SENTENCIA 2016-00066/13095-31 DE MAYO 10 DE 2017

 

Sentencia 2016-00066/13095-31 de mayo 10 de 2017

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Bogotá, D.C., diez de mayo de dos mil diecisiete.

Magistrada Ponente:

Dra. JULIA EMMA GARZÓN DE GÓMEZ

Rad. 500011102000201600066 01 (13095-31)

Aprobado según Acta de Sala Nº 38

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Competencia.

Conforme a las atribuciones conferidas en los artículos 256 numeral 3º de la Constitución Política; 112 numeral 4º y parágrafo 1º de la Ley 270 de 1996, esta Sala Jurisdiccional Disciplinaria es competente para conocer y resolver en grado jurisdiccional de consulta las decisiones proferidas en primera instancia por las Salas homólogas de los consejos seccionales cuando fueren desfavorables a los procesados y éstas no hayan sido apeladas.

Y si bien, en razón a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 02 de 2015, se adoptó una reforma a la Rama Judicial, denominada “equilibrio de poderes”, en lo atinente al Consejo Superior de la Judicatura, literalmente en el parágrafo transitorio primero del artículo 19 de la referida reforma constitucional, enunció: “(…) Los actuales magistrados de las Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”.

En el mismo sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional en Auto 278 del 9 de julio y 372 del 26 de agosto de 2015, al pronunciarse respecto a la competencia para conocer conflictos de jurisdicciones, decantó el alcance e interpretación de la entrada en vigencia del referido Acto Legislativo 02 de 2015, concluyendo que en relación a las funciones que se encontraban a cargo de esta Sala, las modificaciones introducidas quedaron distribuidas de la siguiente manera: “(i) la relacionada con el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, pasó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, órganos creados en dicha reforma (art. 19), y (ii) la relacionada con dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones, fue asignada a la Corte Constitucional (art. 14). En cuanto hace al conocimiento de las acciones de tutela, como ya se mencionó, el parágrafo del artículo 19 dispuso expresamente que “la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las 5 Comisiones Seccionales de Disciplina Judiciales no serán competentes para conocer de acciones de tutela”.

Reiteró la Corte Constitucional que en relación a las funciones jurisdiccionales del Consejo Superior de la Judicatura, lo decidido en el Acto Legislativo 02 de 2015, así: “los actuales magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, en consecuencia, conforme las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 002 de 2015, estimó la Guardiana de la Constitución que hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones, lo cual significa que actualmente está Colegiatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no sólo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela.

2. De la Identidad del disciplinado.

Se trata de Ricardo Enrique Bahamón Serrano, la unidad de registro nacional de abogados y auxiliares de la justicia allegó el certificado Nº 225546, expedido el 20 de junio de 2016, mediante el cual acreditó la condición de abogado del investigado, quien se identifica con la cédula de ciudadanía Nº 17345101 y T. P. 94753; la secretaría judicial de esta corporación expidió certificado de antecedentes disciplinarios donde consta que el encartado no registra sanciones (fls. 9 al 13 al 20 c. o.).

3. Requisitos para sancionar.

Al tenor de lo previsto en el artículo 97 de la Ley 1123 de 2007, para proferir fallo sancionatorio se requiere de prueba que conduzca a la certeza de la existencia de la falta atribuida y de la responsabilidad del disciplinable.

4. De las faltas endilgadas.

El cargo por el que se condenó al jurista Ricardo Enrique Bahamón Serrano, en el fallo consultado es el descrito en el numeral 2 del artículo 30 de la ley 1123 de 2007, el cual dispone:

“ART. 30.—Constituyen faltas contra la dignidad de la profesión:

(…)

2. Encontrarse en estado de embriaguez o bajo el efecto de sustancias estupefacientes o de aquellas que produzcan dependencia, alteren la conciencia y la voluntad al momento de realizar las actuaciones judiciales o administrativas en calidad de abogado o en el ejercicio de la profesión.

(…)

5. De la tipicidad.

La tipicidad de la conducta representa un corolario del principio de legalidad, aplicable a las distintas modalidades del derecho sancionador del Estado, estableciendo la necesidad de fijar de antemano y de forma clara y expresa, las conductas susceptibles de reproche judicial y las consecuencias negativas que generan, con el fin de reducir la discrecionalidad de las autoridades públicas al momento de ejercer sus facultades punitivas.

