Sentencia 2016-00043 de octubre 27 de 2016

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Radicación: 68001-23-33-000-2016-00043-01

Consejera Ponente:

Dr. Rocío Araújo Oñate

Actor: Luis Fernando Castañeda Pradilla

Demandado: Acto de elección de José de Jesús Villar Torres como Diputado de la Asamblea Departamental de Santander

Naturaleza: Nulidad Electoral - Sentencia

Bogotá, D.C., veintisiete de octubre de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones jurídicas

1. Competencia.

La competencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado para conocer del recurso de apelación presentado por el demandante, contra el fallo del 19 de julio de 2016, proferido por el Tribunal Administrativo de Santander, está fijada en los artículos 150 y 152.8 de la Ley 1437 de 2011; al igual que por lo normado en el Acuerdo 55 de 2003 expedido por la Sala Plena de esta corporación.

2. Problema jurídico.

El problema jurídico a ser definido por la Sala consiste en determinar si de acuerdo con lo expuesto en el recurso de apelación, hay lugar a confirmar, modificar o revocar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander por medio de la cual denegó las pretensiones de la demanda dirigidas a declarar la nulidad del acto de elección del señor Luis Fernando Castañeda Pradilla, en su condición de diputado a la Asamblea del Departamento de Santander, por haber presuntamente incurrido en la prohibición de doble militancia al haber apoyado a un candidato a la alcaldía municipal de San Gil avalado por otro partido.

3. Caso concreto.

El apoderado judicial del demandante sustentó sus pretensiones en el hecho que el señor Luis Fernando Castañeda Pradilla se encuentra incurso en la prohibición de doble militancia política, toda vez que fue elegido diputado a la Asamblea Departamental de Santander para el período 2015-2019 por el Partido Centro Democrático, campaña durante la cual apoyó a Ariel Fernando Rojas Rodríguez, candidato a la alcaldía del municipal de San Gil avalado por el Partido de la U.

Teniendo en cuenta lo precedente, corresponde a la Sala analizar cada uno de los argumentos de apelación presentados por el demandante previa referencia a: i) La tacha de falsedad en el proceso de nulidad electoral ii) Renuncia de candidatos durante el proceso de elecciones iii) Disposiciones relativas a las alianzas entre candidatos vi) causales de doble militancia v) Estudio del acervo probatorio.

3.1. Tacha de falsedad en el proceso de nulidad electoral.

Las disposiciones que regulan la institución de la tacha de falsedad contenida en el Código General del Proceso, resultan aplicables al proceso contencioso administrativo en virtud de la integración normativa establecida en el artículo 306 de la Ley 1437 de 2011.

Sobre esta figura procesal, lo primero que amerita ser precisado es que un documento es auténtico cuando existe certeza sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito, firmado o cuando existe certeza respecto de la persona a quien se atribuya el documento, según las voces del artículo 244 del Código General del Proceso. Dicha autenticidad se presume de los documentos públicos y privados emanados de las partes o de terceros, en original o en copia, elaborados, firmados o manuscritos y, además, de aquéllos que contengan la reproducción de la voz o de la imagen, mientras no hayan sido tachados de falso o desconocidos.

Se colige entonces que la presunción de autenticidad de los documentos, esto es, la certeza sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito, firmado o la certeza respecto de la persona a quien se atribuye el documento, puede ser desvirtuada a través de la tacha de falsedad.

Adicionalmente, para que proceda la tacha debe referirse tratándose de documentos privados a escritos definitivos y no preparatorios. Así mismo, los documentos requieren ser veraces, es decir, deben ajustarse a la realidad fáctica, excluyendo falsedades, pues para quienes los otorgan resulta imperativo cumplir con los postulados de la buena fe(18) de acuerdo con lo previsto en el artículo 83 de la Constitución Política.

Ahora bien, quien puede tachar de falso un documento es la parte a la que se le atribuye, afirmándose que está suscrito o manuscrito por ella. Así mismo, en cuanto a la oportunidad, respecto al demandante, la tacha debe presentarse en la contestación de la demanda, cuando el documento tachado se haya aportado con la demanda y, en los demás casos, en el curso de la audiencia en que se ordene tenerlo como prueba, de conformidad con el artículo 269 del Código General del Proceso.

Así mismo, de conformidad con el artículo 270 de este compendio normativo, es necesario que quien realice la tacha debe expresar en qué consiste la falsedad y pedir las pruebas para su demostración, so pena de no tramitarse por el incumplimiento de estos requisitos. En caso que el documento tachado de falso haya sido aportado en copia, el juez podrá exigir que se presente el original. Del mismo modo, el juez ordenará, a expensas del impugnante, la reproducción del documento por fotografía u otro medio similar. Dicha reproducción quedará bajo custodia del juez.

Finalmente, resulta ilustrativo traer a colación la posición de la Sala(19) en relación con la falsedad ideológica y material, así como su incidencia en cuanto a la tacha(20):

“Conviene distinguir la falsedad material, que es la que tiene lugar cuando se hacen al documento supresiones, cambios o adiciones o se suplanta su firma, de la falsedad ideológica o intelectual, que es la que ocurre cuando la declaración que contiene el documento no corresponde a la realidad. La falsedad ideológica o intelectual no puede ser objeto de tacha de falsedad, sino solo la falsedad material. En tales casos de lo que se trata es de probar contra la declaración del documento, y de ahí que la tacha propuesta resulte improcedente, referida como está a lo dicho en el documento” (se resalta).

Posteriormente, con apoyo de la doctrina y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, la Sala de la Sección Quinta en sentencia de 2 de noviembre de 2001(21), indicó:

“Es sabido, como lo ha definido la doctrina y la jurisprudencia, que la falsedad se clasifica en falsedad ideológica o intelectual y falsedad material; la primera tiene lugar cuando en el documento materialmente verdadero se han incluido hechos contarios a la realidad y la segunda cuando se ha alterado el documento después de expedido, mediante borrados, supresiones, cambios etc. Coinciden los doctrinantes(22) en afirmar y así lo ha aceptado la jurisprudencia(23), que la tacha de falsedad, prevista en los artículos 289 y siguientes del Código de Procedimiento Civil solo es procedente frente a la falsedad material, en cuanto constituye una falsedad documental y no frente a la simulación o adulteración del contenido del documento para cuya infirmación deben utilizarse los términos probatorios de las instancias”(24).

En época más reciente, conforme con la jurisprudencia de la Sección, en sentencia de 19 de septiembre de 2008(25) la Sala concluyó:

“…los documentos en general, y entre ellos los documentos públicos, pueden ser objeto de falsedad, en dos modalidades: material e ideológica. Si se trata de falsedad material el medio judicial idóneo para redargüir la autenticidad del documento público es el incidente de tacha de falsedad previsto en los artículos 289 y siguientes, donde se entra a establecer si el mismo ha sido objeto de alguna alteración en su texto a través de tachaduras, borrones, supresiones, en fin todo aquello que conduzca a mutar su tenor literal. A contrario sensu, el mismo incidente no opera si la falsedad es ideológica, pues consistiendo la misma en la falsedad intelectual del contenido del documento, su demostración queda sujeta a la libertad de medios probatorios, de modo tal que el interesado en provocar su declaración puede valerse de diferentes pruebas para acreditar que pese a la autenticidad de un documento, su literalidad refleja una realidad que dista ostensiblemente de la verdad”…”.

De esta manera, la falsedad material se refiere a aquéllas alteraciones físicas del contenido o firma de un documento, contrario sensu, la falsedad ideológica, corresponde a la falta de veracidad del contenido del documento en relación con el hecho que pretende probar.

Se llega entonces a la conclusión que la denominada falsedad material es aquélla que constituye el objeto de la tacha, por lo que a través de ésta se puede desvirtuar la autenticidad del documento. Empero, la falsedad ideológica no se tramita a través de esta figura procesal, pues como su inconformidad se origina en relación con el contenido del documento y no respecto de la autenticidad del mismo, el mecanismo para su controversia lo constituyen, justamente, las pruebas recaudadas dentro del proceso que permitan desvirtuar dicho contenido.

3.1.1. Argumentos que soportan la tacha de falsedad.

El apoderado del demandante señaló que dos (2) de los documentos aportados en el escrito de contestación de la demanda obrantes del folio 130 al 132 del expediente, esto es, la respuesta a la solicitud de alianza que realizara la dirección municipal del Centro Democrático en San Gil en oficio de 6 de octubre de 2016, así como la certificación proferida por el director nacional del partido Centro Democrático en la que hace constar la renuncia presentada por el candidato Armando Villar Ruiz y la autorización de adherir a la campaña de candidato avalado por el Partido de Unidad Nacional (U), generan “…dudas que comprometen la autenticidad del contenido de la decisión de alguno (sic) de estos dos (2) documentos que debe (sic) ser tachado (sic) de falso (sic).

Afirma que en respuesta al derecho de petición de 14 de diciembre de 2015, el presidente colegiado del directorio departamental del Centro Democrático en Santander informa no haber tramitado ninguna renuncia del candidato a la alcaldía de San Gil, ni haber aprobado en el plenario de la dirección ninguna alianza o adhesión a otro candidato de distinto partido. Así mismo, existe prueba que la registraduría civil municipal certificó que ninguno de los candidatos inscritos por los distintos partidos políticos y/o grupo significativos de ciudadanos renunció a su candidatura en los términos dispuestos en el calendario electoral o por fuera de ellos.

3.1.2. Del cumplimiento de los requisitos de la tacha de falsedad.

El despacho indica que, de conformidad con el artículo 269 del Código General del Proceso, el apoderado del demandante anunció y sustentó la tacha de falsedad en la audiencia inicial, con posterioridad al pronunciamiento del despacho de tener como pruebas los documentos allegados con la demanda, la contestación y traslado de las excepciones, cumpliendo de esta manera con el requisito de oportunidad, toda vez que ésta se refería a documentos que se aportaron en la contestación de la demanda.

Advierte que, de acuerdo con el mencionado artículo, los documentos tachados de falsedad tienen incidencia en la decisión que se va adoptar en el presente proceso, pues se encuentran relacionados con la acreditación de la existencia la renuncia del candidato de partido Centro Democrático y la autorización de alianza o adhesión al candidato a la alcaldía de San Gil avalado por otro partido.

Así mismo, se observa que, según lo establecido en el artículo 270 del Código General del Proceso, el apoderado del demandante cumplió con el requisito de explicar los fundamentos de la tacha, aportando pruebas. Igualmente, se debe resaltar que de la tacha, en la citada audiencia, se corrió el traslado correspondiente a los demás sujetos procesales para que presentaran o solicitaran pruebas en esta misma diligencia.

No obstante lo anterior, el despacho advierte que a los documentos tachados de falsedad, esto es, la respuesta a la solicitud de alianza que realizara la dirección municipal del Centro Democrático en San Gil en oficio de 6 de octubre de 2016, así como la certificación proferida por el director nacional del partido Centro Democrático en la que hace constar la renuncia presentada por el candidato Armando Villar Ruiz y la autorización de adherir a la campaña de candidato avalado por el Partido de Unidad Nacional (U), no le fue desvirtuada su veracidad material.

Lo anterior por cuanto el accionante en la audiencia inicial(26) al precisar las pruebas sobre las que soporta la falsedad indicó que: i) desiste del aporte de los estatutos del partido Centro Democrático ii) insiste en que se le de valor probatorio al documento aportado y suscrito por el copresidente departamental del partido Centro Democrático iii) se ratifica en las pruebas testimoniales de los presidentes colegiados de partido centro democrático y de Marta Canticus iv) solicita que se oficie al comité departamental para que informe del trámite dado a la renuncia de Armando Villar. De las pruebas testimoniales el funcionario judicial ordenó que se librara despacho comisorio para su recepción y de las documentales se prescindió de los estatutos y ordenó oficiar al directorio departamental del partido centro democrático para lo relativo al trámite de la renuncia.

