SENTENCIA 2016-00045 DE NOVIEMBRE 3 DE 2016

 

Sentencia 2016-00045 de noviembre 3 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Rad.: 70001-23-33-000-2016-00045-01

Consejero Ponente:

Dr. Carlos Enrique Moreno Rubio

Actor: Edison Bioscar Ruiz Valencia

Demandado: Karime Adrana Cotes Martínez (diputada de Sucre)

Bogotá, D.C., tres de noviembre de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «I. Consideraciones

1. Competencia

Según el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 615 de la Ley 1564 de 2012, la Sección Quinta es competente para conocer la apelación presentada contra la sentencia de julio once (11) del año en curso dictada, en primera instancia, por el Tribunal Administrativo de Sucre.

2. Oportunidad del recurso

El fallo fue notificado al apoderado del demandante el doce (12) de julio del presente año y el recurso de apelación fue radicado el quince (15) del mismo mes y año, por lo cual puede concluirse que fue interpuesto y sustentado dentro de la oportunidad señalada en el artículo 292 del CPACA (ff. 286 vto y 291 cdno 1).

3. El acto acusado

Corresponde al acto mediante el cual la Comisión Escrutadora Departamental de Sucre declaró la elección de los diputados a la Asamblea, el cual está contenido en el formulario E-26 ASA de noviembre cuatro (4) de 2015 (ff. 34 a 40 cdno 1).

4. Cuestión previa

Observa la Sala que en memorial visible a folios 437 a 458 del cuaderno 2 del expediente, el apoderado de la parte demandada advirtió sobre la exposición de un nuevo cargo por parte del actor en el recurso de apelación.

Consideró que el actor sustentó la demanda en el hecho de no haberse aportado el documento que contenía la delegación para el aval dado a la señora Cotes Martínez para inscribirse como candidata a la Asamblea, pero ahora alegó que en el otorgamiento del mismo el senador Mario Alberto Fernández Alcocer actuó bajo una delegación de delegación, por lo cual pretermitió y “[…] varió por completo la decisión de primera instancia […]” porque este argumento no fue planteado en los hechos, ni en el concepto de la violación.

Precisa la Sala que la demanda que originó este proceso estuvo basada en dos (2) argumentos consistentes en el hecho de no haberse aportado con la inscripción el documento que contenía la delegación para el otorgamiento de aval y en los efectos que tuvo la sentencia de acción popular dictada por el Consejo de Estado sobre los estatutos del Partido Liberal, lo cual hacía, según el demandante, que la competencia para conceder los avales correspondiera a los directorios departamentales y municipales de la colectividad política (ff. 1 a 15 cdno 1).

Desde este punto de vista, le asiste razón al apoderado de la parte demandada por cuanto es claro que el asunto relacionado con la delegación de delegación de la facultad para el otorgamiento del aval constituye un cargo nuevo que no fue planteado en la demanda, no fue objeto de controversia por la demandada, ni analizado por el a quo como parte de la fijación del litigio hecha en este proceso.

En consecuencia, el estudio de la apelación estará circunscrito a los aspectos ligados a la supuesta inscripción irregular de la candidatura de la diputada demandada y a los efectos del fallo del Consejo de Estado sobre los estatutos del Partido Liberal para la concesión del aval.

4. Problema jurídico

Corresponde a la Sala decidir si confirma, revoca o modifica la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Sucre que negó las pretensiones de la demanda contra la elección de la señora Cotes Martínez como diputada a la Asamblea para el periodo 2016-2019.

Entonces deberá determinarse si el aval para la inscripción de la candidatura para los comicios del veinticinco (25) de octubre de 2015 fue otorgado por quien estaba facultado para tales efectos y si era indispensable presentar el documento que delegó la concesión del aval al inscribir la lista de aspirantes a la corporación departamental.

5. El caso concreto

En la sentencia de primera instancia, el Tribunal Administrativo de Sucre concluyó que el aval conferido a la señora Cotes Martínez fue conferido acorde con los estatutos vigentes del Partido Liberal, contenidos según el a quo en la Resolución 658 de 2002.

Al apelar la decisión, el apoderado del actor insistió en que la inscripción fue irregular porque la sentencia de acción popular dictada por el Consejo de Estado declaró ilegales los estatutos del Partido Liberal, por lo cual, en su criterio, el secretario general no ostentaba la representación legal de la citada colectividad política.

