Sentencia 2016-00473 de mayo 10 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente:

Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés

Exp.: 170012333000 2016 00473 01

Demandante: Simón Ramírez Alzate

Demandado: Ronal Fabián Bonilla Ricardo

Medio de Control: Pérdida de Investidura

Bogotá, D.C., diez de mayo de dos mil dieciocho

EXTRACTOS: “II. Consideraciones de la Sala

II.1. La solicitud de saneamiento del proceso judicial presentado por la abogada Diana Paola Ruiz García

II.1.1. La Sala procede, inicialmente, a desatar la solicitud de saneamiento del proceso judicial, presentado por la abogada Diana Paola Ruiz García, en representación del demandado, Ronal Fabián Bonilla Ricardo. Para el efecto se constata que mediante comunicación con fecha de radicación de 22 de junio de 2007(13), el abogado Alejandro Franco Castaño informa que renuncia al poder que le fue conferido por el demandado, señalando que ha le ha comunicado tal situación a su correo electrónico.

II.1.2. Junto con la comunicación mencionada, fue allegada la impresión de un mensaje de datos de 20 de junio de 2017(14), dirigido por el abogado Alejandro Franco Castaño (correo electrónico afcabogadossas@gmail.com) al concejal Ronal Fabián Bonilla Ricardo (correo electrónico ronaldfabian2005@hotmail.com), mediante el cual se informa que por razones de índole personal, renuncia al poder que le fuera otorgado para representarlo dentro de este proceso judicial.

II.1.3. Ahora bien, mediante providencia de 22 de agosto de 2017, el despacho instructor del proceso corrió traslado para que las partes presentaran sus alegatos de conclusión, notificando por estado la providencia el día 25 de agosto de 2017. Al folio 44 del cuaderno del Consejo de Estado, se encuentra la constancia secretarial de 24 de agosto de 2017, en la que se indica que:

“(...) En la fecha, se deja constancia que No es Posible Notificar a Ronald Fabian Bonilla Ricardo; la providencia de 22 de Agosto de 2017, proferido en el proceso 2016-00473-01, al respectivo buzón electrónico para notificaciones judiciales, toda vez que, no se aporta ninguna dirección electrónica dentro del proceso y a folio 20 su apoderado informa renuncia (...)”

II.1.4. Conviene precisar que, de acuerdo con el artículo 201 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, los autos no sujetos al requisito de la notificación personal, como ocurre con la providencia de 22 de agosto de 2017, se notifican por medio de anotación en estados electrónicos para consulta en línea bajo la responsabilidad del secretario. Agrega la norma que de las notificaciones hechas por estado el secretario dejará certificación con su firma al pie de la providencia notificada y se enviará un mensaje de datos a quienes hayan suministrado su dirección electrónica.

II.1.5. Del contenido del artículo 201 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo se puede deducir que la notificación de la providencia de 22 de agosto de 2017 no se surte con el mensaje de datos a quienes hayan suministrado su dirección, como equivocadamente parece colegirlo la abogada Ruiz García, puesto que la notificación por estado, se reitera, se realiza por medio de anotación en estados electrónicos que pueden consultarse en línea, la cual se realizó, conforme se observa del sello impuesto por la Secretaría de la Sección en la providencia y de la consulta de la anotación que se encuentra en la página web del Consejo de Estado.

II.1.6. Ahora bien, nótese que de acuerdo con el artículo 76 del Código General del Proceso, la renuncia no pone fin al poder sino después de cinco (5) días después de presentado el memorial que la contenga en el despacho judicial, acompañado de la comunicación enviada al poderdante en tal sentido.

II.1.7. Para el presente caso la renuncia presentada por el apoderado judicial del concejal Bonilla Ricardo el día 22 de junio de 2017, puso fin al poder que le fuera otorgado a partir del día 4 de julio de 2017, por lo que habiéndose notificado la providencia que dio traslado a las partes para alegar de conclusión el día 25 de agosto de 2017, el demandado tuvo más de un (1) mes para designar un apoderado judicial nuevo, situación que no ocurrió sino hasta el día 20 de septiembre de 2017, conforme el poder que fue allegado con la solicitud que aquí se resuelve.

