Sentencia 2016-00253 de junio 30 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Rad.: 66001-23-33-000-2016-00253-01(AC)

Consejero ponente:

Dr. Carlos Enrique Moreno Rubio

Actor: Jorge Alonso Garrido Abad

Demandado: Dirección Nacional de Derechos de Autor

Bogotá, D.C., treinta de junio de dos mil dieciséis

Decide la Sala la impugnación presentada por el actor contra el fallo de mayo doce (12) de dos mil dieciséis (2016), proferido por el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Cuarta de Decisión, a través del cual rechazó por improcedente el amparo de tutela solicitado.

I. Antecedentes

1. La petición de amparo.

Mediante escrito presentado el veintinueve (29) de abril de dos mil dieciséis (2016) ante la Oficina Judicial, Seccional Risaralda, el señor Jorge Alfonso Giraldo Abad, actuando en nombre propio, ejerció acción de tutela en contra de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, Subdirección de Asuntos Jurisdiccionales, con el objeto de que fueran protegidos sus derechos fundamentales a la información y al acceso a la administración de justicia, los cuales consideró vulnerados en consideración a que, la entidad acusada, al publicar los “estados” de las actuaciones judiciales a su cargo, omite la inclusión de la persona demandada, lo que afecta el principio de publicidad de las actuaciones y su derecho a conocer las mismas.

En consecuencia, solicitó “ordenarle al accionado que garantice el derecho de información del suscrito, publicando los Estados de la subdirección de asuntos jurisdiccionales, tal como lo ordena el artículo 295 de la Ley 1564 de 2012, esto es, haciendo constar el nombre del demandado”.

La solicitud de tutela, tuvo como fundamento los siguientes

2. Hechos.

Sostuvo que la Dirección Nacional de Derechos de Autor, es una entidad pública del orden nacional, que ejerce funciones jurisdiccionales sobre esa materia y derechos conexos a través de la Subdirección de Asuntos Jurisdiccionales, dependencia a la que le fueron otorgadas dichas facultades mediante el artículo 24 de la Ley 1564 de 2012.

Indicó que la Subdirección en comento publica las notificaciones por estado, relativas a los procesos que se ventilan ante ese despacho, pero se abstiene de publicar el nombre de la persona demandada.

Destacó que la actuación de la entidad accionada, vulnera el derecho fundamental a la información veraz, imparcial y transparente que debe garantizar todo órgano judicial, pues el numeral 2 del artículo 295 de la Ley 1564 de 2012 señala que en la notificación por estado deberá constar la indicación de los nombres del demandante y el demandado, o de las personas interesadas en el proceso o diligencia.

Adujo como prueba el estado Nº 025 del veintinueve (29) de abril de dos mil dieciséis (2016), en el cual se publicó una notificación por estado de dos providencias del veintiocho (28) de abril del presente año el proceso verbal sumario con radicado número 2016-20166 en el que funge como demandante la organización Sayco Acinpro, sin indicarse el nombre del demandado.

3. Fundamento de la petición.

Expuso que el artículo 20 de la Constitución Política garantiza a toda persona la libertad de recibir información veraz e imparcial, así como la rectificación en condiciones de equidad.

Explicó que la entidad tutelada al publicar los estados que dan cuenta de las actuaciones judiciales proferidas por la Subdirección de Asuntos Jurisdiccionales, sin hacer constar el nombre del demandado, desconoce el artículo 295, numeral 2º de la Ley 1564 de 2012, norma que por ser de orden procesal es de aplicación inmediata.

Alegó que la mencionada violación tiene el potencial de afectar su derecho fundamental de recibir información imparcial respecto de las actuaciones de esa entidad, toda vez que la Constitución le garantiza conocer las gestiones de los diferentes órganos estatales, más cuando se trata de la publicación de una notificación por estado, la cual es la materialización del principio de publicidad que rige los procedimientos judiciales.

Afirmó que también se le desconoce su derecho fundamental de acceso a la justicia, en tanto que este se encuentra directamente relacionado con el principio de publicidad antes anotado.

Resaltó que la referida omisión resulta parcializada porque —a su juicio— es claro que al omitir la constancia del nombre del demandado dentro de un proceso verbal sumario que promueve la Organización Sayco Acinpro, dentro de ese despacho judicial, se está actuando en forma poco neutral, al favorecer los intereses del demandante, práctica que atenta contra el principio de transparencia que rige esta clase de actuaciones.

