SENTENCIA 2016-00073 DE ENERO 26 DE 2017

 

Sentencia 2016-00073 de enero 26 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Rad.: 11001-03-28-000-2016-00073-00

Consejera Ponente:

Dra. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez

Actor: Jaime Cárdenas Serpa

Demandado: Elkin Méndez Posteraro

Asunto: Recurso Extraordinario de Revisión - Única Instancia - Sentencia

Bogotá, D.C., veintiséis de enero de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «4. Consideraciones

4.1. Oportunidad y competencia.

El recurso extraordinario se interpuso el 21 de octubre de 20163, esto es, dentro del término que para el efecto previó el artículo 2514 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A tal conclusión se llega, puesto que la providencia objeto del recurso se dictó el 27 de mayo de 2016, y según certificación visible al folio 346 del cuaderno de pruebas, la misma quedó ejecutoriada el 18 de julio de 2016, de lo cual se advierte que para el momento de la interposición del recurso, apenas transcurrieron tres (3) meses, lo que representa que fue oportuno.

Ahora bien, en relación con este recurso extraordinario de revisión debe decirse que procede contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por las autoridades judiciales que integran la jurisdicción de lo contencioso administrativo (CPACA , art. 248).

La competencia para su trámite y decisión dependerá de la autoridad judicial que haya dictado la decisión que se cuestiona mediante este mecanismo de carácter extraordinario, en este caso, las providencias dictadas por los tribunales en única y segunda instancia, le compete adelantarlas y decidirlas a la Sección del Consejo de Estado que tenga asignado el conocimiento del asunto atendiendo a la materia que constituyó el objeto de debate en sede ordinaria.

Conforme se dispuso en el auto admisorio de la demanda, el asunto corresponde decidirlo a esta Sección Quinta en razón a que la sentencia cuestionada se profirió por el Tribunal Administrativo del Magdalena en un medio de control de nulidad electoral que se tramitó en única instancia y que atendiendo a la materia, es un asunto asignado por competencia, conforme lo establece el reglamento de la corporación(5).

4.2. Generalidades del recurso extraordinario de revisión.

Según el Capítulo I del título VI de la Parte Segunda del CPACA, el recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por todas las autoridades judiciales que integran la jurisdicción de lo contencioso administrativo, y el plazo para su ejercicio es el de un (1) año contado a partir de la ejecutoria de la sentencia objeto del reproche(6).

El escrito del recurso debe reunir los requisitos fijados por el artículo 252 del CPACA, con indicación precisa y razonada de la causal en que se funda, acompañada de los documentos necesarios y las pruebas documentales que el recurrente tenga en su poder y que aduzca con el propósito de acreditar su ocurrencia(7).

La revisión es entonces una herramienta extraordinaria de impugnación que se erige como excepción al principio de la inmutabilidad de las sentencias que hacen tránsito a cosa juzgada material porque procede frente a una relación procesal que ha culminado. Su ejercicio posibilita controvertir un fallo ejecutoriado, con la única finalidad de que se produzca una decisión ajustada a la ley, pero siempre y cuando no se discutan aspectos de fondo adoptados en la decisión ni se controviertan las razones jurídicas y el examen probatorio que orientaron la decisión del fallador.

Por ello, su aplicación está supeditada a la rigurosa y estricta configuración de las causales que previó la ley y que atienden a asuntos de carácter procedimental.

Las causales que pueden proponerse como fundamento de este recurso, según las voces del artículo 250(8) del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo son de naturaleza taxativa y de exclusivo resorte procedimental o probatorio.

A excepción de la causal del numeral 4º, referida a la violencia o cohecho en que se pudo incurrir en el pronunciamiento del fallo, ninguno de los yerros que posibilitan la revisión extraordinaria aluden a la actividad interpretativa del operador jurídico de las instancias, ni a la hermenéutica soporte de la decisión, no cuestionan la labor intelectual de juzgamiento, sino irregularidades procesales y probatorias, como se observa en cada una de las causales previstas en el citado artículo 250 del CPACA.

