Sentencia 2016-00119/12816-31 de octubre 25 de 2017

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad.: 630011102000201600119 01 (12816-31)

Aprobado según acta de Sala Nº 91

Magistrada Ponente:

Dra. Julia Emma Garzón de Gómez

Bogotá, D.C., veinticinco de octubre de dos mil diecisiete.

«EXTRACTOS: Consideraciones

1. Competencia.

Conforme a las atribuciones conferidas en los artículos 256 numeral 3º de la Constitución Política; 112 numeral 4º de la Ley 270 de 1996, 256 numeral 3º de la Constitución Política de Colombia, esta Superioridad es competente para revisar, en grado jurisdiccional de consulta, las providencias proferidas por las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura existentes en el país.

Y si bien, en razón a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 02 de 2015, se adoptó una reforma a la Rama Judicial, denominada “equilibrio de poderes”, en lo atinente al Consejo Superior de la Judicatura, literalmente en el parágrafo transitorio 1º del artículo 19 de la referida reforma constitucional, enunció: “(…) Los actuales magistrados de las Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”.

En el mismo sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional en autos 278 del 9 de julio y 372 del 26 de agosto de 2015, al pronunciarse respecto a la competencia para conocer conflictos de jurisdicciones, decantó el alcance e interpretación de la entrada en vigencia del referido Acto Legislativo 02 de 2015, concluyendo que en relación a las funciones que se encontraban a cargo de esta Sala, las modificaciones introducidas quedaron distribuidas de la siguiente manera: (i) la relacionada con el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, pasó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, órganos creados en dicha reforma (art. 19), y (ii) la relacionada con dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones, fue asignada a la Corte Constitucional (art. 14). En cuanto hace al conocimiento de las acciones de tutela, como ya se mencionó, el parágrafo del artículo 19 dispuso expresamente que “la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las 5 Comisiones Seccionales de Disciplina Judiciales no serán competentes para conocer de acciones de tutela”.

Reiteró la Corte Constitucional que en relación a las funciones jurisdiccionales del Consejo Superior de la Judicatura, lo decidido en el Acto Legislativo 02 de 2015, así: “los actuales magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, en consecuencia, conforme las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 02 de 2015, estimó la guardiana de la Constitución que hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones, lo cual significa que actualmente esta Colegiatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no sólo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela.

2. De la condición de abogado.

La secretara de instancia acreditó la calidad de abogado del dr. Jhon Jairo Pineda Lopez, quien se identifica con la cédula de ciudadanía 18.399.274 y T.P. 171.992 según certificado 275.083 expedido por la Unidad de Registro Nacional de Abogados (fl. 34, c.o.).

Además, mediante certificado 275.083 expedido por la secretaria de esta Corporación el 5 de mayo de 2016, se indicó que el dr. Jhon Jairo Pineda Lopez, registraba la siguiente sanción (fl. 33, c.o.):

— Suspensión de 2 meses la cual inició el 14 de agosto de 2014 y finalizó el 13 de octubre de 2014 por la falta descrita en el artículo 36 numeral 2º de la Ley 1123 de 2007.

3. De la falta endilgada.

La falta por la cual la primera instancia sancionó al abogado Jhon Jairo Pineda Lopez se encuentra descrita en el numeral 4º del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007, cuya literalidad es la siguiente:

“ART. 35.—Constituyen faltas a la honradez del abogado:

(…)

4. No entregar a quien corresponda y a la menor brevedad posible dineros, bienes o documentos recibidos en virtud de la gestión profesional, o demorar la comunicación de este recibo”.

4. De la tipicidad.

La tipicidad de la conducta representa un corolario del principio de legalidad, aplicable a las distintas modalidades del derecho sancionador del Estado. El mismo establece la necesidad de fijar de antemano y de forma clara y expresa, las conductas susceptibles de reproche judicial y las consecuencias negativas que generan, con el fin de reducir la discrecionalidad de las autoridades públicas al momento de ejercer sus facultades punitivas.

En la Sentencia C-030 de 2012 la Corte Constitucional recordó que la tipicidad en el derecho disciplinario hace parte de las garantías propias del derecho fundamental al debido proceso, y abarca tanto la descripción de los elementos objetivos de la falta, como la precisión de la modalidad subjetiva en la cual se verifica, su entidad o gravedad y la clase de sanción de la cual se hace acreedor el individuo responsable:

“[E]n el derecho disciplinario resulta exigible el principio de tipicidad, el cual hace parte igualmente de la garantía del debido proceso disciplinario. De acuerdo con este principio, ‘la norma creadora de las infracciones y de las sanciones, debe describir clara, expresa e inequívocamente las conductas que pueden ser sancionadas y el contenido material de las infracciones, así como la correlación entre unas y otras’(2).