Acusó a la Subdirección de Asuntos Jurisdiccionales de la entidad demandada de tener un interés en algunos asuntos, al impedir que el demandado se entere de la demanda en su contra y sugirió que la accionada busca favorecer a Sayco Acinpro.

Refirió la Sentencia C-274 de 2013 de la Corte Constitucional, para precisar que en la misma se indicó que “el derecho a la información no es solamente el derecho a informar, sino también el derecho a estar informado. De ahí la importancia del artículo 74 de la Constitución Nacional, que al consagrar el derecho de acceder a los documentos públicos, hace posible el ejercicio del derecho a la información y de esta manera los demás derechos fundamentales ligados al mismo”.

Comentó que en ese sentido el máximo órgano constitucional recogió las reglas jurisprudenciales que deben respetar las restricciones que se pretendan imponer a este derecho, para el efecto refirió apartes de la sentencia C-491 de 2007.

4. Contestación.

Dirección Nacional de Derechos de Autor

El jefe de la Oficina Asesora Jurídica contestó la acción de tutela en los siguientes términos:

Expuso que la Dirección Nacional de Derechos de Autor es una Unidad Administrativa Especial adscrita al Ministerio del Interior, creada mediante el Decreto 2041 de 1991, modificado por los decretos 4835 de 2008 y 1873 de 2015, con personería jurídica propia, autonomía administrativa y presupuestal.

Señaló que esa dirección es la autoridad administrativa competente en el tema de los derechos de autor y derechos conexos de la república de Colombia. Sus funciones principales se enmarcan en el registro de las obras literarias y artísticas, el registro de los actos, contratos y decisiones jurisdiccionales relacionadas con tales asuntos.

Explicó que las actuaciones que realiza la Subdirección de Asuntos Jurisdiccionales de la Dirección de Derechos de Autor no vulneran el derecho fundamental de recibir información veraz e imparcial del accionante.

Indicó que la acción de tutela es un mecanismo de carácter residual y subsidiario, de manera que no procede cuando exista otro medio de defensa judicial al cual pueda acudirse, a menos que se pretenda evitar un perjuicio irremediable.

Sustentó que en el caso puntual de esta tutela, el señor Jorge Alfonso Garrido Abad manifiesta que la entidad desconoce su derecho a la información, por no publicar el nombre del demandado en el estado Nº 25 del veintinueve (29) de abril de dos mil dieciséis (2016).

Alegó que lo que pretende realmente el actor es que el juez de tutela ordene a la Subdirección de Asuntos Jurisdiccionales, publicar en los estados el nombre del demandado, sin que se haya admitido la demanda respectiva.

Aseguró que en el presente caso no se advierte la vulneración de un derecho fundamental o la existencia de un perjuicio irremediable que requiera de la intervención del juez constitucional.

Argumentó que, si bien existe un derecho fundamental de recibir información veraz e imparcial ello no permite que un tercero ajeno acceda o interfiera en una actuación judicial en la que, según la Subdirección de Asuntos Jurisdiccionales de la entidad, no es parte.

Destacó que, contrario a lo señalado por el accionante, no todas las personas tienen derecho a acceder a las diligencias judiciales u obtener información relacionada a estas.

Aclaró que en los juicios civiles en particular, solo las partes o algunos terceros pueden intervenir y son ellos los destinatarios de la documentación e información allí contenida, pues cualquier otra persona no tendría ningún interés sobre la decisión del litigio.

Refirió el artículo 123 del Código General del Proceso para precisar quiénes pueden examinar los expedientes.

Resaltó que si el actor en este caso concreto se encuentra inconforme con alguna notificación en un proceso del que él haga parte, para el efecto pudo haber solicitado la nulidad respectiva por indebida notificación, o hacer uso de los medios de impugnación, antes de acudir a esta acción constitucional.

Puntualizó que en el caso concreto del estado No. 25 del veintinueve (29) de abril de dos mil dieciséis (2016), frente al cual se presume la inconformidad del actor, se notificaron los autos del veintiocho (28) de abril del mismo año, proferidos dentro del proceso verbal sumario promovido ante la Subdirección de Asuntos Jurisdiccionales, en los cuales se decidió la solicitud de medidas cautelares y se inadmitió la demanda.