Así las cosas, las causales “sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada” (numeral 8) y “existir nulidad originada en la sentencia” (num. 5º) son de índole procedimental; “haberse recobrado (…) documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir decisión diferente” (num. 1º); “aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mejor derecho para reclamar” (num. 6º); “falta de calidades y aptitud legal a quien se le decretó pensión periódica” (num. 7º); “dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos cometidos en la expedición de la experticia y que hubiera servido de fundamento a la sentencia” (num. 3º), recaen sobre aspectos que atañen a la validez intrínseca o insuficiencia de los elementos de prueba que determinaron el sentido de la decisión.

De acuerdo con la jurisprudencia reiterada de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo(9) “el recurso extraordinario de revisión conlleva una limitación a la seguridad jurídica que representan las sentencias ejecutoriadas, constituye un medio excepcional de impugnación, que permite cuestionar una sentencia que está amparada por el principio de cosa juzgada material”. En el mismo sentido, la Corte Constitucional ha concebido al recurso extraordinario de revisión como la herramienta que posibilita el ejercicio de la verdadera acción contra decisiones injustas, a fin de restablecer la justicia material(10).

Por ello, dijo la Corte: “que el recurso extraordinario de revisión constituye una excepción al principio de cosa juzgada de las sentencias ejecutoriadas y que su finalidad es permitir enmendar los errores o irregularidades que se presentan en una providencia. Esas anomalías otorgan la potestad de proferir una nueva decisión que constituya una aplicación de la justicia material y resulte acorde al ordenamiento jurídico(11)”.

De igual manera, esta corporación ha insistido en el hecho de que dado su carácter extraordinario, este mecanismo judicial “no es, en consecuencia, una “tercera instancia” en la que puedan plantearse, nuevamente, argumentos de fondo en relación con la sentencia que se pretende revisar: no es una oportunidad para reabrir un debate propio de las instancias, ni para suplir la deficiencia probatoria; tampoco es un medio para cuestionar los fundamentos jurídicos de las providencias”(13).

De tal suerte, que este recurso extraordinario de revisión excluye toda posibilidad que concierna con la reapertura del debate propio de las instancias. Su objetivo descansa en revisar la sentencia mediante la cual fue resuelta una controversia con el fin de determinar la justicia de ese pronunciamiento a la luz de estrictas causales legales previstas con tal propósito.

4.3. La causal alegada.

La causal del recurso extraordinario de revisión a la que acude el recurrente es la prevista en el numeral 5 del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, cuyo tenor es el siguiente:

“ART. 250.—Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión:

(...).

5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación. (…)”.

4.4. Estudio de la censura de revisión.

En el caso que ocupa la atención de la Sala, lo primero que hay que advertir es que el recurrente pretende que se conceda la viabilidad del recurso, porque estima que la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo del Magdalena incurrió en la alegada causal de revisión, por violación al debido proceso en razón a que no se accedió a decretar la nulidad del acto de elección demandado, y ello ocurrió, a juicio del recurrente, por las siguientes razones que dijo no fueron consideradas al momento de proferir la decisión: i) cuestiona la valoración que se le otorgó al testimonio del señor Luis Carlos Baena López en relación con la condición de “directivo” que alegó tuvo el elegido alcalde de Guamal dentro del Partido Conservador, y ii) que no se aceptó la confesión existente en relación con el ejercicio de directivo por parte del alcalde elegido cuando presentó su renuncia a la militancia a dicha colectividad.

También puso en consideración la violación al debido proceso cuyo fundamento hizo radicar en el hecho de que en la audiencia de pruebas en la que se recepcionó el testimonio del señor Luis Carlos Baena López, el juez le objetó una pregunta que dijo le realizó al declarante.

Basado en esta explicación, estima la Sala que antes de establecer si lo alegado por el recurrente se enmarca en la causal invocada y si ello da lugar a infirmar la providencia recurrida, se deben examinar los presupuestos para tenerla por configurada.

4.4.1. Elementos para la configuración de la causal invocada.

Esta Sección(14) ya ha tenido la oportunidad de ocuparse del análisis de estos elementos, lo que impone reiterar que de acuerdo con el contenido normativo de la causal alegada, se aprecia que es necesario para su estructuración que concurran los siguientes presupuestos: i) que exista nulidad procesal y ii) que tal nulidad se origine en una sentencia que ponga fin al proceso, contra la que no proceda recurso de apelación.

Este primer elemento nos permite identificar a partir del concepto procesal, cuáles son aquellos eventos que se consideran constitutivos de nulidad; mientras que el segundo, representa la verificación de que la sentencia de que se predique esta causal debió proferirse en única o segunda instancia, pues solo en estos casos, el proceso ha llegado a su fin, ante la improcedencia del recurso ordinario de apelación.

En el asunto bajo examen, el segundo de los requisitos se advierte claramente cumplido en la medida en que la sentencia que se pide revisar fue proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena en el curso de un proceso de única instancia, en razón a que el acto cuestionado recaía en la elección del alcalde de una localidad con una población inferior a 70.000 habitantes.

Superada esta verificación debemos adentrarnos en el análisis concerniente a cuándo se predica o puede ocurrir que una sentencia se encuentra afectada de nulidad procesal. Al respecto de manera reiterada la Sala Plena del Consejo de Estado(15) ha señalado que la irregularidad que se invoque debe originarse en la sentencia que se cuestiona, es decir, que debe acreditar que no hubo otro momento a efectos de plantear la irregularidad, sino que la misma ocurrió con su expedición.

En este punto vale resaltar que esta causal no se estableció con el objeto de vaciar en ella los planteamientos de oposición que el recurrente tenga respecto de la decisión adoptada por el juez de conocimiento, pues los aspectos procedimentales a invocar son precisos y no tiene un margen de movilidad que abarque el sentido mismo de la decisión. Darle este alcance desnaturalizaría este mecanismo de defensa extraordinario.

En efecto, otorgarle un entendimiento que acepte la posibilidad de controvertir las apreciaciones fácticas y jurídicas encontradas por el juzgador al momento de resolver el asunto sometido a su examen, sería tanto como asignarle al juez extraordinario la competencia de pronunciarse sobre un debate que es propio de las instancias ordinarias, éstas sí diseñadas para promover una discusión de legalidad sobre lo decidido por el fallador cuando la sentencia sea susceptible del recurso de alzada.

Aclarado este punto, conviene revisar los límites que deben considerarse como examen de la causal de nulidad invocada. Al respecto esta corporación en reiterados pronunciamientos ha sido consistente y reiterativa en la siguiente regla(16):

“En esta materia (nulidad originada en la sentencia) los procesalistas están de acuerdo en enseñar que ésta se genera cuando ella se dicta en un proceso terminado anormalmente por desistimiento, transacción o perención, o cuando se condena a quien no ha figurado como parte, o cuando el proveído se profiere estando legalmente suspendido el proceso. Igualmente, cuando la sentencia aparece firmada con mayor o menor número de magistrados, o adoptada con un número de votos diverso al previsto en la ley. Igualmente, la que provea sobre aspectos que no corresponden ora por falta de competencia, ora por falta de jurisdicción. Podría darse también la causal cuando la providencia carece completamente de motivación, pues el artículo 163 de la Constitución Nacional ordena que: ´Toda sentencia deberá ser motivada.

En esta materia no puede confundirse la nulidad del proceso (CPC, art. 152), con la generada en la sentencia, que solo admite el manejo fáctico que se ha dejado precisado, en todos los casos en que el fallo no era susceptible de otro recurso”.

En época más reciente, la Sala Plena consideró que sólo podían considerarse motivos de nulidad originada en la sentencia, para efectos del recurso extraordinario de revisión, las causales que como nulidad del proceso taxativamente señala el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil. Dijo en aquella oportunidad:

“Lo expuesto sería bastante para desestimar la censura, pero vale decir que el proceso solamente es nulo, en todo o en parte, por las causas establecidas en el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil”.

La causal del numeral 5º del artículo 250 del CPACA también es viable cuando se invoque la afectación al debido proceso. En este evento, le corresponde al juez extraordinario determinar si el hecho que se dice contrario a este derecho, se encuentra presente en la decisión que se revisa(17).

4.4.2. Análisis de la causal.

Como se aludió en los antecedentes de esta providencia el recurrente alegó que la sentencia incurre en violación al debido proceso como causal de nulidad porque, según su dicho, la sentencia no realizó un análisis coherente y completo de los medios probatorios que se practicaron en el proceso y que estima, constituye la demostración de que el demandado en el medio de control de nulidad electoral incurrió en la prohibición de doble militancia al haber fungido como directivo del Partido Conservador Colombiano un año antes de la elección.

