SENTENCIA 2016-00043 DE DICIEMBRE 15 DE 2016

 

Sentencia 2016-00043 de diciembre 15 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Rad.: 17001-23-33-000-2016-00043-01

Actor: José Norman Salazar González

Demandado: Tulia Elena Hernández Burbano

Asunto: Acción electoral - Segunda instancia

Consejero Ponente:

Dr. Alberto Yepes Barreiro

Bogotá D.C., quince de diciembre de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

De conformidad con lo establecido en los artículos 150, 152.8 del CPACA y 13 del Acuerdo 58 de 1999 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, esta Sección es competente para conocer en segunda instancia del proceso de la referencia, toda vez que, la demanda ataca la legalidad del Acta Nº 004 del 6 de enero de 2016 a través del cual se eligió a la señora Tulia Elena Hernández Burbano como personera municipal de Manizales.

Lo anterior teniendo en cuenta que según el artículo 152.8 Ibídem los tribunales administrativos conocerán en primera instancia de la nulidad del acto de elección de los “(…) personeros, (…) con setenta mil (70.000) o más habitantes, o que sean capital de departamento.” de forma que corresponde a esta Sección conocer sobre el recurso de alzada propuesto en el caso concreto, pues se cuestiona la legalidad de la elección de la Personera de un municipio capital de departamento.

2. Oportunidad y trámite del recurso.

La Sala observa que el recurso de apelación se presentó dentro de la oportunidad legal correspondiente y que al mismo se le dio el trámite que impone el artículo 292 del CPACA, norma especial de carácter electoral.

3. Planteamiento del problema jurídico.

Corresponde a la Sala analizar si debe confirmar, revocar o modificar la Sentencia del 18 de octubre de 2016 a través de la cual el Tribunal Administrativo de Caldas negó las pretensiones de la demanda.

Se ocupará en esta oportunidad de: i) analizar a título oficioso si es nulo el proceso adelantado bajo este radicado, atendiendo a que esta Sección mediante Sentencia del 3 de noviembre de 2016, ya resolvió vía recurso de apelación un proceso que se dirigió contra el acto de elección ahora cuestionado; y ii) en caso de encontrarse que no hay lugar a nulitar la actuación, pasará a examinar los argumentos que constituyen la apelación, cuya temática corresponde a dar respuesta a los siguientes reclamos: 1) incumplimiento de los requisitos de admisión por parte de la elegida, 2) atribuciones de la Universidad de Manizales en el concurso 3) irregularidades en la fase de entrevistas y 4) elección en fecha diferente a la prevista en el cronograma.

En este orden la Sala abordará el siguiente análisis:

4. La acumulación de procesos.

Como se indicó antes de analizar el problema jurídico, la Sala considera necesario, realizar algunas precisiones respecto de las consecuencias que pueden generarse en un proceso por la no acumulación de los trámites que versen sobre una misma elección o nombramiento.

Tal planteamiento obedece por lo acontecido en el trámite de primera instancia y porque esta Sección ya tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre la apelación de la Sentencia del 5 de septiembre de 2016 contra la misma elección, pero bajo el expediente radicado bajo el Nº 170001-23-33-000-2016-00025-02. Se advirtió que el Tribunal Administrativo de Caldas tramitó dos procesos contra un mismo acto sin que los hubiese acumulado, lo que implicó que se hubiesen proferido dos fallos frente a una misma elección.

Al respecto conviene reiterar con el ánimo de insistir en el procedimiento especial y reglado que orienta este medio de control de nulidad electoral que:

Los artículos 281 y 282 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contemplan las reglas de aplicación especial, prevalente y preferente para la acumulación de procesos de naturaleza electoral. Lo que de contera, excluye la remisión a las disposiciones del proceso ordinario contencioso y del Código General del Proceso.

En efecto, tales disposiciones determinan en qué eventos resulta realizar la acumulación y delimita el trámite que debe adelantarse con tal fin y a quién le corresponde asumirlo. Específicamente el artículo 282 del ibídem establece:

“ACUMULACIÓN DE PROCESOS. Deberán fallarse en una sola sentencia los procesos en que se impugne un mismo nombramiento, o una misma elección cuando la nulidad se impetre por irregularidades en la votación o en los escrutinios.

Por otra parte, también se acumularán los procesos fundados en falta de requisitos o en inhabilidades cuando se refieran a un mismo demandado.

En el Consejo de Estado y en los tribunales Administrativos, vencido el término para contestar la demanda en el proceso que llegue primero a esta etapa, el secretario informará al magistrado ponente el estado en que se encuentren los demás, para que se proceda a ordenar su acumulación.

En los juzgados administrativos y para efectos de la acumulación, proferido el auto admisorio de la demanda el despacho ordenará remitir oficios a los demás juzgados del circuito judicial comunicando el auto respectivo.

La decisión sobre la acumulación se adoptará por auto. Si se decreta, se ordenará fijar aviso que permanecerá fijado en la Secretaría por un (1) día convocando a las partes para la diligencia de sorteo del magistrado ponente o del juez de los procesos acumulados. Contra esta decisión no procede recurso. El señalamiento para la diligencia se hará para el día siguiente a la desfijación del aviso.

Esta diligencia se practicará en presencia de los jueces, o de los magistrados del tribunal Administrativo o de los magistrados de la Sección Quinta del Consejo de Estado a quienes fueron repartidos los procesos y del secretario y a ella podrán asistir las partes, el Ministerio Público y los demás interesados.

La falta de asistencia de alguna o algunas de las personas que tienen derecho a hacerlo no la invalidará, con tal que se verifique la asistencia de la mayoría de los jueces o magistrados, o en su lugar del secretario y dos testigos” (resalta la Sala)

En este proceso precisamente no acaeció dicho trámite porque el secretario ad hoc no informó a los magistrados conductores de los expedientes radicados bajo los números 17001-23-33-000-2016-00025-00(10) y 17001-23-33-000-2016-00043-00 de la existencia de éstos, según lo previsto por el artículo 282 del CPACA. La razón de ser de este proceder es que a partir de la acumulación, cuando esta proceda, se adelante un solo proceso donde las audiencias que deben evacuarse se realicen conjuntamente bajo los principios de celeridad y economía que rigen las actuaciones judiciales y además, se garantice que al momento de emitir el fallo las cuestiones de las demandas acumuladas se definan en un única sentencia.

Fue entonces y con este propósito de la norma, que la Sección Quinta en auto de unificación determinó que “un correcto entendimiento de las reglas que sobre acumulación de procesos y pretensiones electorales prevé el CPACA, impone concluir que por regla general sí se pueden acumular tanto pretensiones como procesos basados en causales subjetivas, siempre y cuando la elección este contenida en un mismo acto(11).

Y aunque esta interpretación analizó el marco de la acumulación de procesos subjetivos contra elecciones realizadas por voto popular, lo cierto es que nada obsta para que aquella también pueda ser aplicada a eventos en los que la elección o nombramiento, según el caso, no realice por este método, toda vez que lo que la norma estipula es en qué casos los procesos electorales se deben fallar en una misma sentencia.

Esta tesis aplicada a la elección que hoy nos ocupa, impone colegir que es posible fallar en una misma sentencia varias demandas que impugnen la legalidad de actos de nombramiento y/o de elección por cuerpos colegiados, con independencia de que en un escrito introductorio la causal de nulidad sea por ejemplo la ausencia de requisitos o calidades para desempeñar el cargo y que en el otro la causal de nulidad sea v.gr. expedición irregular por vicios en el procedimiento administrativo de elección, pues la acumulación, en esta clase de procesos, es posible con independencia de la causal de nulidad que se alegue.

Bajo este panorama, resulta de bulto que el tribunal a quo ha debido, en aplicación del artículo 282 del CPACA, acumular los referidos procesos para que se fallaran en una misma sentencia, en razón a que cuestionaban la legalidad de un mismo acto, no resultando de recibo el argumento invocado por el conductor de este proceso relativo a que se presentó por fuera del término previsto en el CGP, codificación que como ya se aclaró no es aplicable a los procesos electorales, y porque la acumulación opera por mandato de la ley y no por petición de parte(12).

Pese a esta situación y, a la existencia de fallo dictado por el juez de primera instancia en ambos procesos, es inane que la Sala retrotraiga el proceso adelantado para pronunciarse sobre la acumulación, máxime cuando en esta instancia, tal omisión no constituye una causal de nulidad, pues de conformidad con el artículo 294 del CPACA la sentencia electoral solo será nula por “incompetencia funcional, indebida notificación del auto admisorio de la demanda al demandado o a su representante, por omisión de la etapa de alegaciones y cuando la sentencia haya sido adoptada por un número inferior de magistrados al previsto por la ley”.

No obstante, la Sala exhortará a la secretaria del Tribunal Administrativo de Caldas para en próximas oportunidades, en aplicación del artículo 282 del CPACA una vez vencido el traslado para contestar la demanda, informe a los despachos si existen procesos electorales que pueden ser sujetos de acumulación de acuerdo a lo estipulado en la norma en comento.

5. El caso concreto.

Como se anunció corresponde a la Sala analizar el caso concreto, esto, determinar si la elección de la señora Hernández Burbano se encuentra viciada de nulidad por los reparos en los que el apelante insiste en el recurso de alzada y que se contraen a los siguientes temas:

5.1. Incumplimiento de los requisitos de admisión por parte de la elegida.

Corresponde a esta Sala identificar si como lo aduce el apelante el documento por el cual fue inadmitida la demandada se presentó de manera extemporánea y si pese a su enumeración en la convocatoria, obligaba a los participantes a acompañarlo, sin excepción.

En este punto huelga manifestar que en la Sentencia del pasado 3 de noviembre de 2016(13), esta Sala se ocupó de analizar dos aspectos concernientes con la participación de la elegida Personera de Manizales. En dicho análisis se determinó de una parte que pese a la inadmisión que pesó en contra de dicha participante, se le permitió continuar en el proceso y de otra, a establecer, si el certificado de antecedentes disciplinarios expedido por el Consejo Superior de la Judicatura como requisito de inscripción debía aportarse so pena de constituir ello una transgresión a las reglas del concurso.

De esta manera, encuentra la Sala que en lo relativo a este punto deben reiterarse el estudio allí realizado y las conclusiones derivadas de dicho análisis. En lo correspondiente el fallo en mención indicó:

“[…] En el caso concreto, está demostrado que el concurso de méritos para proveer el cargo de personero en la ciudad de Manizales estuvo regulado a través del Acuerdo 876 del 31 de octubre de 2015 “por medio del cual se fijan los estándares mínimos para el concurso público de méritos para la elección del personero en el municipio de Manizales”(14) y a través de la Resolución 069 de 3 de diciembre de 2015 “por medio de la cual establece el cronograma y procedimiento para la elección de personero para el municipio de Manizales”(15).

Dichas normas previeron cuales serían las etapas del concurso y las desarrollaron íntegramente. En efecto, los citados cuerpos normativos determinaron que el concurso de méritos de elección del personero de Manizales tendría las siguientes etapas: i) invitación, ii) convocatoria, iii) inscripciones, iv) publicación de lista de admitidos y no admitidos y v) pruebas.

Especialmente, en lo que atañe a la inscripción el literal c) del artículo 6º del Acuerdo 876 de 2015 previó que el aspirante al momento de su inscripción debía adjuntar, entre otros, “certificado de antecedentes expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, si aplica”. Para el demandante el Acuerdo 004 de 6 de enero de 2016 es nulo debido a que la demandada fue inadmitida en el concurso, ya que no aportó el certificado de antecedentes disciplinarios expedido por el Consejo Superior de la Judicatura pese a que las normas que regulaban el concurso así lo exigían.

Al efecto, se encuentra probado que la Universidad de Manizales(16), entidad de educación superior que adelantó el concurso de méritos, publicó el 14 de diciembre de 2015 la “lista de admitidos y no admitidos concurso público de méritos para la elección de personero (Manizales-Caldas)” y que a través de este acto se determinó no admitir a la señora Tulia Elena Hernández Burbano en el concurso de méritos.

En efecto en el folio 11 del Cuaderno de Pruebas se lee:

CédulaEstadoObservaciones
2825.097.220(17)No admitidoEl aspirante no presentó evidencia (numeral h: certificado de antecedentes expedido por el Consejo Superior de la Judicatura) de la convocatoria publicada

Aunque de lo expuesto podría señalarse que en efecto la demandada fue inadmitida al concurso de méritos, lo cierto es que no se puede perder de vista que el literal d) del artículo 6 del Acuerdo municipal Nº 876 de 31 de octubre de 2015 contempló que: i) los aspirantes dentro de los dos días siguientes a la publicación de la lista de admitidos podían elevar la reclamación pertinente y ii) dicha reclamación debía ser resuelta por el “operador del proceso” y debía dirigirse al correo electrónico que él estableciera.

Fue por lo anterior que en la lista de elegibles se reafirmó la posibilidad descrita en el literal d) del artículo 6 del Acuerdo municipal Nº 876 de 31 de octubre de 2015, pues previó que los participantes podían presentar reclamaciones respecto al estado (admitido o inadmitido) que le fuere asignado por la Universidad de Manizales dentro del concurso de méritos. Por ello, al final de la lista de admitidos se lee con toda claridad:

“Nota: Las reclamaciones se realizaran vía correo electrónico a la dirección (...) con el asunto: Reclamación concurso personero Manizales-Caldas. Las reclamaciones se reciben vía correo electrónico, hasta el 15 de diciembre de 2015 (5:00 pm)”.

Bajo este panorama, para la Sala es evidente que la lista de admitidos del 14 de diciembre de 2015 no podía entenderse como definitiva, pues estaba sujeta a los ajustes que surgieran después de las reclamaciones elevadas por los participantes. Esto es de suma, importancia para el caso concreto, porque implica que contrario a lo afirmado por el accionante, el mero hecho de la inadmisión no implicaba la exclusión del concurso de méritos, pues esa decisión podía ser cuestionada por los participantes.

Ahora bien, se encuentra probado que varios participantes, entre ellos la demandada, presentaron reclamación contra la lista de admitidos y no admitidos(18). En efecto, está acreditado que la señora Hernández Burbano en ejercicio de la facultad de reclamación prevista en el Acuerdo 876 de 2016 presentó el 14 de diciembre de 2015 a las 23: 11 horas a través de correo electrónico, petición en la que solicitó al operador del concurso, esto es, la Universidad de Manizales que repusiera la decisión de inadmitirla, pues consideró que dicha exigencia no le era aplicable.

En el folio 26 del cuaderno de pruebas obra copia del correo electrónico enviado por la demandada a la Universidad de Manizales, documento cuyo asunto reza:

“Asunto: Recurso de reposición y reclamación

Referencia: Listado de admitidos y no admitidos al concurso de personero municipal de Manizales”(19)

En el referido escrito se exponen las razones por las cuales la demandada solicita que se revoque la inadmisión al concurso y, en su lugar, se permita la continuidad en el proceso. Especialmente porque, a su juicio, dicha exigencia no le era aplicable habida cuenta que: i) ya laboraba en la personería, razón por la que tal información ya reposaba en la entidad; ii) la ley de supresión de trámites abrevió el aporte de documentos que pueden ser consultados en las bases de datos públicas, tales como los antecedentes disciplinarios profesionales; iii) los artículos 1º y 14 de la Ley 962 de 2005 racionalizaron los trámites y procedimientos eliminando aquellos innecesarios; iv) el Consejo Superior de la Judicatura tiene a su disposición la consulta electrónica de los antecedentes, de forma que cualquier persona puede tener acceso a esa información, únicamente, digitando el número de la cédula que se pretenda consultar y v) el aporte de tal documento no está previsto como requisito de acceso al cargo de personero.

Es de anotar que frente a este requerimiento la Universidad de Manizales, mediante escrito visible a folio 32 a 33 del Cuaderno de Pruebas, contestó que revocaba la decisión de inadmisión y, que por consiguiente la señora Tulia Elena Hernández Burbano quedaba admitida en el concurso de méritos; textualmente el documento en cita señala:

“una vez analizado el recurso interpuesto por usted, el comité del concurso de personeros considera que su petición es admisible de conformidad con las normas citadas, “ley de supresión de trámites abrevió el aporte de documentos que pueden ser consultados en las bases de datos públicas y para el caso de antecedentes disciplinarios profesionales correspondientes al registro de abogados, este es público, corresponde a datos abiertos por la Ley 1712 de 2014 que garantiza la transparencia y el acceso a la información.

(…)

Por todo lo anterior, accedemos al recurso de reposición y por tanto queda admitida en el concurso de personeros(20) (negritas fuera de texto).

Nótese entonces, como aunque en principio la demandada fue inadmitida al concurso de méritos, lo cual por obvias razones le vedaba el acceso al cargo de personera municipal, dicha decisión fue revocada por quien según el artículo 6º del Acuerdo 876 de octubre de 2015 estaba autorizado para resolver esta clase de las reclamaciones(21), lo que conllevó a que la señora Hernández Burbano pudiera participar en él.

Por lo anterior, para la Sala es claro, contrario a lo afirmado por el demandante la señora Hernández Burbano sí quedó legalmente admitida y, por contera, podía concursar válidamente para ocupar el cargo de personero municipal de Manizales, de forma que la censura expuesta en la demanda según la cual el acto es nulo porque la demandada no fue admitida en el concurso carece de asidero jurídico.

5.3 El certificado de antecedentes disciplinarios expedido por el Consejo Superior de la Judicatura como requisito de inscripción.

Decantado lo anterior corresponde a la Sala determinar si, tal como lo sostiene el accionante y el Ministerio Público, el tribunal erró al señalar que la decisión de la Universidad de Manizales de aceptar la participación de la demandada estaba ajustada a derecho(22).

Recuérdese que para el demandante y para el procurador delegado, la postura del a quo es equivocada, porque el certificado de antecedentes disciplinarios fue previsto por la convocatoria pública como requisito para la inscripción, de forma que avalar la participación de alguien que no lo aportó implicaría desconocer los términos en los que esta se previó.

La Sala Electoral en diferentes oportunidades(23) ha precisado que los términos en los que se expide una convocatoria son de obligatorio cumplimiento tanto para las partes, como para la entidad que organiza el procedimiento de elección, de forma que aquellos solo pueden ser modificados en casos excepcionales.

Sin embargo, también es cierto que aquellas deben estar en estricta armonía con los lineamientos que prevé el ordenamiento jurídico, Esto significa, que aunque por supuesto la administración tiene amplias competencias para fijar las reglas que rigen sus concursos de méritos o sus convocatorias públicas, lo cierto es que tal potestad discrecional no puede servir como argumento para establecer requisitos más allá de los dispuestos en la ley o prever trámites que hagan más gravosa y dispendiosa la actuación administrativa.

En el caso concreto, como quedó explicado en el acápite que precede, el literal c) del artículo 6º del Acuerdo 876 de 2015 determinó que:

“el aspirante deberá entregar las siguientes fotocopias en el momento de su inscripción:

(…)

H. Certificado de antecedentes expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, si aplica(24) (resalta la Sala)

Para el demandante está probado que dicho documento no se aportó y ello de plano implica que la demandada desconoció los requisitos de inscripción contemplados en la convocatoria. En contraposición la señora Hernández Burbano si bien reconoce que no allegó el certificado en comento, sostiene que no estaba en obligación de aportarlo, pues las leyes anti-trámites la relevaban de dicha carga.

Para la Sala Electoral del Consejo de Estado, tal y como lo concluyera el Tribunal Administrativo de Caldas, la decisión de permitir la participación de la demandada, y de otros aspirantes en el concurso de méritos, pese a la ausencia de dicho documento se encuentra ajustada a derecho y no desconoce los términos de la convocatoria.

Esto es así porque como puede observarse de la disposición transcrita en los párrafos que anteceden, las normas reguladoras del concurso dispusieron que con la inscripción debía aportarse certificado de antecedentes disciplinarios expedido por el Consejo Superior de la Judicatura. No obstante, dichas normas también contemplaron que dicho documento solo debería allegarse “si aplica”, es decir, en caso de ser necesario.

Ahora bien, el inciso tercero del artículo 170 de la Ley 136 de 1994(25) establece que para ejercer como personero de un municipio de primera categoría se requiere tener título de abogado; esta exigencia se reiteró en el artículo 173 ibídem que contempla que “para ser elegido personero en los municipios y distritos de las categoría especial, primera y segunda se requiere ser colombiano por nacimiento, ciudadano en ejercicio y ser abogado titulado” lo cual significa que para ejercer como personero de un municipio como Manizales- catalogado como de primera categoría(26)- es imprescindible ostentar el título profesional de abogado.

Bajo este panorama y atendiendo a que los antecedentes disciplinarios de los abogados los administra y certifica el Consejo Superior de la Judicatura, es evidente que la expresión “si aplica” solo tiene efecto útil si se entiende que lo que ella busca es señalar que dicho documento no era exigible a todos los participantes.

En otras palabras, no cabe duda que un entendimiento teológico y con efecto útil de la expresión “si aplica” contenida en los lineamientos que rigieron el concurso, impone concluir que las mismas reglas del procedimiento de elección establecieron que existían casos en los que los participantes estaban relevados de aportar el citado documento. Aceptar lo contrario, es decir, sostener que aquel documento era exigible a todos los participantes, haría inane y convertiría en “letra muerta” tal locución, pues ¿qué sentido tendría señalar que el certificado debía ser aportado solo “si aplica”, si todos los participantes eran abogados?.

Para la Sala, es claro que tal expresión denota que el certificado de antecedentes disciplinarios expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, solo era exigible en caso de ser necesario, razón por la que no todos los participantes debían allegarlo. Así las cosas, se debe analizar si la demandada tenía el deber de aportar tal escrito.

La Sección concuerda con el tribunal cuando sostiene que la señora Hernández Burbano, en aplicación de las leyes anti-trámites, no estaba obligada a allegar el citado documento, puesto que la expresión “si aplica” contemplada en el literal c) del artículo 6º del Acuerdo 876 de 2015 debe leerse e interpretarse armónicamente con tales disposiciones, ya que de lo contrario carecería de sentido.

En efecto, desde hace varias décadas tanto la rama legislativa, como la rama ejecutiva han buscado racionalizar los trámites que se surten en el marco de la actuación administrativa, de forma que la relación entre el Estado y el usuario sea más dinámica y ágil, pues sucedía que la administración requería de las personas un sin número de documentos y archivos de otras entidades públicas a los cuales podía tener acceso con plena facilidad, simplemente realizando una consulta electrónica.

Especialmente el Decreto Ley 2150 de 1995, la Ley 962 de 2005 y el Decreto Ley 19 de 2012 contienen disposiciones tendientes a evitar esta conducta, de forma que todas tienen el mismo fundamento: si la información requerida para continuar con la actuación puede ser adquirida por la administración, esta debe ser la encargada de conseguirla y aportarla. Veamos:

• El artículo 13 del Decreto Ley 2150 de 1995 dispone “En todas las actuaciones públicas, queda prohibida la exigencia de copias o fotocopias de documentos que la entidad tenga en su poder, o a los que la entidad pública tenga facultad legal de acceder” (subraya la Sala).

• Por su parte, el artículo 14 de la Ley 962 de 2005 consagra que “Cuando las entidades de la administración pública requieran comprobar la existencia de alguna circunstancia necesaria para la solución de un procedimiento o petición de los particulares, que obre en otra entidad pública, procederán a solicitar a la entidad el envío de dicha información. En tal caso, la carga de la prueba no corresponderá al usuario. Será permitido el intercambio de información entre distintas entidades oficiales, en aplicación del principio de colaboración (…)”.

• En el mismo sentido el artículo 9º del Decreto Ley 19 de 2012 contempla que:

“Cuando se esté adelantando un trámite ante la administración, se prohíbe exigir actos administrativos, constancias, certificaciones o documentos que ya reposen en la entidad ante la cual se está tramitando la respectiva actuación.

“PAR.—A partir del 1º de enero de 2013, las entidades públicas contarán con los mecanismos para que cuando se esté adelantando una actuación ante la administración y los documentos reposen en otra entidad pública, el solicitante pueda indicar la entidad en la cual reposan para que ella los requiera de manera directa, sin perjuicio que la persona los pueda aportar. Por lo tanto, no se podrán exigir para efectos de trámites y procedimientos el suministro de información que repose en los archivos de otra entidad pública” (subrayas fuera de texto).

Como puede observarse estas normas no solo tienen como propósito materializar la presunción de buena fe en el procedimiento administrativo, sino también poner en práctica los principios de la función administrativa contemplados en el artículo 209 de la Constitución, especialmente la economía, la eficacia, eficiencia y la colaboración entre las distintos órganos de la administración, lo cual se ve complementado y reforzado con las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones que permite a las entidades tener acceso a las diferentes bases de datos de acceso público con las que cuentan las distintas autoridades de manera ágil y directa.

Por supuesto, este conjunto normativo es plenamente aplicable al procedimiento de elección, habida cuenta que en esta clase de actuación, también es indispensable dar prevalencia a los principios de la eficiencia, equidad, eficacia y economía, máxime cuando las normas analizadas no contemplan ninguna excepción, y por el contrario, de forma reiterada señalan que estas normas sobre racionalización de trámites aplican a todas las actuaciones.

Todo lo expuesto lleva a la Sala a colegir que de la expresión “si aplica” contenida en los lineamientos que guiaron el concurso de méritos del personero de Manizales, analizada en conjunto con las leyes de racionalización de trámites se deriva que tal documento debía ser aportado v.gr. en caso de que no se contara con la información suficiente para consultar el certificado en línea o en el evento en el que la búsqueda no fuera exitosa.

Ahora bien, en el caso concreto está demostrado que el concejo municipal y el operador del concurso contaban con la información suficiente para aportar a la actuación el certificado, ya que poseían el número de cédula de la demandada; dato suficiente para conocer en la página web http://antecedentesdisciplinarios.ramajudicial.gov.co/antecedentes/ si la señora Hernández Burbano tenía algún antecedente disciplinario relacionado con su profesión.

De hecho el operador del concurso así lo aceptó al resolver la reclamación presentada por la demandada contra la lista de admitidos, pues encontró que el caso de la señora Hernández Burbano era de aquellos en los que el certificado de antecedentes disciplinarios no era “aplicable” en virtud de lo dispuesto en la Ley 1712 de 2014 y los artículos 1º y 14 de la Ley 962 de 2005.(27)

En efecto, no se puede perder que vista que en todas(28) las respuestas a las reclamaciones presentadas por los diferentes participantes que fueron inadmitidos en el concurso de méritos se puso de presente que se revocaba la decisión de inadmisión ya que la “ley de supresión de trámites abrevió el aporte de documentos que pueden ser consultados en las bases de datos públicas” tal y como era el caso del certificado de antecedentes disciplinarios expedido por el Consejo Superior de la Judicatura.

Así, pues no cabe duda que el caso de la demandada era de aquellos que según el Acuerdo 876 de 2016 no le era aplicable el certificado de antecedentes disciplinarios, comoquiera que dicha información se encontraba disponible en un registro público de información, a la que se podía tener acceso de forma libre, únicamente, con el número de identificación de la señora Hernández Burbano.

Igualmente, es de resaltar que contrario a lo afirmado por el accionante, el que la demandada hubiese reconocido que no allegó el certificado de antecedentes disciplinarios expedido por el Consejo Superior de la Judicatura no implicaba que el juez tuviera que tomar como referente para fallar, exclusivamente, esa afirmación, ya que el ordenamiento jurídico impone la obligación de adoptar una decisión conforme a un análisis conjunto y bajo las reglas de la sana crítica de todas las pruebas obrantes en el expediente, así como de las disposiciones que sean aplicables al caso concreto(29).

Tampoco tiene vocación de prosperidad el argumento según el cual las normas anti-trámites no son aplicables al caso concreto por disposición del parágrafo 2º del artículo 39 del Decreto Ley 19 de 2012, ya que dicha norma prevé que el Concejo “únicamente podrá adoptar, mediante o acuerdo, las medidas que se requieran para la implementación o aplicación de los trámites creados o autorizados por la ley”. Circunstancia que en nada toca con el caso concreto.

Por todo lo expuesto resulta diáfano que a la demandada no le era aplicable la exigencia de aportar el certificado de antecedentes disciplinarios, pues dicha información estaba a disposición de la entidad que adelantó el concurso de méritos para proveer el cargo de personero de Manizales, en una base de datos de acceso público” (subrayas fuera del texto).

De la anterior transcripción se aprecia que esta Sala se ocupó de dar solución al planteamiento del ahora apelante, el cual coincide en lo fundamental con lo alegado en la demanda radicada bajo el Nº 2016-00025, tantas veces citada.

Estos argumentos dan respuesta al reparo del apelante en cuanto no existió extemporaneidad en la presentación del documento por el que fue inadmitida la concursante elegida. De una parte, porque se concluyó que la demandada no estaba obligada a aportar dicho certificado de antecedentes en razón a que éste podía ser consultado en línea por la entidad encargada del concurso y porque además, la determinación adoptada en relación con la revocatoria de la inadmisión no representa que se hayan eludido o incumplido las normas del concurso, toda vez que las exigencias restrictivas del acceso al concurso se deben analizar en armonía con el ordenamiento jurídico superior.

Y es que la información registrada en las bases de datos de dominio público no puede constituir un criterio de exclusión de un concurso cuando quiera que ésta se puede corroborar de la consulta que se realice mediante los ítems de identificación previstos con tal fin.

Estas conclusiones logradas en el fallo a que se ha hecho alusión imponen que la Sala y como resultado del examen de este planteamiento de la apelación, declare estarse a lo decidido en el fallo del 3 de noviembre de 2016, pues como consecuencia del análisis allí efectuado la Sección ya se ocupó del tema y adoptó la decisión de confirmar la decisión que negó las pretensiones de la demanda, la cual se encuentra ejecutoriada(30).

Es del caso resaltar e insistir que la acumulación de procesos cuandoquiera que ésta resulte procedente, garantiza que no existan fallos contradictorios, respecto de un mismo asunto, lo que justifica que sea esta la decisión que se adopte frente a este análisis.

No obstante, la Sala debe ocuparse de resolver los demás reparos planteados en la apelación y que no fueron objeto de pronunciamiento en la Sentencia del 3 de noviembre de 2016, así:

5.2. Atribuciones de la Universidad de Manizales en el concurso.

En este planteamiento el actor radica su oposición al hecho de que a su juicio y en desarrollo del mencionado convenio para la realización del concurso para elegir el personero de Manizales, la Universidad de Manizales únicamente estaba facultada para realizar la prueba de conocimientos que debían presentar los inscritos admitidos, lo que significa que se abrogó competencias que no se contemplaron en el mencionado convenio suscrito con el concejo municipal.

De igual manera rechaza las conclusiones a las que llega el tribunal de las certificaciones que pidió como prueba para mejor proveer en la que se destaca el actuar de las entidades, que dice se hicieron en desarrollo estricto del concurso.

En orden a dar respuesta a estos reparos, la Sala considera necesario examinar las disposiciones que habilitaron la concurrencia de la Universidad de Manizales en dicho concurso público, a efectos de determinar cuál fue la órbita de actividad que ésta desempeñó.

En primer lugar, hay que destacar que fue el Acuerdo 0876 de octubre 31 de 2015 el que autorizó a la mesa directiva del Concejo de Manizales para que efectuara los trámites y procedimientos ante la Universidades o Instituciones de Educación superior públicas y/o privadas, a efectos de elaborar el reglamento del concurso público de méritos para la selección y posterior elección del personero.

Y en esos términos se dispuso en el parágrafo transitorio del artículo segundo, lo siguiente:

La entidad que se seleccione para tal efecto, consultará, elaborará y aprobará antes de que finalice la primera semana del mes de noviembre el reglamento, conforme a los lineamientos generales contenidos en el presente acuerdo y los que le aporte la Comisión Nacional del Servicio Civil y/o Departamento Administrativo de la Función Pública, y lo presentará al Honorable Concejo de Manizales, radicándolo en la secretaría general de la corporación antes que finalice la segunda semana del mes de noviembre para que los concejales lo conozcan”.

Fue entonces en cumplimiento de dicho mandato que el Concejo Municipal de Manizales suscribió el Convenio Marco de Cooperación y Asociación Interinstitucional con la Universidad de Manizales para asesorarlo y acompañarlo en el proceso de concurso en la realización de pruebas y fase académica para la selección o elección del personero municipal, así lo contempla la cláusula primera del mencionado convenio.

Es decir, que para esta Sala no es de recibo la alegación del apelante frente a que la intervención de la Universidad de Manizales se limitó únicamente a la realización de las pruebas de conocimiento, soportado en que esta obligación está contenida en la cláusula cuarta denominada: Obligaciones Especiales de la Universidad de Manizales”, entre las que se encuentran, como lo señala el recurrente, la de la realización de las pruebas de conocimientos para la selección de personero municipal, pero que no implica por lo mismo, que se excluya o se limite la participación y asesoramiento general que respecto de dicho concurso debía ejercer el ente universitario, en su calidad de colaborador en este proceso de selección.

Darle a la norma el entendimiento que invoca el apelante constituye el desconocimiento de las disposiciones generales que imponen a los concejos municipales, la posibilidad de apoyo en dichos entes para la realización del concurso de mérito, de conformidad como lo dispuesto por el Decreto 2485 de 2014 “Por medio del cual se fijan los estándares mínimos para el concurso público y abierto de méritos para elección de personeros municipales”, que en su artículo 1º, prevé:

“ART. 1º—Concurso público de méritos para la elección personeros. El personero municipal o distrital será elegido de la lista que resulte del proceso de selección público y abierto adelantado por el concejo municipal o distrital.

Los concejos municipales o distritales efectuarán los trámites pertinentes PARA EL CONCURSO, que podrá efectuarse a través de universidades o instituciones de educación superior públicas o privadas o con entidades especializadas en procesos de selección de personal.

El concurso de méritos en todas sus etapas deberá ser adelantado atendiendo criterios de objetividad, transparencia, imparcialidad y publicidad, teniendo en cuenta la idoneidad de los aspirantes para el ejercicio de las funciones.

Además, la Resolución 069 de 3 de diciembre de 2015, “Por la cual se establece el cronograma y procedimiento para la elección de personero para el municipio de Manizales”, en nada restringe la actividad del operador del concurso, sino que señala las etapas del concurso y las calificaciones asignadas para cada una de ellas, según se lee del artículo 3º, a cuyo propósito debía concurrir la Universidad de Manizales(31) para calificar y ponderar dichos porcentajes.

“ART. 3º—Etapas del Concurso: El concurso público de méritos para la elección del personero de la ciudad de Manizales tendrá las siguientes etapas y calificaciones.

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ClaseCarácter Mínimo Aprobado%Fecha
1Prueba de conocimientoEliminatoria60/1006016/12/2015
2Competencias laboralesClasificatoria 15 21/12/2015
3Análisis de AntecedentesClasificatoria 1521/12/2015
4EntrevistaClasificatoria 104 al 9 enero/2016

De esta manera, no encuentra la Sala de las normas superiores en las que se funda el desarrollo del concurso de personero que exista una limitante o restricción que determine que la entidad operadora del mismo, no podía actuar más allá que en la realización de las pruebas académicas como erradamente lo insiste el apelante, y en ese orden de ideas el planteamiento que deriva del convenio, como ya se vio, carece de fundamento.

Ahora bien, en cuanto a la oposición que hace el apelante respecto de las conclusiones a las que arribó el tribunal con fundamento en en las pruebas que para mejor proveer solicitó en esa etapa y que dieron cuenta que el Concejo Municipal de Manizales y la Universidad de Manizales se apoyaron en el manual de análisis de antecedentes que para el cargo de personero preparó el Departamento de la función Pública, no encuentra la Sala que las apreciaciones que allí se hacen como herramienta de apoyo a efectos de ponderas las distintas etapas y fases que le componen, implique el desconocimiento del mandato superior que le asigna porcentajes de ponderación en el análisis de las distintas pruebas a las que se sometieron los participantes, integradas por la de: i) conocimientos académicos, ii) competencias laborales, iii) valoración de estudios y iv) entrevista.

De hecho en el marco del Acuerdo 0876 de 2015 el concejo municipal consideró que los lineamientos que sobre los concursos de personeros que emita el Departamento de la Función Pública se tendrán en cuenta para efecto de obtener las calificaciones en las diferentes pruebas.

Además esta Sección, no encuentra en el marco de la fijación del litigio que corresponde a este debate que se haya determinado por el conductor del proceso que el examen de legalidad del acto de elección el aspecto que el apelante quiere en esta instancia develar, frente a la forma en que se aplicaron los porcentajes en las pruebas sobre competencias laborales y valoración de estudios, y publicidad de dichas reglas a los concursantes, circunstancia que en sí misma, impide que ahora vía apelación se invoquen nuevos argumentos para oponerse a las conclusiones del tribunal, por cuanto ello implica ampliar las razones a las que se restringió el pronunciamiento del juez contencioso electoral.

Y ello porque no es de recibo que sustentado en el propósito de controvertir la sentencia formule argumentos no delimitados en el proceso para ampliar sus reproches iniciales y aquellos frente a los que se concretó el juez en la audiencia inicial, que quedaron delimitados en el aparte correspondiente de esta providencia, y sin que en este caso hubiese habido oposición de la parte demandante a dicha fijación.

Bajo estas consideraciones, encuentra la Sala que las alegaciones formuladas por el apelante en relación con las atribuciones de la Universidad de Manizales no tienen asidero jurídico y por tanto no existe respaldo frente a esta presunta violación de normas superiores, respecto de las que se insistió en el recurso de apelación.

5.3. De las irregularidades planteadas en la fase de entrevistas.

En relación con esta etapa del concurso el apelante cuestiona que varias circunstancias de las allí acaecidas, son demostrativas de un presunto favorecimiento a la elegida que la ubicaron en una situación de ventaja frente a los demás participantes.

De una parte alega que a los miembros del Concejo Municipal de Manizales no les fueron entregadas las hojas de vida de los entrevistados, de hecho indica que la única que les fue entregada fue la de la elegida, y que por este motivo conocieron de su trayectoria profesional.

Al respecto debe la Sala precisar que esta fase, además, final del concurso, corresponde a un etapa subjetiva, pero que por lo mismo no implica de ninguna manera que en ella se elimine el criterio de mérito que informa todo el proceso de selección y ello tiene una razón que justifica que su peso porcentual no exceda el 10% del puntaje total.

Bajo la anterior precisión, se tiene que esta etapa la adelanta en forma exclusiva la plenaria del concejo municipal quienes según el Acuerdo 0876 de 31 de octubre de 2015, y quienes debe evaluar las intervenciones de los concursantes bajo tres criterios: i) personalidad, ii) vocación de servicio y iii) profesionalismo. Y que en ningún caso ser harían preguntas que versaran sobre temas de derecho.

Señaló como regla que cada integrante los puntuaría entre 1 y 10 y el resultado promedio sería el resultado de calificación de esta fase.

De esta manera se tiene que bajo estos lineamientos quedó fijada la realización de las entrevistas, y ya en la sesión del Concejo Municipal de Manizales en la que se adelantaron las entrevistas, se determinó como regla de desarrollo de la metodología que por cada pregunta realizada el participante contaría con un término de 5 minutos(32).

En estos términos, el planteamiento de que las hojas de vida de los aspirantes calificados para presentar la entrevistas no fueron puestas a juicio de los concejales no puede representar un vicio que afecte de legalidad el acto de elección, pues no constituyó un requisito sine qua non que impidiera la realización de dichas entrevistas.

De hecho, lo que ha de examinarse es que esta fase del concurso no tiene por propósito evaluar las calidades académicas y las competencias laborales del concursante, pues éstas ya habían sido objeto de análisis y calificación con anticipación de acuerdo con el cronograma, a efectos de lograr ese consolidado del 90% que se encontraba superado para cuando se llegó la fase final de entrevistas.

De esta manera, no encuentra la Sala que este argumento represente un aspecto de inevitable trascendencia en esta etapa, de la cual se insiste debe estar desprovista de evaluaciones diferentes a los criterios previamente delimitados.

En todo caso, en el proceso se encuentra probado que a los miembros del concejo se le hicieron llegar las hojas de vida de cinco concursantes, entre ellos, de la elegida según da cuenta la respuesta al oficio 112-002-CONCE, visible al folio 3 del C. 3 de pruebas, y de acuerdo con la constatación del cuadro resumen “90% del Concurso” se advierte que obedecen al orden de puntaje parcial consolidado para ese momento, así:

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IdentificaciónPrueba de conocimiento 60%Antecedentes 15%Competencias laborales 15%Entrevista pendiente 10%Puntaje parcial (90%)
25.097.2204213,26,5061,7
6.001.82838,412,39,2059,9
10.288.24740,813,25059
15.927.2703611,411058,4
75.146.7313613,28,4057,6

Esta situación por sí misma no demuestra cómo lo alega el apelante ese presunto favorecimiento a favor de la elegida, pues de una parte, no es cierto que hubiere sido la única hoja de vida puesta a disposición de los entrevistadores, también se le hicieron llegar la de los 4 participantes con mayor consolidado en la tabla de resultados, lo que en modo alguno representa que el concejo se haya apartado de los criterios que informan el concurso, pues en todo caso tuvieron a su alcance los resultados consolidados de todos los entrevistados.

Una lógica de lo acaecido responde a que la calificación de la entrevista no puede de ninguna manera representar un peso exagerado en el concurso que permita inclinar la balanza de resultados.

Y ello de ningún manera se advierte en este proceso, pues la elegida hasta el momento de la entrevista, era quien parcialmente ocupaba el primer lugar en los resultados, es decir, que no encuentra asidero el argumento que en la entrevista se le hubiese favorecido por cuanto ello no se probó por el apelante, quien desconoce que objetivamente hasta ese momento de la fase que cuestiona, se alzaba con los mejores resultados del proceso de selección.

En ese mismo sentido, la alegación de que la elegida superó el tiempo de intervención fijado como parámetro para el desarrollo de la entrevista, no es un aspecto que imponga la nulidad del acto de elección.

En efecto, determinar mediante medición temporal que aquellos participantes que no superaron los cinco (5) minutos en su intervención fueron desmejorados en su aspiración respecto de quienes se excedieron con dicho tiempo, es una circunstancia de difícil medición para imponer ña nulidad del acto de elección, pues no constituye un aspecto de peso sobre la calificación obtenida que entre más tiempo empleado en la respuesta mayor sea su calificación. Y en todo caso, no se acreditó de qué manera ello influyó en los resultados de tales entrevistas, pues no se infiere de un comparativo las razones de este reclamo que amerite de la Sala un pronunciamiento expreso sobre los aspectos puntuales de los que deriva este juicio.

En efecto, el actor no razona más allá de esta simple afirmación de haber superado temporalmente su intervención al dar respuesta a las preguntas de los entrevistadores, y ello no es suficiente para emprender un punto de evaluación que indique el modo en qué ello influyó de manera negativa respecto de los demás concursantes. De esta manera, esta alegación no tiene un aspecto de relevancia que imponga de la Sala adentrarse a examinar el tiempo empleado en dichas intervenciones de los entrevistados.

Finalmente, y en lo que respecta a la formulación de preguntas de derecho en algunas entrevistas realizadas a los concursantes, se tiene de una parte que no se identificó con exactitud por el actor cuáles preguntas a su juicio tuvieron esa connotación para determinar si estuvieron fundadas en aspectos en los que se evaluó el criterio jurídico del entrevistado. Este hecho por su inexactitud, impide que la Sala entre a analizar y a calificar cada una de las preguntas realizadas a los participantes que confluyeron a esta fase.

En todo caso, revisado el audio y el acta de la sesión se aprecia que fue general la pregunta ¿por qué quiere ser personero? y ¿quién es? De ahí que las preguntas presuntamente calificadas como de temas de derechos debieron ser identificadas por el actor para determinar si tenían ese potencial que se encontraba vedado en esta fase.

Por estas razones, no encuentra la Sala que por los motivos alegados el acto de elección se encuentre viciado de nulidad por infracción a las normas superiores.

5.4. Extemporaneidad en la elección.

Frente a este aspecto se tiene que la alegación del actor radica en que el acto es nulo porque no se profirió el 10 de enero de 2016 como estaba fijado en el cronograma, sino que se realizó el 6 de enero de 2016, es decir que resultó extemporáneo.

Al respecto de esta acusación de desconocimiento de la fecha señalada para tal efecto en la convocatoria del concurso, la Sala considera, reiterando los argumentos del a quo, que tal proceder no vulnera las normas superiores en que se funda el concurso, en cuyo caso si impone un límite temporal en la necesidad de que el concejo municipal para el 10 de enero haya elegido al personero de la localidad para que funja durante el periodo previsto por la ley, de 4 años.

Así lo establece el artículo 35 de la Ley 1551 de 2012:

“ART. 170.—Elección. <Aparte tachado INEXEQUIBLE> Los concejos municipales o distritales según el caso, elegirán personeros para periodos institucionales de cuatro (4) años, dentro de los diez (10) primeros días del mes de enero del año en que inicia su periodo constitucional, previo concurso público de méritos que realizará la Procuraduría General de la Nación, de conformidad con la ley vigente. Los personeros así elegidos, iniciarán su periodo el primero de marzo siguiente a su elección y lo concluirán el último día del mes de febrero del cuarto año.

De esta manera, aunque según el cronograma la elección estaba prevista para realizarse el 10 de enero de 2016, el que se hubiera llevado a cabo antes de esa fecha, no implica que nos encontremos frente al vicio alegado de desconocimiento de la convocatoria, de una parte porque la elección depende de los resultados consolidados del concurso y ellos ya se conocían para ese momento, lo que demuestra que no se pretermitió ninguna etapa o que se dejó de realizar algún procedimiento, que implicara violación del derecho de defensa o del debido proceso de los concursantes.

Además, el deber que impone la norma superior es que la elección se realice “dentro” de los diez primeros días de enero, hecho que acaeció en el sub lite, pues se realizó el 6 de enero de 2016, esto es, en observancia de tal disposición.

En todo caso, se reitera, que en este caso no existe incidencia en que la decisión se haya adoptado con anticipación, pues para ese momento ya se había evacuado las diferentes fases del concurso y esta circunstancia habilitaba al concejo municipal para proclamar la elección de acuerdo con los resultados obtenidos, y ello no puede de ningún modo representar la afectación de legalidad del acto acusado.

Por lo expuesto, este reclamo tampoco tiene vocación de prosperidad, lo que impone que se confirme la decisión apelada en los términos indicados en esta providencia.

III. La decisión.

Con fundamento en lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. ESTARSE a lo decidido por esta Sección en la Sentencia del 3 de noviembre de 2016 en el proceso Nº 170001233300020160025-02, en relación con el cargo concerniente al “Cumplimiento de los requisitos de admisión por parte de la elegida”, atendiendo a las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. CONFIRMAR la Sentencia del 18 de octubre de 2016 dictada por el Tribunal Administrativo de Caldas en cuanto negó las pretensiones de la demanda, por el análisis del resto de los planteamientos objeto de la apelación.

3. EXHORTAR a la secretaría del Tribunal Administrativo de Caldas para que en adelante de informe inmediato de la existencia de otros procesos electorales, tal y como lo ordena el artículo 282 del CPACA.

4. DEVOLVER al tribunal de origen para lo de su cargo.

Notifíquese y cúmplase».

(10) Promovida por el señor Luis Efrén Leyton Cruz. En esta demanda se cuestionó que la demandada no aportó en oportunidad el certificado de antecedentes disciplinarios del Consejo Superior de la Judicatura.

(11) Consejo de Estado, Sección Quinta, auto de Sala del 8 de septiembre de 2016, radicación 76001-23-33-000-2016-00231-01 (acumulado), C.P. Alberto Yepes Barreiro. Demandados: Concejales de Buga.

(12) Sobre el particular esta Sección refirió: “En efecto, según la disposición transcrita el responsable de identificar los procesos electorales que pueden ser objeto de acumulación es el secretario de la respectiva Corporación y no las partes.
Esto no significa que las partes tengan vedado realizar peticiones solicitando la acumulación, lo que implica es que una vez vencido el traslado para contestar la demanda, el secretario de forma inmediata, sin que medie solicitud al respecto, deberá informar al despacho ponente del proceso en el que primero se venció el término para contestar la demanda, el estado en el que se encuentran los demás procesos que puedan ser objeto de acumulación para que el Magistrado, una vez en todos se haya vencido el lapso para contestar la demanda y a través de auto, determine si se materializan los presupuestos que el CPACA prevé para la acumulación.” Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 3 de noviembre de 2016, radicación 170001-23-33-000-2016-00025-02. Actor: Luis Efrén Leyton Cruz. Demandado: Tulia Elena Hernández Burbano - personera municipal de Manizales (Caldas), C.P. Alberto Yepes Barreiro.

(13) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 3 de noviembre de 2016. Radicación 170001-23-33-000-2016-00025-02 Actor: Luis Efrén Leyton Cruz. Demandado: Tulia Elena Hernández Burbano - personera municipal de Manizales (Caldas), C.P. Alberto Yepes Barreiro.

(14) Visible a folio 14 y siguientes del cuaderno de pruebas.

(15) Folios 31 y siguientes del expediente.

(16) De conformidad con el artículo 2.2.27.1 del Decreto 1083 de 2015 el concurso de méritos para elegir personero podrá efectuarse a través de universidades o instituciones de educación superior públicas o privadas.

(17) En la contestación de la demanda, así como en diversos escritos firmados por la demandada se observa que en efecto dicho número corresponde al número de cédula asignado a Tulia Elena Hernández Burbano (fl. 220).

(18) En el cuaderno de pruebas obra copia de las reclamaciones presentadas por varios participantes en los folios 22 a 47.

(19) Dicho documento se allegó al plenario debido a que el tribunal ordenó al concejo municipal remitiera la información relacionada con el proceso de selección, tal y como consta en el folio 1 del cuaderno de pruebas.

(20) Reverso del folio 69 del expediente.

(21) El inciso final del literal d) del artículo 6º del Acuerdo 876 de octubre de 2015 establece que “toda reclamación será resuelta por el operador del concurso. Si la reclamación es formulada por fuera del término señalado, se considerará extemporánea y será rechazada de plano”.

(22) Como quedó precisado en los antecedentes de esta providencia, para llegar a esta conclusión el tribunal afirmó que la personera demandada no estaba en la obligación de aportar el certificado, de un lado, porque aquel no era requisito para acceder al cargo y, de otro, debido a que la leyes anti trámites la relevaron de dicha obligación.

(23) Consultar entre otros, Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 3 de agosto de 2015, radicación 11001-03-28-000-2014-00128-00 (Acumulado) CP. Alberto Yepes Barreiro Ddo. secretario de la Comisión Sexta del Senado y Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 19 de septiembre de 2016, Radicación 85000-23-33-000-2016-00042-00 CP. Rocío Araujo Oñate. Ddo. Juan Manuel Nossa Fuentes. personero de Yopal.

(24) Dicha exigencia fue reiterada íntegramente en el artículo 2º de la Resolución 069 de 3 de diciembre de 2015.

(25) La disposición en cita contempla: “Para ser elegido personero municipal se requiere: En los municipios de categorías especial, primera y segunda títulos de abogado y de postgrado. En los municipios de tercera, cuarta y quinta categorías, título de abogado. En las demás categorías podrán participar en el concurso egresados de facultades de derecho, sin embargo, en la calificación del concurso se dará prelación al título de abogado”.

(26) Según el artículo 7º de la Ley 1551 de 2012 “Los distritos y municipios se clasificarán atendiendo su población, ingresos corrientes de libre destinación, importancia económica y situación geográfica. Para efectos de lo previsto en la ley y las demás normas que expresamente lo dispongan, las categorías serán las siguientes: (…) PRIMERA CATEGORÍA Población: Comprendida entre cien mil uno (100.001) y quinientos mil (500.000) habitantes. Ingresos corrientes de libre destinación anuales: Superiores a cien mil (100.000) y hasta de cuatrocientos mil (400.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Importancia económica: Grado dos.” A su vez, mediante la Resolución 622 de 27 de noviembre de 2015 expedida por la Contaduría General de la Nación estableció que Manizales es un municipio categoría 1. La citada resolución puede consultarse en la página web http://www.chip.gov.co/chiprt/?LO=00000001a6b7c8d90000004200000042002336ec522b0fb000000000000104b000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&MItypeObj=application/pdf

(27) Folios 32 y 33 del cuaderno de pruebas.

(28) En efecto en los folios 24, 32 y 38 y 46 del cuaderno de pruebas, respectivamente, obra la respuesta expedida por la universidad de Manizales contra la reclamación presentada contra la decisión de inadmisión presenta por los participantes Camilo Duque, Tulia Elena Hernandez, Luz Fanny Muñoz y José Gilberto Jimenez.

(29) Artículo 187 del CPACA, aplicable a los procesos electorales por disposición del artículo 296 ibídem.

(30) El expediente fue devuelto el 17 de noviembre de 2016, luego de realizarse las notificaciones del caso sin que se presentaran solicitudes en relación con el fallo, lo que implicó que éste adquiriera firmeza. Consultado en el sistema de Gestión Siglo XXI.

(31) Ello en razón a unos de los considerandos de la convocatoria que dice: “Que en virtud del mencionado Acuerdo 876 la mesa directiva del concejo de Manizales, a través de su presidente, suscribió el convenio marco de cooperación y asociación interinstitucional con la Universidad de Manizales cuyo objeto es “La Universidad de Manizales asesorará y acompañará al CONCEJO DE MANIZALES en la realización de pruebas y fase académica para la selección o elección del PERSONERO MUNICIPAL DE MANIZALES, para el periodo legal que inicia en la vigencia dos mil dieciséis (2016)”.

(32) Así se verifica en el Acta Nº 002 de enero 4 de 2016 visible a los folios 36 a 69 del cuaderno Nº 3 de pruebas.