Sentencia 2016-00070 de enero 16 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Rad.: 11001-03-28-000-2016-00070-00

Consejero Ponente:

Dr. Alberto Yepes Barreiro

Actor: Shirley Pimienta Martínez

Asunto: Recurso extraordinario de revisión

Bogotá, D.C., dieciséis de enero de dos mil diecisiete

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. Competencia.

Es competente la Sección Quinta del Consejo de Estado para tramitar y decidir el presente recurso extraordinario de revisión, en los términos del segundo inciso del artículo 249 del CPACA y del artículo 13 del Acuerdo 58 de 1999 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, por tratarse de un recurso dirigido contra una sentencia dictada por un Tribunal Administrativo, en el marco de un proceso de nulidad electoral.

2. Oportunidad.

El recurso extraordinario de revisión fue presentado dentro del plazo indicado en el artículo 251 del CPACA puesto que la sentencia recurrida es de 29 de julio de este año y el correspondiente escrito contentivo del recurso fue presentado el 6 de octubre de 2016 (fls. 1-23).

En este contexto, se atendió al plazo de un año establecido por el artículo 251 del CPACA.

3. Generalidades del recurso extraordinario de revisión(2) 

Este recurso, regulado en los artículos 248 y siguientes del CPACA, es un medio de impugnación excepcional que permite revisar determinadas sentencias de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo amparadas por la intangibilidad de la cosa juzgada e infirmarlas ante la demostración inequívoca de ser decisiones injustas por incurrir en alguna de las causales que taxativamente consagra la ley.

Las sentencias susceptibles del recurso son “(i) las dictadas por las Secciones y Subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado; (ii) las dictadas en única, primera o segunda instancia por los tribunales administrativos y (iii) las dictadas en primera o segunda instancia por los Jueces Administrativos, cuya naturaleza permita la interposición de tal recurso”(3).

Para su formulación deben atenderse los requisitos de las demandas ordinarias indicados en el artículo 252 del CPACA. Especialmente, el recurrente deberá señalar con precisión y justificar la causal o las causales del artículo 250 ibídem en que se funda el recurso y aportar las pruebas necesarias.

La técnica del recurso exige real correspondencia entre los argumentos en que se fundamenta y la causal invocada, de forma tal que prescinda de elucubraciones dirigidas a atacar las motivaciones jurídicas o los juicios de valor que soportaron la decisión adoptada en la sentencia recurrida ni mucho menos a corregir errores u omisiones de la propia parte, cual si se tratara de una nueva instancia.

En otras palabras, el recurso extraordinario de revisión no da cabida a cuestionamientos sobre el criterio con que el juez interpretó o aplicó la ley en la sentencia. Antes bien, es riguroso en cuanto a su procedencia, pues se restringe a las causales enlistadas en el mencionado artículo 250 del CPACA.

Por ello, en este escenario, la labor del juez no puede exceder la demarcación impuesta por el recurrente al explicar la causal de revisión de la sentencia, que deberá ser examinada dentro de un estricto y delimitado ámbito interpretativo.

4. La causal de revisión por nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso(4) 

Corresponde al numeral quinto del artículo 250 del CPACA:

“Son causales de revisión:

“5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación”.

Una de las causales de revisión que más discusiones ha generado en la jurisprudencia de lo contencioso administrativo(5) es la relativa a la nulidad originada en la sentencia, dado que en razón de su redacción, ha correspondido al juez del recurso de revisión establecer su alcance, por cuanto el legislador omitió determinar las circunstancias que podían generar la nulidad de la providencia, es decir, se trata de un texto en blanco.

En ese sentido, desde la idea de que este recurso no se puede emplear o utilizar para reabrir el debate que originó el respectivo proceso, la causal en estudio ha sido objeto de diversos pronunciamientos que buscan circunscribir su alcance para evitar, precisamente, que ella se emplee para que el juez de revisión se convierta en un juez de instancia.

En un fallo de revisión de la Sala Especial de Revisión 26(6), se indicó cómo, en la Sala Plena de lo Contencioso, se originaron tres corrientes o tendencias para entender este causal, según las cuales i) las razones de la nulidad de la sentencia las define el juez; ii) las causales de nulidad de la sentencia son las del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil —hoy en día 133 del Código General del Proceso— y iii) las causales de nulidad de la sentencia provienen de la combinación de los dos criterios anteriores.

