Sentencia 2016-00100 de mayo 25 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Rad.: 50001-23-33-000-2016-00100-02

Consejera Ponente:

Dra. Rocío Araújo Oñate

Actor: Edilberto Baquero Sanabria

Demandado: Diputados a la asamblea del departamento del Meta

Asunto: Nulidad electoral - Fallo de segunda instancia.

Confirma decisión de primera instancia, niega pretensiones de la demanda.

Bogotá D.C., veinticinco de mayo de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. Competencia.

La competencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado para conocer del recurso de apelación presentado por el demandante, contra la sentencia del 25 de enero de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, está fijada en los artículos 150 y 152.8 de la Ley 1437 de 2011; al igual que por lo normado en el Acuerdo 55 de 2003 expedido por la Sala Plena de esta Corporación.

2. Problema jurídico.

Le corresponde a esta Corporación decidir si hay lugar a confirmar, modificar o revocar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, conforme los argumentos expuestos por el demandante en su recurso de apelación, en el cual solicitó se declare la nulidad del acto de elección de los Diputados a la Asamblea Departamental del Meta en razón a que se encuentra demostrada la incidencia respecto de la exclusión de las mesas del municipio de Guamal, entre otras.

Por razones de orden metodológico, para desarrollar el problema jurídico planteado, se precisará: i) violencia como causal de nulidad electoral y, iii) el caso en concreto.

3. Desarrollo del problema jurídico.

3.1. Violencia como causal de nulidad electoral(36). 

El artículo 275 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en sus numerales 1º y 2º contempla la violencia como causal de nulidad del acto electoral(37). En desarrollo de este precepto normativo, esta Sección ha entendido por violencia como: “…el hecho de un tercero que irrumpe a través de la fuerza, bien sea física o psicológica, en la integridad y en el orden natural del proceso eleccionario, atacando directamente a las personas o a las cosas que hacen parte de él.

(…)

Cualquiera que sea el caso, es dicho fenómeno, entonces, una causa exógena que altera la corrección formal que se debe predicar de un acontecimiento tan significativo como lo es la elección”(38) Negrillas propias.

Tal fenómeno puede recaer:

I) Sobre las personas (numeral 1º): Esto es, nominadores, electores, autoridades electorales y puede ser ejercida de manera física o moral. “…Como violencia física se califica toda conducta que directa o indirectamente esté dirigida a ocasionar un daño o sufrimiento físico sobre las personas, mientras que la violencia sicológica corresponde a aquellos actos que puedan ocasionar un daño emocional, que disminuyan la autoestima, que perturben el libre desarrollo de la personalidad, que puedan producir descrédito, deshonra o menosprecio del valor personal o de la dignidad”(39).

II) Sobre las cosas (numeral 2º): recae en los documentos, elementos o material electoral, así como también el sabotaje(40) a estos o contra los medio de información electrónica que emplea la autoridad electoral en la trasmisión y consolidación de resultados.

Ahora bien, para que el juez electoral profiera un fallo anulatorio por hechos de violencia, no solo debe verificar de manera objetiva la ocurrencia del hecho (elemento cualitativo), sino que debe proceder a determinar si tal irregularidad, tuvo la entidad suficiente para modificar el resultado (elemento cuantitativo).

Por manera que, si en el trámite de un proceso de nulidad electoral el actor demuestra no solo que el acto electoral es producto de violencia sobre las personas o las cosas y, a su vez la incidencia en el resultado de tales actuaciones, es deber del operador judicial anular dicho acto en aras de preservar la voluntad popular.

3.2. Caso concreto.

Las irregularidades ocurridas en el municipio de Guamal (zona 00) durante la jornada electoral del 25 de octubre de 2015, se enmarcan en actos de violencia concretamente contra el material electoral —artículo 257.2 de la Ley 1437 de 2011—, dado que de conformidad con el informe rendido por el comandante departamental de Policía del Meta: “...70 a 100 personas aproximadamente (…) ocasionaron disturbios en la parte interna del colegio, donde incitaron a las personas que se encontraban en el interior a generar desorden,…, tumbando cajas del certamen electoral, situación que duro (sic) aproximadamente de 15 a 20 minutos,…

(El 26 de octubre de 2015) Durante el trascurso de la mañana a eso de las 06:00, la junta de profesores al realizarse revisión al colegio José María Córdoba en uno de los salones se encontró 02 bolsas con material electoral, lo cual fue informado a personal de la policía, que a su vez informó al señor Registrador quien ordena se deje el material en el lugar e informar a la autoridad Judicial, por tanto se llama y se coordina con el CTI de Acacias (sic), a fin de realizar inspección al lugar mencionado”.

Como consecuencia de tales actos vandálicos, conforme se encuentra relatado en el acta de escrutinio del municipio de Guamal, la comisión recibió de parte de la fuerza pública 3 cajas que contienen sobres dirigidos a claveros abiertos y 6 cajas adicionales con tarjetas electorales marcadas por las diferentes corporaciones, sin que se pudiera determinar la mesa a la que pertenecían, aunado a lo anterior, los jurados de votación no diligenciaron los formularios E-14 o dejaron de suscribirlos. En razón de ello, no se escrutaron ninguna de las 28 mesas que correspondían a la cabecera municipal —zona 00— del mencionado municipio, conforme lo ordena el artículo 42 de la Ley 1475 de 2011.

A causa de los actos de violencia ejercida sobre el material electoral, el Registrador Municipal de Guamal, actuando de conformidad con el mandato consagrado en el artículo 171 del Código Electoral, el 28 de octubre de 2015, se trasladó a Villavicencio con la documentación rescatada; allí se puso a su disposición un arca triclave para que procediera a la introducción de la documentación, previa relación de esta en un acta.

Los delegados del Consejo Nacional Electoral, fungiendo en su condición de miembros de la comisión escrutadora general, al momento de decir lo concerniente a la declaratoria de la elección de la Asamblea Departamental del Meta, no se pusieron de acuerdo respecto de la decisión que se debía adoptar, dado que, uno de ellos, señaló que con las mesas recibidas de los corregimientos de Humadea y Orotoy era suficiente para proceder a declarar la elección, en aras de preservar la voluntad popular de quienes ejercieron su derecho al voto, excluyendo la zona 00 del municipio, toda vez que no existieron formularios E-14, así como tampoco una adecuada cadena de custodia de los pliegos.

El otro delegado del Consejo Nacional Electoral, adujo que la declaratoria de la elección de los diputados del departamento del Meta no era posible, toda vez que si bien las mesas de los corregimientos pudieron ser escrutadas, estas contaban con un potencial electoral de 447 votantes, mientras que, la cabecera municipal —zona 00— que no pudo ser contabilizada contaba con un potencial electoral de 9.900 ciudadanos, pudiendo tal cantidad de votantes influir en el resultado final.

En razón de lo anterior y con el fin de resolver el desacuerdo presentado entre sus delegados(41), el Consejo Nacional Electoral, mediante Acuerdo 3 del 22 de diciembre de 2015, decidió entre otras, declarar la elección de los Diputados del Departamento del Meta, al considerar que de conformidad con el artículo 288 de la Ley 1437 de 2011, la no incorporación en el escrutinio de las mesas de la cabecera municipal no inciden en el resultado final, de conformidad con el potencial de votantes del departamento del Meta (660.009) frente al de la zona 00 del municipio de Guamal (9.900), que no es otro distinto al 1.49% del total del censo electoral.

Analizados los argumentos de apelación presentados por el accionante, se tiene que estos radican fundamentalmente en que la falta de incorporación de las mesas de la cabecera municipal de Guamal (zona 00) es determinante en el resultado.

Previo al estudio del caso en concreto, corresponde determinar si conforme con los hechos narrados, se presentó la ruptura de la cadena de custodia que ameritara la exclusión de la votación de la cabecera municipal de Guamal (zona 00) en los escrutinios de la Asamblea Departamental del Meta.

Cadena de custodia

Resulta de gran importancia para el análisis del presente proceso, determinar si existió o no cadena de custodia sobre los documentos electorales excluidos correspondientes a la cabecera municipal de Guamal (zona 00), esto con el fin de poder establecer si el Consejo Nacional Electoral, motivó en debida forma el acto en el que ordenó la exclusión de la votación señalada y declaró la elección de los Diputados a la Asamblea del Meta.

Se debe recordar que el proceso electoral tiene como característica principal su ritualidad, ello por la importancia que de este se desprende, que no es otra cosa diferente que garantizar la verdad electoral, esto es, materializar la voluntad popular depositada en las urnas.

En razón de ello, emana como necesario que los ciudadanos en general conozcan las etapas de un proceso estandarizado y ritualizado por expreso mandato legal, para que así puedan en ejercicio de sus derechos fundamentales consagrados en el artículo 40 superior elegir o ser elegidos.

Para tal fin, el proceso electoral, contempla unas etapas en las cuales tanto quien quiere ser elegido como los futuros electores, puedan presentar sus objeciones a las actuaciones registradas ya sea de manera previa, concomitante o posterior a la elección.

Es así como, para este caso en concreto, en la etapa de escrutinio (post-electoral), existe la ritualidad respecto de la entrega de los pliegos electorales o lo que es lo mismo, los documentos electorales que contienen propiamente la voluntad de los electores, por parte de los Jurados de votación a los funcionarios de la Registraduría Nacional del Estado Civil (delegados de puesto) y de estos a la correspondiente comisión escrutadora.

Este procedimiento es el siguiente:

El título VII capítulo I del código electoral, regula lo concerniente al proceso de escrutinio de mesa, en él se contempla que cuando finalice la jornada de votación, corresponde a los jurados de mesa abrir las urnas y proceder al conteo de la votación.

De la sumatoria total de la votación de cada mesa, debe quedar constancia en el acta correspondiente, esto es, el formulario E-14(42), en el cual debe reposar de manera clara y sin tachaduras el número de votos obtenidos por cada opción (candidato, partido, en blanco, no marcados y nulos).

De igual forma en dicho formulario debe quedar constancia de la nivelación de la mesa, este procedimiento es el resultado de contabilizar el número de sufragantes que se encuentra registrado en el formulario E-11 con los votos depositados y existentes en la urna de votación, el cual debe coincidir. Finalmente luego de plasmar cada una de estas actuaciones en el formulario E-14 los jurados de votación deberán firmar todos los ejemplares.

En esta instancia, los testigos electorales podrán presentar por escrito la reclamación consagrada en el artículo 122 del Código Electoral (recuento de votos), en este caso los jurados deberán resolverla y dejar constancia del resultado en los 3 ejemplares del acta del escrutinio E-14 de la corporación o cargo que se recontó, dejando claro: i) el partido, movimiento político, agrupación política, promotor de voto en blanco u organización de observación electoral reconocida por el Consejo Nacional Electoral que la solicitó y, ii) el testigo que la presentó. Se debe resaltar, que las reclamaciones que no hagan referencia al recuento de votos, deben ser recibidas por estos y posteriormente introducidas en el sobre de Claveros.

En el sobre de claveros los jurados de votación también deben depositar(43): i) formulario E- 10 (listado de sufragantes), ii) formulario E-11 (acta de instalación de mesa y registro de votantes), iii) formulario E-14 de claveros, iv) formulario E-12 (autorización para votar) y, v) sobre que contiene los votos. Sellado el sobre para los claveros, el jurado de votación debe hacer entrega inmediata del mismo al delegado de puesto (funcionario de la Registraduría Nacional del Estado Civil encargado de llevar el material arriba detallado a la correspondiente comisión escrutadora), quien tiene que diligenciar el formulario E-17(44), en el cual queda constancia expresa del día, hora y estado del sobre. Verificado lo anterior el delegado de puesto deberá firmar el E-17(45).

Los claveros de la correspondiente comisión escrutadora son los encargados de recibir de los delegados de puesto los pliegos electorales. De este procedimiento y del estado de recepción de los documentos, así como de la hora y fecha de entrega, se deja constancia en el formulario E-19(46).

Posteriormente, las comisiones escrutadoras deberán verificar como primera medida la introducción de los documentos electorales hecha por los claveros; para ello comprobarán a partir del formulario E-20(47) la hora, fecha y estado en que fueron entregados y recibidos estos.

Nótese que el anterior procedimiento no fue observado en el proceso de escrutinio de la zona 00 de Guamal, dado que conforme lo señala el Delegado Departamental del Meta(48), el día de las elecciones a eso de las 4:40 p.m. “…una vez se conociera por medio del sistema de preconteo el resultado de las votaciones para alcalde, se alteró el orden público en la cabecera municipal de Guamal, ingresando la turba al puesto de votación. La reacción de la fuerza pública utilizando gases lacrimógenos, afectó a quienes se encontraban al interior del colegio como jurados de votación, testigos electorales, miembros de la mesa de justicia, funcionarios de la Registraduría Nacional y personal que manejó las máquinas biométricas, quienes se dispersaron tratando de evitar los efectos nocivos del gas, dejando abandonados los documentos electorales a merced de la turba. Recuperado el orden en el puesto de votación por la Policía Nacional, se recolectó el material electoral el cual fue puesto a disposición de la Comisión Escrutadora Municipal en cajas de cartón y bolsas plásticas, habiéndose mezclado los votos. La Comisión Escrutadora Municipal escrutó la votación para Asamblea y Concejo de las mesas de votación de la cabecera municipal en ceros por no existir E-14 con información y estar mezclados los votos…” Negrillas propias.

Así mismo consta que(49): “…la Comisión Escrutadora Municipal recibió de los claveros los sobres que contienen los votos depositados por los sufragantes, pero teniendo en cuenta que en el municipio de Guamal fue decretado el toque de queda a partir de las 8 pm con ocasión a los hechos de alteración de orden público, se dispone la suspensión del escrutinio dejando constancia que únicamente se escrutaron las mesas de las inspecciones de policía Humadea y Orotoy, ya que el material electoral llego en buen estado; en lo que respecta al material electoral correspondiente al puesto de votación de la cabecera municipal la comisión recibió de parte de la fuerza pública 3 cajas que contienen sobres dirigidos a claveros abiertas y 6 cajas adicionales con tarjetas electorales marcadas de las diferentes corporaciones revueltas…”.

Conforme con los hechos anteriormente narrados se tiene sin lugar a dudas, que no se respetó el proceso legal establecido en el código electoral respecto de la debida custodia del material electoral que contenía la voluntad popular de los ciudadanos de Guamal (zona 00) para la escogencia de los candidatos a la Asamblea Departamental del Meta.

Aunado lo anterior, al no existir certeza que la documentación contentiva de los votos de la cabecera municipal de Guamal no hubiera sido alterada, dado que estuvo a merced de la multitud que se tomó de manera arbitraria el puesto de votación de la zona 00, es que la comisión escrutadora municipal, decidió dejar en cero la información proveniente de la mencionada zona al momento de consolidar la información del escrutinio municipal.

Se debe agregar a lo anterior, que al no existir formularios E-14, no se pudo dar cumplimiento por parte de la comisión escrutadora a lo normado en los artículo 142 del Código Electoral(50) y 41 de la Ley 1475 de 2011(51) y, mucho menos hacer conteo de la presunta votación de los ciudadanos de Guamal (zona 00), toda vez que la misma, como ya se señaló no cuenta con la cadena de custodia propia de este tipo de documentos.

Conclusión

Teniendo en cuenta lo anterior, resulta ajustada la decisión del Consejo Nacional Electoral, de excluir la votación de la cabecera municipal de Guamal (zona 00), al no contar la misma con la custodia que la ley electoral le imprime a esta documentación para ser tenida como válida, dado que no es posible determinar si quienes entraron de manera arbitraria al puesto de votación de la zona 00 de Guamal, sustrajeron votos al momento de salir del plantel educativo o por el contrario introdujeron material que modificó la voluntad del electorado.

Siendo así las cosas se estudiarán los elementos de la causal de nulidad deprecada, a saber:

3.2.1. Elementos de la causal de nulidad estudiada.

En el presente caso se tiene que el material electoral y los jurados de votación de la cabecera municipal de Guamal (zona 00), fueron objeto de violencia por parte de los ciudadanos que ingresaron al puesto de votación luego de cerrada la jornada electoral del 25 de octubre de 2015.

En razón de lo anterior, esta Sección entrará a verificar los elementos cualitativo y cuantitativo constitutivos de la causal de nulidad electoral contemplada en el artículo 275.2 de la Ley 1437 de 2011, esto es, la violencia sobre el material electoral y su incidencia, así:

Cualitativo

En lo que respecta al elemento cualitativo, esto es, lo referente a los actos de violencia propiamente dichos contra el material electoral del municipio de Guamal (zona 00), las partes concuerdan en que efectivamente se materializaron, razón por la cual, este Juez Electoral se releva de su estudio al encontrarse plenamente demostrada su ocurrencia y no haber sido objeto de impugnación su existencia.

Cuantitativo

Cosa diferente ocurre con el elemento cuantitativo que hace referencia a la incidencia, que es donde radica la inconformidad del recurrente frente a la decisión adoptada por el Consejo Nacional Electoral mediante al Acuerdo 3 de 2015 y la decisión de primera instancia de mantener la legalidad del mismo al no encontrar acreditado este requisito.

En este caso en concreto, le corresponde a la Sala Electoral del Consejo de Estado, determinar la incidencia en el resultado de la votación dejada de escrutar en el municipio de Guamal, bajo los presupuestos establecidos en el artículo 287 de la Ley 1437 de 2011 que preceptúa: “Para garantizar el respeto de la voluntad legítima mayoritaria de los electores habrá lugar a declarar la nulidad de la elección por voto popular, cuando el juez establezca que las irregularidades en la votación o en los escrutinios son de tal incidencia que de practicarse nuevos escrutinios serían otros los elegidos” Subraya fuera de texto.

La anterior preceptiva debe ser interpretada de manera sistemática con el artículo 288 ídem, el cual señala que en caso de declararse la nulidad del acto electoral por actos de violencia, se ordenará repetir la elección en toda la circunscripción electoral, cuando se afecte más del 25% por ciento de los ciudadanos inscritos en el censo correspondiente.

Por manera que, esta Sala Electoral procederá a hacer el estudio de incidencia bajo los parámetros anteriormente señalados y, si se llegare a encontrar que efectivamente la exclusión de la votación del Municipio de Guamal (zona 00), fue igual o superior al 25% de los ciudadanos inscritos en el censo de la circunscripción electoral del Departamento del Meta declarará la nulidad del acto demandado, de lo contrario, lo mantendrá incólume.

Incidencia

Siendo así las cosas, se procederá a establecer si de conformidad con el potencial electoral de la circunscripción del departamento del Meta, la votación excluida del municipio de Guamal constituye un 25% o más de esta.

Potencial electoral departamento del Meta: 660.009

Potencial electoral cabecera municipal de Guamal: 9.900

Porcentaje Guamal/departamento del Meta: 1.499%

Si se tuviera en cuenta la votación real del Departamento tendríamos:

Total de votos en el Departamento: 438.362

Potencial electoral cabecera municipal de Guamal: 9.900

Porcentaje Guamal/votos del departamento: 2.25%

Se debe resaltar que el legislador precisó la consecuencia en que el Juez debe afectar la votación por motivos de violencia sobre las cosas, es decir el 25% o más para determinar que hay lugar a anular una elección. Lo anterior consulta el principio electoral de la eficacia del voto, consagrado en el numeral 3º del artículo 1º del Código Electoral en los siguientes términos: “Cuando una disposición electoral admita varias interpretaciones se preferirá aquella que dé validez al voto que represente expresión libre de la voluntad del elector” Negrillas propias.

Quiere decir lo anterior, que se debe proteger la expresión libre de la voluntad del electorado del Departamento del Meta que en una proporción mayor, esto es 438.362 votantes acudieron a las urnas y decidieron a quienes querían como Diputados a la Asamblea Departamental del Meta, votación que no puede ser desconocida por este Juez Electoral.

3.2.2 Conclusión.

El porcentaje excluido del cómputo de votos, correspondiente a la cabecera municipal de Guamal no alcanza a ser del 1.5%, porcentaje que a todas luces es inferior al 25% que exige el artículo 288, numeral 1º inciso 2º de la Ley 1437 de 2011. En razón de ello, no existe incidencia en el resultado y por ende se mantiene la asignación de curules hecha en el Acuerdo 3 de 2015 y el E-26 del 23 de diciembre de 2015, expedidos por el Consejo Nacional Electoral, así como también se mantienen los ciudadanos que resultaron electos por cada una de ellas. Esto quiere decir que la decisión de excluir las mesas de la cabecera municipal de Guamal (zona 00), no tuvo incidencia en el resultado, por lo que no se declarará la nulidad del acto de elección de los Diputados a la Asamblea del Meta.

3.2.3. Desconocimiento del artículo 137 de la Ley 1437 de 2011.

En el escrito de apelación, el demandante trae como argumento adicional para solicitar la nulidad del Acuerdo 3 de 2015, que los Magistrados del Consejo Nacional Electoral desconocieron lo normado en el artículo 137 de la Ley 1437 de 2011.

Vale la pena resaltar, que el a-quo en la sentencia objeto del presente recurso de apelación, señaló que las irregularidades que se pudieron presentar al momento en que el Consejo Nacional Electoral expidió el Acuerdo 3 de 2015, no tenían la entidad suficiente para anularlo.

Sin embargo, el actor no compartió dicha decisión, motivo por el cual en su recurso de apelación solicitó se de aplicación a dicha normativa, sin fundamentar las razones de su inconformidad, con la misma, solo se limita a señalar que: “…dicho artículo se debió aplicar al presente caso y haberse decretado la nulidad del mismo, tal y como se solicitó en la demanda y fue coadyuvado por la Agente del Ministerio Público (…) fue expedido con infracción de las normas en que debía fundarse, y de forma irregular, desconociendo el derecho de audiencia y de defensa, igualmente mediante falsa motivación, y con desviación de las atribuciones propias de los Señores del Consejo Nacional Electoral, quien lo profirió”.

En este caso se advierte una ausencia total de carga argumentativa que permita a esta instancia analizar la presente objeción, más aun cuando, el a-quo admite la existencia de irregularidades pero señala que las mismas no son sustanciales, ante lo cual el actor debió fundamentar en el recurso de apelación las razones por las cuales no se encuentra conforme con la decisión adoptada y presentar los argumentos que considera pertinentes para demostrar que la decisión de primera instancia no fue la correcta.

En razón de lo anterior, no se estudiará lo que concierne a este cargo.

3.2.4. Otras consideraciones.

Frente a la solicitud de compulsa de copias a la Fiscalía y a la Procuraduría General de la Nación, con fundamento en la petición que hiciera el apoderado judicial del demandante, para que se adelanten las investigaciones respectivas por las irregularidades en que hubiesen incurrido los Magistrados del Consejo Nacional Electoral al tramitar el desacuerdo presentado por sus delegados que culminó con la expedición del Acuerdo 3 de 2015, por medio del cual se declaró la elección de los Diputados del Meta, se tiene que no encuentra esta instancia actuación irregular por parte de los Magistrados del Consejo Nacional Electoral, que amerite la compulsa de copias solicitada por el accionante en su escrito de apelación.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

1. CONFIRMAR la sentencia proferida el 25 de enero de 2017, por medio de la cual el Tribunal Administrativo del Meta negó las pretensiones de la demanda, conforme con la parte motiva de este proveído.

2. DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para lo de su competencia.

3. ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

Notifíquese y cúmplase».

36 Para conocer la evolución histórica de la violencia como causal de nulidad electoral, ver Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 29 de septiembre de 2016, CP: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. Nº 05001-23-33-000-2015-02546-01 acumulado.

37 Artículo 275: Causales de anulación electoral. Los actos de elección o de nombramiento son nulos en los eventos previstos en el artículo 137 de este Código y, además, cuando:
1. Se haya ejercido cualquier tipo de violencia sobre los nominadores, los electores o las autoridades electorales.
2. Se hayan destruido los documentos, elementos o el material electoral, así como cuando se haya ejercido cualquier tipo de violencia o sabotaje contra estos o contra los sistemas de votación, información, transmisión o consolidación de los resultados de las elecciones”.

38 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 29 de septiembre de 2016, CP: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. Nº 05001-23-33-000-2015-02546-01 acumulado.

39 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 19 de enero de 2006, CP: Darío Quiñones Pinilla, Rad. Nº 68001-23-15-000-2004-00002-02.

40 Este numeral contempla como causal de nulidad la violencia o sabotaje sobre las cosas, para entender la diferencia que existe entre los dos conceptos ver Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 29 de septiembre de 2016, CP: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. Nº 05001-23-33-000-2015-02546-01 acumulado.

41 De conformidad con lo preceptuado en el artículo 187 literal c) del Código Electoral, corresponde al Consejo Nacional Electoral, desatar los desacuerdos que se presenten entre sus delegados, procediendo a la declaratoria de la elección y expedición de las credenciales.

42 Del formulario E-14 se expiden tres ejemplares los cuales deben ser idénticos en su contenido y, dependiendo de su destino, se puede establecer su función, es así como el ejemplar de claveros va a ser el sustento del escrutinio zonal o auxiliar, el de delegados del Registrador Nacional, el cual es el que se digitaliza para su posterior publicación en la página web de la entidad y, el de trasmisión que es la base del preconteo y a su vez es el que finalmente se le entrega a los testigos electorales que los soliciten (ver artículo 41 de la Ley 1475 de 2011).

43 Artículo 143 del Código Electoral.

44 Constancia de recibo de los documentos electorales entregados por los Jurados de Votación.

45 El formulario E-17, tiene dos partes, una que queda como constancia para el jurado de votación, en la cual consta el estado en que entregó los documentos electorales y, la segunda parte para el delegado de puesto. Artículo 144 del código electoral.

46 Acta de recibo de documentos en el arca triclave.

47 Acta de introducción de documentos electorales en el arca triclave, artículo 152 del código electoral.

48 Folio 163 del cuaderno Nº 1.

49 Acuerdo 3 del 22 de diciembre de 2015, folio 31 cuaderno Nº 1.

50 Artículo 142 modificado por el artículo 12 de la Ley 6ª de 1990: Los resultados del cómputo de votos que realicen los jurados de votación se harán constar en el acta, expresando los votos obtenidos por cada lista o candidato. Del acta se extenderán dos (2) ejemplares iguales que se firmarán por los miembros del jurado de votación; todos estos ejemplares serán válidos y se destinarán así: uno para el arca triclave y otro para los Delegados del Registrador Nacional del Estado Civil.

51 Artículo 41: Escrutinio el día de la votación. Las comisiones escrutadoras distritales, municipales y auxiliares comenzarán el escrutinio que les corresponde el mismo día de la votación, a partir del momento del cierre del proceso de votación, con base en las actas de escrutinio de mesa y a medida que se vayan recibiendo por parte de los claveros respectivos, en el local que la respectiva Registraduría previamente señale.

Salvamento de voto

Con el debido respeto por las consideraciones que llevaron a la mayoría de la Sala a “CONFIRMAR la sentencia proferida el 25 de enero de 2017, por medio de la cual el Tribunal Administrativo del Meta negó las pretensiones (…)”, expongo las razones por las cuales salvo mi voto, tal y como, a continuación, se sigue:

1. El a quo desestimó los cargos de la demanda, luego de concluir:

No hubo prueba de la falsedad, por la cual el accionante invocó el numeral 3º del artículo 275 del CPACA.

La violencia en Guamal no produjo una afectación determinante para la elección de diputados, pues el potencial electoral de ese municipio representaba apenas el 1,5% de toda la circunscripción, es decir, menos del 25% establecido en el artículo 288 del CPACA.

Las irregularidades en que pudo incurrir el Consejo Nacional Electoral, entre otras, de no haber notificado el auto de avóquese conocimiento del desacuerdo, así como el acuerdo propiamente dicho, no tenían la entidad suficiente para anular el acto demandado.

2. En contraposición, el apelante señaló:

La violencia alegada sí tenía la vocación de modificar el resultado electoral, toda vez que afectó al 100% de los votantes de Guamal, que alcanza los 10.347 dentro de una elección en la que se definieron curules por 36 votos.

Debió declararse la nulidad electoral toda vez que los magistrados del Consejo Nacional Electoral incurrieron en las causales contenidas en el artículo 137 del CPACA, expuestas en la demanda y coadyuvadas por el Ministerio Público, por cuanto el acto enjuiciado “…fue expedido con infracción de las normas en que deberían [sic] fundarse, y de forma irregular, desconociendo el derecho de audiencia y defensa, igualmente mediante falsa motivación, y con desviación de las atribuciones propias de los Señores del Consejo Nacional Electoral, quien lo profirió(1) (subrayas propias).

3. Por su parte, en la decisión de la cual aparto mi voto se indica:

“… las irregularidades ocurridas en el municipio de Guamal (zona 00) durante la jornada electoral del 25 de octubre de 2015, se enmarcan en actos de violencia concretamente contra el material electoral artículo 275.2 de la Ley 1437 de 2011—, dado que de conformidad con el informe rendido por el comandante departamental de Policía del Meta: ‘… 70 a 100 personas aproximadamente (…) ocasionaron disturbios en la parte interna del colegio, donde incitaron a las personas que se encontraban en el interior a generar desorden, …, tumbando cajas del certamen electoral…’” (subrayas propias).

Así mismo, se expresa que, a partir de los hechos de violencia ocurridos, se presentó el desacuerdo entre los delegados del Consejo Nacional Electoral, que implicó trasladar la declaratoria de elección al mismo Consejo Nacional Electoral, toda vez que los únicos documentos electorales la comisión escrutadora recibió en buen estado, correspondían a los corregimientos del municipio (2 mesas), contrario a los votos depositados en la cabecera municipal (28 mesas), objeto de la violencia.

Para resolver el problema jurídico, la Sala argumentó que debía determinar si hubo ruptura o no de la cadena de custodia respecto de los documentos recuperados por la Fuerza Pública luego de los disturbios presentados en la cabecera municipal de Guamal, con el fin de establecer si “el Consejo Nacional Electoral motivó en debida forma el acto en el que ordenó la exclusión de la votación señalada y declaró la elección de los Diputados de la Asamblea del Meta”.

En tal sentido, concluyó que, en el caso concreto, no se cumplió el procedimiento establecido en el título VII, capítulo I del Código Electoral respecto del escrutinio de mesa, y que, por ende, se rompió la cadena de custodia; pues en la zona 00 de Guamal - Meta, el día de las elecciones, ocurrió lo siguiente:

“… a eso de las 4:40 p.m. ‘…una vez se conociera por el sistema de preconteo el resultado de las votaciones para alcalde, se alteró el orden público en la cabecera municipal de Guamal, ingresando la turba al puesto de votación. La reacción de la fuerza pública utilizando gases lacrimógenos, afectó a quienes se encontraban al interior del colegio como jurados de votación, testigos electorales, miembros de la mesa de justicia, funcionarios de la Registraduría Nacional y personal que manejó las máquinas biométricas (…) [;] “recuperado el orden en el puesto de votación por la Policía Nacional, se recolectó el material electoral el cual fue puesto a disposición de la comisión escrutadora municipal en cajas de cartón y bolsas plásticas, habiéndose mezclado los votos (…)” (subrayas propias).

Ergo, los demás integrantes de la Sala estimaron que la decisión del Consejo Nacional Electoral de excluir la votación de la cabecera municipal de Guamal resultó ajustada a la ley.

Seguidamente, en el fallo del que en esta ocasión me aparto, se pasó a estudiar la causal de nulidad y, al respecto, se señaló que “el material electoral y los jurados de votación”, fueron objeto de violencia y a partir de allí se pasaron a estudiar los elementos cualitativos y cuantitativos del cargo alegado por el demandante.

Comoquiera que no hubo controversia frente al primero, se pasó de una vez al cuantitativo (incidencia de la irregularidad en los resultados de los comicios) —en donde radica la principal censura que de la suscrita consejera en relación con la decisión de la mayoría—, para determinar, en síntesis, lo siguiente:

De conformidad con lo establecido en el artículo 287 del CPACA, “Para garantizar el respeto de la voluntad legítima mayoritaria de los electores habrá lugar a declarar la nulidad de la elección por voto popular cuando el juez establezca que las irregularidades en la votación o en los escrutinios son de tal incidencia que de practicarse nuevos escrutinios, serían otros los elegidos.

La anterior preceptiva debe entenderse de manera sistemática con el contenido del artículo 288 ídem, el cual señala que, en caso de declararse la nulidad del acto electoral, por actos de violencia, se ordenará repetir la elección en toda la circunscripción electoral “cuando se afecte más del 25% de los ciudadanos inscritos en el censo correspondiente.

En el caso concreto, la votación excluida del municipio de Guamal constituye un 1,5% del potencial electoral de la circunscripción del Departamento del Meta, por lo que no se cumple el requisito de haberse afectado un 25% o más de los ciudadanos de la circunscripción.

Se debe proteger la expresión libre de la voluntad del electorado del Departamento del Meta, que en una proporción mayoritaria acudió a las urnas y eligió a los Diputados para la Asamblea del Meta, dando aplicación al principio de eficacia del voto, contenido en el numeral 3º del artículo 1º del CE, conforme al cual “cuando una disposición electoral admita varias interpretaciones, se preferirá aquella que dé validez al voto que represente la expresión libre de la voluntad del elector”.

A partir de lo anterior, se concluyó que las irregularidades acaecidas en el municipio de Guamal, no tuvieron incidencia alguna en el resultado electoral para elegir a los Diputados por el Departamento del Meta, por lo que no había lugar a declararse la nulidad del acto acusado.

Cabe destacar que las censuras del demandante contra el acto de elección, por presentarse las irregularidades contenidas en el artículo 137 del CPACA, no fueron estudiadas por la Sala, con fundamento en que el actor no cumplió con la carga argumentativa que requería la presentación del cargo.

4. Una vez sintetizadas las razones de la mayoritaria, procedo a exponer mi desacuerdo, procurando seguir el mismo orden:

4.1. Para empezar, encuentro que en la sentencia en cuestión, de entrada, se establece que los hechos de violencia fueron concretamente contra el material electoral y, más adelante, sin mayor explicación, se menciona que la misma ocurrió frente al material electoral y los jurados de votación.

Considero que, a fin de evitar ambigüedades, debió demostrarse con claridad y desde un principio que también existió violencia contra las personas.

Ello era viable a partir del informe policial en el que se señala que entre 70 y 100 individuos ocasionaron disturbios, e “incitaron a las personas que se encontraban al interior, a generar desorden”; y que, además, precisa que hubo reacción de la Fuerza Pública, a través de gases lacrimógenos que afectaron a quienes se encontraban al interior del lugar de votación como jurados, testigos electorales, miembros de la mesa de justicia, funcionarios de la Registraduría Nacional del Estado Civil y operadores de máquinas biométricas.

De ahí que el cargo de violencia sustentado en la causal del artículo 275.1 del CPACA estaba plenamente demostrado, de modo que resultaba incuestionable la aplicación del artículo 288.1 ibídem (consecuencias de la sentencia de anulación sobre un acto de elección) respecto de aquella.

4.2. En segundo lugar, me aparto de la afirmación de la Sala, conforme a la cual la decisión de excluir la votación de la cabecera municipal de Guamal para la elección de Diputados del Meta por parte del Consejo Nacional Electoral, estuvo ajustada por cuanto se afectó menos del 25% de la circunscripción.

Aunque acertó el CNE al no tener en cuenta los votos violentados —dada la evidente pérdida de la cadena de custodia sobre el material electoral, teniendo en cuenta que dadas las circunstancias de su ocurrencia, no era posible reconstruir la verdad electoral— erró al declarar la elección, pues, en mi criterio, los votos correspondientes al puesto de votación afectado sí influyeron en el resultado final.

No podía perderse de vista que existía una diferencia de incluso 36 votos entre un candidato electo y otro que no, de modo que cualquier votación por encima de esa diferencia tenía la virtualidad de modificar los resultados de la contienda, por lo que la autoridad administrativa electoral, dadas las alteraciones de orden público y la falta del material electoral para escrutar —por la pérdida de la cadena de custodia—, debió aplazar la elección de diputados por el Departamento del Meta, del mismo modo en que lo hizo frente a los concejales del Municipio de Guamal(2); a pesar de que los documentos electorales de las 2 mesas de los corregimientos de dicho municipio sí hubieran llegado a la Comisión Escrutadora en buen estado.

Era crucial entender que, tal como lo señaló el demandante —y en eso falló la Sala— que se dejaron de contabilizar todos los votos depositados por los ciudadanos inscritos en la cabecera municipal de Guamal (28 de las 30 mesas que forman el total del municipio). Así, uno (1) de los veintinueve (29) municipios que conforman la circunscripción electoral para elegir a sus correspondientes diputados fue omitido, y con ello la voluntad por sus ciudadanos.

Tal situación era la que en realidad desconocía la verdad electoral —no la que adujo la mayoría de esta Sala—, cuyo reflejo pudo ser diferente el que se declaró en el acto enjuiciado, teniendo en cuenta el potencial electoral del puesto de votación violentado, que siendo por mucho, mayor que la diferencia existente entre algunos partidos y candidatos, merecía otro tipo de consideraciones, dada su incidencia, tal y como lo detallaré más adelante.

En suma, la decisión de la Sala mayoritaria desconoce el derecho de elegir y ser elegido de los sufragantes inscritos en la cabecera municipal del municipio de Guamal y de los candidatos que se encontraban inscritos para ser Diputados del Departamento del Meta; especialmente, si se tiene en cuenta que la Asamblea referida está conformada por 11 diputados en representación de los ciudadanos de los 29 municipios, y en este caso, se le ha cercenado el derecho a los electores del municipio de Guamal, casi en su totalidad, pues se declaró una elección que no refleja la verdadera voluntad del electorado y, si en efecto no se podía conocer la verdad sobre la votación depositada por quienes acudieron a las urnas a elegir los representantes por la Asamblea en la cabecera municipal de Guamal —como es evidente que ocurrió—, dadas las circunstancias de violencia, la consecuencia no debió ser otra distinta a la de repetir la elección en ese puesto de votación y dar prevalencia al derecho fundamental de los sufragantes, en virtud del principio pro electoratem, por el que tanto ha propugnado la Sección Quinta(3).

Encuentro sin lugar a dudas, que declarar la elección de los miembros de la asamblea departamental del Meta, solamente con la votación de 28 de los 29 municipios que conforman la circunscripción, bajo una errada concepción de mayoría, desconoce la verdad electoral, pues con la votación del faltante podía variar sustancialmente el resultado de la contienda; máxime porque es indiscutible que cuando se eligen candidatos a las distintas corporaciones —como las asambleas departamentales—, muchos candidatos y partidos tiene su fortaleza electoral en determinados municipios y zonas.

Como muestra de ello, basta ilustrar que del mismo acto de declaratoria de elección —que fue objeto del estudio de la Sala— se advierte que en los 28 municipios, e inclusive en sus 29, la tendencia en la votación por los distintos candidatos no se mantuvo pareja entre los municipios. Al respecto se tiene que la mayor votación la obtuvieron los siguientes:

 MunicipioPartidoCandidatoTotal votos
1001Villavicencio13700035234
2005Acacías1370007724
3006Barranca de Upía137000350
4008Cabuyaro009006537
5010Castilla la Nueva1370001196
6015Cubarral137000875
7020Cumaral1370001762
8025El Calvario137000182
9027El Castillo009006433
10028El Dorado137000411
11030Fuente de Oro0090061255
12035Granada1370004923
13040Guamal1370001486
14041La Macarena009006530
15042Lejanías137000810
16043Puerto Gaitán0090062089
17044Mesetas137000392
18045Puerto López1370002006
19046Mapiripán009037390
20047Puerto Concordia009006339
21048Puerto Lleras009006551
22049Puerto Rico009006589
23050Restrepo1370001372
24055San Carlos de Guaroa009006823
25058San Juan de Arama137000583
26059San Juanito137000299
27060San Martín de Los Llanos0090371668
28074Uribe998998271
29080Vista Hermosa1370001031

Así las cosas, se hace más evidente el desconocimiento del derecho a elegir y ser elegido tanto de los ciudadanos del municipio de Guamal que acudieron al puesto de votación de la cabecera municipal, a elegir a sus representantes a la Asamblea Departamental del Meta, como de los candidatos que aspiraban a la contienda. Se equivocó la Sala al asumir que la decisión del CNE fue la debida bajo el fundamento de no haberse afectado más del 25% de la circunscripción.

4.3. Como tercer punto de mi disenso, en armonía con las razones explicadas en precedencia, y sin lugar a hacer un análisis muy detallado de las diferencias entre la votación de los partidos e incluso al interior de estos por los mismos candidatos; es evidente, como lo señalé, que cualquier número igual o mayor al que se obtiene de la diferencia presentada entre uno y otro, tiene la entidad suficiente para modificar el resultado electoral, por lo que no entiende la suscrita la afirmación que se hace y se reitera en distintos apartes de la providencia conforme con la cual 9.900 votos que corresponden al potencial electoral de la cabecera municipal del municipio de Guamal, no tenían la entidad suficiente para afectar el resultado de la elección Diputados por el Departamento del Meta, siendo que entre un candidato y otro se encontró acreditada una diferencia de incluso 36 votos.

Conforme con el artículo 287 del CPACA, al establecerse que las irregularidades en la votación o en los escrutinios son de tal incidencia que de practicarse nuevos escrutinios serían otros los elegidos, la consecuencia aplicada por la Sala debió conducir a la anulación del acto atacado y a la repetición de la elección en el puesto de votación afectado, para luego sumarlo al consolidado existente de los documentos que ya habían sido válidamente escrutados.

Lo anterior, con fundamento en el principio de verdad electoral y en lo normado en el numeral 1º del artículo 288 del CPACA, el cual considero indebidamente interpretado en el fallo del proceso de la referencia, ya que es a partir de este, la Sala erradamente encontró que al no haberse afectado el 25% o más de la circunscripción (pues el puesto de cabecera municipal representaba menos del 1,5% del total), no hubo incidencia en el resultado y, en consecuencia, según la mayoría, no había lugar a declarar la nulidad de la elección.

A mi juicio, la norma es clara y establece reglas consecuenciales a la anulación cuando se declara por la causal 1ª del artículo 275 del CPACA; es decir, cuando exista violencia sobre las personas:

“1. Cuando se declare la nulidad del acto de elección por la causal señalada en el numeral 1º del artículo 275 del [CPACA](4) se ordenará repetir o realizar la elección en el puesto o puestos de votación afectados.

Si los actos de violencia afectaron el derecho de voto a más del veinticinco (25) por ciento de los ciudadanos inscritos en el censo de una circunscripción electoral, se ordenará repetir la elección en toda la circunscripción.

(…)”.

En mi opinión, no existe el mayor atisbo de duda en relación con el carácter que el legislador imprimió sobre el precepto transcrito. De ninguna manera podría de su simple lectura entenderse que se trata de un presupuesto de la anulación electoral; es evidente, como lo he dicho hasta la saciedad, que es una consecuencia de su advenimiento, y no una condición necesaria para su procedencia.

Dicho de otro modo, la normativa no indica en qué casos deberá declararse la nulidad de un acto de elección cuando se advierte violencia sobre los nominadores, los electores o las autoridades electorales, sino que ya parte de esa declaratoria de nulidad y refiere sus implicaciones. De ahí que no sea cierto que al no haberse afectado más del 25% de la circunscripción, no había lugar a declarar la nulidad del acto de elección, pues ese porcentaje no determina en sí la incidencia de los votos de los electores del puesto afectado, sino lo que pasará con los comicios, esto es, si habrán de repetirse solo en los puestos afectados, o en toda la circunscripción, según sea el caso.

La incidencia, como punto del análisis al que obliga el artículo 287 ejusdem, en cambio, bien podría definirla la diferencia que se obtiene de la votación entre uno y otro partido e incluso entre los candidatos de una misma lista; y siempre que la afectación de la votación sea mayor a esa diferencia, será evidente su incidencia, tal y como ocurrió en el asunto analizado por la Sala, en el que lo procedente era repetir la elección en los puestos afectados.

Lo anterior, en armonía con lo dispuesto en el numeral 3º del artículo 1º del CE igualmente citado en el fallo en cuestión, pues solamente la decisión en estos términos reflejaría la expresión libre de la voluntad del elector, habida cuenta que la declaratoria de la elección sin la inclusión de los votos de los electores que acudieron al puesto de votación de la cabecera municipal es contraria a la verdad electoral.

4.4. Por otro lado, me aparto también de los argumentos consignados en la sentencia para no tener en cuenta el escrito de apelación en cuanto atañe a las causales generales de nulidad del artículo 137 del CPACA por “ausencia total de carga argumentativa”.

A juicio de la Sala, el impugnante se remitió, para sustentar su dicho, al escrito de la demanda y al concepto del Ministerio Público.

Contrario a ello, encuentro que, aunque sin una debida organización, tanto en la demanda, como en la subsanación, el actor hizo referencia a las causales generales de nulidad contenidas en el artículo 137 del CPACA, para enjuiciar el acto de elección acusado. Así, por ejemplo, a folio 3 de la demanda, argumentó que la actuación de la autoridad administrativa electoral fue irregular, viola el debido proceso y que con ella se negó el acceso a la administración de justicia; a folio 5 señaló en qué forma se presentaron tales irregularidades, que aunque no están relacionadas y explicadas una a una, fueron invocadas en la demanda, y además de ello, demostradas.

En este último folio se señala, entre otras cosas, que el CNE desconoció el debido proceso de las partes interesadas, pues no pudieron controvertir las decisiones del Consejo Nacional Electoral; por otro lado, se señala:

“… dentro de los argumentos que tuvo en cuenta (sic) los miembros del Consejo Nacional Electoral, para excluir del cómputo de votos, los sufragios depositados por los ciudadanos del municipio de Guamal, se dice que el potencial electoral de dicho municipio (10.000) votos que dice el Consejo Nacional Electoral, sí incide en el resultado del escrutinio de la Asamblea (…)”.

Igualmente, el actor insistió en que la actuación de la autoridad electoral en el presente caso violaba flagrantemente el debido proceso. Más adelante(5), destacó que la actuación del CNE, como la de sus delegados, fue irregular, al no aceptar las reclamaciones presentadas; argumentos que reiteró en el escrito de subsanación de la demanda(6).

Considero que la sustentación dada por el libelista a tales reparos era suficiente para que los cargos en cuestión fueran tenidos en cuenta, para efectos de determinar si había lugar o no a la prosperidad la nulidad del acto de elección.

Sobra advertir que, a mi juicio sí había lugar a ello, no solo por presentarse en las causales específicas de nulidad electoral, sino también las de nulidad generales, ya que es evidente que el acto en cuestión estuvo falsamente motivado y se expidió de manera irregular, pues entre otras cosas, desconoció el debido proceso y se fundamentó en una razón errada, como lo es la de declarar la elección de Diputados por el Departamento del Meta con la exclusión de los votos depositados en la cabecera municipal del municipio de Guamal, al considerar que estos no incidían en el resultado y que no representaban más del 25% de la circunscripción.

4.5. En similar sentido, encuentro que en el fallo del cual me aparto, la Sala partió de analizar, previamente, si el acto de elección estuvo debidamente motivado, para, finalmente, convalidar la posición de la organización electoral, teniendo en cuenta la indebida cadena de custodia de los documentos electorales de la votación obtenida en los puestos de votación de Guama.

No obstante, si bien es cierto que hubo rompimiento de la cadena de custodia, considero que si no se encontró carga argumentativa respecto de las causales contenidas en el artículo 137 del CPACA, no debió analizarse tampoco la debida o indebida motivación del acto de elección, pues en la misma providencia se está diciendo que no es estudiaban las causales generales por falta de argumentación, pero parte de hacer un estudio sobre una de ellas; pero insisto en que, a mi entender, debieron estudiarse también las causales generales propuestas toda vez que, no solo fueron enunciadas por la parte demandante, sino que también fueron explicadas y probadas.

Así, considero que del real análisis de dichas causales generales, la conclusión no sería otra que señalar que el acto demandado efectivamente se expidió de manera irregular y mediante falsa motivación; anomalías que insisto, debieron ser estudiadas a fondo.

4.6. Por último, quiero hacer hincapié en el hecho de que la jurisprudencia debe propender, en todo momento, por la corrección y la preservación de las buenas prácticas en materia eleccionaria. La decisión adoptada por la mayoría, y sobre todo las consideraciones en que se sustenta, prohíjan la impunidad frente a una conducta que significó la defraudación del electorado de una forma, sobre todo, violenta.

Y no es que otras formas de vulnerar el sistema electoral deban ser castigadas con menor severidad; esa no puede ser la interpretación que ha de darse a este argumento. Lo que ocurre es que, una intelección como la que se brindó en la sentencia de la que me aparto, esconde, si se quiere, en terrible mensaje para la jurisdicción contenciosa, para los usuarios de la justicia electoral y, sobre todo, para la democracia misma, pues permite fisuras en el orden normativo que conducen a la proliferación de actos de violencia selectiva, en un número inferior al 25% de la circunscripción, pero con capacidad de doblegar cualquier resultado.

Bastaría con afectar a uno de aquellos municipios que suelen definir la contienda electoral, para obtener un inusitado e inaceptable beneficio y, de paso, la pérdida total de legitimidad en aquellas instituciones que para su funcionamiento demandan del ejercicio del voto popular. No puede ser ese el escenario que se espera de un país que lucha por superar todo vestigio de violencia y que tiene en la Constitución y la ley las herramientas necesarias para hacerle frente a tan despreciable fenómeno.

En los anteriores términos dejo sentada mi posición frente a la decisión adoptada por la Sala.

Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez 

Consejera de Estado

Fecha ut supra.

1 Folio 187 del expediente.

2 Ver http://www.registraduria.gov.co/Este-domingo-21-de-febrero-10-249.html

3 Cfr. C. P. Alberto Yepes Barreiro, 7 de junio de 2016, rad. 11001-03-28-000-2015-00051-00, demandada: Gobernadora de La Guajira

4 Que es precisamente una de las que se encuentran acreditadas en este proceso, como se explicó.

5 Ver folio 7 del expediente.

6 Ver folio 68 y siguientes del expediente.