Sentencia 2016-00256 de mayo 5 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera Ponente:

Dra. María Elizabeth García González

Ref.: Expediente 11001-03-15-000-2016-00256-00.

Acción de tutela.

Actores: Jaqueline Elena Salgado Campillo y otros.

Tesis: Se amparan los derechos fundamentales invocados. La sentencia objeto de la acción de tutela adolece de un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto. No es de recibo argumentar la ausencia de material probatorio para demostrar el vínculo de consanguinidad cuando el juez pudo hacer uso de sus facultades oficiosas y requerir el documento echado de menos.

Bogotá, D.C., cinco de mayo de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS «II. Consideraciones de la Sala:

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello, Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la Jurisprudencia, luego de analizar la evolución jurisprudencial de la acción de tutela contra providencias judiciales tanto en la Corte Constitucional como en esta Corporación, concluyó que si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala había sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente núm. AC-10203) han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que a partir de tal pronunciamiento se modificó ese criterio radical y se declaró la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, cuando se esté en presencia de la violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la Sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así:

“Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios —ordinarios y extraordinarios— de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una Ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado[11].

i. Violación directa de la Constitución”.

En el presente caso se advierte que los actores pretenden que se deje sin efecto la sentencia de 24 de septiembre de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba(2), a través del cual se modificó la parte resolutiva del fallo de 5 de noviembre de 2014 emitido por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Montería, que había accedido a las pretensiones de la demanda dentro de la acción de reparación directa radicada bajo el núm. 2012-00017, en el sentido de excluir del reconocimiento del perjuicio moral a todos los que manifestaron ser hermanos y madre del causante, con el argumento de que en el expediente no se demostró el vínculo de consanguinidad invocado en la demanda.

En la sentencia objeto de controversia, el tribunal accionado explicó que no era posible el reconocimiento de los perjuicios morales a quienes aducían ser hermanos y madre del señor Ruber Gustavo Salgado Campillo, fallecido en un accidente de tránsito por el que se declaró responsable extracontractualmente al municipio de Ayapel – Córdoba, ya que no se aportó al proceso copia del registro civil de nacimiento del occiso u otra prueba que permitiera comprobar la existencia del vínculo por el que se reclamaba la reparación.

Frente a dicha decisión, algunos de los excluidos del reconocimiento señalado incoaron la presente acción de tutela con el argumento de que en el escrito de reparación directa se relacionó la prueba echada de menos por el Tribunal Administrativo de Córdoba, por lo tanto éste debió presumir que sí fue aportada al expediente y de no encontrarla, como en efecto sucedió, era necesario que acudiera a sus poderes oficiosos y se la requiriera a la parte demandante, máxime cuando ya se encontraba demostrada la responsabilidad del Municipio accionado en los hechos que suscitaron la muerte de su familiar.

Habida cuenta de que en el presente caso se cumplen los presupuestos generales previstos en la Sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, la Sala precisa lo siguiente:

Analizados los argumentos expuestos en la sentencia de 24 de septiembre de 2015, por medio de la cual se desató el grado jurisdiccional de consulta dentro de la acción de reparación directa radicada bajo el número 2012-00017, la Sala advierte que en dicho pronunciamiento judicial se incurrió en un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, ya que el Tribunal Administrativo de Córdoba omitió hacer uso de su facultad oficiosa para requerir una prueba que no encontró físicamente dentro el expediente a pesar de que había sido relacionada en el acápite de anexos de la demanda y que era absolutamente necesaria para determinar la procedencia del reconocimiento de los perjuicios invocados por algunos de los accionantes.

En efecto, para la Sala no es de recibo que el Tribunal Administrativo de Córdoba se haya excusado en la inobservancia del registro civil de nacimiento del causante dentro del expediente contentivo de la acción de reparación directa objeto de controversia, cuando pudo haber hecho uso de sus poderes oficiosos y requerir a la parte actora o a la Registraduría Nacional del Estado Civil para que allegara dicho documento en aras de constatar el vínculo de consanguinidad alegado por las personas que manifestaban ser hermanos y madre del señor Ruber Gustavo Salgado Campillo.

