobre los derechos de votos y se tramitarán según el proceso verbal sumario, al cabo del cual se proferirá una providencia que permitirá al promotor establecer con certeza los votos admisibles y los créditos objeto del acuerdo de reestructuración.

4. El artículo 26 de la Ley 550 de 1999, que es la norma especial aplicable a este tipo de trámites, dispone que todas las objeciones que se presenten en tiempo, dentro de los cinco días siguientes a la audiencia respectiva, deben ser resueltas en una sola providencia. Por tanto, todas ellas deben ser tramitadas y decididas en el mismo proceso verbal sumario.

5. Así las cosas, este despacho dispondrá el trámite conjunto de las objeciones presentadas en un único proceso, bajo el número de expediente 2015-480-00086.

6. Finalmente, y respecto de las solicitudes presentadas, el dDespacho observa que en las mismas no se identificó la dirección de notificaciones del promotor demandado, según dispone el artículo 75 numeral 11 del Código de Procedimiento Civil. Por esta razón se inadmitirán las distintas demandas, para que en el término de cinco (5) días contados a partir de la notificación de este auto se subsane el mencionado vicio, so pena de rechazo.” Se resalta.

Dicha decisión, fue notificada en el estado de 21 de septiembre de 2015, donde se especificó el proceso del que hacía parte el accionante con el Nº 2015-480-0008917.

Posteriormente a través de escrito de 21 de septiembre de 2015, el apoderado del accionante solicitó lo siguiente18:

“Al amparo de los artículos 56 del Código de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011, 209 y 228 de la C.P., ser notificado por la vía electrónica ya reseñada y tácitamente autorizada en la demanda genitora de este proceso de las providencias dictadas o que se dictaren en el reseñado asunto, particularmente de los autos números 2015-01-385598,2015-01- 385537 y 2015-01 -385585: vilosevi@gmail.com”.

Tal solicitud fue negada a través de oficio de 24 de septiembre de 2015, suscrito por la Coordinadora del Grupo de Apoyo Judicial que le indicó al accionante que dicha Superintendencia estaba sujeta a las normas establecidas en el Código de Procedimiento Civil, y no en el Código Contencioso Administrativo, y que para ello debía acudir a ese despacho a consultar los pprocesos 2015-480-00089, 2015-480-00086 y 2015-480-0008719.

Las demandas fueron corregidas, el 24 de septiembre de ese año, conforme a los archivos de las mismas allegadas en el CD que obran entre folios 209 y 210.

Por esto, a través de auto de 7 de octubre de 2015, proferido por el Superintendente Delegado para procesos de insolvencia, dentro del proceso adelantado por Fulvia Maritza Portocarrero Mejía dentro del proceso 2015-480-00086 se dispuso la admisión de las demandas. No fue allegada copia de los mencionados autos proferidos en los demás procesos, o su notificación.

Una vez contestada la demanda por parte del promotor del acuerdo de reestructuración señor César Segundo Escobar Pinto20, y del traslado de las excepciones y su contestación, el Superintendente Delegado profirió auto de 13 de noviembre de 2015 dentro del proceso 2015-480-0086, en donde es accionante Fulvia Maritza Portocarrero Mejía en el que decidió:

Consideraciones del despacho

Surtidas las etapas respectivas, se cita a la audiencia de que trata el artículo 439 del Código de Procedimiento Civil el 27 de noviembre de 2015 a las 10:00 a.m.

En ella el despacho decretará pruebas, recibirá los testimonios de las personas que se encuentren presentes, con posibilidad de prescindir de los demás, podrá escuchar los alegatos de las partes y proferir sentencia oral.

Asimismo, cuando esté probada la cosa juzgada, la transacción, la caducidad de la acción, la prescripción extintiva o la falta de legitimación en la causa, así se declarará mediante sentencia anticipada (artículo 6º de la Ley 1395 de 2010).

En mérito de lo expuesto, el Superintendente Delegado para Procedimientos de Insolvencia,

RESUELVE

Citar a las partes a audiencia de que trata el artículo 439 del Código de Procedimiento Civil el día 27 de noviembre de 2015 a las 10:00 a.m., en la sala de audiencias 1 de las oficinas principales de la Superintendencia de Sociedades, ubicadas en la Avenida el Dorado Nº 51- 80 de Bogotá”.

Nuevamente dicha providencia fue notificada por estado únicamente para el caso del proceso 2015-480-0086, donde figura como demandante la señora Fulvia Maritza Portocarrero. No se allegó por parte de la Superintendencia copia alguna de auto dictado en el proceso 2015-480-0089 correspondiente al accionante o copia del estado, en donde se haya efectuado alguna notificación dirigida a ese proceso.

Además advierte la Sala, tal como el mismo Tribunal lo señaló, que la impresión del “pantallazo” del sistema “baranda virtual” de la página web de la entidad, que no existe forma de determinar que dicho estado correspondía al proceso 2015-480-0086 (ni mucho menos al 0089), pues no se encontraba identificado con el número de radicado, las partes ni existía algún dato que permitiera identificar dicho estado.

Ahora bien, advierte la Sala que el trámite que la Superintendencia de Sociedades le imprimió al proceso de objeción, es aquel señalado por el artículo 26 la Ley 550 de 1999, que remite expresamente al artículo 435 del Código de Procedimiento Civil Las mencionadas disposiciones señalan:

“ART. 26.—Objeciones a la determinación de derechos de voto y de acreencias. Cuando cualquier acreedor interno o externo, o un administrador del empresario con facultades de representación, tenga una objeción a las decisiones del promotor a que se refieren los artículos 22 y 25 de la presente ley que no pueda ser resuelta en la reunión prevista en su artículo 23, dentro de los cinco días siguientes a la fecha de terminación de dicha reunión el objetante tendrá derecho a solicitar por escrito a la Superintendencia de Sociedades que resuelva su objeción. La Superintendencia resolverá dicha objeción, en única instancia, mediante el procedimiento verbal sumario, pronunciándose a manera de árbitro, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 435 del Código de Procedimiento Civil. La Superintendencia resolverá todas las objeciones presentadas en tiempo sobre el particular sobre el particular (sic) y la providencia respectiva, una vez en firme, permitirá al promotor establecer con certeza los votos admisibles y los créditos que han de ser objeto del acuerdo de reestructuración.

PAR.—La Superintendencia resolverá las diferencias con base en los documentos que hayan sido considerados por el promotor, quien los remitirá de inmediato para que ésta resuelva. Si se requiere de la práctica de avalúos para efectos de resolver la objeción, se dará aplicación a los artículos 60, 61 y 62 de esta ley; y el objetante, al formular su objeción, deberá acompañarla con la prueba correspondiente al avalúo en que se fundamente, practicado de conformidad con lo dispuesto en esta ley al respecto, so pena de rechazo de la misma”.

Por su parte, el artículo 435 del Código de Procedimiento Civil se refiere al proceso verbal sumario (de única instancia) y para el cual el artículo 440 estableció algunas prohibiciones:

“ART. 440.—Prohibiciones. Artículo modificado por el artículo 1º, numeral 244 del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:> En este proceso son inadmisibles: la reforma de la demanda, la reconvención, la acumulación de procesos, los incidentes, el trámite de la terminación del amparo de pobreza, y la suspensión de su trámite por causa diferente a la de común acuerdo de las partes.

El amparo de pobreza y la recusación sólo podrán proponerse antes de que venza el término para contestar la demanda.” Se resalta.

Sin embargo, efectuando una interpretación sesgada del artículo 26 de la Ley 550 de 1999, el señor superintendente delegado decidió “tramitar en forma conjunta” cuatro procesos, e indicó que solo sustanciaría y notificaría aquellas decisiones correspondientes radicado con el Nº 2015-480-0086, donde es accionante la señora Fulvia Portocarrero, con lo que efectuó una verdadera acumulación de procesos, figura prohibida para procedimientos de estas características según lo establece la norma en cita.