En la Sentencia C-030 de 2012 la Corte Constitucional recordó que la tipicidad en el derecho disciplinario hace parte de las garantías propias del derecho fundamental al debido proceso, y abarca tanto la descripción de los elementos objetivos de la falta, como la precisión de la modalidad subjetiva en la cual se verifica, su entidad o gravedad y la clase de sanción de la cual se hace acreedor el individuo responsable:

“[E]n el derecho disciplinario resulta exigible el principio de tipicidad, el cual hace parte igualmente de la garantía del debido proceso disciplinario. De acuerdo con este principio, ‘la norma creadora de las infracciones y de las sanciones, debe describir clara, expresa e inequívocamente las conductas que pueden ser sancionadas y el contenido material de las infracciones, así como la correlación entre unas y otras(2)’.

(…) De otra parte, la jurisprudencia de esta Corte ha sostenido que el principio de tipicidad se compone de dos aspectos, (i) que exista una ley previa que determine la conducta objeto de sanción’ y (ii) ‘la precisión que se emplee en ésta para determinar la conducta o hecho objeto de reproche y la sanción que ha de imponerse(3)’.Este último aspecto, se encuentra orientado a reducir al máximo la facultad discrecional de la administración en el ejercicio del poder sancionatorio que le es propio(4).

De conformidad con la doctrina y la jurisprudencia constitucional, el concepto de precisión mencionado, ligado analíticamente al principio de tipicidad, implica que son varios los aspectos normativos que debe regular de manera clara y expresa la norma sancionatoria: (i) el grado de culpabilidad del agente (si actuó con dolo o culpa); (ii) la gravedad o levedad de su conducta (si por su naturaleza debe ser calificada como leve, grave o gravísima); y (iii) la graduación de la respectiva sanción (mínima, media o máxima según la intensidad del comportamiento) (…)(5).

Con todo, el mismo alto tribunal advierte que en materia disciplinaria la tipicidad de la conducta admite un grado mayor de flexibilidad por su ámbito de aplicación, la teleología de la sanción y la amplitud de las funciones o los deberes asignados a sus destinatarios:

“[S]i bien el principio de tipicidad es plenamente exigible en el derecho disciplinario, éste se aplica con una mayor flexibilidad y menor rigurosidad en este ámbito. Lo anterior, por cuanto ‘la naturaleza de las conductas reprimidas, los bienes jurídicos involucrados, la teleología de las facultades sancionatorias, los sujetos disciplinables y los efectos jurídicos que se producen frente a la comunidad, hacen que la tipicidad en materia disciplinaria admita —en principio— cierta flexibilidad(6)’.

(…)

En consecuencia, la jurisprudencia constitucional ha encontrado que las principales diferencias existentes entre la tipicidad en el derecho penal y en el derecho disciplinario se refieren a (i) la precisión con la cual deben estar definidas las conductas en las normas disciplinarias, y (ii) la amplitud de que goza el fallador disciplinario para adelantar el proceso de adecuación típica de las conductas disciplinarias en los procedimientos sancionatorios(7)”.

Como primera medida, encuentra esta colegiatura que el encartado falto al deber de conservar y defender la dignidad y el decoro de la profesión y fue llamado a responder en juicio disciplinario por la incursión en la falta consagrada en el numeral 2 artículo 30 de la Ley 1123 de 2007.

Ahora bien, esta superioridad encuentra que no existe duda sobre los hechos relatados por la denunciante, ya que por medio del audio de la audiencia de formulación de acusación de fecha de 27 de enero de 2016 en contra del señor Harold Rodríguez se comprueba que el disciplinado en su condición de apoderado de confianza del sindicado, se presentó en estado de embriaguez, y también confirmó su actuar con la confesión que hizo en la audiencia de pruebas y calificación en el proceso disciplinario en su contra, manifestando que efectivamente había ingerido alcohol y no se acordaba lo que había sucedido ese día.

En consecuencia esta Sala evidencia que se presentó un incumplimiento al deber de actuar con rectitud y respeto hacia la profesión; ya que estar en ese estado de alicoramiento nubla el racionamiento del togado actuando de manera incorrecta sino también constituyó un irrespeto para el juez del juzgado cuarto penal municipal con funciones de conocimiento en el proceso con radicado 2014-00312 adelantada contra el señor Harold Giovanny Rodríguez Muñoz, por el delito de perturbación a la posesión y las partes. Adicional a esto creó una imagen errónea de las personas que trabajan en el campo legal ya que fue en pleno ejercicio de sus funciones como apoderado de confianza y en presencia de personas que no ejercen el oficio, lo cual se crea un concepto inadecuado de los abogados, es por esto que el estatuto de la profesión le es importante advertir a las personas que se dedican a defender las leyes que la actividad jurídica debe prestarse con rectitud moral siendo integro en el actuar y en el pensar.

