SENTENCIA 2016-00051/2016-0051 DE SEPTIEMBRE 29 DE 2016

 

Sentencia 2016-00051 de septiembre 29 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Rad.: 08001-23-33-000-2016-00051-01

Consejero Ponente:

Dr. Alberto Yepes Barreiro

Rad. interno: 2016-0051

Demandante: Fernando Antonio Chacón Lebrún

Demandado: Jaime Rafael San Juan Pugliese - personero de Barranquilla

Proceso electoral - fallo de segunda instancia

Bogotá, D.C., veintinueve de septiembre dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

De conformidad con lo establecido en el numeral 150, 152.8 del CPACA y en el artículo 13 del Acuerdo 58 de 1999 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, esta Sección es competente para conocer en segunda instancia del proceso de la referencia, toda vez que, la demanda ataca la legalidad del el acto que declaró la elección del señor Jaime Rafael San Juan Pugliese como personero del distrito de Barranquilla para el período 2016-2020(2).

Lo anterior teniendo en cuenta que según el artículo 152.8 Ibídem los tribunales administrativos conocerán en primera instancia de la nulidad del acto de elección de los “(…) personeros […] de los municipios y distritos y demás autoridades municipales con setenta mil (70.000) o más habitantes, o que sean capital de departamento” (resaltado fuera del texto original)

Así, atendiendo a que el distrito de Barranquilla es la capital del departamento del Atlántico, corresponde al Consejo de Estado decidir, en segunda instancia, el recurso de apelación presentado por la parte actora.

2. Oportunidad y trámite del recurso.

La Sala observa que el recurso de apelación se presentó dentro de la oportunidad legal correspondiente y que al mismo se le dio el trámite que impone el artículo 292 del CPACA, norma especial de carácter electoral.

3. Planteamiento del problema jurídico.

Corresponde a la Sala analizar si debe confirmar, revocar o modificar la sentencia de 15 de junio de 2016 mediante la cual el Tribunal Administrativo del Atlántico negó las pretensiones de la demanda.

Para el efecto, esta Sección examinará si está probado que el señor Jaime Rafael San Juan Pugliese está incurso en la causal de inhabilidad establecida en el literal a) del artículo 174 de la Ley 136 de 1994 que remite al artículo 95 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 37 de la Ley 617 de 2000.

La Sala destaca que si bien en el escrito de la demanda el actor sustentó la inhabilidad del demandado en los literales a) y b) del artículo 174 de la Ley 136 de 1994 en concordancia con en el artículo 95 de la misma ley con la modificación introducida por la Ley 617 de 2000, en la apelación del fallo de primera instancia únicamente se refirió al primer literal, razón por la cual el análisis se circunscribirá a él.

3.1. Causal de nulidad.

La causal de nulidad que se considera materializada en el caso concreto, se encuentra establecida en el artículo 174 de la Ley 136 de 1994 que contempla:

“ART. 174.—Inhabilidades. No podrá ser elegido personero quien:

a) Esté incurso en las causales de inhabilidad establecidas para el alcalde municipal, en lo que le sea aplicable; (…)”(3).

El literal a) de dicha norma debe ser leído en concordancia con lo dispuesto en el artículo 95 de la Ley 136 de 1994 que fue modificado por el artículo 37 de la 617 de 2000, cuyo tenor literal es el siguiente:

“ART. 95.—Inhabilidades para ser alcalde. (art. modificado por L. 617/2000, art. 37. El nuevo texto es el siguiente:) No podrá ser inscrito como candidato, ni elegido, ni designado alcalde municipal o distrital: (…)

2. Quien dentro de los doce (12) meses anteriores a la fecha de la elección haya ejercido como empleado público, jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar, en el respectivo municipio, o quien como empleado público del orden nacional, departamental o municipal, haya intervenido como ordenador del gasto en la ejecución de recursos de inversión o celebración de contratos, que deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio. (…)

5. Haber desempeñado el cargo de contralor o personero del respectivo municipio en un periodo de doce (12) meses antes de la fecha de la elección”.