Entonces, es a partir del auto inadmisorio que la actuación adelantada por la Superintendencia se encuentra afectada del vicio procedimental alegado, pues pese a señalarle a todos los allí accionantes que debían consultar el proceso radicado 2015-480-0086, el funcionario de la Superintendencia ignoró el procedimiento establecido, situación que devino en una grave violación del derecho al debido proceso y a la defensa del accionante, quien no pudo acudir a la audiencia señalada en el artículo 439 del Código de Procedimiento Civil que es la oportunidad procesal para fijar los hechos, practicar pruebas, pedir aclaraciones, adiciones o correcciones, y en donde además se emite la sentencia.

En ese sentido, advierte la Sala de Subsección la configuración palmaria del defecto procedimental, que afecta los derechos fundamentales al debido proceso (contradicción y defensa) y al acceso a la administración de justicia, consagrados en los artículos 29 y 229 de la Constitución Política, respectivamente.

Por todo lo anterior, se hace necesario dejar sin efectos todas las actuaciones adelantadas por la Superintendencia de Sociedades, desde la expedición del auto de 17 de septiembre de 2015 que inadmitió la demanda, inclusive, por cuanto desde allí se dispuso el trámite conjunto de los procesos señalados.

Ahora bien, como esta providencia advierte la ilegalidad del trámite de acumulación de procesos efectuada por la superintendencia, es evidente que repercute en el trámite adelantado en los procesos 2015-480-00086, 2015-480-00087 y 2015-480-00088. Por tanto, la Superintendencia de Sociedades, admitirá cada demanda y efectuará las actuaciones posteriores correspondientes, con apego de lo señalado en los artículos 435 y ss. del Código de Procedimiento Civil y el artículo 321 de la misma norma, frente al tema de las notificaciones judiciales.

III. Decisión

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. SE REVOCA la sentencia de 9 de febrero de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño que negó el amparo iusfundamental solicitado por el señor Francisco Iván López Sevillano, conforme a lo dispuesto en precedencia. En su lugar se dispone:

2. SE AMPARAN los derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y acceso a la administración de justicia del señor Francisco Ivan López Sevillano, como ha quedado expuesto en la parte motiva.

3. DÉJANSE SIN EFECTOS todas las actuaciones adelantadas por la Superintendencia de Sociedades, desde la expedición del auto de 17 de septiembre de 2015 que inadmitió la demanda, inclusive, dentro de los procesos 2015-480-00086, 2015-480-00087, 2015-480-00088 y 2015-480-00089.

4. ORDÉNASE a la Superintendencia de Sociedades que en un término que no exceda los cinco (5) días posteriores a la notificación de esta sentencia, reinicie el trámite de los procesos de objeciones señalados en el numeral anterior y admita cada demanda con apego de lo señalado en los artículos 435 y ss. del Código de Procedimiento Civil y el artículo 321 de la misma norma, frente al tema de las notificaciones judiciales.

5. LÍBRENSE las comunicaciones de que trata el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991, para los fines ahí contemplados.

6. DE NO SER IMPUGNADA, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITASE el expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Magistrados: Gabriel Valbuena Hernandez—William Hernández Gómez—Luis Rafael Vergara Quintero.

1 “3. Para el cómputo de los votos correspondientes a las acreencias laborales, se tendrán en cuenta las que correspondan a acreencias ciertas.”

2 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículos 86 de la Constitución Política”.

3 Corte Constitucional. Sentencia C-590-05.

4 Sentencia de 31 de julio de 2012. Radicación 11001-03-15-000-2009-01328-01(IJ) Actor: Nery Germania Álvarez Bello. C.P. María Elizabeth García González.

5 A través de providencia de 4 de noviembre de 2014, proferida por la Subsección B de la Sección Segunda de esta corporación, con ponencia del consejero Gerardo Arenas Monsalve, dentro del expediente 05001-23-33-000-2014-01394-01, se señaló que algunas de las materias en las que la Superintendencia de Sociedades ejerce funciones jurisdiccionales, definidas por el legislador son:

“…

— Discrepancias sobre la ocurrencia de causales de disolución de sociedades no sometidas a la vigilancia y control del Estado o que estándolo, la entidad respectiva no tenga dicha facultad.

