Sentencia 2016-00042 de septiembre 19 de 2016

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Rad.: 850012333000201600042-02

Consejera Ponente:

Dra. Rocío Araújo Oñate

Accionante: Marysol Zafra Gerena

Accionado: Juan Manuel Nossa Fuentes, personero del municipio de Yopal

Naturaleza: Nulidad electoral - Recurso de apelación contra sentencia.

Bogotá, D.C., diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «I. Consideraciones

1. Competencia.

La competencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado para conocer de los recursos de apelación presentados por el concejo municipal y el demandado, contra el fallo del 16 de mayo de 2016, proferido por el Tribunal Administrativo del Casanare, está fijada en los artículos 150 y 152.8 de la Ley 1437 de 2011; al igual que por lo normado en el Acuerdo 55 de 2003 expedido por la Sala Plena de esta corporación.

2. Problema jurídico.

El problema jurídico a ser definido por la sala consiste en determinar, de conformidad con los recursos de apelación interpuestos, si el acta 8 del 10 de enero de 2016, del Concejo Municipal de Yopal, que contiene la elección el personero del municipio de Yopal se encuentra viciada o no de nulidad por expedición irregular, para de esta manera, confirmar o revocar el fallo de primera instancia.

Por efectos metodológicos y en vista de la reiteración de argumentos por parte de los dos impugnantes, el análisis del presente caso se abordará de la siguiente manera: i) Determinar si la Resolución 126 de 2015 de la mesa directiva del Concejo Municipal de Yopal, en su artículo 1.1.1.2, contempla un elemento excluyente de especialidades, ii) Establecer la existencia o no de variación de las reglas previstas en la convocatoria al proceso de selección de personero municipal de Yopal iii) Actos enjuiciados en el presente medio de control judicial de nulidad electoral.

2.1. Exclusión de especializaciones en la Resolución 126 de 2015 de la mesa directiva del Concejo Municipal de Yopal, en su artículo 1.1.1.2.

Señaló la demandante que en el mencionado acto en su artículo 1.1.1.2 y numeral 2.1.4 se estableció una limitante para acceder al cargo de personero municipal de Yopal, consistente en exigir título de postgrado calificado, la cual no se encuentra prevista en el artículo 35 de la Ley 1551 de 2012 en lo pertinente estableció que: “(…) Para ser elegido personero municipal se requiere: En los municipios de categorías especial, primera y segunda títulos de abogado y de post grado”.

Al respecto los impugnantes insisten en que las áreas del derecho a las que hace alusión el artículo 1.1.1.2 y numeral 2.1.4 de la Resolución 126 del 9 de septiembre de 2015, es un aspecto que se encuentra entre paréntesis, lo que significa una simple enunciación o explicación de que la especialización solicitada corresponda a temas relacionados con las funciones del cargo, y no como especialidades restrictivas.

2.2.1. Para resolver este planteamiento se reitera la confrontación normativa de la convocatoria con la ley que previamente realizó esta Sala(31), en los siguientes términos:

Artículo 35 de la Ley 1551 de 2012Artículo 1.1.1.2 de la Resolución 126 de 2015Artículo 2.1 numeral 2.1.4 de la Resolución 126 de 2015
El artículo 170 de la Ley 136 de 1994 quedará así:
(…) Para ser elegido personero municipal se requiere: En los municipios de categorías especial, primera y segunda títulos de abogado y de postgrado. En los municipios de tercera, cuarta y quinta categorías, título de abogado (…).
Requisitos para el desempeño del cargo: (…)
Tener título de Abogado.
Tener título de post grado en la modalidad de especialización en áreas relacionadas con las funciones del cargo (áreas en derecho público, administrativo y contencioso administrativo, derechos humanos, constitucional, gestión pública, disciplinario, gobierno municipal, contratación estatal, resolución de conflictos).
Requisitos para la inscripción: El aspirante en el momento de la inscripción deberá reunir los siguiente requisitos: (…)
2.1.4. Tener título de abogado.
Tener título de Postgrado en la modalidad de especialización en áreas relacionadas con las funciones del cargo (áreas en derecho público, administrativo y contencioso administrativo, derechos humanos, constitucional, gestión pública, disciplinario, gobierno municipal, contratación estatal, resolución de conflictos).