El despacho judicial accionado explicó que únicamente era posible reconocer los perjuicios solicitados por los hijos y la compañera permanente del causante, pues éstos sí acreditaron dentro del proceso el vínculo de consanguinidad y afinidad que tenían con éste. No obstante, frente a las personas que adujeron ser los hermanos y la madre del señor Ruber Gustavo Salgado Campillo, advirtió que no aportaron material probatorio suficiente que permitiese determinar la veracidad del parentesco invocado, por lo tanto debían ser excluidos del reconocimiento del perjuicio moral al cual había accedido el Juez de primera instancia.

El referido argumento, privilegió los ritualismos procedimentales frente al derecho sustancial que se encontraba en discusión e impidió tomar una decisión ajustada a las realidades fácticas que fundamentaban la demanda, pues es evidente que el vínculo de consanguinidad que el Tribunal Administrativo de Córdoba tuvo por no probado, sí existe, tal y como lo demuestra la copia del registro civil de nacimiento del señor Ruber Gustavo Salgado Campillo, aportada por la parte actora en la presente acción de tutela.

Si el despacho judicial accionado tenía dudas de que las personas que decían ser hermanos y madre del causante en realidad lo fueran, en aras de salvaguardar la justicia material que debe imperar en este tipo de contiendas judiciales, debió solicitar de oficio el registro civil que aclaraba el tema, a fin de compararlo con el material probatorio aportado por aquellos y determinar la existencia del vínculo o parentesco invocado, máxime si de la sola lectura de la demanda se podía determinar que dicho documento ciertamente existía.

Aunado a lo anterior, de los hechos expuestos en la presente acción de tutela es posible inferir que la parte actora nunca tuvo la oportunidad de enterarse que el registro civil de nacimiento del causante no obraba en el proceso sino hasta que se decidió el grado jurisdiccional de consulta. En efecto, al revisar la demanda, en el acápite de anexos claramente se afirmó que se aportaba como prueba el referido documento, por lo tanto los accionantes siempre creyeron que éste sí se encontraba en el expediente. Además, el Juez de primera instancia accedió a las pretensiones de la demanda y reconoció los perjuicios morales a todos y cada uno de los familiares, sin manifestar ausencia de material probatorio alguno.

Si bien la parte actora pudo haberse equivocado y relacionar el documento sin haberlo allegado materialmente, esto no era motivo suficiente para excluir del reconocimiento de los perjuicios morales a las personas que alegaban ser los hermanos y madre del causante, pues como ya se dijo, el Tribunal Administrativo de Córdoba podía acceder a dicho documento con un simple requerimiento oficioso, el cual le hubiera dado luces sobre la legitimación en la causa de todas personas que reclamaban los perjuicios.

Lo señalado en líneas anteriores no implica que el Juez esté en la obligación de requerir la totalidad del material probatorio determinante en un proceso, pues es evidente que la carga procesal para demostrar los fundamentos de hecho y derecho que sustentan una demanda recae en la parte actora. No obstante, cuando el fallador tiene conocimiento de la existencia de una prueba esencial en la búsqueda de la justicia material del proceso, no puede sustentar su decisión en la ausencia de la misma dentro del expediente, sin que previamente agote su poder oficioso y requiera el documento que echa de menos.

Sobre el particular, esta Sala en sentencia reciente sostuvo:

“De la jurisprudencia transcrita, resulta claro que, no obstante el principio general que rige los procesos consiste en que quien alega tiene la obligación de probar lo dicho; también le corresponde al juez, de manera oficiosa, mediante el decreto y práctica de pruebas, buscar “la certeza de los hechos en disputa y el efectivo goce de los derechos sustanciales”, toda vez que con ello se logra i) establecer la verdad; ii) corroborar lo manifestado por las partes, y iii) materializar el principio de la primacía del derecho sustancial sobre las formas y el acceso efectivo a la administración de justicia.

También la jurisprudencia ha dejado claro que, el decreto oficioso de pruebas no compromete la imparcialidad del juez, toda vez que el propósito de esto, no es suplir el actuar de las partes sino que el juez logre obtener, dentro del proceso, la mayor cantidad de elementos de juicio para decidir.

Así, cuando en un proceso exista incertidumbre sobre aspectos que resulten relevantes para la decisión judicial, cuya ocurrencia se pueda inferir razonablemente del acervo probatorio, el juez tiene la obligación de decretar de forma oficiosa, las pruebas que podrían conducir a su demostración.

(...).

En resumen, se entiende que se configura el defecto procedimental por exceso de rigor manifiesto, en materia probatoria, cuando:

— Existiendo asuntos determinantes para tomar la decisión, de los cuales no se tiene certeza o sean oscuros, el juez omita decretar, de oficio, las pruebas necesarias para esclarecerlos.

— Que los asuntos determinantes se puedan inferir, i) “de los hechos narrados por las partes y de los medios de prueba que estas pretendan hacer valer”; ii) “cuando la ley le marque un claro derrotero a seguir”; o iii) “cuando existan fundadas razones para considerar que su inactividad puede apartar su decisión del sendero de la justicia material”.

(...).

El asunto de la legitimación en la causa por activa era determinante para resolver en la sentencia, y si había indicios —contaban con el registro civil dentro del expediente— de que la actora era hermana de la víctima; resultaba pertinente ordenar que tal prueba se arrimara al proceso toda vez que, como bien lo afirman, no puede darse validez a un documento aportado de manera extemporánea.

Sin embargo, lo que se reprocha de los jueces de instancia es que, siendo el registro civil de nacimiento la única prueba aceptada para demostrar el parentesco, y siendo éste un aspecto relevante a determinar dentro del proceso; inclusive sin necesidad de que este hubiera sido aportado, debieron solicitar, de oficio, a la Registraduría Nacional del Estado Civil, remitir en copia auténtica los registros civiles de quienes aparecían como demandantes, para determinar su relación con la víctima.”(3)

En el presente caso, el Tribunal Administrativo de Córdoba excluyó del reconocimiento de los perjuicios morales a algunos de los actores, particularmente, a las personas que manifestaron ser hermanos y madre del causante, con el único argumento de que no aportaron al proceso el documento que demostraba el parentesco invocado, a pesar de que pudo haberlo requerirlo oficiosamente en aras de garantizar la prevalencia del derecho sustancial y la búsqueda de una justicia material, actuar que a todas luces evidencia la ocurrencia de un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto que hace necesaria la intervención excepcional del Juez constitucional para proteger los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, claramente vulnerados con la decisión controvertida en la acción de tutela estudiada.

En ese orden de ideas, se amparan los derechos fundamentales invocados por la parte actora, y como consecuencia de ello, se dejará sin efecto la sentencia de 24 de septiembre de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba dentro del grado jurisdiccional de consulta tramitado en la acción de reparación directa radicada bajo el núm. 2012-00017 y se le ordenará que dentro de los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria de la presente providencia, ejerza su facultad oficiosa para decretar la prueba tendiente a obtener el registro civil de nacimiento del señor Ruber Gustavo Salgado Campillo; y una vez obtenida dicha prueba, proceda a dictar nuevo fallo en el sentido que corresponda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

FALLA:

1. AMPÁRANSE los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia de los actores, de conformidad con lo expuesto en la parte resolutiva de la presente providencia.

2. Como consecuencia de lo anterior, DÉJASE SIN EFECTO la sentencia de 24 de septiembre de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba dentro del grado jurisdiccional de consulta tramitado en la acción de reparación directa radicada bajo el núm. 2012-00017 y ORDÉNASE que dentro de los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria de la presente providencia, ejerza su facultad oficiosa para decretar la prueba tendiente a obtener el registro civil de nacimiento del señor Ruber Gustavo Salgado Campillo; y una vez obtenida dicha prueba, proceda a dictar nuevo fallo en el sentido que corresponda.

3. NOTIFÍQUESE a las partes por el medio más expedito.

4. En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMÍTASE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión y DEVUÉLVASE el original del proceso objeto de la presente acción al Tribunal Administrativo de Córdoba.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala, en la sesión del día 5 de mayo de 2016».

1 La demanda se radicó ante el Tribunal Administrativo de Córdoba, pero éste, mediante auto de 7 de diciembre de 2011, declaró su carencia de competencia en primera instancia por la cuantía de la misma.

2 En virtud del trámite del grado jurisdiccional de consulta.

3 Sentencia de 31 de agosto de 2015. Expediente AC 2015-00397. Actora: Josefina Villaveces Rojas. Magistrado ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés.