Sentencia 2016-00124 de junio 15 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Radicación: 81001-23-39-000-2016-00124-02

Consejera Ponente:

Dra. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez

Actor: Juan Alfredo Qüenza Ramos

Demandado: Miguel Eduardo Parra Walteros

(Diputado asamblea de Arauca).

Sentencia resuelve apelación.

Nulidad electoral - Segunda instancia.

Bogotá, D.C., quince de junio de dos mil diecisiete.

La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto, por la parte actora, contra la sentencia denegatoria de pretensiones proferida el 15 de marzo de 2017 por el Tribunal Administrativo de Arauca.

I. Antecedentes

1. Pretensiones.

El señor JUAN ALFREDO QÜENZA RAMOS, por intermedio de apoderado judicial, demandó(1) en nulidad electoral el acto de elección del señor MIGUEL EDUARDO PARRA WALTEROS, en calidad de llamado a fungir como diputado a la asamblea por el departamento de Arauca (2016-2019), en los siguientes términos:

“PRIMERO: Que se declare la nulidad de la Resolución 41 del 03 de octubre de 2016, expedido por el presidente de la asamblea departamental de Arauca, mediante el cual se llama al cuarto renglón del Partido Liberal, señor MIGUEL EDUARDO PARRA WALTEROS, para que ocupe la curul y/o escaño dejada por vacancia absoluta por el señor NEVARDO ENEIRO RINCÓN VERGARA como diputado de la asamblea departamental de Arauca, período constitucional 2016-2019.

SEGUNDO: Que se adopte (sic) las decisiones que (sic) haya lugar y que en derecho corresponda”.

2. Hechos.

Como fundamento fáctico de la pretensión, en síntesis sostuvo lo siguiente:

2.1. La Dirección Nacional del PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO, expidió la Resolución 3686 del 24 de julio de 2015, contentiva de la lista de candidatos a la asamblea departamental de Arauca y delegó el otorgamiento de los avales respectivos en el comité de acción liberal departamental de Arauca, todo con miras a las elecciones de 25 de octubre de 2015.

2.2. El mencionado comité mediante la Resolución 20 del 25 de julio de 2015, otorgó los avales a los candidatos a la asamblea departamental de Arauca y, postuló la lista con voto preferente, la cual inscribió el 25 de julio de 2015 (formulario E-6AS), ante la Registraduría Nacional del Estado Civil —en adelante RNEC—, así:

ASAMBLEANOMBRES Y APELLIDOSCÉDULA
51ARAUCAJOSÉ LEONARDO ATAYA RODRÍGUEZ 1032358726
52ARAUCAJOSÉ DE JESÚS COLINA RODRÍGUEZ 17586216
53ARAUCAALEXA MILENA QUIRIFE BOHÓRQUEZ 68303879
54ARAUCACARLOS ALBERTO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ 91490160
55ARAUCALILIA OMAIRA GÉLVEZ BAUTISTA 27880278
56ARAUCAHERNANDO HENAO CIRO 80070421
57ARAUCAWILSON CARRILLO ANTOLÍNEZ 17529990
58ARAUCANEVARDO ENEIRO RINCÓN VERGARA 9656236
59ARAUCASANDRA MARITZA QUENZA JIMÉNEZ 1116787430
60ARAUCABEATRIZ MOJICA BARRERA 14639952
61ARAUCAYAMID ALEXI CETINA LOZADA 86066061

2.3. El 31 de julio de 2015, dentro de la fecha límite para modificar las inscripciones de conformidad con el artículo 31 de la Ley 1175, el señor WILSON CARRILLO ANTOLÍNEZ, renunció a la inscripción de su candidatura a la Duma departamental de Arauca, por parte del Partido Liberal Colombiano, ante la RNEC.

2.4. El PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO, aparentemente por intermedio del secretario general, mediante Resolución 3712 del 31 de julio de 2015 —que considera adolece de falsedad ideológica— aceptó la renuncia presentada por el señor CARRILLO ANTOLÍNEZ y otorgó el respectivo aval al demandado MIGUEL EDUARDO PARRA WALTEROS, para suplir la candidatura que había sido renunciada y procedió a su inscripción, ante la delegada de Arauca de RNEC.

2.5. El Consejo Nacional Electoral —en adelante CNE—, mediante Resolución 3437 del 25 de septiembre de 2015, revocó la inscripción del señor JOSÉ LEONARDO ATAYA RODRÍGUEZ, como uno de los candidatos por el Partido Liberal Colombiano a la asamblea departamental de Arauca.

2.6. Por lo anterior, el PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO expidió la Resolución 3744 del 25 de septiembre de 2015, a fin de modificar la lista a la asamblea departamental de Arauca, otorgando el respectivo aval al demandante JUAN ALFREDO QÜENZA RAMOS, y ordenando la correspondiente inscripción a la RNEC.

2.7. Luego de los comicios de 25 de octubre de 2015, el PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO, obtuvo tres (3) curules para la asamblea departamental de Arauca, reorganizándose la lista, de la siguiente forma:

CÓDIGONOMBREVOTOSVOTOS EN LETRAS
001-000PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO872OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS
001-051JUAN ALFREDO QUENZA RAMOS1485MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO
001-052JOSÉ DE JESÚS COLINA RODRÍGUEZ728SETECIENTOS VEINTIOCHO
001-053ALEXA MILENA QUIRIFE BOHÓRQUEZ1167MIL CIENTO SESENTA Y SIETE
001-054CARLOS ALBERTP HERNÁNDEZ SÁNCHEZ2218DOS MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO
001-055LILIA OMAIRA GELVEZ BAUTISTA454CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
001-056HERNANDO HENAO CIRO2423DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTITRÉS
001-057MIGUEL EDUARDO PARRA WALTEROS1922MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS
001-058NEVARDO ENEIRO RINCÓN VERGARA2599DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE
001-059SANDRA MARITZA QUENZA JIMÉNEZ312TRESCIENTOS DOCE
001-060BEATRIZ MOJICA BARRERA583QUINIENTOS OCHENTA Y TRES
001-061YAMID ALEXI CETINA LOZADA1801MIL OCHOCIENTOS UNO

Y quedaron elegidos como diputados del departamento de Arauca, período, 2016-2019, por el PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO, los señores CARLOS ALBERTO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, HERNANDO HENAO CIRO y NEVARDO ENEIRO RINCÓN VERGARA.

2.8. El 1º de octubre de 2016, en plenaria de la Duma, el señor NEVARDO ENEIRO RINCÓN VERGARA, renunció a la diputación por el PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO.

2.9. El 3 de octubre de 2016, el presidente de la asamblea departamental de Arauca, en cumplimiento de sus funciones legales y constitucionales, expidió la Resolución 41, por la cual llamó a ocupar la vacancia absoluta de la curul al señor MIGUEL EDUARDO PARRA WALTEROS, quien seguía en el orden de la votación y tomó posesión del cargo al día siguiente.

2.10. El actor indicó que el demandado MIGUEL EDUARDO PARRA WALTEROS, fue inscrito como candidato por el PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO, sin contar con el respectivo aval de este partido, por cuanto allegó a la RNEC un documento apócrifo como lo es la Resolución 3712 de 2015. Aseveración que corrobora con las siguientes pruebas:

2.10.1. El secretario general del Partido Liberal Colombiano HÉCTOR OLIMPO ESPINOSA OLIVER, al responder solicitud elevada por la señora Daira Liliana Gallardo, le allegó, copia certificada de la verdadera Resolución 3712 de 2015, la cual se encuentra adiada en otra fecha, recae sobre objeto y causa diametralmente distintas a la resolución identificada con el mismo número, y que fue presentada por el Comité de Acción Liberal Departamental de Arauca, ante la RNEC, como instrumentación del aval que le había otorgado la colectividad, por cuanto, (i) la Resolución que aparentemente otorga el aval al demandado, tiene como fecha de expedición el 31 de julio de 2015, mientras que la resolución certificada por el secretario general del Partido Liberal Colombiano, tiene como fecha de expedición el 10 de agosto de 2015; (ii) la Resolución certificada por este Partido Político, tiene como objeto “convocar al consejo programático nacional, para su integración con los consejos programáticos territoriales” y no el otorgamiento del aval al demandado PARRA WALTEROS, para que participara en los comicios del mes de octubre de 2015, como candidato a la asamblea departamental de Arauca.

2.10.2. Mediante oficio de 12 de octubre de 2016, el secretario general del Partido Liberal Colombiano, certificó las resoluciones que fueron emitidas por ese partido, el 31 de julio de 2015, dentro de las cuales no figura el otorgamiento del aval al demandado.

Como se puede evidenciar, el día 31 de julio de 2015, fecha de inscripción del demandado MIGUEL EDUARDO PARRA WALTEROS, como candidato a la asamblea departamental de Arauca, por el PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO, ante la RNEC, no se expidió aval a su favor por parte de esa colectividad, ni tampoco en fecha posterior, pues sólo el 10 de agosto de 2015, este partido expidió la Resolución 3710, no obstante que el demandado ya se había inscrito.

3. Normas violadas y concepto de violación.

La parte actora consideró que el acto demandado transgrede los artículos 107 y 108 de la Constitución Política y los artículos 28 de la Ley 1475 de 2011 y 2º de la Ley 130 de 1994. Por vía de la reforma de la demanda para adicionarla en el concepto de violación, como se lee en memorial obrante de folios 122 a 128 del cuaderno 1, incluyó la violación de los artículos superiores 29 y 209 y los artículos 2º, 3º, 9º, 11, 12, 13 y 16 de la Ley 1712 de 2014; el Decreto 103 de 2015; el Decreto 1081 de 2015 y los numerales 5º y 6º del artículo 1º de la Ley 1475 de 2011.

Para explicar la violación de esas normas esgrimió que imputaba una única causal de nulidad, concretamente la establecida en el numeral 5º del artículo 275 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, esto es: “Se elijan candidatos o se nombren personas que no reúnan las calidades y requisitos constitucionales o legales de elegibilidad o que se hallen incursas en causales de inhabilidad”.

En concreto desarrolló el concepto en los siguientes términos:

El vicio endilgado se contrae, a que el demandado PARRA WALTEROS, carecía del respectivo aval del Partido Liberal Colombiano, para aspirar a la asamblea departamental de Arauca (2016-2019), dado que, el documento allegado por el comité de acción liberal departamental de Arauca para inscribirlo ante la Registraduría Delegada de Arauca, no corresponde al que reposa en los archivos de esta colectividad. En efecto, según certificación en la que se allega al expediente la Resolución Autenticada 3712 del 10 de agosto de 2015, que en su número es idéntico a la del aval otorgado, difiere en fecha de expedición, causa, objeto y fin, aunado a que a 31 de julio de 2015, se expidieron una serie de resoluciones, ninguna tendiente a otorgar el aval al demandado.

Dentro de los requisitos constitucionales y legales para la inscripción de la candidatura para aspirar a cargo o corporación de elección popular, se requiere del respectivo aval de un partido o movimiento político o contar con el respaldo de un grupo significativo de ciudadanos, el cual también debe cumplir con ciertas exigencias legales.

Así mismo, esta honorable corporación judicial, ha precisado que la escogencia de sus candidatos y el otorgamiento de sus respectivos avales, deben obedecer al principio democrático, en los términos preestablecidos en los artículos 107 de la Constitución Nacional y 28 de la Ley 1475 de 2011, esto es, que estén libres de arbitrariedad y ajenos a imposiciones en detrimento de los demás miembros de la colectividad.

En el caso concreto, el demandado MIGUEL EDUARDO PARRA WALTEROS fue inscrito como candidato a la Asamblea Departamental de Arauca, periodo constitucional 2016-2019, sin el respectivo aval suscrito por el Representante Legal o de su delegado del PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO, dado que el aval presentado para su inscripción como candidato, adolece de falsedad ideológica, al no guardar correspondencia con las Resoluciones autenticadas y certificadas por la colectividad partidista y, por ende, el elegido carecía de aval del PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO(2).

En ese sentido, es la oportunidad para controvertir la ausencia de calidades del señor MIGUEL EDUARDO PARRA WALTEROS, a través del presente medio de control, y no otra, dado que no resultó electo como diputado del departamento de Arauca el 25 de octubre de 2015.

Se recuerda que el demandante reformó este específico capítulo mediante memorial obrante de folios 122 a 128 del cuaderno 1, indicando que lo adicionaba con la violación de los artículos superiores 29 y 209 y los artículos 2º, 3º, 9º, 11, 12, 13 y 16 de la Ley 1712 de 2014; el Decreto 103 de 2015; el Decreto 1081 de 2015 y los numerales 5º y 6º del artículo 1º de la Ley 1475 de 2011, desde la censura de que no se cumplieron los principios de publicidad y transparencia activa al no haber publicado dicho acto en su página web, generándose la expedición irregular del acto de otorgamiento del aval que conlleva la violación al debido proceso.

4. Trámite en primera instancia.

La demanda se presentó ante la Oficina Judicial de Arauca, el 26 de octubre de 2016 (fl. 17, cdno. 1); fue admitida por auto de 1º de noviembre de 2016 y se ordenaron las notificaciones de rigor (fls. 105 a 106, cdno. 1.). La notificación al demandado se surtió el 3 de noviembre de 2016, conforme consta en el acta respectiva (fl. 112, ib.) y al corporativo de la asamblea del departamento de Arauca el 2 de noviembre anterior (fl. 113, ib.). Posteriormente, la parte actora reformó la demanda, mediante memorial de 8 de noviembre de 2016 (fls. 122 a 128, ib.), que fue admitida mediante auto de 1º de diciembre de 2016 (fls. 248 y vto. cdno. 2).

4.1. Contestaciones de la demanda y de la reforma.

4.1.1. El demandado MIGUEL EDUARDO PARRA WALTEROS, por intermedio de apoderado judicial, contestó la demanda en forma oportuna, mediante memorial presentado el 22 de noviembre de 2017, folios 132 a 136 del cuaderno 1, en el que aceptó la mayoría de hechos de la demanda, pero indicó que el Partido Liberal Colombiano emitió la Resolución 3712 de 31 de julio de 2015, suscrita por Héctor Olimpo Espinosa Oliver, representante legal de dicha colectividad partidista y quien funge como secretario general, certificó que el yerro se contiene en el número de la resolución, no invalidando la misma ni menoscabando su contenido. Aseveró que el aval le fue otorgado al demandado mediante Resolución 3712 precitada. Se opuso a la prosperidad de las pretensiones.

Propuso las excepciones que denominó: i) inexistencia de documento falso o apócrifo (Res. 3712/2015, jul. 31); ii) inexistencia absoluta de la nulidad pretendida respecto del acto acusado; iii) imposibilidad de desvirtuar la legalidad de la Resolución 3712 del 31 de julio de 2015; iv) la de oficio del artículo 306 del CPC (sic).

Como fundamentos de defensa esgrimió que conforme al artículo 45 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en cualquier tiempo, podrán corregirse los errores formales que contienen los actos administrativos, sean yerros aritméticos, de digitación, de transcripción o de omisión de palabras. Nunca será de recibo cambios en el sentido material de la decisión ni el revivir términos para demandar el acto. Reiteró que el acto demandado es legal y válido.

En la contestación a la reforma de la demanda, obrante de folios 271 a 273 del cuaderno 2, indicó frente a la censura adicionada que sustenta el actor en que al expedir la Resolución 3712 de 2015 no se cumplieron los principios de publicidad y de transparencia activa, indicó que si bien es cierto existe la obligatoriedad de publicar ciertos actos para su vigencia y oponibilidad habría que determinar si el Partido Liberal Colombiano debe cumplir con ese precepto y si es el obligado a realizar esa publicación, pues a quien correspondería sería a la entidad que expidió el acto y no a quien tiene la calidad de demandado.

Indicó que no es requisito legal ni constitucional que el otorgamiento del aval deba hacerse mediante resolución, pues es viable incluso mediante comunicación enviada a la RNEC.

Finalmente, expresó que si acaso quien tiene el deber de publicar la Resolución 3712 de 2015 es el Partido Liberal, pero no él como demandado.

4.1.2. La RNEC descorrió el traslado mediante escrito obrante de folios 138 a 152 del cuaderno principal 1, indicó la imposibilidad para pronunciarse sobre el acto demandado, al no ser un acto proferido por ella sino por el presidente de la asamblea departamental de Arauca, como tampoco intervino en su formación y, por tanto, propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva y la intitulada “genérica”.

En casi la totalidad de los hechos dijo atenerse a las probanzas. Explicó las generalidades del proceso electoral y las competencias de las comisiones escrutadoras que de conformidad con el decreto que la rige (1010/2000) carece de facultades y funciones que puedan vulnerar el derecho político de ser elegido. Indicó que carece de competencia para declarar la elección, para decidir sobre los escrutinios, para suspender o anular el acto de elección y que ni siquiera prosperando las pretensiones de nulidad electoral tiene competencia para expedir uno nuevo.

Concluyó que no ha incurrido en actuación que afecte o lesione los derechos del actor porque los escrutinios le competen exclusivamente a las comisiones escrutadoras y los registradores solo prestan labores secretariales. Tampoco es la llamada a avalar candidatos, por cuanto eso es potestativo de los partidos o movimientos. Es más la revocatoria de inscripción por acontecer alguna inhabilidad es del resorte del Consejo Nacional Electoral, conforme las voces del artículo 265 numeral 12 de la Constitución Nacional.

A la reforma respondió mediante escrito obrante de folios 261 a 270 vto. del cuaderno 2, e insistió en su falta de legitimación en la causa por pasiva y reiteró en forma literal el escrito de contestación de la demanda.

4.1.3. El PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO, descorrió el traslado, mediante memorial contenido en el Cd obrante a folio 165 y escritos que reposan en folios 276 a 279, 286 a 292 del cuaderno 1. Indicó que a su juicio la Resolución 3712 de 31 de julio de 2015 cumple con los elementos sustanciales propios del otorgamiento del aval, al contener el factor volitivo para ejercer su potestad como partido de postular al demandado, de conformidad con la observancia objetiva de los presupuestos legales y constitucionales, como son pertenecer al colectivo y verificar las calidades de elegibilidad del avalado. Explicó reconociendo el yerro de haber replicado el número de la resolución, pero aceptando ambos contenidos y ambas fechas disímiles como de su procedencia y albedrío y, por ende, válidas.

La reforma de la demanda, la contestó mediante escrito obrante a folios 276 a 279 del cuaderno 2, indicando que respecto al supuesto incumplimiento de los principios de publicidad y transparencia, que conllevó la violación del debido proceso, en cuanto no se publicó en la página web de la colectividad, el aval otorgado al demandado MIGUEL EDUARDO PARRA WALTEROS.

Reiteró que se presentó un error de tipo humano respecto de la numeración de la Resolución de otorgamiento del aval sin que ello pueda invalidar dicho aval y la carencia de publicación en la página web del partido no conlleva la omisión de los principios referidos.

En cumplimiento del procedimiento interno del Partido Liberal para el otorgamiento de avales, el secretario general y representante legal de la colectividad verificó que el solicitante PARRA WALTEROS cumplía con los requisitos establecidos en la Resolución 3188 de 17 de febrero de 2015 “por la cual se reglamenta el proceso de selección de candidatos del Partido Liberal Colombiano para participar en las elecciones territoriales que se llevarán a cabo el domingo 25 de octubre de 2015 y se dictan otras disposiciones”, es decir, que se hubiera inscrito a través de la plataforma WEB del Partido, lo que en efecto aconteció, de cara al formulario único en línea para la postulación para recibir aval 8128 de 15 de abril de 2015, así mismo, los antecedentes del candidato fueron verificados en la oficina de ventanilla única del Ministerio del Interior, según lo certificó el veedor nacional y defensor del afiliado al Partido Liberal, a quien corresponde la función de cotejo.

Luego de esta verificación se procedió a proyectar la Resolución 3712 de otorgamiento del aval y fue remitida al correo electrónico institucional “asistente.adminpartidoliberal.org.co el viernes 31 de julio de 2015 y fue reenviada al mismo correo pero esta vez desde el correo electrónico “gerenciaorganizaciónpartidoliberal.org.co.”.

Si bien la colectividad procuró que todas las decisiones concernientes al otorgamiento de avales quedaran protocolizadas, debidamente numeradas y publicadas en la plataforma web de la colectividad, respecto del aval del señor PARRA WALTEROS no aconteció como ya se explicó.

Pero la falta de publicación del aval en la página web del partido o movimiento político no genera la nulidad de la elección, al no estar prevista en los artículos 139 y 275 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo como causal constitutiva de aquella. Además, los principios de publicidad y transparencia de la decisión de otorgar el aval, se cumplieron con la inscripción de la candidatura, momento en el cual incluso los no militantes en el partido y los electores conocieron de los candidatos que la colectividad dejaba a su consideración para ser electos.

De conformidad con el artículo 33 de la Ley 1475 de 2011, en cumplimiento de los principios referidos, consagra que cuando se inscribe la candidatura con el aval otorgado por la colectividad política, se debe divulgar dentro de los dos días siguientes al vencimiento del término para la modificación de la inscripción de listas y candidatos, para que incluso quien lo considere pueda ejercer derecho de contradicción y el debido proceso, mediante las impugnaciones a las decisiones de las agrupaciones políticas o iniciar una actuación administrativa de solicitud de revocatoria de la inscripción de la candidatura, actuaciones que en el caso concreto no fueron ejercidas por persona alguna. Tampoco se desplegó la acción de impugnación consagrada en el artículo 7º de la Ley 130 de 1994 o la solicitud de revocatoria de la inscripción del demandado ante el CNE, que tampoco ejerció el actor “las cuales deliberadamente no ejerció, pretendiendo a través de la presente acción revivir los términos para ello”.

Y agregó: “Podría categóricamente afirmarse, que aunque en principio resulta razonable el reclamo del actor, este se sustrae y pierde validez, cuando las autoridades electorales en cumplimiento a la ley subsanan el hierro advertido. De manera que, los vicios referidos en sus escritos no tienen la virtualidad de enervar la legalidad de lo actuado” (fl. 278 vto. cdno. 2).

Indicó que en cuanto a la censura de la expedición irregular por la violación al debido proceso al omitirse la publicidad de la Resolución 3712 de 31 de julio de 2015, no es de recibo por cuanto la Resolución 41 de 3 de octubre de 2016, expedida por la asamblea departamental de Arauca “por medio del cual se convoca al cuarto renglón del Partido Liberal para que tome posesión como diputado de la asamblea departamental de Arauca” no se encuentra viciada de nulidad, toda vez que el llamamiento se hizo en cumplimiento a la normativa vigente (C.P., art. 261) dado que se llamó a un integrante de la lista debidamente inscrita por el Partido Liberal Colombiano y en el orden conforme al número de votos obtenidos en las elecciones de las autoridades locales de octubre de 2015 y, la expedición de la misma, en nada depende de la Resolución 3712 expedida por el Partido Liberal. No existe, entonces, relación directa.

4.2. La audiencia inicial.

Mediante auto de 23 de enero de 2017 (fl. 281 cdno. ppal. 2), se fijó la fecha para la audiencia inicial. Se llevó a cabo el 1º de febrero siguiente, en la que el Magistrado Ponente del Tribunal, saneó el proceso. Indicó que el demandado PARRA WALTEROS no propuso excepciones previas sino de fondo que se decidirán en la sentencia y declaró probada la falta de legitimación por pasiva de la RNEC y, la desvinculó del proceso.

Fijó el litigio, en la siguiente literalidad:

“¿Es ilegal la Resolución 41 de 2016, expedida por el Presidente de la Asamblea Departamental de Arauca, mediante la cual llamó a Miguel Eduardo Parra Walteros, para que ocupara la curul dejada por Nevardo Eneiro Rincón Vergara, como Diputado de la Asamblea Departamental de Arauca, período constitucional 2016-2019, de conformidad con los planteamientos que se efectúan en la demanda y su reforma?” (fl. 296, vto. cdno. ppal. 2).

Decretó las pruebas solicitadas; negó las inspecciones judiciales pedidas por el demandante y el Partido Liberal Colombiano, por cuanto la prueba documental permitió instrumentar en forma adecuada y suficiente lo que pretenden estos solicitantes se verifique con las inspecciones, siendo innecesario dicho decreto de prueba. Tampoco decretó el interrogatorio de parte de Juan Alfredo Qüenza Ramos solicitado por la parte actora ni los testimonios a ruego de la parte demandante y del Partido Liberal respecto de los señores Héctor Olimpo Espinoza Oliver (representante legal del Partido Liberal Colombiano), Daniel Mauricio Pinzón Chavarro (apoderado del PLC) y Marceliano Álvarez Walteros de quien no se advierte cuál sería el propósito de su testimonio. La denegatoria de este decreto probatorio, en la generalidad, se sustentó en la suficiencia de la prueba documental y en que la mayoría de las declaraciones resultaban inidóneas porque no tienen poder dispositivo sobre la legalidad del acto demandado porque no lo expidieron y no participaron en su conformación.

4.3. Las alegaciones de fondo.

4.3.1. La parte actora, mediante escrito obrante en folios 319 a 332 del cuaderno principal 2, insistió en la prosperidad de las pretensiones de la demanda, por cuanto se trata de un juicio puro de legalidad objetiva, razón por la cual la falta de publicidad del otorgamiento del aval al demandado sí afectó la legalidad del acto declaratorio de elección.

Hizo un juicioso estudio sobre el concepto y finalidad de los partidos políticos, los principios de publicidad y transparencia como criterio materializados de la democracia participativa y representativa, sobre la obligación de los partidos y movimientos políticos de publicar todas sus decisiones por disposición de la Ley Estatutaria 1712 de 2014 (art. 5º), mediante la cual el legislador impuso a las colectividades la obligación de suministrar la información requerida por cualquier persona y, que se pueda consultar en la página oficial, para garantizar los derechos fundamentales de información, acceso a documentos públicos y petición (C.N., arts. 20, 23 y 74) que son ejes de los principios de publicidad y transparencia en el marco de la función pública (art. 209 superior).

De lo anterior, afirma sin duda alguna que para la expedición de los respectivos avales por parte de los partidos y movimientos políticos, el legislador introdujo un nuevo requisito para su validez y eficacia, en aras de garantizar la transparencia de esta función a través de la publicitación de los mismos, al introducir esta obligación en el literal d) del artículo 11 de la Ley Estatutaria 1712 de 2014, al expresar, que deberán publicar el contenido de toda decisión que haya adoptado y afecte al público, por lo que al no haber publicitado el otorgamiento del aval se violó directamente el artículo 108 de la Constitución Nacional al tenerse por inexistente dicho aval o en su defecto se expidió irregularmente al haberse incumplido los requisitos que exige la ley para su formación.

4.3.2. La parte demandada, mediante memorial obrante de folios 314 a 315 del cuaderno principal 2, pidió la denegatoria de pretensiones, por cuanto, la parte actora sustentó su demanda en que la resolución demandada era un documento falso y apócrifo, luego por vía de la reforma de la demanda, trajo al proceso otras normas violadas y su correspondiente concepto de violación, pero en últimas el argumento general continuó siendo la invalidez del otorgamiento del aval, el cual carece de fundamento probatorio y argumentativo, porque la Resolución 3712 de 31 de 2015 sí le otorgó aval al señor Parra Walteros y, en contraste, lo cierto es que el planteamiento de la parte actora no atañe a factores atinentes a acciones u omisiones directas del demandado, por cuanto el aval lo otorga el partido y la inscripción la hace la autoridad de la organización electoral, como tampoco conlleva censura en las condiciones propias del demandado para haber sido llamado a ocupar la curul.

La publicidad de la resolución mencionada no necesariamente se imponía en la página web del partido debido a que existen otros medios para la respectiva publicidad a partir de la inscripción de la candidatura, la cual fue socializada en diferentes medios de comunicación a nivel departamental.

En contraste, la parte actora no logró probar dentro del proceso la nulidad del acto demandado, que es concretamente el acto de llamamiento para proveer vacantes en corporaciones públicas (Res. 41/2016, oct. 3. Presidente de la Duma), pues el accionante pretende lograr es la nulidad de la Resolución 3712 de 31 de julio de 2015 de la Dirección Nacional del PLC, cuando lo cierto es que los términos para demandar este acto están vencidos no siendo viable incoar la acción. Tampoco logró demostrar el nexo de causalidad entre los hechos, las pruebas y las acciones y/o omisiones del demandado, por lo que incumplió la carga probatoria y solicitó que se tuviera en cuenta la congruencia que se resume en la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo.

4.3.3. El Partido Liberal Colombiano, descorrió el traslado de alegaciones finales, mediante escrito que reposa en folios 334 a 338 del cuaderno principal 2, indicando que se demostró que la Resolución 3712 de 31 de julio de 2015 no es apócrifa. Por el contrario, el secretario general del PLC Héctor Olimpo Espinosa Oliver, lo aceptó y reconoció como un documento expedido y suscrito por él, con lo cual se desvirtúa cualquier duda sobre su autenticidad.

Ahora bien, respecto del cumplimiento del principio de publicidad de las decisiones de los partidos y movimientos políticos con los que se avalan a los candidatos, se tiene que al verificar los requisitos para la expedición del aval ni la ley ni la Constitución establecen presupuestos adicionales diferentes a la existencia del documento de manifestación de la voluntad partidista, a que sea suscrito y, a que se inscriba por parte del representante legal o su delegado, la candidatura del avalado ante la autoridad electoral competente. Dentro de los requisitos sustanciales que se exigen para expedir el aval están: i) la militancia, esto es, ser miembro activo del partido, lo que en caso del demandado está más que acreditado pues es miembro del directorio departamental de Arauca, fue diputado a la misma asamblea 2012-2015 por el PLC y ahora fue llamado a ocupar la curul; ii) la disciplina partidista: indicó que las postulaciones realizadas por los candidatos pasaban para verificación del veedor nacional y defensor del afiliado del partido, conforme a la Resolución 3188 del 17 de febrero de 2015 “por la cual se reglamenta el proceso de selección de candidatos del Partido Liberal Colombiano para participar en la selección de candidatos del Partido Liberal Colombiano para participar en las elecciones territoriales” de 25 de octubre de 2015. Además, que los antecedentes del demandado fueron consultados a través de la oficina de ventanilla única del Ministerio del Interior sin que en esta se reportara alguna novedad respecto de él; iii) la moralización de la actividad política: con la Resolución 3712, el secretario general del PLC dio fe que el candidato cumplió con los requisitos para ser avalado y podía ser inscrito en representación del partido como aspirante a ocupar un cargo público de elección popular en las elecciones de octubre de 2015.

En relación con los requisitos formales del aval, se tiene que son los elementos necesarios que permiten identificar la manifestación y materialización de la voluntad del partido. Como mínimo debe contener la corporación a la que se postula; el lugar para donde se avala y el cargo que se avala; la identificación del avalado; la relación de todos los integrantes de la lista, de acuerdo con el número de curules a proveer en la respectiva circunscripción; el período constitucional que abarca; la modalidad del voto; el cumplimiento de la cuota de género y la declaración juramentada implícita de haber verificado los antecedentes de quien se avala.

Todo lo anterior con el propósito de cumplir con la finalidad tripartita que conlleva el aval, a saber: servir de mecanismo de inscripción de candidatos; como garantía de que los candidatos hacen parte de la organización y, como documento de verificación del cumplimiento de calidades y requisitos para la postulación de la representación de la colectividad. Lo que en el caso concreto es fácilmente verificable mediante los documentos que hacen parte de la inscripción de la candidatura de la lista a la asamblea de Arauca, demostrándose así que constituye la declaración y voluntad de la colectividad liberal de avalar, postular e inscribir al demandado.

Y agregó: “(…) si bien es cierto que la colectividad Liberal procuró que todas las decisiones concernientes al otorgamiento de avales, quedaran protocolizados, debidamente numeradas y publicadas en la plataforma WEB del partido, también lo es, que este NO es un requisito constitucional, legal o estatutario que debe ser verificado en el otorgamiento de avales. Es decir, el Partido Liberal Colombiano, como las demás colectividades políticas con personería jurídica vigente, otorgada por el CNE, NO están obligadas por mandato Constitucional o Legal, a protocolizar los avales conferidos y publicarlos en la página web de la colectividad” (fl. 336, cdno. ppal. 2).

E insistió que conforme al artículo 33 de la Ley 1475 de 2011, los principios de publicidad y de transparencia, se surtieron con la inscripción de la candidatura y la divulgación de las listas por parte de las autoridades electorales dentro de los dos días siguientes al vencimiento del término para modificar la inscripción de la lista, pues la RNEC y el CNE publicaron en lugar visible de sus dependencias y en sus páginas web, la relación de candidatos a cargos o corporaciones públicas de elección popular cuyas inscripciones fueron aceptadas entre quienes se distingue al demandado como candidato a la asamblea departamental de Arauca en representación del PLC.

Finalmente, indicó que a diferencia de lo afirmado por el actor, la Ley de Transparencia 1712 del 6 de marzo de 2014, en la previsión del artículo 11, literal d), atinente a que: “el contenido de toda decisión y/o política que haya adoptado y afecte al público, junto con sus fundamentos y toda interpretación autorizada de ellas”, no aplica para las decisiones de los Partidos y Movimientos Políticos, en el tema concerniente al otorgamiento de avales porque se refiere a aquellas que afecten al público en general. Expuso que el otorgamiento de un aval no es un servicio prestado, ni un procedimiento o política adoptada y menos hace parte de su funcionamiento, sino que legal y constitucionalmente, se prevé como un derecho dispositivo.

4.4. Concepto del Ministerio Público.

El Procurador 52 Judicial II Administrativo de Arauca, en concepto obrante de folios 306 a 388 vuelto del cuaderno principal 2, solicitó denegar las súplicas de la demanda. Explicó que al verificar las pruebas, reposa certificación de 21 de noviembre de 2016 del secretario general del PLC, en la que justificó la inconsistencia presentada en las resoluciones 3712 de 31 de julio y de agosto siguiente de 2015 con temas disímiles en sus contenidos y él mismo reconoció la autenticidad y la ratificó como suya al igual que la firma de suscripción, indicando que sí se otorgó el aval al demandado por parte de la colectividad Liberal.

Al no encontrar vicio de nulidad sobre el documento contenido en la Resolución 3712 de 2015, considera infundada la tacha de falsedad. Además, la omisión en el registro de las resoluciones en el protocolo del partido no es causal de nulidad porque no afecta el contenido sustancial ni la voluntad del emisor en el aval al candidato y menos en el nombramiento por llamamiento.

Respecto de la violación al artículo 209 Constitucional y la Ley 1712 de 2014, relacionados con la publicidad y la transparencia que debía dársele a la Resolución 3712 de 2015 en la página oficial de esa colectividad y de la cual el actor pretende derivar la inexistencia del acto de llamamiento.

Recordó que la inscripción de candidatos a corporaciones públicas, es competencia única y exclusiva de los partidos y movimientos políticos, conforme al mandato superior 108 (A.L. 1/2009, mod. art. 2º) y no depende de requisito adicional alguno. Se perfecciona con el aval que expide el representante legal del partido por el cual fue inscrito el candidato, a fin de cumplir con sus tres finalidades: i) mecanismo de inscripción de candidatos por parte de los partidos y movimientos políticos; ii) garantía para esos corporativos políticos de que las personas que inscriben hacen parte de su organización; iii) asegurar que quien se inscribe reúne las condiciones éticas para desempeñarse. Es el aval el único requisito exigible para la validez de la inscripción de la candidatura, “por lo que no se convierte la publicación de éste en un presupuesto para la eficacia de la decisión tomada por la colectividad”, por cuanto en primer lugar, es un derecho fundamental a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político (C.N., art. 40) y, por ende, no es dable que la omisión en la publicación se convierta en obstáculo del ejercicio de ese derecho y en segundo lugar, porque conforme al artículo 33 de la Ley 1475 de 2011, la obligación de hacer públicos dichos avales es un deber de la RNEC y del CNE.

Concluyó que finalmente, frente a la Resolución 41 de 3 de octubre de 2016 expedida por el Presidente de la Duma departamental, el actor no hace acusación y al no encontrar vicios que la afecten no hay lugar a acceder a las pretensiones de la demanda.

5. La sentencia apelada.

Mediante fallo de 15 de marzo de 2017, que reposa en folios 346 a 354, cuaderno principal 2, el Tribunal Administrativo de Arauca (Sala Única de Decisión) negó las pretensiones de nulidad electoral contra el acto declaratorio de elección de los diputados a la asamblea de Arauca y negó la condena en costas.

Luego de relacionar y valorar las pruebas recaudadas, indicó que el marco normativo de la demanda transita entre el preámbulo, el artículo 1º de la Constitución Política, los derechos políticos (art. 40.1 ib) y la regulación sobre existencia, conformación y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos y al estatuto de la oposición, así como también lo concerniente a las elecciones y a la organización electoral (arts. 40.2, 40.3, 107 a 112, 258 a 266).

Uno de los temas que integran el ejercicio de la política electoral es el referido a la postulación de candidatos a cargos de elección popular, concretamente, el referido a uno de sus requisitos, como es el otorgamiento del aval, para impedir la doble militancia, asignar responsabilidades por su indebido otorgamiento (art. 107 superior), por lo que se exige que toda inscripción de partido o movimiento sea avalada por el representante legal (art. 108 ib).

Las leyes 130 de 1994 (art. 9º) y la 1475 de 2011 (art. 10), imponen a los partidos y movimientos que previo a inscribir a sus candidatos y a avalarlos, verifiquen el cumplimiento de sus calidades y requisitos y que no se encuentren incursos en causales de inhabilidades e incompatibilidades y escoger a dichos candidatos mediante procedimientos democráticos (art. 28 de los estatutos).

Se apoyó en la sentencia de la Sección Quinta de 13 de octubre de 2016, radicación 11001-03-28-000-2016-00003-00, que consideró la existencia de requisitos sustanciales y formales que deben cumplirse para la inscripción de listas y candidatos. Los presupuestos sustanciales corresponden a la verificación de calidades y requisitos de los candidatos, constatarán la ausencia de inhabilidades e incompatibilidades, siendo ésta una carga que deben cumplir los partidos y movimientos políticos. Y la sentencia de 17 de noviembre de 2016, radicación 7000123330002016-00047-01 que indicó que el aval hace parte del acto de inscripción de candidatos a cargos públicos de elección popular, aunque son dos actos con finalidades diferentes.

Respecto de los cargos contra la Resolución 3712 de 31 de julio de 2015 porque se le atribuye ser falsa y que no se publicó. En relación con la supuesta falsedad se erigió sobre la coexistencia de igual número (3712) pero con diferentes contenidos y objetos y de autoría diferente por órganos internos del Partido Liberal Colombiano. Por ello, el demandante le imputó a la resolución correspondiente del otorgamiento del aval falsedad ideológica.

Se probó en efecto la existencia de ambas resoluciones, pero a ninguna de las dos le es predicable falsedad ideológica. En cuanto a la que interesa al proceso, esto es la adiada el 31 de julio de 2015 es explicada en su expedición y contenido por el propio Partido Liberal Colombiano para defender su legalidad, al indicar que la duplicidad numérica tan solo obedeció a un error, al punto que ni la Dirección Nacional del Partido ni su secretario general y representante legal desconocen el contenido del documento ni han informado que se emitió sin consentimiento e incluso, en vía de la contestación de la demanda, la anexan al expediente.

Así las cosas, es la misma entidad partidista quien reconoce la autenticidad, existencia y valía en su contenido de la resolución cuestionada.

Se aportó al expediente certificación expedida por el secretario general del partido HÉCTOR OLIMPO ESPINOSA OLIVER, quien funge como representante legal del PLC y además, suscribió la Resolución 3712 de 31 de julio de 2015 por la cual se otorgó el aval de la colectividad que representa al entonces candidato a la asamblea MIGUEL EDUARDO PARRA WALTEROS y en la que expresamente manifestó: “(…) verificado un error humano de numeración e inclusión en el protocolo de resoluciones del Partido Liberal Colombiano, al Sr. PARRA WALTEROS le fue otorgado aval mediante documento denominado “Resolución (3712) del 31 de julio de 2016”, la cual fue aportada al momento de la inscripción ante la Registraduría Nacional del Estado Civil. En consecuencia, el suscrito Secretario General, reconoce el contenido y la decisión adoptada como propia, contenida en el documento denominado ‘Resolución (3712) de 31 de julio de 2015’, antes indicada (…) (fls. 234 a 235)”.

De lo anterior, dedujo el tribunal a quo que el propio suscribiente y representante legal del Partido permite predicar la legalidad del documento, tanto en su adopción, como en el procedimiento de formación, contenido, efectos y trámite posterior surtido, lo cual no fue controvertido por el actor y frente a lo que no existe en el expediente prueba que contraríe la autenticidad del documento y, por ende, ello desvirtúa y vuelve infundada la incriminación de falso que el actor atribuyó a dicho acto.

Respecto de la censura referente a la falta de publicación de la mentada resolución que otorgó el aval, el tribunal a quo consideró que no era obligatoria, en tanto se trata de un acto de carácter particular y concreto, y la norma invocada, esto es la Ley 1712 de 2014, es clara en consagrar que la publicidad se impone frente a aquellos actos de “información mínima obligatoria respecto a servicios, procedimientos y funcionamiento del sujeto obligado”.

6. El recurso de apelación.

La parte demandante inconforme con la decisión, mediante escrito presentado oportunamente, apeló. Solicitó que el fallo denegatorio fuera revocado y que en su lugar, se decrete la nulidad de la Resolución 41 de 2016 de la asamblea departamental, por medio de la cual se llamó al señor MIGUEL EDUARDO PARRA WALTEROS, a ocupar la curul de asambleísta. Insistió en las generalidades argumentativas frente a los ejes temáticos planteados en la contestación y en las alegaciones finales de primera instancia, para concretar el ataque de la apelación en la violación a los principios de publicidad y transparencia, con el argumento de que la gestión y ejercicio de funciones públicas se imponen sean conocidas por la comunidad en general para poder ejercer control sobre ellas (C.N., art. 108 y L. 1712/2014, art. 11, lit. d)).

Estos principios son aplicables y exigibles a los partidos y movimientos políticos, en razón al preponderante papel que estos corporativos desarrollan en una democracia, así que tienen una doble obligación, de una parte, suministrar la información que requiera cualquier persona, atendiendo al cumplimiento del ejercicio del derecho fundamental de petición que se concreta en el suministro de información, acceso a documentos públicos y a la oportuna y coherente respuesta. Y, de otra, en que es obligatoria la publicación del aval por parte de la colectividad partidista, a fin de otorgar garantías a la ciudadanía de que el candidato cumple las calidades necesarias para el ejercicio del cargo.

7. Trámite en segunda instancia.

Por auto de 12 de mayo de 2016, el despacho ponente admitió el recurso de apelación y ordenó correr traslado para las alegaciones finales y el concepto del Ministerio Público (fls. 385 y vto. cdno. ppal.).

7.1. La parte demandada presentó alegaciones de conclusión solicitando la confirmación de la denegatoria de pretensiones, reiterando los argumentos que expusiera en la contestación de la demanda y en los alegatos de primera instancia, referentes a que quedó desvirtuada la acusación de falsedad y apocrificidad de la resolución de otorgamiento del aval y a que no se violaron las normas constitucionales ni legales sobre publicidad, por cuanto se trata de un acto particular y concreto (fl. 399 cdno. ppal. 1).

7.2. La parte actora en memorial obrante en folios 401 a 406 del cuaderno principal, descorrió el traslado, planteando los ejes temáticos ya expuestos en sus postulaciones anteriores, concretamente el concepto y finalidad de los partidos políticos, los principios de publicidad y transparencia y la obligación de los partidos y movimientos políticos de publicar todas sus decisiones de conformidad con la Ley 1712 de 2014. Todo para insistir que el PLC incumplió con el literal d) del artículo 11 de dicha ley y se violó el artículo 108 superior “al tenerse por inexistente dicho aval o, en su defecto se expidió irregularmente por no cumplirse con todos los requisitos que exige la ley para su formación” (fl. 406, cdno. ppal.).

7.3. El Partido Liberal Colombiano, descorrió traslado mediante escrito que obra a folios 408 a 410 ibídem, para tal efecto trajo a colación la explicación que rindiera en sus escritos anteriores atinentes a los requisitos sustanciales y formales de la figura del aval (militancia, disciplina partidista, moralización de la actividad política) e insistió en que la divulgación de la inscripción de la candidatura del demandado MIGUEL EDUARDO PARRA WALTEROS avalado por el PLC correspondía a los órganos electorales, esto es, al CNE y a la RNEC, como en efecto aconteció de cara al cumplimiento del artículo 33 de la Ley 1475 de 2011. Recabó en que la publicación para los partidos que impone la ley de transparencia responde a dos presupuestos, a saber: el primero, que se trate de una decisión política adoptada dentro de un servicio prestado, un procedimiento establecido que explique el funcionamiento del sujeto obligado, a lo cual indicó que no es el caso del presente asunto y, segundo, que afecte al público en general, circunstancia que tampoco aplica al caso concreto.

Estas las razones por las cuales ni se violó la ley y menos el acto fue expedido irregularmente y, como tal, tampoco puede viciar de nulidad el acto realmente demandado que fue la designación por llamamiento a ocupar la curul.

7.4. El Ministerio Público solicitó confirmar la denegatoria de pretensiones, mediante escrito obrante de folios 413 vuelto a 419 del cuaderno principal. Sustentó que el tema de la apelación es determinar si la falta de publicación del aval genera la nulidad de la elección (llamamiento), en tanto, el acto demandado no es el acto de elección.

De conformidad con los artículos 108 superior y 9º de la Ley 130 de 1994, en armonía con la Ley 1475 de 2011, el aval conferido a candidatos a elecciones populares es una garantía, para el partido, de que la persona pertenece a esa colectividad, que cuenta con buenas aptitudes morales, de honestidad y decoro al punto que así lo presenta a la comunidad y al electorado. Permite la consolidación de la autoridad y disciplina partidista, por cuanto “tiene la potestad de autorizar y convalidar las aspiraciones de sus integrantes frente al electorado” y como compromiso de su responsabilidad frente al electorado que presenta al candidato sólido en su ética de desempeño de la función para la que se le postula. Destacó la triple finalidad de la figura y su papel de requisito sine qua non para la inscripción de la candidatura.

Indicó que en vía de la apelación no se presenta argumento alguno que le reste validez al acto de otorgamiento del aval, en tanto, la censura de falsedad fue negada y superada en la primera instancia y ya no fue objeto de la apelación que se conoce.

Se focalizó en que conforme a los artículos 2º, 3º, 9º, 11 a 13 y 16 de la Ley 1712 de 2014, se determinó que todas las personas tienen derecho a acceder a documentos públicos, haciendo parte del gran contenido de acceso a la información, que en últimas emerge como mecanismo de control ciudadano en la actividad estatal. Pero encuentra la Agencia Fiscal que la ley no impone la publicación de los avales y menos que la falta de publicación genere la consecuencia que el actor pretende atribuirle al acto como causal invalidante y agregó: “cosa distinta y como fundamento para preservar el acceso a la información, es que exija que las entidades estatales o las que ejerzan funciones públicas, deben publicar ciertas actuaciones para efectos de que la comunidad se pueda enterar fácilmente de ellas, tales como la descripción de su estructura orgánica, funciones y deberes, la ubicación de sus sedes, divisiones o departamentos, así como el horario de atención al público” (fl. 417 vto. ib).

Indicó que las exigencias sobre publicidad no afectan la legalidad de las actuaciones surtidas al interior de la respectiva entidad, sino sanciones disciplinarias y las acciones de tutela para garantizar el acceso a la información.

Aseveró que menos aún puede aceptarse el argumento del apelante quien confundió la falta de publicación de los actos administrativos del artículo 65 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo con la publicidad de que trata la Ley 1712 de 2014, situaciones diferenciables porque esta última refiere al acceso a la información y la primera a la eficacia de los actos administrativos de carácter general.

No obstante, indicó, que el requisito de publicidad es un presupuesto de eficacia frente al acto general, pero se convierte en presupuesto de validez para los actos de carácter particular que se expiden con fundamento en el acto general no publicado, porque ello vulnera el debido proceso.

Concluyó que el acto de otorgamiento del aval no es un acto administrativo general; tampoco es de carácter particular y concreto, porque es una potestad de los partidos y movimientos políticos y no es una función pública; la norma infringida no podía ser el artículo 65 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y no existe obligación de publicar los avales otorgados por los corporativos partidistas.

II. Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada el 15 de marzo de 2017 por el Tribunal Administrativo de Arauca, porque conforme al artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 615 de la Ley 1564 de 2012(3), conoce en segunda instancia de las sentencias proferidas por los Tribunales Administrativos, se trata de un asunto de nulidad electoral contra acto de elección (llamamiento) de diputado a la asamblea departamental, que corresponde conocer en primera instancia a los tribunales en virtud del artículo 152 numeral 8º del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

2. Prueba del acto acusado.

La designación por llamamiento a ocupar la curul al señor MIGUEL EDUARDO PARRA WALTEROS, en calidad de diputado del departamento de Arauca (2016-2019), se demostró con copia auténtica de la Resolución 41 de 3 de octubre de 2016 expedida por la asamblea departamental de Arauca(4).

3. Problema jurídico.

Para la Sala, se trata de determinar si la decisión del Tribunal a quo de negar las pretensiones de la demanda es correcta en su motivación y, si hay lugar a confirmarla o, en su lugar, a revocarla, a partir de verificar si le asiste razón o no al tribunal sobre el manejo del tema de la figura del aval y el cumplimiento del principio de publicidad que el demandante recaba en apoyar en el artículo 108 superior y en el literal d) del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014.

Así las cosas, se advierte que la nulidad electoral incoada recae sobre una actuación previa en el tiempo al de la designación por llamamiento, que tiene que ver con la publicación de la Resolución 3712 de 31 de julio de 2015, por medio de la cual el Partido Liberal Colombiano, entre otras actuaciones, otorgó el aval al entonces candidato —hoy llamado y demandado— MIGUEL EDUARDO PARRA WALTEROS, para aspirar a la Duma de Arauca, la cual reposa en folio 49 del cuaderno 1.

Por otra parte, debe tenerse en cuenta el límite competencial de la Sala Electoral como juez ad quem, que debe circunscribirse y armonizarse con el contenido de la fijación del litigio y la postulación de la apelación por la parte demandante quien fue la que recurrió.

Huelga recordar que la fijación del litigio realizada en la audiencia inicial por el tribunal a quo fue definida en la siguiente literalidad:

“¿Es ilegal la Resolución 41 de 2016, expedida por el presidente de la asamblea departamental de Arauca, mediante la cual llamó a Miguel Eduardo Parra Walteros, para que ocupara la curul dejada por Nevardo Eneiro Rincón Vergara, como diputado de la asamblea departamental de Arauca, período constitucional 2016-2019, de conformidad con los planteamientos que se efectúan en la demanda y su reforma?” (fl. 296 vto. cdno. ppal. 2).

Que dentro de los planteamientos de la demanda dentro de la única censura basada en que se elijan candidatos o se nombren personas que no reúnan las calidades y requisitos constitucionales o legales de elegibilidad o que se hallen incursas en causales de inhabilidad, dos planteamientos fueron esbozados, uno de apocrificidad y falsedad atribuida a la Resolución de otorgamiento del aval 3712 de 31 de julio de 2012, frente a la que se planteó la hipótesis de acto fraudulento por cuanto con ese número, aunque con otra fecha, el contenido era otro y muy diferente al de otorgamiento del aval. Situación que fue analizada, estudiada y denegada por el tribunal al encontrar probado el error en la réplica del número de la resolución, pero no en el contenido y menos en la falsedad de que el aval hubiera sido espurio, pues tal situación fue suficientemente aclarada por el Partido Liberal Colombiano. Y como bien lo planteó la agencia fiscal en su concepto de fondo en segunda instancia y se advierte del texto de la apelación, fue desechado por la parte recurrente como argumento de la impugnación, dando paso a la no insistencia respecto a la carencia de aval por parte del demandado y que se reitera era sustentada en una resolución supuestamente falsa e inexistente que finalmente no había acontecido en la realidad probada de los hechos.

Así las cosas pervive la segunda arista de esta única censura y es aquella atribuida al incumplimiento del principio de publicidad de la Resolución 3712 de 31 de julio 2015 que otorgó el aval y que el actor recaba como factor constitutivo de incumplimiento de las normas superiores (art. 108 constitucional y L. 1712/2014, art. 11, lit. d)) y, por ende, generador de la invalidez de este aval, circunstancia que indirectamente permea la inscripción del entonces candidato y que emerge como factor impeditivo para que pudiera ser llamado a ocupar la curul, siendo así una cadena de hechos, actuaciones y de actos progresivos y escalonados, que a juicio del actor, al final afectan la legalidad del acto que lo designó como llamado a ocupar la curul vacante de Asambleísta departamental.

Teniendo claro lo anterior, para dilucidar el asunto y, conforme a los límites planteados en la impugnación, se abordarán los siguientes temas que convergen a dar claridad sobre el asunto a resolver: 3.1. El principio de publicidad y aplicación de la Ley 1712 de 2014 y 3.2. Caso concreto.

3.1. El principio de publicidad y su aplicación desde la Ley 1712 de 6 de marzo de 2014(5).  

La llamada Ley Estatutaria de Transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional reguló este último derecho, condensando en ella, los procedimientos para su ejercicio. El legislador estatutario concibe ese derecho como garantía al principio de transparencia, que también incluye dentro de los principios que hacen parte de la regulación junto con el de buena fe, facilitación, no discriminación, gratuidad, celeridad y eficacia, junto a otros presupuestos que calificó también de principios, pero que en realidad hacen parte de la forma cómo darle cumplimiento, a saber: calidad de la información, divulgación proactiva de la información y responsabilidad en el uso de la información (arts. 1º a 3º).

Dentro del ámbito de aplicación, están obligados a garantizar y permitir el acceso a la información pública nacional: i) toda entidad pública; ii) los órganos, organismos y entidades estatales “independientes” o autónomos y de control; iii) las personas naturales y jurídicas, públicas o privadas, que presten función pública o que presten servicios públicos respecto de la información directamente relacionada con la prestación del servicio público; iv) cualquier persona natural, jurídica o dependencia de persona jurídica que desempeñe función pública o de autoridad pública, respecto de la información directamente relacionada con el desempeño de la función; v) las empresas públicas creadas por la ley, las empresas del Estado y sociedades en las que éste tenga participación; vi) los partidos o movimientos políticos y los grupos significativos de ciudadanos; vii) las entidades que administren instituciones parafiscales, fondos o recursos de naturaleza u origen público; viii) las personas naturales o jurídicas que reciban o intermedien fondos o beneficios públicos territoriales y nacionales (art. 5º). Se contiene en este dispositivo la excepción expresa de que no serán sujetos obligados por esta ley: las personas naturales o jurídicas de carácter privado que sean usuarios de información pública (par. 1º).

De interés para este caso resultan los conceptos contenidos en esta ley estatutaria, tales como: por información se entiende “el conjunto organizado de datos de contenido en cualquier documento que los sujetos obligados generen, obtengan, adquieran, transformen o controlen” y por información pública la que un sujeto obligado por esta ley “genere, obtenga, adquiera o controle en su calidad de tal”; los verbos publicar o divulgar “que significa poner a disposición en una forma de acceso general a los miembros del público e incluye la impresión, emisión y las formas electrónicas de difusión”; el sustantivo archivo, que se concibe como “el conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, forma y soporte material acumulados en un proceso natural por una persona o entidad pública o privada, en el transcurso de su gestión, conservados respetando aquel orden para servir como testimonio e información a la persona o institución que los produce y a los ciudadanos, como fuentes de historia. También se puede entender como la institución que está al servicio de la gestión administrativa, la información, la investigación y la cultura”.

Conforme a la previsión de disponibilidad de la información, se impone a los sujetos obligados, entre ellos, como ya se vio los partidos o movimientos políticos, que tengan a disposición del público la información que refiere esta ley, mediante medios físicos, remotos o locales de comunicación electrónica y “deberán tener a disposición de las personas interesadas dicha información en la Web, a fin de que estas puedan obtener la información, de manera directa o mediante impresiones…” (art. 7º).

De la anterior normativa, es claro que los partidos y movimientos políticos, quedaron subsumidos en los sujetos obligados a cumplir con la ley de acceso a la información, entre la doble perspectiva de los fundamentos de los corporativos partidistas, como lo es la autonomía que les es propia y connatural y el control por parte del Estado que sobre sus actuaciones se yergue a fin de proteger a la democracia. Es claro más allá del interesante debate de que no son entidades públicas sino particulares y de si prestan un servicio o función pública, lo cierto es que en forma expresa, como si el legislador estatutario hubiera tenido como propósito zanjar cualquiera posibilidad de exclusión de los partidos y movimientos políticos (e incluso de los grupos significativos de ciudadanos) desde la discusión jurídica de cómo definir la naturaleza misional de estos corporativos —que claro excede el límite básico y elemental de las disertaciones sobre la naturaleza jurídica de estos colectivos— es ineluctable que les es aplicable por disposición expresa del legislador la ley de transparencia y de acceso a la información, sin detenerse tampoco en si el acto es general o particular o concreto. Esto con el fin de despejar el predicamento que hacen algunos sujetos procesales al intentar exonerar del deber de acceso a la información al otorgamiento del aval, bajo el derrotero de que es un acto particular y concreto.

Y en tal sentido, se pronunció la Corte Constitucional en Sentencia C-274 de 9 de mayo de 2013(6), al revisar la constitucionalidad del entonces proyecto de ley estatutaria que luego se convirtió en la Ley 1712 de 2014. En esa oportunidad frente a la previsión que incluía a los corporativos partidistas indicó:

“En cuanto al literal f del artículo 5º, uno de los ciudadanos señala que al convertir en sujetos obligados a los partidos políticos y a los grupos significativos de ciudadanos, el literal termina por exigir a particulares el cumplimiento de obligaciones que son solo del resorte de quien ejerce funciones públicas, por lo cual solicita que se declare inexequible dicho literal.

Sin embargo, dada la función que cumplen los partidos o movimientos políticos y los grupos significativos de ciudadanos dentro de una democracia, el hecho de recibir financiación estatal, y cumplir una función constitucionalmente relevante, que también debe ser objeto de escrutinio por la ciudadanía, implica el que no puedan ser considerados como meros particulares.

En efecto, esta corporación ha reconocido que “los partidos políticos, al igual que los movimientos políticos y los grupos significativos de ciudadanos, son modalidades de representación democrática constitucionalmente reconocidas, cuyo papel es de carácter complejo, pues de un lado, tienen una función instrumental, esto es, expresan los intereses y exigencias de inserción en la agenda pública de determinados grupos sociales, faceta que los inserta decididamente en el ámbito de la representación política, siendo medios de expresión a lo largo del proceso de democratización de la política, y cumplen el papel de canalizar la voluntad pública de forma que inciden inclusive en el contenido concreto de la pluralidad de intenciones, usualmente contradictorias y yuxtapuestas, de los ciudadanos, función en la que se sustenta, a juicio de la Corte, el vínculo necesario entre el fortalecimiento de los partidos y movimientos políticos y la vigencia del principio democrático participativo, en especial su faceta pluralista”(7).

En esa medida, resulta razonable y proporcionado que sean sujetos obligados a presentar información pública, por lo cual encuentra la Corte Constitucional que el literal f) del artículo 5º resulta un desarrollo armónico de los artículos 1º, 2º, 40, 74, 107, 109, y 112 de la Carta”.

No se hará alusión al artículo 65 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, norma con la que, a juicio de la agencia fiscal, la parte actora matizó esta parte de la censura, por cuanto su contenido no encuadra dentro del asunto en discusión, pues ha de recordarse que éste se refiere a la publicidad de los actos administrativos de carácter general, a la obligatoriedad de los mismos, a las decisiones que pongan término a una actuación administrativa iniciada con una petición de interés general y a los actos de nombramiento y de elección distintos a los de voto popular, situaciones que no responden al contenido de la decisión de otorgamiento de aval por un partido político. Así las cosas, no es de recibo por ser ajeno a la discusión la aplicación, consideración y decisión de lo debatido en dicha norma.

3.2. Caso concreto.

La parte impugnante, en cuanto hizo referencia al principio de publicidad, se fundamentó en el literal d) del artículo 11 de esta ley, en armonía con el artículo 108 superior —ya transcrito—). La regulación legal en su literalidad reza:

“ART. 11.—Información mínima obligatoria respecto a servicios, procedimientos y funcionamiento del sujeto obligado. Todo sujeto obligado deberá publicar la siguiente información mínima obligatoria de manera proactiva:

(…).

d. El contenido de toda decisión y/o política que haya adoptado y afecte al público, junto con sus fundamentos y toda interpretación autorizada de ellas;”.

Como ya se vio en el capítulo que antecede dentro de la materialización del derecho al acceso a la información, está aquella llamada “información pública” que se nutre de la que genere o controle en su calidad de tal y, es claro, por lo visto en la regulación normativa de los colegiados partidistas que el otorgamiento del aval, precisamente como actividad potestativa y voluntaria que les es propia, fue en este caso el Partido Liberal Colombiano quien la generó y la controla precisamente en su calidad de Partido otorgante en su arbitrio del aval a los candidatos que presenta a la comunidad electoral (art. 6º, lit. b)), más allá de que conforme al artículo citado en el concepto de violación, pueda decantarse porque la decisión de aval afecte o no al público, tenga espectro particular o concreto o efectos erga omnes.

Aunado a que conforme al artículo 7º siguiente la perentoriedad de la norma es ineluctable, cuando no sólo impone que se tenga a disposición del público (en físico, medios remotos o locales) y que converge en el cumplimiento del “principio de la divulgación proactiva de la información”(8) (art. 2º) sino que estatuye como deber que la información esté en la Web, para que las personas interesadas puedan obtenerla de manera directa o mediante impresión.

Dentro de los hechos probados mediante la prueba documental que reposa en el expediente se evidencian corroborados los siguientes extremos: i) la inscripción de la lista del Partido Liberal Colombiano a la Asamblea Departamental de Arauca (fls. 19 a 50) - Resolución 3686 de 24 de julio de 2015 “Por la cual el Copresidente del Partido Liberal Colombiano conforma lista, delega la función de otorgamiento de avales e inscripción de la lista de candidatos a la Asamblea Departamental de Arauca para las elecciones del 25 de octubre de 2015 período 2016-2019” (fls. 59 a 60); ii) Resolución 3712 de 31 de julio de 2015 del Partido Liberal Colombiano, por la que se otorga aval al señor MIGUEL EDUARDO PARRA WALTEROS (fl. 49 cdno. 1); iii) Resoluciones entregadas al demandante por parte del PLC el 12 de octubre de 2016 (fls. 67 a 86); iv) documentos sobre llamamiento y posesión del diputado PARRA WALTEROS (fls. 96 a 102); v) documentos aportados por el PLC con la contestación de la demanda (fls. 169 a 233) y certificación del PLC (fls. 234 a 235).

Visto el panorama normativo y probatorio, la Sala Electoral destaca que en este asunto no se discute que frente al llamado a ocupar curul MIGUEL EDUARDO PARRA WALTEROS, se advierta que en vía administrativa electoral, haya habido oposición a la candidatura del demandado devenida de los requisitos o calidades constitucionales o legales en su persona, es más, incluso en este juicio de nulidad electoral no se advierte que con respecto al demandado ello haya sido discutido o puesto en cuestionamiento, ni tampoco se observa prueba que así lo corrobore y, menos aún, que el demandado haya estado incurso en hechos constitutivos de inhabilidad.

Se reitera, que conforme a la Ley 1712 de 2014, dentro de las actividades que los grupos colegiados partidistas deben tener a disposición del público la “información pública” como materialización del acceso a la información, contenido dispositivo en el que cabe el procedimiento para el otorgamiento del aval, sin que esta obligación se extienda a la necesidad de publicar los avales entregados en cada caso concreto.

Nótese cómo el acto demandado expedido por el presidente de la asamblea departamental, esto es la Resolución 41 de 2017, se encuentra motivado para proceder al llamamiento, en los siguientes supuestos que responden a los requisitos de ley: i) competencia del llamante, ii) vacancia absoluta debidamente tramitada (renuncia y aceptación del elegido que se va), iii) observancia del partido titular de la lista de quien se ausenta; de las curules que conforme al escrutinio obtuvo ese partido de cara a la probanza del E-26 ASA(9); del orden de la lista abierta o con voto preferente que presentara ese partido y que se corrobora con el E-8 obrante a folio 50, cuaderno 1, en la que figuran el candidato Nevardo Rincón (Nº 58 del partido) —quien renunció— y el llamado PARRA WALTEROS (Nº 57 del partido):

“Que el señor NEVARDO ENEIRO RINCÓN VERGARA,… quien ostentaba credencial como diputado del departamento de Arauca, por el Partido Liberal Colombiano, presentó renuncia irrevocable, la cual fue aceptada por unanimidad en la plenaria de la asamblea departamental el 1º de octubre de 2016; decisión que fue notificada mediante oficio SGADA-2016-172, siendo las 10:00 A.M.

Que en las pasadas elecciones para asamblea departamental, del 25 de octubre de 2015, el Partido Liberal Colombiano obtuvo un total de diez y seis mil quinientos sesenta y cuatro votos (16.564) y según el formato E26ASA en la página 7 anexado por el delegado del Registrador Nacional del Estado Civil en Arauca, al Partido Liberal Colombiano le correspondieron tres (3) curules.

Que una vez ACEPTADA la renuncia al señor Nevardo Eneiro Rincón Vergara, se debe suplir la curul de acuerdo al artículo 261 de la Constitución Política, teniendo en cuenta que se trata de lista con voto preferente, a la persona que sigue en orden de votación en la lista del Partido Liberal Colombiano, la cual corresponde al señor MIGUEL EDUARDO PARRA WALTEROS con un total de mil novecientos veinte dos (1.922) votos” (fl. 103, cdno. 1).

Es más, incluso la Resolución 3712 de 31 de julio de 2015(10), es clara en su motivación y en su resolutiva, en ceñirse a los supuestos del otorgamiento del aval, en la cual se observa que incluso el demandado también reemplazó en la inscripción a otro aspirante que renunciaba a la candidatura, como se lee en la literalidad de la decisión del partido, a través de su secretario general HÉCTOR OLIMPO ESPINOSA OLIVER:

“Que mediante Resolución 3686 del 24 de julio de 2015, se otorgaron avales para los candidatos que integran la lista que en nombre del Partido Liberal Colombiano participaron en la elección de diputados a la asamblea departamental de Arauca, para el período constitucional 2016-2019.

Que una vez inscrita la lista, el día 31 de julio de 2015, el señor WILSON CARRILLO ANTOLÍNEZ, (…) decidió renunciar como integrante de la lista a la asamblea departamental de Arauca inscrita en representación del Partido Liberal Colombiano, período constitucional 2016-2019”

Por ello la resolutiva de esa decisión partidista, en congruencia con la motivación, determinó: i) aceptar la renuncia del candidato Wilson Carrillo Antolínez, como aspirante a la Duma departamental de Arauca en representación del Partido Liberal; ii) modificar la lista inscrita que en representación del Partido Liberal Colombiano participará en las elecciones a dicha asamblea; iii) otorgar al señor MIGUEL EDUARDO PARRA WALTEROS, el aval para reemplazar al señor Wilson Carrillo Antolínez, como aspirante a la Asamblea referida, en el mismo orden y número de lista que estaba quien renunció(11).

En virtud de lo anterior, no encuentra la Sala mérito para revocar la sentencia denegatoria de su tribunal a quo, no solo porque como ya se analizó la causal 275-5 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo no está probada en tanto las calidades del avalado no tienen mácula, sino porque desde el punto de vista de la expedición irregular basada en la publicidad que echó de menos el apelante no es en los términos que él la entiende, de cara a la situación sub judice, en primer lugar, por cuanto el aval en este caso, se reitera no ha sido cuestionado en su trasfondo sustantivo o connatural a la persona del elegido por llamamiento, ni siquiera se ha censurado requisito de existencia o validez dentro de ejercicio potestativo del partido político, es decir, a juicio de la Sala la discusión del caso en el enfoque dado por el apelante no es de aquellos que afecte el acto de llamamiento a ocupar la curul ni en su contenido ni en sus elementos esenciales ni de validez; en segundo término por que la censura no recae siquiera tangencialmente sobre la publicidad en cuanto al procedimiento que corresponde al otorgamiento del aval, por último debido a que las obligaciones de publicación contenidas en la Ley 1712 de 2014 no incluyen la publicación de los avales entregados en cada caso concreto.

Así las cosas, se evidencia por parte de la Sala Electoral, que en momento alguno el partido político (Liberal Colombiano) incumplió con la teleología de esos deberes, pues de la información que estaba obligada legalmente a publicar no se advierte que hubiera sido negada, ocultada o manipulada, como tampoco que se hubiera tratado de una maniobra que afectara al electorado que pudiera constituir, como lo indicó a su juicio, el impugnante en violación al debido proceso, en tanto como ya se vio el otorgamiento del aval y el acto de llamamiento carecen de irregularidad discutida y probada en su esencia y creación, que en últimas no afecta la triada de finalidades de la figura del aval, explicadas éstas con antelación.

Para este caso concreto, el solo hecho de que, como lo reconoce incluso por el mismo Partido Liberal, no se publicó en su página web el otorgamiento del aval al llamado PARRA WALTEROS, a juicio del operador jurídico de la nulidad electoral, no incide en el acto definitivo, al punto de modificar la decisión y, menos para anular el acto de designación, precisamente porque de su peso cae que no toca con el debido proceso como constitutivo de expedición irregular del acto que se juzga, porque tal ideal ni siquiera deviene taxativamente de la ley y además porque como ya se explicó, la información no fue reprimida en su acceso y el demandado no carece de condiciones de elegibilidad y no afecta, por ende, en su sustancialidad al acto demandado.

Por ende, tampoco puede encontrar de recibo la mentada expedición irregular por violación al debido proceso con respecto a la Resolución 3712 de 31 de julio de 2015 ni la afectación al acto definitivo (acto de llamamiento a ocupar la curul Res. 41/2016), porque, de una parte, las razones de esta censura las endilgó el actor en forma directa con el tema de la publicidad del aval frente al cual la Sala no encontró el impacto atribuido por el actor al caso sub judice y a la situación particular de este llamado y, de otra, en tanto no existen circunstancias rogadas por el demandante ni probadas que demeriten las condiciones personales para que el demandado, en últimas, no haya podido fungir, por vía de llamamiento, como diputado a la asamblea departamental de Arauca, siendo esta la nominación de la censura postulada por el actor basada en que se elijan candidatos o se nombren personas que no reúnan las calidades y requisitos constitucionales o legales de elegibilidad o que se hallen incursas en causales de inhabilidad (CPACA, art. 275-5), por lo que la sentencia de primer grado que negó las pretensiones de la demanda amerita ser confirmada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE la sentencia proferida el 15 de marzo de 2017, por el Tribunal Administrativo de Arauca, dentro del proceso de nulidad electoral contra la Resolución 41 de 3 de octubre de 2016 de la designación mediante llamamiento del señor MIGUEL EDUARDO PARRA WALTEROS, en calidad de diputado del departamento de Arauca (2016-2019).

2. Contra lo resuelto no procede recurso alguno.

3. Ejecutoriado el fallo, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Carlos Enrique Moreno Rubio, Presidente—Rocío Araújo Oñate—Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez—Alberto Yepes Barreiro.

1 La demanda fue presentada el 26 de octubre de 2016 ante la oficina de apoyo judicial de Arauca, folio 17, cuaderno 1, y reformada en el capítulo de normas violadas y concepto de la violación, mediante escrito de 8 de noviembre siguiente, mediante memorial obrante en folios 122 a 128 del mismo cuaderno.

2 Sentencia de 2 de febrero de 2006, radicación 25000-23-24-000-2004-01016-01(3870).

3 La norma indica: “ART. 150.—Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia…”.

4 Folio 97, cuaderno 1.

5 Conocida por la Corte Constitucional en su función de revisión de constitucionalidad sobre el proyecto por ser una Ley Estatutaria (228/2012 en Cámara y 156/2011 en Senado), en Sentencia C-274 de 5 de marzo de 2014. M.P. Dra. María Victoria Calle Correa.

6 Ib. (notal al pie 22).

7 C-491 de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.

8 “ART. 3º—Otros principios de la transparencia y acceso a la información pública. En la interpretación del derecho de acceso a la información se deberá adoptar un criterio de razonabilidad y proporcionalidad, así como aplicar los siguientes principios: (…). Principio de la divulgación proactiva de la información. El derecho de acceso a la información no radica únicamente en la obligación de dar respuesta a las peticiones de la sociedad, sino también en el deber de los sujetos obligados de promover y generar una cultura de transparencia, lo que conlleva la obligación de publicar y divulgar documentos y archivos que plasman la actividad estatal y de interés público, de forma rutinaria y proactiva, actualizada, accesible y comprensible, atendiendo a límites razonables del talento humano y recursos físicos y financieros”.

9 Reposa a folios 88 a 95 del cuaderno 1. Y en efecto, figura que el Partido Liberal Colombiano se hizo acreedor a tres curules en la duma que recayeron sobre las mayores votaciones, a saber: Carlos Alberto Hernández Sánchez (obtuvo 2.218 votos), Hernando Heno Ciro (con 2.423 votos) y Nevardo Eneiro Rincón Vergara —quien renunció— (con 2.599 votos), siendo la siguiente votación, la obtenida por el llamado MIGUEL EDUARDO PARRA WALTEROS (1.922 votos).

10 Obrante a folio 49, cuaderno 1 y cuyo epígrafe dice: “Por la cual se acepta la renuncia de un candidato a la asamblea departamental de Arauca, se modifica la lista, se otorga AVAL y se delega la inscripción de la modificación del nuevo aspirante a la asamblea departamental de Arauca, para las elecciones del 25 de octubre de 2015, período 2016-2019”.

11 El numeral cuarto de la decisión en cita delegó en la mesa directiva del comité de Acción Liberal Departamental de Arauca la inscripción de la modificación de la lista de dicha asamblea ante la sede de la RNEC acá avalado. Y en el numeral quinto determina su vigencia a partir del 31 de julio de 2015 y deroga las disposiciones que le sean contrarias.