Sentencia 2016-00089 de julio 13 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Expediente 13001-23-33-000-2016-00089-01

Consejera Ponente:

Dra. María Elizabeth García González

Recurso de apelación contra la sentencia de 7 de julio de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar.

Actor: Edwin Enrique Aguilar Díaz

Tesis: no se configuran las inhabilidades previstas en el artículo 43, numerales 2º y 4º de la Ley 136 de 1994, modificados por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000 por haber ejercido la concejal demandada el cargo de profesional universitario (bienestar) de la Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar dentro del año anterior a las elecciones territoriales para el período 2016-2019, así como tampoco por haber fungido su hermana dentro del mismo lapso inhabilitante como jefe oficina asesora (planeación) del Departamento Administrativo Distrital de Salud, DADIS, toda vez que en ninguno de los dos casos se adelantaron funciones que implicaran el ejercicio de autoridad administrativa.

Bogotá, D. C., trece de julio de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones de la Sala

En relación con la controversia sometida al estudio la Sala advierte que las causales de inhabilidad previstas en el artículo 43, numerales 2º y 4º de la Ley 136, modificado por el artículo 40 de la Ley 617 para los concejales, son del siguiente tenor:

“Artículo 40. De las inhabilidades de los concejales. El artículo 43 de la Ley 136 de 1994 quedará así:

“Artículo 43. Inhabilidades: No podrá ser inscrito como candidato ni elegido concejal municipal o distrital:

[…]

2. Quien dentro de los doce (12) meses anteriores a la fecha de la elección haya ejercido como empleado público, jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar, en el respectivo municipio o distrito, o quien como empleado público del orden nacional, departamental o municipal, haya intervenido como ordenador de gasto en la ejecución de recursos de inversión o celebración de contratos, que deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio o distrito.

[…]

4. Quien tenga vínculo por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco en segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, con funcionarios que dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección hayan ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar en el respectivo municipio o distrito; o con quienes dentro del mismo lapso hayan sido representantes legales de entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social en el régimen subsidiado en el respectivo municipio o distrito. Así mismo, quien esté vinculado entre sí por matrimonio o unión permanente o parentesco dentro del segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, y se inscriba por el mismo partido o movimiento político para elección de cargos o de corporaciones públicas que deban realizarse en el mismo municipio o distrito en la misma fecha […]” (Negrillas fuera de texto).

Los apartes resaltados en negrilla en esas causales son, en concreto, los incorporados en la demanda inicial que luego fueron enfatizados y delimitados en el recurso de apelación sometido al examen de la Sala, por lo que el estudio de este se circunscribirá exclusivamente a la hipótesis del numeral 2º que tiene por inhábil, para ser candidato o elegido Concejal al empleado público que dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección haya ejercido autoridad administrativa dentro del mismo Distrito para el cual aspira o resulta elegido; ello, por cuanto el actor no abordó en su análisis argumentativo otro tipo de autoridad como la política, civil o militar ni realizó esfuerzo probatorio alguno para obtener la demostración de una de éstas, concentrándose sólo en la administrativa.

Y a la hipótesis del numeral 4º que prevé como inhábil, para ser candidato o elegido concejal, a quien tenga vínculo de parentesco en segundo grado de consanguinidad con funcionarios que dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección hayan ejercido autoridad administrativa en el respectivo Distrito; tal como se indicó en los antecedentes vertidos en esta providencia, tanto de la sentencia apelada como de la impugnación que hacen girar los hechos en torno a una eventual relación de la concejal demandada con su hermana y, de igual forma, circunscrito solamente a la posible ostentación de autoridad administrativa.

En este sentido, la Sala procederá en un primer momento con el análisis objetivo de la eventual configuración de esas causales de inhabilidad para después, de haber lugar a ello, abordar el juicio subjetivo de imputación de responsabilidad(4) en cuanto a la conducta desplegada por la demandada, según los hechos de la solicitud de pérdida de investidura.

I. En el escenario planteado dentro de la causal contenida en el referido numeral 2º, se encuentra debidamente probado que la demandada señora Angélica María Hodeg Durango, identificada con cédula de ciudadanía núm. 45.547.569 de Cartagena de Indias D.T. y C., en efecto:

(i) Fue elegida Concejal del Distrito de Cartagena de Indias para el período 2016-2019 por el Partido Alianza Verde, según consta en Credencial de 3 de noviembre de 2015 -Formulario E28- que le fuere expedida por los Delegados del Consejo Nacional Electoral (folio 299), así como en el Formulario E-26CON suscrito por los miembros de la Comisión Escrutadora (fl. 300).

(ii) Laboró en la Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar(5), nombrada en Provisionalidad mediante Resolución 025 de 25 de enero de 2011 en el cargo de carrera administrativa denominado “Profesional Universitario (Bienestar)”, Código 219, Grado 02, con una asignación básica mensual de Dos millones, setecientos diecinueve mil, doscientos veintiún pesos ($2.719.221), posesionada mediante acta de 25 de enero de 2011 (fls. 247 a 251).

(iii) Renunció a dicho empleo público el día 15 de abril de 2015 y le fue aceptada la misma el día 16 de abril de 2015, a través de Resolución núm. 176 de 2015 (fls. 252 a 253), día hasta el cual estuvo vinculada en la Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar, es decir, que al haber transcurrido los doce (12) meses inhabilitantes entre el 25 de octubre de 2015 (fecha de realización de las elecciones locales) y el 25 de octubre de 2014, es evidente que la demandada sí fungió como empleada pública durante el período censurado por la norma dentro del Distrito de Cartagena de Indias.

(iv) Ahora bien, para poder determinar si en ejercicio de tales funciones aquella ostentó autoridad administrativa o no, la Sala trae a colación lo que la Corporación ha sostenido al respecto en reiteradas ocasiones. En efecto en sentencia de 15 de febrero de 2011 (Exp. 2010-01055, C. P. Enrique Gil Botero), la Sala Plena recogió y ratificó los diversos pronunciamientos que sobre el tema había efectuado, así(6):

“[…] Esta corporación, en una providencia más reciente, reiteró algunas ideas de las que se vienen destacando –el concepto de autoridad, la relación de género a especie que existe entre la autoridad civil y la administrativa, el apoyo normativo que brinda el art. 188 de la Ley 136– (…)

(…)

“Y, en lo atinente a la autoridad administrativa ella es definida en el artículo 190 de la Ley 136 de 1994, a través de la conceptualización de la dirección administrativa, de manera similar a la autoridad civil, con la diferencia de que no solo la tienen quienes ejercen el gobierno, sino que también está en cabeza de los gerentes o jefes de las entidades descentralizadas y los jefes de las unidades administrativas especiales, en tanto superiores de los correspondientes servicios municipales, así como en cabeza de los empleados oficiales que tengan competencia para ejecutar cualquiera de las funciones administrativas allí mencionadas (contratación, ordenar el gasto, decidir situaciones administrativas laborales e investigar faltas disciplinarias). Con todo, si se detallan los alcances de la autoridad administrativa frente a los de la autoridad civil, se podrá inferir que las competencias de la primera están inmersas en las competencias de la última, la que además puede proyectarse externamente, hacia los particulares, de modo que pueda recurrirse a la compulsión o a la coacción con el concurso de la fuerza pública […](7)” (Negrillas por fuera de texto).

En ese mismo sentido, la Sala ha insistido en que:

“[…] No obstante, por autoridad administrativa podría entenderse como el poder del cual está investido un funcionario para que dentro de su ámbito territorial y marco funcional y con el objeto del manejo de las personas, bienes o patrimonio a su cargo, dé aplicación a las medidas necesarias para el cumplimiento inmediato de las normas y la satisfacción y preservación de la necesidades e intereses de sus administrados, función que también puede ejercer quien tiene autoridad civil, pero éste además tiene el poder de las decisiones generales.

En relación a la autoridad administrativa, el artículo 190 de la Ley 136 de 1994, describe de la siguiente manera las funciones que corresponden a la Dirección Administrativa:

“Artículo 190. Dirección administrativa. Esta facultad además del alcalde, la ejercen los secretarios de la alcaldía, los jefes de departamento administrativo y los gerentes o jefes de las entidades descentralizadas, y los jefes de las unidades administrativas especiales, como superiores de los correspondientes servicios municipales.

También comprende a los empleados oficiales autorizados para celebrar contratos o convenios; ordenar gastos con cargo a fondos municipales, conferir comisiones, licencias no remuneradas, decretar vacaciones y suspenderlas, para trasladar horizontal o verticalmente los funcionarios subordinados; reconocer horas extras, vincular personal supernumerario o fijarle nueva sede al personal de planta; a los funcionarios que hagan parte de las unidades de control interno y quienes legal o reglamentariamente tengan facultades para investigar las faltas disciplinarias”.

4.7. En dicho enunciado se observa que como elementos básicos de la autoridad administrativa hay un elemento orgánico, como quiera que por definición legal la ostentan:

— El alcalde,

— Los secretarios de la alcaldía,

— Los jefes de departamento administrativo;

— Los gerentes o jefes de las entidades descentralizadas;

— Los jefes de las unidades administrativas especiales, como superiores de los correspondientes servicios municipales;

— Quien teniendo la condición o status de “empleado oficial”, se encuentre autorizado para: i) celebrar contratos o convenios; ii) ordenar gastos con cargo a fondos municipales, iii) conferir comisiones, licencias no remuneradas, iv) decretar vacaciones y suspenderlas, v) trasladar horizontal o verticalmente los funcionarios subordinados; vi) reconocer horas extras, vii) vincular personal supernumerario o fijarle nueva sede al personal de planta;

— Los funcionarios que hagan parte de las unidades de control interno y

— Quienes legal o reglamentariamente tengan facultades para investigar las faltas disciplinarias […]”(8) (Negrillas por fuera de texto).

Evidentemente, existe una definición legal orientadora que establece el alcance y contenido del concepto de autoridad administrativa y desde el cual la propia Jurisprudencia ha elaborado su casuística para cada evento en particular. Aquel atiende al pluricitado artículo 190 de la Ley 136 que establece claramente dos criterios: El orgánico según el cual, al margen de las labores que efectivamente lleguen a desarrollar, son considerados per sé servidores públicos con autoridad administrativa el alcalde, los secretarios de la alcaldía, los jefes de departamento administrativo y los gerentes o jefes de las entidades descentralizadas, los jefes de las unidades administrativas especiales como superiores de los correspondientes servicios municipales y los funcionarios que hagan parte de las unidades de control interno.

Y el funcional según el cual, también ejercen autoridad administrativa sin ser necesariamente los antes mencionados, aquellos empleados autorizados para celebrar contratos o convenios, ordenar gastos con cargo a fondos municipales, conferir comisiones, licencias no remuneradas, decretar vacaciones y suspenderlas, para trasladar horizontal o verticalmente los funcionarios subordinados, reconocer horas extras, vincular personal supernumerario o fijarle nueva sede al personal de planta; de igual forma la tienen los funcionarios que hagan parte de las unidades de control interno y quienes legal o reglamentariamente tengan facultades para investigar las faltas disciplinarias.

En el asunto sub lite y desde la perspectiva orgánica del empleo público desempeñado por la demandada se puede advertir con facilidad, al igual que lo hizo el a quo, que el “Profesional Universitario (Bienestar)” de la Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar no es precisamente uno de los cargos investidos con la autoridad administrativa exigida por la norma inhabilitante (alcalde, secretarios de la alcaldía, jefes de departamento administrativo, gerentes o jefes de las entidades descentralizadas, jefes de las unidades administrativas especiales como superiores de los correspondientes servicios municipales y funcionarios que hagan parte de las unidades de control interno).

Y desde el punto de vista funcional tampoco. Basta revisar las labores que a través del Manual de Funciones y Competencias Laborales tiene asignadas dicho cargo para dar cuenta de ello (fls. 254 y 255), las que igualmente constan en la certificación de 20 de enero de 2016 suscrita por el Jefe de la Oficina de Recursos Humanos de la Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar (fls. 247 a 249):

“[…] a. Proporcionar espacios de reflexión al interior de la institución, a través, de la programación de eventos académicos y culturales;

b. Adelantar campañas en pro de la comunidad educativo del orden sanitario, como campañas de vacunación, charlas y conferencias acerca de temas del mismo orden;

c. Propiciar la prevalencia de la armonía al interior de la comunidad educativa, a través, de actividades que estrechen los lazos existentes.

d. Coordinar con la vicerrectoría administrativa, la adopción, planes, programas y proyectos que redunden en pro del bienestar de la comunidad;

e. Coordinar lo concerniente a la práctica del servicio de psicología;

f. Supervisar la óptima prestación del servicio de cafetería;

g. Programar y coordinar actividades culturales y de sano esparcimiento para el disfrute de la comunidad educativa tales como exposiciones, conciertos, obras de teatro y demás:

h. Dirigir y controlar los programas recreativos y deportivos programados por esa dependencia;

i. Coordinar, supervisar y propiciar espacios para la implementación de cursos, talleres, conferencias, simposios, paneles, etc., que garanticen una constante capacitación de docentes y administrativos;

j. Velar por la capacitación de todos los estamentos que componen la comunidad de la UNIBAC;

k. Asesorar a la rectora y las directivas institucionales en la evaluación de las solicitudes de préstamos para capacitación, formulados por los funcionarios de la Institución;

l. Asesorar a la rectora y las directivas institucionales en la elaboración de los programas de bienestar social dirigidos a promover la prevención de los problemas de salud de los estudiantes, docentes y demás trabajadores;

m. Supervisar la información trimestral relacionada con enfermedades que padezca la población estudiantil, docentes y demás empleados de la UNIBAC, con el fin de analizar las causas de las mismas;

n. Las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato y correspondan a la naturaleza del cargo […]”.

Contrario a lo afirmado por el impugnante, allí no se vislumbra la relación de funciones demostrativas o de las que se pueda predicar capacidad para celebrar contratos o convenios, ordenar gasto con cargo a fondos municipales, otorgar comisiones y licencias no remuneradas, decretar y suspender vacaciones, trasladar horizontal o verticalmente a funcionarios subordinados, reconocer horas extras, vincular personal supernumerario o fijar nueva sede al personal de planta; así como tampoco dicho cargo tiene adscritas facultades para investigar las faltas disciplinarias.

Asimismo, el expediente carece de pruebas que evidencien que a la señora Angélica María Hodeg Durango le hubiesen sido asignadas de forma alterna, por un superior, labores o funciones adicionales a las expresamente enumeradas en el manual, que hayan implicado el ejercicio de autoridad administrativa alguna.

La Sala pone de presente, a manera de referencia, que a idénticas conclusiones arribó la Sección Quinta de la corporación al adelantar el análisis objetivo de esta inhabilidad en sede de nulidad electoral, con fundamento en los mismos hechos endilgados a la concejal demandada en el proceso sub judice. En esa ocasión, con reciente providencia de 2 de febrero de 2017, mediante la cual se confirmó la sentencia de primera instancia que denegó las pretensiones de la demanda, se consideró lo siguiente:

“[…] Analizadas las anteriores funciones, esta Sala concluye, como lo hizo el tribunal a quo, que ninguna de ellas implica el ejercicio de autoridad administrativa, pues no se advierte poder de mando, facultad decisoria o dirección de asuntos propios de la función administrativa. Tampoco evidencian que pueda “… celebrar contratos o convenios; ordenar gastos con cargo a fondos municipales; conferir comisiones, licencias no remuneradas, decretar vacaciones y suspenderlas, para trasladar horizontal o verticalmente los funcionarios subordinados reconocer horas extras, vincular personal supernumerario o fijarle nueva sede al personal de planta”, las cuales implican el ejercicio de autoridad según lo dispuesto en el segundo inciso del artículo 190 de la Ley 136 de 1994.

Lo anterior, en la medida que las funciones enlistadas propenden por el ejercicio de actividades de asesoría, supervisión, coordinación, programación pero de ninguna es posible evidenciar poder decisorio o de mando […]”(9) (Negrillas fuera de texto).

Ello, solo para resaltar la semejanza tanto del análisis como de la decisión final de dos jueces distintos frente al examen objetivo de la misma situación fáctica y jurídica alegada para intentar demostrar una inhabilidad en cabeza de la concejal Angélica María Hodeg Durango, lo que bajo circunstancia alguna condiciona o somete el estudio del caso concreto.

Por último, y tal como se anunció desde el acápite de los antecedentes de esta providencia, el impugnante adicionó en su escrito de apelación tres argumentos que ni fueron incorporados en la demanda inicial por el ciudadano actor (fls. 1 a 13) y su subsanación (fls. 296 a 298), y que por la misma razón no se sometieron al traslado para la respectiva contestación en el auto de 14 de abril de 2016 (folio 319), así como tampoco fueron incluidos en el análisis de la providencia impugnada (fls. 402 a 411).

Esos argumentos adicionales son los relativos al anexo de un cuadro con lo que denomina el apelante “el organigrama de la Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar” para luego afirmar que la jefe de bienestar universitario ejerce mando o autoridad por ser superior jerárquica de todo el personal adscrito al área operativa de esa oficina, teniendo además pleno control de la política de bienestar.

Menciona, de igual forma, que el artículo 118 de la Ley 30 establece que cada institución de educación superior destinará por lo menos el 2% de su presupuesto de funcionamiento para atender adecuadamente su propio Bienestar Universitario, lo que aunado a las funciones de la señora Angélica María Hodeg Durango relativas a coordinar con la vicerrectoría administrativa la adopción de planes, programas y proyectos que redunden en el bienestar de la comunidad, le establecen un poder desbordante en cabeza de dicha funcionaria lo que le confiere autoridad administrativa.

Y otro tema final es el relacionado con que en desarrollo del numeral 12 de sus funciones, el que le imponía “[…] asesorar a la rectoría y a las directivas institucionales en la evaluación de las solicitudes de préstamos para capacitación formulados por los funcionarios de la institución […]”, la demandada supuestamente tuvo poder decisorio en los siguientes aspectos que beneficiaron a un porcentaje considerable de la población académico-universitaria de la UNIBAC, así:

“[…] - Rindió concepto positivo para el otorgamiento de beneficios a 58 docentes para formación a nivel de posgrado (especialización, maestrías);

— 442 estudiantes fueron atendidos en promoción y prevención.

— 102 miembros de la comunidad académica recibieron incentivos a los que se realizó seguimiento y asesoría para todo lo relacionado con el otorgamiento de los mismos;

— 5 estudiantes fueron becados con la Beca “Martin Luther King”, donde la oficina de Bienestar realizó el seguimiento y control;

— 70 estudiantes obtuvieron Beca “Lucho Bermúdez”;

— 157 estudiantes se vincularon a equipos deportivos en diferentes modalidades como fútbol, taekwondo, tenis de mesa, karate, atletismo;

— 93 estudiantes recibieron contraprestación de UNIBAC, donde la oficina de Bienestar Universitario revisó, coordinó […]”.

La Sala reitera, luego de revisar la demanda en la que se formuló el cargo de inhabilidad y el fallo de primera instancia, que estos tres reparos no fueron planteados desde el inicio de la controversia sino que se esbozaron solo hasta el escrito de impugnación sin que la demandada tuviera la oportunidad de ejercer su derecho de defensa respecto de los mismos, ni el a quo la posibilidad de estudiarlos y resolverlos. Por lo tanto, dichos aspectos fueron advertidos en un escenario que no está instituido para tales fines pues la oportunidad procesal para identificar las causales y sus fundamentos fácticos en el proceso de pérdida de investidura es, como ya se vio, la demanda y no la apelación que se debe circunscribir a los hechos fijados en la litis, que no novedosos.

No obstante lo anterior, tales argumentos carecen de certeza toda vez que: (i) no existe prueba en el plenario que evidencie que el “Profesional Universitario (Bienestar)” de la Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar, cargo ocupado por la demandada, tuviese efectivamente personal a su cargo, que jerárquicamente estuviese por encima de ellos y, lo más importante, que ejerciera sobre los mismos mando o autoridad alguna muy a pesar de que el Manual de Funciones y Competencias Laborales analizado no le atribuyera tales facultades.

(ii) Con relación a la Ley 30, se tiene que su título V en el que se regula lo concerniente al “régimen estudiantil”, establece en su capítulo III lo correspondiente al “Bienestar Universitario”, así:

“[…] Artículo 117. Modificado por el artículo 8º, Ley 1503 de 2011. Las instituciones de educación superior deben adelantar programas de bienestar entendidos como el conjunto de actividades que se orientan al desarrollo físico, psicoafectivo, espiritual y social de los estudiantes, docentes y personal administrativo.

El Consejo Nacional de Educación Superior (CESU) determinará las políticas de bienestar universitario y de prevención vial. Igualmente, creará un fondo de bienestar universitario con recursos del Presupuesto Nacional y de los entes territoriales que puedan hacer aportes.

El fondo señalado anteriormente será administrado por el Ministerio de Educación Nacional o, por la entidad que el Ministerio delegue para estos efectos.

Artículo 118. Cada institución de educación superior destinará por lo menos el dos por ciento (2%) de su presupuesto de funcionamiento para atender adecuadamente su propio bienestar universitario.

Artículo 119. Las instituciones de educación superior garantizarán campos y escenarios deportivos, con el propósito de facilitar el desarrollo de estas actividades en forma permanente […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).

El 2% que como mínimo este artículo 118 obliga destinar desde el presupuesto de funcionamiento de las instituciones de educación superior al engranaje de su propio bienestar universitario, es una imposición legal que procura garantizar la correcta atención de dichos asuntos sin que, bajo modo alguno, se le haya asignado su manejo, administración y ordenación de su gasto al “Profesional Universitario (Bienestar)” de dichas instituciones, como tampoco lo hizo el Manual de Funciones y Competencias Laborales para el caso concreto de la Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar. Adicionalmente, no existe prueba alguna en el plenario que permita evidenciar que ese porcentaje haya sido efectivamente manejado y dispuesto por la Concejal demandada o que ésta hubiese tenido injerencia alguna en su gasto, recursos que en el normal devenir de este tipo de instituciones de educación superior son administrados por su rector quien “[…] es el representante legal y la primera autoridad ejecutiva de la universidad estatal u oficial y será designado por el consejo superior universitario. Su designación, requisitos y calidades se reglamentarán en los respectivos estatutos […]”(10).

(iii) Asimismo, se repite que, la función del Manual de Funciones y Competencias Laborales relativa a “[…] asesorar a la rectoría y a las directivas institucionales en la evaluación de las solicitudes de préstamos para capacitación formulados por los funcionarios de la institución […]”, no conlleva implícito el ejercicio de autoridad administrativa alguna como fue antes explicado, en tanto que no comporta ejecución de mando ni, en este caso, el poder decisorio final para otorgar el respectivo préstamo; es decir, sólo se limita a aconsejar, sugerir o realizar recomendaciones en torno a las solicitudes de dichos préstamos presentadas por los funcionarios.

Pero además, muy distante de lo manifestado por el impugnante, no fue probado en el proceso que la señora Angélica María Hodeg Durango hubiese hecho lo siguiente:

“[…] - Rindió concepto positivo para el otorgamiento de beneficios a 58 Docentes para formación a nivel de posgrado (especialización, maestrías);

— 442 estudiantes fueron atendidos en promoción y prevención.

— 102 miembros de la comunidad académica recibieron incentivos a los que se realizó seguimiento y asesoría para todo lo relacionado con el otorgamiento de los mismos;

— 5 estudiantes fueron becados con la Beca “Martin Luther King”, donde la oficina de Bienestar realizó el seguimiento y control;

— 70 estudiantes obtuvieron Beca “Lucho Bermúdez”;

— 157 estudiantes se vincularon a equipos deportivos en diferentes modalidades como fútbol, taekwondo, tenis de mesa, karate, atletismo;

— 93 estudiantes recibieron contraprestación de UNIBAC, donde la oficina de Bienestar Universitario revisó, coordinó […]”.

Estas actividades anotadas solamente en el escrito de apelación, una vez revisadas las pruebas, no aparecen descritas ni certificadas en ningún documento por lo que resulta aún menos procedente entrar a su análisis.

La Sala no le halla razón a los argumentos del impugnante, debiendo mantener incólume el fallo apelado en cuanto a los aspectos analizados en este primer punto.

II. En el escenario fijado dentro de la causal prevista en el numeral 4º ya indicado, se encuentra debidamente probado que la señora Kelly Alexandra Hodeg Durango, identificada con cédula de ciudadanía núm. 45.524.835 de Cartagena de Indias D.T. y C., en efecto:

(i) Es hermana de la Concejal demandada Angélica María Hodeg Durango tal y como consta en los registros civiles de nacimiento núms. 22004684 (fl. 244) y 6149227 (fl. 245) en los que se certifica que ambas nacieron en Cartagena de Indias, D.T. y C. y son hijas de los mismos padres (Lorenzo Enrique Hodeg Llorente y Diva Did Durango Yanes, identificados con cédulas de ciudadanía núms. 73.083.918 y 45.427.578 respectivamente), por lo que entre ambas señoras existe un vínculo de parentesco en segundo grado de consanguinidad(11).

(ii) Fue nombrada con carácter ordinario en el Departamento Administrativo Distrital de Salud, DADIS, entidad del orden distrital de Cartagena de Indias, en el empleo público denominado “Jefe Oficina Asesora”, Código 115, Grado 55, según consta en el Decreto 0323 de 7 de marzo de 2013 (fl. 287) y en el acta de posesión de 8 de marzo de ese año (fl. 288).

En este mismo sentido, de las pruebas recaudadas, en especial del Oficio AMC-OFI-0058421-2016 de 27 de junio de 2016, suscrito por el Director del DADIS (fl. 391), se pudo establecer que la señora Kelly Alexandra Hodeg Durango para esa fecha aún laboraba en esa entidad:

“[…] En atención a su requerimiento, se anexa copia Manual de Funciones del cargo Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo del Departamento Administrativo Distrital de Salud, DADIS, código 115, grado 55, el cual ocupa la doctora Kelly Alexandra Hodeg Durango […]” (Negrillas por fuera de texto).

De igual forma, mediante “Certificación de Interventoría de Órdenes de Prestación de Servicio” presentado el día 25 de septiembre de 2015 por la señora Kelly Alexandra Hodeg Durango en desarrollo del Contrato núm. 10-325-2015 con modificatorio del 18 de junio de 2015, se pudo determinar que ella sí fungió como empleada pública durante el período censurado por la norma dentro del Distrito de Cartagena de Indias al haber transcurrido los doce (12) meses inhabilitantes entre el 25 de octubre de 2015 (fecha de realización de las elecciones locales) y el 25 de octubre de 2014.

(iii) Por último, para determinar si en ejercicio de tales funciones y labores aquélla ostentó autoridad administrativa o no, a partir del alcance y contenido del concepto de autoridad administrativa explicado legal y jurisprudencialmente en el punto anterior, la Sala observa que, mediante Oficio AMC-OFI-0048883-2016 de 2 de junio de 2016 (fl. 397), la Directora Administrativa y Financiera del DADIS remitió con destino al expediente dos Manuales de Funciones del cargo “Jefe de la Oficina de Planeación y Desarrollo”: el correspondiente al Decreto 1284 de 2010 y la última actualización contenida en el Decreto 1707 de 2015.

Comoquiera que ambos estuvieron vigentes en el período inhabilitante serán analizados en su integridad. El primero de los Manuales de Funciones del “Jefe de la Oficina de Planeación y Desarrollo”, Código 115, Grado 55 (fls. 289 a 291 y 400 a 401), cuyo propósito principal era el de “Evaluar y orientar la formulación de planes, programas y proyectos y el desarrollo de modelos de evaluación y seguimiento de cada una de las dependencias y los institucionales para el logro misional de la institución”, preveía las siguientes:

“[…] 1. Orientar metodológicamente a las diferentes dependencias para la formulación de planes de acción y proyectos de inversión.

2. Brindar asesoría a las diferentes dependencias en la definición y ejecución de los programas y proyectos de su competencia para mejorar la gestión institucional.

3. Efectuar el seguimiento a la ejecución de los programas y proyectos institucionales y consolidar los informes para recomendar acciones de mejoramiento en el cumplimiento de los objetivos y metas.

4. Evaluar los programas y proyectos de la entidad para evidenciar el logro alcanzado en el cumplimiento de los objetivos institucionales.

5. Diseñar metodologías que permitan la participación de la comunidad en la elaboración de los planes institucionales para consolidar la cultura de la planeación entre la comunidad institucional.

6. Garantizar la continuidad del sistema de indicadores, evaluarlo y ajustarlo si es necesario para considerarlo un sistema ágil y creíble.

7. Realizar estudios sobre organización y funcionamiento institucional que permitan el mejoramiento continuo de la entidad.

8. Desarrollar las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel de naturaleza y el área e desempeño del cargo para lograr los objetivos misionales del DADIS.

9. Garantizar la implementación del sistema de calidad al interior de la institución.

10. Coordinar las acciones de estrategia comunicativa y de publicidad institucional […]”.

En el segundo de los manuales de funciones fue renombrado el cargo como “Jefe de Oficina Asesora (Planeación)” e identificado con nuevo Código 006, Grado 55 (folio 393 a 394), cuyo propósito principal fue ampliado así: “Asesorar y brindar asistencia en la formulación de planes, programas y proyectos y el desarrollo de modelos de evaluación y seguimiento de cada una de las dependencias y los institucionales para el logro misional de la institución”; y con funciones que, salvo adiciones muy puntuales, son básicamente las mismas que las anteriores:

“[…] 1. Diseñar y proponer metodología a las diferentes dependencias para la formulación de planes de acción y proyectos de inversión.

2. Brindar asesoría a las diferentes dependencias en la definición y ejecución de los programas y proyectos de su competencia para mejorar la gestión institucional.

3. Efectuar el seguimiento a la ejecución de los programas y proyectos institucionales y consolidar los informes para recomendar acciones de mejoramiento en el cumplimiento de los objetivos y metas.

4. Formular, adoptar y evaluar los programas y proyectos de la entidad para evidenciar el logro alcanzado en el cumplimiento de los objetivos institucionales.

5. Diseñar metodologías que permitan la participación de la comunidad en la elaboración de los planes institucionales para consolidar la cultura de la planeación entre la comunidad institucional.

6. Ejecutar las acciones para garantizar la continuidad del sistema de indicadores, evaluarlo y ajustarlo si es necesario para considerarlo un sistema ágil y creíble.

7. Coordinar la elaboración de estudios sobre organización y funcionamiento institucional que permitan el mejoramiento continuo de la entidad.

8. Gestionar la coordinación de las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel de naturaleza y el área e desempeño del cargo para lograr los objetivos misionales del DADIS.

9. Gestionar la implementación del sistema de calidad al interior de la institución.

10. Coordinar las acciones de estrategia comunicativa y de publicidad institucional.

11. Las demás que le sean asignadas y que estén acordes con la naturaleza del cargo y el área de desempeño. […]”.

Desde la perspectiva orgánica del empleo público desempeñado por la señora Kelly Alexandra Hodeg Durango se evidencia, al igual que lo hizo el a quo, que el jefe de la Oficina de Planeación y Desarrollo del Departamento Administrativo Distrital de Salud, DADIS, no es uno de los cargos investidos con la autoridad administrativa exigida por la norma inhabilitante, esto es, alcalde, secretarios de la alcaldía, jefes de departamento administrativo, gerentes o jefes de las entidades descentralizadas, jefes de las unidades administrativas especiales como superiores de los correspondientes servicios municipales y funcionarios que hagan parte de las unidades de control.

Y desde el punto de vista funcional no se vislumbra la enumeración de aquellas funciones de las que se pueda predicar capacidad para celebrar contratos o convenios, ordenar gasto con cargo a fondos municipales, otorgar comisiones y licencias no remuneradas, decretar y suspender vacaciones, trasladar horizontal o verticalmente a funcionarios subordinados, reconocer horas extras, vincular personal supernumerario o fijar nueva sede al personal de planta; así como tampoco dicho empleo público tiene adscritas facultades para investigar las faltas disciplinarias.

De forma especial, tanto en la demanda como en la impugnación, se mencionó que la hermana de la señora concejal fungió como interventora del Contrato núm. 10-325-2015 de 22 de enero de 2015(12) desde el cual, presuntamente, tenía el poder y autoridad que le otorgaba dicha posición, ya que con sus informes se produjo el pago del referido contrato ejecutado en su integridad en el Distrito de Cartagena. La interventoría, indicó el escrito, comprende una función que va más allá del control y vigilancia y es la de coadyuvar para el cumplimiento del objeto del contrato vigilado, con lo que el funcionario interventor entraña el poder que la administración delega en él para que en su nombre vele por el cumplimiento de los fines esenciales del Estado y los postulados de la administración pública, lo cual involucra no solo una gran responsabilidad sino un poder y una potestad desequilibrantes.

Al respecto, la Sala observa que el Contrato núm. 10-325-2015 de 22 de enero de 2015 (fls. 284 a 286) fue suscrito entre la Directora del DADIS, doctora Martha Rodríguez de Gaviria en su calidad de representante legal, “[…] delegada para dirigir los procesos contractuales y celebrar los contratos de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión o para la ejecución de trabajos artísticos que sólo pueden encomendarse a determinadas personas naturales […] y el contratista señor Carlos Simón Galvis Machacón.

De igual forma, el Modificatorio de 18 de junio de 2015 a este Contrato núm. 10-325-2015 (fl. 283), mediante el cual se cambió su valor y la forma de pago, fue suscrito por el Director (E) del DADIS, doctor Alberto Pereira Llamas y el referido contratista. Es decir, queda claro que la señora Kelly Alexandra Hodeg Durango no fue quien celebró dicho contrato ni su modificatorio.

En la Cláusula Décima Tercera denominada “Supervisión del Contrato”, en efecto, ella fue designada supervisora del mismo. Como evidencia de esta labor, se encuentran los siguientes documentos en el expediente:

• “Certificación de Interventoría de Órdenes de Prestación de Servicio” de 26 de junio de 2015 y Acta de Interventoría Nº 1 de 30 de junio de 2015 (fls. 279 a 281).

• “Certificación de Interventoría de Órdenes de Prestación de Servicio” de 26 de agosto de 2015 y Acta de Interventoría Nº 3 de 30 de agosto de 2015 (fls. 272 a 274).

• “Certificación de Interventoría de Órdenes de Prestación de Servicio” de 25 de septiembre de 2015 y Acta de Interventoría Nº 4 de 30 de agosto de 2015 (fls. 266 a 268).

• “Certificación de Interventoría de Órdenes de Prestación de Servicio” de 28 de octubre de 2015 y Acta de Interventoría Nº 5 de 30 de octubre de 2015 (fls. 261 a 263).

Certificaciones y actas suscritas todas por la señora Kelly Alexandra Hodeg Durango en cumplimiento de la tarea contractualmente asignada, lo que demuestra que esta le adelantó labores de supervisión a un Contrato de Prestación de Servicios Profesionales suscrito con una persona natural.

No obstante la Sala observa, en cuanto a la figura de la supervisión observa, que la Ley 1474 de julio 12 de 2011(13), en su artículo 83 dispuso y definió lo siguiente:

Artículo 83. Supervisión e interventoría contractual. Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda.

La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos.

La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la entidad estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro de la interventoría.

Por regla general, no serán concurrentes en relación con un mismo contrato, las funciones de supervisión e interventoría. Sin embargo, la entidad puede dividir la vigilancia del contrato principal, caso en el cual en el contrato respectivo de interventoría, se deberán indicar las actividades técnicas a cargo del interventor y las demás quedarán a cargo de la entidad a través del supervisor.

El contrato de Interventoría será supervisado directamente por la entidad estatal […] (Negrillas por fuera de texto)”.

Asimismo, en cuanto a las facultades y deberes de los supervisores e interventores, el artículo 84, ibídem, estableció:

Artículo 84. Facultades y deberes de los supervisores y los interventores. La supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista.

Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por mantener informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente” (Negrillas por fuera de texto).

A partir de lo anterior, se aclara en primera medida, que la señora Kelly Alexandra Hodeg Durango, contrario a lo manifestado por el apelante, ejerció funciones de supervisión del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales núm. 10-325-2015 de 22 de enero de 2015 más no de interventoría; aquello fue un seguimiento al cumplimiento del objeto del contrato, desplegado por el propio DADIS, a través de esta funcionaria perteneciente a su planta de personal, pues no se requerían conocimientos especializados para los efectos.

Como supervisora de ese Contrato, la hermana de la Concejal demandada se limitó a efectuar ese seguimiento al ejercicio de las obligaciones a cargo del respectivo contratista, estando facultada exclusivamente para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y para mantener informado al DADIS de los hechos o circunstancias que podían constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles o que podían poner en riesgo el cumplimiento del contrato o cuando tal incumplimiento se presente.

Dado este imperativo legal, a la señora Kelly Alexandra Hodeg Durango le resultaba imposible ejercer mando o autoridad administrativa alguna ya que como supervisora ni celebró el contrato referido, ni ejecutó ordenación de pago alguno. Las “Certificaciones” atrás descritas que descansan en el acervo probatorio son una típica constancia del estado en que se encontraba a la fecha ese contrato –seguimiento– y del pago de los aportes a seguridad social a cargo del contratista, todo ello a partir de los informes presentados por este mismo.

También le estaba vedado a la supervisora adelantar investigaciones por las faltas disciplinarias que eventualmente fuesen cometidas por el contratista y mucho menos imponerle sanciones. Precisamente, en los formatos de las “Actas de Interventoría” se observa en el encabezado de su segunda página lo siguiente: “[…] Para imposición de sanciones el supervisor o interventor deberá requerir por escrito al contratista para que cumpla con el objeto del contrato, si el contratista persiste en el cumplimiento (SIC) total o parcial del contrato, el interventor elaborará un informe en el cual conste el incumplimiento […]; todo ello para que el operador disciplinario y/o funcionario competente, iniciaran las investigaciones a que hubiere lugar.

Visto lo anterior, forzoso es concluir que la supervisión efectuada por la señora Kelly Alexandra Hodeg Durango no implicó poder de mando, facultad decisoria ni injerencia alguna en la ordenación del gasto del referido contrato, esto es, que no constituyó el ejercicio de autoridad administrativa alguna ante la simple vigilancia y seguimiento en procura de que el contratista cumpliera con las obligaciones pactadas y en caso de que las mismas corrieran el riesgo de ser incumplidas, ser comunicado oportunamente a la respectiva entidad, en lo que se aprecia como una actividad de soporte o apoyo.

Tal y como tuvo la oportunidad de afirmarlo la Sección Quinta en la mencionada sentencia de 2 de febrero de 2017, (Expedientes acumulados 13001-23-33-000-2016-00075-01 y 13001-23-33-000-2016-00076-01, Consejera ponente Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez), mediante la cual se denegaron las pretensiones de la demanda de nulidad electoral interpuesta por los mismos hechos contra la elección de la Concejal Angélica María Hodeg Durango:

“[…] En este mismo sentido, resulta pertinente señalar que el Consejo de Estado Sección Tercera, en fallo de 28 de febrero de 2013(14) respecto de la finalidad de la interventoría concluyó, que:

“[…] el interventor adelanta, básicamente, una función de verificación y control de la ejecución contractual, pero no le compete introducir modificación alguna en los términos del negocio jurídico sobre el cual recae su función, puesto que esa es materia del resorte exclusivo de las partes del contrato, entidad contratante y contratista. Es por ello que el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, establece que ‘Ninguna orden del interventor de una obra podrá darse verbalmente’, que ‘Es obligatorio para el interventor entregar por escrito sus órdenes o sugerencias’ y además, que ‘ellas deben enmarcarse dentro de los términos del respectivo contrato’, es decir que el negocio jurídico sobre el cual ejercerá vigilancia, constituye el marco dentro del cual la misma debe llevarse a cabo.

[…]

Resulta claro entonces, que la función del interventor es de intermediación entre la entidad contratante y el contratista, dirigida a cumplir el control y vigilancia de la correcta ejecución de las obligaciones surgidas del contrato y no la de sustituir o reemplazar a la entidad en la toma de las decisiones, quien conserva dicha potestad y la ejerce a través de su propio representante legal, que adelanta las actuaciones que le corresponden en virtud de su posición de parte dentro de la relación negocial […]”.

La anterior providencia, resulta pertinente para reafirmar que la función del interventor a vigilar la actividad del contratista e informar a la entidad correspondiente los posibles incumplimientos contractuales que se puedan presentar, de lo que no se advierte el ejercicio de autoridad administrativa alegado por la parte actora […]” (Negrillas fuera de texto).

Aunque ambas providencias se refieren a la interventoría, tales consideraciones son perfectamente predicables para la supervisión en el caso concreto y por lo mismo se prohíjan, en tanto que giran en torno al papel de vigilancia, seguimiento, intermediación y acompañamiento contractual comunes y presentes en ambas figuras, en aras de proteger la moralidad administrativa, prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y tutelar la transparencia de la actividad contractual.

Finalmente, como hecho nuevo fue señalado en el recurso de apelación que la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo del Departamento Administrativo de Salud, DADIS, tiene a su cargo, directa e indirectamente, manejo de personal sobre el cual se ejerce autoridad administrativa de aquella que inhabilita conforme a lo dispuesto en la norma, lo que según el impugnante está plenamente demostrado en el plenario.

Tampoco le asiste razón al impugnante, ya que más allá de ser un argumento adicional no contenido en la demanda inicial ni estudiado por la providencia atacada que por demás no logra ser objeto del presente análisis, lo verídico es que no hay prueba que demuestre tal afirmación ni actuación de la funcionaria que evidencie el otorgamiento de comisiones y licencias no remuneradas, el decreto y suspensión de vacaciones, el traslado horizontal o vertical de funcionarios subordinados, el reconocimiento de horas extras, la vinculación de personal supernumerario o la fijación de nueva sede al personal de planta, tal como ya ha sido explicado por la Sala.

En este orden de ideas, al no configurarse la inhabilidad comprendida en la segunda de las causales alegadas, no habrá lugar a continuar con el respectivo análisis subjetivo por lo que se denegará el recurso de apelación, manteniéndose incólume el fallo impugnado en su integridad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia de 7 de julio de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 13 de julio de 2017».

4 Expediente AC-175, C. P. Guillermo Chahín Lizcano. Actor: Carlos Espinosa Faccio Lince, Presidente H. Senado de la República. Demandado: Samuel Alberto Escrucería Manzi. Expediente 2001-0199 (PI), C. P. Camilo Arciniegas Andrade, actor: Vladimir Fernández Andrade. Demandado: Carlos Alberto Martín Salinas. Expediente 2001-0577 (8446), C. P. Camilo Arciniegas Andrade, Actor: Jaime Beltrán Ospitia, Demandado: Leonardo Gómez Urrego. Expediente 41001-23-31-000-2005-02302-01(PI), C. P. Camilo Arciniegas Andrade. Demandado: Carlos Augusto Rojas Ortiz, Sentencia de 21 de julio de 2015, Expediente 11001-03-15-000-2012-00059-00(PI), C. P. María Claudia Rojas Lasso. Demandado: Rafael Romero Piñeros. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 20 de marzo de 2001, Exp. AC-12157. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 8 de febrero de 2011, C. P. Ruth Stella Correa Palacio, Expediente 11001-03-15-000-2010-00990-00 (acumulados). Demandado: Rubén Darío Rodríguez Góngora. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 23 de febrero de 2016, Expediente 11001-03-15-000-2015-00102-00(PI), C. P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez. Demandado: Marco Sergio Rodríguez Merchán. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de unificación de 27 de septiembre de 2016, Radicado (SU) 11001-03-15-000-2014-03886-00, C. P. Alberto Yepes Barreiro. Corte Constitucional, sentencias SU-1159 de 2003, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa; SU-399 de 31 de mayo de 2012, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto; SU424 de 11 de agosto de 2016, M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado, providencia esta ratificada recientemente por la Sala entre otras, en sentencia de 9 de marzo de 2017, Radicado 76001-23-33-007-2016-00267-01(PI), C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio (E).

5 Establecimiento público de educación superior del orden Departamental (Bolívar), regida por la Ley 30, creada mediante Ordenanza 35 de 1990 y reajustada su razón social por la Ordenanza 16 de 2008. Aprobada como Institución Universitaria por el Ministerio de Educación Nacional, mediante resoluciones 3140 y 3377 del año 2000.

6 Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 16 de noviembre de 2011, Expediente 11001-03-15-000-2011-00515-00(PI), C. P. María Elizabeth García González.

7 Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 8 de mayo de 2007, Exp. 00016.

8 Sentencia de 9 de diciembre de 2010, Expediente 44001-23-31-000-2010-00092-01(PI), C. P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.

9 Sección Quinta, sentencia de 2 de febrero de 2017, expedientes acumulados 13001-23-33-000-2016-00075-01 y 13001-23-33-000-2016-00076-01, C. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Actores: Lúder Miguel Ariza Sanmartín y Harol Valderrama Sarabia. Demandado: Angélica María Hodeg Durango, Concejal de Cartagena periodo 2016-2019.

10 Ley 30, artículo 66.

11 Código Civil, “Artículo 35. “Parentesco de consanguinidad”. Parentesco de consanguinidad es la relación o conexión que existe entre las personas que descienden de un mismo tronco o raíz, o que están unidas por los vínculos de la sangre”.
“Artículo 37. “Grados de consanguinidad”. Los grados de consanguinidad entre dos personas se cuentan por el número de generaciones. Así, el nieto está en segundo grado de consanguinidad con el abuelo, y dos primos hermanos en cuarto grado de consanguinidad entre sí”.

12 En el Oficio AMC-OFI-0058421-2016 de 27 de junio de 2016 suscrito por el Director del DADIS (fl. 391) se dejó la siguiente constancia: “En atención a su requerimiento, le informo que la doctora Kelly Alexandra Hodeg Durango, durante la vigencia 2015 fungió como interventora del contrato 10-325-2015, cuyo contratista era el señor Carlos Simón Galvis Machacón, no siendo interventora de ningún contrato más”. (Negrillas por fuera de texto).

13 Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.

14 Sección Tercera, sentencia de 28 de febrero de 2013, Rad. 2001-02118-01, C. P. Danilo Rojas Betancourth, Actor: Sociedad E.L. Profesionales Ltda.