La tendencia mayoritaria ha sido la de acoger aquellas causales del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, hoy 133 del Código General del Proceso, que por su contexto pueden originar la nulidad de la providencia, para no confundirlas con aquellas generadas en las instancias o etapas anteriores a esta, dado que el recurso de revisión solo se puede presentar cuando la nulidad se materialice en el fallo y no en una fase que lo anteceda.

Por ello, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo fue fijando las circunstancias que podían configurar la causal de revisión en estudio, para lo cual analizó cada una de las causales establecidas en el artículo 140 del C. de P. C., hoy 133 del Código General del Proceso, para indicar, entre otras cosas, lo siguiente:

“(…) la nulidad que tiene origen en la sentencia puede ocurrir, en conformidad con la disposición referida —se hace alusión al artículo 140 del C. de P.C.—, cuando se provee sobre aspectos para los que no tiene el juez jurisdicción o competencia (numerales 1º y 2º); cuando, sin ninguna otra actuación, se dicta nueva sentencia en proceso terminado normalmente por sentencia firme, o sin más actuación se dicta sentencia después de ejecutoriado el auto por el cual hubiera sido aceptado el desistimiento, aprobada la transacción o declarada la perención del proceso, porque así se revive un proceso legalmente concluido, o cuando se dicta sentencia como única actuación, sin el previo trámite correspondiente, porque así se pretermite íntegramente la instancia; o cuando se condena al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda o por causa diferente de la invocada en esta, o se condena a quien no ha sido parte en el proceso, porque con ello, en lo concerniente, también se pretermite íntegramente la instancia (numeral 3); o cuando, sin más actuación, se profiere sentencia después de ocurrida cualquiera de las causas legales de interrupción o de suspensión o, en estos casos, antes de la oportunidad debida (numeral 5), entre otros eventos”(7).

En un pronunciamiento posterior precisó:

“Las nulidades procesales no pueden confundirse con las que se originan en la sentencia, pues mientras las primeras se estructuran cuando quiera que se dan los motivos consagrados taxativamente en el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, partiendo del contenido de la misma disposición, las segundas deben interpretarse restrictivamente con unos determinados supuestos fácticos que esta corporación ha precisado y que conducen a determinar que la nulidad originada en la sentencia puede ocurrir:

a) cuando el Juez provee sobre asuntos respecto de los cuales carece de jurisdicción o competencia;

b) cuando, sin ninguna actuación, se dicta nuevo fallo en proceso que terminó normalmente por sentencia en firme;

c) cuando sin más actuación, se dicta sentencia después de ejecutoriado el auto por el cual se aceptó el desistimiento, aprobó la transacción, o, declaró la perención del proceso, pues ello equivale a revivir un proceso legalmente concluido;

d) cuando se dicta sentencia como única actuación, sin el trámite previo correspondiente, toda vez que ello implica la pretermisión íntegra de la instancia;

e) cuando el demandado es condenado por cantidad superior, o por objeto distinto del pretendido en la demanda, o por causa diferente de la invocada en esta,

f) cuando se condena a quien no ha sido parte en el proceso, porque con ello también se pretermite íntegramente la instancia;

g) cuando, sin más actuación, se profiere sentencia después de ocurrida cualquiera de las causas legales de interrupción o de suspensión o, en estos casos, antes de la oportunidad debida“[3].

Igualmente, junto a este criterio se ha aceptado, que pueden existir otros motivos no contemplados en los códigos procesales como causales de nulidad, pero que surgen de la vulneración del artículo 29 constitucional. Es decir, que la violación al debido proceso constitucional en la sentencia puede ser causal de revisión. En este último evento, corresponderá al juez determinar si el hecho que se dice contrario a este derecho, puede configurar la causal de revisión en comento.

Así lo entendió la Especial de Decisión 26, al indicar “(…) las causales de nulidad de la sentencia son las previstas en el estatuto procesal civil, en las condiciones que establece el artículo 142 del mismo y las que se originen en la sentencia por violación del debido proceso constitucional, contemplado en el artículo 29”(8).