Como se advirtió, la Sala únicamente se ocupará de analizar la configuración de la inhabilidad señalada en el literal a) del artículo 174 de la Ley 136 de 1994 —que remite a las inhabilidades de los alcaldes— y no estudiará el literal b) por no haber sido objeto de apelación.

En ese orden, se tiene que deberá determinarse si el señor San Juan Pugliese estaba inhabilitado para ser elegido personero de Barranquilla 2016-2020 por haber ocupado el mismo cargo en el periodo inmediatamente anterior.

4. Marco normativo.

A efectos de analizar las inhabilidades que se le endilgan al señor San Juan Pugliese por haber sido reelegido personero de Barranquilla, la Sala debe poner de presente las normas que han regulado el asunto:

El texto original de la Ley 136 de 1994 establecía lo siguiente:

“ART. 170.—A partir de 1995, los personeros serán elegidos por el concejo municipal o distrital, en los primeros diez (10) días del mes de enero del año respectivo, para periodos de tres años, que se iniciarán el primero de marzo y concluirán el último día de febrero.

PAR.—Los personeros municipales o distritales elegidos a la vigencia de la presente ley, concluirán su período el 28 de febrero de 1995”.

La Ley 1031 de 2006 “Por la cual se modifica el período de los personeros municipales, distritales y el Distrito Capital” cambió el texto del artículo 170 de la Ley 136 de 1994:

“ART. 1º—El artículo 170 de la Ley 136 de 1994 quedará así:

ART. 170.—A partir de 2008 los concejos municipales o distritales según el caso, para períodos institucionales de cuatro (4) años, elegirán personeros municipales o distritales, dentro de los primeros diez (10) días del mes de enero del año siguiente a la elección del correspondiente concejo. Los personeros así elegidos, iniciarán su período el primero (1º) de marzo siguiente a su elección y lo concluirán el último día del mes de febrero. Podrán ser reelegidos, por una sola vez, para el período siguiente.

PAR. TRANS.—Los personeros municipales y distritales elegidos antes de la vigencia de la presente ley, concluirán su periodo el último día del mes de febrero de 2008” (resaltado fuera de texto).

Posteriormente, el artículo 35 de la Ley 1551 de 2012 modificó nuevamente el artículo 170 de la Ley 136 de 1994, en los siguientes términos:

“ART. 35.—El artículo 170 de la Ley 136 de 1994 quedará así:

ART. 170.—Elección. Los concejos municipales o distritales según el caso, elegirán personeros para periodos institucionales de cuatro (4) años, dentro de los diez (10) primeros días del mes de enero del año en que inicia su periodo constitucional, previo concurso público de méritos que realizará la Procuraduría General de la Nación, de conformidad con la ley vigente. Los personeros así elegidos, iniciarán su periodo el primero de marzo siguiente a su elección y lo concluirán el último día del mes de febrero del cuarto año (aparte tachado inexequible sent. C-105-13)

Corresponde a la Procuraduría General de la Nación comunicar a los concejos municipales y distritales los resultados del concurso público de méritos, indicando los respectivos puntajes en estricto orden numérico, hasta agotar la lista de elegibles que tendrá vigencia por el periodo institucional (inexequible sent. C-105-13)

Para ser elegido personero municipal se requiere: en los municipios de categorías especial, primera y segunda títulos de abogado y de postgrado. En los municipios de tercera, cuarta y quinta categorías, título de abogado. En las demás categorías podrán participar en el concurso egresados de facultades de derecho, sin embargo, en la calificación del concurso se dará prelación al título de abogado (aparte en letra itálica declarado exequible sent.C-100-13)

Si en un municipio no se presentan candidatos al concurso de méritos, o ninguno de ellos lo hubiere superado, el Procurador General de la Nación elaborará la lista con los candidatos de los municipios vecinos que figuren en la lista de elegibles de acuerdo al puntaje, siempre y cuando los municipios pertenezcan a la misma categoría. De esa lista, el concejo municipal o distrital respectivo elegirá personero. 