5.1. La decisión del Consejo de Estado y los estatutos del Partido Liberal

Observa la Sala que la controversia sobre la alegada ausencia de facultades del secretario general para la concesión del aval está centrada en el fallo que dictó el Consejo de Estado sobre los estatutos del Partido Liberal vigentes en la fecha de inscripción de la candidatura.

Sobre el particular, puede decirse que mediante sentencia de marzo cinco (5) de 2015 la Sección Tercera de esta corporación resolvió, en segunda instancia, una acción popular interpuesta contra la validez de los estatutos implementados por el Partido Liberal a través de la Resolución 2895 de 2011(1).

En dicha sentencia, la corporación amparó los derechos e intereses colectivos relacionados con la moralidad administrativa vulnerados por la colectividad política y el Consejo Nacional Electoral por las actuaciones surtidas para la adopción, aprobación, registro e impugnación de los estatutos.

En consecuencia, dispuso lo siguiente:

“(…)

2) El Partido Liberal Colombiano dará estricto cumplimiento a la decisión del Tribunal Nacional de Garantías que declaró ilegal la Resolución 2895 de 2011 y, en consecuencia, en un término máximo de un (1) mes, contado desde la ejecutoria de esta sentencia, adoptará todas las medidas que sean necesarias para i) dejar de aplicar los estatutos adoptados con esa resolución y, posteriormente, aprobados por la Asamblea Liberal Constituyente convocada y elegida unilateralmente por la Dirección Nacional Liberal, adelantada el 10 de diciembre de 2011, incluso con los ajustes introducidos en esa oportunidad y ii) regirse en un todo por los estatutos vigentes a la entrada en vigencia de la Ley 1475 de 2011, de conformidad con las exigencias del ordenamiento, en especial de las disposiciones de los artículos 107 y 108 constitucionales y 7º de la Ley 130 de 1994.

3) El Partido Liberal Colombiano procederá a cumplir el deber legal de ajustar los estatutos vigentes al momento de entrar a regir la Ley 1475 de 2011, en el término máximo de un (1) año, contado desde la fecha de ejecutoria de esta sentencia. Para el efecto, el partido conformará un comité en que el deberá garantizarse la participación de por lo menos un representante de los órganos de dirección, de las bancadas, del Instituto de Pensamiento Liberal, de la Secretaría General del Partido, de cada una de las Secretarías Ejecutivas, de Participación y Temáticas, de los Comités Políticos Nacional y Territoriales, de las Comisiones Participación Nacional, del Consejo Consultivo Nacional, de los Tribunales Nacional y Seccionales de Garantías y Disciplinarios, de la Veeduría del Partido y Defensoría del afiliado de la Comisión de Control Programático y de la Auditoría Interna, que se encargará de identificar los asuntos de los estatutos que deben ser ajustados a la Ley 1475 de 2011, bien porque siendo parte del contenido mínimo no están tratados en los estatutos vigentes o porque estando tratados en esa normatividad, deben adecuarse a las disposiciones de la ley, por ser incompatibles con esta.

(…)

El Comité presentará al Partido Liberal la propuesta de ajuste o reforma de los estatutos dentro de los tres meses siguientes a la ejecutoria de esta sentencia y garantizará que todos los interesados puedan presentar observaciones, comentarios y sugerencias, las cuales analizará el Comité y dará cuenta, en documento escrito, de las que fueron acogidas y las razones para acogerlas o descartarlas.

La propuesta final de ajuste o reforma a los estatutos será sometido (sic) a aprobación del órgano competente del partido, de conformidad con las disposiciones del artículo 4º de la Ley 1475 de 2011 y 119 de los estatutos vigentes cuando empezó a regir esa ley, con sujeción a las reglas que rigen la toma de decisiones por parte de ese órgano y en todo caso, con respeto del principio democrático.

4) Dentro del mes siguiente a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, el Consejo Nacional Electoral adoptará todas las medidas que sean necesarias para dejar sin efectos las decisiones relativas al registro de los estatutos del partido liberal adoptadas con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 1475 de 2011, dando cuenta expresa de las razones señaladas en esta sentencia y de los deberes que le impone el ordenamiento a ese órgano electoral de garantizar el ”(…) cumplimiento de las normas sobre Partidos y Movimientos Políticos” y la eficacia de ”(…) los derechos de la oposición, de las minorías […] y de participación política de los ciudadanos” (negrillas fuera de texto).