De una comparación objetiva del artículo 35 de la Ley 1551 de 2012 con el artículo 1.1.1.2 y el artículo 2.1.4 de la Resolución 126 del 9 de septiembre de 2015, se encuentra que en estos últimos se agregó un ingrediente normativo ajeno a la ley, con lo cual se configura una posible limitación al acceso del concurso a los demás ciudadanos interesados en participar.

En este sentido, no son de recibo para esta sala los argumentos de los recurrentes, en los cuales manifestaron que las áreas del derecho que se establecieron en los artículos ya mencionados de la Resolución 126 de 2015 solo son enunciativas, por cuanto en el mismo cuerpo normativo, en su artículo “3.1. Causales de inadmisión de la convocatoria”, se estableció como causal de inadmisión la de no cumplir con el título de abogado y el título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas relacionadas con las funciones del cargo (áreas en derecho público, administrativo y contencioso administrativo, derechos humanos, constitucional, gestión pública, disciplinario, gobierno municipal, contratación estatal, resolución de conflictos).

De manera que en el presente caso se puede observar que en el artículo 1.1.1.2 y en el artículo 2.1.4 de la Resolución 126 del 9 de septiembre de 2015, se plasmó una limitante no prevista en los requisitos establecidos en el artículo 35 de la Ley 1551 de 2012.

Razón le asiste al a quo, cuando en la providencia apelada consideró que al agregarse una exigencia especial para ser personero consistente en un específico título de post grado se desconoció el derecho a la igualdad, por cuanto se generó una restricción al acceso del concurso a los abogados que no contaban con el título requerido; impidiendo participar a un segmento indeterminado de profesionales que pudieron interpretar las especializaciones enunciativas como una restricción.

Así las cosas, con fundamento en la confrontación normativa realizada y a partir de las pruebas aportadas, la sala concluye que no prospera este argumento de los apelantes con miras a revocar la decisión de primera instancia.

2.2. Establecer la existencia o no de variación de las reglas previstas en la convocatoria al proceso de selección de personero municipal de Yopal.

La Ley 1551 de 2012, “Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios”, dispone en su artículo 35:

ART. 35.—El artículo 170 de la Ley 136 de 1994 quedará así:

ART. 170.—Elección. <Aparte tachado inexequible> Los concejos municipales o distritales según el caso, elegirán personeros para periodos institucionales de cuatro (4) años, dentro de los diez (10) primeros días del mes de enero del año en que inicia su periodo constitucional, previo concurso público de méritos que realizará la Procuraduría General de la Nación, de conformidad con la ley vigente. Los personeros así elegidos, iniciarán su periodo el primero de marzo siguiente a su elección y lo concluirán el último día del mes de febrero del cuarto año”.

Así mismo el Decreto 2485 de 2014, “Por medio del cual se fijan los estándares mínimos para el concurso público y abierto de méritos para elección de personeros municipales” prescribe:

“ART. 1º—Concurso público de méritos para la elección el personero municipal o distrital será elegido de la lista que resulte del proceso de selección público y abierto adelantado por el concejo municipal o distrital.

Los concejos municipales o distritales efectuarán los trámites pertinentes para el concurso, que podrá efectuarse a través de universidades o instituciones de educación superior públicas o privadas o con especializadas en procesos de selección de personal.

El concurso de méritos en todas sus etapas deberá ser adelantado atendiendo criterios de objetividad, transparencia, imparcialidad y publicidad, teniendo en cuenta la idoneidad de los aspirantes para el ejercicio de las funciones.

ART. 2º—Etapas concurso de méritos para la elección de personeros. El concurso público méritos para personeros tendrá como mínimo las siguientes etapas

a. Convocatoria. La convocatoria, deberá ser suscrita por la mesa directiva del concejo municipal o distrital, previa autorización de la corporación. La convocatoria es norma reguladora de todo concurso y obliga tanto a administración, como a las entidades contratadas para su realización y a los participantes. Contendrá el reglamento del concurso, las etapas que deben surtirse y el procedimiento administrativo orientado a garantizar los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad en proceso de elección.

La convocatoria deberá contener, por lo menos, la siguiente información: fecha de fijación; denominación, código y grado; salario; lugar de trabajo; lugar, fecha y hora de inscripciones; fecha de publicación de lista de admitidos y no admitidos; trámite de reclamaciones y recursos procedentes; fecha, hora y lugar de la prueba de conocimientos; pruebas que se aplicarán, indicando el carácter de la prueba; el puntaje mínimo aprobatorio y el valor dentro del concurso; fecha de publicación de los resultados del concurso; los requisitos para el desempeño del cargo, en ningún caso podrán ser diferentes a los establecidos en la Ley 1551 de 2012; y funciones y condiciones adicionales que se consideren pertinentes para el proceso”.

Sobre la naturaleza de la convocatoria dentro de los procesos de elección y los impactos legales de su modificación, esta sección(32) ha expuesto que:

“Lo anterior, en tanto, la convocatoria es en esencia el acto por el cual la administración fija las pautas que determinarán la validez de la decisión final, en este caso, de la elección, pues es esta la que consagra las bases sobre las cuales se desarrollará el concurso, de tal manera que es allí donde se expone a los interesados con claridad las reglas a que se sujetará su participación y las de la propia administración.

De allí la importancia de que los procedimientos que se dieran al interior del consejo de gobierno judicial con fines electorales, cumplieran con rigor el principio de legalidad que impone respetar el derecho vigente para el momento en que se inicia el proceso de elección, que para el efecto, ocurre con la convocatoria, so pretexto de violar, entre otros, los principios constitucionales de la transparencia y la buena fe.

Al respecto, esta corporación ha dicho que: “la entidad estatal que convoca a concurso (abierto o cerrado), debe respetar las reglas que ella ha diseñado y a las cuales deben someterse, tanto los participantes en la convocatoria como ella misma. La Sala resalta que quien participa en un concurso público para proveer un cargo lo hace con la seguridad de que se respetarán las reglas impuestas. Cuando estas no son tenidas en cuenta por la entidad que lo ha convocado o se cambian en el curso de su desarrolló se desconoce el principio constitucional de la buena fe(33)” (resaltado fuera de texto).

Fluye de lo anterior que la intención del legislador fue prever el desarrollo de un concurso público de méritos gobernado por los principios de objetividad, transparencia, imparcialidad y publicidad, ceñido a las etapas fijadas en el artículo 2º del Decreto 2485 de 2014, “Por medio del cual se fijan los estándares mínimos para el concurso público y abierto de méritos para elección de personeros municipales”, esto es convocatoria, reclutamiento y pruebas.

Esta primera etapa constituye, según la jurisprudencia invocada, la regla del proceso de obligatorio cumplimiento para los interesados en participar y para la propia administración, sin que le sea dable a esta última dictar a su discreción modificaciones en el transcurso del mismo, so pena de vulnerar los principios constitucionales de transparencia, buena fe e igualdad.

Descendiendo al presente caso, se tiene que el Concejo de Yopal expidió la Resolución 126 de 9 de septiembre de 2015, “Por medio de la cual se convoca y reglamenta el concurso público de méritos para la elección de Personero (a) del municipio de Yopal - Casanare”(34), acto administrativo en el cual se fijaron las reglas del proceso de selección previsto en el artículo 35 de la Ley 1551 de 2012, para ese municipio.

Sin embargo, con posterioridad a la expedición del acta 6 de 28 de septiembre de 2015, por medio de la cual se realiza la verificación de los requisitos mínimos de los inscritos a la convocatoria del concurso de méritos para ocupar el cargo de Personero Municipal, se profirió el acta 7 de 29 de septiembre de 2015(35), en la cual se aclara “en el sentido de ser más específicos en cuanto a los requisitos de que adolecen algunas de las inscripciones según las reglas del concurso y de otro lado hacer otras aclaraciones pertinentes (…) donde se podrán allegar los documentos según las observaciones, si a ello hubiere lugar, so pena de inadmisión definitiva”(36).

Igualmente, el Concejo Municipal de Yopal expide la Resolución 139 de 13 de octubre de 2015, “Por medio de la cual se modifica la Resolución 126 de 9 de septiembre de 2015 por medio de la cual se convocó y reglamentó el concurso público de méritos para la elección de personero del municipio de Yopal (Casanare)”, en la que se determinó que la experiencia profesional se valorará desde la obtención del título de abogado y no desde la terminación de materias y, además, se modificó el puntaje y valoración de estudios y experiencia.

Estos dos últimos actos administrativos claramente realizaron modificaciones a las reglas previstas inicialmente en la convocatoria, las cuales, según afirman los impugnantes, se debieron a “yerros humanos” que de no haberse realizado oportunamente impedían finalizar el proceso de selección. Sin embargo, en este caso la administración municipal omitió considerar que variar los términos de la convocatoria, con fundamento en la comisión de errores humanos o no, vulneraba flagrantemente el principio de confianza legítima, que ha sido definido por la Corte Constitucional en los siguientes términos:

“Así pues, en esencia, la confianza legítima consiste en que el ciudadano debe poder evolucionar en un medio jurídico estable y previsible, en cual pueda confiar. Para Müller(37), este vocablo significa, en términos muy generales, que ciertas expectativas, que son suscitadas por un sujeto de derecho en razón de un determinado comportamiento en relación con otro, o ante la comunidad jurídica en su conjunto, y que producen determinados efectos jurídicos; y si se trata de autoridades públicas, consiste en que la obligación para las mismas de preservar un comportamiento consecuente, no contradictorio frente a los particulares, surgido en un acto o acciones anteriores, incluso ilegales, salvo interés público imperioso contrario.

Se trata, por tanto, que el particular debe ser protegido frente a cambios bruscos e inesperados efectuados por las autoridades públicas. En tal sentido, no se trata de amparar situaciones en las cuales el administrado sea titular de un derecho adquirido, ya que su posición jurídica es susceptible de ser modificada por la administración, es decir, se trata de una mera expectativa en que una determinada situación de hecho o regulación jurídica no serán modificadas intempestivamente(38). De allí que el Estado se encuentre, en estos casos, ante la obligación de proporcionarle al afectado un plazo razonable, así como los medios, para adaptarse a la nueva situación(39).

De igual manera, la doctrina foránea considera que, en virtud del principio de la confianza legítima, la administración pública no le exigirá al ciudadano más de lo estrictamente necesario para la realización de los fines públicos que en cada caso persiga(40)”.

Conforme con lo expuesto no le era dable al Concejo Municipal de Yopal realizar la variación del contenido de la convocatoria, pues esta circunstancia atenta claramente contra los principios constitucionales de transparencia, buena fe e igualdad, como lo expuso esta Sala Jurisdiccional en la jurisprudencia emitida por esta corporación, atrás citada.

2.3. Actos enjuiciables en el presente medio de control de nulidad electoral.

Argumenta el impugnante Juan Manuel Nossa Fuentes que la demanda versa sobre la legalidad del acta 8 del 10 de enero de 2016 por medio de la cual se eligió al personero municipal de Yopal para el periodo 2016-2020, circunstancia que impide que se cuestionen otros actos que no fueron planteados en la demanda, en especial el acta 4 de 2016 a la que se refiere la parte resolutiva de la sentencia apelada.

Para resolver este argumento se hace necesario invocar lo previsto en el artículo 139 de la Ley 1437 de 2011, que a la letra reza:

“ART. 139.—Nulidad electoral. Cualquier persona podrá pedir la nulidad de los actos de elección por voto popular o por cuerpos electorales, así como de los actos de nombramiento que expidan las entidades y autoridades públicas de todo orden. Igualmente podrá pedir la nulidad de los actos de llamamiento para proveer vacantes en las corporaciones públicas.

En elecciones por voto popular, las decisiones adoptadas por las autoridades electorales que resuelvan sobre reclamaciones o irregularidades respecto de la votación o de los escrutinios, deberán demandarse junto con el acto que declara la elección. El demandante deberá precisar en qué etapas o registros electorales se presentan las irregularidades o vicios que inciden en el acto de elección.

En todo caso, las decisiones de naturaleza electoral no serán susceptibles de ser controvertidas mediante la utilización de los mecanismos para proteger los derechos e intereses colectivos regulados en la Ley 472 de 1998.

En el mismo sentido, sobre el tema de los actos objeto de demanda de nulidad electoral, esta Sala Jurisdiccional(41) ha explicado:

“De la simple lectura, de la disposición en cita se colige sin ambages que el medio de control de nulidad electoral procede para estudiar la legalidad de, entre otros, aquellos actos de nombramiento proferidos por las autoridades en su diversos niveles.

Así las cosas, y atendiendo a que la demanda que ocupa la atención de la sala se dirige contra un acto pasible de la acción electoral [acto de nombramiento], es evidente que el escrito presentado por el señor Medina Ramírez no tenía por qué dirigirse contra la lista de elegibles.

Esto es así, debido a que los actos trámite o preparatorios no son pasibles de control judicial, puesto que desde la perspectiva de la nulidad electoral solo lo son aquellos a través de los cuales se hace la elección, el nombramiento o el llamamiento a proveer vacantes, respectivamente.

Lo anterior se refuerza si se tiene en cuenta que en asuntos electorales el acto que contiene la declaración de voluntades de la administración es el tendiente a elegir, nombrar o llamar a proveer vacantes, los cuales se constituyen como un verdaderos actos electorales, en los términos del inciso primero del artículo 139 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, pasibles de ser controlado, únicamente, por la vía de la nulidad electoral según las voces de la norma en comento.

Por supuesto, ello no implica que si se presentan vicios en los actos de trámite o preparatorios que dieron origen al acto de designación, aquellos queden sustraídos del control judicial, pues lo que sucede es que dichas anomalías se estudiaran por el juez electoral cuando analice la legalidad del acto definitivo.

En otras palabras desde el enfoque del medio de control consagrado en el artículo 139 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la lista de elegibles se erige como un acto preparatorio, cuyo control se realiza cuando el juez electoral estudia la legalidad del acto definitivo contentivo de la designación.

Es (sic) esta tesis no es novedosa, pues en diversas oportunidades la Sección Quinta(42) ha sostenido que en la acción electoral los vicios en los actos preparatorios se escudriñan al examinar el acto definitivo demandando”.

Es válido concluir entonces que al analizar la legalidad del acto de elección o de nombramiento es posible estudiar los actos preparatorios que dieron origen a la decisión de la administración o del órgano colegiado, sin que le esté vedado al juzgador ejercer control respecto de la configuración de irregularidades o inconsistencias en los actos de trámite que afecten el acto definitivo y conlleven a su ilegalidad.

Al descender al caso particular se tiene que la demandante cuestionó en el libelo introductorio el acta 8 de 10 de enero de 2016(43) y el asunto litigioso determinado en la audiencia inicial celebrada el 20 de abril de 2016 versó en “Determinar si hay lugar a declarar la nulidad del acto de elección del personero municipal de Yopal para el periodo 2016-2020, la cual recayó al abogado Juan Manuel Nossa Fuentes, adoptada por el Concejo Municipal de Yopal y consignada en el acta 8 de 10 de enero de 2016”(44) . Sin embargo, en la parte resolutiva de la sentencia de fecha 16 de mayo de 2016 se plasmó en el numeral tercero: “DECLARAR la nulidad del acto administrativo de nombramiento de Juan Manuel Nossa Fuentes como personero municipal para el periodo 2016-2020, expedido por el Concejo Municipal de Yopal, plasmado en el acta 4 de 8 de enero de 2016, por las razones indicadas en la motivación”.

De esta manera, se concluye que le asiste razón al apelante en que la parte resolutiva incluyó un acto que no fue demandado, esto es el acta 4 de 8 de enero de 2016; sin embargo, la sala encuentra que dicho yerro se debe a un error mecanográfico, que no al estudio jurídico de un acto administrativo no impugnado. Lo anterior, toda vez que en la parte considerativa de la sentencia impugnada se establece claramente que se trata del análisis del “Acta 8 de 10 de enero de 2016”(45) y que “La sentencia declarará la nulidad de la elección del personero municipal de Yopal”(46), la cual está contenida en la invocada acta 8 de 10 de enero de 2016, sin que haya lugar a dudas de ello.

3. Conclusión.

Los impugnantes no demostraron que la decisión asumida por el fallador de primera instancia hubiese sido consecuencia de una errada valoración probatoria, pues de las pruebas allegadas legal y oportunamente se acreditó que el acto demandado fue proferido con violación de las normas invocadas en el concepto de violación previsto en el libelo introductorio. Por esta razón se confirmará la sentencia impugnada bajo el entendido que el acto cuya nulidad se declara es el acta 8 de 10 de enero de 2016 y no el acta 4 de 8 de enero de 2016, prevista en la parte resolutiva de la providencia apelada.

Por último, cabe precisar que respecto de la decisión de nulidad que mediante el presente pronunciamiento se confirma es necesario reiterar los efectos específicos que conlleva, por haberse originado la causal de expedición irregular. Es así como esta Sala Jurisdiccional en sentencia de unificación de 6 de mayo de 2016, explicó:

“En estos casos, en donde se establecen claramente los efectos, deben cumplirse en los términos dados en la sentencia debidamente ejecutoriada, tal como lo establece el inciso 6º del artículo 189 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo2(sic), aplicable por remisión del artículo 296 Ibíd.

2. En otros casos en la sentencia solo se ha declarado la nulidad del acto electoral —por irregularidades en el trámite de su expedición—, pero no se hace modulación de los efectos. Al no darse una orden en concreto, se genera incertidumbre sobre los posibles efectos de dicha declaratoria, y por tanto la Sección ha establecido posturas diferentes al respecto:

a) En sentencia de 29 de mayo de 2009, expediente 11001-03-28-000- 2007-00036-00, M.P. Filemón Jiménez Ochoa(47), esta corporación, ante tal vacío consideró que se debía adelantar una nueva convocatoria. Al efecto sostuvo:

“(…) Si la nulidad de un acto administrativo declarada por vía jurisdiccional, tuvo como razón el procedimiento irregular para su emisión, su declaratoria cobija todo el trámite por ser elemento de la validez del acto, por ende, no es procedente, que sobre un aspecto que fue la causa de la declaración de nulidad, se cimiente otro acto administrativo. Si así ocurriere, se incurriría en la misma causal de nulidad en el nuevo acto”. (…)

En esa ocasión, esta sección fue tajante en establecer que cuando se declare la nulidad de un acto de elección por irregularidades en el trámite, es necesario llevar a cabo un nuevo procedimiento con una nueva elección(48) (resaltado fuera el texto primigenio).

Conforme con lo expuesto y visto que en el presente caso la expedición irregular se configuró a partir del acto de convocatoria resultando claro para esta Sala de Decisión que con la nulidad del acto de nombramiento, le corresponde al concejo municipal proceder a realizar el concurso público de méritos de conformidad con lo previsto en la Ley 1551 de 2012 y el Decreto 2485 del 2 de diciembre de 2014.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la sentencia proferida el 16 de mayo de 2016, por medio de la cual el Tribunal Administrativo del Casanare accedió a las pretensiones de la demanda, en el entendido que el acto cuya nulidad se declara es el acta 8 de 10 de enero de 2016 y no el acta 4 de 8 de enero de 2016.

2. DEVOLVER el expediente al tribunal de origen para lo de su competencia.

3. ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

Notifíquese y cúmplase.»

31 Auto de 5 de mayo de 2016, que resolvió un recurso de apelación en contra del auto que decidió una medida cautelar dentro del presente proceso.

32 Sección Quinta del Consejo de Estado. Sentencia de 15 de diciembre de 2015, radicación 11001-03-28-000-2015-00048-00, C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.

33 Sentencia del 2 de septiembre de 2009, radicado 25000-23-15-000-2009-00890-01.

34 Folios 40 al 64, cuaderno 1.

35 Folios 92 al 105, cuaderno 1.

36 Folio 93, cuaderno 1.

37 Müller J.P. Vertrauesnsschutz im Völkerrecht, Berli, 1971, citado por Silvia Calmes, Du principe de protection de la confiance légitime en droits allemand, communautaire et français, París, Ed. Dalloz, 2002, pág. 567.

38 Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, sentencia del 17 de diciembre de 1992, asunto Holtbecker, en J. Boulouis y M. Chevallier, Grands Arrêts de la Cour de Justice des Communautés Européennes, París, Dalloz, 1993, pág. 77. En este fallo el Tribunal consideró que el principio de la confianza legítima se definía como la situación en la cual se encuentra un ciudadano al cual la administración comunitaria, con su comportamiento, le había creado unas esperanzas fundadas de que una determinada situación jurídica o regulación no sería objeto de modificación alguna.

39 Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, sentencia del 8 de junio de 1977, asunto Merkur. en J. Boulouis y M. Chevallier, Grands Arrêts de la Cour de Justice des Communautés Européennes, París, Dalloz, 1993, pág. 218. En esta sentencia el Tribunal consideró que el principio de la confianza legítima podía llegar a ser vulnerado por la Comunidad Europea debido a la supresión o modificación con efectos inmediatos, en ausencia de unas medidas transitorias adecuadas y sin que se estuviera ante la salvaguarda de un interés general perentorio.

40 Jesús González Pérez, El principio general de la buena fe en el derecho administrativo, Madrid, Edit. Civitas, 1989, pág. 60.

41 Sección Quinta del Consejo de Estado, sentencia de 18 de febrero de 2016, C.P. Alberto Yepes Barreiro, radicación 25000-23-41-000-2015-00101-02.

42 Al respecto consultar entre otros, Consejo de Estado, sentencia del 24 de abril de 2013, radicado 440012331000201100207 01, C.P. Alberto Yepes Barreiro, Consejo de Estado, sentencia del 6 de mayo de 2013, radicado 68001-23-31-000-2011-01057-01, C.P. Alberto Yepes Barreiro, Consejo de Estado, sentencia del 3 de agosto de 2015, radicado 11001-03-28-000-2014-000128-00 y 11001-03-28-000-2014-000125-00 (Acumulados), C.P. Alberto Yepes Barreiro.

43 Folio 1, cuaderno 1.

44 Folio 475, cuaderno 4.

45 Folio 928 vto.

46 Folio 943.

47 Posición fue reiterada en la sentencia de 8 de abril de 2010, expediente 1100103280002009000300, M.P. Mauricio Torres Cuervo.

48 Sección Quinta del Consejo de Estado sentencia de 26 de mayo de 201, radicación 11001-03-28-000-2015-00029, C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio.