SENTENCIA 2016-00196 DE DICIEMBRE 1 DE 2016

 

Sentencia 2016-00196 de diciembre 1º de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Radicación: 68001-23-33-000-2016-00196-01(AC)

Actor: C... E... G... M...

Demandado: Directora del Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad —EPAMS— Girón, Santander

Consejera Ponente:

Dra. María Elizabeth García González

Bogotá D.C., primero de diciembre de dos mil dieciséis.

Procede la Sala a decidir la impugnación, oportunamente interpuesta por el actor, contra el fallo de 16 de marzo de 2016, proferido por el Tribunal Administrativo de Santander que declaró hecho superado respecto del derecho fundamental de petición y denegó las demás pretensiones de la demanda.

I. Antecedentes

I.1. La solicitud.

El señor C... E... G... M..., obrando en nombre propio, instauró acción popular, a la cual se le dio el trámite de acción de tutela(1), para la protección de los derechos colectivos a la moral administrativa, dignidad humana, seguridad colectiva, uso excesivo de la fuerza, tratos inhumanos y degradantes, contra la directora del Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad de Girón(2), EPAMS - Girón, Santander.

I.2. Hechos.

Manifestó que el 28 de diciembre de 2015 presentó derecho de petición ante el director del EPAMS - Girón, quien no le dio respuesta.

Puso de presente que en dicha petición solicitó al director del EPAMS - Girón que adoptara las medidas necesarias con el fin de evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, amenaza y vulneración o agravio de los derechos colectivos mencionados de los internos del patio número 8 del EPAMS - Girón.

Indicó que cumplió con el requisito de procedibilidad de que trata el artículo 144 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo para interponer la acción popular, tal y como lo había requerido el juzgado quinto del circuito judicial administrativo de Bucaramanga, en la providencia de 8 de octubre de 2012.

Agregó que la finalidad de la demandada es que se cese el uso excesivo de la fuerza, los tratos inhumanos y degradantes aplicados a los internos del patio número 8 del EPAMS - Girón. Asimismo, indicó que fue víctima de un encierro injusto y humillante los días 24 a 27 de diciembre de 2015.

I.3. Pretensiones.

Solicitó “la protección de los derechos colectivos a la moral administrativa, dignidad humana, seguridad colectiva”, vulnerados por el uso excesivo de la fuerza, tratos inhumanos y degradantes, a que son sometidos los sindicados del patio número 8 del EPAMS - Girón.

I.4. Defensa.

La dirección, comando de vigilancia, junta de distribución de patios y celdas, dependencia de atención y tratamiento del EPAMS - Girón solicitó que se declare improcedente la presente acción de tutela, toda vez que, a su juicio, no existe vulneración de derecho fundamental alguno.

Puso de presente que el derecho de petición elevado por el actor y otros internos del patio número 8, ya fue contestado de fondo por el director del EPAMS - Girón, por medio del oficio TUT-0295 de 9 de marzo de 2016, por lo que consideró que la situación que dio lugar al mecanismo de protección constitucional, ya fue superada.

Explicó que en la respuesta al derecho de petición aclaró que no puede clasificar y distribuir a los internos en los patios de conformidad con el artículo 63 de la Ley 65 de 1993(3), debido a que no se cuenta con la infraestructura para ello.

Adujo que conforme a la distribución asignada al patio número 8, solo le corresponde albergar a internos que tengan la calidad de sindicados; sin embargo, debido a las circunstancias reales de la población carcelaria el establecimiento está obligado a ubicar diferentes categorías dentro de los patios, siendo imposible cumplir con la distribución de la ley citada, pero siempre aplicando los criterios de razonabilidad y proporcionalidad estipulados por la junta de distribución de patios y celdas.

Señaló que por medio del contrato de obra número 397 de 2014 se inició una ampliación de cupos en el establecimiento carcelario, por lo que fue necesario evacuar a los internos de un patio y reasignarlos en los demás restantes.

Afirmó que existe una sobrepoblación en todos los establecimientos carcelarios del orden nacional y especialmente en el EPAMS - Girón, el cual tiene una capacidad para 1444 internos, y se encuentran recluidos un total de 1744.

Aseguró que los medios coercitivos utilizados en el EPAM - Girón son los autorizados por las disposiciones legales y reglamentarias(4) y a la vez son utilizados racionalmente para garantizar la vida e integridad personal de todos los internos que se encuentran en el establecimiento carcelario.

Dijo que durante el año 2015 se presentaron 11 riñas al interior del pabellón número 8, de las cuales en 4 ocasiones se hizo uso de gases lacrimógenos para controlar el nivel de agresividad de los reclusos. Además, que se realizaron 53 operativos de requisa e inspección en el pabellón mencionado, en los que se incautaron varias armas cortopunzantes.

La dirección general del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario —Inpec— solicitó ser desvinculada del proceso de la referencia y, en subsidio, que se denegara el amparo solicitado por los internos del patio 8 del EPAMS - Girón, en razón a que la competencia para la clasificación de reclusos le corresponde a la junta de distribución de patios y celdas de cada establecimiento penitenciario.

II. Actuación procesal de primera instancia

Admisión y trasmutación de la acción.

En el presente asunto, el señor C... E... G... M... instauró acción popular el 1º de febrero de 2016, para la protección de los derechos colectivos a la moral administrativa, dignidad humana, seguridad colectiva, contra el director del Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad de Girón; por consiguiente, para dar cumplimiento al requisito de procedibilidad de que trata el artículo 144 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo(5), presentó un derecho de petición ante el director del EPAMS - Girón, el cual no fue respondido en el término legal.

El 12 de febrero de 2016, el juzgado octavo administrativo oral del circuito judicial de Bucaramanga, que conoció en un principio de la acción popular, declaró la carencia de competencia por factor funcional y remitió el expediente al Tribunal Administrativo de Santander.

El Tribunal Administrativo de Santander, por medio de Auto de 3 de marzo de 2016, trasmutó la acción popular en acción de tutela, la cual fue admitida en tal sentido después de que consideró que no estaban de por medio derechos colectivos, sino derechos fundamentales a la vida y dignidad humana.

III. Fundamentos del fallo impugnado

El Tribunal Administrativo de Santander, mediante Sentencia de 16 de marzo de 2016, resolvió:

“(...) 1. DECLARAR que en el presente caso se configura el fenómeno del hecho superado, respecto del derecho fundamental de petición.

2. DENEGAR las demás pretensiones de la demanda. (...)”

Adujo que la pretensión principal del escrito está encaminada a que se le responda al actor el derecho de petición que presentó el 28 de diciembre de 2015.

Como consecuencia de lo anterior, consideró que el derecho de petición elevado por el actor y los internos del patio número 8 fue contestado por la Dirección del EPAMS - Girón, por medio del oficio TUT-0295 de 9 de marzo de 2016, el cual dio una repuesta de fondo y fue notificado en debida forma. Por lo anterior, declaró configurado el fenómeno del hecho superado frente a la vulneración del derecho de petición, y denegó las demás pretensiones de la demanda.

Advirtió que el accionante alega la vulneración del derecho fundamental a la dignidad humana, comoquiera que en el escrito de la acción popular(6) manifestó que estuvo encerrado injustificadamente los días 24 a 27 de diciembre de 2015, siendo víctima de tratos inhumanos y degradantes.

Frente a lo anterior, estimó que dentro del expediente no obra prueba alguna de que los medios de coerción utilizados fueron desproporcionados, ya que estuvieron acorde con la normativa correspondiente(7) que regula el aislamiento provisional y la utilización de gases lacrimógenos, para mantener el orden y salvaguardar la integridad personal de los internos y demás funcionarios del establecimiento carcelario.

IV. Fundamentos de la impugnación

El actor realizó un recuento de los hechos que dieron lugar a la acción popular(8) y manifestó que sus pretensiones no estuvieron encaminadas a la respuesta de un derecho de petición, por lo que reafirmó lo solicitado en el escrito de la demanda.

Indicó que la decisión de 16 de marzo de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, no tuvo en cuenta la aclaración presentada el 10 de marzo de 2016, la cual dejaría sin sustento las afirmaciones expresadas por el director del EPAMS - Girón.

Sostuvo que el 15 de marzo de 2016 un interno que recibe “medicamentos psiquiátricos” hirió a dos reclusos en el patio número 8 del EPAMS - Girón y debido a la agresión de ese interno, fueron encerradas todas las personas que se encontraban en el prenombrado patio.

Por lo anterior, insistió en que sus pretensiones sean tenidas en cuenta para que le sea posible interponer la acción popular para la protección de los derechos colectivos, ya citados.

V. Actuación procesal de segunda instancia

El despacho sustanciador, mediante providencia de 7 de junio de 2016, requirió al director del Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad de Girón (Santander) —EPAMS - Girón— y a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios —Uspec—, para que rindieran un informe sobre la situación del establecimiento carcelario referente a la seguridad de los internos, el estado mental de los mismos y su distribución dentro de los patios del EPAMS - Girón.

De igual forma, se requirió a la Defensoría del Pueblo para que realizara una visita de inspección, con el fin de verificar si el establecimiento carcelario cumplía con la clasificación y distribución de internos dentro de los patios, de conformidad con el artículo 63 de la Ley 65 de 1993, entre otras.

Los informes requeridos fueron entregados por las prenombradas autoridades; sin embargo, la Defensoría del Pueblo en su respuesta allegada el 29 de junio de 2016, señaló que para el cumplimiento de los requerimientos establecidos remitió a la Defensoría del Pueblo - regional Santander, para que diera respuesta a los interrogantes planteados y presentó un informe de los hallazgos encontrados en la visita de inspección de 28 de agosto de 2015, en el EPAMS de Girón.

