SENTENCIA 2016-00433 DE OCTUBRE 4 DE 2017

 

Sentencia 2016-00433 de octubre 4 de 2017

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad.: 110011102000201600433 01

Aprobado según acta de la misma fecha.

Magistrada Ponente:

Dra. Magda Victoria Acosta Walteros

Bogotá, D.C., cuatro de octubre de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

Competencia.

Esta Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura es competente para conocer en grado jurisdiccional de consulta la decisión del 30 de noviembre de 2016, adoptada por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, halló disciplinariamente responsable al abogado ARMANDO LOZANO PLAZAS, de haber incurrido en la falta prevista en el artículo 39 de la Ley 1123 de 2007, en consonancia con lo descrito en el numeral 4º del artículo 29 ibídem, al desconocer los deberes profesionales contemplados en los numerales 14 y 19 del artículo 28 ejusdem, imponiéndole la sanción SUSPENSIÓN en el ejercicio de la profesión por el término de DOS (2) AÑOS y MULTA equivalente a QUINCE (15) S.M.L.M.V.; destacando que la anterior competencia deviene de lo establecido en los numerales 3º del artículo 256 de la Carta Política y del numeral 4º del artículo 112 de la Ley 270 de 1996, en armonía con lo dispuesto en el parágrafo primero de la última de las normas en cita y en el numeral 1º del artículo 59 de la Ley 1123 de 2007 al no haber sido apelada.

Y si bien, en razón a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 2 de 2015, se adoptó una reforma a la Rama Judicial, denominada “equilibrio de poderes”, en lo atinente al Consejo Superior de la Judicatura, literalmente en el parágrafo transitorio primero del artículo 19 de la referida reforma constitucional, enunció: “(...) Los actuales Magistrados de las Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”.

En el mismo sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional en Auto 278 del 9 de julio de 2015, al pronunciarse respecto a la competencia para conocer conflictos de jurisdicciones, decantó el alcance e interpretación de la entrada en vigencia del referido Acto Legislativo 2 de 2015, concluyendo que en relación a las funciones que se encontraban a cargo de esta Sala, las modificaciones introducidas quedaron distribuidas de la siguiente manera: (i) la relacionada con el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, pasó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, órganos creados en dicha reforma (art. 19), y (ii) la relacionada con dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones, fue asignada a la Corte Constitucional (art. 14). En cuanto hace al conocimiento de las acciones de tutela, como ya se mencionó, el parágrafo del artículo 19 dispuso expresamente que “la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las Comisiones Seccionales de Disciplina Judiciales no serán competentes para conocer de acciones de tutela”.

Reiteró la Corte Constitucional que en relación a las funciones jurisdiccionales del Consejo Superior de la Judicatura, lo decidido en el Acto Legislativo 2 de 2015, así: “…los actuales magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, en consecuencia, conforme las medidas transitorias previstas en el referido acto legislativo, estimó la guardiana de la Constitución que hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones, lo cual significa que actualmente está Colegiatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no sólo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela.

En virtud de lo anterior y sin observar causal alguna que pueda invalidar la actuación hasta ahora adelantada, procede la Sala a emitir su pronunciamiento con apoyo en el material probatorio obrante en el informativo y a la luz de las disposiciones legales que atañen el tema a debatir.

El caso en concreto.

Previo a entrar a resolver el grado de consulta de la sentencia proferida el 16 de febrero de 2017, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, esta Corporación considera relevante citar lo enseñado por la Corte Constitucional, en diversos fallos, donde se ha pronunciado sobre el papel del abogado en el Estado Social y Democrático de Derecho, así como la relevancia del control que respecto de esta profesión ejercen las autoridades públicas.

El poder disciplinario constituye una de las más importantes expresiones de la función de control y vigilancia y su regulación por parte del legislador debe estar orientada al logro de los fines de la profesión en procura de que su ejercicio sea compatible con el interés general, entendido a la luz de los valores y principios constitucionales.

El abogado ejerce su profesión principalmente en dos escenarios: (i) por fuera del proceso, a través de la consulta y asesoría a particulares, y (ii) al interior del proceso, en la representación legal de los ciudadanos que acuden a la administración de justicia para resolver sus controversias.

En el desarrollo de estas actividades, la profesión adquiere una especial relevancia social, pues se encuentra íntimamente ligada a la búsqueda de un orden justo y al logro de la convivencia pacífica, en razón a que el abogado es, en gran medida, un vínculo necesario para que el ciudadano acceda a la administración de justicia. En el marco del nuevo Código Disciplinario, al abogado se le asigna un nuevo deber, de relevancia constitucional, consistente en la defensa y promoción de los Derechos Humanos.

De acuerdo con las premisas expuestas, y en la medida en que el ejercicio de la profesión de abogado se orienta a concretar importantes fines constitucionales, el incumplimiento de los principios éticos que informan la profesión, implica también riesgos sociales que ameritan el control y la regulación legislativa, tanto más en cuanto tal intervención se encuentra explícitamente autorizada por la propia Carta Política en su artículo 26.

En tal sentido, el ejercicio inadecuado o irresponsable de la profesión, pone en riesgo la efectividad de diversos derechos fundamentales, como la honra, la intimidad, el buen nombre, el derecho de petición, el derecho a la defensa y, especialmente, el acceso a la administración de justicia, así como la vigencia de principios constitucionales que deben guiar la función jurisdiccional, como son la eficacia, la celeridad y la buena fe.

De conformidad con el marco esbozado, la Corte Constitucional ha destacado el interés público inmerso en la configuración y aplicación de un régimen disciplinario para los abogados:

“(…) Si al abogado le corresponde asumir la defensa en justicia de los derechos e intereses de los miembros de la comunidad y, a su vez, le compete la asesoría y asistencia de las personas en la ordenación y desenvolvimiento de sus relaciones legales, resulta lícito que la ley procure ajustar su comportamiento social a la observancia de tales fines, impidiendo, a través de la imposición de determinadas sanciones, que el profesional desvíe su atención y opte por obrar contrario a derecho, impulsado por el ánimo egoísta de favorecer sus intereses particulares en detrimento de la Administración de Justicia y de la propia sociedad”.

El derecho disciplinario, en cualquiera de sus subespecies, debe diferenciarse, demarcarse y delimitarse de las otras especies del Derecho Sancionador, toda vez que, como ninguna otra disciplina, expresa un juicio de reproche ético-jurídico que en el caso de la profesión del abogado comporta una desvaloración social del comportamiento en el ámbito de una profesión liberal intervenida por el Estado, habida cuenta de la misión y función social que el profesional del derecho cumple en nuestro Estado social y democrático de derecho.

Esa misión se concreta en la observancia de los deberes que atañen al ejercicio de la abogacía como garantía de que efectivamente los profesionales del derecho conserven la dignidad y el decoro profesional; colaboren lealmente en la recta y cumplida administración de justicia; observen mesura, seriedad y respeto con los funcionarios y con todas las personas que intervengan en los asuntos de su profesión; obren con absoluta lealtad y honradez con sus clientes y colegas; guarden el secreto profesional, y atiendan con celosa diligencia sus encargos profesionales. En la medida en que esos deberes sean cumplidos, la abogacía colaborará efectivamente en la conservación y perfeccionamiento del orden jurídico del país y en la realización de la justicia material, cumpliendo así su función social.

Ahora bien, en grado jurisdiccional de consulta le compete a la Sala verificar la legalidad integral de la actuación, y en especial de la sentencia que revisa en todos los aspectos en ella consignados, lo cual se hará de la siguiente manera:

Descendiendo al caso que ocupa la atención de la Sala, se advierte que el togado fue declarado responsable disciplinariamente por el a quo, de incurrir en la violación de las disposiciones legales que establecen el régimen de incompatibilidades para el ejercicio de la profesión, consagrado en el artículo 39 de la Ley 1123 de 2007, precepto cuyo tenor literal determina:

“ART. 39.—También constituye falta disciplinaria, el ejercicio ilegal de la profesión, y la violación de las disposiciones legales que establecen el régimen de incompatibilidades para el ejercicio de la profesión o al deber de independencia profesional”.

En concordancia con lo dispuesto en el numeral 4º del artículo 29:

“ART. 29.—Incompatibilidades. No pueden ejercer la abogacía, aunque se hallen inscritos:

(…).

4. Los abogados suspendidos o excluidos de la profesión”.

Por el incumplimiento del deber establecido en el numeral 14 del artículo 28 ibídem.

“ART. 28.—Deberes profesionales del abogado. Son deberes del abogado:

(…).

14. Respetar y cumplir las disposiciones legales que establecen las incompatibilidades para el ejercicio de la profesión”.

(…).

19. Renunciar o sustituir los poderes, encargos o mandatos que le hayan sido confiados, en aquellos eventos donde se le haya impuesto pena o sanción que resulte incompatible con el ejercicio de la profesión.

Al respecto, se tiene que efectivamente se encontró probado que el abogado Armando Lozano Plazas, actuó como apoderado de la parte demandada en el proceso No. 2012-1265 adelantado ante el Juzgado 18 de Ejecución Civil Municipal de Descongestión de Bogotá, en el cual, presentó poder, se le reconoció personería igualmente y aportó liquidación del crédito por valor de $ 13.849.556.

De igual manera, que la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, profirió las siguientes sanciones al abogado ARMANDO LOZANO PLAZAS, vigentes para la época de los hechos materia de esta actuación procesal:

ProcesoFecha sentenciaClase de sanciónInicio sanciónFinal sanción
2009-219012/02/2014Exclusión05/03/2014 
2009-612125/05/2012Exclusión18/07/2012 
2010-980209/04/2014Suspensión 1 año08/05/201407/05/2015

Como consta en las certificaciones expedidas por la secretaria de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura de Antioquia, obrantes a folios 35-36 y del 72 al 74 C.O.

Así las cosas, está plenamente documentado en el plenario, que el doctor ARMANDO LOZANO PLAZAS, actuó como abogado dentro del proceso Rad No. 2012-1265 adelantado en el Juzgado 18 de Ejecución Civil Municipal de Descongestión de Bogotá, el 23 y 24 de septiembre de 2015, encontrándose vigentes las sanciones de suspensión y de exclusión de la profesión impuestas por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura; comportamiento se considera realizado a manera dolo, ya que el proceder del profesional del derecho fue consiente y voluntario, sabiendo que estaba transgrediendo los deberes previstos en los numerales 14 y 19 del artículo 28 de la ley 1123 de 2007 frente al respeto y cumplimiento de las disposiciones legales que establecen las incompatibilidades para el ejercicio de la profesión y al deber de renunciar o sustituir los poderes, encargos o mandatos que hayan sido confiados, en los eventos en que se haya impuesto pena o sanción que resulte incompatible con el ejercicio de la profesión y sin embargo, decidió actuar dentro del señalado proceso, violentando sin justificación alguna el ordenamiento jurídico aplicable.

Es así como la conducta desplegada por el disciplinado en la comisión de las faltas endilgadas y su responsabilidad en las mismas, no ofrece duda a esta jurisdicción disciplinaria, por lo que se hace merecedor de la sanción respectiva, que acorde a los criterios previstos en los artículos 13 y 45 de la ley 1123 de 2007, se confirmará la impuesta por el a quo, por considerarla razonable, necesaria y proporcional, consistente en la SUSPENSIÓN en el ejercicio de la profesión por el término de DOS (2) AÑOS y MULTA equivalente a QUINCE (15) S.M.L.M.V., teniendo en cuenta que con su actuar el jurista quebrantó el régimen de incompatibilidades, además socavó la percepción que de la profesión se tiene en el colectivo, igualmente se sopesó la modalidad dolosa de la conducta y la existencia de antecedentes disciplinarios, reiterándose que la sanción se hace necesaria y congruente conforme lo descrito en el artículo 45 de la Ley 1123 de 2007.

En mérito de lo expuesto la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la sentencia de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá el 30 de noviembre de 2016(17), mediante el cual sancionó con suspensión en el ejercicio de la profesión por el término de dos (2) años y multa equivalente a quince (15) smlmv al abogado Armando Lozano Plazas al haber incurrido en la falta prevista en el artículo 39 de la Ley 1123 de 2007, en consonancia con lo descrito en el numeral 4º del artículo 29 ibídem al desconocer los deberes profesionales contemplados en los numerales 14 y 19 del artículo 28 ejusdem, conforme lo considerado en la parte motiva de este proveído.

2. NOTIFICAR a todas las partes dentro del proceso, por intermedio de la secretaría judicial de esta Sala, advirtiendo que contra ella no procede recurso alguno.

3. Registrar la sanción ante el Registro Nacional de Abogados, enviando copia de este proveído con la constancia de ejecutoria, indicando la fecha a partir de la cual rige la misma.

4. DEVUÉLVASE el expediente al Consejo Seccional de origen para lo de su competencia.

Notifíquese y cúmplase».

(17) Sala Dual M.P. Martín Leonardo Suárez Varón y Antonio Suárez Niño. Folios 88 al 93 C.O.