En caso de falta absoluta de personero municipal o distrital, el respectivo concejo designará como tal a la persona que siga en lista, y si no hubiere lista para hacerlo, designará un personero encargado, quien desempeñará el cargo hasta tanto la Procuraduría General de la Nación realice el concurso correspondiente (incs. 4º. y 5º inexequibles sent. C-105-13)

Para optar al título de abogado, los egresados de las facultades de derecho, podrán prestar el servicio de práctica jurídica (judicatura) en las personerías municipales o distritales, previa designación que deberá hacer el respectivo decano.

Igualmente, para optar al título profesional de carreras afines a la administración pública, se podrá realizar en las personerías municipales o distritales prácticas profesionales o laborales previa designación de su respectivo decano”.

Ahora bien, no escapa a la Sala que el artículo 172 de la Ley 136 de 1994 establece:

“ART. 172.—Falta absoluta del personero. En casos de falta absoluta, el concejo procederá en forma inmediata, a realizar una nueva elección, para el período restante. En ningún caso habrá reelección de los personeros (aparte tachado inexequible sent. C-267-95, aparte subrayado declarado exequible sent. C-114-98)

Las faltas temporales del personero serán suplidas por el funcionario de la personería que le siga en jerarquía siempre que reúna las mismas calidades del personero. En caso contrario, lo designará el concejo y si la corporación no estuviere reunida, lo designará el alcalde. En todo caso, deberán acreditar las calidades exigidas en la presente ley.

Compete a la mesa directiva del concejo lo relacionado con la aceptación de renuncias, concesión de licencias, vacaciones y permisos al personero”.

La disposición que de manera expresa prohibía la reelección fue declarada inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-267 de 1995, con fundamento en las siguientes consideraciones:

“La prohibición de la reelección se presenta como una técnica de control del poder que, excepcionalmente, la Constitución contempla respecto de ciertos cargos públicos ubicados en el vértice de algunos órganos de las ramas del poder público y que se explica, en cada caso, por las especiales funciones que se les adscribe y la trascendencia política o jurídica asociada a los mismos. Se advierte acerca de la excepcionalidad, pues, la regla general en una democracia participativa como es la Colombiana, postula la condición de ciudadano en ejercicio como requisito suficiente para intervenir en la conformación, desempeño y control del poder político y, en consecuencia, elegir y ser elegido (C.P., art. 40).

Si se hace por el momento abstracción de la competencia del legislador para extender a los personeros municipales y distritales una prohibición como la examinada, se observa que las razones que en las situaciones tratadas la sustentan, no son predicables de aquellos. La prohibición absoluta se ha dispuesto en la Constitución en vista de las funciones específicas de los cargos a los que ella se aplica y bajo la consideración de su precisa connotación institucional. Aparte de la misión común a todos los cargos públicos de velar por el interés general, la órbita de competencias de los personeros, bajo ninguno otro aspecto, resulta parangonable o asimilable a la que realizan los servidores públicos sujetos a la prohibición constitucional de la no reelección (…).

El Congreso no dispone de una facultad irrestricta e incondicionada para elevar a inhabilidad electoral cualquier hecho o condición al que estime conveniente dar ese tratamiento. Los derechos de participación política, configurados por la Carta, excepcionalmente pueden ser limitados y, a su turno, las restricciones válidamente introducidas por el legislador, esto es, teniendo competencia para el efecto, deberán interpretarse de manera que, en lo posible, se privilegie su ejercicio.

La tarea legislativa de fijación de inhabilidades, cuando la Constitución la autoriza, no puede violar los derechos de igualdad y de participación política y, por ende, pierde todo asidero si se traduce en preceptos excesivos, innecesarios e irrazonables.

6. Desde el punto de vista de la razonabilidad, en primer término, debe reiterarse que los motivos que justifican la prohibición constitucional de la reelección, no son predicables del personero dada la diversa naturaleza del cargo y de las funciones que se le asignan.

El legislador normalmente establece requisitos que deben cumplir los aspirantes a una posición pública y cuya exigencia se determina en función del mérito y de las calidades intelectuales de las personas. Si el candidato ha sido personero, esta circunstancia, aisladamente considerada, no puede repercutir en detrimento de sus aptitudes ni es capaz de anularlas. Por el contrario, la experiencia acumulada debería contar como factor positivo.

La prohibición de la no reelección no podrá fundarse en un criterio de moralidad. Si se impide la reelección, es simplemente por el hecho de que la persona alguna vez fue electa para el mismo cargo, no porque haya sido inmoral o se ponga en tela de juicio su honorabilidad o probidad.

Tampoco a la prohibición la anima el propósito de auspiciar la eficiencia o el buen servicio. La tacha al aspirante que ha ocupado el cargo, no trasciende a la concreta evaluación de su desempeño pasado.

El temor de que el candidato utilice en su favor los instrumentos de poder que, en razón de sus funciones, tenga a su disposición, justificaría plenamente la prohibición. Sin embargo, en este caso, no podría ser ella absoluta. En efecto, la prohibición no puede cobijar a las personas que en la actualidad no son titulares del cargo y que, sin haber incurrido en causal de mala conducta o infringido la ley penal o disciplinaria, hayan cesado en el ejercicio del mismo en un momento del pasado que no permita, respecto de la época en que se realicen las elecciones, presumir que todavía conservan capacidad real de influjo sobre las instancias del poder. Puede darse el caso, inclusive, de una persona elegida, que por grave enfermedad se haya visto en la necesidad de retirarse del cargo, sin haber tenido oportunidad de desempeñarlo materialmente. Es aventurado pensar que esta persona, por esa fortuita circunstancia, detenta poder para influir de manera determinante en su propia elección”.

El anterior panorama impone a la Sala el estudio de las inhabilidades que se atribuyen al demandado a la luz del precepto que expresamente dispone que la designación de los personeros deba realizarse por concurso de méritos y las consideraciones sobre la reelección.

5. Caso concreto.

5.1. A partir de la causal de nulidad endilgada al señor San Juan Pugliese y de conformidad con los argumentos propuestos en la apelación formulada por la parte demandante, la Sala deberá determinar si el personero 2016-2020 estaba inhabilitado por las causales establecidas en los numerales 2º y 5º del artículo 95 de la Ley 136 de 1994.

5.2. Como los reproches del demandante se fundamentan en que el señor San Juan Pugliese fue reelegido personero y que dicha circunstancia lo inhabilitaba de acuerdo con las causales referidas, la Sala deberá establecer si dicho supuesto fáctico está demostrado.

Al efecto, se tiene que en la fijación del litigio se hizo referencia a los argumentos del demandado en los siguientes términos:

“[…] la parte demandada plantea que en ningún momento incurrió en la causal de inhabilidad deprecada por el actor, toda vez que el personero que aspira y en efecto es reelegido, al no ejercer cargo público en la administración central o descentralizada del Distrito, no es el aplicable, o mejor “no se estructuran” las prohibiciones establecidas en los artículos 95 (modificado por L.617/2000, art. 37) y 174 de la Ley 136 de 1994”.

Lo anterior implica que la defensa del demandado no cuestionó el hecho de la reelección.

En todo caso, obra en el expediente copia autenticada del acta de posesión del señor Jaime Rafael San Juan Pugliese como personero de Barranquilla para el periodo 2012-2016(4).

Así las cosas, para la Sala no cabe duda que el demandado se desempeñó como personero de Barranquilla en el periodo 2012-2016 y fue nuevamente elegido para el periodo 2016-2020, tal como se desprende de la Resolución 10 de 8 de enero de 2016 “Por medio de la cual declara la elección del personero distrital de Barranquilla como resultado del concurso público abierto de méritos realizado para proveer este cargo para el periodo constitucional 2016-2020”, expedida por el Concejo Distrital de Barranquilla.