Asimismo, dijo estar en desacuerdo con la decisión del conductor del proceso electoral cuando le objetó una pregunta con la que asegura, pretendía demostrar el apoyo del elegido alcalde a diversas candidaturas y partidos que se presentaron en las pasadas elecciones al Congreso de la República.

Revisados estos planteamientos la Sección debe reiterar que bajo este mecanismo extraordinario pueden atacarse aquellas situaciones que impliquen una de las modalidades que afectan de nulidad el proceso, pero siempre que las mismas hayan tenido lugar al momento de dictar la sentencia recurrida, esto es, por motivos existentes en la propia decisión.

En determinados casos se acepten hechos no acaecidos en ese momento, pero bajo circunstancias estrictas en las que se acredite que solo pudieron invocarse en ese momento, por ser desconocidos por el interesado, y que resultan trascendentales para la decisión adoptada. Así lo estableció esta corporación(18) al señalar qué motivos se invocan bajo la causal invocada y en qué momento:

“a. Los originados en errores que se presentan al momento mismo de la sentencia, como por ejemplo la aprobación por un número menor de votos, la que carece totalmente de motivación o la que no guarda congruencia con el objeto del proceso; y,

b. Los originados en errores graves y no saneados del proceso, que no son otros que los señalados por la ley, taxativamente, como nulidades procesales, cuando estos solo sean verificables en ese momento”.

Tales vicios procedimentales se pueden manifestar como motivos de nulidad originada en la sentencia, fundados en las causales de nulidad que de manera taxativa enlista el artículo 133 del Código General del Proceso. Al respecto una decisión en la que se asumió tal determinación, señaló(19):

“Lo expuesto sería bastante para desestimar la censura, pero vale decir que el proceso solamente es nulo, en todo o en parte, por las causas establecidas en el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil. Así, por ejemplo, la nulidad que tiene origen en la sentencia puede ocurrir, en conformidad con la disposición referida, cuando se provee sobre aspectos para los que no tiene el juez jurisdicción o competencia (nums. 1º y 2º); cuando, sin ninguna otra actuación, se dicta nueva sentencia en proceso terminado normalmente por sentencia firme, o sin más actuación se dicta sentencia después de ejecutoriado el auto por el cual hubiera sido aceptado el desistimiento, aprobada la transacción o declarada la perención del proceso, porque así se revive un proceso legalmente concluido, o cuando se dicta sentencia como única actuación, sin el previo trámite correspondiente, porque así se pretermite íntegramente la instancia; o cuando se condena al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda o por causa diferente de la invocada en ésta, o se condena a quien no ha sido parte en el proceso, porque con ello, en lo concerniente, también se pretermite íntegramente la instancia (numeral 3); o cuando, sin más actuación, se profiere sentencia después de ocurrida cualquiera de las causas legales de interrupción o de suspensión o, en éstos casos, antes de la oportunidad debida (numeral 5), entre otros eventos.

Ninguna de las causas de nulidad establecidas en el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil alegó el recurrente, sino que expresó su inconformidad con los motivos de la sentencia (…)”.

Además, cuando se invoque como razón fundamento de esta causal, la violación al debido proceso, corresponde destacar que esta corporación(20) frente a este específico evento ha señalado que la determinación sobre la ocurrencia de esta violación permite del juez extraordinario examinar si lo que se alega tiene la entidad suficiente para originar la nulidad de la sentencia de instancia, en tanto, no cualquier irregularidad tiene la potencialidad de afectar la inmutabilidad de la providencia que ha puesto fin al proceso.

Descendiendo al caso que se encuentra sometido a examen, el recurrente somete a análisis de esta Sala la alegada causal de nulidad de la sentencia bajo la invocación de violación al debido proceso.

Analizadas en su contexto, las razones que se exponen, se advierte que tienen sustento en una inconformidad atada a un reproche de orden probatorio, en tanto el recurrente estima que el juez no le asignó el valor que bajo su visión o enfoque, le corresponde a una circunstancia (la de directivo del partido) con la cual dijo se demostraba que el demandado incurrió en doble militancia.

Los planteamientos que invoca el recurrente están referidos al desconocimiento de la condición de directivo del Partido Conservador y a su presunta acreditación en el proceso. También a que se opuso a que la renuncia se adelantó en legal forma, pues reprocha que no fue radicada ante dicho Partido de manera oportuna.

Con el propósito de insistir en estas conclusiones se apega a lo invocado por el propio demandado en el escrito de renuncia —condición de directivo—, pero al mismo tiempo desconoce su contenido, en cuanto a la fecha de radicación, controvirtiendo lo certificado por el Partido Conservador en relación con la fecha en que el elegido alcalde radicó su renuncia en la sede correspondiente, esto es, el 2 de julio de 2015.

Precisamente este debate, ya fue asumido el juez natural, quien en desarrollo de su función judicial y de la valoración probatoria encontró que para el momento de la inscripción de su candidatura el elegido estaba únicamente vinculado al partido Cambio Radical que fue quien le otorgó el aval.

Este razonamiento que expresó el juez cuando realizó el ejercicio de valorar y apreciar la prueba, constituye la actividad propia de la etapa concerniente a la definición del proceso, y que ocurre en la sentencia, pero que no por ello, conduce, como lo plantea el recurrente, a tenerse como una de las razones que configuran una nulidad procesal, y menos que implique la violación al debido proceso en la que ahora se funda.

El planteamiento del recurso extraordinario, representa en sí mismo un ataque a las conclusiones que asumió el fallador respecto de la situación fáctica que encontró probada, luego de adelantar el juicio de valoración que le asignó a la totalidad de las pruebas recaudadas en el proceso.

Por esto mismo, escapan del control o examen del juez extraordinario pues las alegaciones aquí planteadas constituyen un reproche directo a las conclusiones a las que arribó el juez natural frente a la situación fáctica acaecida, que implico el examen y el otorgamiento de autenticidad de los documentos que se acompañaron al trámite, los cuales pudieron controvertirse a través de la tacha de falsedad, y no pedir a través de este recurso que se acepte su planteamiento de aceptación parcial a su contenido a la par de considerarse aceptable su reproche frente a otros aspectos que se derivan del mismo documento, como se entrevé de los reclamos del recurrente, en cuanto a la fecha de radicación de la renuncia a la militancia del Partido Conservador por parte del demandado.

Tampoco es la oportunidad para valorar pruebas que debieron ser aducidas oportunamente al proceso ordinario, pues se insiste, al juez extraordinario no le está permitido realizar una nueva valoración probatoria como la que se pretende por el actor, quien insiste en ello al remitir electrónicamente copia de la renuncia del elegido alcalde, según informe secretarial visible al folio 63 del expediente, la que en todo caso, se consideró en el proceso ordinario al emitir la sentencia que se cuestiona.

Así las cosas, conforme están previstos los reproches del recurrente es imposible atribuirle o enmarcar que tal decisión es violatoria del debido proceso. De hecho lo que se advierte es que corresponde a un argumento de oposición a la postura del fallador, lo que de ninguna manera, se insiste, cobija la ocurrencia de la causal de revisión invocada.

De esta manera, se tiene que el reproche sobre el debate probatorio y la valoración de las pruebas que fueron tenidas en cuenta por el fallador para emitir la sentencia recurrida, no puede ser asumido vía este recurso extraordinario.

Los argumentos del actor son meras reconvenciones que hace a una decisión desfavorable a sus intereses, tanto que pretende que a través de este recurso se convalide su omisión de oponerse en oportunidad, a la fijación del litigio del medio de control de nulidad electoral(21) , donde se delimitó el aspecto sobre el cual recaería el análisis de fondo.

No sobra señalar que el magistrado conductor del proceso especial de nulidad electoral estableció que el problema jurídico a resolver era el determinar si el señor Elkín Méndez Posteraro fungía como militante del Partido Conservador para cuando le fue otorgado el aval del partido Cambio Radical. Luego, cualquier planteamiento adicional que considerara necesario de abordarse en la sentencia debió ser manifestado por el actor en dicha oportunidad, a efectos de que el juez analizara su procedencia y no esperar, que en ejercicio de este recurso, sea el juez extraordinario el que se pronuncie sobre un aspecto frente al cual está vedado, por escapar de sus competencias.

El anterior razonamiento se predica también respecto de la determinación adoptada por el conductor del proceso al oponerse en el interrogatorio del testigo Luis Carlos Baena frente a la pregunta “sírvase manifestar al despacho a que (sic) grupo político y a que (sic) candidato apoyo (sic) el señor Elkin Méndez Posteraro para las elecciones de congresistas”, por considerar que no guardaba relación con el objeto de la acción electoral debidamente delimitada en la fijación del litigio(22).

De esta manera, queda claro que el recurrente pretende reabrir el debate procesal ordinario y, cuestionar, ante su omisión, las decisiones que adoptó el conductor de dicho trámite, bajo pretexto de la existencia de una causal de nulidad de la sentencia pero que lo que evidencia es la negligencia de su actuar en el ejercicio de los recursos y mecanismo de defensa que oportunamente pudo ejercitar.

Esta decisión corrobora que el límite de conocimiento del juez frente a los recursos extraordinarios, como criterio de diferencia entre los medios de impugnación ordinarios y los extraordinarios, es precisamente el alcance que la competencia del juez adquiere. En esa oportunidad se aludió al siguiente razonamiento:

“(…) con los medios ordinarios se puede denunciar cualquier vicio de la providencia impugnada (…) mientras que con los medios extraordinarios las partes sólo pueden denunciar determinados vicios’, observando como consecuencia, que ‘el juez que pronuncia basándose en un medio ordinario tiene el mismo conocimiento y los mismos poderes instructivos a base de los cuales fue pronunciada la primera sentencia, mientras que los poderes del juez en las impugnaciones extraordinarias están limitados’”(23).

Bajo las anteriores consideraciones y, no habiéndose acreditado un vicio predicable de nulidad procesal en la sentencia del 27 de mayo de 2016, se impone declarar infundado el recurso extraordinario de revisión.

Finalmente, de conformidad con la salvedad del artículo 188 del CPACA, no hay lugar a condenar en costas en los procesos en los que se ventile un interés público. En este caso, la sentencia que se cuestiona en ejercicio de este recurso extraordinario de revisión se dictó en una acción de naturaleza pública, cuyo propósito es el examinar la constitucionalidad y legalidad de las elecciones. Este objeto está revestido de un interés de tales características , en cuanto su propósito es pronunciarse sobre la legitimidad de las contiendas electorales y con ello, ponderar la institucionalidad y la gobernabilidad de los estamentos públicos, aspecto que interesa a la comunidad en general, y el cual se mantiene en este medio extraordinario, en tanto el estudio recae contra el fallo que definió el proceso electoral.

Por lo expuesto, la Sección Quinta del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

Primero. DECLÁRASE INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el señor Jaime Cárdenas Serpa contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena el 27 de mayo de 2016, dentro del medio de control de nulidad electoral seguido contra la elección del Alcalde Municipal de Guamal (Magdalena) contenida en el formulario E-26 ALC, atendiendo a los razonamientos de esta providencia.

Segundo. No hay lugar a condenar en costas.

Notifíquese y cúmplase».

3 Según se advierte del sello impuesto al folio 7 del expediente.

4 “ART. 251.—Término para interponer el recurso. El recurso podrá interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia. […]”.

5 El reglamento de esta corporación está contenido en el Acuerdo 58 de 1999, modificado por el Acuerdo 55 de 2003, entre otros.

6 El artículo 251 del CPACA fija un término general de un (1) año, pero contempla respecto de algunas causales el momento a partir del cual ha de contarse dicho año con efectos de establecer la oportunidad del mismo.

7 "ART. 252.-Requisitos del recurso. El recurso debe interponerse mediante escrito que deberá contener:

1. La designación de las partes y sus representantes.

2. Nombre y domicilio del recurrente.

3. Los hechos u omisiones que le sirvan de fundamento.

4. La indicación precisa y razonada de la causal invocada.

Con el recurso se deberá acompañar poder para su interposición y las pruebas documentales que el recurrente tenga en su poder y solicitará las que pretende hacer valer."

8 "ART. 250.—Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión:

1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.