(…)

De otra parte, la jurisprudencia de esta Corte ha sostenido que el principio de tipicidad se compone de dos aspectos, (i) que ‘exista una ley previa que determine la conducta objeto de sanción’ y (ii) ‘la precisión que se emplee en ésta para determinar la conducta o hecho objeto de reproche y la sanción que ha de imponerse’(3). Este último aspecto, se encuentra orientado a reducir al máximo la facultad discrecional de la administración en el ejercicio del poder sancionatorio que le es propio(4).

De conformidad con la doctrina y la jurisprudencia constitucional, el concepto de precisión mencionado, ligado analíticamente al principio de tipicidad, implica que son varios los aspectos normativos que debe regular de manera clara y expresa la norma sancionatoria: (i) el grado de culpabilidad del agente (si actuó con dolo o culpa); (ii) la gravedad o levedad de su conducta (si por su naturaleza debe ser calificada como leve, grave o gravísima); y (iii) la graduación de la respectiva sanción (mínima, media o máxima según la intensidad del comportamiento) (…)(5).

Con todo, el mismo Alto Tribunal advierte que en materia disciplinaria la tipicidad de la conducta admite un grado mayor de flexibilidad por su ámbito de aplicación, la teleología de la sanción y la amplitud de las funciones o los deberes asignados a sus destinatarios:

“[S]i bien el principio de tipicidad es plenamente exigible en el derecho disciplinario, éste se aplica con una mayor flexibilidad y menor rigurosidad en este ámbito. Lo anterior, por cuanto ‘la naturaleza de las conductas reprimidas, los bienes jurídicos involucrados, la teleología de las facultades sancionatorias, los sujetos disciplinables y los efectos jurídicos que se producen frente a la comunidad, hacen que la tipicidad en materia disciplinaria admita —en principio— cierta flexibilidad’(6).

(…) En consecuencia, la jurisprudencia constitucional ha encontrado que las principales diferencias existentes entre la tipicidad en el derecho penal y en el derecho disciplinario se refieren a (i) la precisión con la cual deben estar definidas las conductas en las normas disciplinarias, y (ii) la amplitud de que goza el fallador disciplinario para adelantar el proceso de adecuación típica de las conductas disciplinarias en los procedimientos sancionatorios”(7).

La materialidad u objetividad de la falta endilgada al abogado Jhon Jairo Pineda Lopez, se demuestra con las pruebas oportunamente allegadas al expediente disciplinario, donde se logró determinar que el señor José Iván Arévalo Hernández, otorgó poder al disciplinado para que lo representara en el proceso ordinario laboral que cursó en el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Armenia en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones “Colpensiones”, radicado con el 2013-00418, y luego, ante el impago de la sentencia que le fue favorable, en el consecuente proceso ejecutivo, radicado 2014-00404 del mismo juzgado, recibió el día 23 de septiembre de 2015, la suma de ($ 97.000.000) (fl. 217, cdno. anexos 4).

De igual manera, el quejoso, sin su conocimiento, recibió por fuera del proceso, en un pago directo que le hizo Colpensiones, a través de la Resolución GNR del 14 de marzo de 2015, la suma de $ 69.013.008 por concepto del retroactivo pensional (fls. 7-11).

Posteriormente, el disciplinado, una vez se enteró por parte de su poderdante de dicha irregularidad, dirigió al juzgado de conocimiento oficio donde mostró su disposición para realizar el reintegro, desde la fecha en que le fue indicada la cuenta de ahorros 219821766 del Banco de Occidente habilitada para tal fin (fl. 278, cdno. anexos 4), 10 de febrero de 2016, pago que a la fecha no se ha hecho efectivo, reteniendo dinero de Colpensiones, sin justificación alguna, al igual que los de su cliente.

En suma, la Sala observa que realizado él estudió a las precitas diligencias surtidas en el proceso radicado 2014-00404 adelantado ante el Juzgado Cuarto Laboral del circuito de Armenia, en ningún momento se encontró que el disciplinado haya reintegrado a Colpensiones la suma de $ 69.269.011. Así como el saldo de $ 27.730.989, que pertenecen al señor José Iván Arévalo Hernández, y de los cuales, puede descontar sus honorarios profesionales tasados en un 40% y las costas procesales según el contrato de prestación de servicios profesionales aportados al expediente.