5.3. Los numerales 2º y 5º del artículo 95 de la Ley 136 de 1994 deben leerse en concordancia con lo dispuesto en el numeral a) del artículo 174 de la misma ley, que al regular las inhabilidades para ser personero remite a las de los alcaldes “en lo que le sea aplicable”. Dicha remisión fue declarada exequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-483 de 1998.

Al establecer que la remisión se hará “en lo que le sea aplicable”, la norma impuso un condicionamiento que implica que no es automática, ni se refiere a todas las causales.

Este aspecto resulta de vital importancia en el presente caso, pues si se tiene en cuenta que la elección de los personeros se efectúa por concurso de méritos, que implica la designación del mejor a partir de criterios objetivos, lo cierto es que implícitamente se avala que quien haya fungido como personero pueda participar en la contienda y si, resulta ser quien ocupe el primer puesto, será nuevamente designado para el ejercicio de dicho cargo.

En efecto, en la Sentencia C-105 de 2013, la Corte Constitucional avaló que el cargo de personero sea previsto mediante un concurso de méritos. Veamos:

Allí, al referirse al concurso como mecanismo de acceso a la función pública, incluso a los cargos que no son de carrera, sostuvo que “en la medida en que la Carta Política propende por un sistema meritocrático de vinculación de las personas al servicio público, el concurso debe ser el mecanismo regular de incorporación a los empleos y cargos del Estado. De esta directriz se han derivado dos consecuencias específicas: por un lado, el ingreso y el ascenso a los cargos de carrera debe ser el resultado de procedimientos de esta naturaleza; en estos casos, por tanto, el procedimiento es obligatorio. Por otro lado, con respecto a los servidores públicos que no son de carrera, aunque el concurso no constituye un imperativo, es constitucionalmente admisible, excepción hecha de quienes son elegidos a través del sufragio”

Para la Corte, “la Carta Política no solo avala este tipo de procedimiento para la elección de funcionarios de libre nombramiento y remoción y de los que se encuentran sometidos a un período fijo (como los personeros), sino que además, sus finalidades justifican su aplicación”.

Lo anterior porque: (i) “facilita y promueve la consecución de los fines estatales, en la medida en que su objeto es justamente la identificación de las personas que reúnen las condiciones para ejercer óptimamente el respectivo cargo, y que por tanto, pueden contribuir eficazmente a lograr los objetivos y metas de las entidades públicas”; (ii) “por tratarse de procedimientos abiertos, reglados y formalizados, en los que las decisiones están determinadas por criterios y pautas objetivas, garantizan los derechos fundamentales de acceso a la función pública, el debido proceso en sede administrativa, y al trabajo”; y (iii) “por excluir las determinaciones meramente discrecionales y ampararse en criterios imparciales relacionados exclusivamente con la idoneidad para ejercer los cargos en las entidades estatales, aseguran la transparencia en la actuación del Estado y el principio de igualdad”.

Al analizar de manera concreta, la provisión del cargo de personero por concurso de méritos, la Corte sostuvo:

“[…] la elección de funcionarios que no son de carrera, por parte de órganos a los que el derecho positivo les atribuye la correspondiente competencia, puede estar precedida de concurso público, incluso cuando el órgano es de representación popular. De este modo, la regla parte de los siguientes supuestos:

— En primer lugar, se trata de empleos que no son de carrera, o bien por ser de libre nombramiento y remoción, o bien por estar sometidos a un periodo fijo, como ocurre con los directores de las empresas sociales del Estado, con el personal de las misiones en el exterior y con los directores de los establecimientos públicos del orden nacional.

— Y segundo lugar, se trata de cargos cuya provisión corresponde, según el derecho positivo, a un órgano de representación popular, como el Presidente de la República, los gobernadores o los alcaldes.

Así pues, estos mismos elementos se encuentran comprendidos dentro de la hipótesis examinada en esta oportunidad, pues lo que está en cuestión es justamente la elección de los personeros municipales y distritales, que son funcionarios que no son de carrera, por parte de un órgano de representación popular, como los concejos”.

