Sentencia 2016-00052 de mayo 12 de 2016

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera Ponente:

María Claudia Rojas Lasso

Bogotá, D.C., doce (12) de mayo de dos mil dieciséis (2016).

Rad.: 08001-23-33-000-2016-00052-01

Ref.: Término para presentar reforma de demanda

Actora: Damaris María Martínez Silva

Demandado: Juzgado Octavo Administrativo de Barranquilla

EXTRACTOS: «IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

4.1. Competencia de la Sala.

Esta sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con el numeral 2º del artículo 1º del Decreto 1382 de 2000 (12 de julio), por el cual se dictan reglas para el conocimiento y reparto de la acción de tutela.

4.2. Generalidades de la tutela.

La acción de tutela ha sido instituida como un instrumento preferente y sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente señalados. Procede, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

En este caso se trata de una acción de tutela contra providencia judicial respecto de la cual esta sección venía siguiendo la línea de la Sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional. A través de la decisión de la Sala Plena del 31 de julio del 2012 en la cual la suscrita Magistrada Ponente salvó el voto, esta Sección decidió acogerse a la Sentencia C-590 del 2005 de la Corte Constitucional.

4.3. De la acción de tutela contra sentencias judiciales.

Si bien es cierto que la suscrita magistrada se apartó de la decisión mayoritaria adoptada por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo mediante sentencia del 31 de julio de 2012, por no compartir la tesis sobre la procedencia de la acción de tutela contra sentencias sino en los términos restrictivos y excepcionales de la Sentencia C-543 de 1992, sin embargo acata la decisión mayoritaria precisando, como lo consignó en el respectivo salvamento de voto, que se ceñirá a los precisos términos consagrados en la Sentencia C-590 del 2005 de la Corte Constitucional según los cuales, la acción de tutela contra sentencias exige la configuración de unos presupuestos generales y otros específicos.

Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, de conformidad con la citada Sentencia C-590 de 2005, son los siguientes:

“a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios —ordinarios y extraordinarios— de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C-591 de 2005, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

Además de estos requisitos generales, la misma sentencia consagra otros requisitos específicos, que son los siguientes:

“(...)

“a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución”.

A partir de la decisión mayoritaria de la Sala Plena, este despacho examinará rigurosamente la configuración de estos requisitos generales y específicos de procedibilidad de la tutela, manteniendo el carácter restringido y excepcional que la propia jurisprudencia de la Corte Constitucional le ha impreso a los casos en que esta se interponga contra sentencias judiciales.

4.4. Análisis del caso concreto.

En el caso que ocupa a la Sala, se evidencia que la actora denuncia la existencia de un defecto fáctico en los autos proferidos por el Juzgado Octavo Administrativo de Barranquilla, porque, a su juicio, interpretó en forma incorrecta los supuestos fácticos de su caso respecto del artículo 173 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y con fundamento en tal yerro decidió rechazar la reforma de la demanda interpuesta por la accionante, dentro del proceso de reparación directa 2015-00094.

La primera instancia, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico negó el amparo, al considerar que la actuación objeto de cuestionamiento no evidencia los yerros demandados. Para legar a tal conclusión el a quo no analizó los supuestos legales de la norma ni estudió si existió un yerro en la aplicación del artículo 73 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo por parte del juzgado accionado.

En ese orden de ideas, del caso bajo examen se desprende que la acción de tutela cumple con los requisitos generales que exige la Sentencia C-590 del 2005 para la procedencia contra providencia judicial, ya que; i) es evidente que la cuestión que se discute es de relevancia constitucional, por la presunta afectación de los derechos fundamentales al debido proceso por un yerro, que a juicio de la Sala no constituye el defecto fáctico sino el defecto sustancial por la indebida interpretación normativa del artículo 173 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; b) se cumplió con el requisito de inmediatez, teniendo en cuenta que la providencia que se ataca se profirió el 13 de noviembre de 2015 y la acción de tutela se interpuso el 19 de enero de 2015, esto es, con una diferencia de dos (2) meses y cinco (5) días, tiempo que se encuentra dentro de los parámetros que esta Corporación ha entendido como razonables; c) la actora agotó todos los medios ordinarios de defensa judicial y a la fecha no cuenta con otro mecanismo legal para dejar sin efectos la sentencia referida en los antecedentes y que convoca la tutela; d) no se trata de una irregularidad procesal determinante en la decisión, dado que la controversia versa sobre la indebida interpretación de las normas que regulan el término para reformar la demanda, en la justicia contenciosa administrativa; e) la actora identificó los hechos y los derechos que según alega le generan vulneración; y f) no se trata de una acción de tutela contra sentencia de tutela, sino contra la providencia proferida en segunda instancia dentro del proceso de reparación directa 2015-00094.

Habiendo analizado el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra sentencias, es entonces acertado llevar a cabo el estudio de fondo sobre la configuración de los defectos que se alegan.