Así mismo, el Banco de Occidente mediante oficio OFI031-554 del 22 de julio de 2016, suscrito por el director de servicios de la oficina principal de Armenia, certificó la omisión de consignaciones por parte del dr. Jhon Jairo Pineda López (fl. 86, c.o. 1ª instancia).

Así la cosas, considera la Sala que se encuentra debidamente acreditada la materialización de la falta a la honradez endilgada al acusado, pues es evidente el desconocimiento de las normas que regulan la profesión de abogado por parte del investigado Jhon Jairo Pineda Lopez enmarcada dentro de la descripción típica transcrita, quien efectivamente retuvo dineros correspondientes a Colpensiones y a su cliente Arévalo Hernández, el litigante no realizó la consignación al Banco de Occidente como era su deber, por el contrario, se apoderó de éstas sumas y a la fecha de la sentencia de primera instancia, 30 de septiembre de 2016, el abogado investigado no había devuelto los dineros retenidos.

5. Antijuridicidad.

De acuerdo con el artículo 4º de la Ley 1123 de 2007, para que una conducta típica merezca reproche, es preciso que vulnere alguno de los deberes funcionales de los abogados:

“ART. 4º—Antijuridicidad. Un abogado incurrirá en una falta antijurídica cuando con su conducta afecte, sin justificación, alguno de los deberes consagrados en el presente código”.

Con respecto a la antijuridicidad como presupuesto de la sanción disciplinaria, la Corte Constitucional señaló en la Sentencia C-181 de 2002 que “la infracción disciplinaria siempre supone la existencia de un deber cuyo olvido, incumplimiento o desconocimiento genera la respuesta represiva del Estado”.

De forma semejante, en la Sentencia C-948 de 2002 el mismo Alto Tribunal indicó que el derecho disciplinario busca asegurar el cumplimiento de los deberes legales atribuidos a los funcionarios públicos o a los particulares que desarrollan actividades de interés general:

“La Corte ha precisado igualmente que en materia disciplinaria, la ley debe orientarse a asegurar el cumplimiento de los deberes funcionales que le asisten al servidor público o al particular que cumple funciones públicas pues las faltas le interesan al derecho disciplinario en cuanto interfieran tales funciones(8). De allí que el derecho disciplinario valore la inobservancia de normas positivas en cuanto ella implique el quebrantamiento del deber funcional, esto es, el desconocimiento de la función social que le incumbe al servidor público o al particular que cumple funciones públicas”(9).

La Sala de instancia estimó que la conducta del abogado inculpado quebrantó el deber profesional vertido en el artículo 28 numeral 8º de la Ley 1123 de 2007, cuyo tenor literal es el siguiente:

“ART. 28.—Deberes profesionales del abogado. Son deberes del abogado:

(…)

8. Obrar con lealtad y honradez en sus relaciones profesionales. En desarrollo de este deber, entre otros aspectos, el abogado deberá fijar sus honorarios con criterio equitativo, justificado y proporcional frente al servicio prestado o de acuerdo a las normas que se dicten para el efecto, y suscribirá recibos cada vez que perciba dineros, cualquiera sea su concepto.

Asimismo, deberá acordar con claridad los términos del mandato en lo concerniente al objeto, los costos, la contraprestación y forma de pago” (énfasis de la Sala).

En este sentido, el Juez Disciplinario de primer grado consideró que el encartado desconoció sus obligaciones en materia de honradez en sus relaciones profesionales, al retener dineros correspondientes a Colpensiones y a su cliente Arévalo Hernández, sin que se haya logrado demostrar una circunstancia que lo justifique.

Como se plasmó en precedencia, en este evento está demostrado el injustificado incumplimiento por parte del abogado Jhon Jairo Pineda López de los deberes consagrados en el Código Disciplinario del Abogado, pues habiendo asumido la representación del señor José Iván Arévalo Hernández en un asunto laboral para obtener el pago de su pensión, el togado se apropió y retuvo las sumas de dinero que por error Colpensiones efectuó un pago doble de la obligación asociada con las condenas proferidas por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Armenia a favor del señor José Iván Arévalo Hernández: (i) el primero directamente al beneficiario en el mes de marzo de 2015, por valor de $ 69.013.008, y (ii) el segundo, a través de su apoderado el dr. Pineda López, el día 23 de septiembre de 2015, por noventa y siete millones de pesos ($ 97.000.000).

Así las cosas, queda demostrado el injustificado incumplimiento por parte del dr. Jhon Jairo Pineda López, de los deberes consagrados en el Código Disciplinario del Abogado, al incumplir su deber de obrar con lealtad y honradez en sus relaciones profesionales.

6. Culpabilidad.

En el derecho disciplinario se encuentra proscrita cualquier forma de responsabilidad objetiva. Ello implica que la imposición de una sanción de esta naturaleza siempre supone la evidencia de un actuar culposo o doloso por parte del investigado.

Al respecto, la Corte Constitucional en la Sentencia C-181 de 2002 indicó que en materia disciplinaria la modalidad subjetiva con la cual se comete conducta dependerá de la naturaleza misma de la acción castigada, lo cual supone que, en principio, no todas las infracciones admiten su ejecución en las modalidades de dolo o culpa:

“[E]n materia penal, al igual que en el campo del derecho disciplinario, la sanción imponible por la comisión de una conducta reprochable sólo tiene lugar en presencia de acciones dolosas o culposas.

Ciertamente, la proscripción de la responsabilidad objetiva que acoge el régimen jurídico colombiano impone la restricción de sancionar la conducta por el sólo hecho de la ocurrencia del resultado y exige, en cambio, verificar la finalidad dolosa o culposa en la ejecución de la acción que se investiga.

Ahora bien, la circunstancia de que las conductas que vulneran el régimen jurídico merezcan sanción sólo cuando se realizan de manera culposa o dolosa no significa que todas las infracciones admitan ser ejecutadas en ambas modalidades de conducta. La determinación de si un comportamiento puede ser ejecutado a título de dolo o culpa depende de la naturaleza misma del comportamiento.

En otros términos, el dolo o la culpa son elementos constitutivos de la acción, son sus elementos subjetivos estructurales. De allí que sea la propia ontología de la falta la que determina si la acción puede ser cometida a título de dolo o de culpa o, lo que es lo mismo, que la estructura de la conducta sancionada defina las modalidades de la acción que son admisibles” (énfasis agregado por la Sala).

Para el caso concreto del dolo en el ámbito disciplinario, su identificación supone tanto el conocimiento de la tipicidad de la conducta como la voluntad o decisión de llevarla a cabo. Al respecto, la Corte Constitucional retomó en la Sentencia T-319A de 2012 la doctrina sentada en torno a este componente subjetivo del injusto:

“[L]a Corte considera pertinente destacar las aproximaciones que se han hecho, desde la doctrina, a la definición del dolo en materia disciplinaria. La Corte destaca, en esta ocasión, la elaborada por la Procuraduría General de la Nación:

El dolo en materia disciplinaria implica que el sujeto disciplinable haya tenido conocimiento de la situación típica que implica el desconocimiento del deber que sustancialmente debe observar y que voluntariamente haya decidido actuar en contravía a éste; por tanto, el conocer ya involucra el querer, ya que si se tiene conocimiento y pese a eso se realiza la conducta, es porque efectivamente quiere el resultado’(10).

La doctrina, por su parte, ha propuesto partir de la definición que otras disciplinas hacen del dolo, asociándolo con la intencionalidad y el saber, en los mismos términos planteados por la Procuraduría. Al respecto, se ha dicho:

‘Tratándose del dolo en materia disciplinaria, se parte de una presunción, de estirpe constitucional, consagrada en el artículo 122 de la Carta, según el cual el funcionario, al momento de asumir sus funciones, se compromete solemnemente a cumplir la Constitución, la ley y los reglamentos que rigen la función o el servicio que va a desempeñar. Eso significa que entiende el compromiso que adquiere y que se obliga, no solo a observar las normas, sino a tener conocimiento de ellas y de la manera en que deben aplicarse (...).

Por lo anterior se afirma que el servidor público soporta una carga mayor y superior en materia de responsabilidad y que para excusarse de cumplir con sus postulados, debe probar, de manera fehaciente, que ha sido contra su querer o ajena a su voluntad la actuación que vulnera el ordenamiento, o que su propósito fue diferente al conseguido, o que actuó suponiendo unos resultados pero sobrevinieron unos diferentes’”(11) (destaca la Sala).

Ahora bien, en reiteradas oportunidades esta colegiatura ha sostenido que el tipo disciplinario endilgado al profesional del derecho —falta a la honradez del abogado— materializado en el presente asunto ya que a pesar de tener plena conciencia de la ajenidad de los dineros que en forma equivocada le fueron entregados, como también de aquellos que le corresponden a su cliente, y la obligación que tenia de reintegrarlos a la menor brevedad posible, aún no lo ha hecho, se considera por naturaleza doloso, por cuanto exige un actuar positivo de quien incurre en esta conducta reprochable éticamente.

En el asunto en comento, es evidente para esta Corporación que dada la condición de abogado del investigado, era plenamente conocedor de que debía pagar el dinero obtenido por su gestión a su cliente, y restituir el doble pago a Colpensiones, respecto de las obligaciones derivadas del proceso ordinario laboral, que cursó en el Juzgado Cuarto (4) Laboral del Circuito de Armenia (Quindío), manteniéndolo hasta la fecha en su poder, sin que por el contrario se configurara ninguna circunstancia de eximente de responsabilidad en su favor.

Por tanto, debe decirse que en el presente caso se predica del acusado un comportamiento por naturaleza doloso, si se tiene en cuenta que se aprovechó de su condición de mandatario judicial del quejoso, con lo cual advierte la Sala la conciencia que tenía el encartado de su actuar antiético al no haber entregado a su mandante y restituir a Colpensiones dichas sumas de dinero.

7. Dosimetría de la sanción a imponer.

Al tenor de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 1123 de 2007, para la graduación de la sanción deben tenerse en cuenta los límites y parámetros allí señalados, los cuales deben consultar los principios de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad.

Así las cosas, para la falta endilgada al inculpado, consagran el artículo 40 de la Ley 1123 de 2007 cuatro tipos de sanción, siendo la más leve la censura, de menor gravedad la suspensión y la máxima aplicable la de exclusión, las cuales podrán imponerse de manera autónoma o concurrente con la multa.

Ahora bien, teniendo en cuenta la modalidad y gravedad de la conducta disciplinaria cometida por el abogado Jhon Jairo Pineda López a quien se le exigía entregar de manera inmediata a su cliente los dineros obtenidos por las resultas del proceso ordinario sobre la obtención del retroactivo pensional y restituir a Colpensiones el capital pagado de más, cuando se detectó el doble pago, por el contrario se reservó para sí esos dineros lo que constituyó la conducta dolosa en su actuar, además de registrar sanción disciplinaria en su contra, la sanción de exclusión impuesta en la sentencia objeto de consulta cumple con los criterios legales y constitucionales, pues como profesional del derecho estaba obligado a conocer, promover y respetar las normas consagradas en la referida ley no solo con el compromiso en el asunto bajo examen, sino como uno de los principales deberes del abogado previsto en el numeral 8º del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007.

Ahora frente a la configuración de lo normado en el artículo 45 literal c) numeral 6º ibídem, se tiene que el mismo se conforma en la medida que el encartado actuó de manera consciente en apropiarse o retener una significativa cantidad de dinero ($ 69.033.008) y aprovecharse de un yerro cometido por parte de Colpensiones sobre dineros pagados en exceso por ésta entidad, la cual hace parte de un sector sensible de la economía relacionado con los fondos pensiónales a cargo de Colpensiones. Como también, en menor proporción, de los dineros propios a su cliente, José Iván Arévalo Hernández y que a la fecha los mantiene en su poder, y si bien no acudió a la investigación disciplinaria para dar sus explicaciones debidas, lo cierto es que desde el año 2015 los ha mantenido en su dominio bajo su propia autonomía.

De otra parte, acorde con el principio de necesidad íntimamente ligado con la función de la sanción disciplinaria, no admite duda que en el sub lite, le era imperativo al operador disciplinario afectar con exclusión al implicado, pues la imposición de la referida sanción, cumple con el fin de prevención particular, entendiendo este como el mensaje de reflexión para los profesionales del derecho, para que a futuro se abstengan de incurrir en conductas consagradas como faltas o incumpla sus deberes en el ejercicio de la profesión de abogado.

Ahora, en el caso bajo examen, la sanción de exclusión impuesta, cumple con el principio de proporcionalidad en la medida de corresponder la respuesta punitiva con la gravedad de la misma, asegurándose igualmente el principio de legalidad de las sanciones, de plena vigencia en el derecho disciplinario.