Conforme lo expuesto, considera la Sala que, si la elección se efectúa mediante un proceso meritocrático, no cabe duda que la norma no restringe la participación en condiciones de igualdad de quien es personero y pretende ocupar dicho cargo para el periodo siguiente.

En efecto, retomando las palabras de la Corte Constitucional, el temor de que el candidato-personero utilice en su favor los instrumentos de poder que, en razón de sus funciones, tenga a su disposición, como el ejercicio de autoridad o el haber intervenido como ordenador del gasto en la ejecución de recursos de inversión o celebración de contratos en el municipio, resulta infundado si se tiene cuenta que el acceso al cargo es ajeno a las influencias que en virtud de tales funciones pueda obtener ya que solo está condicionado al mérito.

En ese orden, el personero que aspira a ser reelegido puede participar en el concurso de méritos que debe adelantarse para proveer el cargo y por tanto, dicha circunstancia no lo inhabilita.

Que en el desempeño del cargo, el personero ejerza autoridad civil o administrativa, o intervenga como ordenador del gasto en la ejecución de recursos de inversión o celebración de contratos, que deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio, no implica una inhabilidad para ser reelegido puesto que dichas circunstancias no tienen incidencia en la selección que se hace con fundamento en el mérito, en los términos expuestos en la demanda.

Así, el ejercicio de autoridad o la celebración de contratos no pone al personero-concursante en una situación ventajosa respecto de sus competidores, toda vez que los criterios de escogencia deben ser objetivos de manera que se designe al mejor y no a quien, prevalido del ejercicio de sus funciones, pueda incidir o manipular al cuerpo elector.

Conforme lo expuesto, y en atención a que es posible que el personero participe en el concurso para la designación del titular de dicho cargo para el periodo siguiente, como ocurrió en el presente caso, las inhabilidades consagradas en los numerales 2º y 5º del artículo 95 de la Ley 136 de 1994, que son propias de los alcaldes, no son aplicables a los personeros a quienes, a diferencia de los mandatarios municipales, les está permitida la reelección inmediata.

5.4. En cuanto a la sentencia de 30 de noviembre de 2001 con ponencia de Reinaldo Chavarro Buriticá, expediente 25000-23-15-000-2001-0099-01 (2665) en la que se confirmó la decisión de declarar la nulidad de la elección del personero de Guasca, que según el actor fue ignorada por el a quo, la Sala pone de presente que consultada la página web del Consejo de Estado(5), se advierte que contra dicha decisión se interpuso el recurso extraordinario de súplica, el cual se declaró fundado por sentencia de agosto 2 de 2005 y se ordenó infirmar la sentencia, en consecuencia, se revocó la sentencia del Tribunal de Cundinamarca.

Por consiguiente, al haber quedado sin efectos jurídicos la sentencia cuyo análisis echa de menos el recurrente, la Sala se abstendrá de pronunciarse.

5.5. Afirmó el apelante que “la Ley 1551 de 2012, artículo 35, modifica entre otros, el artículo 170 de la Ley 136 de 1994 y el artículo 1º de la Ley 1031 de 2006, dejando indemne, vigente, no deroga las disposiciones del artículo 174 de la Ley 136 de 1994 y del artículo 37 de la Ley 617 de 2000, numerales 2º y 5º que se invocan en la presente demanda electoral que recogen las inhabilidades para ser elegido personeros y alcaldes”.

Al respecto, la Sala coincide con el demandante en que la Ley 1551 de 2012 no modificó las normas sobre inhabilidades para los personeros. Sin embargo, la configuración de la inhabilidad señalada en el literal a) del artículo 174 de la Ley 136 de 1994 —que remite a las inhabilidades de los alcaldes—, impone el deber de analizar si en efecto es posible la remisión, pues como se explicó, cuando la norma establece que se hará “en lo que le sea aplicable” implica que no es automática ni se refiere a todas las causales.

Por tanto, se debía estudiar, como lo hizo la Sala anteriormente, si las causales de inhabilidad de los alcaldes alegadas por el actor, son aplicables a los personeros, en los términos de la norma que habilita la remisión, a partir del marco normativo actual, en el cual resulta relevante que la elección es por concurso de méritos. La Sala concluyó que no y por ello confirmará la decisión de primera instancia.

5.6. De otra parte, la Sala considera pertinente efectuar la siguiente precisión:

En el concepto rendido por el agente del Ministerio Público se hizo mención a la Sentencia C-767 de 1998 y se afirmó que el criterio de dicho fallo fue acogido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta corporación y concluyó que “el campo de aplicación del numeral 2º del artículo 37 de la Ley 617 de 2000 se restringe únicamente para quienes aspiren a ser alcaldes municipales y este no puede ser aplicado a los personeros municipales, quienes sobre ese mismo asunto con (sic) un régimen legal propio contenido en el literal b) del artículo 174 de la Ley 136 de 1994”.

Pues bien, en la Sentencia C-767 de 1998 la Corte sostuvo, respecto a la aplicación de las causales de inhabilidad del alcalde municipal para ser elegido personero, que el artículo 174 de la Ley 136 de 1994 establece que no podrá ser personero quien esté incurso en las causales de inhabilidad establecidas para el alcalde municipal “en lo que le sea aplicable. Por tanto, “[l]a simple lectura de esta norma permite concluir que la disposición extiende a los personeros algunas de las inhabilidades de los alcaldes pero no todas, pues de ser así, la expresión “en lo que le sea aplicable” no tendría ningún efecto normativo”.

Dicho argumento refuerza la conclusión a la que arribó la Sección. Sin embargo, es fácil advertir que el artículo 95 que analizó la Corte en el año 1998 no había sido modificado por la Ley 617 de 2000 que consagraba que no podría ser elegido ni designado alcalde quien “Se haya desempeñado como empleado o trabajador oficial dentro de los tres (3) meses anteriores a la elección (…)”.

Dicha causal no fue replicada en la modificación introducida en el año 2000 y además, tampoco coincide con las causales alegadas por el actor (2 y 5), en consecuencia, la sentencia de constitucionalidad referida no aporta elementos precisos para resolver el presente caso.

6. Conclusión.

La sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda debe ser confirmada, toda vez que, no están acreditados los elementos que configuran la causal de nulidad endilgada.

7. Finalmente, la Sala reconocerá personería jurídica a los apoderados judiciales —principal y suplente— del demandado conforme al poder que se allegó al expediente.

III. La decisión

Con fundamento en lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFIRMAR la sentencia de 15 de junio de 2016 mediante la cual el Tribunal Administrativo del Atlántico negó las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. RECONOCER personería adjetiva a los abogados Fernando Alberto Rodríguez Castro, identificado con la cédula de ciudadanía 79.490.233 de Bogotá, portador de la tarjeta profesional 75.108 del Consejo Superior de la Judicatura; y Carlos Arturo Gómez Pavajeau, identificado con la cédula de ciudadanía 77.014.006 de Valledupar, portador de la tarjeta profesional 41.924 del Consejo Superior de la Judicatura para actuar como apoderados judicial principal y suplente del demandado respectivamente, en los términos del poder conferido que obra a folio 347 del expediente.

3. DEVOLVER al tribunal de origen para lo de su cargo.

Notifíquese y cúmplase».

2 Obra en el expediente copia de la Resolución 10 de 8 de enero de 2016 “Por medio de la cual declara la elección del personero distrital de Barranquilla como resultado del concurso público abierto de méritos realizado para proveer este cargo para el periodo constitucional 2016-2020”, expedida por el concejo distrital de Barranquilla.

3 En Sentencia C-483 de 1998 la Corte Constitucional declaró exequible el literal a) del artículo 174 de la Ley 136 de 1994.

4 Folios 191 a 206.

5 http://consejodeestado.gov.co/actuaciones.asp?mindice=20010099 consultada el 14 de septiembre de 2016 a las 4:10 pm.