De lo referido en precedencia evidencia la Sala que la sanción impuesta por la Primera Instancia al disciplinable es la más adecuada a los hechos, como se mencionó, el investigado aceptó la falta cometida antes de la formulación de cargos, beneficiándose de una reducción de la sanción así como se vería en el ámbito penal, esto por analogía permitida por el artículo 16 del estatuto del abogado en concordancia con el parágrafo del artículo 105 el cual reza.

“[...]

“PAR.—El disciplinante podrá confesar la comisión de la falta caso en el cual se procederá a dictar sentencia. En estos eventos la sanción se determinará de acuerdo a lo establecido en el artículo 45 de este código.

[...]”.

Así pues, resulta evidente la materialización de la falta endilgada, en el numeral 2 artículo 30 de la Ley 1123 de 2007, al doctor Ricardo Enrique Bahamón Serrano, enmarcada a título de culpa (fls. 1-412 c. 1).

6. Antijuridicidad.

Preceptúa la Ley 1123 de 2007 en su el artículo 4º, que el profesional del derecho incurre en falta antijurídica cuando con su conducta afecte, sin justificación, alguno de los deberes allí consagrados.

Verificada como está desde el punto de vista objetivo la infracción al deber profesional del investigado, compete a la Sala determinar si del caudal probatorio analizado en precedencia surge causal alguna que justifique su conducta, o si por el contrario, en ausencia de esta, el desconocimiento por parte del inculpado de las normas que regulan la profesión de abogado en el sub lite, impone determinar que se encuentra agotado el presente elemento en la estructura de la sanción disciplinaria.

Analizado este elemento, el cual compone el juicio de responsabilidad disciplinaria, se colige en este caso la inexistencia de causal de justificación, que permita relevar de las obligaciones y deberes consagrados en el estatuto del ejercicio de la abogacía al litigante Ricardo Enrique Bahamón Serrano, en tanto, la queja, los hechos y la versión libre del disciplinado celebrada el 26 de julio de 2016 donde pidió disculpas a la quejosa y confesó su falta, demuestran el incumplimiento de sus deberes profesionales, sin que repose en su favor causal alguna de eximente de responsabilidad (fls. 22-23 c. o.).

Ahora bien, el profesional del derecho faltó a sus deberes profesionales por el único hecho que se le endilgó cargos, por cuanto se presentó en estado de alicoramiento a la audiencia de imputación de cargos realizada el 27 de enero de 2016 por el juzgado cuarto penal municipal con funciones de conocimiento con el Nº 2014-00312 adelantada contra Harold Giovanny Rodríguez Muñoz, por el delito de perturbación a la posesión (fls. 22-23 c. o.).

De otra parte, se tiene en el plenario que el doctor Ricardo Enrique Bahamón Serrano, escuchado en versión libre pide disculpas a la quejosa y confiesa que efectivamente el día de la mencionada diligencia se encontraba embriagado; para Sala este es un acto bochornoso y atenta contra el buen nombre de la profesión, pues constituye irrespeto para el juez y las partes (fls. 22-23 c. o.).

Así las cosas, queda demostrado el injustificado incumplimiento por parte del doctor Ricardo Enrique Bahamón Serrano de los deberes consagrados en el código disciplinario del abogado, pues como a bien tuvo señalarlo el a quo se evidenció que con su actuar faltó a sus deberes profesionales sin que se lograra demostrar alguna situación justificante de su conducta, lo cierto es que obran en el plenario la confesión por parte del disciplinado donde aceptó que efectivamente el día de la mencionada diligencia se encontraba embriagado.

Dicho lo anterior, la Sala considera que el encartado incumplió efectivamente sus deberes profesionales descritos en los numerales 2 del artículo 30 de la Ley 1123 de 2007.

7. Culpabilidad.

En el derecho disciplinario se encuentra proscrita cualquier forma de responsabilidad objetiva. Ello implica que la imposición de una sanción de esta naturaleza siempre supone la evidencia de un actuar culposo o doloso por parte del investigado.

Al respecto, la Corte Constitucional en la Sentencia C-181 de 2002 indicó que en materia disciplinaria la modalidad subjetiva con la cual se comete conducta dependerá de la naturaleza misma de la acción castigada, lo cual supone que, en principio, no todas las infracciones admiten su ejecución en las modalidades de dolo o culpa:

“[E]n materia penal, al igual que en el campo del derecho disciplinario, la sanción imponible por la comisión de una conducta reprochable sólo tiene lugar en presencia de acciones dolosas o culposas.

Ciertamente, la proscripción de la responsabilidad objetiva que acoge el régimen jurídico colombiano impone la restricción de sancionar la conducta por el sólo hecho de la ocurrencia del resultado y exige, en cambio, verificar la finalidad dolosa o culposa en la ejecución de la acción que se investiga.

Ahora bien, la circunstancia de que las conductas que vulneran el régimen jurídico merezcan sanción sólo cuando se realizan de manera culposa o dolosa no significa que todas las infracciones admitan ser ejecutadas en ambas modalidades de conducta. La determinación de si un comportamiento puede ser ejecutado a título de dolo o culpa depende de la naturaleza misma del comportamiento.

En otros términos, el dolo o la culpa son elementos constitutivos de la acción, son sus elementos subjetivos estructurales. De allí que sea la propia ontología de la falta la que determina si la acción puede ser cometida a título de dolo o de culpa o, lo que es lo mismo, que la estructura de la conducta sancionada defina las modalidades de la acción que son admisibles” (énfasis agregado por la Sala).

En este caso, la falta a la debida diligencia profesional es un comportamiento por naturaleza culposo, por cuanto se omite el deber de cuidado inherente a los profesionales del derecho cuando asumen un compromiso profesional.

Además, esta colegiatura ha sostenido que el tipo disciplinario endilgado al profesional del derecho al encontrarse en estado de embriaguez o bajo el efecto de sustancias estupefacientes o de aquellas que produzcan dependencia, alteren la conciencia y la voluntad al momento de realizar las actuaciones judiciales o administrativas en calidad de abogado o en el ejercicio de la profesión, situación materializada en el presente asunto, debido a que el abogado aceptó haberse tomado unas cervezas antes de la prenombrada audiencia de formulación de cargos, proceder antiético que es endilgable a título de culpa, porque esa falta de respeto, cuidado con la administración de justicia, al decoro y dignidad de la profesión de la abogacía, cuando debe ser que por la actividad desempeñada por el abogado que lo vincula estrechamente con la administración de justicia y pública, con la colectividad, compuesta con potenciales usuarios de sus servicios profesionales o contrapartes, exige naturalmente de una buena preparación y permanente capacitación jurídica, obrar con diligencia en guarda de los intereses que se le han confiado y un comportamiento digno, decoroso y pulcro, por cuanto exige un actuar positivo del litigante.

Tanto en las tareas, oficios, actividades profesionales, industriales, y en general en todo comportamiento humano se deben observar diligentemente las reglas, deberes y comportamientos, a fin de no generar infracciones, faltas o delitos que alteren el normal desarrollo de la convivencia en sociedad; es por esto, que en cualquier actividad profesional u oficio se debe actuar con un deber objetivo de cuidado; luego, la violación o inadvertencia de las reglas que regulan la profesión de abogado generan un comportamiento profesional que puede conducir a la producción de un resultado típico, desde el punto de vista, para nuestro caso, de la comisión de una falta disciplinaria.

En el asunto en comento, es evidente para esta corporación que dada la condición de abogado del investigado, era plenamente conocedor de que debía guardar un comportamiento digno, decoroso y pulcro, pero no lo hizo, cometiendo la falta la contra la dignidad de la profesión, prevista en el numeral 2º del artículo 30 de la Ley 1123 de 2007, siendo este un comportamiento por naturaleza culposo, pudiendo obrar de otro modo y siendo capaz de comprender el hecho actuó de forma indiligente y descuidada, como ya se encuentra probado con la queja y con la confesión del disciplinado con su versión libre más la aceptación de los cargos, sin que por el contrario se configurara ninguna circunstancia de eximente de responsabilidad en su favor por lo cual fue llamado a este juicio, con lo cual incumplió con los deberes profesionales, que se le imponen, siendo merecedor de la sanción impuesta por el seccional de instancia. (CD 1 audiencia del 26 de julio de 2016).

6. Dosimetría de la sanción a imponer.

Al tenor de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 1123 de 2007, para la graduación de la sanción debe tenerse en cuenta los límites y parámetros allí señalados, los cuales deben consultar los principios de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad.

Sobre este último, la Corte Constitucional señaló en la Sentencia C-591 de 1993 que alude al propósito de coherencia entre la conducta realizada y la intensidad del castigo atribuido, tomando en consideración el grado de culpabilidad del autor y los daños ocasionados con su obrar.

Al respecto, manifestó lo siguiente el alto tribunal:

“La relación que debe existir entre la falta cometida y la sanción a imponer es una cuestión que debe resolver en cada caso el juzgador. En esa tarea resulta obligado aplicar la pena consagrada en la ley de acuerdo con el grado de culpabilidad del sujeto. El juicio de proporcionalidad —que debe ceñirse estrictamente a lo establecido en la ley (C.P., art. 230)— es necesariamente individual. A la luz de sus criterios podrá estimarse si el castigo impuesto guarda simetría con el comportamiento y la culpabilidad del sujeto al cual se imputa”.

Así las cosas, para la falta endilgada al inculpado, está consagrada el artículo 40 del Código Disciplinario del Abogado cuatro tipos de sanción, siendo la más leve la censura, de menor gravedad la suspensión y la máxima aplicable la de exclusión, las cuales podrán imponerse de manera autónoma o concurrente con la multa.

Ahora, teniendo en cuenta la modalidad y gravedad de la conducta disciplinariamente reprochable cometida por el abogado Ricardo Enrique Bahamón Serrano, quien a pesar de no reportar antecedentes disciplinarios, se le exigía actuar con absoluta rectitud y respeto hacia la profesión de la abogacía, comportamiento que no manifestó, la sanción se censura impuesta en la sentencia materia de consulta, cumple con los criterios legales y constitucionales exigidos para tal efecto, ya que la falta fue cometida a título de culpa.

Asimismo, se cumple también con el principio de razonabilidad entendido como la idoneidad o adecuación al fin de la pena, justifica la sanción disciplinaria impuesta al abogado Ricardo Enrique Bahamón Serrano, pues acorde con lo expresado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-530 del 11 de noviembre de 1993:

“(…) La razonabilidad hace relación a que un juicio, raciocinio o idea esté conforme con la prudencia, la justicia o la equidad que rigen para el caso concreto. Es decir, cuando se justifica una acción o expresión de una idea, juicio o raciocinio por su conveniencia o necesidad”.

Por lo anterior, la Sala CONFIRMARÁ la sentencia consultada proferida 8 de agosto de 2016 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Meta, a través de la cual sancionó con CENSURA, al abogado Ricardo Enrique Bahamón Serrano tras hallarlo responsable de la comisión de la falta disciplinaria consagrada en el numeral 2 del artículo 30 de la Ley 1123 de 2007 a título de culpa.

Por lo anteriormente expuesto el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Disciplinaria, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la sentencia consultada proferida el 8 de agosto de 2016, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Meta, a través de la cual sancionó al abogado Ricardo Enrique Bahamón Serrano con CENSURA, tras hallarlo responsable de la comisión de la falta disciplinaria consagrada en el numeral 2 del artículo 30 de la Ley 1123 de 2007 a título de culpa.

2. ANÓTESE la sanción en el registro nacional de abogados, fecha a partir de la cual empezará a regir la misma, para cuyo efecto se le comunicará a la oficina encargada del registro, lo aquí resuelto, remitiendo copia de esta providencia con constancia de su ejecutoria.

3. DEVUÉLVASE la actuación al Consejo Seccional de origen, para que en primer lugar, notifique a los intervinientes de la presente decisión, en los términos previstos en los artículos 70 y siguientes de la Ley 1123 de 2007, así mismo el Magistrado Sustanciador tendrá facultades para comisionar cuando así lo requiera para dar cumplimiento a la presente decisión; y en segundo orden, cumpla con lo dispuesto por la Sala y demás fines pertinentes.

Notifíquese y cúmplase».

(2) Ibídem.

(3) Sentencia C-564 de 2000, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.

(4) Ver Sentencia C-564 de 2000, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.

(5) Ver Sentencia C-796 de 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

(6) Sentencia C-404 de 2001, reiterado en Sentencia C-818 de 2005.

(7) Ver Sentencias C-404 de 2001 y T-1093 de 2004, entre otras.