Comentó que tratándose de una etapa procesal en la cual no se ha trabado la litis, no se podía hablar de la existencia de un demandado o de un interesado diferente al demandante.

Alegó que igualmente cuando se trata de un proceso que se encuentra acompañado de solicitudes de medidas cautelares debe tenerse en cuenta los pronunciamientos de la Corte Constitucional respecto de la oportunidad en que debe efectuarse la notificación al demandado, esto es, que dicha diligencia debe efectuarse después de practicadas tales medidas.

Expuso que los estados son actos eminentemente procesales que se rigen por las normas del Código General del Proceso y tienen por objeto cumplir con el deber de notificar ciertas providencias judiciales y no con el deber de información de las autoridades judiciales, pues con ellos se garantiza el debido proceso de las partes del litigio.

Advirtió que desde el mes de diciembre de 2015 el señor Jorge Alfonso Garrido Abad ha realizado peticiones y adelantado acciones constitucionales que buscan obstaculizar las facultades jurisdiccionales con las que cuenta la Dirección Nacional de Derechos de Autor a través de los oficios 1-2015-90373 del nueve (9) de diciembre de dos mil quince (2015), 1-2015-90698 del diez (10) de diciembre de dos mil quince (2015), 1-2015-90742 de la fecha anterior, 1-2015-93097 del veintiuno (21) de diciembre de dos mil quince (2015) y 1-2015-93333 del veintidós (22) de diciembre de dos mil quince (2015).

Solicitó que se declare la improcedencia de la presente acción y que el actor no tiene legitimación en la causa por activa para la solicitud del amparo deprecado.

5. Trámite Procesal.

La presente acción de tutela fue asignada por reparto al magistrado Juan Carlos Hincapié Mejía, ponente de la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo de Risaralda, quien admitió la demanda el dos (2) de mayo de dos mil dieciséis (2016) y ordenó notificar del auto admisorio al director Nacional de Derechos de Autor, Subdirección de Asuntos Jurisdiccionales (fl. 26).

Mediante escrito radicado en la secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca el día cinco (5) de mayo de dos mil dieciséis (2016), el jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la entidad contestó la acción de tutela (fls. 17 a 30).

El doce (12) de mayo de dos mil dieciséis (2016), el Tribunal Administrativo de Risaralda profirió sentencia en el asunto de la referencia, mediante la cual rechazó por improcedente el amparo de los derechos fundamentales invocados (fls. 44 a 50).

Inconforme con la decisión, el actor presentó escrito de impugnación el día dieciséis (16) de mayo de dos mil dieciséis (2016) (fls. 55 y 56).

6. Sentencia de primera instancia.

El Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Cuarta de Decisión, mediante sentencia de mayo doce (12) de dos mil dieciséis (2016), rechazó por improcedente el amparo de tutela solicitado por el actor.

Como fundamento de dicha decisión, expresó en resumen lo siguiente:

Sostuvo que si bien la parte demandante aduce que se están desconociendo sus derechos fundamentales a la información imparcial de las actuaciones realizadas por la demandada, lo cierto es que el actor dispone de otros mecanismos de defensa judicial como lo son los recursos contra las decisiones que considera arbitrarias, o la solicitud de nulidad por indebida notificación frente al acto en particular que en su criterio es violatorio de sus derechos.

Destacó que en el caso bajo estudio el accionante pretende que mediante la acción de tutela se ordene a la entidad demandada que en la notificación de los actos que se realiza a través de estados, se haga constar el nombre del demandado.

Precisó que no obstante lo anterior, tanto la naturaleza como el fin que se pretende con la petición de amparo, no es procedente, toda vez que para el caso planteado el mecanismo a seguir es la solicitud de nulidad por no practicarse en debida forma la notificación de una providencia.

Agregó que el actor no demostró ser parte de alguna de las actuaciones judiciales que por excepción corresponden a la entidad demandada, ni siquiera en la que supuestamente se incurrió en alguna irregularidad en la notificación de una providencia de su interés, pues esto es lo que finalmente justificaría su reclamo.

Sustentó que el accionante no puede asumir la condición de agente oficioso de todos los demandados ante la Subdirección de Asuntos Jurisdiccionales de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, sin más razón que los derechos de acceso a la administración de justicia y a la información, pues como bien lo anota la autoridad tutelada, dependerá de las circunstancias de cada caso señalar el nombre del demandado, sin que sea exigible que el primer auto se notifique por estado al accionado ya que en ese asunto procede la notificación personal.