Por acta individual de reparto(27) se asignó el despacho comisorio al magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, quien mediante auto de 19 de mayo de 2016(28) fijó el día 17 de junio de 2016 a las 10:00 a.m. como la fecha y hora en la que se recibirían los testimonios solicitados. Llegada la fecha de celebración de la audiencia se dejó constancia que no se presentaron las partes y tampoco los testigos acudieron a la sede judicial(29).

En cuanto a las pruebas documentales estas fueron allegadas por la apoderada del representante legal del partido Centro Democrático, mediante oficio(30) radicado ante la secretaria del Tribunal Administrativo de Santander el 19 de abril de 2016, en el que informa que existe certificación de la renuncia de Armando Villar, se autorizó la adhesión al candidato Ariel Rojas del partido de la U y esta decisión le fue informada a José de Jesús Villar Torres.

Fluye de lo anterior que las pruebas allegadas y decretadas por el fallador de primera instancia no acreditaron la falsedad material que alega el demandante razón por la cual no puede salir avante este argumento propuesto.

3.1.3. De la falsedad ideológica.

Aunado a las consideraciones anteriores se debe atender al argumento del apoderado del actor, como apelante único, en el sentido de insistir en la impugnación que “No hay duda alguna dentro de este incidente de Tacha (sic) de Falsedad (sic) que nunca hubo tal renuncia del candidato a la Alcaldía de San Gil (sic) Armando Villar Ruiz ante la Dirección Departamental, menos aún, que conforme a los estatutos se haya remitido por el competente a la Dirección Nacional una renuncia que nunca llegó y que violando sus propios reglamentos se autorizara a los militantes y demás candidatos a apoyar a candidato de otro partido sin acuerdo o alianza”.

En relación con este aspecto, se indica que la circunstancia descrita en el presente caso como fundamento de la tacha se dirige a señalar una presunta falsedad ideológica pues la parte demandante expresa su inconformidad respecto del contenido de los documentos, es decir, se dirige a cuestionar la existencia de la renuncia y de la autorización de la dirección nacional del partido Centro Democrático partido para apoyar a candidatos avalados por otros partidos políticos.

De esta manera, este despacho reitera que la falsedad ideológica no se tramita a través de la tacha de falsedad material, pues como su inconformidad se origina en relación con el contenido del documento y no respecto a la autenticidad del mismo, el mecanismo para su controversia lo constituyen, justamente, las pruebas recaudadas dentro del proceso.

Por las razones anteriormente expuestas, se concluye que en el presente caso resulta improcedente la tacha de falsedad material, señalando que las circunstancias que fundamentan la presunta falsedad ideológica indicada por el apoderado de la parte demandante, serán valoradas en conjunto con los demás medios de convicción que conforman el acervo probatorio de este proceso, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, de conformidad con lo establecido en los artículos 187 de la Ley 1437 de 2011, en consonancia con el artículo 176 del Código General del Proceso.

3.2. De la renuncia

Invoca el apoderado del actor que no hubo renuncia del candidato de partido Centro Democrático a la Alcaldía de San Gil y por tanto el a quo no podía dar aplicación al artículo 29 de la Ley 1475 de 2011 para enmarcar la conducta del demandado en una excepción a la doble militancia.

Para analizar este argumento se debe considerar lo dispuesto en la Ley Estatutaria 1475 de 2011, Por la cual se adoptan reglas de organización y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos, de los procesos electorales y se dictan otras disposiciones, en cuyo artículo 31 dispone la posibilidad de modificar la inscripción de candidatos a cargos y corporación de elección popular por las causales de falta de aceptación de la candidatura o por la renuncia a la misma, dentro del término de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de cierre de las inscripciones. Este mismo precepto en su inciso final prevé que: “La renuncia a la candidatura deberá presentarla el renunciante directamente o por conducto de los inscriptores, ante el funcionario electoral correspondiente”.

Sobre esta disposición el Consejo Nacional Electoral ha fijado los efectos de la renuncia cuando esta es presentada dentro del término previsto en el artículo 31 de la Ley 1475 de 2011 y cuando se tramita extemporáneamente, en los siguientes términos:

“No existe un término específico señalado por la ley que determine un límite para la presentación de la renuncia de la candidatura, no obstante, los efectos de la misma al tenor de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 1475 de 2011, difieren acorde con el momento de su presentación. Por consiguiente, si la renuncia es presentada en debida forma antes de culminar el periodo de modificación de las inscripciones, las agrupaciones políticas antes del vencimiento de dicho plazo, como en el caso de la falta de aceptación de la candidatura antes expuesto, podrán reemplazar al renunciante o de lo contrario se entenderá que la lista definitiva se conforma con los candidatos restantes. Por su parte, si la renuncia se presenta con posterioridad al vencimiento del término de la modificación de las inscripciones, ello no supone que la misma no sea válida o extemporánea, lo que sucede contrario sensu, es que el candidato que presentó la respectiva renuncia no podrá ser reemplazado por la agrupación política que lo postuló”(31) (se resalta).

Posteriormente, este mismo órgano colegiado expuso:

“Así como le asiste el derecho al ciudadano de participar en la conformación del poder político en los términos del artículo 40 de la Constitución Política, también podrá declinar del ejercicio de este derecho. Por ende, no se podrá retener a un ciudadano la facultad de renunciar y la autoridad electoral deberá actuar en consecuencia.

En este orden de ideas, por ser la renuncia un acto que depende exclusivamente de la voluntad del candidato, resulta imposible que el partido, movimiento político o grupos significativo de ciudadano pueda estudiar y decidir su procedencia, pues el carácter autónomo de la misma impide intervención alguna.

Por lo mismo, la corporación entiende que el plazo de 5 días siguientes al cierre de inscripciones previsto en el inciso primero del artículo 31 de la Ley 1475 de 2011 está previsto no para limitar ese término a la posibilidad de renunciar o no aceptar la candidatura, sino para reemplazar al candidato que renunció o que no aceptó en esa oportunidad” (resaltado fuera del texto primigenio).

Fluye de lo anterior que no le es dable ni a la Registraduría Nacional del Estado Civil, ni a los partidos, movimientos políticos, grupo significativo de ciudadanos o cualquier otro estamento, imponer requisitos adicionales a la decisión del candidato de renunciar a su postulación, pues cualquier plazo, formalidad o convalidación implicaría coartar la voluntad del candidato a disponer de su derecho de participar o no en la conformación del poder político.

Por otra parte, los estatutos del partido Centro Democrático registrados ante el Consejo Nacional Electoral mediante Resolución 3035 de 23 de julio de 2014, contiene en su capítulo 2 las disposiciones relativas a la afiliación y renuncia al mismo, en cuyo artículo 11 prevé: “RENUNCIA A LA CONDICIÓN DE MILITANTE. Para retirarse del Partido por medio de renuncia formal, el afiliado tendrá que manifestar su voluntad por medio escrito ante algún órgano de dirección o administración del partido. Este retiro debe quedar registrado en el sistema único de identificación y registro de afiliados”. Igualmente, el capítulo 4 de este mismo compendio normativo contiene las prohibiciones y condiciones de pérdida de la calidad de miembro del partido plasmando en su artículo 15 que: “PÉRDIDA DE LA CALIDAD DE MIEMBRO DEL PARTIDO. La calidad de miembro se extingue automáticamente por fallecimiento o por renuncia formal. La calidad de Miembro también se perderá cuando el militante viole las prohibiciones, y por las causales que establezca el Código de Ética”.

Se destaca que esta dos disposiciones se refieren a la decisión voluntaria de dimitir a la condición de militante o de miembro de partido sin que se haga referencia a condiciones o formalidades que debiera contener la renuncia de quien ostenta la candidatura en representación del partido. Sin embargo, adicional al contenido de los estatutos, el Director Nacional del partido Centro Democrático expidió la Resolución 43 de 2 de julio de 2015, por medio de la cual se establece el procedimiento para la aceptación de renuncias de los militantes del Partido Centro Democrático y se dictan otras disposiciones, cuyo artículo segundo prevé los requisitos que debe contener la carta de renuncia de los militantes al partido y en su parágrafo establece: “En caso de que el militante sea candidato, por haber participado en la convención, consulta interna, o por haber recibido el aval del partido, deberá expresar que renuncia a dicha condición”.

De lo expuesto en las normas reglamentarias del partido Centro Democrático se concluye que éstas no disponen requisitos, trámites o limitaciones a la renuncia que pudiera hacer un candidato a su aspiración de representar políticamente al partido, salvo la manifestación voluntaria de su decisión; circunstancia que se encuentra conforme con la interpretación que hace el Consejo Nacional Electoral del artículo 31 de la Ley 1475 de 2011, pues un actuar diferente coartaría su derecho de participar o no en la conformación del poder político.

Adicionalmente, esta Sala Jurisdiccional recientemente ha expuesto:

“Por el contrario, obedece a un desarrollo del artículo 26 Constitucional, según el cual toda persona es libre de escoger, en su forma positiva o negativa, un oficio o profesión, de acuerdo con sus intereses, sin que exista limitación distinta de aquella que, en tratándose de empleos públicos, pretenda salvaguardar la continuidad y la buena prestación del servicio. Por lo tanto, esta libertad pública es considerada como “uno de los estandartes de la dignidad de la persona”(32), de suerte que todo individuo puede hacer uso de ese derecho como expresión de la autonomía de la voluntad y de los derechos al trabajo (C.P., art. 53), al libre desarrollo de la personalidad (C.P., art. 16) y a la igualdad de oportunidades (C.P., arts. 13 y 53)(33)a fin de “diseñar en forma autónoma su proyecto de vida en una de las facetas más importantes de la condición humana”(34).

Sin embargo tal libertad del elegido puede entrar en tensión con el derecho político de los electores a ser representados en una corporación pública de elección popular(35), hipótesis en la cual se debe dar prevalencia, como lo dijo la Corte Constitucional, a la voluntad del ciudadano elegido quien toma la decisión autónoma y espontánea de retirarse del cargo, pues en esos casos, la misma Constitución prevé la forma de garantizar que alguien más pueda ocupar el cargo(36) y mantener la representación de la que debe gozar el ciudadano elector sin tener que afectar el derecho del sujeto electo a renunciar(37) (38).

Por tanto, cualquier límite temporal o formal que se pretenda imponer a la manifestación voluntaria de renunciar a la candidatura, atenta contra el derecho ciudadano de participar o no en la conformación del poder político y los derechos fundamentales de libre escogencia de oficio o profesión, libre desarrollo de la personalidad y a la igualdad de oportunidades, descritos en la jurisprudencia citada en precedencia.

3.3. Disposiciones relativas a las alianzas entre candidatos.

Respecto de las diversas formas en que los partidos pueden aunar esfuerzos para participar en la contienda electoral o realizar proyectos políticos, esta Sala Jurisdiccional ha considerado:

“La definición que comúnmente se emplea para la coalición es la “Unión transitoria de personas, grupos políticos o países con un interés determinado”(39), y la expresión con la que de ordinario se le equipara —alianza—, se concibe como “Acción de aliarse dos o más naciones, gobiernos o personas. Pacto o convención”(40). En uno u otro terreno lo que subyace es la suma de esfuerzos, la repartición de tareas y la existencia de un propósito común, que puede llegar a ser pre-electoral y post-electoral.

En la doctrina especializada se suelen distinguir esas actividades, que ubica cada una en un momento distinto de la actividad política, pues concibe la alianza como la unión temporal para asistir a la contienda electoral, en tanto que le otorga vocación de mayor permanencia a la coalición, con origen posterior a las elecciones para fines de gobierno”(41).

Sobre este tema la Ley 1475 de 2011, Por la cual se adoptan reglas de organización y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos, de los procesos electorales y se dictan otras disposiciones, en su artículo 29 previó “Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica coaligados entre sí y/o con grupos significativos de ciudadanos, podrán inscribir candidatos de coalición para cargos uninominales. El candidato de coalición será el candidato único de los partidos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos que participen en ella. Igualmente será el candidato único de los partidos y movimientos con personería jurídica que aunque no participen en la coalición decidan adherir o apoyar al candidato de la coalición” (se resalta).

Sobre este contenido normativo, esta corporación recientemente expuso:

“Tal como fue explicado en el acápite anterior, las coaliciones (adhesiones o apoyos) son acuerdos entre organizaciones políticas que tienen como finalidad presentar conjuntamente candidatos a cargos de elección uninominal, que aunque es una posibilidad para los grupos significativos de ciudadanos, no implica de ninguna manera que estos grupos, movimientos o partidos coaligados se conviertan en una sola entidad, como lo pretende hacer ver el actor”(42) (resaltado fuera del texto original).

De lo anterior se puede concluir que es posible que legalmente los partidos, movimientos políticos y/o grupos significativos de ciudadanos puedan unir esfuerzos mediante las figuras de la coalición, adhesión a alianza. Sin embargo, para esta Sala la norma estatutaria limita la utilización de estas diversas formas de acuerdo a dos condiciones: i) que la finalidad sea presentar conjuntamente candidatos a cargos uninominales ii) el apoyo debe ir dirigido a un candidato único de los partidos, movimientos o grupos significativos de ciudadanos coaligados o que, aunque no participen en la coalición, decidan adherir o apoyarlo.

Frente a esta previsiones, los estatutos del partido Centro Democrático registrados ante el Consejo Nacional Electoral mediante Resolución 3035 de 23 de julio de 2014, dispuso en su artículo 22 que: “Quien aspire a cargos de elección popular en representación del Partido, debe ser Miembro del mismo, salvo cuando se trate de procesos de coalición con otras colectividades, avalados por la dirección territorial correspondiente”. Adicionalmente en su artículo 35 previó que las coaliciones para las alcaldías, deberá ser la dirección municipal la corporación que propondrá la coalición y la cual debe ser avalada por la dirección departamental.

Descendiendo al caso particular se observa que para que pueda ser considerada válida cualquier alianza, adhesión o coalición en el partido Centro Democrático se requería que esta tuviera como objeto la presentación conjunta de candidatos cargos uninominales (L. 1437/2011, art. 29), que recayera sobre un candidato único (L. 1437/2011, art. 20) y que, tratándose de alcaldía debía ser propuesta por la dirección municipal y avalada por la dirección departamental(43).

3.4. Causales de doble militancia.

Previo a resolver el planteamiento hecho por el actor de la posible incursión del demandado en la causal de nulidad de la elección consagrada en el artículo 275.8 de la Ley 1437 de 2011, se torna como necesario señalar que la causal de doble militancia encuentra su sustento normativo en el inciso 1º del artículo 2º de la Ley 1475 de 2011, a saber: “En ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento político”.

Para entender mejor la figura de la doble militancia y los eventos en que ella se presenta, resulta oportuno consultar lo dicho por esta Sección en la materia(44):

“La figura de la doble militancia tiene ahora, no tres, sino cinco modalidades, a saber:

i) Los ciudadanos: “En ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento político” (L. 1475/2011, art. 2º, inc. 1º).

ii) Quienes participen en consultas: “Quien participe en las consultas de un partido o movimiento político o en consultas interpartidistas, no podrá inscribirse por otro en el mismo proceso electoral” (C.P., art. 107, inc. 5º).

iii) Miembros de una corporación pública: “Quien siendo miembro de una corporación pública decida presentarse a la siguiente elección, por un partido distinto, deberá renunciar a la curul al menos doce (12) meses antes del primer día de inscripciones” (C.P., art. 107, inc. 12 y L. 1475/2011, art. 2º, inc. 2º).

iv) Miembros de organizaciones políticas para apoyar candidatos de otra organización: “Quienes se desempeñen en cargos de dirección, gobierno, administración o control, dentro de los partidos y movimientos políticos, o hayan sido o aspiren ser elegidos en cargos o corporaciones de elección popular, no podrán apoyar candidatos distintos a los inscritos por el partido o movimiento político al cual se encuentren afiliados. Los candidatos que resulten electos, siempre que fueren inscritos por un partido o movimiento político, deberán pertenecer al que los inscribió mientras ostenten la investidura o cargo, y si deciden presentarse a la siguiente elección por un partido o movimiento político distinto, deberán renunciar a la curul al menos doce (12) meses antes del primer día de inscripciones” (L. 1475/2011, art. 2º, inc. 2º).

v) Directivos de organizaciones políticas: “Los directivos de los partidos y movimientos políticos que aspiren ser elegidos en cargos o corporaciones de elección popular por otro partido o movimientos políticos o grupo significativo de ciudadanos, o formar parte de los órganos de dirección de estas, deben renunciar al cargo doce (12) meses antes de postularse o aceptar la nueva designación o ser inscritos como candidatos” (L. 1475/2011, art. 2º, inc. 3º)”.

Argumenta el demandante, en calidad de apelante único, que los supuestos fácticos previstos en la causal cuarta, es decir, apoyar a un candidato distinto al inscrito por el partido Centro Democrático se encuentran acreditados en el plenario, pues los medios probatorios dan cuenta que favoreció la campaña de Ariel Fernando Rojas Rodríguez, avalado por el partido de la U, a pesar de que Armando Villar Ruiz se encontraba inscrito como candidato único sin coalición por el partido Centro Democrático a la Alcaldía de San Gil.

En su defensa el demandado argumenta que Armando Villar Ruiz presentó renuncia a su candidatura a la alcaldía de San Gil y, en tal virtud, las directivas municipales, departamentales y nacionales autorizaron la alianza a la candidatura de Ariel Fernando Rojas Rodríguez, quien se encontraba inscrito y avalado por el partido de la U. Por considerar que su actuar obedeció a los lineamientos previstos por las directivas del partido al cual pertenece y que le fue autorizado su apoyo al candidato de otro partido, argumenta que no se configura la causal de doble militancia que alega el demandante.

3.5. Acervo probatorio allegado.

Como sustento de sus afirmaciones el demandante allega prueba suficiente de la inscripción que el partido Centro Democrático hiciera de su candidato José de Jesús Villar Torres(45) y de los resultados obtenidos en el escrutinio general y el cómputo de los votos, en los cuales consta que el demandado obtuvo un total de 17.440 votos(46).

Igualmente, acredita la solicitud de inscripción de Armando Villar Ruiz como candidato del partido Centro Democrático a la alcaldía municipal de San Gil(47) y la de Ariel Fernando Rojas Rodríguez como candidato de partido social de Unidad Nacional Partido de la U(48). Por acta E-26 ALC se certificaron los resultados del escrutinio municipal y el cómputo de los votos para cada uno de los candidatos arrojando un total de 13.321 para Ariel Fernando Rojas Rodríguez y 94 para Armando Villar Ruiz(49).

Por certificación de 5 de enero de la 2016 la Registraduría Municipal del Estado Civil de San Gil (Santander) relaciona los ciudadanos aspirantes a la Alcaldía Municipal de San Gil(50) y del folio 32 al 34 informa que no se recibieron solicitudes de modificación de candidaturas por renuncia, muerte o incapacidad al 13 de octubre de 2015.

Así mismo, el accionante allega cinco (5) discos compactos en los que se acreditan hechos notorios de los apoyos que realizó el señor José de Jesús Villar Torres al candidato del partido de la U Ariel Fernando Rojas(51) y el poder mediante el cual el representante legal y director nacional del partido Centro Democrático faculta a Ramón Andrés Ramírez Uribe a realizar el proceso de inscripción y modificación de candidatos, inscripción de testigos electorales, a nombrar delegados para asistir a reuniones convocadas por la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral, registre las listas de jurados de votación y delegue auditores de sistemas(52).

Por su parte, el accionado con la contestación de la demanda allega los videos 2(53), 3(54) y 4(55) en los que el Jefe del partido Centro Democrático y los candidatos Armando Villar Ruiz y Ariel Rojas anuncian públicamente la renuncia presentada por Armando Villar Ruiz a su candidatura a la alcaldía de San Gil y se expone la decisión de adherir a la campaña de Ariel Rojas Rodríguez, previa aceptación de las directivas municipales, departamentales y nacionales(56).

Por acta 5 de 2 de octubre de 2015 el comité político municipal del Centro Democrático debatió la situación de la campaña a la alcaldía de Armando Villar Ruiz respecto de los demás candidatos y consideró que frente a posible declinación de la candidatura se podrían realizar acercamientos con Ariel Fernando Rojas Martínez(57). El día siguiente Armando Villar Ruiz presentó su renuncia a la aspiración a la Alcaldía, la cual es recibida en la misma fecha por el secretario del comité político municipal(58).

Por oficio del 6 de octubre de 2015 el directorio departamental del partido Centro Democrático respondió la solicitud de alianza reportada por la dirección municipal, informando que autoriza la oficialización de la adhesión a la campaña de Ariel Fernando Rojas Rodríguez avalado por el partido de la U(59). En el mismo sentido el director nacional del Partido Centro Democrático certifica que fue informado y autorizó al excandidato a la alcaldía, miembros directoristas y aspirantes a cargos de corporaciones públicas en el municipio de San Gil y de departamento de Santander a adherir a Ariel Fernando Rojas avalados por el partido de la U. Del folio 137 al 146 se allegan fotografías de eventos políticos en los que se observan a Armando Villar, Ariel Rojas y a José de Jesús Villar.

Con el escrito de contestación a las excepciones previas el demandante allegó oficio de 14 de diciembre de 2015 en el que Ramón Andrés Ramírez Uribe, presidente colegiado del partido centro democrático afirma que en el directorio departamental no reposa la renuncia de Armando Villar Ruiz a la candidatura de la alcaldía de San Gil y que tampoco firmó o autorizó ninguna alianza con candidatos de otros partidos(60). Esta información es ratificada en el testimonio recibido a Ramón Andrés Ramírez Uribe en la audiencia de pruebas celebrada por el Tribunal Administrativo de Santander el 27 de abril de 2016(61).

La apoderada del partido Centro Democrático, mediante escrito radicado en la secretaría del Tribunal Administrativo de Santander el 13 de abril de 2016, allegó la certificación original en la que la secretaria general de partido Centro Democrático certifica que Armando Villar Ruiz renunció a su aspiración a la alcaldía municipal de San Gil el 3 de octubre de 2015 y autorizó la adhesión a la candidatura de Ariel Fernando Rojas Rodríguez, candidato avalado por el Partido de Unidad Nacional(62).

Un análisis sistemático de los medios probatorios aquí descritos conlleva a dar por probados los siguientes hechos:

1. José de Jesús Villar Torres fue inscrito como candidato del Partido Centro democrático a la Asamblea Departamental del Santander.

2. Armando Villar Ruiz fue inscrito candidato del partido Centro Democrático a la alcaldía municipal de San Gil(63).

3. Ariel Fernando Rojas Rodríguez fue inscrito como candidato de partido social de Unidad Nacional Partido de la U(64) a ese mismo cargo de elección popular.

4. No existe prueba de haber realizado modificación de candidaturas por renuncia, muerte o incapacidad al 13 de octubre de 2015 de los ciudadanos aspirantes a la Alcaldía Municipal de San Gil(65).

3.5.1. Así las cosas la controversia gira en determinar si el candidato Armando Villar Ruiz presentó renuncia a la aspiración a desempeñar la Alcaldía de San Gil y si esta requería de algún trámite adicional para surtir efectos. Para dilucidar lo anterior se debe atender que a folios 129 y 369 obra renuncia presentada por el citado excandidato, con fecha de recibido 3 de octubre de 2015, circunstancia que fue certificada por el director nacional del partido a folio 132 y por la secretaria general del mismo a folio 364.

Frente a esta situación el demandado alega que la citada dimisión no fue de conocimiento de uno de los presidentes colegiados de la dirección departamental ni de la Registraduría Municipal del Estado Civil, circunstancia que no enerva la legalidad de la renuncia, pues conforme lo analizado en el numeral 3.2 para su validez no requiere ningún requisito adicional a su simple manifestación expresa. Es necesario precisar que la renuncia fue presentada ante el Directorio Municipal de San Gil, razón por la cual es entendible que dicha dimisión no repose en los archivos de la dirección departamental, lo que si acontece en la dirección nacional, circunstancia esta que no afecta validez de la misma. Así mismo, no le resta eficacia la omisión de su presentación ante el organismo electoral competente, pues como se explicó previamente este proceso solo tiene como objeto la posible postulación de otro candidato, cuando se realiza oportunamente o la pérdida de esta oportunidad, cuando se excede el límite temporal.

3.5.2. Frente a la autorización de la alianza o adhesión a candidato de otro partido encuentra la Sala que este asunto fue objeto de debate en la sesión del comité político municipal celebrada el 2 de octubre de 2015 en el municipio de San Gil(66), decisión que fue convalidada por el directorio departamental del partido Centro Democrático mediante oficio de 6 de octubre de 2015(67) y adicionalmente fue autorizado por la dirección nacional del mismo, según consta en las certificaciones obrantes a folios 132 y 364.

Se opone el demandante a estos hechos argumentando que uno de los presidentes colegiados de la dirección departamental no participó en la decisión de adhesión o alianza con candidato de otro partido. Sin embargo, de la lectura de los estatutos del partido Centro Democrático se observa que las actuaciones de las direcciones departamentales y municipales no se encuentran reguladas por dicho compendio normativo, pues en materia de quorum solo prevé en su artículo 71 la asistencia necesaria para la convención departamental o municipal, sin que el demandante haya cumplido la carga de la prueba de demostrar que la referida ausencia viciaba de nulidad la decisión asumida por este organismo colegiado respecto de la alianza con candidatos de otro partido.

3.5.3 Respecto de la valoración de los videos(68) y fotografías destaca la Sala el contenido de los artículos 243 y 244 del Código General del Proceso(69), que prescriben que ostentan la naturaleza de documentos “… los escritos, impresos, planos, dibujos, cuadros, mensajes de datos, fotografías, cintas cinematográficas, discos, grabaciones magnetofónicas, videograbaciones, …” y en tal virtud “… se presumen auténticos, mientras no hayan sido tachados de falso o desconocidos, según el caso”.

En vista que los discos compactos allegados por las partes no fueron objeto de controversia considera la Sala que se le debe considerar como prueba y considerar que su contenido ratifica las consideraciones precedentes, pues demuestran que el señor Armando Villar Ruiz si presentó renuncia a su candidatura a la alcaldía de San Gil y que la adhesión al candidato del partido de la U se hizo de manera pública y avalada por el jefe natural del partido Centro Democrático. En cuanto a la videograbación contenida en el disco compacto 4 se encuentra que las declaraciones allí rendidas se surtieron con posterioridad a la jornada de elección y de la grabación contendida en el disco 5 no es posible deducir las circunstancias de modo tiempo y lugar en que fue recepcionada, razón por la cual estos medios probatorios no pueden ser concluyentes para acreditar el vicio que invoca el demandante.

3.5.4. En relación la tacha de falsedad formulada por el apelante se reitera que ésta no se demostró. Respecto de la falsedad ideológica dirigida a atacar la falta de veracidad del contenido de unos documentos, se insiste en los argumentos expuestos en el numeral 3.1 que, con fundamento en reiterada jurisprudencia de esta corporación, concluye que su estudio no procede a través de la tacha de falsedad. Por tanto, aclarado este aspecto encuentra la Sala que de las pruebas obrantes en el proceso se deduce que los argumentos que cuestionan la existencia de la renuncia y de la autorización de la dirección nacional del partido Centro Democrático para apoyar a candidatos avalados por otros partidos políticos no pueden prosperar. Lo anterior se desprende del análisis integral de los documentos y de los videos aportados por las partes que dan cuenta de que esta dimisión sí se presentó(70) y la autorización de la alianza o adhesión al candidato de otro partido fue considerada en la sesión del comité político municipal celebrada el 2 de octubre de 2015 en el municipio de San Gil(71), decisión convalidada por el directorio departamental del partido Centro Democrático el 6 de octubre de 2015(72) y de conocimiento de la dirección nacional del mismo(73).

Inclusive del contenido de los videos aportados por el actor se confirma lo dicho en precedencia pues en el video 2 se observa como el senador Álvaro Uribe Vélez, jefe natural del partido Centro Democrático en un acto público informa de la renuncia de Armando Villar y la decisión de apoyar a Ariel Rojas(74) y en el video 4 se encuentran las declaraciones que Armando Villar le concedió al informativo Tele San Gil, donde en un evento público informa la decisión de renunciar a su aspiración política y de atender las instrucciones de la dirección nacional del partido Centro Democrático de apoyar la campaña de Ariel Rojas(75). Así las cosas, los medios probatorios allegados legal y oportunamente al plenario, los cuales no fueron desvirtuados en el transcurso del proceso, acreditan que la renuncia fue presentada ante la correspondiente autoridad del partido Centro Democrático y que éste facultó a sus miembros a apoyar la campaña del candidato Ariel Rojas avalado por el partido de la U.

Conforme a lo expuesto, no existe en el plenario prueba que conlleve a que esta Sala Jurisdiccional pueda concluir que la decisión asumida por el Tribunal Administrativo de Santander no se encuentra ajustada a derecho y por tanto procede emitir un decisión confirmatoria.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta en uso de facultades constitucionales y legales,

III. RESUELVE:

1. CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander el 19 de julio de 2016, conforme lo señala la parte motiva de este proveído.

2. DEVOLVER el expediente al tribunal de origen para lo de su competencia.

3. ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

Notifíquese y cúmplase.»

18 Parra Quijano, Jairo. Manual de Derecho Probatorio. Ediciones del Profesional. 2009, pág. 520 y siguientes.

19 Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 29 de octubre de 2013, C.P. Alberto Yepes Barreiro, radicación 11001-03-28-000-2012-00058-00.

20 Radicación 2083.

21 Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia de 2 de noviembre de 2001, C.P. Reinaldo Chavarro Buriticá, radicación 4400123310002000080801 (2680).

22 Hernando Devis Echandía. Compendio de Derecho Procesal Tomo II, Pruebas Judiciales, págs. 408 y ss.

23 CSJ, Sala de Casación Civil. Sentencia de junio 9 de 1978, M.P. Humberto Rodríguez Robayo. En el mismo sentido sentencias de la CSJ de enero 18 de 1954 y septiembre 26 de 1950.

24 Tesis reproducida en la sentencia de 20 de octubre de 2005, radicación 68001-23-15-000-2004-00118-01 (3297).

25 Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia de 19 de septiembre de 2008, C.P. Reinaldo Chavarro Buriticá, radicación 11001-03-28-000-2006-00090-00 (4027-4028).

26 Folio 315.

27 Folio 74, cuaderno de despachos com.

28 Folio 160, cuaderno de despachos comisorios.

29 Folio 163, cuaderno de despachos comisorios.

30 Folio 349, cuaderno 1.

31 Consejo Nacional Electoral. Concepto 37 de 14 de enero de 2014, M.P. Nora Tapia Montoya, radicación 0037-14.

32 Sentencia C-819 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio.

33 Sobre el tema también puede verse la Sentencia C-1125 de 2008, M.P. Humberto Sierra.

34 Sentencia C-819 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio.

35 Sobre este derecho político puede consultarse la sentencia de la Corte Constitucional T-1005 de 2006.

36 Artículo 261, C.P. “Las faltas absolutas serán suplidas por los candidatos que según el orden de inscripción, o de votación, en forma sucesiva y descendente, correspondan a la misma lista electoral, según se trate de listas cerradas o con voto preferente”.

37 Ver fundamento jurídico número 11 de la Sentencia SU-950 de 2014.

38 Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia de 17 de julio de 2015, C.P. Dra. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, radicación 11001-03-28-000-2014-00041-00.

39 Diccionario de la Real Academia Española.

40 Diccionario de la Real Academia Española.

41 Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia 4 de agosto de 2011, C.P. Susana Buitrago Valencia, radicación 11001-03-28-000-2010-00033-00.

42 Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia 21 de julio de 2016, C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, radicación 05001-23-33-000-2015-02451-01.

43 Folio 413 a 417.

44 Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia de 7 de septiembre de 2015, C.P. Dr. Alberto Yepes Barreiro, expediente 11001-03-28-000-2014-00023-00.

45 Folio 1, 2, 3, 96, 97, 98 y 99.

46 Folio 9.

47 Folios 14 y 15.

48 Folio 18.

49 Folios 27 y 28, cuaderno 1.

50 Folio 31.

51 Folio 64.

52 Folio 101 a 112.

53 En el video 2 se observa como el senador Álvaro Uribe Vélez en un acto público informa de la renuncia de Armando Villar y la decisión de apoyar a Ariel Rojas (fl. 123).

54 En el video 3 se encuentran las declaraciones que Armando Villar le concedió al informativo Tele San Gil, donde en un evento político informa la decisión de renunciar a su aspiración política y de atender las instrucciones de la dirección Nacional del partido Centro Democrático de apoyar la campaña de Ariel Rojas (fl. 123, vto.).

55 En el video 4 se encuentra la entrevista realizada por San Gil Noticias al candidato José de Jesús Villar en el que agradece el apoyo dado por los ciudadanos de San Gil a su campaña política (fl. 123).

56 Folios 123.

57 Folios 127 y 128.

58 Folio 129.

59 Folios 130 y 131.

60 Folio 191 y 192.

61 Folio 376.

62 Folio 364.

63 Folios 14 y 15.

64 Folio 18.

65 Folio 31.

66 Folios 127 y 366.

67 Folios 130 y 365.

68 El accionante en su libelo introductorio allegó cinco (5) discos compactos en los que el contenido de los discos señalados con los números 1, 2, y 4 corresponden a idéntico contenido de los discos 4, 2 y 3 respectivamente allegados por la parte demandada. En cuanto al disco 4 este contiene una nota periodística en que se reciben declaraciones del candidato después de superada la jornada electoral y el disco 5 contiene una entrevista realizada al demandado sin poder determinar la fecha de la misma.

69 Normas aplicables en virtud de lo dispuesto en los artículos 296 y 306 de la Ley 1437 de 2011.

70 Folios 129 y 369.

71 Folios 127 y 366.

72 Folios 130 y 365.

73 Folios 132 y 364.

74 Folio 123.

75 Folio 123.