Es claro que la Sección Tercera le concedió al Partido Liberal el plazo de un (1) mes, contado desde la ejecutoria de la sentencia, para que dejara de aplicar los estatutos expedidos en 2011 y pasara a regir sus actuaciones por aquellos que estaban vigentes antes de ese año.

También le concedió el mismo término al Consejo Nacional Electoral para que dispusiera las medidas requeridas para dejar sin efectos el registro de los estatutos, cuya adopción fue producto de la vigencia de la Ley 1475 de 2011.

La sentencia de la Sección Tercera cobró ejecutoria el ocho (8) de julio de 2015(2), por lo cual la colectividad política y el organismo rector electoral tendrían hasta el ocho (8) de agosto del mismo año para dejar de aplicar los citados estatutos y recobraran vigencia los anteriores (f. 89 cdno 1).

El análisis hecho por la Sala lleva a concluir que solo desde el cinco (5) de agosto de 2015 los estatutos del Partido Liberal expedidos en el año 2002 recobraron vigencia, lo que significa que las actuaciones anteriores a dicha fecha estaban regidas por los estatutos de 2011, según los efectos dispuestos en la sentencia del Consejo de Estado.

Como la inscripción de la señora Cotes Martínez ante la Delegación Departamental de Sucre tuvo lugar el veinticuatro (24) de julio de 2015, es decir en fecha anterior a la establecida para que surtiera efectos la decisión del Consejo de Estado (ocho (8) de agosto de 2015) y se cumpliera la misma sentencia de acción popular (cinco (5) de agosto de 2015), es posible determinar que el acto mediante el cual se otorgó el aval también es previo al momento en que recobraron vigencia los estatutos del Partido Liberal expedidos en el año 2002.

En el caso particular del Partido Liberal y teniendo en cuenta los estatutos del año 2011, contenidos en la Resolución 2895 del mismo año, encuentra la Sala en los artículos veinte (20)(3) y veinticuatro (24)(4), se establecía que “[…] la representación legal recae en la Dirección Nacional Liberal o su Director, quienes, además, tenían la función de expedir los correspondientes avales […]”.

Luego del análisis de varios de los actos expedidos por el Partido Liberal y el Consejo Nacional Electoral, concluyó la Sala que mediante Resolución 3186 de febrero diez (10) de 2015 la Dirección Nacional hizo la delegación al secretario general como representante legal del partido. No obstante, la Sala entendió que “[…] el alcance de dicho reconocimiento debe entenderse a partir de la solicitud que realizó el propio Partido cuando manifestó que el Secretario ‘ejercerá sus funciones de conformidad con los artículos 24 y 25 de los Estatutos de la Colectividad, delegando la ordenación general del gasto, celebrando contratos y convenios a nombre de la Dirección Nacional Liberal del Partido Liberal Colombia’[…]”, con lo que precisó que el propósito del partido con esta delegación era circunscribirlo “[…] a la celebración de contratos y convenios, mas no de la función para otorgar el aval […]”.

Sin embargo, previamente, mediante Resolución 2498 de septiembre veintiséis (26) de 2012, el Consejo Nacional Electoral registró la decisión del Partido Liberal de “[…] deleg[ar] las funciones de representación legal del Partido Liberal Colombiano en cabeza del Secretario General, doctor Héctor Olimpo Espinosa Oliver […]”. En esta oportunidad, advierte la Sala, no obró ninguna restricción para la representación de la colectividad.

Frente al caso concreto, obra en el expediente la Resolución 55 de julio veinticuatro (24) de 2015 expedida por el Partido Liberal, “Por la cual el Comité de Acción Liberal Departamental de SUCRE otorga avales a candidatos a la Asamblea Departamental en el Departamento de SUCRE para las elecciones del 25 de octubre de 2015 periodo 2016-2019 y delega la función de inscripción de la lista” (ff. 17 a 20 cdno 1).