Debido a lo anterior, el despacho sustanciador requirió directamente a la regional Santander de la Defensoría del Pueblo, para que realizara la visita de inspección antes señalada al EPAMS - Girón, de la cual no se obtuvo respuesta alguna, por lo que fue necesario requerirla por segunda vez, bajo los apremios de ley, por medio de Auto de 31 de agosto de 2016.

Como consecuencia de lo anterior, el 16 de septiembre de 2016, fue allegado el informe de la visita de inspección realizada por la regional de Santander de la Defensoría del Pueblo.

VI. Consideraciones de la Sala

VI.1. Procedibilidad de la acción de tutela.

El artículo 86 de la Constitución Política establece la acción de tutela para reclamar ante los jueces, mediante un procedimiento preferente y sumario, la protección inmediata de los derechos fundamentales en los casos en que éstos resultaren vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, en armonía con lo dispuesto en el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, a menos que la acción se utilice como mecanismo transitorio, en aras de evitar un perjuicio irremediable.

En el caso concreto, el actor, en representación de los internos del pabellón número 8 del EPAMS - Girón, solicita la protección de sus derechos fundamentales a la dignidad humana, la seguridad y la integridad personal, con ocasión del riesgo en el que se encuentran por cohabitar en el mismo pabellón con internos que padecen enfermedades psiquiátricas y con otros que no cumplen la clasificación establecida en el artículo 63 de la Ley 65 de 1993(9), generando disturbios y riñas que ponen en peligro sus vidas al interior del penal.

En lo que concierne a la procedibilidad de la presente acción, destaca la Sala que, de conformidad con la jurisprudencia constitucional, la acción de tutela es el mecanismo de defensa idóneo para que la población privada de la libertad pueda hacer exigibles las condiciones mínimas de seguridad, si se encuentran en riesgo los derechos fundamentales a la vida, dignidad humana o integridad personal, entre otros(10).

VI.2. Planteamiento del caso y del problema jurídico.

De los hechos narrados por el actor, observa la Sala que lo pretendido es la protección de los derechos fundamentales a la vida, dignidad humana e integridad personal de los internos, al no encontrar garantías de protección por parte del EPAMS - Girón, dentro del patio número 8, tal y como lo señaló en el escrito radicado ante el tribunal el 28 de marzo de 2016, en el que afirmó que:

“(...) el 24 de diciembre de 2015, un interno puso en riesgo la vida e integridad personal de otros dos internos en las horas de la mañana, esta situación fue puesta en conocimiento (...) horas más tarde este mismo interno atacó a otros internos y de igual forma estos se defienden, no hay heridos pero todos somos encerrados en las celdas y permanecimos allí hasta el 28 de diciembre de 2015. (...) hay (6) seis internos que reciben diariamente los medicamentos (clonazepan 2 mg y carbamazepina 200 mg), (...) no sobra informarle a su señoría que los aquí mencionados se autolesionan, causándole cortaduras en sus brazos y otros incendian sus colchonetas en sus celdas, poniendo en riesgo la vida e integridad personal de aquellos que comparten su celda”(11).

Situación que reiteró en el escrito de la impugnación al expresar que:

“(...) fuimos castigados y encerrados ante el ingreso de un interno condenado que fue expulsado del patio número 4 y traído al patio número 8, el cual en la mañana apuñaló a dos internos (...), que reciben medicamentos psiquiátricos”.(12)

De la misma forma, en el escrito de impugnación concretamente el actor indicóque sus “pretensiones no han estado encaminadas a una respuesta de un derecho de petición (...)”.

En este orden de ideas, corresponde a la Sala examinar si el Inpec - EPAMS - Girón, es responsable de la vulneración de los derechos fundamentales a la vida, dignidad humana e integridad personal de los reclusos del patio número 8, por no aplicar la clasificación de internos consagrada en el artículo 63 de la Ley 65 de 1993(13) y, en consecuencia, si hay lugar a adoptar medidas, teniendo en cuenta que la Corte Constitucional en Sentencia T-762 de 2016, impartió órdenes generales para remediar el problema estructural(14) de hacinamiento en los establecimientos carcelarios del país.

VI.3. Deber de protección del Estado a la persona privada de la libertad.

La Ley 65 de 1993, “Por la cual se expide el Código Penitenciario y Carcelario”, modificada por la Ley 1709 de 2014, “Por medio de la cual se reforman algunos artículos de la Ley 65 de 1993, de la Ley 599 de 2000, de la Ley 55 de 1985 y se dictan otras disposiciones” consagró, entre otros, los siguientes deberes del Estado respecto de la población privada de la libertad:

• Respeto a la dignidad humana. En los establecimientos de reclusión prevalecerá el respeto a la dignidad humana, a las garantías constitucionales y a los derechos humanos universalmente reconocidos. Se prohíbe toda forma de violencia síquica, física o moral. Las restricciones impuestas a las personas privadas de la libertad estarán limitadas a un estricto criterio de necesidad y deben ser proporcionales a los objetivos legítimos para los que se han impuesto. La carencia de recursos no podrá justificar que las condiciones de reclusión vulneren los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad (art. 5º).

• Acceso a la salud. Las personas privadas de la libertad tendrán acceso a todos los servicios del sistema general de salud de conformidad con lo establecido en la ley sin discriminación por su condición jurídica. Se garantizarán la prevención, diagnóstico temprano y tratamiento adecuado de todas las patologías físicos o mentales. (...) (art. 104).

• Asistencia médica de internos con especiales afecciones de salud. Las personas privadas de la libertad portadoras de VIH, con enfermedades infectocontagiosas o con enfermedades en fase terminal serán especialmente protegidas por la dirección del establecimiento penitenciario en el que se encuentren, con el objetivo de evitar su discriminación. El Inpec podrá establecer pabellones especiales con la única finalidad de proteger la salud de esta población. (...) (art. 106).

• Casos de enajenación mental. Si una persona privada de la libertad es diagnosticada como enferma mental transitoria o permanente, de acuerdo con el concepto dado por el médico legista, se tomarán todas las medidas pertinentes para la protección de su vida e integridad personal y se ordenará su traslado a los establecimientos especiales de conformidad con lo que establezca el Ministerio de Salud y Protección Social. (art. 107).

La citada Ley 65 de 1993, en el artículo 63, consagra el deber de clasificación de los internos, en el siguiente sentido:

“ART. 63.—Clasificación de internos. Los internos en los centros de reclusión serán separados por categorías, atendiendo a su sexo, edad, naturaleza del hecho punible, personalidad, antecedentes y condiciones de salud física y mental. Los detenidos estarán separados de los condenados, de acuerdo a su fase de tratamiento; los hombres de las mujeres, los primarios de los reincidentes, los jóvenes de los adultos, los enfermos de los que puedan someterse al régimen normal.

La clasificación de los internos por categorías se hará por las mismas juntas de distribución de patios y asignación de celdas y para estos efectos se considerarán no solo las pautas aquí expresadas, sino la personalidad del sujeto, sus antecedentes y conducta”.

Por su parte, el artículo 2º, numeral 16, del Decreto 4151 de 2011(15), señala que el Inpec tiene como función, “Custodiar y vigilar a las personas privadas de la libertad al interior de los establecimientos de reclusión para garantizar su integridad, seguridad y el cumplimiento de las medidas impuestas por autoridad judicial”. Esta obligación se ve replicada en todos los establecimientos de reclusión (artículo 30), por lo que se hace exigible la seguridad e integridad personal de todos los internos que se encuentren en una situación de especial relación de sujeción frente al Estado.

Según ello, una de las formas de proteger a los internos es a través de su clasificación y distribución al interior del establecimiento carcelario según sus condiciones personales y sociales, y su nivel de peligrosidad.

La misma norma establece como función de la dirección de atención y tratamiento, la de supervisar la prestación de los servicios de salud a la población privada de la libertad (artículo 18, numeral 10), dentro de la cual se encuentran los pacientes psiquiátricos.

Cabe resaltar que las funciones de la junta de distribución y asignación de celdas se encuentran reguladas en el artículo 81 del Acuerdo 0011 de 1995, “Por el cual se expide el reglamento general al cual se sujetarán los reglamentos internos de los establecimientos penitenciarios y carcelarios” expedido por el consejo directivo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario —Inpec—, que establece lo siguiente:

“ART. 81.—Junta de distribución de patios y asignación de celdas. La población interna de cada centro de reclusión será distribuida de acuerdo con los criterios señalados en el Código Penitenciario y Carcelario y en este reglamento, por parte de una junta clasificadora que estará integrada de la siguiente forma: el director quien la preside, el subdirector, el asesor jurídico, el jefe de sanidad, el comandante de vigilancia y el trabajador social o el psicólogo. Donde no exista esta planta de personal, el régimen interno señalará su conformación.

Son funciones de la junta de distribución de patios y asignación de celdas:

1. Recibir mediante entrevista o información a las personas que por orden judicial o administrativa ingresen al establecimiento, previa diligencia de identificación y reseña.

2. Evaluar al interno respecto de sus condiciones personales, familiares, sociales, educativas, laborales, médicas, psicológicas y jurídicas.

3. Ubicar y clasificar a los internos por categorías, en los diferentes pabellones y celdas de acuerdo con los parámetros consagrados en el artículo 63 de la Ley 65 de 1993, en este reglamento y teniendo en cuenta las condiciones del establecimiento.

4. Estudiar y aprobar las solicitudes de traslado de pabellones y celdas, previa consideración de la hoja de vida del respectivo interno y de los motivos de la solicitud.

5. Ubicar los condenados en los pabellones y celdas respectivas, de acuerdo con el diagnóstico del consejo de evaluación y tratamiento.

Esta junta dejará constancia escrita de la distribución de la población reclusa en los diferentes pabellones y celdas, así como de los motivos que dieron lugar a ella. El traslado de pabellón o de celda de los internos solo podrá verificarse por dicha junta clasificadora, dejando constancia de los motivos que se tuvieron para realizarlo.

Por ningún motivo y sin excepción alguna, se asignará pabellón o celda por mecanismo diferente del señalado en este reglamento” (resaltado fuera del texto).

Asimismo, el artículo 17 del precitado acuerdo, consigna los criterios de clasificación de la siguiente manera:

“La junta de distribución de patios del establecimiento procederá de conformidad con los criterios establecidos en el artículo 63 de la Ley 65 de 1993. De la ubicación, responderá la junta ante el director del centro respectivo.

En cuanto hace a la edad, los jóvenes se separarán de los adultos, atendiéndose en cuanto sea posible, las siguientes categorías: 18 a 30 años, 31 a 55 años en adelante.

En relación con la naturaleza del hecho punible, se procurará la separación de los internos según se trate de delitos culposos o dolosos.

La clasificación, atendiendo criterios de personalidad, se hará teniendo en cuenta las recomendaciones del trabajador social o sicólogo del establecimiento. También se atenderán las observaciones que sobre el particular haga la junta de evaluación y tratamiento, cuando se trate de condenados.

“PAR.—Las personas que a juicio de la junta deban estar recluidas en lugares de alta seguridad, serán ingresadas a un lugar particular que al efecto destine el director del establecimiento, y su tratamiento será el contenido en normas especiales que regulen la materia”.

Corolario de lo anterior, se desprende que corresponde al establecimiento carcelario, a través de la junta de distribución de patios y celdas, clasificar a los internos según sus condiciones personales, familiares, sociales, educativas, laborales, médicas, psicológicas y jurídicas, y ubicarlos por categorías en los diferentes pabellones.

De igual forma, se advierte que la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de esta corporación ha sido enfática en señalar que el Estado debe garantizar los derechos fundamentales a los internos que se encuentran recluidos en establecimientos carcelarios y especialmente los llamados derechos intocables o intangibles, tales como la vida, la dignidad humana, la igualdad, la integridad personal y salud, entre otros, pues esta categoría especial de derechos no acepta ningún tipo de limitación por parte de la administración, al encontrarse este grupo de población en un estado de vulnerabilidad(16).

VI.4. Lo probado en el proceso.

En virtud de la actividad probatoria desplegada en esta instancia, obran en el plenario los siguientes informes:

— Informe rendido por el director del EPAMS - Girón (81 a 87 folios del expediente) sobre la distribución de los patios y sus internos, en el cual señaló:

“En el establecimiento existen doce patios, (1ª, UTE, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10A, 10B) de los cuales actualmente el patio 1 A alberga aquellos internos que quieren salir de la drogadicción bajo el programa de comunidad terapéutica y en su mayoría son condenados, la UTE alberga aquellos internos trabajadores en las diferentes labores del establecimiento como rancho, lavandería, panadería y demás; los patios 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10A, 10B albergan internos condenados y el patio 8 está destinado para albergar internos que en su mayoría ostentan la calidad de sindicados; así las cosas, un cuerpo colegiado denominado junta de distribución de patios y celdas tiene por finalidad destinar y clasificar a los internos en los diferentes patios del establecimiento haciendo un juicio de proporcionalidad y racionalidad de las categorías de clasificación señaladas en el artículo 63 de la Ley 65 de 1993.

(...) De manera objetiva quiero comunicar a su despacho que en los escasos doce (12) pabellones con los que cuenta el EPAMS - Girón es imposible distribuir a los internos que ostentan cada una de las categorías señaladas en el artículo 63 de la Ley 65 de 1993, esta es una situación generalizada en todos los establecimientos a nivel nacional pues no se cuenta con la infraestructura para ello, es imposible albergar internos en patios por separado conforme a cada categoría señalada en el articulado sencillamente por cuanto no se tiene con la infraestructura para ello, lamentablemente el legislador establece una serie de categorías en la clasificación de internos que se pretenden como el deber ser, mas sin embargo no se ofrecen las herramientas de infraestructura para que existan un cumplimiento material y total de dicha disposición reglamentaria.

(...)

En el caso concreto patio 8

Dicho pabellón es el designado para albergar internos que en su mayoría ostentan la calidad de sindicados, sin embargo, las circunstancias reales anteriormente expuestas implican que se tengan que albergar algunos internos condenados o que ostenten otras categorías señaladas en el artículo 63 de la Ley 65 de 1993, pues las circunstancias de infraestructura y aumento de la población reclusa llevan a la junta a tomar dicha decisión, siendo necesario señalar que esto obedece a criterios de razonabilidad y proporcionalidad de dicho cuerpo colegiado como se ha venido explicando.

Aunado a lo anterior, es pertinente señalar que hoy día debido a las labores de ampliación de cupos que se llevan en los patios del establecimiento en atención a la ejecución de contrato de obra Nº 397 de 2014, celebrado entre la Uspec con el consorcio Sicomoro Girón, cuyo objeto es la conservación, el mantenimiento, mejoramiento... de la infraestructura física para generar cupos adicionales en el EPAMS de Girón - Santander, fue necesario desocupar un patio mientras se llevan a cabo dichas labores, por lo que los internos de dicho patio fueron distribuidos por parte de la junta de patios entre los demás pabellones del penal, siendo preciso señalar que en relación con los demás pabellones del establecimiento, el patio 8 donde se encuentran recluidos los accionantes, es uno de los patios que menos internos tiene, por ende, es uno de los patios con menos índice de hacinamiento del EPAMS - Girón ya que en el pabellón 1 alberga 34 internos, UTE = 50, 2 = 238 internos, en el 3 = 232; 4 = 176; 5 = 194, 6 = 220, 7 = 196, 8 = 211, 10A = 53, 10B = 140, Total = 1753.

En el mismo sentido, debe tenerse en cuenta la situación del HACINAMIENTO, los patios del 2 al 8 cuya infraestructura de sus celdas tiene 2 camarotes para albergar de a 2 internos, hoy día albergan de a 3 internos por celda. Ahora, si se llegara a emitir una orden para distribuir los internos condenados que actualmente de manera provisional están en el patio 8, se agudizarían las condiciones de reclusión de los internos de los demás patios como quiera que ya no se tendrían que ubicar tres internos sino CUATRO internos por celda, situación que lesionaría derechos fundamentales por las condiciones de reclusión. Por lo anterior, solicito a su despacho no emitir sentencia en dicho sentido como quiera que la distribución de internos ha sido racional y equitativa y si bien lo puede apreciar, de los patios del 2 al 8, éste último patio 8 de sindicados el que menos internos alberga, y los condenados que se encuentran allí solo es transitoriamente hasta tanto culminen las labores de ampliación de cupos en todos los patios del EPAMS - Girón. (...)

3. Si a los internos que padecen enfermedades mentales o psiquiátricas se les brinda la atención médica requerida, y si los mismos son internados en recintos especiales o si, por el contrario, comparten los mismos espacios con los demás internos.

Frente al particular me permito manifestarle que en este establecimiento son pocos los internos con enfermedades mentales o psiquiátricas, dentro de esta clasificación sólo contamos con 6 internos a quienes medicamente se les ha diagnosticado esquizofrenia. Dichos internos se encuentran ubicados en los diferentes patios del establecimiento como quiera que no se cuenta con un anexo psiquiátrico dentro del establecimiento, así las cosas por razones de infraestructura no es posible albergarlos a todos los 6 internos en un patio exclusivo para ellos. Así mismo es preciso advertir que a los mismos se les ofrece el tratamiento médico pertinente lo cual ayuda a mantenerlos estables y aptos para vivir en comunidad de cualquier patio del penal. También debe tenerse en cuenta que aislarlos por completo de los demás internos sería un acto discriminatorio, más aún cuando el tratamiento médico los ayuda a mantener estables y aptos para vivir en comunidad.” (negrillas fuera del texto).

Con el informe adjuntó un listado de los internos ubicados en el patio número 8, en el cual se evidencia que hay tanto sindicados como condenados alojados en el mismo.

— Informe de la visita de inspección realizada el 1º de julio de 2016, por la Defensoría del Pueblo —regional Santander—(17), en la que verificó lo siguiente:

f1
 

Condiciones de reclusión.

Los internos psiquiátricos se encuentran recluidos en los diferentes pabellones del establecimiento donde comparten con los demás internos comedores, patio, pastillos (sic), sanitarios, duchas, lavaderos, y reciben junto con ellos, la alimentación. No existe dentro del estableciendo (sic) un anexo psiquiátrico. (...)

Infraestructura de la unidad de tratamiento especial —UTE—.

Se trata de una edificación de dos pisos con 54 celdas individuales EN CADA PISO. Cada celda está compuesta de dos ambientes, uno, a la entrada, que es el dormitorio propiamente dicho con una plancha de cemento de 2 mts por 90 cmts, en donde el interno coloca su colchoneta y ropa de cama y al frente un planchón de cemento que sirve de escritorio. El otro ambiente, en la parte posterior de la celda, es un patio sanitario, un banco de cemento y lavadero a cielo abierto que permite el ingreso de luz solar. La puerta de entrada metálica con reja en la parte superior y en la mitad para permitir el ingreso de los alimentos.

Las 54 celdas del primer piso están destinadas al alojamiento de los internos que por encontrarse en fase de mínima seguridad y por ser de confianza del establecimiento, trabajan en el rancho y jardinería e ingresan y salen de ellas libremente. Estos internos disponen de dos teléfonos para llamar al exterior y de un pequeño televisor comunal.

