Sentencia 2016-00361 de julio 13 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Exp. 66001233300020160036101

Consejero Ponente:

Dr. Hernando Sánchez Sánchez

Pérdida de investidura de diputado – Risaralda.

Actor: Guelmer Augusto Ruiz Martínez

Demandado: Juan Carlos Rivera Peña

Tema: No se encuentra acreditada la causal de pérdida de investidura por violación al régimen de incompatibilidades del diputado demandado prevista en el numeral 1º del artículo 48 de la Ley 617 de 6 de octubre de 2000(1), por haberse inscrito como candidato a la Cámara de Representantes por el Departamento de Risaralda siendo diputado del mismo departamento, de conformidad con lo previsto en el numeral 4º del artículo 44 de la Ley 200 de 2 de julio de 1995(2) y en el numeral 1º del artículo 34 de la Ley 617.

Bogotá D.C., trece de julio de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «2. Consideraciones de la Sala

2.1. Competencia y procedibilidad de la acción de pérdida de investidura

Esta Sección es competente para conocer de la apelación de las sentencias proferidas en procesos de pérdida de investidura de diputados: por una parte, en virtud del artículo 48, parágrafo 2º, de la Ley 617 de 2000, que establece la segunda instancia para tales procesos y, por la otra, atendiendo el pronunciamiento de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de 25 de enero de 1995(9), según el cual las impugnaciones contra las sentencias de pérdida de investidura, proferidas por los Tribunales Administrativos, son de conocimiento de la Sección Primera del Consejo de Estado.

En el expediente(10) se encuentra copia del formato E-26 CON de la Registraduría Nacional del Estado Civil, mediante el cual se declaran electos los diputados a la Asamblea Departamental de Risaralda, para el período 2012-2015, de acuerdo con los resultados de las elecciones que se llevaron a cabo el 30 de octubre de 2011, dentro de los que se encuentra el ciudadano Juan Carlos Rivera Peña, lo cual lo hace sujeto pasivo de la acción de pérdida de investidura.

2.2. El problema jurídico

Corresponde a la Sala establecer si el demandado, Juan Carlos Rivera Peña, incurrió en la causal de pérdida de investidura consistente en la violación al régimen de incompatibilidades previsto para los diputados, establecida en el numeral 1º del artículo 48 de la Ley 617, toda vez que, en concepto del demandante, incurrió en las conductas descritas en el artículo 44 (numeral 4º) de la Ley 200 y en los artículos 34 (numeral 1º) y 36 de la Ley 617, al haber sido elegido Representante a la Cámara durante el mismo periodo constitucional para el cual fue elegido diputado y por haber aceptado dicho cargo sin haber transcurrido seis (6) meses a partir de la aceptación de la renuncia al cargo de diputado.

De manera que, la parte recurrente insiste en solicitar la aplicación del precedente jurisprudencial fijado por la Sección Quinta del Consejo de Estado mediante sentencia de 27 de septiembre de 2016(11), mediante la cual se advirtió que si bien es cierto el elegido tiene derecho a renunciar a un cargo que ha obtenido por mandato popular, ese mismo mandato le impone que, mientras dure el periodo para el cual fue electo, no puede buscar el favor del electorado para acceder a otros cargos de mayor jerarquía en la estructura estatal.

2.3. La causal de pérdida de investidura alegada por la parte demandante

Conforme al recurso de apelación presentado por la parte demandante, se alega que el demandado incurrió en la causal de pérdida de investidura prevista en el numeral 1º del artículo 48 de la Ley 617 de 2000, esto es, la violación del régimen de incompatibilidades, que al tenor señala:

“[…] ART. 48.—Pérdida de investidura de diputados, concejales municipales y distritales y de miembros de juntas administradoras locales. Los diputados y concejales municipales y distritales y miembros de juntas administradoras locales perderán su investidura:

1. Por violación del régimen de incompatibilidades o del de conflicto de intereses. No existirá conflicto de intereses cuando se trate de considerar asuntos que afecten al concejal o diputado en igualdad de condiciones a las de la ciudadanía en general […]”.

Las incompatibilidades en las que presuntamente incurrió el demandado, conforme lo expresado por el demandante, son las señaladas en los artículos 44 (numeral 4º) de la Ley 200 y 34 (numeral 1º) de la Ley 617, en concordancia con el artículo 36 ibídem que al tenor establecen:

LEY 200 DE 1995

“[…] ART. 44.—Otras incompatibilidades.

[…]

4. Nadie podrá ser elegido para más de una Corporación o cargo público, ni para una Corporación o un cargo, si los respectivos períodos coinciden en el tiempo, así sea parcialmente.

LEY 617 DE 2000

“[…] ART. 34.—De las incompatibilidades de los diputados. Los diputados no podrán:

1. Aceptar o desempeñar cargo como empleado oficial; ni vincularse como contratista con el respectivo departamento […].

“ART. 36.—Duración. Las incompatibilidades de los diputados tendrán vigencia durante el período constitucional para el cual fueron elegidos. En caso de renuncia se mantendrán durante los seis (6) meses siguientes a su aceptación, si el lapso que faltare para el vencimiento del periodo fuere superior.

Quien fuere llamado a ocupar el cargo de diputado, quedará sometido al mismo régimen de incompatibilidades a partir de su posesión […]”.

2.4. Análisis del problema jurídico y del caso concreto

La Sala considera que, antes de llevar a cabo el análisis del problema jurídico y de caso concreto, procederá a valorar las pruebas allegadas al proceso.

2.4.1. Las pruebas que obran en el plenario

En el expediente reposan las siguientes pruebas documentales:

— Copia del Acta 1 de 2 de enero de 2012 de la Asamblea Departamental de Risaralda, en la que consta que el señor Juan Carlos Rivera Peña tomó posesión del cargo de Diputado de la Asamblea Departamental de Risaralda (folio 66 y siguientes, cuaderno principal).

— Copia de la renuncia presentada por el señor Juan Carlos Rivera Peña el 29 de noviembre de 2013, al cargo de Diputado de la Asamblea Departamental de Risaralda, a partir del 1º de diciembre del mismo año (folio 74, cuaderno principal).

— Copia de la Resolución 135 de 2 de diciembre de 2013, mediante la cual la Mesa Directiva de la Asamblea Departamental de Risaralda acepta la renuncia presentada por el señor Juan Carlos Rivera Peña al cargo de Diputado de la Asamblea Departamental de Risaralda, a partir del 1º de diciembre del mismo año (folio 74A, cuaderno principal).

— Copia del Acta 71 de 30 de noviembre de 2013 de la Asamblea Departamental de Risaralda, en la que se pone en conocimiento de los Diputados la aceptación de la renuncia presentada por el señor Juan Carlos Rivera Peña (folio 75 y siguientes, cuaderno principal).

— Copia de la Resolución 1444 de 15 de febrero de 2013 de la Registraduría Nacional del Estado Civil, por la cual se establece el calendario Electoral para las elecciones de Congreso de la República y Parlamento Andino, que se realizarán el 9 de marzo de 2014 (folio 86 y siguientes, cuaderno principal).

— Copia del formato E-26 CON de la Registraduría Nacional del Estado Civil, mediante el cual se declaran electos los Representantes de la Cámara Departamental de Risaralda, por el periodo constitucional 2014-2018, dentro los cuales se encuentra el señor Juan Carlos Rivera Peña (folio 162, cuaderno principal).

— Gaceta del Congreso de la República Nº 416 de 14 de agosto de 2014, en la cual reposa el Acta de la sesión del Congreso en Pleno del 20 de julio de 2014, fecha en la cual tomaron posesión los Congresistas elegidos para el periodo constitucional 2014-2018 (folio 91 y siguientes, cuaderno principal).

2.4.2. Análisis de la presunta incompatibilidad en que incurrió el diputado demandado descrita en el numeral 4º del artículo 44 de la Ley 200

La parte demandante manifiesta que el diputado demandado violó el régimen de incompatibilidades descrito en el numeral 4º del artículo 44 de la Ley 200, por haberse posesionado como Representante a la Cámara por el Departamento de Risaralda, dentro del mismo periodo constitucional para el cual fue elegido Diputado de la Asamblea Departamental de Risaralda.

En efecto, el numeral 4º del artículo 44 de la Ley 200 establece como una de las incompatibilidades de los diputados: “[…] Nadie podrá ser elegido para más de una Corporación o cargo público, ni para una corporación o un cargo, si los respectivos períodos coinciden en el tiempo, así sea parcialmente […]”.

Para la Sala este cargo no tiene vocación de prosperar, por las siguientes consideraciones:

En primer lugar, es pertinente poner de presente que para la fecha de ocurrencia de los hechos por los cuales se promueve la solicitud de pérdida de investidura contra el Diputado Juan Carlos Rivera Peña, esto es, el 30 de octubre de 2011 (fecha de la elección), no se encontraba vigente la Ley 200, pues esta norma fue derogada por la Ley 734(12).

En este orden, aunque la Ley 200 preveía en la disposición atrás transcrita una incompatibilidad para los diputados, es claro que dicha norma no resulta aplicable al caso sub lite por no encontrarse vigente al momento de los hechos que sustentan la solicitud de pérdida de investidura del diputado aquí demandado.

En segundo lugar, cabe advertir que el artículo 34 de la Ley 617 es la norma que establece los supuestos jurídicos constitutivos de las incompatibilidades aplicable a los diputados, cuya configuración dan lugar a la causal de pérdida de investidura de estos servidores públicos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1º del artículo 48 ibídem.

Esta Sección(13) ha precisado que una misma conducta puede ser causal para adelantar una acción disciplinaria, una pérdida de investidura y aún una acción penal, pero son objeto de procesos independientes, que la autoridad competente debe examinar de conformidad con las normas que gobiernan la respectiva acción. De ahí que las consecuencias de la prosperidad de cada una de estas acciones sean diferentes. En esa oportunidad, la Sección sostuvo lo siguiente:

“[…] Ahora bien, la acción disciplinaria es independiente de la acción de pérdida de investidura, siendo la primera de carácter administrativo y la otra de naturaleza jurisdiccional, lo cual ha reiterado en diferentes fallos, como lo expresa el del 22 de abril de 2004, referencia 2002-09494-01, C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, que dice: “La jurisprudencia de la Corte Constitucional y la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado han puesto de presente la autonomía de la acción de pérdida de la investidura frente a las demás acciones que puedan originarse por los hechos que se encuadren en las causales previstas para ella, de modo que en lo concerniente a la acción disciplinaria conserva esa autonomía, más cuando esta se da en sede administrativa y por ende no hace tránsito a cosa juzgada, mientras que aquella es de carácter jurisdiccional y su decisión produce efecto de cosa juzgada (…)”. Una misma conducta puede ser causal para adelantar una acción disciplinaria, una pérdida de investidura y aún una acción penal pero son objeto de procesos independientes, que la autoridad competente debe examinar de conformidad con las normas que gobiernan la respectiva acción. Las consecuencias de la prosperidad de cada una de estas acciones son diferentes y en el presente caso es la pérdida de la investidura […]”.

En ese sentido, la Sala mediante sentencia de 23 de junio de 2017(14) sostuvo que la Constitución de 1991 al establecer la institución de pérdida de investidura no consideró la infracción a las normas disciplinarias como causal que diera lugar a dicha sanción, así como tampoco fue el propósito del legislador prever que las faltas disciplinarias, en que pudieran incurrir los miembros de corporaciones públicas, tuvieran como consecuencia la pérdida de su investidura. Así sostuvo la Sala:

“[…] Así mismo, al revisar los antecedentes de la Ley 734, se advierte que no fue propósito del legislador prever que las faltas disciplinarias gravísimas en que incurrieran los miembros de corporaciones públicas tuvieran como consecuencia la pérdida de su investidura. Conforme aparece en el texto del proyecto de ley número 19 de 2000 Senado (artículo 43)(15) y número 129 Cámara (artículo 44)(16), las sanciones disciplinarias a las que estarían sometidos los servidores públicos serían las siguientes: destitución e inhabilidad general, suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial, suspensión, multa, y amonestación escrita, atendiendo cada una de ellas a la gravedad de la falta disciplinaria cometida, siendo la sanción de destitución e inhabilidad general la aplicable tratándose de faltas gravísimas. En las ponencias para primero y segundo debate en Senado(17) y Cámara(18), así como en la Conciliación en Plenaria(19), no se hace ninguna modificación a ese proyecto que esté dirigida a incluir la pérdida de investidura como sanción por la comisión de faltas gravísimas.

De otro lado, el artículo 33 de la Ley 617, que contiene el régimen de inhabilidades de los diputados, no dispone en ninguno de sus numerales en forma expresa que no podrá ser inscrito ni elegido en ese cargo de elección popular quien haya cometido una falta disciplinaria. Los antecedentes legislativos de esta norma dan cuenta igualmente que el legislador no consideró incluir en la ley tal circunstancia como causal de pérdida de investidura de los disputados de las asambleas departamentales, según se puede apreciar en el Acta de Plenaria 7 del 29 de agosto de 2000, relativa a la conciliación de los proyectos de ley 46 de 1999 Cámara y 199 de 1999 Senado(20).

Así mismo, para ahondar razones, es pertinente anotar que al establecerse en la Constitución Política la institución de la pérdida de investidura de los Congresistas (actual artículo 183 de la Constitución Política), el constituyente no consideró la infracción a las normas disciplinarias como causal que diera lugar a dicha sanción.

En el informe de la ponencia sobre el Estatuto del Congresista presentado ante la Comisión Tercera de la Asamblea Nacional Constituyente por los constituyentes Alfonso Palacio Rudas, Hernando Yepes Arcila, Álvaro Echeverri Uruburu, Antonio Galán Sarmiento, Arturo Mejía Borda, Roisembrer Pabón Pabón y Luis Guillermo Nieto Roa(21), en el que, entre otros temas, se incluye la pérdida de investidura, se propusieron solamente como causales que daban lugar a ella las siguientes: la violación del régimen de incompatibilidades, inhabilidades y conflictos de intereses; la inasistencia en un mismo periodo de sesiones a seis (6) reuniones plenarias en las que se voten proyectos de actos legislativos o de ley o mociones de censura a los ministros; y no posesionarse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la instalación de la cámara respectiva o de la fecha en que fueren llamados a ocupar el cargo (art. 7º)(22). Dentro de las inhabilidades, no se incluyó norma alguna que considerara como tal la comisión de faltas disciplinarias de ninguna clase (artículos 1º a 3º).

En las sesiones de la Plenaria de la Asamblea Nacional Constituyente(23), se incluyeron con posterioridad como causales de pérdida de investidura de los Congresistas, además, la indebida destinación de dineros públicos y el tráfico de influencias debidamente comprobado. En estos debates tampoco se hizo mención a la comisión de faltas disciplinarias como causal de pérdida de investidura.

Por ende, es evidente que carece de sustento jurídico la causal de pérdida de investidura que se aduce contra los demandados […]”.

Conforme lo anterior, no hay lugar a decretar la pérdida de investidura del Diputado demandado por violación al régimen de incompatibilidades descrito en el numeral 4º del artículo 44 de la Ley 200, dado que al momento de ocurrencia de los hechos del caso sub lite, dicha norma no se encontraba vigente; además, las incompatibilidades de los diputados que configuran la causal de pérdida de investidura establecida en el numeral 1º del artículo 48 de la Ley 617 se encuentran descritas, entre otras, en el artículo 34 ibídem. Las incompatibilidades descritas en la norma disciplinaria dan lugar a una sanción disciplinaria pero no constituyen causal de pérdida de investidura para los diputados.

2.4.3. Análisis de los elementos descritos en la incompatibilidad descrita en el numeral 2º del artículo 34 de la Ley 617, en concordancia con el artículo 36 ibídem

En términos del actor, el diputado demandado incurrió en la violación del numeral 1º del artículo 34 de la Ley 617, en concordancia con el artículo 36 ibídem, por haber aceptado el cargo de Congresista, sin que hubiera transcurrido seis (6) meses a partir de aceptación de la renuncia al cargo de Diputado de la Asamblea Departamental de Risaralda.

El tenor de los artículos 34 (numeral 1º) y 36 de la Ley 617 es el siguiente:

“[…] ART. 34.—De las incompatibilidades de los diputados. Los diputados no podrán:

1. Aceptar o desempeñar cargo como empleado oficial; ni vincularse como contratista con el respectivo departamento. […]”

“[…] ART. 36. Duración.—Las incompatibilidades de los diputados tendrán vigencia durante el período constitucional para el cual fueron elegidos. En caso de renuncia se mantendrán durante los seis (6) meses siguientes a su aceptación, si el lapso que faltare para el vencimiento del periodo fuere superior.

Quien fuere llamado a ocupar el cargo de diputado, quedará sometido al mismo régimen de incompatibilidades a partir de su posesión […]”.

Los elementos de la incompatibilidad alegada son los siguientes:

i) Tener la condición de diputado;

ii) Simultáneamente al cargo de diputado, aceptar o desempeñar cargo como empleado oficial o vincularse como contratista con el respectivo departamento.

Adicional a lo anterior, debe analizarse el elemento temporal de la incompatibilidad alegada comoquiera que el diputado demandado renunció al cargo antes de su terminación del periodo constitucional.

i) El primer elemento de las causal, esto es, la calidad de diputado, se encuentra probado a través de la copia del formato E-26 CON de la Registraduría Nacional del Estado Civil(24), mediante el cual se declaran electos los Diputados a la Asamblea Departamental de Risaralda, para el período 2012-2015, de acuerdo con los resultados de las elecciones que se llevaron a cabo el 30 de octubre de 2011, dentro de los que se encuentra el ciudadano Juan Carlos Rivera Peña.

ii) Respecto del segundo elemento, esto es, simultáneamente al cargo de diputado, aceptar o desempeñar cargo como empleado oficial en el respectivo departamento, conviene precisar que, conforme lo ha expuesto la Corte Constitucional, las incompatibilidades implican lo siguiente:

“[…] una prohibición dirigida al titular de una función pública a quien, por ese hecho, se le impide ocuparse de ciertas actividades o ejercer, simultáneamente, las competencias propias de la función que desempeña y las correspondientes a otros cargos o empleos, en guarda del interés superior que puede verse afectado por una indebida acumulación de funciones o por la confluencia de intereses poco conciliables y capaces, en todo caso, de afectar la imparcialidad y la independencia que deben guiar las actuaciones de quien ejerce la autoridad en nombre del Estado(25)[…]”(26) (subrayado fuera de texto).

El señalamiento de conductas que no pueden realizarse simultáneamente con las competencias propias del cargo de diputado plantea una tensión entre los principios que deben orientar la acción administrativa y derechos constitucionales como el derecho a la igualdad, el derecho al trabajo, a la libertad de escoger profesión y oficio, el derecho a elegir y ser elegido y el derecho de acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, lo cual ha llevado a señalar que “[…] por la índole excepcional de las inhabilidades e incompatibilidades, las normas que las contemplan deben ser interpretadas y aplicadas con un criterio restrictivo y, por ende, con exclusión de un criterio extensivo […]”(27).

Las pruebas allegadas al expediente demuestran que: i) el señor Juan Carlos Rivera Peña ejerció el cargo de Diputado de la Asamblea Departamental de Risaralda y, posteriormente, fue elegido como congresista, y, ii) que los períodos constitucionales del cargo de Diputado (2012-2015) y de Representante a la Cámara (2014-2018), por disposición constitucional, coinciden parcialmente en el tiempo específicamente entre el 20 de julio de 2014 y el 31 de diciembre de 2015.

También está probado que el demandado presentó renuncia al cargo de diputado el 29 de noviembre de 2013, acto que “[…] ha sido concebido por la ley y la jurisprudencia como la expresión de la voluntad de quien la suscribe, de cesar en el ejercicio del empleo que se viene desempeñando […]”(28), y que dicha renuncia fue aceptada por la Asamblea Departamental de Risaralda en sesión del 2 de diciembre de 2013, a partir del 1º de diciembre del mismo año.

De conformidad con lo previsto en el artículo 36 de la Ley 617, la incompatibilidad se mantiene durante los seis (6) meses siguientes a la aceptación de la renuncia, si el lapso que faltare para el vencimiento del periodo constitucional fuere superior.

Así las cosas, como la aceptación de la renuncia presentada por el entonces Diputado Juan Carlos Rivera Peña, por parte de la Asamblea Departamental de Risaralda, se llevó a cabo el 2 de diciembre de 2012 y el periodo constitucional como diputado terminaba el 31 de diciembre de 2015, el término de la incompatibilidad se extendía seis (6) meses más a partir del 2 de diciembre de 2015, es decir, hasta el 2 de junio de 2013, sin que el señor Rivera Peña hubiera aceptado o desempeñado cargo como empleado oficial, razón suficiente para desvirtuar la materialización de la causal de incompatibilidad endilgada al demandado.

2.4.4. Aplicación del precedente jurisprudencial del Consejo de Estado contenido en la sentencia de 27 de septiembre de 2016(29) 

Según criterio del actor, es procedente aplicar al caso concreto la sentencia de 7 de junio de 2016(30), proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante la cual se advirtió que si bien es cierto el elegido tiene derecho a renunciar a un cargo que ha obtenido por mandato popular, ese mismo mandato le impone que, mientras dure el periodo para el cual fue electo, no puede buscar el favor del electorado para acceder a otros cargos de mayor jerarquía en la estructura estatal.

En ese sentido, afirma que el señor Juan Carlos Rivera Peña no podía anteponer su interés personal al cumplimiento del mandato popular que, se repite, tiene entre sus elementos, el espacio temporal en que aquel se debió desarrollar, que para el caso que aquí nos ocupa, lo fue entre el 1º de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2015, como Diputado de la Asamblea Departamental de Risaralda.

Por precedente se ha entendido, por regla general(31), aquella sentencia o conjunto de sentencias que presentan similitudes con un caso nuevo objeto de escrutinio en materia de (i) patrones fácticos y (ii) problemas jurídicos, y en las que en su ratio decidendi se ha fijado una regla para resolver la controversia, que sirve también para solucionar el nuevo caso.

La Corte Constitucional mediante Sentencia SU 424 de 11 de agosto de 2016(32) fijó los parámetros que permiten determinar si en un caso es aplicable o no un precedente. Dicha corporación sostuvo lo siguiente:

“[…] Esta corporación fijó los parámetros que permiten determinar si en un caso es aplicable o no un precedente. Así la Sentencia T-292 de 2006, estableció que deben verificarse los siguientes criterios: i) que en la ratio decidendi de la sentencia anterior se encuentre una regla jurisprudencial aplicable al caso a resolver; ii) que esta ratio resuelva un problema jurídico semejante al propuesto en el nuevo caso y iii) que los hechos del caso sean equiparables a los resueltos anteriormente. De no comprobarse la presencia de estos tres elementos esenciales, no es posible establecer que un conjunto de sentencias anteriores constituye precedente aplicable al caso concreto, por lo cual al juez no le es exigible dar aplicación al mismo […]”.

De lo anterior, se tiene que para aplicar al caso particular un procedente es necesario verificar la procedencia de los siguientes criterios: i) que en la ratio decidendi de la sentencia anterior se encuentre una regla jurisprudencial aplicable al caso a resolver; ii) que esta ratio resuelva un problema jurídico semejante al propuesto en el nuevo caso y, iii) que los hechos del caso sean equiparables a los resueltos anteriormente.

La sentencia de unificación proferida por la Sección Quinta de esta corporación el 27 de septiembre de 2016(33), precisó el alcance de la prohibición contenida en el numeral 7º de los artículos 31 y 38 y 39 de la Ley 617 para gobernadores y alcaldes así: la prohibición para el candidato electo (gobernador y alcalde) consiste en presentarse a otro cargo de elección popular durante el lapso que el Constituyente definió para el ejercicio de dicha dignidad, debe entenderse por todo el período constitucional y no solo por el término que material y efectivamente el cargo se ejerza. Así dispuso esa Sección:

“[…] La Sala debe preguntarse si se halla vigente el entendimiento de la jurisprudencia actual en relación con el extremo temporal inicial de la prohibición contenida en los artículos 31.7 y 32 y.7 y 39 de la Ley 617 de 2000. Corresponde a la Sala determinar hacia el futuro si el hecho de que la persona elegida como alcalde o gobernador, presente renuncia antes del vencimiento del período para el cual fue elegido, válidamente puede enervar tal prohibición. Lo anterior, en tanto que el numeral 7º de los artículo 31 y 38 no hace mención a la renuncia y los artículos 32 y 39, lo hacen, pero únicamente para las inhabilidades de los numeral 1º y 4º del artículo 31 y 38 , no para la del numeral 7º, que es el que nos ocupa. Corresponde a la Sección determinar si se puede admitir que, tratándose de un cargo sometido a período, como es el caso de los de elección popular, específicamente los de alcalde y gobernador, la renuncia pueda admitirse como una circunstancia válida para que se entienda modificado el extremo temporal inicial que fijó el legislador en los artículos 31.7. 32, 38.7 y 39 de la Ley 617 de 2000 (…) La Corte Constitucional, en referencia a la forma en la que debe entenderse la expresión “período” precisó que “es el lapso que la Constitución o la ley contemplan para el desempeño de cierta función pública”. Así las cosas, ha de entenderse que el significado de la locución “período” que emplea el numeral 7º del artículo 38 de la Ley 617 de 2000, tratándose del ejercicio de un cargo, es el lapso o tiempo que ha definido el Constituyente o el legislador para la permanencia o ejercicio de aquel. Es un ingrediente, si se quiere, de tipo normativo, pues ha sido el ordenamiento jurídico el que expresamente le ha dado alcance específico. Es decir, se trata de un vocablo que tiene un contenido normativo concreto tratándose del ejercicio de cargos públicos, en tanto se relaciona con el espacio temporal en que el titular del mismo puede ejercer determinada dignidad o función. Desde esta perspectiva, debe aceptarse, sin ambages, que todo período lleva ínsita su determinación, en tanto este no puede ser indeterminado: es un lapso específico, que no puede dejarse librado a la voluntad o decisión del titular del cargo (…) Bajo esta interpretación normativa, en apoyo con la gramatical, una primera conclusión a la que puede arribar la Sala, es que el numeral 7º de los artículos 31 y 38 de la Ley 617 de 2000 solo puede entenderse así: la prohibición para el candidato electo consiste en presentarse a otro cargo de elección popular durante el lapso que el Constituyente definió para el ejercicio de dicha dignidad, es decir, por todo el período constitucional, y no solo por el término que material y efectivamente el cargo se ejerza, ello se impone del elemento normativo de la descripción típica de la prohibición. Entonces, quien ha sido electo y declarado alcalde o gobernador, tiene prohibido durante los 4 años que fijó la norma constitucional como período del jefe de la administración territorial —artículos 303 y 314 Superiores—, inscribirse a otro cargo de elección popular. Y, terminado dicho lapso, los artículos 32 y 39 de la misma normativa, imponen un tiempo adicional en el que la persona electa debe abstenerse de poner su nombre a consideración del electorado. Ahora bien, incluso si se utilizan los otros métodos de interpretación tales como el sistemático o el finalístico, ellos nos conducirían a la misma conclusión: la prohibición en comento se extiende por todo el período constitucional, independientemente de que medie o no renuncia al cargo […]”.

Eso significa que, la Sección Quinta de esta corporación fijó una regla jurisprudencial relacionada únicamente con el contenido normativo descrito en el numeral 7º de los artículos 31 y 38 y 39 de la Ley 617, en cuanto tiene que ver con las incompatibilidades de los gobernadores y alcaldes. En efecto, en la parte resolutiva de dicha sentencia se dispuso:

“[…] Falla UNIFICAR JURISPRUDENCIA en los términos del artículo 270 del CPACA, en relación con: (i) la definición del extremo temporal inicial de la incompatibilidad prevista, para alcaldes y gobernadores, en los artículos 31.7 y 32 y.7 y 39 de la Ley 617 de 2000, […]”.

Por lo anterior, la Sala considera que no es procedente aplicar al caso sub lite la sentencia de unificación proferida por la Sección Quinta de esta corporación, dado que si bien en ella se fijó una regla jurisprudencial, dicha regla se estableció únicamente para la interpretación de los artículos 31.7, 38.7 y 39 de la Ley 617, norma que contiene supuestos fácticos y jurídicos distintos al artículo 34.1 ibídem, que prevé una de las incompatibilidades aplicable a los diputados.

Conforme a lo expuesto, la Sala considera que los argumentos del recurso de apelación presentados en contra de la sentencia de primera instancia no tienen vocación de prosperar y, en consecuencia, se procederá a confirmar dicha decisión.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE la providencia de 10 de noviembre de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, mediante la cual se denegó las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de este fallo.

2. Ejecutoriado este proveído, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y, en firme esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la sesión del 13 de julio de 2017».

1 Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional.

2 Ley modificada por la Ley 734 de 5 de febrero de 2002, por la cual se adopta el Código Disciplinario Único.

9 Auto de enero 25 de 1995, Expediente AC-2220, M.P. Carlos Betancur Jaramillo.

10 Folios 158- 168, cuaderno principal.

11 Sentencia de 27 de septiembre de 2016, proferida en el proceso con radicación (SU) 11001-03-15-000- 2014-03886-00, Consejero Ponente Alberto Yepes Barreiro.

12 “ART. 224.—Vigencia. La presente ley regirá tres meses después de su sanción y deroga las disposiciones que le sean contrarias, salvo las normas referidas a los aspectos disciplinarios previstos en la Ley 190 de 1995 y el régimen especial disciplinario establecido para los miembros de la fuerza pública”.

13 Sentencia de 30 de octubre de 2008, Radicación: 63001-23-31-000-2007-00148-01(PI), Actor: Jaime Leónidas Zapata Henao, M.P. Martha Sofía Sanz Tobón.

14 Expediente: 88001-2333-000-2016-00075-01, Actor: Miguel García Urueta, M.P. Roberto Augusto Serrato Valdés (E1)

15 Gaceta del Congreso número 291 de 27 de julio de 2000.

16 Gaceta del Congreso número 263 de 4 de junio de 2001.

17 Gacetas del Congreso 315 de 10 de agosto de 2000 y 474 de 27 de noviembre de 2000.

18 Gacetas del Congreso 263 de 4 de junio de 2001 y 626 de 6 de diciembre de 2001.

19 Gaceta del Congreso número 74 de 3 de abril de 2002.

20 Gaceta del Congreso número 358 del 8 de octubre de 2000.

21 Gaceta Constitucional número 51, de 16 de abril de 1991, páginas 25 y s.s.

22 La Comisión Tercera de la Asamblea Nacional Constituyente continuó con el estudio de este mismo tema en sesión celebrada el 29 de abril de 1991, sin introducir modificación alguna relativa a tener como causal de pérdida de investidura de los Congresistas la infracción de las normas disciplinarias.

23 Celebradas los días 25 y 28 de mayo y 6 de junio de 1991. Sesiones digitalizadas por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República.

24 Folios 158- 168, cuaderno principal.

25 Sentencia C-181 de 1997, M.P. Fabio Morón Díaz.

26 Sentencia C-179/05

27 Sentencia C-903 de 2008

28 Sentencia de 30 de octubre de 2014, Radicación: 11001-03-28-000-2014-00054-00, Actor: Elmer Ramiro Silva Rodríguez, M.P. Alberto Yepes Barreiro.

29 Sentencia de 27 de septiembre de 2016, proferida en el proceso con radicación (SU) 11001-03-15-000- 2014-03886-00, Consejero Ponente Alberto Yepes Barreiro.

30 Sentencia de Unificación proferida dentro de la acción de nulidad electoral rad. 11001-03-28-000-2015-00051-00, Demandada: Oneida Rayeth Pinto Pérez, M.P. Alberto Yepes Barreiro.

31 T-360/14, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

32 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

33 Sentencia de 27 de septiembre de 2016, proferida en el proceso con radicación (SU) 11001-03-15-000- 2014-03886-00, Consejero Ponente Alberto Yepes Barreiro.