SENTENCIA 2016-00028 DE OCTUBRE 6 DE 2016

 

Sentencia 2016-00028 de octubre 6 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION QUINTA

Consejero ponente:

Dr. Carlos Enrique Moreno Rubio.

Rad.:11001-03-28-000-2016-00028-00 (11001-03-28-000-2016-00029-00)

Demandante: Félix Suárez Reyes y Otro

Demandado: Hugo Arley Tobar Otero

Nulidad Electoral - Fallo

Bogotá, D.C., seis (06) de octubre del dos mil dieciséis (2016)

Extractos «II. Consideraciones.

1. Competencia

Según el numeral 4 del artículo 149 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el artículo 13-4 del Acuerdo 58 de 1999, la Sección es competente para conocer este proceso, en única instancia.

2. Análisis de los cargos.

La parte demandante considera que el acto de elección demandado está viciado de nulidad, toda vez que el señor Hugo Arley Tobar Otero no cumplió los requisitos previstos en el Acuerdo 12 de 2015 para aspirar al cargo de rector de la Universidad del Pacífico, menos aún para ser elegido como tal.

La Sala, con fundamento en la fijación del litigió, resolverá:

(i) Si hay lugar a inaplicar el numeral 8 del artículo 3º del Acuerdo 12 de 2015 por ilegal, así como establecer si para el cumplimiento de los requisitos sólo rige el acuerdo 12 de 2015 en virtud de la autonomía universitaria o si se pueden aplicar todas las normas del ordenamiento jurídico relacionadas.

(ii) Si el demandado acreditó con soportes válidos los títulos de pregrado y maestría de conformidad con lo establecido en el numeral 8 del artículo 3º del acuerdo 12 de 2015.

(iii) Si el demandado acreditó la experiencia docente igual o superior a cinco años, establecida en el artículo 2º del acuerdo 12 de 2015.

(iv) Si el demandado acreditó experiencia administrativa por cinco años, tal como lo establece el artículo 2º del acuerdo 12 de 2015.

2.1 Inaplicación del numeral 8 del artículo 3º del Acuerdo 12 de 2015.

El artículo 148 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo dispone:

“En los procesos que se adelanten ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, el juez podrá de oficio o a petición de parte, inaplicar con efectos interpartes los actos administrativos cuando vulneren la Constitución Política o la ley. La decisión consistente en inaplicar un acto administrativo solo producirá efectos en relación con el proceso dentro del cual se adopte.”

En los términos de la Corte Constitucional, el control por vía de excepción, o control difuso, puede llevarse a cabo por cualquier autoridad judicial bien sea a solicitud de parte, como en este caso, o de oficio si se advierte que la norma que se debe aplicar en un caso concreto es contraria a los mandatos superiores(26).

Al respecto la Corte Constitucional ha dicho(27):

“De todo lo anterior, se concluye que la llamada excepción de ilegalidad se circunscribe entre nosotros a la posibilidad que tiene un juez administrativo de inaplicar, dentro del trámite de una acción sometida a su conocimiento, un acto administrativo que resulta lesivo del orden jurídico superior. Dicha inaplicación puede llevarse a cabo en respuesta a una solicitud de nulidad o de suspensión provisional formulada en la demanda, a una excepción de ilegalidad propiamente tal aducida por el demandado, o aun puede ser pronunciada de oficio. Pero, en virtud de lo dispuesto por la norma sub exámine tal y como ha sido interpretado en la presente decisión, tal inaplicación no puede ser decidida por autoridades administrativas, las cuales, en caso de asumir tal conducta, podrían ser demandadas a través de la acción de cumplimiento, que busca, justamente, hacer efectivo el principio de obligatoriedad y de presunción de legalidad de los actos administrativos.” (Destacado por la Sala)

Precisado lo anterior, la Sala determinará si tanto el numeral 8º del artículo 14 del Acuerdo 11 de 2010 como el numeral 8 del artículo 3º del acuerdo 12 de 2015 deben ser inaplicados por ser contrarios a la Constitución o a la ley.

a) Inaplicación del numeral 8º del artículo 14 del Acuerdo 11 de 2010 y del numeral 8 del artículo 3º del acuerdo 12 de 2015, por violación del principio de unidad de materia.

Según la defensa del demandado, el precepto cuya inaplicación solicita es inconstitucional por cuanto desconoce el principio de unidad de materia, en la medida que los requisitos para desempeñar el cargo de rector de la Universidad del Pacífico están consignados en el artículo 24 del Acuerdo 14 de 2005 – Estatutos generales de la universidad, el cual no exige la homologación de los títulos obtenidos en el exterior, puesto que tal requisito surge en el numeral 8º del artículo 14 del Acuerdo 11 de 2010, por medio del cual se expidió el reglamento electoral del ente universitario.

Al respecto, advirtió que el Acuerdo 11 de 2010 tenía como propósito reglamentar los procesos electorales para acceder a los órganos de dirección de la Universidad del Pacífico, sin embargo incluye una modificación de los requisitos previstos en los estatutos de la universidad.

Según la defensa del demandado, la precitada norma es contraria al principio de unidad de materia por cuanto el Acuerdo 11 de 2010 se ocupó de reglamentar el proceso electoral de la universidad, pero introdujo aspectos ajenos a tal propósito, como el de establecer requisitos para aspirar al cargo del rector.

El principio de unidad de materia, en los términos del artículo 158 de la Constitución Política, consiste en que “Todo proyecto de ley debe referirse a una misma materia y serán inadmisibles las disposiciones o modificaciones que no se relacionen con ella. (…).”

Este principio también resulta aplicable a cuerpos normativos de inferior jerarquía, según lo ha indicado esta Corporación(28) al señalar que “el Principio de Unidad de Materia, en su acepción más general, significa que todas las disposiciones que integran un proyecto de acto jurídico general, impersonal y abstracto (por ejemplo: la Ley, la Ordenanza Departamental o el Acuerdo Municipal o Distrital) emanado de una corporación colegiada de elección popular (Congreso, Asambleas y Concejos), deben guardar correspondencia conceptual con su núcleo temático, el cual, a su vez, se deduce del título del mismo.”

Si bien en la sentencia antes señalada se refiere a la actividad de cuerpos colegiados de elección popular, es preciso indicar que esa posición no resulta excluyente de las demás entidades estatales que tengan como función reglamentar una determinada actividad, como es el caso del Consejo Superior Universitario, organismo también colegiado(29) que tiene a su cargo “Expedir o modificar los estatutos y reglamentos de la institución; (…)”(30).

Así las cosas, tal como lo ha fijado la Corte Constitucional(31), debe existir una relación de conexidad entre las partes que componen el texto normativo, de manera que haya una coherencia lógica entre ellas, esto es, el articulado debe referirse exclusivamente a la materia que pretende regular, sin que sean admisibles aspectos que no guardan relación con la materia objeto de ordenación.

Revisado el Acuerdo 11 de 2010, la Sala considera que ni el numeral 8º de su artículo 14, como tampoco el numeral 8 del artículo 3º del acuerdo 12 de 2015, resultan contrarios a la Carta por violación del principio de unidad de materia, comoquiera que los requisitos para aspirar a los cargos de elección guarda completa coherencia temática con lo que se pretende estatuir a través de estos cuerpos normativos.

Conviene precisar que el Consejo Superior de la Universidad del Pacífico, al reglamentar el proceso electoral de que se trata, necesariamente debía contemplar lo concerniente a los requisitos para los cargos de elección de esa institución, entre ellos el de rector, comoquiera que ese tópico resulta de trascendental importancia a efectos de definir el perfil del aspirante, en aspectos como sus competencias y credenciales para desempeñar de manera adecuada dicha dignidad.