— Procesos de insolvencia de todas las sociedades, empresas unipersonales, sucursales de sociedades extranjeras y de deudores personas naturales comerciantes.

— Controversias relacionadas con la ocurrencia y reconocimiento de cualquiera de los presupuestos de ineficacia previstos en la ley 550 de 1999.

— Demandas relacionadas con la existencia, eficacia, validez y oponibilidad o de la celebración del acuerdo de reestructuración de que trata la Ley 550 de 1999 o de alguna de sus cláusulas.

— Diferencias surgidas entre el empresario y las partes, entre éstas entre sí, o entre el empresario o las partes con los administradores de la empresa, con ocasión de la ejecución o terminación del acuerdo de reestructuración de la Ley 550 de 1999.

— Controversias relacionadas con el cumplimiento de los acuerdos de accionistas y la ejecución específica de las obligaciones pactadas en los acuerdos.

— Resolución de conflictos societarios, las diferencias que ocurran entre los accionistas, o entre estos y la sociedad o entre estos y sus administradores, en desarrollo del contrato social o del acto unilateral.

— Impugnación de actos de asambleas, juntas directivas, juntas de socios o de cualquier otro órgano directivo de personas sometidas a su supervisión.

— La declaratoria de nulidad de los actos defraudatorios y la desestimación de la personalidad jurídica de las sociedades sometidas a su supervisión.

— Acciones indemnizatorias a que haya lugar por los posibles perjuicios que se deriven de los actos defraudatorios.

— La declaratoria de nulidad absoluta de la determinación adoptada en abuso del derecho por ilicitud del objeto y la de indemnización de perjuicios.

Debe advertirse que esta enunciación solamente hace referencia a las funciones jurisdiccionales asignadas por las leyes 446 de 1998, 550 de 1999, 1116 de 2006 y 1564 de 2012, y no excluye las que sean o puedan ser ejercidas por la Superintendencia de Sociedades en virtud de facultades asignadas por otras leyes en materias relacionadas con sus competencias”. se resalta.

6. En este caso, como quedó señalado, se ataca la notificación efectuada frente a la providencia que citó a la realización de la audiencia en la cual se dictó sentencia, de acuerdo a lo señalado por los artículos 435 y 439 Código de Procedimiento Civil, conforme al proceso verbal sumario, situación que supone la improcedencia de recursos.

7 Folio. 5.

8 Folio 1º.

9 Cfr. Sentencia T-573 de 1997, M.P. Jorge Arango Mejía.

10 Sobre el particular, además de la ya citada sentencia C-231 de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, pueden consultarse, entre varias, la sentencia T-008 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

11 Cfr. sentencia SU-1722 de 2000, M.P. Jairo Charry Rivas. Tal es el caso por ejemplo de todas las decisiones judiciales en las que se viola el principio de “no reformatio in pejus”.

12 Cfr., la sentencia C-984 de 1999, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.

13 Sentencia SU-159 de 2002, M.P. Manuel José Cepeda.

14 Augusto Caicedo Quiñones, Carlos Alberto Estacio Castrillón, Jeferson Iván Landazury Cabezas, Juan Carlos Reyes, Juan Elid Cortes Ordoñez, José Arnulfo Preciado Cabezas, Magola Preciado Angulo, Martha Lucía Delgado Enríquez, Sixta Lolay Quiñones, Denny Odirma Quiñones Ortiz, María Aura Rosa Quiñones, Laura Quiñones de Miller.

15 Archivo adjunto en el CD que obra antes del folio 1º del cuaderno principal.

16 Pueden ser consultadas el CD allegado a folio certeza los votos admisibles y los créditos objeto del acuerdo de reestructuración.

17 Allegadas en el CD que obran entre folios 209 y 210.

18 Ibídem.

19 Ibídem.

20 Puede consultarse en el archivo que obra entre folios 119 y 120.