Sentencia 2016-00259 de diciembre 1º de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente:

Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés

Rad.: 680012333000 2016 00259 01; 680012333000 2016 00435 00 (acumulado)

Medio de control: Pérdida de investidura

Actor: André Carolina Mosquera y José Vicente Rey

Demandados: Liliana Mendoza Rodríguez, Alirio Pinzón Díaz, Edgar Enrique Gómez Silva, María Consuelo Galvis Calderón, Juan Ángel Triana Hernández, Alfredo Tarazona Matamoros, José Alexander Esparza Martínez, Néstor Alexander Bohórquez Meza, José Fernando Sánchez Carvajal, Andrés Norberto Ardila Pérez, Marcos Olarte Ramírez, Walter David Durán Prada, Juan Carlos Ayala Suarez, Jorge Pinzón Medina, Claudia Cecilia Hernández Villamizar, Guillermo González Palomino, José Nicanor Vera Pedraza, Nelson Darío Espitia Rodríguez y Salvador Molina Saavedra.

Ref.: Violación al régimen de incompatibilidades y del de conflicto de intereses. No se configura la incompatibilidad prevista en el artículo 291 de la Carta Política por cuanto no existió vínculo formal del concejal nombrado como secretario ad hoc con la administración. El parágrafo 2 del artículo 45 de la Ley 136 de 1994 indica que el funcionario público municipal que nombre a un concejal para un empleo o cargo público, incurre en causal de mala conducta, no se erige como causal de pérdida de investidura por no consagrarlo dicho parágrafo. En relación con la violación del conflicto de intereses no se evidencia el interés directo, particular y actual que entra en colisión con el interés público y que lo priva de la imparcialidad requerida para tramitar y decidir un asunto sometido a su conocimiento.

Bogotá, D.C., primero de diciembre de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «2. Consideraciones de la Sala

2.1. Procedibilidad de la acción pérdida de investidura

En el expediente(1), se encuentra copia del formato E-26 CON de la Registraduría Nacional del Estado Civil, mediante la cual se declararon electos los concejales del municipio de Floridablanca (Santander) para el período 2016-2019, de acuerdo con los resultados de las elecciones que se llevaron a cabo el 25 de octubre de 2015, quienes fungen como demandados en este proceso judicial.

Conforme el citado formato, los concejales electos son los siguientes: Guillermo González Palomino, José Nicanor Vera Pedraza, Liliana Mendoza Rodríguez, María Consuelo Galvis Calderón, Néstor Alexander Bohórquez Meza, José Alexander Esparza Martínez, Marcos Olarte Ramírez, Alfredo Tarazona Matamoros, Nelson Darío Espitia Rodríguez, José Fernando Sánchez Carvajal, Edgar Enrique Gómez Silva, Claudia Cecilia Hernández Villamizar, Salvador Molina Saavedra, Alirio Pinzón Díaz, Andrés Norberto Durán Prada, Juan Carlos Ayala Suarez, Juan Ángel Triana Hernández y Jorge Alberto Pinzón Medina.

Adicionalmente, reposa copia del Acta 001 del 2 de enero de 2016, que da cuenta de la sesión inaugural del concejo municipal de Floridablanca (Santander), en la que se dio posesión a los concejales elegidos para el período constitucional 2016-2019(2). Es claro, entonces, que los demandados son sujetos pasivos de la acción de pérdida de investidura.

2.2. La causal de pérdida de investidura alegada por la parte demandante.

El Tribunal Administrativo de Santander consideró que la causal de pérdida de investidura invocada en los procesos acumulados es la “consagrada en el numeral 1 del artículo 48 de la Ley 617 de 2000, relativa a la violación del régimen de incompatibilidades o del régimen de conflicto de intereses y el artículo 291 de la Constitución Política. Y el artículo 45 de la Ley 136 de 1994”.

En su demanda, la ciudadana André Carolina Mosquera considera que los demandados incurrieron en la incompatibilidad prevista en el numeral 1 del artículo 45 de la Ley 136 de 1994, causal de pérdida de investidura por virtud de los artículos 291 de la Constitución Política y del numeral 1 del artículo 48 de la Ley 617 de 2000. Así mismo, señala que los concejales incurrieron en la conducta prevista en el parágrafo del artículo 45 de la Ley 136 de 1994. Las normas mencionadas son del siguiente tenor:

Constitución Política: “(…) ART. 291.—Los miembros de las corporaciones públicas de las entidades territoriales no podrán aceptar cargo alguno en la administración pública, y si lo hicieren perderán su investidura. (…) Los contralores y personeros sólo asistirán a las juntas directivas y consejos de administración que operen en las respectivas entidades territoriales, cuando sean expresamente invitados con fines específicos (…)”.

Ley 136 de 1994: “(…) ART. 45.—Incompatibilidades. Los concejales no podrán: (…) 1. Artículo 3º de la Ley 177 de 1994 derogado por el artículo 96 de la Ley 617 de 2000 (…) Texto modificado por la Ley 177 de 1994: (…) 1. Aceptar o desempeñar cargo alguno en la administración pública ni vincularse como trabajador oficial, so pena de perder la investidura. Tampoco podrán contratar con el respectivo municipio o distrito y sus entidades descentralizadas (…) Texto original de la Ley 136 de 1994: 1. Aceptar o desempeñar cargo alguno en la administración pública, ni vincularse como trabajador oficial o contratista, so pena de perder la investidura. (…)”.

ART. 45.Incompatibilidades. Los concejales no podrán: (…) PAR. 2º—El funcionario público municipal que nombre a un concejal para un empleo o cargo público o celebre con él un contrato o acepte que actúe como gestor en nombre propio o de terceros, en contravención a lo dispuesto en el presente artículo, incurrirá en causal de mala conducta. (…)”

Ley 617 de 2000: “ART. 48.—Pérdida de investidura de diputados, concejales municipales y distritales y de miembros de juntas administradoras locales. Los diputados y concejales municipales y distritales y miembros de juntas administradoras locales perderán su investidura: (…) 1. Por violación del régimen de incompatibilidades o del de conflicto de intereses. No existirá conflicto de intereses cuando se trate de considerar asuntos que afecten al concejal o diputado en igualdad de condiciones a las de la ciudadanía en general. (…)”.

De otro lado, el demandante José Vicente Rey indicó como causales invocadas “(…) las que sustento de conformidad con los artículos 291 inciso 1 y artículo 312 inciso 2 y 4 de la Constitución Política; artículo 45 numeral 1 y artículo 312 inciso 2 y 4 de la Constitución Política; artículo 45 numeral 1 parágrafo 2, artículos 55 #2 y 70 #2 de la Ley 136 de 1994; y 48 #1 de la Ley 617 de 2000, cuya violación se concreta en las razones anteriormente mencionadas”, concretando posteriormente que las causales invocadas corresponden al existencia de un conflicto de intereses y la violación al régimen de incompatibilidades. El contenido de las disposiciones señaladas por el actor son las siguientes:

Constitución Política: “(…) ART. 291.—Los miembros de las corporaciones públicas de las entidades territoriales no podrán aceptar cargo alguno en la administración pública, y si lo hicieren perderán su investidura. (…) Los contralores y personeros sólo asistirán a las juntas directivas y consejos de administración que operen en las respectivas entidades territoriales, cuando sean expresamente invitados con fines específicos (…)”.

“ART. 312.—Modificado por el artículo 5º, Acto Legislativo 1 de 2007. El nuevo texto es el siguiente: En cada municipio habrá una corporación político-administrativa elegida popularmente para períodos de cuatro (4) años que se denominará concejo municipal, integrado por no menos de 7, ni más de 21 miembros según lo determine la ley de acuerdo con la población respectiva. Esta corporación podrá ejercer control político sobre la administración municipal. (…) La ley determinará las calidades, inhabilidades, e incompatibilidades de los concejales y la época de sesiones ordinarias de los concejos. Los concejales no tendrán la calidad de empleados públicos. (…) La ley podrá determinar los casos en que tengan derecho a honorarios por su asistencia a sesiones. (…) Su aceptación de cualquier empleo público constituye falta absoluta.”

Ley 136 de 1994: “(…) artículo 45. INCOMPATIBILIDADES. Los concejales no podrán: (…) 1. Artículo 3 de la Ley 177 de 1994 derogado por el artículo 96 de la Ley 617 de 2000 (…) Texto modificado por la Ley 177 de 1994: (…) 1. Aceptar o desempeñar cargo alguno en la administración pública ni vincularse como trabajador oficial, so pena de perder la investidura. Tampoco podrán contratar con el respectivo municipio o distrito y sus entidades descentralizadas (…) Texto original de la Ley 136 de 1994: 1. Aceptar o desempeñar cargo alguno en la administración pública, ni vincularse como trabajador oficial o contratista, so pena de perder la investidura. (…)”.

ART. 45.Incompatibilidades. Los concejales no podrán: (…) PAR. 2º—El funcionario público municipal que nombre a un concejal para un empleo o cargo público o celebre con él un contrato o acepte que actúe como gestor en nombre propio o de terceros, en contravención a lo dispuesto en el presente artículo, incurrirá en causal de mala conducta. (…)”.

“ART. 55.—Pérdida de la investidura de concejal. Los concejales perderán su investidura por: (…) 2. Por violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades o de conflicto de intereses. (…)”.

“ART. 70.—Conflicto de interés. Cuando para los concejales exista interés directo en la decisión porque le afecte de alguna manera, o a su cónyuge o compañero o compañera permanente, o a alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o primero civil, o a su socio o socios de derecho o de hecho, deberá declararse impedido de participar en los debates o votaciones respectivas. (…) Los concejos llevarán un registro de intereses privados en el cual los concejales consignarán la información relacionada con su actividad económica privada. Dicho registro será de público conocimiento. Cualquier ciudadano que tenga conocimiento de una causal de impedimento de algún concejal, que no se haya comunicado a la respectiva corporación, podrá recusarlo ante ella”.

Ley 617 de 2000: “ART. 48.—Pérdida de investidura de diputados, concejales municipales y distritales y de miembros de juntas administradoras locales. Los diputados y concejales municipales y distritales y miembros de juntas administradoras locales perderán su investidura: (…) 1. Por violación del régimen de incompatibilidades o del de conflicto de intereses. No existirá conflicto de intereses cuando se trate de considerar asuntos que afecten al concejal o diputado en igualdad de condiciones a las de la ciudadanía en general. (…)”.

Cabe indicar, entonces, que las causales de pérdida de investidura alegadas por los demandantes son: (1) la violación del régimen de incompatibilidades de los concejales municipales; y (2) la violación del régimen de conflicto de intereses.

2.3. El problema jurídico.

El Tribunal Administrativo de Santander determinó que eran dos los problemas jurídicos a resolver en el presente proceso judicial, relacionados con la violación del régimen de incompatibilidades, así:

“(…) D. Los problemas jurídicos (…) PJ1. ¿El artículo 291 de la Constitución establece como causal de pérdida de investidura el nombrar a un concejal en un cargo público? (…) Tesis 1: No (…) Fundamento Jurídico 1: Tal y como se analizó en el acápite de esta providencia denominado “Marco Normativo y Jurisprudencial”, esta es una hipótesis no prevista en el artículo 291 constitucional. Lo pretendido por los demandantes se sustenta en una interpretación analógica de la disposición constitucional, que es rechazada por las garantías hermenéuticas que amparan el derecho al sufragio pasivo (…) Reitera el Tribunal que la hipótesis de nombrar, en el caso que tal actividad se hubiere dado, a un concejal en un cargo de la administración pública —Secretario General del Concejo— no se subsume en los supuestos de hecho del artículo 291 de la Constitución Política, y por ende, no se puede predicar la consecuencia que la norma contiene de pérdida de investidura (…) PJ2. ¿Al ejercer un Concejal como Secretario ad hoc de la corporación a la que pertenece transgrede la incompatibilidad del artículo 291 de la Constitución? (…) Tesis: No (…) Fundamento Jurídico: La calidad de “ad hoc, implica, necesariamente, que no se recibe remuneración por su desempeño por lo que no se estructura la doble asignación: La adscrita al empleo de secretario general y los honorarios a que tiene derecho como concejal ; esa calidad “ad hoc” no permite transmutar la naturaleza jurídica de servidor público que comparte el “secretario general”, no estructurándose la acumulación de cargos.

Nótese como la primera instancia no tuvo en cuenta que el demandante José Vicente Rey alegó, igualmente, que los demandados habían violado el régimen de conflicto de intereses. Por esta razón, para la Sala son, entonces, dos los problemas jurídicos que deben resolverse en el presente proceso judicial:

2.3.1. En primer, lugar, se debe indagar si los demandados violaron el régimen de incompatibilidades previsto para los concejales municipales.

En relación con el concejal Juan Ángel Triana Hernández, debe determinarse si su elección como secretario general ad hoc y el ejercicio de las funciones de tal cargo, lo hace incurrir en la incompatibilidad prevista en el artículo 291 de la Carta Política.

Frente a los demás concejales, deberá analizarse si incurren en dicha incompatibilidad por haber nombrado para ejercer un empleo público a un concejal, transgrediendo el parágrafo 2 del artículo 45 de la Ley 136 de 1994.

2.3.2. En segundo lugar, se debe determinar si los demandados incurrieron en la violación del régimen de conflicto de intereses. En relación con el concejal Juan Ángel Triana Hernández, la Sala debe estudiar si incurrió en dicha causal de pérdida de investidura por que la extensión en el ejercicio del cargo de secretario general ad hoc, alegada por el demandante, interfirió las responsabilidades propias del cargo de concejal, permitiéndole actuar, simultáneamente, como concejal y secretario general ad hoc. Frente a los demás concejales, el apelante plantea:

“Incurren en un conflicto de intereses, los restantes concejales de Floridablanca, pues no se opusieron a las innumerables irregularidades que fueron cometiendo desde su posesión, en ningún momento se declararon impedidos ante las manifestaciones irregulares por parte del concejal Triana Hernández, pues resulta que al momento de participar en la toma de decisiones de la plenaria del concejal municipal como concejal durante los días 3 de enero hasta el día 11 de enero de 2016 y a su vez ejerciendo de secretario general ad hoc para la misma línea de tiempo, esa decisión se encontraba viciada y debía ser nulo el voto aportado por el concejal Triana Hernández, y como así lo manifesté, los restantes concejales no se declararon impedidos ante dichos actos del concejal y omitieron proponer la renuncia del cargo de secretario general ad hoc, para que no se viera afectada la decisiones finales en las respectivas sesiones plenarias en que participó el majestuoso secretario general ad hoc, a excepción de dos concejales que así lo manifiestan en la contestación de la demanda, lo que quiere decir y se corrobora, que efectivamente si existieron y se realizaron actos irregulares, como así consta en las actas de la sesión plenaria y así consta en los audios de cada una de la sesiones (sic) plenarias, y resulta que se expresa en el acta 1, y la cosa no para ahí, en las demás sesiones también la embarraron (…)”.

2.4. La violación del régimen de incompatibilidades que se le endilga al demandado. Análisis de la tipicidad de la conducta de los demandados.

Como se indicó anteriormente, los demandantes le endilgaron a los concejales demandados la violación del régimen de incompatibilidades previsto en la Constitución Política y en la ley. Al respecto, el numeral 1 del artículo 48 de la Ley 617 de 2000 contempla como causal de pérdida de investidura, la violación del (…) 1. Por violación del régimen de incompatibilidades (…)”.

La incompatibilidad que se le endilga a los demandados está prevista en el artículo 291 de la Carta Política, que señala claramente que “(…). Los miembros de las corporaciones públicas de las entidades territoriales no podrán aceptar cargo alguno en la administración pública, y si lo hicieren perderán su investidura (…)”.

Adicionalmente, el demandante considera que la incompatibilidad atribuida a los demandados, igualmente, se encuentra prevista en el numeral 1 del artículo 45 de la Ley 136 de 1994(3).

Al respecto cabe señalar, como se indicó en la sentencia de 21 de enero de 2016, “(…) que el numeral 1º del artículo 45 de la Ley 136 de 1994, que consagró las incompatibilidades de los concejales, fue modificada por la Ley 177 de 1994 y, posteriormente, fue derogada por el artículo 96 de la Ley 617 de 2000(4), razón por la que no puede edificarse, con sustento en ella, la causal de pérdida de investidura por violación del régimen de incompatibilidades (…)”(5), sustentándose, entonces, la causal de pérdida de investidura en lo previsto en el citado artículo 291 de la Carta Política.

Descendiendo al caso concreto y en relación con la situación del concejal Juan Ángel Triana Hernández, tenemos que, de acuerdo con el acta 1 de 2016, el concejo municipal de Floridablanca (Santander) realizó su sesión de instalación el día 2 de enero de 2016(6). En dicha sesión se procedió a la designación del secretario general ad hoc, en la siguiente forma:

“(…) TERCERO PUNTO (sic): Designación de Secretario General ad Hoc (sic) hasta que se elija el titular de Este cargo en la corporación para la vigencia 2016 (…) Se abren las postulaciones para Secretario General ad Hoc: (…) El Honorable concejal Jorge Alberto Pinzón Medina, Postula (sic) al Honorable Concejal Juan Ángel Triana (…) El Honorable Concejal Juan Ángel Triana acepta la postulación (…) El Presidente ad Hoc (sic) Honorable Concejal Andrés Norberto Ardila Pérez somete a Consideración (sic) La Postulación al Honorable Concejal Juan Ángel Triana como secretario General (sic) ad hoc, se abre la discusión, avisa que se a cerrar, queda cerrada. (…) Se hace el llamado a lista para Votación Nominal (sic) contestando (…) El Secretario General expresa que la votación arrojó: (…) Votos Positivos: 18 (…) Votos Negativos: 01 (…) El Presidente ad Hoc Honorable Concejal Andrés Norberto Ardila Pérez expresa que fue Aprobada la elección al Honorable Concejal Juan Ángel Triana como secretario General ad hoc (sic) (…)”

Al plenario se aportan diferentes discos en los que se da cuenta de lo sucedido en dicha sesión de instalación(7). Consta en dicho audio, como también puede evidenciarse en el acta 1 de 2016, que se procedió a la “Lectura del fundamento normativo acerca del Secretario General y el Presidente ad Hoc (sic) que fungirán para la sesión de instalación del Concejo Municipal de Floridablanca”, el cual correspondió al artículo 9º del reglamento interno del concejo municipal de Floridablanca (Santander)(8), adoptado en el Acuerdo 10 del 10 de julio de 2013, cuyo contenido es el siguiente:

“(…) ART. 9º—Sesión de instalación: El dos (2) de enero siguiente a la elección de cada período constitucional, a las 3 p.m., se instalará el Concejo Municipal. Para este fin los concejales se reunirán en el recinto del Cabildo. Esta sesión será presidida por el Concejal Electo a quien corresponda el primer lugar por orden alfabético de apellido, si hubiese dos o más concejales cuyo apellido los coloque en igualdad de condiciones, preferirá el orden alfabético en el segundo apellido, si ambos lo tuvieren, o en su defecto en el nombre, según lo establecido en la Ley 136 de 1994. Actuará como secretario provisional hasta que se elija secretario en propiedad, el secretario general del concejo del período inmediatamente anterior si no ha renunciado. En su defecto actuará como Secretario ad hoc un concejal escogido por mayoría de votos entre los concejales que asistieren a la instalación. (…)”.

Probado está, entonces, que el concejal Juan Ángel Triana Hernández fue nombrado como secretario general “ad hoc”, en la sesión inaugural del concejo municipal de Floridablanca (Santander), con sustento en el artículo 9 del Acuerdo 10 del 10 de julio de 2013 contentivo del reglamento interno del concejo de ese municipio.

Para determinar el alcance de esta designación, resulta de la mayor importancia referirse a la Sentencia C-134 de 1999, pues en la misma se analiza la constitucionalidad de disposiciones de la Ley 5 de 1992 en las que se consagraba el nombramiento de secretarios provisionales. Al respecto, la Corte Constitucional resalta:

“Ahora bien, es claro e indudable, que tanto la Constitución como la ley, resultan severas y terminantes en cuanto a las incompatibilidades, especialmente en lo relacionado con el desempeño simultáneo de dos o más cargos públicos, incompatibilidad que es rigurosa respecto de los Congresistas.

De tal manera, que el señalamiento Constitucional y legal de incompatibilidades, implican la consagración de límites y excepciones a la actividad de las personas en virtud del cargo que ejercen. Por ello, si se incurre en ellas, el propio ordenamiento constitucional consagra las sanciones, que en el caso de los congresistas, llevan a la pérdida de su investidura (C.P. art. 183-1).

Ahora bien, en cuanto a los cargos esgrimidos por el actor, en relación con la violación al régimen de incompatibilidades de los congresistas, por desempeñar simultáneamente los cargos de Congresista y Secretario ad hoc, es preciso señalar, que como bien lo establece la disposición legal demandada (L. 5/92, art. 38), los presidentes y secretarios provisionales para la primera sesión del período legislativo del Congreso, cumplirán con la función que se les encomienda, hasta que se realicen las elecciones correspondientes, es decir, esta función se caracteriza por ser fugaz, efímera, transitoria.

En efecto, tal y como lo señala el artículo 46 de la citada ley, ningún miembro del Congreso puede ser designado “en propiedad” como Secretario, lo que significa que el mismo querer del legislador obedece a la necesidad de que alguien desempeñe de manera extraordinaria y excepcional la función de Secretario provisional, con motivo de la sesión inaugural del período del Congreso, y hasta tanto se designen los dignatarios de las respectivas Cámaras, de conformidad con lo dispuesto en la Carta Política y en la ley, razón por la cual, en el mismo sentido, la Ley 5 de 1992, artículo 13, dispone que para la sesión inaugural del período congresal, actuará como Secretario ad hoc, el Congresista designado por el Presidente de la Junta Preparatoria. 

Y es que, la facultad constitucional que se le asigna al legislador para establecer causales de incompatibilidad debe tener su norte en criterios de razonabilidad y proporcionalidad. En ningún momento, estima la Corte, se pretende que esta doble función sea permanente, por cuanto riñe con la lógica, que un Congresista pueda ejercer adecuada y eficazmente las funciones administrativas que implica el cargo de secretario general, de una corporación de semejante importancia y dimensión, con las funciones que para la realización de los postulados de la democracia le son propias. 

Por tanto, ha de concluirse, que el señalamiento razonable de las incompatibilidades, constituye pieza fundamental para el logro de los fines del Estado; y, en ese orden de ideas, la función de Secretario ad hoc de las cámaras legislativas, no tiene otra finalidad, que la de contribuir al apropiado y oportuno funcionamiento del órgano legislativo, lo que descarta, por completo, la inexequibilidad de las normas demandadas, pues no se quebranta con ellas ninguno de los preceptos de la Carta.

Por las razones expuestas, la Corte Constitucional, declarara ajustadas a la Constitución Política las expresiones impugnadas de los artículos 38 y 46 de la Ley 5 de 1992”.

Aplicando el antecedente jurisprudencial al presente asunto, la Sala entiende que el nombramiento realizado al concejal Triana Hernández tiene un carácter precario en la medida en que el secretario ad hoc cumple con una función fugaz, efímera y transitoria, que se circunscribe a la sesión de instalación del concejo municipal y mientras se realiza la elección del secretario en propiedad.

La precariedad de la designación implica, entonces, que no existe una vinculación formal con el concejo municipal, lo cual puede evidenciarse en el hecho consistente en que el concejal Triana Hernández (…) NO generó emolumentos laborales o pago alguno sobre el desempeño como secretario AD HOC, de la corporación (…), conforme a la certificación que para el efecto expidió el secretario general del concejo municipal, Fredy Julián Gómez Pedroza, y el profesional universitario con funciones de pagador, Jovan Bonerges Márquez B., con fecha 6 de abril de 2016(9).

Ahora bien, no debe perderse de vista que el artículo 37 de la Ley 136 de 1994 indica que es deber de los concejos municipales elegir “(…) un secretario para un período de un año, reelegible a criterio de la corporación y su primera elección se realizará en el primer período legal respectivo (…)”, el cual, de acuerdo con el artículo 35 de la Ley 136 de 1994(10), debe ser elegido, como los demás funcionarios cuya elección le competa al concejo municipal, “(…) en los primeros diez días del mes de enero correspondiente a la iniciación de sus períodos constitucionales, previo señalamiento de fecha con tres días de anticipación (…)”.

El cumplimiento de ese deber legal de elegir un secretario general “en propiedad”, sufrió tropiezos que son detallados en la Resolución 33 del 29 de febrero de 2016, “(…) Por medio de la cual se realiza la elección para proveer cargo; en el marco de la convocatoria pública para la elección del secretario general del Concejo de Floridablanca. (S). (…)”, así:

“(…) 3. Que el día 8 de enero de 2016 a las 2:25 p.m. llegó correspondencia al Concejo Municipal de Floridablanca, referente a un oficio del Juzgado Décimo Penal Municipal con Función de Control de Garantías, el cual informa la decisión judicial de suspender el proceso de selección y elección del Secretario General del Concejo Municipal de Floridablanca, así:

Juzgado: Décimo Penal Municipal con Función de Control de Garantías

Proceso: Tutela

Demandante: Ednny Yurany Villamizar Neira

Demandado: Mesa Directiva del Concejo Municipal de Floridablanca

Radicado: 2016-00002-00

“(…) 2. Medida provisional. El despacho considera pertinente, en desarrollo del artículo 86 de la Carta Política y de conformidad con lo consagrado en el artículo 7º del Decreto 2591/91, ordenar a la mesa directiva del Concejo Municipal de Floridablancay/o quienes hagan sus veces—, que de manera inmediata a la notificación del presente auto, suspendan el proceso de selección y elección del secretario general del Concejo de Floridablanca, hasta tanto se decida de fondo lo pertinente dentro de la presente acción constitucional. Lo anterior, a efectos de evitar un perjuicio irremediable en los derechos fundamentales de la parte accionante al debido proceso, publicidad, igualdad, mérito y transparencia, invocados. Notifíquese y cúmplase, Ángela Castellanos Barajas. Juez”.

4. Que el día 9 de enero de 2016, la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Floridablanca, profirió la Resolución 6 de 2016 por medio de la cual en aparte resolutivo cuarto decidió acatar y dar cumplimiento a lo ordenado en auto del 7 de enero de 2016, por el Juzgado Décimo Penal Municipal con Función de Control de Garantías, dentro del trámite de Acción de Tutela de Radicado 2016 – 00002 – 00, referente a la suspensión del proceso de selección y elección de Secretario General del Concejo de Floridablanca.

5. Que el día 21 de enero de 2016; el juzgado décimo penal municipal con funciones de control de garantías profirió fallo dentro del proceso con radicado 68001.40.88.010.2016.00002.00 y ordenó: “(…) expidan otro acto administrativo que adicione y modifique la resolución 03 del 4 de enero de 2016, en donde se reglamente la convocatoria pública para la elección del Secretario General del Concejo de Floridablanca para el año 2016, estableciéndose un cronograma que otorgue no menos de tres (03) días hábiles contados a partir del día siguiente de su publicación, para cada una de las etapas de dicha convocatoria (…)”.

6. Que en consecuencia, la mesa directiva del Concejo Municipal de Floridablanca, a través de sus concejales integrantes, y/o quienes hagan sus veces, en observación al fallo judicial antes señalado, mediante acto administrativo motivado procede a dar cumplimiento al siguiente cronograma:

1. Publicación de convocatoria27, 28 y 29 de enero de 2016
2. Inscripción de candidatos;1, 2 y 3 de febrero de 2016
3. Verificación de estudios y experiencia4, 5 y 8 de febrero de 2016
4. Publicación preliminar de admitidos9, 10 y 11 de febrero de 2016
5. Presentación de reclamos contra la lista de admitidos12, 15 y 16 de febrero de 2016
6. Respuesta a los reclamos contra la lista de admitidos17, 18 y 19 de febrero de 2016
7. Publicación de la lista final de aspirantes22, 23 y 24 de febrero de 2016
8. Elección del secretario del Concejo de Floridablanca25, 26 y 29 de febrero de 2016

7. Que el día 22 de febrero la mesa directiva del Concejo Municipal profiere acto administrativo por medio de la Resolución 30 de 2016 “Por medio de la cual se publica la lista definitiva de admitidos en el marco de la convocatoria pública para la elección del Secretario General del Concejo de Floridablanca”.

8. Que la resolución antes mencionada no fue impugnada (…)”.

Teniendo en cuenta que la designación del concejal Triana Hernández como secretario general ad hoc nunca implicó una vinculación formal con el concejo municipal como secretario general de este órgano, no puede considerarse que la realización por parte de ese servidor público de actos propios del secretario general del concejo municipal de Floridablanca (Santander), con posterioridad a la sesión de la instalación del concejo municipal como los señalados por los demandantes, implique que el demandado hubiere ostentado, formalmente, la condición de secretario general. Es necesario advertir que no le corresponde a la Sala evaluar en esta oportunidad si dichos actos son o no ilegales, pues no es ese el objeto de esta acción.

Quiere decir lo anterior, que el hecho de que hubiere fungido como secretario general en las sesiones ordinarias del concejo realizadas los días 3 de enero de 2016 (Acta 2), 4 de enero de 2016 (Acta 3), 5 de enero de 2016 (Acta 4), 6 de enero de 2016 (Acta 5). 7 de enero de 2016 (Acta 6), 8 de enero de 2016 (Acta 7), 9 de enero de 2016 (Acta 8), 10 de enero de 2016 (Acta 9) y 11 de enero de 2016 (Acta 10)(11); y que, en dicha condición, hubiere elaborado estudios de conveniencia y oportunidad para la contratación de profesionales del derecho, fungido como supervisor de contratos y suscrito actas de inicio de labores de contratistas(12), no lo convierten en secretario general, en propiedad, de la citada corporación.

Lo anterior, por cuanto para tener al señor Triana Hernández, en propiedad, como secretario general del concejo municipal, una vez surtida la sesión de instalación del concejo municipal de Floridablanca (Santander), ha debido ser nuevamente elegido en tal condición y haber tomado posesión del cargo, lo cual no ocurrió. Al respecto la jurisprudencia del Consejo de Estado(13) ha señalado lo siguiente:

“(…) Al respecto, esta Subsección mediante sentencia de 13 de febrero de 2014(14), manifestó:

“(…) Un empleado público es la persona nombrada para ejercer un empleo y que ha tomado posesión del mismo. Los elementos que deben concurrir para que se admita que una persona desempeña un empleo público y pueda obtener los derechos que de ellos se derivan, son, en principio, la existencia del empleo en la planta de personal de la entidad, la determinación de las funciones propias del cargo y la existencia de la provisión de los recursos en el presupuesto para el pago de la labor (C.P. art. 122).

Entonces, para que una persona natural desempeñe un empleo público se requiere que su ingreso se realice por medio de una designación válida, nombramiento o elección según el caso, seguida de la posesión para poder ejercer las funciones del empleo. Es decir que la persona nombrada y posesionada es la que se encuentra investida de las facultades, cumple con sus obligaciones y presta el servicio correspondiente (…)”. (…)”.

La Sala encuentra, entonces, que en el presente caso el concejal Triana Hernández podría haber fungido como un funcionario de hecho, fenómeno que ha sido descrito por la jurisprudencia de esta corporación(15), en la siguiente forma:

“(…) La jurisprudencia de esta corporación ha señalado,(16) que esta forma anormal de vinculación con el Estado puede estructurarse en dos momentos, a saber:

“(…) a) En los periodos de normalidad institucional pueden surgir funcionarios de hecho. Se da esta situación cuando media título que habilita para el ejercicio de la función pública pero por causas anteriores o supervivientes resulta inválido o deja de surtir efectos. Esto ocurre en hipótesis muy variadas: designación de una persona que no reunía las condiciones legales exigidas, por lo cual más tarde es revocada; funcionario que posteriormente a su designación se inhabilita para el ejercicio del cargo y que, no obstante, continúa ejerciéndolo, o que permanece en funciones luego de vencido el término de su mandato, etc.

b) En épocas de anormalidad institucional, producida por guerras, revoluciones, grandes calamidades, etc., (…) es frecuente que asuman el ejercicio de funciones públicas quienes no tienen título legal alguno. A veces son personas de buena voluntad que, frente a la desaparición de las autoridades constituidas, toman a su cargo ciertas funciones públicas (…)”

Ahora bien, para que la figura del funcionario de hecho se configure en el período de normalidad institucional, es necesario que se cumplan ciertos requisitos, tal como lo manifestó esta corporación en sentencia del 9 de junio de 2011(17), así:

“(…) En consecuencia los requisitos esenciales para que se configure el funcionario de hecho en los períodos de normalidad institucional son, que exista de jure el cargo, que la función ejercida irregularmente, se haga en la misma forma y apariencia como la hubiera desempeñado una persona designada regularmente.

(…).

En conclusión, para que se configure la existencia de una relación de hecho es necesario que el cargo esté creado de conformidad con las normas legales y la función sea ejercida irregularmente, pero, también puede darse cuando un empleado ejerce funciones públicas con la anuencia y permiso de las autoridades encargadas de controlar e impedir esta clase de situaciones que permiten el ejercicio irregular de una investidura, por circunstancias de facto, no previstas en la ley, pero que, en todo caso, debe ser objeto de protección a través del principio de la realidad frente a las formas previsto en el artículo 53 Constitucional. Además, de que el cargo debió haberse ejercido en la misma forma y apariencia como si lo hubiese desempeñado un empleado designado regularmente (…)”(18) (se resalta)

Es decir, que para que un particular ostente la calidad de funcionario de hecho deben concurrir los siguientes requisitos: (i) que exista el empleo dentro de la planta de personal de la entidad; (ii) que las funciones sean ejercidas irregularmente y; (iii) que además de ello las cumpla del mismo modo como lo haría un funcionario público.

También puede predicarse la existencia del funcionario de hecho cuando la persona ejerza funciones públicas con la anuencia y permiso de las autoridades encargadas de controlar e impedir esta clase de situaciones(19).

Cabe aclarar que cuando la Subsección señala que las funciones deben ser ejercidas de manera irregular, se refiere a que la persona que las cumple no se vinculó al servicio público con el lleno de los requisitos para que surja la vinculación legal y reglamentaria, esto es, no existe ni nombramiento o elección según el tipo de cargo, ni tampoco la posesión o tales requisitos, pese a que existieron, ya no están vigentes”.

Como se puede observar, en el presente caso se dan los presupuestos expuestos por la jurisprudencia del Consejo de Estado para que se entienda que el demandado ostentó la calidad de funcionario de hecho en el período comprendido entre la finalización de la sesión de instalación del concejo municipal (ene. 2/2016) hasta el 11 de enero de 2016.

En primer lugar, la Resolución 40 del 22 de junio de 2015, “Por el cual se ajusta el Manual específico de funciones y competencias laborales para los empleos de la planta de personal del Concejo Municipal de Floridablanca”, da cuenta de la existencia del empleo de “(…) Nivel Jerárquico: Directivo (…) Secretario de despacho (Secretario General del Concejo) (…) Código: (…) 020 (…) Grado: (…) 03 (…)”, por lo que es claro que el empleo existe dentro de la planta de personal.

En segundo lugar, como se indicó, el concejal Triana Hernández, una vez concluida la sesión de instalación del concejo, ejerció funciones del cargo de secretario general de la corporación en las sesiones ordinarias del concejo realizadas los días 3 de enero de 2016 (Acta 2), 4 de enero de 2016 (Acta 3), 5 de enero de 2016 (Acta 4), 6 de enero de 2016 (Acta 5). 7 de enero de 2016 (Acta 6), 8 de enero de 2016 (Acta 7), 9 de enero de 2016 (Acta 8), 10 de enero de 2016 (Acta 9) y 11 de enero de 2016 (Acta 10)(20), las cuales se encuentran descritas en los numerales 7(21), 18(22) y 19(23) de la citada Resolución 40 del 22 de junio de 2015, “Por el cual se ajusta el Manual específico de funciones y competencias laborales para los empleos de la planta de personal del Concejo Municipal de Floridablanca”, e igualmente, elaboró estudios de conveniencia y oportunidad para la contratación de profesionales del derecho, fue supervisor de contratos por designación del presidente del concejo municipal y suscribió actas de inicio de labores de contratistas(24).

En tercer lugar, todas esas funciones se desarrollaron en forma irregular hasta el día 11 de enero de 2016, fecha en la que el concejo municipal, en la sesión desarrollada ese día (Acta 10) aceptó la renuncia del concejal, lo cual es corroborado por la Resolución 9 de enero 12 de 2016(25), en la medida en que la designación como secretario ad hoc se agotó, como se ha indicado, en la sesión de instalación del concejo realizada el 2 de enero de 2016.

Adicionalmente, cabe advertir que las autoridades encargadas de controlar e impedir esta clase de situaciones, esto es, los concejales del municipio de Floridablanca (Santander), permitieron el ejercicio de dichas funciones, como puede constatarse de las mencionadas actas de las sesiones días 3 de enero de 2016 (Acta 2), 4 de enero de 2016 (Acta 3), 5 de enero de 2016 (Acta 4), 6 de enero de 2016 (Acta 5). 7 de enero de 2016 (Acta 6), 8 de enero de 2016 (Acta 7), 9 de enero de 2016 (Acta 8), 10 de enero de 2016 (Acta 9) y 11 de enero de 2016 (Acta 10)(26) y de la designación que hiciera el presidente del concejo municipal, concejal Alfredo Tarazona Matamoros, al concejal Triana Hernández como supervisor de un contrato de prestación de servicios(27).

La Sala constata, entonces, que el concejal Juan Ángel Triana Hernández no estuvo vinculado formalmente a la administración pública y, por ello, no se configuró la incompatibilidad prevista en el artículo 291 de la Constitución Política y mucho menos la causal de pérdida de investidura prevista en el numeral 1 del artículo 48 de la Ley 617 de 2000, al no acreditarse la violación del régimen de incompatibilidades previsto para los concejales municipales.

En relación con los demás concejales demandados, resulta claro que la interpretación de las disposiciones de carácter legal que ameritan la imposición de la sanción de pérdida de investidura no puede realizarse en forma extensiva ni analógica. Al respecto ha indicado la Sala que:

“Las inhabilidades cuya violación da lugar a la pérdida de investidura conforme a lo señalado en el artículo 55 de la Ley 136 de 1994, son pues aquellas circunstancias creadas por la Constitución o la ley que impiden o imposibilitan que una persona sea elegida, o designada para un cargo público y, en ciertos casos, impiden que la persona que ya viene vinculada al servicio público continúe en él.

Por tratarse de una restricción al derecho a elegir y ser elegido, tanto las inhabilidades como las incompatibilidades y las causales de pérdida de investidura deben ser taxativas y no admiten interpretaciones extensivas o analógicas por plausibles que estas sean(28)

En efecto, el artículo 291 de la Carta Política señala claramente que incurre en la causal de pérdida de investidura el miembro de una corporación de un ente territorial que acepte cargo alguno en la administración pública, situación que no se les cuestiona a los restantes concejales de Floridablanca (Santander). El cuestionamiento a la conducta de estos concejales radica en el hecho de haber nombrado como secretario ad hoc a un concejal, lo cual, de acuerdo a los demandantes, transgrede el parágrafo 2 del artículo 45 de la Ley 136 de 1994.

Dicha disposición indica que el funcionario público municipal que nombre a un concejal para un empleo o cargo público, incurre en causal de mala conducta, pero no se erige como causal de pérdida de investidura por no consagrarlo dicho parágrafo.

Así atendiendo que ni las inhabilidades, ni las incompatibilidades, ni las causales de pérdida de investidura admiten interpretaciones extensivas o analógicas por plausibles que estas sean, es claro que no se configura causal de pérdida de investidura alguna en relación con los concejales Liliana Mendoza Rodríguez, Alirio Pinzón Díaz, Edgar Enrique Gómez Silva, María Consuelo Galvis Calderón, Alfredo Tarazona Matamoros, José Alexander Esparza Martínez, Néstor Alexander Bohórquez Meza, José Fernando Sánchez Carvajal, Andrés Norberto Ardila Pérez, Marcos Olarte Ramírez, Walter David Durán Prada, Juan Carlos Ayala Suarez, Jorge Pinzón Medina, Claudia Cecilia Hernández Villamizar, Guillermo González Palomino, José Nicanor Vera Pedraza y Nelson Darío Espitia Rodríguez.

2.5. La violación del régimen de conflicto de intereses que se le endilga a los demandados. Análisis de la tipicidad de la conducta de los demandados.

El Tribunal Administrativo de Santander se abstuvo de pronunciarse en relación con los argumentos del demandante consistentes en que existió la violación del régimen de conflicto de intereses.

En su recurso de apelación el demandante reitera que el concejal Triana Hernández violó el régimen de conflicto de intereses en atención a que la extensión en el ejercicio de las funciones de secretario general ad hoc luego de la sesión de instalación del concejo municipal interfirió el ejercicio de las responsabilidades propias del cargo de concejal.

Así mismo, el apelante entiende que se configura dicha causal de pérdida de investidura en la medida en que:

“(…) hizo parte de las decisiones como concejal emitiendo su voto para aprobación de las diferentes proposiciones, y acuerdos expedidos por esa corporación, y a su vez interviene como secretario general AD HOC en cada una de las sesiones y que en ningún momento se apartó del cargo para que sus decisiones como concejal no estuviesen viciadas o comprometidas al mismo tiempo que estaba ejerciendo como secretario general AD HOC (…)”.

Adicionalmente, encuentra que los restantes concejales incurrieron en dicha causal de pérdida de investidura pues:

“(…) no se opusieron a las innumerables irregularidades que fueron cometiendo desde su posesión, en ningún momento se declararon impedidos ante las manifestaciones irregulares por parte del concejal Triana Hernández, pues resulta que al momento de participar en la toma de decisiones de la plenaria del concejo municipal como concejal Triana Hernández, pues resulta que al momento de participar en la toma de decisiones de la plenaria del concejo municipal como concejal durante los días 3 de enero hasta el día 11 de enero de 2016 y a su vez ejerciendo de secretario general ad hoc para la misma línea de tiempo, esa decisión se encontraba viciada y debía ser nulo el voto aportado por el concejal Triana Hernández, y como así lo manifesté, los restantes concejales no se declararon impedidos ante dichos actos del concejal y omitieron proponer la renuncia del cargo de secretario general ad hoc, para que no se viera afectada la decisiones finales en las respectivas sesiones Plenarias en que participó el majestuoso secretario general ad hoc, a excepción de dos concejales que así lo manifiestan en la contestación de la demanda, lo que quiere decir y se corrobora, que efectivamente si existieron y se realizaron actos irregulares, como así consta en las actas de la sesión plenaria y así consta en los audios de cada una de las sesiones plenarias, y resulta que los apoderados solo se centraron en lo que se expresa en el acta 001, y la cosa no para ahí, en las demás sesiones también la embarraron (…)”(29).

Frente al alcance y elementos que permite la configuración de la violación del régimen de conflicto de intereses como causal de pérdida de investidura, esta Sala ha resaltado:

“(…) De los anteriores pronunciamientos se tiene que el conflicto de intereses se presenta cuando entran en colisión el interés público y el interés privado del congresista, de modo que lo priva de la imparcialidad necesaria para tramitar y decidir un asunto sometido a su conocimiento. Se refiere a situaciones de carácter particular, estrictamente personales en las que tiene interés el congresista, las cuales implican un aprovechamiento personal de la investidura(30).

Así, para que se configure el conflicto de intereses como causal de pérdida de investidura deben presentarse las siguientes condiciones o supuestos:

i) Que exista un interés directo, particular y actual: moral o económico.

ii) Que el congresista no manifieste su impedimento a pesar de que exista un interés directo en la decisión que se ha de tomar.

iii) Que el congresista no haya sido separado del asunto mediante recusación.

iv) Que el congresista haya participado en los debates y/o haya votado.

v) Que la participación del congresista se haya producido en relación con el trámite de leyes o de cualquier otro asunto sometido a su conocimiento.

En cuanto al interés directo, particular y actual: moral o económico, como primer elemento constitutivo de la causal alegada, la Sala Plena de esta corporación explicó en un pronunciamiento(31), que el interés debe ser entendido como “una razón subjetiva que toma decisiones con la ecuanimidad, la ponderación y el desinterés que la norma moral y la norma legal exigen”(32) y como “el provecho, conveniencia o utilidad que, atendidas sus circunstancias, derivarían el congresista a los suyos de la decisión que pudiera tomarse en el asunto”(33).

Asimismo, la Sala Plena precisó que “el conflicto de intereses afecta la posibilidad de participar en toda clase de actuaciones y decisiones donde, en principio, debería actuar el congresista, es decir, que está inhibido para participar en el trámite de los asuntos sometidos a su consideración. Esto significa que no puede intervenir en la deliberación ni en la votación de proyectos de ley, de actuaciones judiciales, ni en la adopción de otras decisiones judiciales, electorales o políticas, siempre que lo afecten”(34). (…)”.

Descendiendo al caso concreto y frente al concejal Juan Ángel Triana Hernández, el demandante no señala cuál sería ese interés directo, particular y actual que entra en colisión con el interés público y que lo priva de la imparcialidad requerida para tramitar y decidir un asunto sometido a su conocimiento.

De manera general, el demandante se limita a afirmar que existe conflicto de intereses porque el demandado se desempeñó como concejal y como secretario general ad hoc, a lo que agregó que en las sesiones del concejo municipal, emitía su voto como concejal y actuaba, simultáneamente, como como secretario general ad hoc. Como se observa, entonces, no hay evidencia del primer elemento para la configuración de la causal de pérdida de investidura.

Igual situación ocurre para el caso de los demás concejales demandados. El demandante se concentra en manifestar que aquellos no se declararon impedidos para adoptar las decisiones durante los días en que el concejal Triana Hernández fungió como secretario ad hoc, señalando que en dichas sesiones se realizaron actos irregulares.

La argumentación del apelante yerra en la determinación del asunto que es sometido a conocimiento de los concejales y cuál es el interés directo, particular y actual de cada uno de ellos que pueda nublar su imparcialidad.

Conforme a lo anterior, en la conducta desplegada por los concejales demandados no se encuentran los elementos que permitan configurar la causal de pérdida de investidura por violación del régimen de conflicto de intereses, siendo por ello atípica, la conducta que se les endilga.

Esta Sala, entonces, evidencia que los hechos y la conducta de los demandados no pueden configurar las causales de pérdida de investidura que se les atribuye y, en consecuencia, se impone la confirmación de la sentencia de primera instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFIRMAR la sentencia del 1º de junio de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda de pérdida de investidura presentada en contra de los concejales de Floridablanca (Santander), para el período 2016-2019, Guillermo González Palomino, José Nicanor Vera Pedraza, Liliana Mendoza Rodríguez, María Consuelo Galvis Calderón, Néstor Alexander Bohórquez Meza, José Alexander Esparza Martínez, Marcos Olarte Ramírez, Alfredo Tarazona Matamoros, Nelson Darío Espitia Rodríguez, José Fernando Sánchez Carvajal, Edgar Enrique Gómez Silva, Claudia Cecilia Hernández Villamizar, Alirio Pinzón Díaz, Andrés Norberto Durán Prada, Juan Carlos Ayala Suarez, Juan Ángel Triana Hernández y Jorge Alberto Pinzón Medina.

2. En firme esta providencia, remítase el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase».

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha».

Magistrados: Roberto Augusto Serrato Valdés, presidente—María Elizabeth García González—Guillermo Vargas Ayala.

1 folios 14-73, cuaderno principal 1 y folios 537-551, Cuaderno principal 2, expediente 2016-00259 y folios 34-48, Cuaderno principal 1, expediente 2016-00435.

2 Expediente 2016-00259: cuaderno principal 1: folios 114-139, folios169-204 y folios 305-357. Cuaderno principal 2: folios 552-577, folios 691-716, folios 979-1004 y folios 1072-1097. / Expediente 2016-00435: cuaderno principal 1: folios 103-128 y folios 655-680. Cuaderno principal 2: folios 789-814.

3 Ley 136 de 1994: “(…) ART. 45.—Incompatibilidades. Los concejales no podrán: (…) 1. “Artículo 3º de la Ley 177 de 1994 derogado por el artículo 96 de la Ley 617 de 2000” (…) Texto modificado por la Ley 177 de 1994: (…) 1. Aceptar o desempeñar cargo alguno en la administración pública ni vincularse como trabajador oficial, so pena de perder la investidura. Tampoco podrán contratar con el respectivo municipio o distrito y sus entidades descentralizadas (…) Texto original de la Ley 136 de 1994: 1. Aceptar o desempeñar cargo alguno en la administración pública, ni vincularse como trabajador oficial o contratista, so pena de perder la investidura. (…)”.

4 ART. 96.—Vigencia y derogatorias. La presente ley rige a partir de su promulgación y deroga los artículos: 17 de la Ley 3 de 1991; parágrafo 3 del artículo 11 de la Ley 87 de 1993; el segundo inciso del parágrafo del artículo 97 de la Ley 99 de 1993; 57 de la Ley 101 de 1993; 96 y 106 del Decreto 1421 de 1993; la Ley 166 de 1994; artículos 1º, 3º, 5º, 6º, 8º y 11 de la Ley 177 de 1994; el artículo 68 de la Ley 181 de 1995; 53 de la Ley 190 de 1995; los artículos 7o., 11, 12 y 13 de la Ley 330 de 1996; 23 de la Ley 397 de 1997y las demás disposiciones que le sean contrarias. Se deroga lo establecido en el numeral 4o. del artículo 95de la Ley 136 de 1994 y la expresión "quienes dentro de los seis meses anteriores a la fecha de la elección hayan sido empleados públicos o trabajadores oficiales, ni" del numeral 5o. del artículo 44 de la Ley 200 de 1995.

5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, Bogotá, D.C., veintiuno (21) de enero de dos mil dieciséis (2016), Rad. 13001-23-33-000-2014-00333-01(PI), Actor: Julio Rafael Viana Anillo, Demandado: Ricardo Luis Jaspe Lentino – Concejal del Municipio de San Jacinto – Bolívar.

6 Expediente 2016-00259: cuaderno principal 1: folios 114-139, folios169-204 y folios 305-357. Cuaderno principal 2: folios 552-577, folios 691-716, folios 979-1004 y folios 1072-1097. / Expediente 2016-00435: cuaderno principal 1: folios 103-128 y folios 655-680. Cuaderno principal 2: folios 789-814.

7 Folio 113 del Cuaderno principal 1, expediente 2016-00259. Este disco se tuvo como prueba conforme el artículo primero del auto de 13 de mayo de 2016.
Folio 33 del Cuaderno principal 1, expediente 2016-00435. Este disco se tuvo como prueba conforme el artículo primero del auto de 13 de mayo de 2016.

8 Expediente 2016-00259: cuaderno principal 1: folios 206-254, folios 276-304 y folios 383-435. Cuaderno principal 2: folios 478-526, folios 622-669, folios 917-964, folios 1020-1063, / Expediente 2016-00435: cuaderno principal 1: folios 54-102 y folios 593-641. Cuaderno principal 2: folios 724-772.

9 Expediente 2016-00259: cuaderno principal 1: folio 168, Cuaderno principal 2: folio 685 y 1005.

10 ART. 35.—Elección de funcionarios. Los concejos se instalarán y elegirán a los funcionarios de su competencia en los primeros diez días del mes de enero correspondiente a la iniciación de sus períodos constitucionales, previo señalamiento de fecha con tres días de anticipación. En los casos de faltas absolutas, la elección podrá hacerse en cualquier período de sesiones ordinarias o extraordinarias que para el efecto convoque el alcalde.
Siempre que se haga una elección después de haberse iniciado un período, se entiende hecha sólo para el resto del período en curso. Declarado exequible parcialmente Sentencia C-107 de 1995 Corte Constitucional.

11 Expediente 2016-00259: cuaderno principal 2: folios 691-893. Expediente 2016-00435: cuaderno principal 1: folios 103-295.

12 Expediente 2016-00435: cuaderno principal 1: folios 397-416, 454-

13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, C.P. William Hernandez Gómez, Bogotá, D.C., cinco (5) de mayo de dos mil dieciséis (2016). Rad. 85001-23-31-000-2012-00032-02(2119-14), Actor: Luis Alberto Arias, Demandado: Departamento de Casanare, Ref.: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho - Decreto 1 de 1984

14 C.P. Luis Rafael Vergara Quintero. Número interno: 1943-12. Actor: Bertulio de Jesús Pavas Patiño, demandado: Municipio de la Ceja del Tambo – Antioquia.

15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, C.P. William Hernández Gómez, Bogotá, D.C., cinco (5) de mayo de dos mil dieciséis (2016).Rad. 85001-23-31-000-2012-00032-02(2119-14), Actor: Luis Alberto Arias, Demandado: Departamento de Casanare, Referencia Acción de nulidad y restablecimiento del derecho - Decreto 1 de 1984.

16 Sentencia del 15 de mayo de 2013. Consejero Ponente: Gerardo Arenas Monsalve. Número interno 1363-2012. Actor: Hurtado de Jesús Monsalve Martínez. Demandado: Metrosalud ESE.

17 C.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez. Número interno: 1457 de 2008. Actor: Ruth Dorys Rodríguez Naranjo. Demandado: Municipio de Támara - Casanare.

18 Sentencia de junio 9 de 2011, C.P. Bertha Lucia Ramirez de Páez, Rad. 85001-23-31-000-2005-00571-01(1457-08).
Véase también la sentencia del 15 de mayo de 2013, C.P. Gerardo Arenas Monsalve, número interno: 1363-12. Actor: Hurtado de Jesús Monsalve Martínez.

19 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Sub Sección A. C.P. Luis Rafael Vergara Quintero. Bogotá, D.C., 13 de febrero de 2014. Rad. 05001-23-31-000-2003-01050-01(1943-12). Actor: Bertulio de Jesús Pavas Patiño.

20 Expediente 2016-00259: cuaderno principal 2: folios 691-893. Expediente 2016-00435: cuaderno principal 1: folios 103-295.

21 Garantizar la elaboración de las actas de las sesiones y su diligenciamiento por el funcionario competente, así como certificar la fidelidad de su contenido.

22 Certificar los resultados de las votaciones que se realicen durante las sesiones o al interior de las reuniones de la Mesa Directiva del Concejo Municipal.

23 Registrar y Certificar la asistencia de los concejales a las sesiones plenarias

24 Expediente 2016-00435: cuaderno principal 1: folios 397-416.

25 Expediente 2016-00259: cuaderno principal 2: folios 676-679. La citada Resolución señala: “(…) 7. El día 11 de enero de 2016, el Concejal Juan Ángel Triana Hernández presentó a la plenaria del Concejo Municipal de Floridablanca la renuncia al cargo de Secretario General Ad hoc (ad honorem). La plenaria del Concejo Municipal de Floridablanca, aceptó por mayoría la renuncia. (…) 8. En dicha sesión plenaria se dejó constancia, que de acuerdo al artículo 23 del reglamento interno del Concejo, las ausencias temporales del Secretario General serán suplidas por la secretaría ejecutiva o en su defecto por un funcionario del concejo que decida la Mesa Directa de los empleados de la corporación. Así mismo, se mencionó que la Secretaria Ejecutiva se encuentra actualmente en vacaciones, razón por la cual se debe suplir la ausencia temporal con un funcionario del Concejo (…)”.

26 Expediente 2016-00259: cuaderno principal 2: folios 691-893. Expediente 2016-00435: cuaderno principal 1: folios 103-295.

27 Expediente 2016-00435: cuaderno principal 1: folio 402.

28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, Bogotá, D.C., 13 de febrero de 2014, Rad. 05001-23-31-000-2012-00280-01(PI), Actor: Haicer Racero Bay, Demandado: José Ángel Agudelo Franco, Albeiro de Jesús Rivera Montoya, Martha Oliva Calderon, Gustavo Esteban Aguilar Hernández y Jesús Osvilio Zuluaga Ríos, Referencia: Apelación Sentencia – Pérdida de investidura.

29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Maria Claudia Rojas Lasso, Bogotá, D.C., 2 de junio de 2016, Rad. 66001-23-33-000-2015-00177-01(PI), Actor: Daniel Silva Orrego y Carlos Alfredo Crosthwaite Ferro, Demandado: Álvaro Escobar Gonzalez, ref.: Pérdida de investidura de concejal.

30 Sentencia de 27 de agosto de 2002. Expediente PI-043. Actor: Daniel Alfonso Reyes Fernández.

31 Sentencia de 27 de julio de 2010, Actor: Cesar Sierra Avellaneda, M.P. Mauricio fajardo Gómez.

32 Sentencia AC-3300 de 19 de marzo de 1996, M.P. Joaquín Barreto Ruiz.

33 Sentencia de 17 de octubre de 2000, Expediente: AC-1116, M.P. Mario Alario Méndez.

34 Sentencia de 12 de abril de 2012, Expediente: 2010-1325, M.P. Enrique Gil Botero.