Finalmente, se cumple también con el principio de razonabilidad referido este a la idoneidad o adecuación al fin de la pena, justifica la sanción disciplinaria impuesta al disciplinado, pues acorde con lo expresado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-530 del 11 de noviembre de 1993, donde en uno de sus apartes se dijo:

“(…) La razonabilidad hace relación a que un juicio, raciocinio o idea esté conforme con la prudencia, la justicia o la equidad que rigen para el caso concreto. Es decir, cuando se justifica una acción o expresión de una idea, juicio o raciocinio por su conveniencia o necesidad”.

Así las cosas, resulta imperativo para esta colegiatura confirmar la sentencia consultada proferida el 30 de septiembre de 2016 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Quindío que, sancionó con exclusión de la profesión al abogado Jhon Jairo Pineda López, como autor responsable de la falta prevista en el numeral 4º del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007, agravada por el articulo 43 y 45, literal “c)” numeral 6º ibídem, en concordancia con el deber profesional prescrito por el numeral 8º del artículo 28 del mismo cuerpo normativo.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la sentencia consultada proferida el 30 de septiembre de 2016, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Quindío, a través de la cual sancionó con EXCLUSIÓN de la profesión al abogado Jhon Jairo Pineda López, como autor responsable de la falta prevista en el numeral 4º del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007, agravada por el articulo 43 y 45, literal “c)” numeral 6º ibídem, en concordancia con el deber profesional prescrito por el numeral 8º del artículo 28 del mismo cuerpo normativo, de conformidad con las razones expuestas en la presente decisión.

2. ANÓTESE la sanción en el Registro Nacional de Abogados, fecha a partir de la cual la sanción empezará a regir, para cuyo efecto se comunicará lo aquí resuelto a la oficina encargada de dicho registro, enviándole copia de esta sentencia con constancia de su ejecutoria.

3. DEVUÉLVASE al Seccional de origen, para que notifique a los intervinientes y comunique al quejoso de la presente decisión de conformidad a lo establecido en los artículos 70 y siguientes de la Ley 1123 de 2007, asimismo el magistrado sustanciador tendrá las facultades de comisionar cuando sea requerido para dar cumplimiento a la presente decisión; y en segundo lugar, cumpla con lo dispuesto por la Sala y los demás fines pertinentes.

Notifíquese y cúmplase».

(2) Ibídem.

(3) Sentencia C-564 de 2000, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.

(4) Ver Sentencia C-564 de 2000, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.

(5) Ver Sentencia C-796 de 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

(6) Sentencia C-404 de 2001, reiterado en Sentencia C-818 de 2005.

(7) Ver sentencias C-404 de 2001 y T-1093 de 2004, entre otras.

(8) En reiterados pronunciamientos esta Corporación ha resaltado que la órbita de injerencia del derecho disciplinario se circunscribe al comportamiento de los servidores públicos en ejercicio de sus cargos. Por ello se ha expuesto que “el derecho disciplinario comprende el conjunto de normas, sustanciales y procesales, en virtud de las cuales el Estado asegura la obediencia, la disciplina y el comportamiento ético, la moralidad y la eficiencia de los servidores públicos, con miras a asegurar el buen funcionamiento de los diferentes servicios a su cargo”. Corte Constitucional, Sentencia C-341-96, M.P. Antonio Barrera Carbonell. En el mismo sentido, se ha indicado que “El Código Disciplinario Único comprende el conjunto de normas sustanciales y procesales, con las que el legislador pretende asegurar la obediencia, la disciplina, la eficiencia y el adecuado comportamiento de los servidores públicos en el ejercicio de sus cargos”. Corte Constitucional, Sentencia C-712.01, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

(9) Ver Sentencia C-373/2002, M.P. Jaime Córdoba Triviño. S.P.V. de los magistrados Rodrigo Escobar Gil y Eduardo Montealegre Lynett.

(10) Lo trascrito es doctrina reiterada de la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal, según consta en el fallo disciplinario de segunda instancia de radicado 049-7324-08.
En dicha providencia, la delegada se refirió, también, al criterio que ha expuesto sobre el tema la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública , al precisar que, “En materia disciplinaria el dolo está integrado por los elementos de conocimiento de los hechos, conocimiento de la ilicitud de la conducta y la representación del resultado, en este ámbito el conocimiento de las circunstancias fácticas, más el conocimiento de la prohibición ya son suficientes para atribuir la conducta a título doloso. Ello implica la accidentalidad o eventualidad del elemento representación y también del elemento voluntad que son propios del derecho penal”.

(11) Brito Ruiz, Fernando. Régimen disciplinario. Procedimiento ordinario, verbal, pruebas. Legis Editores S.A., 4ª edición, 2012.