En este caso, el juez no está creando una causal, pues se reconoce que la nulidad originada en el fallo, se deriva del desconocimiento de un mandato constitucional, en donde el operador judicial será el encargado de determinar si lo que se alega tiene la entidad suficiente para originar la nulidad de la sentencia de instancia, pues no toda irregularidad puede tener la potencialidad de afectar la inmutabilidad de la providencia que ha puesto fin al proceso.

Bajo las premisas indicadas se pasarán a analizar los argumentos del recurso en el presente asunto.

5. El caso concreto

Sea lo primero poner de presente que las consideraciones que a continuación efectuará la Sala, para la resolución del caso sometido a su estudio, no se harán desde la óptica del fallador de segunda instancia, sino desde la del juez de revisión, con el fin de identificar si existió en la sentencia recurrida una violación al debido proceso que amerite su infirmación a través de la configuración de la causal de nulidad originada en la sentencia.

Contra el fallo de 29 de julio de 2016, proferido por el Tribunal Administrativo del Magdalena, la señora Pimienta Martínez interpuso recurso extraordinario de revisión con fundamento en la causal 5ª del artículo 250 del CPACA.

La recurrente argumenta que la causal indicada se configura por las siguientes razones:

i) Operó la caducidad de la acción electoral si se tiene en cuenta que la comisión escrutadora departamental declaró en audiencia pública la elección de Shirley Patricia Pimienta Martínez como alcaldesa de Sabanas de San Ángel 2016-2019, mediante la Resolución 8 de 5 de noviembre de 2015 modificada por la Resolución 10 de 9 de noviembre de ese mismo año, las cuales fueron notificadas en estrados y contra ellas no se interpusieron recursos.

La comisión escrutadora departamental declaró en audiencia pública la elección del alcalde y concejales de Sabanas de San Ángel y notificó la decisión en dicha fecha, no como lo señala el tribunal en el fallo, que la declaración ocurrió el 22 de noviembre de 2015, fecha en que fue expedido el formulario E-26 ALC.

En su criterio, existió un error grave en la interpretación de las normas legales, esto es, las reglas propias del medio de control electoral, pues el tribunal llegó a conclusiones erradas al haber apoyado su decisión en una interpretación contraria a la ley respecto al acto administrativo demandado formulario E-26 ALC.

Además, se aportó copia del formulario E-26 ALC pero sin constancia de publicación, comunicación, notificación o ejecución, lo que obligaba a inadmitir la demanda para posteriormente rechazarla.

ii) No se advierte indicio alguno del que se infiera que se ejerció violencia sobre los electores o las autoridades electorales, razón por la que se debió concluir que no se demostró la violencia sobre las autoridades electorales del municipio, puesto que los disturbios se presentaron después de haber concluido el proceso de votación y cerrado el ingreso a los sufragantes.

Las actas fueron destruidas o incineradas después de conocidos los resultados de la alcaldía, toda vez que los formularios E-14 destruidos fueron firmados por los jurados de mesa.

A su juicio, el Tribunal Administrativo del Magdalena no acató las reglas propias del procedimiento contencioso administrativo, especialmente las del medio de control de nulidad electoral, omisión que vulnera el debido proceso, defensa y contradicción así como el derecho de acceso efectivo a la administración de justicia.

Pues bien, analizado el recurso, considera la Sala que en realidad no se materializa la causal de revisión invocada y que, por el contrario, la recurrente utiliza este medio de impugnación excepcional como si fuera una segunda instancia, lo cual no es adecuado, según se indicó en el acápite de generalidades.

A continuación se expondrán las razones por las cuales la Sala arriba a dicha conclusión frente a los fundamentos del recurso:

i) Caducidad de la acción electoral

En principio, este reproche no tiene origen la sentencia, puesto que el estudio de la caducidad puede llevarse a cabo al momento en que se decide sobre la admisión de la demanda (art. 169 CPACA); o en la audiencia inicial, en la cual el juez de oficio o a petición de parte decide sobre las excepciones previas y las mixtas (art. 180 num. 6 CPACA(9)).

Sin embargo, la excepción de caducidad propuesta por la señora Pimiento Martínez en el proceso de nulidad electoral, no fue resuelta en dichos escenarios.

En efecto, en el los autos de 1º y 10 de febrero de 2016 el magistrado ponente del tribunal resolvió inadmitir la demanda por cuanto no se aportó copia del acto acusado ni los traslados necesarios; y una vez subsanados admitió la demanda, respectivamente. En dichas providencias no se hizo ningún estudio sobre la caducidad de la demanda.

En el marco de la audiencia inicial, tampoco hubo pronunciamiento sobre la excepción propuesta puesto que, en la interpretación del magistrado conductor del proceso, no era posible resolverla en dicha audiencia de acuerdo con el artículo 283 del CPACA.

En ese orden, el pronunciamiento que efectuó el Tribunal Administrativo del Magdalena sobre la caducidad de la demanda electoral, se postergó hasta el fallo, pues, razón por la cual la Sala abordará su estudio.

Ahora bien, a juicio de la recurrente, existió un error grave en la interpretación de las normas legales, esto es, las reglas propias del medio de control electoral, particularmente aquella que regula la caducidad, circunstancia que enmarca en la violación al debido proceso (artículo 29 de la Constitución Política).

Frente al punto debe ponerse de presente que la inconformidad de la recurrente se concreta en que a su juicio, la elección se declaró mediante las resoluciones 8 de 5 noviembre y 10 de 9 de noviembre de 2015 y no, como lo entendió el tribunal, por el formulario E-26 ALC expedido el 22 de noviembre de ese mismo año.

Entiende entonces, que el tribunal interpretó erradamente las normas que regulan la caducidad de la acción electoral, esto es, el artículo 164 del CPACA, que dispone que el término es de 30 días.

Contrario a lo sostenido por el recurrente, es claro que el juez ordinario atendió las normas que regulan el proceso electoral y con fundamento en ellas concluyó que el acto electoral era el formulario E-26 ALC y no las resoluciones mencionadas.

En efecto, si se tiene en cuenta que según el artículo 277 del CPACA debe notificarse el auto que admita la demanda al elegido, es imperativo que exista certeza de la persona que ostenta esa calidad.

En el presente caso debe tenerse en cuenta que:

Por medio de la Resolución 8 de 5 de noviembre de 2015, la Comisión Escrutadora Departamental del Magdalena resolvió las apelaciones presentadas en el escrutinio departamental para las elecciones de autoridades locales realizadas el 25 de octubre de 2015, en el sentido de “Confirmar en todas sus partes la Resolución 5, del 2 de noviembre de 2015, expedida por la comisión escrutadora municipal de Sabanas de San Ángel - Magdalena” y “No acceder a ninguna de las solicitudes del recurrente”.

La Resolución 10 de 9 noviembre de 2015 de la misma comisión decidió: “Modificar el artículo primero de la Resolución 8 de 2015, en el sentido de indicar que fue la voluntad por parte de la comisión escrutadora departamental declarar la elección para el municipio de Sabanas de San Ángel – Magdalena, conforme a las consideraciones de la precitada Resolución y que por error involuntario de esta comisión no quedó plasmado en el acto administrativo que se está modificando, y por lo tanto se ratifica la declaratoria de elección para las corporaciones de consejo municipal y alcalde municipal”.

La Resolución 5 de 2 de noviembre de 2015 expedida por la comisión escrutadora municipal de Sabanas de San Ángel resolvió:

“Artículo 1º—RECHAZAR la reclamación presentada por el señor (a) Rodolfo de Jesus Quant Gonzalez conforme a la parte motiva de esta resolución.

Artículo 2º—Declarar que las solicitudes de declaratoria de saneamiento de nulidad electoral a través del mecanismo de la revisión electoral en los términos en que han sido solicitadas desbordan la competencia de esta comisión escrutadora, consecuentemente nos abstenemos de declarar elección; de conformidad con el artículo 171 del código nacional electoral, se ordena a la señora registradora municipal de sabanas de san angel magdalena (sic), poner a disposición de los delegados del registrador nacional en la delegación departamental el material recaudado en los comicios de Sananas de san angel (sic), magdalena (sic); se deja constancia que se agotó en esta instancia el requisito de procedibilidad.

Artículo 3º—Contra la presente decisión PROCEDE el recurso de apelación” (negrilla fuera del texto original).

Como puede observarse con facilidad, pese a que en la Resolución 10 de 2015 se indicó que se ratificaba la declaratoria de elección de las autoridades municipales de Sabanas de San Ángel, lo cierto es que la comisión municipal no declaró ninguna elección, es más, de manera expresa señaló que se abstenía de hacerlo.

De esta manera, con base en las resoluciones mencionadas no es posible establecer quiénes fueron elegidos como concejales y primer mandatario del mencionado municipio.

Es en el formulario E-26 ALC que se puede determinar que la señora Shirley Patricia Pimienta Martínez fue elegida como alcaldesa de Sabanas de San Ángel 2016-2019.

En ese orden, la interpretación del Tribunal respecto de cuál fue el acto electoral a partir del cual se debía efectuar el conteo del término de caducidad, resulta razonable toda vez que solo a partir del formulario E-26 ALC era posible determinar qué persona sería la demandada.

Ahora bien, frente al reproche de la recurrente según el cual se aportó copia del formulario E-26 ALC pero sin constancia de publicación, comunicación, notificación o ejecución, lo que obligaba a inadmitir la demanda para posteriormente rechazarla, la Sala considera que no es procedente dentro de este recurso extraordinario de revisión ya que de haberse materializado, deviene en una nulidad procesal anterior a la sentencia y no a una originada en esta.

De otra parte, la parte demandada en el proceso de nulidad electoral no expuso dicha circunstancia en el curso del proceso de manera que el recurso extraordinario no es el escenario para subsanar su propia incuria.

ii) Actos que debían demandarse

La recurrente también se refirió a la acción de tutela promovida por Jeide Milena Meza Molina contra el Consejo Nacional Electoral y la comisión escrutadora departamental del Magdalena, expediente 2013-01343, que cursó en primera instancia ante el Tribunal Superior de Santa Marta. Destacó que en la contestación, dicha comisión solicitó la improcedencia de tutela por cuanto la elección para la alcaldía de Sabanas de San Ángel se declaró tanto de manera verbal como escrita por medio de las resoluciones 8 y 10 de 2015.

Destacó que el tribunal superior, en la sentencia de tutela creó un precedente que no conocía sobre la aplicación del artículo 139 del CPACA, en el que “trata de justificar la demanda que originó la sentencia que estamos cuestionando, ya que no se presentó ninguna demanda contra los actos que resolvieron reclamaciones, que fueron numerosos. Otra irregularidad que agregamos a lo expuesto”.

Al respecto, la Sala estima que las irregularidades referidas a los actos que debían demandarse, de haberse presentado, no tuvieron origen en la sentencia sino que corresponderían a una etapa previa del proceso, razón por la cual no es procedente su estudio dentro de este recurso extraordinario de revisión.

iii) Violencia sobre los electores o las autoridades electorales

Según la recurrente no se demostró la configuración de la causal de nulidad alegada en la demanda de nulidad electoral establecida en el numeral 1º del artículo 275 del CPACA, puesto que los disturbios se presentaron después de haberse terminado los escrutinios por parte de los jurados de votación.

Al respecto, la Sala destaca que el estudio de estos argumentos se enmarca en la causal de nulidad originada en la sentencia con fundamento en la violación al debido proceso, esto es, el artículo 29 de la Constitución Política, en tanto se cuestiona la valoración de las pruebas que se efectuó en el fallo, razón por la cual, se abordará su estudio de fondo.

Desde esa perspectiva, es evidente que el Tribunal Administrativo del Magdalena efectuó un análisis detallado de las pruebas aportadas al proceso de nulidad electoral y con base en ellas concluyó no solo que existió violencia en la jornada electoral del 25 de octubre de 2015, sino su incidencia en el resultado de los comicios, tal como expuso de manera detallada en el acápite de antecedentes de esta providencia.

En cuanto a la afirmación de la recurrente según la cual la causal de nulidad señalada no existió puesto que la alteración del orden público ocurrió después de haber concluido el proceso de votación y cerrado el ingreso a los sufragantes, lo cierto es que dicha causal de nulidad no restringe su aplicación a dicho lapso, lo cual resulta razonable puesto que la finalización de los comicios no significa el cese de las actividades de las autoridades electorales y por ende, es perfectamente posible que la causal en comento se configure.