4.5. Cuestión previa.

Haciendo un análisis riguroso de los supuestos fácticos del caso concreto respecto de los argumentos expuestos por la actora en la acción de tutela, a juicio de esta Sala, el planteamiento del yerro fáctico por el cual se presenta la acción constitucional es errado, dado que dentro del proceso no se controvierte el análisis que hiciere el funcionario demandado respecto de las pruebas que obran en el expediente, sino que por el contrario se reprocha el entendimiento que la autoridad judicial dio al artículo 173 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo acerca del momento procesal procedente para reformar la demanda y como aplicó tal interpretación al caso sub judice.

En ese orden de ideas y en aras de garantizar la protección real de los derechos fundamentales deprecados, la Sala se pronunciará acerca del fondo del asunto planteado analizando si, en efecto, existió por parte del Juzgado Octavo Administrativo de Barranquilla, un yerro interpretativo respecto de la norma enunciada.

4.6. Planteamiento del problema jurídico.

A la luz de los supuestos fácticos del caso, le corresponde a la Sala determinar si en efecto, el Juzgado Octavo Administrativo de Barranquilla, incurrió en defecto sustantivo por indebida interpretación del artículo 173 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, norma que regula el término para presentar la reforma de la demanda en la justicia contenciosa administrativa.

4.6.(sic) Del defecto sustantivo

Teniendo en cuenta que la acción de tutela alega una vulneración del derecho fundamental al debido proceso, por defecto sustantivo, por la indebida interpretación del artículo 173 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. La Sala considera necesario, a fin de contextualizar el asunto en litis y con el ánimo de poder determinar si las providencias atacadas incurrieron en vía de hecho, referirse brevemente a las formas de configuración del defecto aquí mencionado.

Sobre las formas de configuración del defecto sustantivo en las providencias judiciales, en diferentes pronunciamientos la Corte Constitucional se ha referido a ellas manifestando que se pueden presentar cuando la decisión judicial cuestionada:

(i) Se funda en una norma que no se encuentra vigente por haber sido derogada, o por haber sido declarada inconstitucional(3);

(ii) Desconoce, por interpretación o aplicación, las sentencias con efectos erga omnes que han definido el alcance de la norma(4);

(iii) Interpreta o aplica la norma sin tener en cuenta otras disposiciones aplicables al caso y que son necesarias para efectuar una interpretación sistemática(5);

(iv) Se abstuvo de aplicar la excepción de inconstitucionalidad, a pesar de que la norma es claramente inconstitucional para el caso concreto(6);

(v) La norma aplicable al caso concreto es desatendida y por ende inaplicada(7); o cuando

(vi) Se le reconocen a la norma en cuestión efectos distintos a los expresamente señalados por el legislador(8)”.

Al respecto de lo anterior, y dado que se denuncia la errada interpretación del artículo 173 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Sala considera de importancia citar el texto normativo, a fin de esclarecer cuál es la interpretación correcta de las regulaciones en cita y determinar si, efectivamente, del articulado se sustrae que la reforma de la demanda se debe presentar dentro de los 10 primeros días del traslado de la demanda, o por el contrario y como lo interpreta la actora dentro de los 10 primeros días después del vencimiento del traslado de la demanda. Del texto normativo se sustrae:

ART. 173.—Reforma de la demanda. El demandante podrá adicionar, aclarar o modificar la demanda, por una sola vez, conforme a las siguientes reglas:

1. La reforma podrá proponerse hasta el vencimiento de los diez (10) días siguientes al traslado de la demanda. De la admisión de la reforma se correrá traslado mediante notificación por estado y por la mitad del término inicial. Sin embargo, si se llama a nuevas personas al proceso, de la admisión de la demanda y de su reforma se les notificará personalmente y se les correrá traslado por el término inicial. (...).

De la lectura atenta de las normas en comento, la Sala puede concluir con claridad meridiana que las normas determinan que el término para presentar la reforma a la demanda debe calcularse a partir del momento en que se corre traslado de la demanda a la parte demandada para que se pronuncien sobre ella, es decir, que una vez se corre traslado de la demanda para ser contestada, corre paralelamente un término de diez (10) días para que el demandante reforme la demanda, por lo que la Sala considera que la interpretación realizada por el censor demandado respecto de la norma, es correcta y su actuación no adolece del defecto demandado.

Al respecto del tema en cuestión, es preciso poner de presente que la Sala ya se ha pronunciado al respecto y mediante auto del 17 de septiembre del 2013, con ponencia del Consejero Guillermo Vargas Ayala, aclaró con contundencia cual es el sentido del artículo 173 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, señalando que el término que para reformar la demanda se debe computar dentro de los 10 primeros días del traslado de la demanda a las partes para que se pronuncien sobre ésta. Por ser de la mayor relevancia la Sala se permite traer a colación la providencia en cita:

“En efecto el numeral 1º del artículo 173 de la Ley 1437 de 2011 dispone:

“ART. 173.—Reforma de la demanda. El demandante podrá adicionar, aclarar o modificar la demanda, por una sola vez, conforme a las siguientes reglas:

1. La reforma podrá proponerse hasta el vencimiento de los diez (10) días siguientes al traslado de la demanda. De la admisión de la reforma se correrá traslado mediante notificación por estado y por la mitad del término inicial. Sin embargo, si se llama a nuevas personas al proceso, de la admisión de la demanda y de su reforma se les notificará personalmente y se les correrá traslado por el término inicial.” (Negrilla fuera del texto).

De la norma transcrita se infiere que la única oportunidad para reformar la demanda es durante los primeros diez (10) días del término de traslado para contestarla(9). 

Pensar que la demanda puede ser reformada con posterioridad a la contestación iría contra el principio de “lealtad y buena fe”(10), toda vez que permitiría al demandante corregir las falencias del escrito de demanda después de haber conocido la contestación y, adicionalmente, vulneraría el derecho de defensa del demandado quebrantando el principio de igualdad sobre el cual se estructura el proceso contencioso administrativo.

En ese sentido la doctrina ha entendido que “(d) entro de los diez (10) días siguientes al inicio del término para el traslado, el demandante podrá adicionar, aclarar o modificar la demanda, por una sola vez, bajo el cumplimiento de las condiciones establecidas en el artículo 173 del nuevo código.(11)(12)

Sobre este asunto, la Sala se pronunció en reciente oportunidad y a través de providencia de 6 de marzo de 2014 con ponencia de la consejera María Elizabeth García González, se reiteró que el término para reformar la demanda se surte dentro de los diez (10) primeros días del traslado de la demanda. Por ser de la mayor relevancia para la resolución del caso bajo examen la Sala se permite citar la mencionada providencia:

“El artículo 173 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en su numeral 1º, prevé:

El demandante podrá adicionar, aclarar, o modificar la demanda, por una sola vez, conforme a las siguientes reglas:

1. La reforma podrá proponerse hasta el vencimiento de los diez (10) días siguientes al traslado de la demanda. De la admisión de la reforma se correrá traslado mediante notificación por estado y por la mitad del término inicial. Sin embargo, si se llama a nuevas personas al proceso, de la admisión de la demanda y de su reforma se les notificará personalmente y se les correrá traslado por el término inicial. ...”. (Negrilla fuera de texto)

Conforme a la disposición transcrita, la parte demandante podrá, dentro de los primeros diez días del traslado de la demanda, por una sola vez, adicionarla, aclararla o reformarla.

En el caso bajo examen, de la constancia secretarial visible a folio 79 vuelto, se tiene que el término de traslado de la demanda corrió del 19 de diciembre de 2013 hasta el 20 de febrero de 2014(13).

Siendo ello así, los diez días siguientes al traslado de la demanda, transcurrieron del 19 de diciembre de 2013 al 23 de enero de 2014, día este último con el que contaba la actora para presentar de manera oportuna la reforma de la demanda.

Como quiera que la apoderada de la actora radicó el memorial contentivo de la reforma de la demanda el 4 de marzo de 2014, conforme consta a folio 103 del expediente, la misma resulta extemporánea, razón por la que se rechazará”.(14)

Por tal razón, la interpretación llevada a cabo por el Juzgado Octavo Administrativo de Barranquilla es acorde con lo que dispone la norma bajo examen, y por ello, la decisión de rechazar la reforma de la demanda se ciñe estrictamente a la legalidad y corresponde a los supuestos fácticos del caso concreto; por esta razón, denunciar la vulneración del derecho fundamental al debido proceso por yerro sustantivo, es infundado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE la sentencia dictada el 5 de febrero de 2016 por el Tribunal Administrativo del Atlántico, por las razones expuestas en la parte motiva

2. NOTIFÍQUESE del presente fallo a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Cópiese y cúmplase.

La anterior sentencia fue discutida y aprobada por la Sala en la sesión celebrada en la fecha.

Consejeros: Roberto Augusto Serrato Valdés, Presidente—María Elizabeth García González—María Claudia Rojas Lasso—Guillermo Vargas Ayala».

3 Sentencia T-1022 de 2010.

4 Sentencia T-272 de 2005.

5 Sentencia T-807 de 2004.

6 Sentencia T-551 de 2010.

7 Sentencia T-743 de 2008.

8 Sentencia T-212 de 2002.

9 Establecido en el artículo 172 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

10 Numeral 1º del artículo 71 del Código de Procedimiento Civil.

11 OSTAU DE LAFONT PIANETA, Rafael Enrique. Oralidad y proceso. En: Seminario Internacional de Presentación del Nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, pág. 314.

12 Consejo de Estado, Sección Primera, 17 de septiembre de 2013, Rad. 11001 03 24 000 2013 00121 00, Actor: RIB LOC AUSTRALIA PTY LTD, Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio.

13 Teniendo en cuenta que el término establecido en el artículo 199 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo venció el 18 de diciembre de 2013.

14 Consejo de Estado, Sección Primera, 6 de marzo de 2014, Ref.: Exp. 2013-00078-00. Actora: HELSINN HEALTHCARE S.A.