2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados.

3. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos cometidos en su expedición.

4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la sentencia.

5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación.

6. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mejor derecho para reclamar.

7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al tiempo del reconocimiento, la aptitud legal necesaria o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia o sobrevenir alguna de las causales legales para su pérdida.

8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada.

9 Sentencia del 12 de julio de 2005, expediente REV-00143, con reiteración en sentencia del 18 de octubre de 2005, expediente REV-00226.

10 Sentencia C-418 de 22 de septiembre de 1994. M.P. Jorge Arango Mejía.

11 Sentencia SU-263 de 2015, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.

12 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de diciembre 1º de 1997. Radicado: REV-117. M.P. Libardo Rodríguez Rodríguez. En igual sentido, Sentencia marzo 30 de 2004. Radicado: 11001-03-15-000-1997-0145-01(REV). C.P. Darío Quiñones Pinilla.

13 Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia del 1º de agosto de 2016. Radicación 11001-03-27-000-2015-00027-00(21635). Demandante: Gaseosas Hipinto SAS. C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez

14 Consejo de Estado - Sala de Lo Contencioso Administrativo - Sección Quinta. Sentencia del 14 de octubre de 2016. Radicación 11001-03-28-000-2016-00055-00 Actor: Heltón Jhon Roncallo Miranda. Demandado: Jorge Miguel Mercado Botero C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.

15 Entre otras decisiones se pueden consultar las siguientes sentencias; i) 7 de mayo de 2013 Radicación 11001-03-15-000-2010-00038-00(REV), ii) 6 de julio de 1988, expediente REV? 00011 iii) 20 de abril de 1998, expediente REV? 00131, iv) 11 de mayo de 1998, expediente REV?00093, v) 18 de octubre de 2005, expediente REV? 00239.

16 Consejo de Estado Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 7 de mayo de dos mil trece (2013) Rad. 11001-03-15-000-2010-00038-00 (REV) actor: Universidad Distrital Francisco José de Caldas C.P. Mauricio Torres Cuervo

17 Esta postura se reiteró en el fallo dictado por esta Sección el 16 de enero de 2017, Radicación número: 11001-03-28-000-2016-00070-00. Actor: Shirley Pimienta Martínez. C.P. Alberto Yepes Barreiro, que alude al fallo proferido por la Sala Especial de Decisión 26, al indicar "… las causales de nulidad de la sentencia son las previstas en el estatuto procesal civil, en las condiciones que establece el art. 142 del mismo y las que se originen en la sentencia por violación del debido proceso constitucional, contemplado en el artículo 29." Consejo de Estado. Expediente: 11001-03-15-000-2011-01639-00 Demandante: Vehivalle S.A. Referencia: Recurso extraordinario de revisión. C.P. Olga Melida Valle de de la Hoz.

18 Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Quinta. Sentencia del 20 de noviembre de 2013. Radicación N°: 13001-33-31-005-2011-00254-01(REV) Actor: Cecil Julio Ribón Rodriguez. Demandado: Alcalde del Municipio de Talaigua Nuevo. C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.

19 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 2 de marzo de 2010, expediente REV-00091.

20 Consejo de Estado - Sala Plena de lo Contencioso Administrativo - Sala 22 Especial de Decisión. Sentencia del 2 de febrero de 2016. Exp. N° 11001-03-15-000-2015-02342-00 (REV). Actor: Luis Angel Torres Gómez. C.P. Alberto Yepes Barreiro.

21 La audiencia inicial se puede consultar a los folios 195 a 199 del C. de pruebas y cd visible al folio 205.

22 Tal circunstancia aparece acreditada al folio 215 del C. de pruebas y Cd al folio 236.

23 Cita tomada de la providencia dictada el 3 de febrero de 2015, por la Sala Cuarta Especial de Decisión de esta corporación. Radicado 11001-03-15-000-2012-00456-00(REV). Actor: Universidad Francisco Jose de Caldas. Demandado: Germán Vargas Morales. C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Nota al pie 17 que se lee así: "Ibidem pie de página N°20, en cita de "José Chiovenda. ob. Cit., T. II, p. 511". Pág. 43"

24 en los términos del artículo 40 numeral 6º de la Carta Política.