Las 54 celdas del segundo piso en su mayoría se encuentran desocupadas y allí se recluyen de manera transitoria —máximo por 5 días— interno que por problemas de convivencia en su patio deben de ser reubicados en otro patio o trasladados a otro establecimiento penitenciario. Dicha reclusión se hace por solicitud de la guardia o del propio interno que por su seguridad personal solicita el aislamiento. También se recluyen en dichas celdas por un término máximo de 60 días de desintoxicación, los internos que aspiran ingresar al patio 10A “LA COMUNIDAD TERAPÉUTICA” en la que el interno, desintoxicado, se compromete a no consumir ningún tipo de drogas ni de alcohol y a mantener una convivencia ejemplar con los demás internos. Al momento de la visita de inspección se encontraron 9 internos recluidos en duchas (sic) celdas incluido el interno psiquiátrico (...).

Clasificación de los internos según el artículo 63 de la Ley 65 de 1993.

La población interna se encuentra distribuida a lo largo de los diferentes pabellones de la siguiente manera:

TRATAMIENTO ESPECIAL

1er piso —Internos que trabajan en el rancho y jardinería— 55 internos.

2º piso —Población con problemas de convivencia y en tránsito a la comunidad terapéutica— 9 internos.

PABELLÓN 1 - 35 internos.

PABELLÓN 2 - mayoritariamente miembros de grupos subversivos —235 internos—.

PABELLÓN 3 - mayoritariamente miembros de grupos autodefensas —238 internos—.

PABELLÓN 4 - Vacío en remodelación.

PABELLÓN 5 - mayoritariamente población costeña —197 internos—.

PABELLÓN 6 - mayoritariamente delincuencia común, o sociales —222 internos—.

PABELLÓN 7 - mayoritariamente población paisa - antioqueños y del eje cafetero —200 internos—.

PABELLÓN 8 - mayoritariamente sindicados —208 internos—.

PABELLÓN 9 - 177 internos.

PABELLÓN 10A - Exclusivo para rehabilitación de farmacodependientes —52 internos—.

PABELLÓN 10B - mayoritariamente tercera edad —132 internos—.

No hay lugar especial de reclusión para población LGTBI - 3 internos auto reconocidos; indígena - 4 internos de resguardos de Santander de Quilichao (Cauca) y Yuyisbí; afrodescendiente —40 internos— ni para la población psiquiátrica —66 internos— que se encuentran en los patios 2, 3, 6 y 10B (...).” (negrillas fuera del texto).

De las pruebas analizadas se desprende que es evidente la vulneración de los derechos fundamentales a la vida, dignidad humana e integridad personal de los internos del patio número 8, debido a que no están separados por categorías, según lo ordenado en el artículo 63 de la Ley 65 de 1993. En efecto, del informe de la defensoría, se evidencia que los internos que presentan enfermedades psiquiátricas son asignados a varios patios, sin que se les brinde un tratamiento diferenciado. Además, en el patio número 8 no se observa que se tenga en cuenta la clasificación de los internos frente a su situación jurídica, al ubicar sindicados y condenados dentro del mismo.

Esta situación, sin duda, pone en riesgo la vida, integridad personal y la dignidad humana de todos los internos del patio número 8, al recluirlos con personas de alta peligrosidad que no cumplen con los requisitos de clasificación mencionados en precedencia, y al juntar reclusos que padecen enfermedades psiquiátricos, a los cuales se les debería dar un tratamiento y manejo especial.

Es de resaltar que el no cumplimiento del deber de clasificación de los internos evidencia el estado de vulnerabilidad en el que se encuentran los internos del patio número 8 de EPAMS - Girón, al exponer gravemente su seguridad e integridad personal, dando lugar a hechos lamentables como los acaecidos los días 24 a 27 de diciembre de 2015, en los que, según se pudo comprobar, se presentaron disturbios, riñas y lesiones, que hicieron que el personal de guardia del establecimiento carcelario aislara temporalmente a algunos internos, debido a los conflictos que se generan por la convivencia entre internos en un mismo patio que no son clasificados bajo ninguna de las condiciones que exige la Ley 65 de 1993.

Al respecto, se debe tener en cuenta que los internos deben ser ubicados de tal manera que se atienda a las condiciones personales de cada uno de ellos y en especial a los reclusos que se encuentran catalogados como pacientes psiquiátricos o de alta peligrosidad, a los cuales se les debe aplicar una vigilancia especifica.

VI.5. Estado de emergencia penitenciaria y carcelaria.

La Sala observa que el incumplimiento del EPAMS - Girón de su obligación de distribuir los internos de acuerdo con las categorías establecidas por el artículo 63 de la Ley 65 de 1993, lo cual ha ocasionado la vulneración de los derechos fundamentales a la vida, dignidad humana e integridad personal de los internos del patio número 8, obedece al hacinamiento del establecimiento carcelario, cuya situación no es solamente propia de éste, sino de todos los establecimientos carcelarios del país.

Entre otras, la problemática en cuestión ha sido objeto de diversos pronunciamientos por parte de la Corte Constitucional, que en Sentencia T-153 de 1998 y T-388 de 2013, declaró el Estado de cosas inconstitucional —ECI— en las prisiones y en el sistema penitenciario y carcelario, respectivamente. Asimismo, se advierte que el ECI declarado, fue reiterado en la Sentencia T-762 de 2015.

Al respecto, en la Sentencia T-762 de 2015, la Corte Constitucional efectuó un recuento del marco jurisprudencial de los fallos T-153 de 1998 y T-388 de 2013. Para el efecto, precisó que en la primera decisión, esa corporación identificó como uno de los focos de acción contra la sobrepoblación carcelaria, entre otros, la adecuación de la infraestructura física del sistema penitenciario y carcelario de esa época(18). Por su parte, en la segunda sentencia, el alto tribunal reconoció que pese a que los planes ordenados para la ampliación de la cobertura habían sido exitosos(19), la crisis permanecía vigente(20), razón por la que se hizo necesario hacer énfasis en la necesidad de adecuar la política criminal a los estándares y marcos de protección de los derechos de las personas privadas de la libertad, con el fin de que se pudiesen lograr resultados más sostenibles.

Es de resaltar que la Corte Constitucional en la Sentencia T-762 de 2015, también puso de presente que en la Sentencia T-388 de 2013, se había considerado que el ECI declarado en la Sentencia T-153 de 1998 se había superado, teniendo en cuenta que uno de los focos de acción a los cuales se dio especial relevancia (infraestructura física del sistema penitenciario y carcelario) fue atendido por las entidades estatales, por lo que se precisó que era necesario un análisis propio e independiente que atendiera a los contextos fácticos de los establecimientos penitenciarios y carcelarios presentados en 2013 y, en consecuencia, se declaró nuevamente un ECI, pero por las siguientes razones:

“• Los derechos constitucionales de las personas privadas de la libertad eran violados de manera masiva y generalizada.

• Las obligaciones de respeto, protección y garantía de los derechos de las personas privadas de la libertad habían sido incumplidas de forma prolongada.

• El sistema penitenciario y carcelario había institucionalizado prácticas inconstitucionales.

• Las autoridades encargadas no habían adoptado las medidas legislativas, administrativas o presupuestales necesarias y eficaces para evitar la vulneración de derechos.

• Las soluciones a los problemas constatados en el sistema penitenciario y carcelario, comprometían la intervención de varias entidades, requerían de un conjunto complejo y coordinado de acciones, y exigían un nivel de recursos que demanda un esfuerzo presupuestal adicional importante.

• Si todas las personas privadas de la libertad acudieran a la acción de tutela, se produciría una congestión judicial mayor de la que ya existe”.

En virtud de lo precedente, la Corte adoptó las siguientes medidas para superar el ECI declarado:

“Dentro de las medidas que se tomaron en esa ocasión están: i) se declaró un nuevo ECI; ii) se ordenó al Gobierno Nacional y a otras instituciones que continuaran con las medidas adecuadas y necesarias para superar el ECI; iii) se ordenó a la Procuraduría y a la Defensoría a hacerse partícipes de los procesos de cumplimiento de esa sentencia; iv) se vinculó a las alcaldías y a las secretarías de salud respectivas, al proceso de cumplimiento de la sentencia; v) se fijó, para las 6 cárceles y penitenciarías involucradas, las reglas de equilibrio y equilibrio decreciente; vi) se fijaron las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana que deben tener los establecimientos de reclusión; vii) se ordenó realizar las medidas tendientes y necesarias para implementar una brigada jurídica en cada una de las cárceles involucradas, con el fin de descongestionar las oficinas jurídicas de los establecimientos de detención y los despachos de los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad, y al mismo tiempo lograr la libertad de aquellas personas que cumplen los requisitos para ello; y, por último, viii) se previó el cierre de los establecimientos estudiados, si los mismos, en 3 años a partir de la notificación de la sentencia, siguen propiciando condiciones contrarias a la dignidad y a los derechos fundamentales de las personas”.

Advierte la Corte en la Sentencia T-762 de 2015, que el ECI declarado en la Sentencia T-388 de 2013, aún no ha sido superado, habida cuenda de que la situación en los centros de reclusión sigue siendo contraria a la Constitución de 1991, razón por la que reiteró el ECI ya declarado. Para el efecto, tomó en consideración lo siguiente:

“25. Así, resumido el marco jurisprudencial que sirve como referente a esta sentencia y antes de entrar a revisar las problemáticas concretas, es necesario reiterar que la situación en los centros de reclusión sigue siendo contraria a la Constitución de 1991.

En efecto, al analizar los ítems reseñados en el fundamento jurídico 17 de esta providencia, esta Sala quinta de revisión encuentra que, con ocasión de las denuncias sobre las condiciones de habitabilidad en las cárceles y penitenciarías de Bucaramanga, Pereira, Santa Rosa de Cabal, Medellín, Bogotá, Cúcuta, Anserma, San Vicente de Chucurí, Cartago, Palmira, Florencia, Apartadó, Sincelejo, Roldanillo y Villavicencio, se constata que persiste:

• La violación masiva de los derechos constitucionales a la vida en condiciones dignas, a la salud, al agua potable, a la resocialización de los condenados penalmente, entre otros, pues es notorio que la gran mayoría de las personas privadas de la libertad, sometidas a las actuales condiciones de reclusión, que revela el caudal probatorio, han sido desprovistas no solo del derecho a la libertad, como lógicamente corresponde, sino del ejercicio de muchas de las demás garantías constitucionales, sin que ello pueda ser admisible en un Estado Social de Derecho, bajo ningún argumento.

Como se advirtió, la población recluida en estos centros penitenciarios asciende a más de 24.107 internos de los 117.000 a nivel nacional, que presentan condiciones de existencia análogas, como lo han manifestado los intervinientes en este proceso, y como ya lo ha constatado esta corporación.

• El desconocimiento de los derechos fundamentales además es generalizado, en la medida en que se ha consolidado como una práctica a lo largo y ancho del territorio nacional, como se extrae de las aseveraciones que se han expresado en este apartado.

• El incumplimiento prolongado de las obligaciones de respeto, protección y garantía de los derechos de las personas recluidas, que se estableció, incluso antes del año 1998, cuando se explicó que el problema relativo a la violación masiva de derechos de los reclusos, no era novedoso en el país.

• La institucionalización de prácticas en el sistema penitenciario y carcelario que son evidentemente inconstitucionales. Por ejemplo, la exigencia de la interposición de acciones de tutela para la prestación de servicios de salud, que ni así, llegan a sus destinatarios; el hacinamiento como fenómeno estructural; la indefinición de competencias de las autoridades; la corrupción y comercialización de bienes y servicios básicos en los establecimientos (camas, colchonetas, jabones); el encierro permanente y prolongado de los reclusos sin luz solar, entre otras.

• La falta de adopción de las medidas legislativas, administrativas o presupuestales necesarias y eficaces por parte de las autoridades encargadas, para evitar la vulneración de derechos. Aunque es claro que el Estado ha realizado esfuerzos importantes en materia penitenciaria y carcelaria, también es evidente que los mismos no han sido eficaces para superar la crisis.

Según lo establece el informe enviado a esta Sala por parte de la Defensoría del Pueblo “en el año 2014 la sobreocupación bordeó máximos históricos cercanos al 60%”. Allí se asegura que “nunca en la historia del país la problemática carcelaria fue tan grave como la que enfrentamos hoy”, revelando la insuficiencia de las medidas hasta ahora adoptadas.

Así mismo se comprueba que:

• Las soluciones a los problemas constatados en el sistema penitenciario y carcelario comprometen la intervención de varias entidades, requieren de un conjunto complejo y coordinado de acciones, y exigen un nivel de recursos que demanda un esfuerzo presupuestal adicional importante.

• Por último, si todas las personas privadas de la libertad acudieran a la acción de tutela, se produciría una congestión judicial mayor de la que ya existe.

26. En vista de todo lo antedicho, la Sala quinta de revisión de tutelas de la Corte Constitucional reiterará el estado de cosas inconstitucional en el sistema penitenciario y carcelario, declarado en la Sentencia T-388 de 2013, como consecuencia de la existencia de fallas estructurales en él, relacionadas directamente con la política criminal adoptada por el legislador, derivando en el compromiso masivo de varios derechos fundamentales en el país, como se desprende de las verificaciones efectuadas en cada uno de los 16 centros de reclusión sobre los que versa el presente análisis”.

La Sala advierte que la Corte Constitucional en la sentencia citada, describió diversas problemáticas estructurales que son la causa de la vulneración constante y sistemática de los derechos de las personas privadas de la libertad, tales como:

i) las falencias que presenta la política criminal en Colombia, ii) el hacinamiento; iii) la reclusión conjunta de personas sindicadas y condenadas; iv) el sistema de salud del sector penitenciario y carcelario del país; y v) “las condiciones de salubridad e higiene son indignas en la mayoría de los establecimientos penitenciarios, y esto constituye un trato cruel e inhumano propiciado por el Estado”.

Por tener relación directa con los hechos descritos en el caso sub examine, la Sala estima conveniente hacer referencia a las consideraciones referentes a las problemáticas estructurales de hacinamiento y reclusión conjunta de personas sindicadas y condenadas.

En relación con el hacinamiento, la Corte Constitucional precisó que al 31 de diciembre de 2014, en los establecimientos penitenciarios y carcelarios había un sobrecupo de 35.749 reclusos, que equivale al 45.9%, lo que ha ocasionado la vulneración sistemática de los derechos de éstos, toda vez que ello impide que tengan lugares dignos para dormir, comer, realizar sus necesidades fisiológicas, tener visitas conyugales, da lugar a situaciones de ingobernabilidad y violencia que atenta contra la vida y seguridad de los mismos, propicia la propagación de enfermedades y epidemias y desdibuja cualquier pretensión resocializadora de un condenado.

Asimismo, el alto tribunal sostuvo que del hacinamiento se derivaban tres subproblemáticas a saber: i) “Desproporción entre las entradas y las salidas de las personas privadas de la libertad”; ii) “Falta de construcción y adaptación de cupos que respeten las mínimas condiciones de dignidad y subsistencia”; e iii) “Insuficiencia de los recursos destinados a la financiación de la política penitenciaria y carcelaria y la política criminal”.

En relación con la problemática estructural referente a la reclusión conjunta de personas sindicadas y condenadas, la Corte adujo que pese a las órdenes emitidas en 1998 para separar a las personas que se encuentran en estas dos situaciones, éste seguía siendo un problema que influía gravemente en el sistema penitenciario y carcelario del país y que dicho flagelo podía ser visto desde dos perspectivas:

• “... el aumento de las medidas de aseguramiento privativas de la libertad, como respuesta institucional a las exigencias populares de punición, es problemático y contraviene los postulados libertarios que implica la fórmula del Estado Social y Democrático de Derecho, conforme la cual cualquier detención, más aún la preventiva, debe ser excepcional; las medidas asumidas en el ejercicio del ius puniendi del Estado deben fomentar el respeto de la libertad personal y rescatar la residualidad del derecho penal”.

• “...las dificultades del sistema para otorgar un tratamiento diferenciado a las personas condenadas y sindicadas. El Inpec ha de solventar económicamente las medidas que operan frente a las personas condenadas, mientras las personas sindicadas están a cargo de las entidades territoriales”.

En aras de superar las problemáticas estructurales referidas en precedencia, la Corte Constitucional adoptó medidas generales, a través de las cuales busca la acción coordinada de diversos órganos del poder público, a corto mediano y largo plazo. Tales órdenes están sujetas a un sistema de seguimiento diseñado por el alto tribunal. Para el efecto, delegó: i) el liderazgo de los procesos atados a la superación del ECI a la Defensoría del Pueblo; ii) la vigilancia de tales procesos estará a cargo de la Procuraduría General de la Nación; y iii) quien promoverá la acción conjunta de las instituciones concernidas será el Ministerio de la Presidencia de la República.

Asimismo, la Corte dispuso unos criterios generales y otros específicos que servirán de fundamento para determinar la posibilidad del levantamiento del ECI, cuyo proceso tiene varias etapas a saber: i) Fase inicial, la cual hace referencia a la implementación de las políticas públicas; ii) Fase intermedia que propende por la renovación de la política criminal; iii) Fase de solidificación de una política criminal articulada y eficiente; y iv) Fase de superación del carácter masivo del compromiso de derechos.

En todo caso, la Corte, en aras de delimitar líneas de acción y objetivos claros de cumplimiento a la administración, fijó unos indicadores de resultado que pueden tener un impacto directo en el goce de los derechos fundamentales a la población carcelaria, conforme a los problemas que se constataron en la sentencia. Tales parámetros constituyen las condiciones mínimas para la subsistencia digna de todos los reclusos.

Siendo ello así, la Corte consolidó cada una de las fallas existentes en el sistema penitenciario y carcelario del país y sus respectivos parámetros de verificación de avance hacia la superación del EIC, que debe regir el acompañamiento del grupo de seguimiento de la Defensoría del Pueblo y la actividad de las autoridades estatales concernidas. Para el efecto, el alto tribunal precisó lo siguiente, en relación con la problemática a que hace referencia a acción de tutela sub examine, que es el hacinamiento y la reclusión conjunta de personas sindicadas y condenadas:

En relación con el hacinamiento y los efectos en cuanto a la reducción de espacios para el descanso nocturno, la Corte precisó que la medición de este fenómeno coincide con el espacio por persona dentro de las instalaciones. Así, sostuvo que el espacio total de reclusión mínimo para un recluso debe ser de 20m2.

Para el efecto, la Corte Constitucional fijó estándares mínimos con que deben contar los reclusos al interior del establecimiento carcelario, tales como el metraje de las celdas, camas y la ventilación de dicho espacio; los utensilios de descanso nocturno; adecuación de las celdas para las personas en situación de discapacidad; cada cuanto debe hacerse los cambios de sábanas y limpieza de las habitaciones, entre otros.

En cuanto a la imposibilidad de diferenciar pabellones y/o trato fáctico y jurídico entre las personas sujetas a medidas de aseguramiento privativas de la libertad y aquellas condenadas, la Corte sostuvo lo siguiente:

“158. La situación jurídica de las personas sindicadas se caracteriza por la indefinición de su participación o de la comisión de una conducta punible, pues aún en ese estadio, la judicatura no ha hecho declaración de culpabilidad alguna.

En tal sentido las causas de la condena y de la medida de aseguramiento son distintas y, en tal virtud, diferentes han de ser las consecuencias jurídicas, no obstante se encuentren condenados y sindicados en un mismo establecimiento penitenciario.

El problema del tratamiento indiferenciado de unos y otros, pasa por la ubicación indistinta, pero también por las condiciones de reclusión. De este modo debe ser claro que las personas sindicadas deben estar recluidas en un lugar aislado de la cárcel, diferente al dispuesto para la privación de la libertad de las personas que han sido condenadas por algún crimen.

Lo anterior permitirá efectuar sistemas de disciplina y seguridad particulares, que propendan por la convivencia de los sindicados, pero en el entendido de que como quiera que no han sido declarados culpables de ningún delito, no puede tratárseles como tales; los programas de resocialización, entonces no resultan congruentes con su situación, y el tiempo deberá emplearse en otros menesteres.

En materia de indicadores, éstos evaluarán la diferenciación espacial efectiva de la reclusión de condenados y sindicados, siendo indicadores (i) el número de establecimientos penitenciarios que ubican a sindicados y condenados en sitios distintos, frente al número de establecimientos penitenciarios en el país; (ii) el número de establecimientos penitenciarios que han dispuesto sistemas diferenciados de disciplina y de usos del tiempo y las diferentes zonas dispuestas para los reclusos, para sindicados y condenados frente al número de establecimientos penitenciarios en el país”.

Asimismo, la Corte dispuso de medidas tendientes a remediar fallas que pueden tener incidencia con la problemática alegada por el aquí accionante, la cuales son:

• “Las demoras en la evacuación de las solicitudes de redención de penas y libertad condicional, fundada en el hacinamiento y reproductora del mismo.”

• “El reducido número de guardias, en relación con el alto número de reclusos, en aumento”.

En suma, en la parte resolutiva de la Sentencia T-762 de 2015, la Corte Constitucional consignó las siguientes órdenes generales:

“Órdenes generales

Vigésimo segundo: Como consecuencia de la reiteración del estado de cosas inconstitucional declarado en la Sentencia T-388 de 2013, se proferirán las siguientes medidas generales:

1. ORDENAR al Congreso de la República que, dentro del ámbito de sus competencias y respetando su libertad de configuración normativa, de aplicación al estándar constitucional mínimo de una política criminal respetuosa de los derechos humanos, referido en los fundamentos 50 a 66 de esta sentencia, cuando se propongan, inicien o tramiten proyectos de ley o actos legislativos que incidan en la formulación y diseño de la política criminal, en el funcionamiento del sistema de justicia penal y/o en el funcionamiento del sistema penitenciario y carcelario.

2. ORDENAR al Congreso de la República que, dentro del ámbito de sus competencias y respetando su libertad de configuración del derecho, de aplicación a lo dispuesto en los artículos 3º, numeral 6º, y 18 del Decreto 2055 de 2014, en el sentido de contar con el concepto previo del comité técnico científico del Consejo Superior de Política Criminal, para iniciar el trámite de proyectos de ley o actos legislativos que incidan en la política criminal y en el funcionamiento del sistema de justicia penal.

3. ORDENAR al Gobierno Nacional, por intermedio del Ministro de Justicia y del Derecho que, dentro del ámbito de sus competencias de aplicación al estándar constitucional mínimo de una política criminal respetuosa de los derechos humanos, referido en los fundamentos 50 a 66 de esta sentencia, cuando se propongan, inicien o tramiten proyectos de ley o actos legislativos que incidan en la formulación y diseño de la política criminal, en el funcionamiento del sistema de justicia penal y/o en el funcionamiento del sistema penitenciario y carcelario.

4. INSTAR al Presidente de la República, a través de la Secretaría Jurídica de la Presidencia para que, dentro del ámbito de sus competencias constitucionales y legales, objete los proyectos de ley o actos legislativos que no superen el referido estándar constitucional mínimo de una política criminal respetuosa de los derechos humanos.

5. ORDENAR a la Fiscalía General de la Nación, por intermedio de su representante legal o de quien haga sus veces, que, dentro del ámbito de sus competencias de aplicación ineludible al estándar constitucional mínimo que debe cumplir una política criminal respetuosa de los derechos humanos, referido en los fundamentos 50 a 66 de esta sentencia, cuando se propongan, inicien o tramiten proyectos de ley o actos legislativos que incidan en la formulación y diseño de la política criminal, en el funcionamiento del sistema de justicia penal y/o en el funcionamiento del sistema penitenciario y carcelario.

6. ORDENAR al Ministerio de la Presidencia, por intermedio de su representante legal o de quien haga sus veces, que, dentro del ámbito de sus competencias difunda entre las autoridades concernidas en todas las fases de la política criminal el estándar constitucional mínimo que debe cumplir una política criminal respetuosa de los derechos humanos, referido en los fundamentos 50 a 66 de esta sentencia, cuando se propongan, inicien o tramiten proyectos de ley o actos legislativos que incidan en la formulación y diseño de la política criminal, en el funcionamiento del sistema de justicia penal y/o en el funcionamiento del sistema penitenciario y carcelario.

7. ORDENAR al Gobierno Nacional, por intermedio del Ministro de Justicia y del Derecho que, dentro del ámbito de sus competencias constitucionales y legales, emprenda todas las acciones necesarias para dar mayor viabilidad financiera e institucional al Consejo Superior de Política Criminal y a sus instancias técnicas, con el fin de que éste de cumplimiento a las todas funciones que le fueron asignadas mediante el Decreto 2055 de 2014, en el marco del estándar constitucional mínimo que debe cumplir una política criminal respetuosa de los derechos humanos, referido en los fundamentos 50 a 66 de esta sentencia. Para efectos de lo anterior deberá diseñar un plan concreto y un cronograma de acción en el término de los seis (6) meses siguientes a la notificación de esta decisión.

8. EXHORTAR al Congreso de la República, al Gobierno Nacional y a la Fiscalía General de la Nación, por intermedio de sus representantes legales o quienes hagan sus veces, para que dentro del ámbito de sus competencias y si aún no lo han realizado, promuevan la creación, implementación y/o ejecución de un sistema amplio de penas y medidas de aseguramiento alternativas a la privación de la libertad.

9. ORDENAR al Gobierno Nacional, por intermedio del Ministro de Justicia y del Derecho que, dentro de los seis (6) meses siguientes a la notificación de esta sentencia, estructure una política pública de concientización ciudadana, con vocación de permanencia, sobre los fines del derecho penal y de la pena privativa de la libertad, orientado al reconocimiento de alternativas sancionatorias, a la sensibilización sobre la importancia del derecho a la libertad y al reconocimiento de las limitaciones de la prisión para la resocialización, en las condiciones actuales de desconocimiento de derechos de los reclusos.

10. ORDENAR al Ministerio de Justicia y del Derecho que, en el término de seis (6) meses contados a partir de la notificación de esta sentencia, emprenda las acciones para la creación de un sistema de información unificado, serio y confiable sobre política criminal. Este sistema de información deberá seguir los parámetros definidos en los fundamentos 81, 82 y 109 de la presente sentencia. Así mismo deberá priorizar los siguientes aspectos:

A. Crear estadísticas y bases de datos unificadas, serias y confiables sobre la criminalidad en el país, que permitan proponer soluciones y medir resultados.

B. Crear un sistema de medición del impacto, que las leyes y reformas en materia de política criminal, tienen sobre el sistema penitenciario y carcelario.

C. Crear bases de datos y estadísticas unificadas, serias y confiables sobre la aplicación de la detención preventiva en el país.

D. Realizar una revisión sobre la fiabilidad de la información relacionada con la creación y adecuación de cupos carcelarios, con el fin de determinar cuántos cupos cumplen las condiciones mínimas.

11. EXHORTAR al Congreso de la República, al Ministerio de Justicia y del Derecho a revisar el sistema de tasación de las penas en la legislación actual, con el fin de identificar las incoherencias e inconsistencias del mismo, de acuerdo con el principio de proporcionalidad de la pena, y tomar los correctivos del caso. Lo anterior una vez establecido el sistema de información sobre la política criminal del que tratan los fundamentos 81, 82 y 109 de esta sentencia, en el que necesariamente deberán apoyarse para efectos de sacar conclusiones y presentar soluciones.

12. ORDENAR al Gobierno Nacional, por intermedio del Ministro de Justicia y del Derecho que cree una instancia técnica de carácter permanente con la función (i) de consolidar un sistema de información sobre la política criminal, serio y confiable, (ii) de establecer los mecanismos de incorporación de la información por parte de las entidades con injerencia en la política criminal, en cualquiera de sus fases, (iii) de diseñar los mecanismos de acceso a la información y (iv) de hacer una valoración y retroalimentación periódica de los resultados de dicho sistema de información, con el fin de potenciar sus resultados y solucionar los problemas que pueda implicar su desarrollo. El proceso de diseño de la base de datos y de los mecanismos previstos para el flujo constante de información, deberá efectuarse en un lapso de seis (6) meses contados a partir de la notificación de esta providencia.

13. ORDENAR al Inpec que, en coordinación con la Uspec, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Departamento Nacional de Planeación y el Consejo Superior de Política Criminal, elabore un plan integral de programas y actividades de resocialización, tendiente a garantizar el fin primordial de la pena en todos los establecimientos penitenciarios y carcelarios del país. Dicho plan deberá tener en cuenta los parámetros fijados en los fundamentos 57 y 155 de esta sentencia. Adicionalmente, deberá fijar fases y plazos de implementación y ejecución, con el objetivo de medir resultados graduales, y en todo caso, dichos plazos no podrán superar el término de dos (2) años contados a partir de la notificación de esta sentencia.

14. ORDENAR al Consejo Superior de la Judicatura y al Ministerio de Justicia y del Derecho que bajo la coordinación de la Defensoría del Pueblo, en el término de dos (2) meses contados partir de la notificación de esta sentencia, emprenda todas las acciones necesarias para diseñar un cronograma de implementación de las brigadas jurídicas periódicas en los establecimientos de reclusión del país. Para tal efecto, deberá, entre otras: i) coordinar a los consultorios jurídicos de las universidades del país, con el fin de lograr su participación en la realización de las brigadas jurídicas; ii) coordinar el trabajo de los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad para que concedan, a quienes corresponde, los beneficios establecidos en la ley, y para que las solicitudes se resuelvan a la mayor brevedad posible; y iii) en caso de ser necesario, crear cargos de descongestión para tal efecto.

15. ORDENAR al Consejo Superior de la Judicatura y al Ministerio de Justicia y del Derecho que bajo la coordinación de la Defensoría del Pueblo, en el término los cuatro (4) meses contados partir de la notificación de esta sentencia, emprenda todas las acciones necesarias para implementar brigadas jurídicas en los 16 establecimientos de reclusión accionados en los procesos acumulados.

16. ORDENAR al Consejo Superior de la Judicatura y al Ministerio de Justicia y del Derecho que, en el término de cuatro (4) meses siguientes a la notificación de esta decisión, bajo la coordinación de la Defensoría del Pueblo, recoja la información necesaria sobre las necesidades de información, acción y gestión que implican las brigadas jurídicas, para implementarlas en todos los establecimientos penitenciarios del país con base en el sistema de información, que deberá precisar las circunstancias y posibilidades jurídicas de los reclusos.

17. ORDENAR a la Defensoría del Pueblo la conformación del comité interdisciplinario de que trata la primera parte del fundamento jurídico 107, para que despliegue las actividades de diagnóstico y constitución de la línea base referida allí mismo. Para efectos de la conformación de dicha institución se confiere un término de treinta (30) días; para el despliegue de su labor, se confiere el término de seis (6) meses contados a partir de la notificación de esta sentencia.

18. ORDENAR al comité interdisciplinario creado por virtud del numeral anterior que, en caso de presentarse circunstancias que imposibiliten técnicamente el cumplimiento de las órdenes emitidas en esta sentencia, lo informe a esta Sala de revisión, para efecto de evaluar la situación.

19. ORDENAR al comité interdisciplinario, creado por virtud del numeral 16 de esta orden, que analice técnicamente las necesidades que se verifican en las cárceles del país, y cubra cada uno de los aspectos relacionados con los problemas de reclusión identificados. Lo anterior hasta consolidar una norma técnica sobre la privación de la libertad en Colombia, la cual deberán observar las entidades involucradas en todas las fases de la política criminal. Para ello se confiere el término de nueve (9) meses contados a partir de la notificación de esta sentencia.

20. ORDENAR al Inpec, a la Uspec y al Ministerio de Justicia y del Derecho, por intermedio de sus representantes legales o quienes hagan sus veces, que en el término de quince (15) meses contados a partir de la notificación de la presente sentencia, rehagan las bases de datos y estadísticas respecto de la capacidad real de los establecimientos de reclusión en el país, teniendo en cuenta que sólo puede contar cupos que cumplan con las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana propuestas en la presente providencia y validadas, transformadas o identificadas por el comité interdisciplinario. Lo anterior, con el objetivo de establecer cuál es el nivel real de hacinamiento si se tiene en cuenta el referido estándar.

21. ORDENAR al Inpec, a la Uspec, al Ministerio de Justicia y del Derecho y al Departamento Nacional de Planeación, por intermedio de sus representantes legales o quienes hagan sus veces, que en un término de seis (6) meses contados a partir de la notificación de esta decisión, ajusten todos los proyectos que se estén ejecutando o implementando a las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana propuestas en la presente providencia.

22. ORDENAR al Gobierno Nacional que a través de sus ministros conforme sea la materia abordada, en un término de tres (3) meses posteriores a la identificación de las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana propuestas en la presente providencia, se regule cada aspecto de la vida carcelaria, integrándolas, como mecanismo de orientación para cada uno de los centros de reclusión y como garantía de condiciones dignas de reclusión para las personas privadas de la libertad. Los lineamientos normativos que surjan del ejercicio anterior podrán ser compilados por el Ministro de la Presidencia, para evitar la dispersión regulatoria en la materia.

De cualquier modo, las regulaciones de las que trata el acápite de órdenes generales, que se encuentran a cargo del Ministerio de Salud, deberán consolidarse provisionalmente durante los tres (3) meses posteriores a la notificación de esta sentencia, habida cuenta de que de esa labor pende la actuación de los demás actores de la política criminal, en su fase terciaria.

23. ORDENAR al Inpec, a la Uspec, al Ministerio de Justicia y del Derecho y al Departamento Nacional de Planeación, por intermedio de sus representantes legales o quienes hagan sus veces, que en un término de dos (2) meses a partir del enteramiento de la expedición de los lineamientos a cargo del Gobierno Nacional, adecúen todos los proyectos que se estén ejecutando o implementando, relacionados con la adecuación y refacción de nuevos cupos dentro de los establecimientos carcelarios y penitenciarios en funcionamiento, para que se cumplan con las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana propuestas en la presente providencia.

24. ORDENAR al Inpec, a la Uspec, al Ministerio de Justicia y del Derecho y al Departamento Nacional de Planeación, por intermedio de sus representantes legales o quienes hagan sus veces, que en adelante se aseguren de que todos los proyectos y diseños en infraestructura carcelaria y penitenciaria, cumplan de manera obligatoria con las condiciones mínimas de subsistencia digna y humana propuestas en la presente providencia y/o con aquellas que compile el Gobierno Nacional en cumplimiento del numeral 22 de las órdenes generales. Los proyectos que no satisfagan tales condiciones, no podrán ser ejecutados. Esas condiciones mínimas deberán consagrarse como requisitos previos para la aprobación de proyectos.

25. ORDENAR a la Uspec, por intermedio de su representante legal o quien haga sus veces, que emprenda todas las acciones necesarias para que, en un término no superior a un (1) año contado a partir de la notificación de esta sentencia, las inversiones de toda índole se focalicen no sólo en la construcción de cupos, sino además en la satisfacción de otras necesidades de los reclusos, en especial, las relacionadas con la adecuada prestación de los servicios de agua potable, salud, alimentación y programas de resocialización.

26. ORDENAR al Inpec, a la Uspec, al Ministerio de Justicia y del Derecho y al Departamento Nacional de Planeación, por intermedio de sus representantes legales o quienes hagan sus veces, que continúen tomando todas las medidas necesarias para lograr una adecuada prestación del servicio de salud al interior de los establecimientos penitenciarios y carcelarios del país. En especial, las acciones encaminadas a diversificar las empresas promotoras de salud y a la instauración de brigadas médicas en los centros de reclusión, deberán implementarse en un término no superior a un (1) año contado a partir de la notificación de la presente providencia. Lo anterior de conformidad con la regulación que haga el Ministerio de Salud y Protección Social.

27. ORDENAR al Ministerio de la Presidencia de la República que asuma la articulación de las distintas entidades administrativas y los diferentes entes territoriales, diseñando una estrategia al respecto en el término de los diez (10) días siguientes a la notificación de la esta sentencia.

28. ORDENAR a la Defensoría del Pueblo que, en el término de los cinco (5) días siguientes a la notificación de la esta sentencia, cree el grupo de seguimiento al cumplimiento de las órdenes generales y particulares proferidas en esta sentencia, conforme lo señalado en el fundamento jurídico 105.

Deberá informar con periodicidad semestral a esta corporación sobre la evolución (aciertos, desaciertos y dificultades) de la estrategia de superación del estado de cosas inconstitucional, y de su impacto en el goce de los derechos de las personas privadas de la libertad.

29. ORDENAR a la Procuraduría General de la Nación, que en el término de los cinco (5) días siguientes a la notificación de esta sentencia, proceda a adelantar las gestiones necesarias para emprender y desarrollar su función preventiva de vigilancia del cumplimiento de este fallo.

30. ORDENAR al Ministerio de la Presidencia de la República, a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría General de la Nación, que a través de sus representantes legales, en el término de los cinco (5) días siguientes a la notificación de esta providencia, extracten las responsabilidades locales y nacionales emanadas de esta providencia, como los objetivos de la superación del ECI en cada uno de los problemas identificados, para establecer la participación de todas las entidades involucradas, de conformidad con las competencias constitucionales y legales que deban asumir. A cada una de éstas se le comunicará su rol en la superación del ECI, y podrán presentar objeciones asociadas únicamente con el contenido de esta providencia o con sus competencias; las tres entidades que lideran el proceso considerarán los fundamentos expuestos y adoptarán una decisión. Así quedará circunscrito el marco del seguimiento al cumplimiento de esta sentencia.

La Defensoría del Pueblo, como líder del seguimiento, asegurará que no haya elemento abordado en esta providencia sin responsabilidad estatal. En el evento en que deban concurrir varias entidades a la solución de alguno de los problemas planteados, el Ministerio de la Presidencia asumirá su articulación.

Para diseñar la estrategia de seguimiento al cumplimiento de esta sentencia, en los términos referidos, se confiere el término de tres (3) meses, contabilizados desde la notificación de esta providencia judicial.

31. INVITAR a la delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en Colombia, y a las universidades Nacional de Colombia, EAFIT, y de los Andes, para que acompañen a la Defensoría del Pueblo en los procesos de (i) fijación de las normas técnicas sobre la privación de la libertad; (ii) seguimiento y evaluación de su cumplimiento en el territorio nacional; y (iii) retroalimentación y reestructuración de las mismos.

32. FACULTAR a la Defensoría del Pueblo, para que convoque a personas, naturales o jurídicas, que por su experticia en el tema puedan contribuir técnicamente al proceso de seguimiento que efectuará a través del grupo conformado para ello.

33. ORDENAR al Ministerio de Justicia y del Derecho, en asocio con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, que en el término de los cuatro (4) meses siguientes a la consolidación de la primera versión del sistema de información creado en el numeral 10 de las órdenes generales, proceda a adecuar el dominio web www.politicacriminal.gov.co para la publicidad e interoperabilidad de dicha información entre las entidades involucradas en la superación del ECI. Aquella información objeto de reserva legal y la que contenga datos sensibles de la órbita de la intimidad personal de las personas privadas de la libertad, deberá manejarse a través de usuarios privados, que permitan su consulta exclusivamente a aquellos funcionarios habilitados para ella.

El dominio web, además, deberá exhibir esquemáticamente las decisiones de esta corporación, identificando las órdenes proferidas, el fin de las mismas, sus destinatarios, los términos conferidos y estado del cumplimiento, a través de informes de gestión, de resultado y de impacto en los derechos de las personas privadas de la libertad.

Adicionalmente la página web en mención debe hacer visible información estadística que permita, a la ciudadanía, visualizar el avance en la superación del ECI, a través de las metas propuestas, los adelantos y mejoras, las dificultades y los rezagos existentes.

34. ORDENAR al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y al Departamento Nacional de Planeación que las erogaciones que sean consecuencia de esta sentencia sean efectuadas con el fin de colaborar a las instituciones concernidas, para efectuar las acciones que les correspondan, en los términos conferidos.

(...)”

VI.6. La decisión.

Lo descrito anteriormente, pone de manifiesto que de la problemática aducida por el actor ya se ocupó la Corte Constitucional, para lo cual dispuso una serie de medidas estructurales con las cuales pretende superar el ECI declarado en la Sentencia T-388 de 2013 y reiterado en la Sentencia T-762 de 2015, razón por la que, pese a que se constató la vulneración de los derechos fundamentales a la vida, dignidad humana e integridad personal de los internos del patio número 8 del Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad de Girón, EPAMS - Girón, no hay lugar a emitir ninguna orden de amparo.

Lo anterior, se refuerza en el hecho de que de ordenar cualquier medida tendiente solucionar la situación planteada por el actor, la misma resultaría poco eficiente o de nulo cumplimiento, en tanto que todos los esfuerzos de las entidades que tienen a su cargo la administración del sistema penitenciario y carcelario están concentrados en el cumplimiento de la Sentencia T-762 de 2015, la cual propende, entre otros fines, por la superación de la problemática que causa la vulneración de los derechos fundamentales aquí reclamados.

Sin embargo, lo anterior no obsta para que se inste al director del Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad EPAMS - Girón, para que por conducto de la junta de distribución de patios y asignación de celdas, adopte en lo posible, las medidas necesarias para garantizar un adecuado tratamiento a los reclusos que padecen enfermedades mentales, con el fin de evitar que éstos atenten contra la seguridad de los demás reclusos.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, sección primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVÓCASE la sentencia impugnada y, en su lugar,

DECLÁRASE la vulneración de los derechos fundamentales a la vida, dignidad humana e integridad personal del señor C... E... G... M... y demás internos del patio número 8 del EPAMS - Girón. No obstante, no hay lugar a emitir ninguna orden de amparo, por cuanto de la problemática aducida por el actor ya se ocupó la Corte Constitucional en Sentencia T-762 de 2015.

2. INSTÁSE al director del Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad EPAMS - Girón, para que por conducto de la junta de distribución de patios y asignación de celdas, adopte en lo posible, las medidas necesarias para garantizar un adecuado tratamiento a los reclusos que padecen enfermedades mentales, con el fin de evitar que éstos atenten contra la seguridad de los demás reclusos.

3. NOTIFÍQUESE a las partes por el medio más expedito.

5.(sic) REMÍTASE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada en la sesión del día 1º de diciembre de 2016.

Magistrados: Roberto Augusto Serrato Valdés—María Elizabeth García González—Guillermo Vargas Ayala. 

(1) La acción popular fue transmutada por el Tribunal de Santander que conoció por medio del Auto de 3 de marzo de 2016.

(2) En adelante EPAMS - Girón.

(3) Clasificación de internos. Los internos en los centros de reclusión, serán separados por categorías, atendiendo a su sexo, edad, naturaleza del hecho punible, personalidad, antecedentes y condiciones de salud física y mental. Los detenidos estarán separados de los condenados, de acuerdo a su fase de tratamiento; los hombres de las mujeres, los primarios de los reincidentes, los jóvenes de los adultos, los enfermos de los que puedan someterse al régimen normal. La clasificación de los internos por categorías, se hará por las mismas juntas de distribución de patios y asignación de celdas y para estos efectos se considerarán no solo las pautas aquí expresadas, sino la personalidad del sujeto, sus antecedentes y conducta.

(4) Artículos 54 del Acuerdo 0011 de 1995, y 125 de la Ley 65 de 1993, modificado por la Ley 1709 de 20 de enero de 2014, que permiten implementar gases lacrimógenos y aislamientos provisionales.

(5) Artículo 144. Protección de los derechos e intereses colectivos. (...) Antes de presentar la demanda para la protección de los derechos e intereses colectivos, el demandante debe solicitar a la autoridad o al particular en ejercicio de funciones administrativas que adopte las medidas necesarias de protección del derecho o interés colectivo amenazado o violado. Si la autoridad no atiende dicha reclamación dentro de los quince (15) días siguientes a la presentación de la solicitud o se niega a ello, podrá acudirse ante el juez. Excepcionalmente, se podrá prescindir de este requisito, cuando exista inminente peligro de ocurrir un perjuicio irremediable en contra de los derechos e intereses colectivos, situación que deberá sustentarse en la demanda.

(6) Trasmutada a acción de tutela.

(7) Los artículos 54 del Acuerdo 0011 de 1995 y 79 de la Ley 1709 de 2014, por la cual se modifica el artículo 125 de la Ley 65 de 1993.

(8) Trasmutada a acción de tutela.

(9) “Por la cual se expide el Código Penitenciario y Carcelario”.

(10) Ver, entre otras, sentencias de la Corte Constitucional T-680 de 1996, T-705 de 1996 y T-322 de 2007.

(11) Folio 47 del expediente.

(12) Folio 53 del expediente.

(13) “Por la cual se expide el Código Penitenciario y Carcelario”.

(14) Los “litigios estructurales” fueron definidos por Roberto Gargarella como aquellos que “involucran problemas públicos de primera importancia, y masivas y graves violaciones de derechos” (El Nuevo Constitucionalismo Dialógico frente al Sistema de los Frenos y Contrapesos. Por una justicia dialógica - El poder judicial como promotor de la deliberación democrática. 1ª Edición, Buenos Aires, Siglo Veintiuno Editores, 2014). Asimismo, César y Diana Rodríguez han señalado que estos “casos estructurales” se caracterizan por: i) afectar a un “número amplio de personas que alegan la violación de sus derechos, ya sea directamente o a través de organizaciones que litigan su causa”; ii) involucran “varias entidades estatales como demandadas por ser responsables de fallas sistemáticas de políticas públicas”; iii) implican “órdenes de ejecución compleja, mediante las cuales el juez de la causa instruye a varias entidades públicas a emprender acciones coordinadas para proteger a toda la población afectada (no solamente los demandantes del caso concreto)” (Rodríguez Garavito Cesar y Rodríguez Franco Diana. Cortes y Cambio Social. Cómo la Corte Constitucional transformó el desplazamiento forzado en Colombia. Dejusticia, 2010).

(15) Por el cual se modifica la estructura del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, y se dictan otras disposiciones.

(16) Para el efecto, véanse la Sentencia C-328 de 2016 proferida por la Corte Constitucional y las sentencias de 13 de agosto de 2014 y de 19 de noviembre de 2015, proferidas por la sección tercera —subsección “A”— del Consejo de Estado, (Exp. 2003-00344-01 y 2001-00218-01, respectivamente).

(17) Folios 143 a 154 el expediente.

(18) La Corte Constitucional en Sentencia T-762 de 2015, puso de presente que las órdenes emitidas en aquella oportunidad para superar el ECI, estaban dirigidas a: “i) a diseñar un plan de construcción y refacción carcelaria e implementarlo; ii) a crear un lugar especial para los miembros de la fuerza pública; iii) a separar a los sindicados de los condenados; iv) a investigar la falta de presencia de los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad en las cárceles; y v) a adoptar medidas de protección urgentes mientras se adoptaban las medidas de carácter estructural y permanente...”

(19) Según la Sentencia T-762 de 2015, las medidas adoptadas en la Sentencia T-153 de 1998, habían sido exitosas por cuanto, del informe de la Defensoría del Pueblo valorado en la Sentencia T-388 de 2013, se podía extraer que: “se había logrado incrementar la capacidad penitenciaria y carcelaria, ya que mientras en 1990 había 28.380 cupos, en 2003 dicha cifra ascendió a 48.291 cupos”.

(20) La Defensoría del Pueblo en el informe referido en la cita precedente, también precisó que el éxito de las políticas implementadas era relativo, por cuanto la población carcelaria seguía creciendo en la misma proporción y a la misma velocidad en que lo venía haciendo en años anteriores.