Sentencia 2016-00042 de agosto 11 de 2016

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Rad.: 63001-23-33-000-2016-00042-02

Accionante: Jesús Antonio Obando Roa

Accionado: Sandra Milena Gómez Fajardo contralora departamental de Quindío.

Naturaleza: Recurso de queja

Consejera Ponente:

Dra. Rocío Araujo Oñate

Bogotá D.C., veintiséis de mayo de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. Competencia.

En los términos de los artículos 150, 152.8 y 245 de la Ley 1437 de 2011 y de conformidad con el reglamento del Consejo de Estado, le corresponde a esta sección decidir el recurso de queja interpuesto por el presidente de la Asamblea Departamental de Quindío, contra la decisión adoptada mediante Auto del 31 de marzo de 2016 por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Quindío que decidió no dar trámite al recurso de apelación presentado.

2. Problema jurídico.

El problema jurídico a ser definido por la Sala consiste en determinar si la negativa de primera instancia de no dar trámite al recurso de apelación presentado por el presidente de la Asamblea Departamental de Quindío, al considerar que éste no tiene capacidad y, por ende, no puede comparecer directamente al proceso de nulidad electoral, se ajusta a los preceptos legales que rigen este medio de control.

Por razones de orden metodológico, para resolver el problema jurídico planteado, se estudiará: (i) si la Asamblea Departamental de Quindío ostenta la capacidad para comparecer directamente al presente proceso de nulidad electoral y, por último, (ii) conforme con lo anterior, si se debe dar trámite al recurso de apelación interpuesto por la mencionada autoridad.

3. Del caso en concreto.

El Tribunal Administrativo de Quindío denegó el recurso de apelación presentado por el presidente de la Asamblea Departamental del Quindío al considerar que carece de capacidad para comparecer al proceso, por tanto debe actuar a través del departamento del Quindío, esto es, del gobernador.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala procederá a pronunciarse en lo relativo a los argumentos de impugnación de la siguiente manera:

3.1. Capacidad comparecer al proceso.

Se debe tener en cuenta que, para poder comparecer al proceso, ante todo se debe contar con la capacidad de ser sujeto procesal, lo cual se constituye en un presupuesto caracterizado por la aptitud que se tiene de ser titular por mandato legal de una relación jurídica en la litis.

Al respecto el Consejo de Estado en sentencia de unificación, señaló: “…, la capacidad para ser parte hace referencia a la posibilidad de ser sujeto de la relación jurídico-procesal, esto es, constituir uno de los dos extremos de la litis, a saber, demandante o demandado. Esta condición proviene de la capacidad jurídica que se le atribuye a la personalidad, en otras palabras, la que tienen las personas, naturales, jurídicas o las ficciones habilitadas por la ley (…), para ser parte de cualquier relación jurídica.

(…)

Así las cosas, es claro que la categoría que subyace al concepto de capacidad para ser parte es la de la personalidad jurídica o de una habilitación legal expresa, por cuanto a partir de ella se erige la capacidad como uno de sus atributos principales, por ende, en principio, son las personas las únicas que pueden ser parte del proceso. (…) en lo que se refiere al proceso contencioso administrativo, se pueden constituir como partes, las personas jurídicas de derecho público, pues su capacidad para ser parte del proceso proviene de su personería jurídica, a contrario sensu, las entidades u órganos que carecen de tal atributo no pueden ser parte procesal, salvo que exista una ley que autorice de manera expresa su habilitación procesal(8)…”

De cara a lo anterior, se observa que conforme con el fallo anteriormente señalado, es requisito esencial para las personas jurídicas de derecho público, contar con ésta para tener la calidad de sujeto procesal, salvo, en los casos en que la ley autorice su habilitación procesal.

En tratándose del medio de control de nulidad electoral, encontramos que el artículo 277 numeral 2º de la Ley 1437 de 2011 establece:

“Contenido del auto admisorio de la demanda y formas de practicar su notificación. Si la demanda reúne los requisitos legales se admitirá mediante auto, en el que se dispondrá:

(…)

2. Que se notifique personalmente a la autoridad que expidió el acto y a la que intervino en su adopción, según el caso, mediante mensaje dirigido al buzón electrónico para notificaciones judiciales, en los términos previstos en este código”. Negrillas propias.

En el caso sub examine, ha de precisarse que la norma arriba trascrita habilita la participación procesal de la autoridad que intervino o expidió el acto sin importar que cuente con personería jurídica, lo cual se traduce en este caso en concreto, que la Asamblea Departamental del Quindío, teniendo en cuenta la especial naturaleza del proceso electoral, al haber sido la autoridad que expidió el acto demandado tiene un posible interés en la decisión que resulte del proceso y por ende es un sujeto procesal de obligatoria vinculación.

Conforme con lo señalado: “La finalidad de esta norma es permitir, como se venía haciendo vía jurisprudencial desde antes de la vigencia del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que la autoridad pública que produjo el acto administrativo demandado o la que participó en su conformación, pese a no ser parte demandada en el proceso electoral, pueda si lo considera necesario intervenir en el proceso(9)”. Negrillas fuera de texto.

Como conclusión tenemos que, para el caso en concreto, si bien es cierto la Asamblea Departamental del Quindío no cuenta con personería jurídica, sí se encuentra facultada por mandato legal especial para intervenir directamente en el presente medio de control de nulidad electoral, dada la capacidad de ser sujeto procesal que expresamente le otorgó el numeral 2º del artículo 277 de la Ley 1437 de 2011.

Dada la titularidad que ostenta la Asamblea Departamental del Quindío en la presente relación jurídica, no se hace necesaria su comparecencia a través del gobernador del departamento, pues como ya se advirtió es la mencionada corporación la llamada a comparecer al proceso por la expedición del acto hoy cuestionado.

3.2. En cuanto al recurso de queja.

Habiendo claridad sobre la capacidad de ser sujeto procesal de la Asamblea Departamental de Quindío en el presente asunto, requisito sine qua non para poder intervenir de manera directa en las diferentes etapas del proceso, no encuentra la Sala razones para que el Tribunal Administrativo de instancia no le diera trámite al recurso de apelación presentado, pues como ya se mencionó, la Duma Departamental no requiere hacerlo a través del ente territorial correspondiente por ostentar capacidad para hacerlo por sí misma, esto es a través de su presidente, quien es la figura que la representa.

Teniendo en cuenta lo anterior, esta Sala estima mal denegado el recurso de apelación presentado por el señor Luis Alberto Rincón Quintero, en su condición de presidente de la Asamblea Departamental de Quindío, por lo que prospera el recurso de queja y en consecuencia se concede el de apelación.

RESUELVE:

1. ESTÍMASE mal denegado el recurso y en consecuencia CONCEDER en efecto devolutivo la apelación interpuesta por el presidente de la Asamblea Departamental de Quindío contra el auto proferido por el Tribunal Administrativo el 31 de marzo de 2016, conforme la parte motiva de este proveído.

2. SOLICITAR el expediente al Tribunal de origen, para resolver el recurso de apelación.

3. ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

Notifíquese y cúmplase».

(8) Consejo de Estado. sección tercera de lo contencioso administrativo, C.P. Enrique Gil Botero, 25 de septiembre de 2013, rad. 25000-23-26-000-1997-05033-01(20420).

(9) Consejo de Estado. sección quinta de lo contencioso administrativo, C.P. Alberto Yepes Barreiro, 07 de mayo de 2015, rad. 11001-03-28-000-2014-00095-00.