Indicó que en el escrito de tutela no se identifica el número de radicado del proceso o el tipo de demanda que se inició en contra del actor y que no fue debidamente notificada, sino que se limita a indicar de manera general el hecho de que la Subdirección de Asuntos Jurisdiccionales de la entidad tutelada, omite publicar en sus estados el nombre de la persona demandada.

Concluyó que en este caso no se advierte un perjuicio real y concreto en menoscabo de los derechos fundamentales del actor, pues la apreciación general que relata en la demanda de tutela, de ninguna manera pueda constituir una violación a las garantías invocadas.

7. La Impugnación.

Inconforme con la decisión de primera instancia, el actor la impugnó y expresó sus motivos de inconformidad en los siguientes términos:

Afirmó que si bien no es parte de alguno de los procesos que actualmente se ventilan ante la entidad demandada, lo cierto es que, el derecho a conocer de las actuaciones judiciales de ese despacho es de carácter fundamental, por lo que está legitimado para reclamar la protección del mismo.

Comentó que el literal a del numeral 5º de la Ley 1712 de 2014, que trata sobre transparencia y acceso a la información pública nacional, manifiesta que toda entidad, de cualquiera de las ramas del poder, están obligadas a cumplir con tales principios.

Precisó que conforme a dicha normativa, toda la información en poder de los sujetos obligados, definidos en la referida ley, se presume oficial y en consecuencia están en el deber de proporcionar y facilitar el acceso a la misma en los términos más amplios posibles.

Arguyó que si la información de las notificaciones por estado es pública y la ley obliga a publicarlos con el nombre del demandado, es su derecho acceder a esa actuación de forma completa.

II. Consideraciones

1. Competencia.

La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada contra la sentencia de primera instancia por el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Cuarta de Decisión, de conformidad con los artículos 32 del Decreto 2591 de 1991 y 2.2.3.1.1.3 del Decreto 1069 de 2015.

2. Problema jurídico.

Corresponde a la Sala establecer si hay lugar a confirmar, revocar o modificar la decisión de rechazar por improcedente el amparo de tutela solicitado por el actor, adoptada en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Risaralda en el asunto de la referencia, con base en los argumentos esgrimidos en la impugnación.

Para el efecto habrá de determinarse si con la actuación de la Subdirección de Asuntos Jurisdiccionales de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, esto es, abstenerse de publicar el nombre de la parte demandada en algunas actuaciones judiciales que se notifican por estado y que se adelantan por dicha autoridad, se configura una vulneración a los derechos a la información y acceso a la administración de justicia del actor.

3. Caso en concreto.

Como viene de explicarse, lo pretendido en este evento por la parte actora, ahora recurrente, es que se ordene a la entidad tutelada publicar el nombre de la parte demandada en las notificaciones por estado que se surten en las actuaciones judiciales que son competencia de la Subdirección de Asuntos Jurisdiccionales, tal como lo ordena el artículo 295 de la Ley 1564 de 2012, puntualmente en el estado Nº 025 del veintinueve (29) de abril de dos mil dieciséis (2016), del proceso con radicado número 2016-20166.

Lo anterior en consideración a que, según lo afirma el actor, tal omisión en las diligencias de notificación por estado, desconoce sus derechos a la información y al acceso a la administración de justicia, en tanto que se le impide conocer quiénes son las partes del litigio que requiera consultar, pese a que dicho contenido, a juicio del accionante, es de público acceso.

Al respecto, el Tribunal Administrativo de Risaralda consideró que la acción de tutela impetrada resultaba improcedente por cuanto: i) no se evidenciaba una afectación directa a los derechos fundamentales del actor, producto de la omisión que alega el accionante respecto de las notificaciones por estado que realiza la entidad demandada y ii) de existir una irregularidad puntual en alguna notificación que pueda afectar las garantías fundamentales del señor Jorge Alonso Garrido Abad, debe acudir a los mecanismos ordinarios de impugnación que prevé la ley o en su defecto a la solicitud de nulidad por indebida notificación, la cual debe elevar ante la Subdirección de Asuntos Jurisdiccionales como juez de la causa.

Inconforme con la anterior decisión, la parte actora la impugnó con el argumento según el cual, si bien él no hace parte de ningún proceso que actualmente se adelante ante la Subdirección de Asuntos Jurisdiccionales del cual se pueda predicar alguna irregularidad puntual, lo cierto es que, como ciudadano tiene derecho a conocer el contenido de las notificaciones por estado de las actuaciones judiciales que se surten por la entidad demandada, lo que incluye el nombre de los demandados en cada uno de los procesos que se adelanten por ésta.

Sobre el particular, la Sala considera necesario, para efectos de abordar el problema jurídico planteado, precisar: i) el alcance del derecho a la información en el marco de actuaciones judiciales, susceptible de ampararse por la acción de tutela y ii) la legitimación en la causa para alegar una irregularidad procesal en el trámite de un juicio civil de cara al derecho al acceso a la administración de justicia invocado por el tutelante.

3.1. Derecho a la Información.

Sea lo primero advertir que la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha precisado que el derecho a la información es una garantía de carácter fundamental que prevé el artículo 20 superior, que por su naturaleza goza de protección mediante el amparo de tutela.

Al respecto, el máximo órgano constitucional ha señalado lo siguiente:

“El derecho de acceso a la información es reconocido expresamente por el artículo 74 de la Constitución Política en los siguientes términos: “Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca la ley”. Este precepto está ubicado en el Capítulo 2 del Título II de la Constitución (De los Derechos sociales, económicos y culturales), no obstante la jurisprudencia constitucional ha reconocido su carácter de derecho fundamental.

Los estándares internacionales en la materia han sido recogidos en el “Estudio especial sobre el derecho de acceso a la información”, elaborado por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 2007. Entre ellos cabe destacar los siguientes:

— Es un derecho de titularidad universal, en consecuencia la información debe ser entregada sin que se acredite un interés directo o una afectación personal.

— El Estado tiene la obligación positiva de suministrar la información solicitada o de otorgar una respuesta fundamentada ante una solicitud de información.

— Están obligados a suministrar información todos los órganos y poderes del Estado, no sólo las autoridades administrativas.

— El objeto del derecho es la información, no exclusivamente los documentos públicos. La palabra información abarca los procedimientos —acopiar, almacenar, tratar, difundir, recibir— así como los tipos —hechos, noticias, datos, opiniones, ideas—; y sus diversas funciones; al igual que los actos considerados como oficiales, correspondencia, memorandos, libros, planos, mapas, dibujos, fotografías, registros fílmicos, microfilms, grabaciones, videos y cualquier otro.

— El acceso a la información en poder del Estado se rige por los principios de máxima divulgación, publicidad y transparencia. Estos principios llevan aparejada la obligación estatal de producir información, conservarla y ponerla oficiosamente a disposición del público interesado.

— Para garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información mediante la formulación de una solicitud, los Estados deben implementar un procedimiento simple, rápido y no oneroso, que en todo caso garantice la revisión por una segunda instancia de la negativa de la información requerida.

— En materia de protección judicial del derecho al acceso a la información debe existir un recurso sencillo, rápido y efectivo para determinar si se produjo una violación al derecho de quien solicita información y, en su caso, ordene al órgano correspondiente la entrega de la información.”(1)

Como se lee, el acceso a la información es un derecho de carácter fundamental, que entre otros comprende: i) una titularidad universal, es decir, no es necesario que se acredite un interés directo o una afectación personal para su ejercicio, ii) la obligación de todos los órganos y poderes del Estado de suministrar la información pública que le es requerida, iii) su objeto no se refiere únicamente a los documentos públicos, pues también incluye hechos, noticias, datos u opiniones así como actos oficiales y, iv) se rige por los principios de publicidad y transparencia.

En el caso que nos ocupa, el actor manifiesta que se le desconoce su derecho de acceso a la información, por cuanto la Dirección Nacional de Derechos de Autor, Subdirección de Asuntos Jurisdiccionales, omite publicar el nombre de la parte demandada en las notificaciones por estado que realiza sobre las actuaciones judiciales que están a su cargo.

Para el efecto, el accionante formula su solicitud de amparo con fundamento en el estado No. 25 del veintinueve (29) de abril de dos mil dieciséis (2016), notificación que se efectuó en el proceso verbal sumario con radicado número 2016-10166 en el cual funge como demandante la organización Sayco Acinpro, pues en dicha actuación no se indicó el nombre del demandado.

Al respecto debe precisar la Sala que, contrario a lo indicado por el juez a quo constitucional, para el ejercicio del derecho a la información que pretende el actor le sea amparado, no es necesario acreditar un interés directo o una afectación personal respecto a la posibilidad de conocer las actuaciones judiciales que son notificadas por estado a través de los sistemas de información que la entidad dispone para el efecto.

Lo anterior por cuanto que, tal y como se expuso en párrafos precedentes, el acceso a la información es una garantía cuya titularidad es universal, de manera que, cuando se trata de un contenido de naturaleza pública, cualquier ciudadano tiene el derecho de acceder al mismo, sin acreditar para el efecto un interés particular.

Sobre el punto, debe precisarse que el máximo órgano constitucional ha fijado el alcance de los sistemas de información de los despachos judiciales así:

De acuerdo a las definiciones establecidas en el artículo 2 de la Ley 527, no cabe duda que la información sobre el historial de los procesos que aparece registrada en los computadores de los juzgados tiene el carácter de un “mensaje de datos”, por cuanto se trata de información comunicada a través de un medio electrónico, en este caso la pantalla de un computador que opera como dispositivo de salida.

Asimismo, la emisión de este tipo de mensajes de datos puede considerarse un “acto de comunicación procesal”, por cuanto a través de ella se pone en conocimiento de las partes, de terceros o de otras autoridades judiciales o administrativas las providencias y órdenes de jueces y fiscales en relación con los procesos sometidos a su conocimiento. Finalmente, es claro que los sistemas informáticos utilizados por los despachos judiciales para generar, enviar, archivar o procesar tales mensajes de datos configuran un “sistema de información” para los efectos de la Ley 527.

Es preciso llamar la atención sobre la diferencia que se establece en esta sentencia entre las dos manifestaciones del principio de publicidad: la primera, que asegura el conocimiento de las decisiones judiciales por las partes interesadas a través de los mecanismos de notificación; la segunda, que tutela el derecho de los ciudadanos a conocer las actuaciones de las autoridades públicas, como una garantía de transparencia en la actuación de los poderes públicos y un mecanismo que facilita su control por parte de la comunidad. Los mensajes de datos que se transmiten a través de las pantallas de los computadores de los despachos judiciales son, ante todo, instrumentos para hacer efectiva esta segunda manifestación del principio de publicidad. Constituyen mecanismos orientados a proveer más y mejores herramientas para que, tanto las partes dentro de los procesos, como la comunidad en general puedan conocer y controlar la actuación de las autoridades judiciales.”(2)

De manera que, la garantía fundamental de acceder a todo tipo de información pública se encuentra en cabeza de todos los ciudadanos, pues se reitera, no debe acreditarse un interés directo, como en efecto sucede en el caso del accionante.

Igualmente, los mensajes de datos que transmiten los despachos judiciales, como pueden ser los actos de comunicación procesal, que para el caso bajo estudio corresponde a las notificaciones por estado, materializan el principio de publicidad, en tanto que garantizan, no solo que las partes conozcan las actuaciones judiciales sino que permite que la comunidad en general acceda a dicha información y ejerza un control sobre las mismas.

Ahora, es obligación de todos los poderes del Estado, lo que incluye la rama judicial y las autoridades administrativas que ejercen eventualmente funciones jurisdiccionales, suministrar la información de público conocimiento.

En igual sentido, la Corte Constitucional ha señalado que el acceso a la información y los principios de publicidad y transparencia están íntimamente ligados, en tanto que la el primero de estos principios garantiza el control ciudadano que puede ejercerse sobre las actuaciones de las entidades:

“Igualmente ha puesto de relieve los vínculos existentes entre el derecho de acceso a la información y los principios de transparencia y publicidad que deben caracterizar la actuación de los poderes públicos en un Estado de Derecho ya que contribuye al control ciudadano sobre las agencias estatales al obligarlas a explicar públicamente las decisiones adoptadas y el uso que le han dado al poder y a los recursos públicos, se convierte por lo tanto en un instrumento para combatir la corrupción y para hacer efectivo el principio de legalidad, entendido como el sometimiento de los servidores públicos a los fines y procedimientos que les impone el derecho. Finalmente se ha convertido en una herramienta esencial para la satisfacción del derecho a la verdad de las víctimas de actuaciones arbitrarias y de violaciones de derechos humanos y para garantizar el derecho a la memoria histórica de la sociedad.”(3)

Bajo tales consideraciones, la acción de tutela sí procede en este caso, en lo que respecta al derecho a la información, de cara a la posibilidad de conocer las actuaciones judiciales que adelanta la Dirección Nacional de Derechos de Autor, en virtud del principio de publicidad como una de las manifestaciones que comprende la referida garantía.

Con todo, aun cuando el actor tiene el derecho de acceder a la información pública, el cual se traduce no solo a documentos sino también sistemas de información o datos, como lo pueden ser las notificaciones por estado y el historial de los procesos que las autoridades judiciales acopian en sistemas electrónicos, lo cierto es que, la supuesta amenaza o vulneración de su derecho a la información no se encuentra acreditada.

Lo anterior en tanto que, no se le impidió el acceso al contenido que es de público conocimiento para la comunidad en general, pues en efecto el accionante conoce del proceso judicial que se adelanta.

Adicionalmente, el propósito de este tipo de notificaciones, tal y como se indicó en líneas precedentes, atiende tanto a la comunicación de las partes directamente interesadas, como a la comunidad en general que pretenda ejercer un control ciudadano de las actuaciones judiciales, finalidad que en el caso que plantea el señor Jorge Alfonso Garrido Abad se cumplió, pues se dio a conocer que en dicho la autoridad demandada se adelanta una demanda que se tramita por un proceso verbal sumario, promovida por la organización Sayco y Acinpro.

Asimismo, no puede olvidarse que el examen de los expedientes e información directa con el proceso, solo le compete a las partes, sus apoderados y los dependientes autorizados por estos de manera general o por escrito, entre otros. Los abogados inscritos que no tengan la calidad de apoderados de las partes podrán acceder al expediente, siempre que se haya notificado a la parte demandada, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 123 del Código General del Proceso.(4)

De otro lado, el actor en este caso no probó que en efecto haya hecho una solicitud en ejercicio de su derecho a la información y se la hayan negado, pues si bien la entidad demandada indicó que el señor Jorge Alonso Garrido viene presentando una serie de peticiones en relación con las facultades jurisdiccionales que ésta goza, no se aclaró el alcance de tales solicitudes ni el contenido de las mismas por parte del accionante.

3.2. Del acceso a la administración de justicia.

Como quedó claro el reparo del actor se dirige a la omisión de publicar el nombre de la parte demandada en las notificaciones por estado que realiza la entidad, pese a que este requisito es un mandato legal que consagra el artículo 295 del Código General del Proceso(5) —independientemente de la etapa procesal que se trate, incluso antes de la admisión—, y bajo ese argumento alega el desconocimiento de su derecho a la información —que acaba de estudiarse— y a la acceso a la administración de justicia.

No obstante, debe precisarse que, más allá de la discusión del acceso a la información —sin que se acreditara su desconocimiento por las razones antes expuestas— la notificación por estado del auto que inadmite la demanda y de aquel que resuelve la solicitud de medidas cautelares, es un acto de comunicación que se dirige única y exclusivamente al demandante.

De modo que, frente al argumento del accionante según el cual la mencionada omisión “resulta parcializada porque es claro que al omitir la constancia del nombre del demandado dentro de un proceso verbal sumario que promueve la Organización Sayco Acinpro, dentro de ese Despacho judicial, tiene como propósito que ninguno se entere completamente de esa actuación”, debe aclararse que no le asiste razón alguna por cuanto, al demandado se le notificará personalmente de la demanda una vez se surta la admisión de la misma y se decida sobre las medidas cautelares, de modo que no puede afirmarse que lo que se pretende es que no se comunique la actuación. En todo caso, este sería un punto que le compete alegar única y exclusivamente a los directamente interesados.

Así las cosas, respecto a la irregularidad que alega el demandante y la eventual afectación al debido proceso que ésta pueda conllevar, encuentra la Sala que el accionante no está legitimado en la causa para manifestarla, pues se reitera, este es un asunto que le compete invocar a las partes directamente afectadas o con algún interés particular en el asunto, sin que en el caso que nos ocupa se demuestre que el actor es parte de la actuación que surte ante la entidad demandada.

Visto así el asunto, la Sala considera que la autoridad judicial demandada no desconoce el derecho a la información del accionante, toda vez que, ésta no le negó al actor el acceso a los sistemas de información de la Subdirección de Asuntos Jurisdiccionales, pues la actuación judicial efectivamente se notificó por estado indicándose del proceso de que se trata, cumpliéndose con el principio de publicidad, tanto así que el actor conoce del proceso que se adelanta y, en todo caso, cualquier información adicional sobre dicho expediente, podrá examinarla el actor —si es abogado inscrito— una vez notificado personalmente el demandado, de conformidad con el artículo 123 del Código General del Proceso.

En lo que respecta al derecho de acceso a la administración de justicia del accionante, no se encuentra de qué manera este puede ser amenazado o vulnerado por la entidad demandada, pues el mismo se traduce en la potestad de acudir al juez a través de los mecanismos judiciales que para el efecto consagra la ley, sin que en este caso se acredite que el actor es parte en alguna actuación que adelante la entidad o que se le haya impedido ejercer este derecho a través de los recursos que prevé el ordenamiento.

En consecuencia, la sentencia del doce (12) de mayo de dos mil dieciséis (2016) proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, será modificada en el sentido de negar el amparo de los derechos fundamentales requerido por el señor Jorge Alonso Garrido Abad.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

Falla:

1. Modificase el numeral primero de la sentencia del doce (12) de mayo de dos mil dieciséis (2016) proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda que rechazó por improcedente el amparo de tutela, el cual quedará así:

“1. Niégase el amparo del derecho fundamental a la información solicitado por el señor Jorge Alfonso Garrido Abad. Declárase la falta de legitimación en la causa del actor, respecto al derecho de acceso a la administración de justicia”.

2. Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

3. Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, y envíese copia de la misma al Despacho de origen.

Notifíquese y cúmplase

Magistrados: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, presidenta—Rocío Araújo Oñate—Carlos Enrique Moreno Rubio—Alberto Yepes Barreiro.

(1) Corte Constitucional. Sentencia T-691 del dos (2) de septiembre de dos mil diez (2010). M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.

(2) Corte Constitucional. T-686 del treinta y uno (31) de agosto de dos mil siete (2007).

(3) Corte Constitucional. Sentencia T-511 del dieciocho (18) de julio de dos mil diez (2010).

(4) “ART. 123.—Examen de los expedientes. Los expedientes solo podrán ser examinados:

1. Por las partes, sus apoderados y los dependientes autorizados por estos de manera general y por escrito, sin que sea necesario auto que los reconozca, pero solo en relación con los asuntos en que aquellos intervengan.

2. Por los abogados inscritos que no tengan la calidad de apoderados de las partes. Estos podrán examinar el expediente una vez se haya notificado a la parte demandada.

3. Por los auxiliares de la justicia en los casos donde estén actuando, para lo de su cargo.

4. Por los funcionarios públicos en razón de su cargo.

5. Por las personas autorizadas por el juez con fines de docencia o de investigación científica.

6. Por los directores y miembros de consultorio jurídico debidamente acreditados, en los casos donde actúen. Hallándose pendiente alguna notificación que deba hacerse personalmente a una parte o a su apoderado, estos solo podrán examinar el expediente después de surtida la notificación.

(5) Código General del Proceso. Art. 295.—Notificaciones por Estado. Las notificaciones de autos y sentencias que no deban hacerse de otra manera se cumplirán por medio de anotación en estados que elaborará el Secretario. La inserción en el estado se hará al día siguiente a la fecha de la providencia, y en él deberá constar:

1. La determinación de cada proceso por su clase.

2. La indicación de los nombres del demandante y el demandado, o de las personas interesadas en el proceso o diligencia. Si varias personas integran una parte bastará la designación de la primera de ellas añadiendo la expresión “y otros”.

3. La fecha de la providencia.

4. La fecha del estado y la firma del Secretario.

El estado se fijará en un lugar visible de la Secretaría, al comenzar la primera hora hábil del respectivo día, y se desfijará al finalizar la última hora hábil del mismo.

De las notificaciones hechas por estado el Secretario dejará constancia con su firma al pie de la providencia notificada.

De los estados se dejará un duplicado autorizado por el Secretario. Ambos ejemplares se coleccionarán por separado en orden riguroso de fechas para su conservación en el archivo, y uno de ellos podrá ser examinado por las partes o sus apoderados bajo la vigilancia de aquel.