De este modo, la definición de los componentes para verificar la aptitud e idoneidad de los aspirantes, por resultar inherente al proceso de convocatoria, guarda completa identidad con el propósito que perseguía la reglamentación electoral de la Universidad del Pacífico.

En este punto debe precisarse que el artículo 65 de la Ley 30 de 1992 así como la letra d) del artículo 19 de los Estatutos, establecen que una de las funciones del Consejo Superior de la Universidad es expedir o modificar los estatutos de la universidad, y fue con base en esta facultad que profirió el Acuerdo 11 del 2010, en el cual, tal como se dijo con antelación, incluyó como requisito para inscribirse que los títulos obtenidos en el exterior estuvieran convalidados por la autoridad competente, aspecto que esta cobijado dentro reglamento electoral de la universidad.

Con base en lo expuesto, no hay lugar a inaplicar la norma con base en estos argumentos.

b) Inaplicación del numeral 8º del artículo 14 del Acuerdo 11 de 2010 y del numeral 8 del artículo 3º del acuerdo 12 de 2015, por ser contrario a normas de superior jerarquía.

La defensa del demandado sostuvo que tanto el Decreto 1785 de 2014 como el Decreto 1083 de 2015, establecen que quienes hayan adelantado estudios en el exterior, al momento de su posesión en un empleo pueden acreditar los requisitos con la presentación de los certificados expedidos por la correspondiente institución de educación superior, y si bien mantuvieron la necesidad de homologar los títulos obtenidos, concede la posibilidad de hacerlo dentro de los dos años siguientes a la posesión en el cargo.

Precisó que las referidas normas, por ser de mayor jerarquía respecto del reglamento electoral expedido por la Universidad del Pacífico, son obligatorias en su aplicación, además que las universidades, si bien gozan de autonomía, deben someterse a la Constitución Política y la ley.

El debate propuesto plantea la necesidad de analizar el contenido y alcance del principio de autonomía universitaria, comoquiera que esta garantía permite a los entes de educación superior darse sus propios reglamentos y establecer los procesos de elección de sus directivas, con fundamento en su propia autodeterminación.

Así las cosas, la Sala deberá analizar si la autonomía universitaria, garantizada por el artículo 69 de la Constitución(32), permite a los entes universitarios autónomos expedir libremente sus reglamentos conforme a sus propias directrices para el debido desarrollo de sus objetivos o si por el contrario, tal autonomía no es absoluta y por ello deben circunscribir su actividad a la Constitución y a la ley.

El artículo 28 de la Ley 30 de 1992(33) dispone:

La autonomía universitaria consagrada en la Constitución Política de Colombia y de conformidad con la presente ley, reconoce a las universidades el derecho a darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas y administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas académicos, definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales, otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a sus profesores, admitir a sus alumnos y adoptar sus correspondientes regímenes, y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de función institucional.” (Destacado por la Sala)

Al respecto, esta Sección ha definido el contenido y alcance del principio bajo análisis de la siguiente manera(34):

“En efecto, el régimen de autonomía le permite a las universidades oficiales libertad en materia normativa, pues dentro de sus atribuciones puede expedir los estatutos que rigen su actividad. En ese sentido fija el gobierno de la universidad sin injerencias externas, pero ello no implica el aislamiento del Estado ya que la formación educativa de la sociedad, por tener un marcado interés general, involucra el desarrollo de las políticas públicas que se trazan desde el gobierno nacional o seccional, según el caso. Y, quizás lo más importante, esa autonomía se refleja en el terreno académico y filosófico, pues apunta a que el pensamiento universitario se desarrolle sin las ataduras que pueden desprenderse de las inclinaciones ideológicas de los gobiernos correspondientes.

En todo caso, la realización del régimen de autonomía de las universidades estatales debe surtirse, en cualquiera de los planos aludidos, “de acuerdo con la ley.”. Esta expresión debe tomarse en sentido material y teleológico. Es decir, que los estatutos, actuaciones y decisiones que adopten los centros de educación deben observar la Constitución Política y los tratados internacionales suscritos o acogidos por el Estado Colombiano en temas de derechos fundamentales y de educación, y la ley.” (Destacado por la Sala)

De acuerdo con lo antes trascrito, si bien es cierto el principio constitucional de autonomía universitaria permite a los entes oficiales de educación superior, entre otros aspectos, darse y modificar sus estatutos y designar sus autoridades académicas y administrativas de acuerdo con sus propias reglas(35), además que su régimen especial comprende la organización y elección de sus directivas(36), dicha autonomía no es absoluta, pues el ejercicio de la misma debe enmarcarse dentro de los dictados de la Constitución Política y la ley.

Precisado lo anterior, se tiene que en el asunto que ocupa a la Sala, el numeral 8º del artículo 14 del Acuerdo 11 de 2010(37), proferido por el Consejo Superior de la Universidad del Pacífico, establece:

“ART. 14º.—Los aspirantes a Rector(a) de la Universidad del Pacífico deberán inscribirse en forma personal ante la Secretaría General de la institución, en las fechas y horas indicadas en el cronograma adoptado por el Consejo Superior Universitario.

PAR. —Los aspirantes deberán cumplir los requisitos exigidos en el artículo 11 del presente Acuerdo. Para la inscripción, cada candidato deberá presentar en original y copia debidamente foliados, en el orden que se establece, los siguientes documentos:

(…)

8. Copias simples de diplomas o actas de grado de educación superior. Los documentos para la certificación de estudios realizados en el exterior, deben estar convalidados por la autoridad competente.” (Destacado por la Sala)

A su turno, el numeral 8 del artículo 3º del acuerdo 12 de 2015(38), proferido por la misma autoridad, dispuso:

“ART. 3º.—De conformidad con el artículo 14 del Acuerdo 11/2010, los aspirantes a Rector(a) de la Universidad del Pacífico deberán inscribirse en forma personal ante la Secretaría General de la institución, en las fechas y horas indicadas en el cronograma adoptado por el Consejo Superior Universitario.

Para la inscripción, cada candidato deberá presentar en original y copia, debidamente foliados, en el orden que se establece, los siguientes documentos, que son los establecidos en el parágrafo del artículo 14 del Acuerdo 11 de 2010:

(…)

8. Copias simples de diplomas o actas de grado de educación superior. Los documentos para la certificación de estudios realizados en el exterior, deben estar convalidados por la autoridad competente.” (Destacado por la Sala)

Según lo establecido en estas disposiciones, los documentos mediante los cuales se pretende acreditar estudios en el exterior, deben estar convalidados por la autoridad competente, al momento de la inscripción para aspirar al cargo de rector de la Universidad del Pacífico.

En claro lo anterior, se procederá a estudiar si estas disposiciones son vulneratorias de lo establecido en el artículo 11 del Decreto 1785 de 2014, compilado en el artículo 2.2.2.3.4 del Decreto 1083 de 2015.

En primer lugar, es necesario tener en cuenta que la Ley 909 de 2004 por medio de la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones, en su artículo 3º dispone:

“Campo de aplicación de la presente ley.

1. Las disposiciones contenidas en la presente ley serán aplicables en su integridad a los siguientes servidores públicos: (…)

2. Las disposiciones contenidas en esta ley se aplicarán, igualmente, con carácter supletorio, en caso de presentarse vacíos en la normatividad que los rige, a los servidores públicos de las carreras especiales tales como:

—Rama Judicial del Poder Público.

—Procuraduría General de la Nación y Defensoría del Pueblo.

—Contraloría General de la República y Contralorías Territoriales.

—Fiscalía General de la Nación.

Entes Universitarios autónomos.

—Personal regido por la carrera diplomática y consular.

—El que regula el personal docente.

—El que regula el personal de carrera del Congreso de la República.” (Destacado por la Sala)

De conformidad con el ámbito de aplicación de esta ley, las normas que consagra se aplican de manera supletiva a los entes universitarios autónomos. Entonces, en virtud del principio de la autonomía universitaria, ellos se rigen por sus reglamentos y solo en caso de vacío se pueden aplicar las normas establecidas en la Ley 909 de 2004.

Ahora bien, en el artículo 53 ibíd, se otorgaron facultades extraordinarias al Presidente de la República para que expidiera normas con fuerza de ley que contengan: “3. El sistema de funciones y requisitos aplicable a los organismos y entidades de los órdenes nacional y territorial que deban regirse por la presente ley, con excepción del Congreso de la República”

Con base en lo anterior, se facultó al Presidente de la República para que expidiera normas con fuerza de ley, aplicables a los organismos y entidades de los órdenes nacionales que se deban regir por lo establecido en la Ley 909 de 2004, es decir, de conformidad con lo establecido en el ámbito de aplicación de esta ley, que para el caso de los entes universitarios autónomos, las normas que se profieran en virtud de esa facultad extraordinaria son aplicables solo de manera supletiva.

Lo anterior tiene sustento, se reitera, en virtud del principio de autonomía universitaria, el cual como lo ha dicho la Corte Constitucional: “reconoce a las entidades de educación superior, dedicadas a la formación universal, tanto docente como investigativa, gozan de la prerrogativa constitucional de “darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley”(39).

Además, esa prelación normativa se ve especialmente reforzada, por cuanto los requisitos establecidos para la elección de las directivas universitarias, encajan perfectamente dentro de la competencia universitaria de “darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos”, en los términos del primer inciso del artículo 69 de la Constitución. Ello constituye la materialización, de su independencia académica y, con ella como presupuesto, la autonomía en los demás escenarios según lo dispuesto en la Constitución.

Ahora bien, en ejercicio de esa función, el Presidente de la República profirió el Decreto Ley 770 del 2005, en el cual si bien en su artículo 1º estableció que su ámbito de aplicación comprende entre otros a los entes universitarios autónomos, debe entenderse por lo dicho con antelación, que es aplicable a dichos entes solo de manera supletiva.

En ese Decreto en el artículo 5º se estableció que:

“El Gobierno Nacional determinará las competencias y los requisitos de los empleos de los distintos niveles jerárquicos, así:

5.1 Las competencias se determinarán con sujeción a los siguientes criterios, entre otros:

5.1.1 Estudios y experiencia.

5.1.2. Responsabilidad por personal a cargo.

5.1.3. Habilidades y aptitudes laborales.

5.1.4. Responsabilidad frente al proceso de toma de decisiones.

5.1.5. Iniciativa de innovación en la gestión.

5.1.6. Valor estratégico e incidencia de la responsabilidad.

5.2. Los requisitos de estudios y de experiencia se fijarán con sujeción a los siguientes mínimos y máximos: (…)

A su vez, con fundamento en esta norma, el Presidente de la República en ejercicio de su función de reglamentación —establecida en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución— profirió el Decreto 1785 de 2014(40), aplicable según su artículo 1º a los entes universitarios autónomos(41), sin embargo en este punto debe reiterarse que tal aplicación es de manera supletiva, tal como se viene explicando con antelación, por ser un decreto reglamentario de un decreto con fuerza de ley, expedido por el Presidente de la República bajo los lineamientos del artículo 53 de la Ley 909 de 2004.

En este Decreto en el artículo 11 se prevé:

“ART. 11.—Títulos y Certificados Obtenidos en el Exterior. Los estudios realizados y los títulos obtenidos en el exterior requerirán para su validez, de la homologación y convalidación(42) por parte del Ministerio de Educación Nacional o de la autoridad competente.

Quienes hayan adelantado estudios de pregrado o de postgrado en el exterior, al momento de tomar posesión de un empleo público que exija para su desempeño estas modalidades de formación, podrán acreditar el cumplimiento de estos requisitos con la presentación de los certificados expedidos por la correspondiente institución de educación superior. Dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha de posesión, el empleado deberá presentar los títulos debidamente homologados. Si no lo hiciere, se aplicará lo dispuesto en el artículo 5º de la Ley 190 de 1995 y las normas que la modifiquen o sustituyan.

Esta disposición no prorroga el término de los trámites que a la fecha de expedición del presente Decreto se encuentren en curso.” (Destacado por la Sala)

Con posterioridad, mediante el Decreto 1083 de 2015(43), fueron compiladas las normas preexistentes en materia de función pública, entre ellas lo previsto en el Decreto 1785 de 2014, y en lo relacionado con la convalidación de los títulos de educación superior obtenidos en el exterior, se conservó el texto de la norma que tenía el Decreto 1785 de 2014(44).

Entonces, si bien en el Decreto 1785 de 2014 se estableció la posibilidad de homologar los títulos dentro de los 2 años siguientes a la fecha de posesión, lo cierto es que esta norma solo es aplicable a los entes universitarios autónomos, de manera supletiva, cuando en sus estatutos haya un vacío normativo.

En este orden de ideas, para esta Sala no hay lugar a inaplicar el numeral 8º del artículo 14 del Acuerdo 11 de 2010 y el numeral 8 del artículo 3º del acuerdo 12 de 2015, puesto que en virtud del principio de autonomía universitaria, esos entes pueden establecer sus propias normas en relación con los requisitos de los cargos.

c) Inaplicación del numeral 8º del artículo 14 del Acuerdo 011 de 2010 y del numeral 8 del artículo 3º del acuerdo 12 de 2015, por ser contrario a al Convenio de la Haya de 1961, del cual hace parte Colombia

Según la defensa del demandado, conforme al Convenio de la Haya de 1961, del cual hace parte Colombia, bastaba con la presentación de los documentos de acreditación profesional con apostillaje de la autoridad competente, y por tanto no era necesaria la convalidación de los títulos obtenidos en el exterior.

Para resolver este punto, es necesario diferenciar entre apostillaje de un documento y la convalidación de un título obtenido en el exterior.

En relación con el apostillaje, en la “Convención sobre la Abolición del Requisito de Legalización para Documentos Públicos Extranjeros de La Haya de 1961”(45), se establece:

“ART. 3.—El único trámite que podrá exigirse para certificar la autenticidad de la firma, que a título (sic) ha actuado la persona que firma el documento y, cuando proceda, la indicación sello o estampilla que llevare, es la adición del certificado descrito en el artículo 4º, expedido por la autoridad competente del Estado de donde emana el documento.

Sin embargo, no puede exigirse el trámite mencionado en el párrafo anterior cuando ya sea las leyes, reglamentos o práctica en vigor donde el documento es exhibido o un acuerdo entre dos o más Estados Contratantes la han abolido o simplificado o dispensado al documento mismo de ser legalizado.” (Destacado por la Sala)

Por su parte, el artículo 4º dispone:

“ART. 4.—El certificado mencionado en el primer párrafo del artículo 3º será colocado en el documento mismo o en un ‘otrosí’; su forma será la del modelo anexado a la presente Convención.

Sin embargo, podrá ser redactado en el idioma oficial de la autoridad que lo expide. Los términos corrientes que aparezcan en dicho certificado podrán estar redactados también en un segundo idioma. El título ‘Apostille (Convention de la Haye du 5 octobre 1961)’ estará escrito en francés.” (Destacado por la Sala)

Al tenor de las normas transcritas, el apostillaje es un requisito cuyo propósito consiste en certificar la autenticidad de la firma, así como la calidad bajo la que actuó el funcionario que suscribió el documento.

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de la Resolución 7144 de 2014(46), vigente para el momento de la elección de que se trata(47), reglamentó el trámite de legalización y apostillaje de documentos conforme con la “Convención sobre la abolición del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros, suscrita en La Haya el 5 de octubre de 1961.”, y estableció las siguientes definiciones:

Legalización. El procedimiento que debe seguir un documento extranjero para verificar su autenticidad en el ámbito del derecho internacional, cuando el país en el cual surtirá efectos, no hace parte de la Convención sobre la Abolición del Requisito de Legalización para Documentos Públicos Extranjeros de La Haya de 1961, y consiste en la certificación efectuada por los agentes diplomáticos o consulares del país en donde este ha de ser presentado, sobre la autenticidad de la firma, y el título en el que ha actuado el funcionario o el notario que suscribe, certifica o autentica el documento y, cuando proceda, la indicación del sello o estampilla que llevare.

Apostilla. El trámite que debe seguir el documento extranjero de menor complejidad que la legalización, dirigido, así mismo, a verificar su autenticidad en el ámbito del derecho internacional, cuando el país en el cual surtirá efectos es parte de la Convención sobre la Abolición del Requisito de Legalización para Documentos Públicos Extranjeros de La Haya de 1961.

Según este trámite introducido por la Convención de La Haya, cada Gobierno a través de la autoridad designada para el efecto, y notificada al Ministerio de Relaciones Exteriores de los países Bajos en el momento del depósito de su instrumento de ratificación o de adhesión, avala la autenticidad de la firma y el título con que ha actuado el correspondiente funcionario o notario que suscribe, certifica o autentica el documento, de acuerdo con el formato pre impreso establecido por la Convención, a saber:

(…)”

De acuerdo con las anteriores definiciones, el apostillaje consiste en el trámite para verificar la autenticidad de un documento expedido en el exterior, cuando el país en el cual surtirá efectos es parte de la referida convención.

A su turno, la convalidación de títulos obtenidos en el exterior, es el reconocimiento que se hace por parte del Gobierno Nacional – Ministerio de Educación, sobre un título de educación superior otorgado por una institución extranjera. En la Resolución 5547 de 2005(48), en el artículo 1º se establece:

“ART. 1º.—Ámbito de Aplicación. La convalidación prevista en la presente Resolución se efectuará únicamente respecto a títulos otorgados por instituciones de educación superior extranjeras o por instituciones legalmente reconocidas por la autoridad competente en el respectivo país, para expedir títulos de educación superior.”

Se trata entonces de un proceso a través del cual se verifica la idoneidad del título académico en el exterior, para lo cual se somete a los exámenes legales y académicos del caso(49).

Como se observa, la convalidación de un título de educación superior obtenido en el exterior trae consigo la aplicación de un proceso complejo por parte de la autoridad nacional competente, que consiste en la verificación de varios criterios de orden legal y académico, tendientes a establecer si el referido título reúne las condiciones para ser reconocido en el país.

En este orden de ideas, el apostillaje tan solo verifica la autenticidad del documento —en este caso del título obtenido en el exterior— y la calidad con la que actuó el funcionario que lo suscribió, pero en manera alguna significa que la autoridad colombiana le haya impartido la convalidación, puesto que tal reconocimiento requiere de la aplicación de un procedimiento tendiente a establecer la idoneidad y calidad del programa educativo extranjero.

Con base en lo anterior, la Sala se abstendrá de inaplicar el numeral 8º del artículo 14 del Acuerdo 11 de 2010, y el numeral 8 del artículo 3º del acuerdo 12 de 2015, puesto que al exigir la convalidación del título no se está vulnerado lo establecido en el Convenio de la Haya de 1961.

2.2. Cumplimiento de los requisitos establecidos en el numeral 8 del artículo 3º del acuerdo 12 de 2015.

Se indicó en la demanda que el señor Hugo Arley Tobar Otero presentó unos títulos obtenidos en el exterior, sin embargo no fueron convalidados de conformidad con la exigencia del numeral 8 del artículo 3º del Acuerdo 12 de 2015, que exige que “Los documentos para la certificación de estudios realizados en el exterior, deben estar convalidados por la autoridad competente.”

Para resolver este cargo se tiene que en el expediente obran las siguientes pruebas:

—Diploma otorgado por la “University of the District of Columbia” (EEUU), a través del cual se confirió al señor “Hugo Tobar” el título de Profesional en Ciencias Políticas(50), otorgado el doce (12) de mayo de dos mil siete (2007)(51).

Adjunto a este documento se allegó el apostillase correspondiente y fue traducido de manera oficial(52).

—Diploma otorgado por la “University of the District of Columbia” (EEUU), a través del cual se confirió al señor “Hugo A. Tobar” el título de Master en Administración Pública(53), otorgado el veintitrés (23) de diciembre de dos mil ocho (2008)(54).

Adjunto a este documento se allegó el apostillase correspondiente y fue traducido de manera oficial(55).

Ahora, si bien el demandado acreditó el apostillaje de estos títulos de educación superior, no ocurre lo mismo con el requisito de convalidación de que trata el numeral 8º del artículo 14 del Acuerdo 11 de 2010 y del numeral 8 del artículo 3º del acuerdo 12 de 2015.

Entonces, tal como se explicó con antelación al ser diferente el apostillaje de la convalidación, es claro para esta Sala que este cargo está llamado a prosperar puesto que no se cumplió por parte del demandado con el requisito de aportar los títulos debidamente convalidados por la autoridad correspondiente.

Ahora, si bien con el incumplimiento de este requisito basta para declarar la nulidad de la elección del demandado por incumplimiento de los requisitos, toda vez que se plantearon más cargos en las demandas se procederá a estudiar los demás.

2.3. Acreditación de la experiencia docente igual o superior a cinco años, establecida en el artículo 2º del acuerdo 12 de 2015.

En este acápite la Sala se ocupará de analizar si el demandado acreditó la experiencia docente igual o superior a cinco años, establecida en el artículo 2º del acuerdo 12 de 2015.

La norma a través de la cual se plasmó este requisito es la prevista en el numeral 5º del artículo 2º del Acuerdo 12 de 2015, que dispone:

“ART. 2º:—Los aspirantes deberán cumplir los requisitos exigidos en el artículo 11 del Reglamento Electoral de la Universidad del Pacífico, los cuales se relacionan a continuación:

(…)

5. Haber desarrollado actividades académicas (docencia, investigación y proyección social) en el sector de la educación superior mínimo cinco (5) años.

(…)”

Por su parte el Acuerdo 001 de 2009(56), proferido por el Consejo Superior Universitario de la Universidad del Pacífico, en lo que corresponde a las certificaciones laborales, estableció los requisitos de las certificaciones por medio de las cuales pretenda acreditar experiencia:

“ART. 29.—Acreditación de la experiencia laboral. La experiencia laboral se acreditará mediante presentación de certificaciones escritas expedidas por la autoridad competente, de las respectivas instituciones oficiales o privadas autorizadas.

Las certificaciones de experiencia, deberán contener como mínimo:

1. Nombre o razón social de la persona natural o jurídica empleadora.

2. Fechas de vinculación y retiro.

3. Dedicación en horas diarias.

4. Relación de funciones de cada cargo desempeñado.

5. Periodo de desempeño.

6. Las evaluaciones del desempeño, en el caso de los empleados públicos de Carrera.

7. Firmas autorizadas de la persona jurídica o natural.

(…)”

Al revisar los documentos allegados se advierte que no cumplen con estos requisitos, toda vez que dentro del expediente obra la copia de la hoja de vida del señor Hugo Arley Tobar Otero y los soportes de la misma, entre ellos los siguientes documentos expedidos en el exterior con los cuales pretende acreditar su experiencia en actividades académicas:

—Certificación expedida por el decano asociado para las humanidades y programas internacionales de la institución “Howard University”, a través de la cual se indica que el demandado “ejerció el papel de profesor suplente durante los semestres académicos de primavera de 2008 y de otoño de 2008”.

—Certificación expedida por el presidente de la firma “Phelps Stokes” por medio de la cual indica que el demandado “ha prestado presta (sic) sus servicios en esta organización como Asesor para Programas de América Latina y el Caribe en los programas de Liderazgo y educación superior, de la Unidad Internacional, durante el periodo comprendido entre el 1 de febrero de 2008 hasta Diciembre 30 de 2011”.

—Documento suscrito por la “Directora del centro para 4-H y Desarrollo para Jóvenes de la Universidad del Distrito de Columbia”, a través del cual se indica que el señor “Hugo Tovar desde Junio 2005 hasta Mayo 2007. El (sic) fue responsable de Coordinar (sic) los programas de D.C. Reads. El (sic) supervisó a estudiantes Universitarios (sic), planificó y organizó actividades de capacitación, era responsable de la logística de todos los programas (sic) de servicio para los jóvenes. El (sic) ha asistido con reportes de actividades de subvención, enlace de la comunidad, adonde (sic) el (sic) mantuvo una relación positiva con nuestros Socios (sic) y desarrolló unas nuevas asociaciones que resultó (sic) en una mejor entrega del programa y expansión del programa (sic). (…)”.

—Documento expedido por “Goverment of the District of Columbia – department of Youth Rehabilitation services”.

Verificados estos documentos se advierte que las certificaciones allegadas no indican dedicación en hora diarias, algunos no tienen las funciones del cargo ni el periodo del desempeño.

Además de lo anterior, ninguno está apostillado o legalizado. En este punto debe precisarse, que si bien el requerimiento del apostillaje o legalización no está contemplado en los estatutos de la universidad como un requisito, lo cierto es que los documentos proferidos en el exterior por un funcionario o con su intervención, deben cumplir con estas exigencias para tener certeza sobre la autenticidad de la firma, así como la calidad bajo la que actúa.

Lo anterior, toda vez que si para las certificaciones otorgadas por entidades o instituciones nacionales se requiere que tengan las firmas autorizadas por la persona natural o jurídica, tratándose de documentos otorgados en el exterior, si son expedidos por funcionarios o con su intervención requieren el respectivo apostillaje o legalización.

En la Resolución 7144 de 2014(57) se reglamentó el trámite de legalización y apostillaje de documentos conforme con la “Convención sobre la abolición del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros, suscrita en La Haya el 5 de octubre de 1961”.

De acuerdo con esa resolución, tal como se explicó con antelación, la legalización de un documento expedido en el extranjero implica la verificación de su autenticidad cuando el país en donde se expide no hace parte de la “Convención sobre la Abolición del Requisito de Legalización para Documentos Públicos Extranjeros de La Haya de 1961.

A su turno, el apostillaje consiste en el trámite para verificar la autenticidad de un documento expedido en el extranjero, cuando el país en el cual surtirá efectos es parte de la referida convención, como es el caso de Colombia.

Ahora bien, en el artículo 4º de la Resolución 7144 de 2014 se establece:

“ART. 4º.—Procedimiento para la Legalización de Documentos Extranjeros Que Deban Surtir Efectos en Colombia. Tratándose de documentos otorgados en país extranjero, por funcionario de este o con su intervención que deban surtir efectos en Colombia, deberán aportarse apostillados, cuando provengan de una (sic) país Parte de la Convención Sobre la Abolición del Requisito de Legalización para Documentos Públicos Extranjeros, suscrita en La Haya el 5 de octubre de 1961, en caso contrario, deberán presentarse debidamente autenticados por el cónsul o agente diplomático de la República de Colombia en dicho país, y en su defecto por el de una nación amiga. La firma del cónsul o agente diplomático se abonará por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, y si se trata de agentes consulares de un país amigo, se autenticará previamente por el funcionario competente del mismo y los de este por el Cónsul Colombiano, de acuerdo con el artículo 251 del Código General del Proceso.

(…)

Como se observa, los documentos expedidos en el extranjero por un funcionario o con su intervención deben estar apostillados o, en su defecto, deberán presentarse debidamente autenticados por el cónsul o agente diplomático de la República de Colombia en el país de origen del documento, para que puedan surtir efectos en Colombia.

Revisados estos documentos, se advierte que ninguno cumple con el requisito de apostillaje previsto en las normas antes destacadas, y en su defecto tampoco están autenticados por el cónsul o agente diplomático de la República de Colombia en el país de origen de los mismos, razón por la cual no pueden surtir efectos en Colombia. En este punto debe tenerse en cuenta que el demandado no indicó que tales documentos no requerían ser apostillados o legalizados, por no ser expedidos por funcionarios o con su intervención, para exonerarse de este requisito y que por tanto pudieran surtir efectos en este país.

En el caso del documento expedido por la “Directora del centro para 4-H y Desarrollo para Jóvenes de la Universidad del Distrito de Columbia”, si bien tiene un sello de autenticación, el mismo fue impuesto por la Notaría Primera del Círculo de Buenaventura, Valle del Cauca, y no por el agente consular a que se refiere la norma.

Por las razones anteriores es preciso advertir que los mismos no pueden tenerse en cuenta a efectos de acreditar la experiencia en las actividades académicas de que trata la convocatoria (docencia, investigación y proyección social), comoquiera que no cumplen con los requisitos establecidos por las normas antes mencionadas.

Ahora bien, otro de los documentos con los que el señor Hugo Arley Tobar Otero pretendió acreditar su experiencia académica, es el otorgado por el director seccional de investigaciones de la Universidad Libre Seccional Cali(58).

El contenido de esta certificación es el siguiente:

“Que el señor Hugo Tovar (sic), curso (sic) y aprobó el Diplomado de Metodología de Investigación periodo comprendido entre 1998 y 2002, además estuvo vinculado a grupos de investigación como el de Raíz Libre, en el trabajo (sic) con comunidades indígenas del Cauca y comunidades negras del Cauca y del Valle del Cauca.

Apoya al grupo de investigación de Pedagogía Nómada desde el año 2002 a la fecha, en intercambio de procesos de cooperación e intercambio de investigadores y semilleros de investigación.

El señor Tovar (sic), se ha distinguido por su responsabilidad, seriedad y profesionalismo en sus tareas.

En constancia de lo anterior, se firma en Santiago de Cali, a los veintiséis (26) días del mes de agosto de dos mil quince (2015).”

Son varios los aspectos que la Sala debe poner de presente respecto de esta certificación, que dan cuenta que no cumple con los parámetros previstos en el artículo 29 del Acuerdo 001 de 2009.

En efecto, la certificación bajo análisis no contiene las fechas de vinculación y retiro, pues sólo se refiere a los años mil novecientos noventa y ocho (1998) y dos mil dos (2002), que corresponde al periodo en que cursó y aprobó el diplomado Metodología de Investigación, que a propósito no puede contarse como experiencia en actividades académicas para los efectos perseguidos en la convocatoria (docencia, investigación y proyección social)(59).

Se indica que trabajó con comunidades indígenas y negras del Cauca y el Valle del Cauca, pero no se precisa el periodo y tampoco arroja certeza de si esa labor constituyó alguna de las actividades académicas de que trata la convocatoria, toda vez que no se certificaron las funciones(60), ni se indicó la dedicación en horas diarias.

En lo que se refiere al apoyo en el grupo de investigación de pedagogía nómada, el certificado sostiene que dicho apoyo fue prestado por el señor Tobar Otero desde el año dos mil dos (2002) a la fecha(61). No obstante, como ocurre con la actividad anterior, no se hace precisión de la fecha inicial, puesto que sólo se indica el año, no certifica la dedicación en horas diarias y, además, tampoco permite definir con certeza si se trata de alguna actividad académica de las que exige la convocatoria, como quiera que de la misma no es posible constatar si se trató de una actividad de “divulgación del conocimiento obtenida en instituciones educativas debidamente reconocidas”(62), investigación o proyección social, ello por cuanto no certificó las funciones y solo se hablar de “apoyo”.

Adicional a ello, los periodos en los que supuestamente llevó a cabo estas actividades(63) coinciden con los que llevó a cabo otras, entre ellas sus estudios en los Estados Unidos de América, su labor como profesor suplente durante el año 2008 en “Howard University”, sus actividades en “Phelps Stokes” y en la Universidad del Distrito de Columbia y su periodo como gobernador encargado del departamento del Chocó(64).

No sobra agregar que el documento denominado “Declaración Extrajuicio”(65), en la que el demandado aduce que “durante el periodo que ejercí como Gobernador Encargado del Departamento del Chocó, según consta en el Decreto 2443 de 2012, periodo comprendido desde el 29 de noviembre de 2012 hasta el 10 de octubre de 2013, fui miembro activo del Consejo Superior de la Universidad tecnológica del Chocó UTCH, presidiendo el mismo de acuerdo con lo estipulado en el referido art de la Ley 30 de 1992”, tampoco demuestra la experiencia en actividades académicas, toda vez que no se acreditó en cuantas sesiones de ese organismo participó, ni contiene la relación de las horas dedicadas.

Sobre la base de las consideraciones anteriores, la Sala concluye que el demandado no acreditó la experiencia mínima de cinco años en actividades académicas, por cuanto la documentación aportada para el efecto no cumplió con los requisitos legales para tenerlos como tales.

Por lo anterior, este cargo también está llamado a prosperar.

4.3. Acreditación de la experiencia administrativa por cinco años, tal como lo establece el artículo segundo del acuerdo 012 de 2015.

El texto del numeral 6º del artículo 2º del Acuerdo 12 de 2015, que establece este requisito, señala:

“ART. 2º:—Los aspirantes deberán cumplir los requisitos exigidos en el artículo 11 del Reglamento Electoral de la Universidad del Pacífico, los cuales se relacionan a continuación:

(…)

6. Contar con experiencia administrativa y de gestión en el sector público o privado de cinco (5) años.

(…)”

Bajo el entendido de que los documentos analizados en el acápite anterior se referían a la experiencia en actividades académicas, y además no cumplieron los requisitos legales para tenerlos como tales, se analizarán los documentos restantes que en criterio de la Sala son los que se refieren a la experiencia administrativa.

Estos documentos son los siguientes:

—Constancia suscrita por la directora de recursos humanos de ARD Inc. Sucursal Colombia(66). En esta constancia se indica que el señor Hugo Arley Tobar Otero “presta sus servicios profesionales independientes para ARD Inc. Sucursal Colombia, contratista de la Agencia Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos (USAID), bajo contrato de prestación de servicios con el programa ACDI-VOCA, desde el 26 de marzo de 2015, con una duración de 201 días y una tasa diaria de setecientos ochenta y cuatro mil novecientos diecisiete pesos m.cte ($784.917) desarrollando las siguientes actividades: (…)”

Según esta certificación, el demandado prestó sus servicios desde el veintiséis (26) de marzo de dos mil quince (2015).

En los términos del artículo 10 del Acuerdo 12 de 2015, referido al cronograma de actividades para el proceso de elección en cuestión, los aspirantes tenían plazo para inscribir su candidatura desde el veintiséis (26) de agosto hasta el día primero (1º) de septiembre de dos mil quince (2015).

Significa lo anterior que al momento de la inscripción del demandado, y en relación con la certificación bajo análisis, contaba a lo sumo con una experiencia de cinco (5) meses y once (11) días, que es el lapso que transcurrió desde el (26) de marzo de dos mil quince (2015) hasta el (1º) de septiembre de dos mil quince (2015), bajo el supuesto de que se haya inscrito este día.

— Certificación de la profesional universitaria del Grupo de Talento Humano de la Secretaría General de la Gobernación del Chocó(67). En esta certificación se indicó que el demandado prestó sus servicios en la Gobernación del departamento del Chocó en los siguientes periodos:

— Como secretario de Hacienda: Del cuatro (4) de enero de dos mil doce (2012) al cuatro (4) de diciembre de dos mil doce (2012), esto es, once (11) meses.

— Como gobernador encargado: Del cinco (5) de diciembre de dos mil doce (2012) al diez (10) de octubre de dos mil trece (2013), es decir, por el lapso de diez (10) meses y cuatro (4) días.

Esta experiencia suma un total de veintiún (21) meses y cuatro (4) días.

En conclusión, la experiencia administrativa acreditada de veintiún (21) meses y cuatro (4) días, sumados a la experiencia acreditada con la primera certificación, esto es, (5) meses y once (11) días, arroja un total de veintiséis (26) meses y quince (15) días, lapso equivalente a dos (2) años, dos (2) meses y quince (15) días.

En atención a que la experiencia mínima administrativa que debía cumplir el demandado era de cinco (5) años, encuentra la Sala que tampoco cumplió con este requisito, y por tanto este cargo también está llamado a prosperar.

Por lo anterior, se declarará la nulidad de la resolución 08 del 9 de noviembre del 2015, por medio de la cual se designó como rector de la Universidad del Pacífico al señor Hugo Arley Tobar Otero.

Como consecuencia de la declaración anterior, la Sala ordenará al Consejo Superior Universitario de la Universidad del Pacífico que disponga a través de un nuevo proceso(68), la designación del rector de conformidad con la ley y sus estatutos(69).

De otra parte, en relación con las pretensiones encaminadas a que se disponga que el señor Félix Suárez Reyes debe ser nombrado rector(70), serán denegadas toda vez que no son pretensiones propias del medio de control de nulidad y electoral, y además no están consagradas en el artículo 288 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo como consecuencias de la sentencia anulatoria.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Declárase la nulidad la Resolución 008 del nueve (9) de noviembre de dos mil quince (2015), proferida por el Consejo Superior de la Universidad del Pacífico, por medio de la cual se designó como rector de esa institución al señor Hugo Arley Tobar Otero.

2. Como consecuencia de lo anterior, ordénase al Consejo Superior Universitario de la Universidad del Pacífico que disponga la designación del rector de conformidad con la ley y sus estatutos.

3. Deniéganse las demás pretensiones

4. Notifíquese la presente decisión de conformidad con lo dispuesto en el artículo 289 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

5. En firme esta providencia, archívese el expediente.

Notifíquese Y Cúmplase».

26. Corte Constitucional. Sentencia C-122 de 2011: “(…) 2.1 La excepción de inconstitucionalidad o el control de constitucionalidad por vía de excepción, se fundamenta en la actualidad en el Artículo 4º de la Constitución, que establece que “La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales…”. Esta norma hace que nuestro sistema de control de constitucionalidad sea calificado por la doctrina como un sistema mixto ya que combina un control concentrado en cabeza de la Corte Constitucional y un control difuso de constitucionalidad en donde cualquier autoridad puede dejar de aplicar la ley u otra norma jurídica por ser contraria a la Constitución.
2.2 De otra parte hay que tener en cuenta que el control por vía de excepción lo puede realizar cualquier juez, autoridad administrativa e incluso particulares que tengan que aplicar una norma jurídica en un caso concreto. Este tipo de control se realiza a solicitud de parte en un proceso judicial o ex officio por parte de la autoridad o el particular al momento de aplicar una norma jurídica que encuentre contraria a la Constitución. En este caso se debe subrayar que la norma legal o reglamentaria que haya sido exceptuada por inconstitucional no desaparece del sistema jurídico y continúa siendo válida ya que los efectos del control por vía de excepción son inter partes, solo se aplican para el caso concreto y no anulan en forma definitiva la norma que se considera contraria a la Constitución.” (Destacado por la Sala)

27. Corte Constitucional. Sentencia C-037 de 2000.

28. Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del dieciocho (18) de julio de dos mil trece (2013). Radicación número: 70001-23-31-000-2005-00832-01. Consejera ponente: María Elizabeth García González.

29. De acuerdo con el Artículo 64 de la Ley 30 de 1992, “El consejo superior universitario es el máximo órgano de dirección y gobierno de la universidad y estará integrado por:
El Ministro de Educación Nacional o su delegado, quien lo presidirá en el caso de las instituciones de orden nacional;
El gobernador, quien preside en las universidades departamentales;
Un miembro designado por el Presidente de la República, que haya tenido vínculos con el sector universitario;
Un representante de las directivas académicas, uno de los docentes, uno de los egresados, uno de los estudiantes, uno del sector productivo y un ex rector universitario, y
El rector de la institución con voz y sin voto.”

30. Según lo dispone el literal d) del Artículo 65 de la Ley 30 de 1992.

31. Corte Constitucional. Sentencia C-133 de 2012: “(…) 3.3. A partir de su regulación constitucional, la Corte ha destacado que el principio de unidad de materia se traduce en la exigencia de que en toda ley debe existir correspondencia lógica entre el título y su contenido normativo, así como también, una relación de conexidad interna entre las distintas normas que la integran. Con ello, la propia Constitución Política le está fijando al Congreso dos condiciones específicas para el ejercicio de la función legislativa: (i) definir con precisión, desde el mismo título del proyecto, cuáles habrán de ser las materias de que se va a ocupar al expedir la ley, y, simultáneamente, (ii) mantener una estricta relación interna, desde una perspectiva sustancial, entre las normas que harán parte de la ley, de manera que exista entre ellas coherencia temática y una clara correspondencia lógica con la materia general de la misma, resultando inadmisibles las modificaciones respecto de las cuales no sea posible establecer esa relación de conexidad. Consecuencia de tales condiciones, sería, entonces, que el Congreso actúa en contravía del principio constitucional de unidad de materia, “cuando incluye cánones específicos que, o bien [no] encajan dentro del título que delimita la materia objeto de legislación, o bien no guardan relación interna con el contenido global del articulado”. (Destacado por la Sala)

32. El Artículo 69 de la Constitución dispone: “Se garantiza la autonomía universitaria. Las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley. La ley establecerá un régimen especial para las universidades del Estado. El Estado fortalecerá la investigación científica en las universidades oficiales y privadas y ofrecerá las condiciones especiales para su desarrollo. El Estado facilitará mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas las personas aptas a la educación superior”.

33. "Por la cual se organiza el servicio público de la educación superior".

34. Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del siete (7) de septiembre de dos mil quince (2015). Radicación número: 13001-23-33-000-2014-00343-01. Consejera ponente: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.

35. Ello según lo prevé el Artículo 29 de la Ley 30 de 1992: “Artículo 29. La autonomía de las instituciones universitarias, o, escuelas tecnológicas y de las instituciones técnicas profesionales estará determinada por su campo de acción y de acuerdo con la presente ley, en los siguientes aspectos:
a. Darse y modificar sus estatutos;
b. Designar sus autoridades académicas y administrativas;
(…)”

36. De conformidad con el inciso tercero del Artículo 57 ibidem: Modificado por el art. 1º, Ley 647 de 2001. “El carácter especial del régimen de las universidades estatales u oficiales, comprenderá la organización y elección de directivas, del personal docente y administrativo, el sistema de las universidades estatales u oficiales, el régimen financiero, el régimen de contratación y control fiscal y su propia seguridad social en salud, de acuerdo con la presente ley .” (Destacado por la Sala)

37. “Por el cual se expide el Reglamento Electoral de la Universidad del Pacífico y se derogan los Acuerdos 003/204, 006/2007, 007/2007, 008/2007, 009/2007, 005/2009, 003/2010 y 008/2010.”

38. “Por medio del cual se convoca y se adopta e Cronograma Electoral para adelantar el proceso de designación del Rector(a) de la Universidad del Pacífico para el periodo 2015-2019”.

39. Corte Constitucional. Sentencia C-195 de mil novecientos noventa y cuatro (1994).
Esta postura fue reiterada en la Sentencia C-475 de mil novecientos noventa y nueve (1999), al referirse a la autonomía universitaria para la elección de sus directivas, precisó:
“De conformidad con ese mandato constitucional y según la interpretación que del mismo se ha hecho por la jurisprudencia ya sentada por esta Corporación, se tiene que la inclusión de los empleos de Rector, Vicerrector y Decano de los institutos de educación superior constituidos como establecimientos públicos, dentro de la categoría de cargos de libre nombramiento y remoción, riñe con el principio constitucional que consagra para ellos una autonomía administrativa que implica la facultad de “darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley.” (Destacado por la Sala)

40. “Por el cual se establecen las funciones y los requisitos generales para los empleos públicos de los distintos niveles jerárquicos de los organismos y entidades del orden nacional y se dictan otras disposiciones.”

41. En el Artículo 1º dispone: “Ámbito de Aplicación. El presente decreto rige para los empleos públicos pertenecientes a los Ministerios, Departamentos Administrativos, Superintendencias, Establecimientos Públicos, Unidades Administrativas Especiales, Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, Entes Universitarios Autónomos, Empresas Sociales del Estado, Empresas Industriales y Comerciales del Estado y Sociedades de Economía Mixta sometidas al régimen de dichas empresas, del Orden Nacional.
Las disposiciones contenidas en el presente decreto serán aplicables, igualmente, a las entidades que teniendo sistemas, especiales de nomenclatura y clasificación de empleos, se rigen por las disposiciones contenidas en la Ley 909 de 2004, así como para aquellas que están sometidas a un sistema específico de carrera.
El presente decreto no se aplica a los organismos y entidades cuyas funciones y requisitos están o sean definidas por la Constitución o la ley.” (Negrillas fuera del texto original)

42. Frente a este punto, conviene aclarar que la convalidación es un proceso distinto al de homologación.
La convalidación, como se precisará en párrafos posteriores, consiste en el reconocimiento de un título de educación superior otorgado por una institución de educación superior extranjera o por una institución legalmente reconocida por la autoridad competente en el respectivo país para expedir títulos de educación superior.
Por su parte, la homologación consiste en el reconocimiento de estudios parciales cursados en una institución de educación superior extranjera, tendiente a la continuación de los mismos en el país, según se colige del texto de los Artículo 6º y 7º de la Resolución 1567 de 2004, proferida por el Ministerio de Educación Nacional, “por la cual se definen el trámite y los requisitos para la convalidación de títulos otorgados por instituciones de educación superior extranjeras y la homologación de estudios parciales cursados en estas mismas instituciones”:
Artículo 6º. Requisitos. Para efectos de la homologación de estudios parciales cursados en una institución de educación superior extranjera, el solicitante deberá aportar la siguiente documentación:
(…)
Artículo 7º. Trámite. Verificados los requisitos y si la información se encuentra completa, se dará traslado a la institución de educación superior que el solicitante haya escogido para continuar sus estudios, la cual una vez realizado el respectivo estudio de homologación lo comunicará al solicitante y remitirá copia de esta decisión al Ministerio de Educación Nacional, para que en este se expida el acto administrativo que adopte la decisión sobre la homologación respectiva.” (Destacado por la Sala)

43. “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública.”

44. Así fue previsto en Artículo 2.2.2.3.4. del Decreto 1083 de 2015: “Artículo 2.2.2.3.4 Títulos y certificados obtenidos en el exterior. Los estudios realizados y los títulos obtenidos en el exterior requerirán para su validez, de la homologación y convalidación por parte del Ministerio de Educación Nacional o de la autoridad competente.
Quienes hayan adelantado estudios de pregrado o de postgrado en el exterior, al momento de tomar posesión de un empleo público que exija para su desempeño estas modalidades de formación, podrán acreditar el cumplimiento de estos requisitos con la presentación de los certificados expedidos por la correspondiente institución de educación superior. Dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha de posesión, el empleado deberá presentar los títulos debidamente homologados. Si no lo hiciere, se aplicará lo dispuesto en el Artículo 5º de la Ley 190 de 1995 y las normas que la modifiquen o sustituyan.
Esta disposición no prorroga el término de los trámites que a la fecha de expedición del presente Decreto se encuentren en curso.” (Destacado por la Sala)

45. Ratificado por Colombia a través de la Ley 455 de 1998.

46. “Por la cual se adopta el procedimiento para apostillar y legalizar documentos.”

47. La Resolución 7144 de 2015 fue expresamente derogada por la Resolución 3269 de 2016, expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

48. Proferida por el Ministerio de Educación Nacional, “Por la cual se define el trámite y los requisitos para la convalidación de títulos otorgados por instituciones de educación superior extranjeras o por instituciones legalmente reconocidas por la autoridad competente en el respectivo país, para expedir títulos de educación superior.

49. Según el Artículo tercero ibídem, la convalidación implica la verificación de los siguientes criterios:
Artículo Tercero. Convalidación de Títulos De Pregrado y Postgrado. Para efectos de la convalidación de títulos de pregrado y de postgrado se deberá hacer una evaluación de la información y en su orden verificar cuál de los siguientes criterios se aplica para de esta forma proceder al trámite correspondiente:
1. Convenio de Reconocimiento de Títulos. Si el título procede de alguno de los países con los cuales el Estado colombiano ha ratificado convenios de convalidación de títulos, éstos serán convalidados en un término no mayor a dos (2) meses contados a partir del recibo en debida forma de la documentación requerida.
2. Programa o Institución Acreditados, o Su Equivalente en el País de Procedencia. Si la institución que otorgó el título que se somete a convalidación o si el programa académico cursado por el solicitante se encuentran acreditados, o cuentan con un reconocimiento equivalente por parte de una entidad certificadora o evaluadora de alta calidad, reconocida en el país de origen o a nivel internacional, se procederá a convalidar el título. En este caso, el trámite de convalidación se adelantará en un término no mayor a dos (2) meses contados a partir del recibo en debida forma de la documentación requerida.
3. Caso Similar. Cuando el título que se somete a convalidación, corresponda a un programa académico que hubiera sido evaluado con anterioridad por el Ministerio de Educación Nacional o el ICFES, se resolverá aplicando la misma decisión que en el caso que sirve como referencia. Para tal efecto, deberá tratarse del mismo programa académico, ofrecido por la misma institución y con una diferencia entre las fechas de otorgamiento de los dos títulos que no podrá exceder los ocho (8) años. En este caso, el trámite de convalidación se adelantará en un término no mayor a dos (2) meses contados a partir del recibo en debida forma de la documentación requerida. Una convalidación realizada por caso similar no podrá servir de soporte a otra convalidación.
4. Evaluación Académica. Si el título que se somete a convalidación no se enmarca en ninguno de los criterios señalados anteriormente o si no existe certeza sobre el nivel académico de los estudios que se están convalidando, o su denominación, se someterá la documentación a proceso de evaluación académica. Este trámite se adelantará en un término no mayor a cinco (5) meses contados a partir del recibo en debida forma de la documentación requerida. (…)”

50. “Bachelor of Arts in Political Science.”

51. Folio 108 del proceso con radicación 11001-03-28-000-2016-00028-00.

52. El diploma en idioma inglés obra a folio 108, la traducción oficial de este documento a folio 107 y el apostillaje a folio 106 del proceso con radicación 11001-03-28-000-2016-00028-00.

53. “Master of Public Administration”.

54. Folio 104 del proceso con radicación 11001-03-28-000-2016-00028-00.

55. El diploma en idioma inglés obra a folio 105, la traducción oficial de este documento a folio 104 y el apostillaje a folio 103 del proceso con radicación 11001-03-28-000-2016-00028-00.

56. “Por el cual se adopta el reglamento de personal administrativo”.

57. “Por la cual se adopta el procedimiento para apostillar y legalizar documentos.”

58. Folio 109 del proceso con radicación 11001-03-28-000-2016-00028-00.

59. En relación con la aprobación del diplomado, no se demostró que para su realización debía hacer prácticas en investigación o docencia, o alguna actividad similar, que pudiera servir para acreditar esta experiencia.

60. La relación de las funciones es un requisito que también está previsto en el Artículo 2.2.2.3.8 del Decreto 1083 de 2015.

61. Veintiséis (26) de agosto de dos mil quince (2015).

62. Según la definición de experiencia docente contenida en el Decreto 1083 de 2015.

63. La certificación dice que ejecutó labores desde el año dos mil dos (2002) a la fecha.

64. Designado como tal mediante el Decreto 2443 de 2012, proferida por el Presidente de la República (folio 118). El periodo en ese cargo comprendió el lapso del cinco (5) de diciembre de dos mil doce (2012) al diez (10) de octubre de dos mil trece (2013), según la certificación expedida por la profesional universitaria del Grupo de talento humano de la Secretaría general de la Gobernación del Chocó (Folio 120).

65. Folio 117.

66. Folio 114.

67. Folio 120.

68. Como el Artículo 288 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo no dice nada en relación con los efectos de la anulación, le corresponde al juez fijarlos, tal como se dijo en la Sentencia de unificación del 26 de mayo del 2016, expediente 2015-00029, demandado: Secretario de la Comisión Sexta del Senado, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio.

69. El Artículo 26 del Acuerdo 014 de 2005 dispone: “En caso de ausencia absoluta o temporal del Rector y hasta tanto se produzca la designación de quien lo reemplace, el Vicerector Académico desempeñará las funciones de rector. En caso de ausencia absoluta el consejo Superior deberá designar un nuevo Rector en un plazo que no exceda de noventa días.”

70. Renunciadas en el expediente 2016-00029, antes de la admisión de la demanda.