Así lo evidenció el Tribunal Administrativo del Magdalena que luego de valorar las pruebas allegadas al proceso de nulidad electoral, determinó que hubo violencia en la cabecera municipal de Sabanas de San Ángel, concretamente en las 13 mesas ubicadas en la zona 00 puesto 00, institución educativa departamental Manuel Salvador Meza Camargo, que es el único puesto de votación en dicha zona y, que dicha situación tuvo incidencia en los resultados de la elección del primer mandatario local, lo que imponía su anulación.

En este contexto, advierte la Sección que en la providencia de única instancia acusada, del Tribunal Administrativo del Magdalena, se explicaron de manera suficiente y razonada los motivos por los cuales, a su juicio, se imponía la declaratoria de nulidad del acto acusado.

Recuerda la Sección que el simple desacuerdo en la interpretación de una norma no puede ser desatado mediante el ejercicio del recurso extraordinario de revisión, pues de ser así se vulneraría la autonomía funcional de los jueces naturales, y se convertiría este medio de impugnación en un escenario para evaluar el grado de convencimiento de los razonamientos de los operadores judiciales(10).

Todo lo anterior conduce a esta Sala al convencimiento de que la causal de revisión propuesta no se configura y, en consecuencia, a declarar infundado el recurso interpuesto.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Declárase infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto contra la sentencia de 29 de julio de 2016, proferida en única instancia por el Tribunal Administrativo del Magdalena, dentro del proceso de nulidad electoral de única instancia identificado con el radicado 47-001-2333-002-2016-00033-00.

Notifíquese y cúmplase».

2 Sobre las generalidades del recurso extraordinario de revisión pueden consultarse, entre muchas otras: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias de 2 de marzo de 2010, Rad. REV-2001-00091, 6 de abril de 2010, Rad. REV-2003-00678, 20 de octubre de 2009, Rad. REV-2003-00133, 12 de julio de 2005, Rad. REV-1997-00143-02, 14 de marzo de 1995, Rad. REV-078, 16 de febrero de 1995, Rad. REV-070, 20 de abril de 1993, Rad. REV-045 y 11 de febrero de 1993, Rad. REV-037; Sección Tercera, sentencia de 22 de abril de 2009, Rad. 35995 y Sección Quinta, sentencia de 15 de julio de 2010, Rad. 200700267.

3 Corte Constitucional, sentencia C-520 de 2009.

4 En cuanto al alcance de esta causal, Cfr. Sentencia de la Sala Especial de Decisión No. 26 del Consejo de Estado, proferida el 7 de abril de 2015, dentro del expediente 110010315000201300358-00, Demandante: Luis Facundo Maldonado Granados, Demandado: Universidad Pedagógica Nacional.

5 Ibídem.

6 Consejo de Estado. Sala Especial 26. Sentencia de 3 de febrero de 2015, Expediente: 11001-0315-000-2011-01639-00 Demandante: Vehivalle S.A. Referencia: Recurso extraordinario de revisión. Consejera Ponente, doctora Olga Melida Valle de de la Hoz.

7 Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 11 de mayo de 1998. Expediente: REV-93. Actor: Gabriel Mejía Vélez. C.P.: Dr. Mario Alario Méndez.

8 Consejo de Estado. Sala Especial 26. Expediente: 11001-03-15-000-2011-01639-00 Demandante: Vehivalle S.A. Referencia: Recurso extraordinario de revisión. Consejera Ponente, doctora Olga Melida Valle de De la Hoz. En dicha sala, se aprobaron otras dos decisiones en igual sentido. Radicación: 11001-03-15000-1998-00157-01 (Rev. 157). Demandante: Sociedad de Mejoras Públicas de Cali.

9 Aplicable al trámite electoral como lo ha sostenido esta Sala, por ejemplo en auto de 7 de julio de 2016, Expediente 68001-23-33-000-2016-00206-01, C.P. Alberto Yepes Barreiro.

10 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 6 de octubre de 2016, Expediente: 11001-03-28-0002016-00053-00, Recurrente: Carlos José Daza Díaz, C.P. Alberto Yepes Barreiro.