Mediante dicha resolución, el presidente del Comité de Acción Liberal de Sucre, Mario Alberto Fernández Alcocer, otorgó los “[…] avales para los candidatos que conforman la lista a Asamblea Departamental en SUCRE periodo 2016-2019 […]”, entre los cuales figura, con el No. 60, la señora Cotes Martínez (ff. 17 a 20 cdno 1).

Sobre el particular, es necesario resaltar que a través de la Resolución 3647 de julio veintitrés (23) de 2015, el secretario general y representante legal del partido conformó la lista de candidatos y “[…] dele[ó] la función al Comité de Acción Liberal del Departamento de Sucre para que otorgue avales a los candidatos que en representación de esta Colectividad participarán en los comicios electorales del mes de octubre de 2015 periodo 2016-2019 a la dignidad de diputados a la asamblea departamental del Sucre […]”.

En desarrollo de la atribución delegada, el presidente del Comité de Acción Liberal de Sucre expidió la Resolución 55 de julio veinticuatro (14) de 2015, ya reseñada, con la cual otorgó los avales a los candidatos a la asamblea, incluyendo a la señora Cotes Martínez.

Entonces concluye la Sala que el aval a la diputada Cotes Martínez fue conferido por el delegado del representante legal del Partido Liberal, quien estaba facultado por los estatutos de la colectividad para tales efectos, por lo cual fue expedido en debida forma y en consecuencia lo procedente es confirmar la decisión del a quo que negó las pretensiones de la demanda.

5.2. Los requisitos para la inscripción de candidaturas

En lo que corresponde a este aspecto, la Sala considera importante reiterar su jurisprudencia sobre los requisitos para la inscripción de las candidaturas.

Al respecto, en cuanto al “formulario de solicitud para la inscripción de candidato y constancia de aceptación de candidatura”,(5) esta corporación(6) ha sostenido lo siguiente:

“Ahora bien, del acto de inscripción de candidatos a cargos públicos de elección popular debe hacer parte el correspondiente aval expedido por el representante legal del partido o movimiento político, o por su delegado. Ese es el documento que de acuerdo con el artículo 108 de la Carta Política debe expedir el correspondiente partido o movimiento político para los efectos de la inscripción de candidaturas y, por tanto, el único exigible al representante legal o al delegado de este para los efectos de validez del acto de inscripción.

En este sentido, no es requisito esencial que la solicitud de inscripción de candidatos a nombre de un partido o movimiento político que se debe llevar a cabo ante la correspondiente dependencia de la Registraduría Nacional del Estado Civil se realice por el representante legal del partido o movimiento político, o por el delegado por este, pues, como ya se anotó, la falta de diligenciamiento del Acta de solicitud de inscripción y constancia de aceptación de candidatos por parte del representante legal del partido o movimiento político, o del delegado por este, no invalida la inscripción, si se cumple con la exigencia Constitucional y legal de allegar al acto de inscripción el correspondiente aval expedido, eso sí, por el representante legal o el delegado por este.

De lo anterior se torna en evidente que tanto el aval como la inscripción son dos actos con finalidades diferentes, tal como se ilustró en la jurisprudencia de 17 de noviembre de 2005(7), en la que claramente se identifican y diferencian, ya que por una parte el aval al cumplir con la triple finalidad mencionada de ninguna forma se equipara con la inscripción del candidato que es un acto de trámite y para el cual la ley no exige mayores requisitos”.

La Sala reitera que la inscripción de una candidatura no requiere la suscripción del formulario E-6 por el representante legal del partido o movimiento político con personería jurídica, o su delegado, puesto que dicha voluntad queda expuesta en el aval que se expide a favor del respectivo candidato.

En efecto, recientemente sobre el particular la Sección indicó:

“[…] entonces, no es condición sine qua non que la solicitud de inscripción de candidatos se realice por el representante legal del partido o movimiento político o por su delegado, siempre y cuando se observe con la exigencia constitucional y legal de aportar el respectivo aval, este sí, expedido por el representante legal o el delegado por este […]”(8) (negrillas fuera del texto).

Basada en las razones expuestas, la Sala confirmará la sentencia del Tribunal Administrativo de Sucre que negó las pretensiones de la demanda.

Al margen de lo anterior, puede verse que al alegar de conclusión en la segunda instancia la Registraduría Nacional otorgó poder a una nueva abogada para la representación en este proceso, razón por la que le será reconocida personería.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley

FALLA

1. Confírmase la providencia apelada, esto es la sentencia de julio once (11) de 2016 dictada por el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala de Decisión Tercera, mediante la cual negó las pretensiones de la semanda (sic).

2. En firme esta providencia devuélvase el expediente al tribunal de origen.

3. Reconócese personería a la Dra. Julia Inés Ardila Saiz para actuar como apoderada de la Registraduría Nacional del Estado Civil, según el poder conferido y visible a folio 333 del cuaderno 2 del expediente.

Notifíquese y cúmplase».

1 Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de marzo cinco (5) de 2015, expediente 25000-23-41-000-2013-00194-01, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo.

2 La sentencia de la Sección Tercera fue objeto de una solicitud de aclaración presentada por el apoderado del Partido Liberal, la cual fue resuelta mediante providencia de junio diez (10) de 2015.

3 La cita del artículo en mención decía: “La Dirección Nacional Liberal o el Director Nacional del Partido, cumplirá las siguientes funciones:
1. Ejercer la representación del Partido ante la Nación, ante las autoridades públicas, órganos y miembros del Partido, gobiernos extranjeros y organizaciones públicas y privadas del exterior. (…)
7. Expedir el aval al candidato a la Presidencia de la República, a los gobernadores y alcaldes de ciudad capital. De igual manera expedir los avales a los demás miembros del Partido que aspiren a alcalde o miembro de organización, en los términos que se indican más adelante. (…)
15. Delegar, si lo considera necesario, la Representación Legal del Partido y efectuar los registros ante las autoridades competentes (…).
25. Delegar las funciones que considere pertinentes en el titular de la Secretaría General del Partido o en otros empleados” (negrillas de la Sala).

4 La cita de este artículo es la siguiente: “La Secretaría General del Partido cumplirá las siguientes funciones: (…)
10. Ejercer la representación legal del Partido en los casos en que la Dirección
Nacional lo determine y cumplir las funciones que ella le delegue. (…)
PAR.—El Secretario General podrá delegar estas funciones de acuerdo con las unidades de la estructura administrativa que se determine para la Dirección Nacional Liberal”.

5 Formulario E-6.

6 Consejero Ponente: Alberto Yepes Barreiro. Sentencia del 18 de julio de 2013. Radicación No. 76001-23-31-000-2011-01779-02. Radicado Interno 2011-1779. Demandante: Moisés Orozco Vicuña. Demandado: Fernando David Murgueitio Cárdenas – Alcalde municipio de Yumbo – Valle.

7 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Consejero Ponente: Darío Quiñones Pinilla. Sentencia de 17 de noviembre de 2005. Radicación 15001 23 31 000 2003 03193 01. Demandante: Rosa Elena Moreno Orjuela. Demandado. Benigno Hernán Díaz Cárdenas. En esta providencia se sostuvo: “El artículo 108 de la Constitución Política al establecer que la inscripción de candidatos a elecciones la pueden hacer los partidos y movimientos políticos sin requisito adicional alguno y, a renglón seguido, al prescribir que esa inscripción debe ser avalada por el representante legal del partido o movimiento o por quien él delegue, está erigiendo como único requisito constitucional para la inscripción de candidaturas el otorgamiento del aval por quien tiene la facultad Constitucional para ello. Pero, en manera alguna el precepto prescribe que dicha inscripción debe realizarla personalmente este. Y ello tampoco se deduce del contenido del artículo 3º del Reglamento 01 de 2003.
Por el contrario, la redacción de los citados artículos 3º y 4º lo que da a entender es que, de un lado, el aval debe ser presentado ante los respectivos Delegados de la Registraduría Nacional del Estado Civil y, de otro, que ese aval lo debe otorgar el representante legal del partido o movimiento político o su delegado. Esas normas armonizan en su integridad con los incisos tercero y cuarto del artículo 108 de la Carta Política”.

8 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Consejera Ponente: Susana Buitrago Valencia. Sentencia del 5 de septiembre de 2013. Radicación 76001-23-31-000-2012-00007-01. Radicado Interno 2012-00007. Demandante: Sergio David Becerra. Demandado: Jorge Eliecer Valencia Montenegro.