II.1.8. Lo anterior quiere decir que la situación alegada por el demandado consistente en que al momento de que se diera traslado para alegar no se encontrara representado por ningún abogado se debe al descuido del demandado en nombrar a un profesional del derecho, puesto que, se reitera, tuvo más de un (1) mes para el efecto. Es así, entonces, que este despacho no accederá a la petición presentada por la abogada Diana Paola Ruiz García, sin perjuicio del reconocimiento de su condición de apoderada judicial del demandado, conforme al poder que reposa a folio 74 del expediente.

II.2. Procedibilidad de la acción pérdida de investidura

II.2.1. En el expediente reposa copia del Acta 1º de 2 de enero de 2016, la cual da cuenta de la sesión inaugural del Concejo de Manizales (Caldas), en la cual tomaron posesión los concejales elegidos para el período 2016-2019, dentro de los que se encuentra el demandado(15).

II.2.2. Se encuentra, igualmente, copia del formato E-27 de la Registraduría Nacional del Estado Civil, mediante el cual los miembros de la Comisión Escrutadora Municipal, declaran que el señor Ronal Fabián Bonilla Ricardo, identificado con la cédula de ciudadanía 16.077.854, fue elegido concejal por el Municipio de Manizales (Caldas) para el período 2016-2019, por el Partido Conservador Colombiano y, en consecuencia, expiden la respectiva credencial(16).

II.2.3. Acreditado como esta que el señor Ronal Fabián Bonilla Ricardo fue elegido y posesionado en el cargo de concejal del Municipio de Manizales (Caldas) para el período 2016-2019, resulta claro que el demandado es sujeto pasivo de la presente demanda que en ejercicio del medio de control de pérdida de investidura, fuera presentada en su contra.

II.3. La causal de pérdida de investidura alegada por la parte demandante y el problema jurídico

II.3.1. El demandante considera que el concejal del Municipio de Manizales (Caldas) para el período 2016-2019, señor Ronal Fabián Bonilla Ricardo, incurrió en la inhabilidad prevista en el numeral 3º del artículo 40 de la Ley 617, norma que modificó el artículo 43 de la Ley 136, esto es, por haber intervenido, dentro del año anterior a la elección, en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio o distrito, causal de pérdida de investidura por virtud del numeral 6º del artículo 48 de la Ley 617, en concordancia con el numeral 2º del artículo 55 de la Ley 136. Las precitadas normas legales son del siguiente tenor:

Ley 617

“(...) ART. 40.—De las inhabilidades de los concejales. El Artículo 43 de la Ley 136 de 1994 quedará así:

“ART. 43.—Inhabilidades. No podrá ser inscrito como candidato ni elegido concejal municipal o distrital:

(...)

3. Quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la gestión de negocios ante entidades públicas del nivel municipal o distrital o en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio o distrito. Así mismo, quien dentro del año anterior haya sido representante legal de entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social en el régimen subsidiado en el respectivo municipio o distrito.

(...)

“ART. 48.—Pérdida de investidura de diputados, concejales municipales y distritales y de miembros de juntas administradoras locales. Los diputados y concejales municipales y distritales y miembros de juntas administradoras locales perderán su investidura:

(...)

6. Por las demás causales expresamente previstas en la ley (...)”.

Ley 136

“(...) ART. 55.—Pérdida de la investidura de concejal. Los concejales perderán su investidura por:

(...)

2. Por violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades o de conflicto de intereses (...)”.

II.3.2. Conforme a lo anterior, el problema jurídico que se debe resolver, se contrae a determinar si el demandado Ronal Fabián Bonilla Ricardo debe ser despojado de su investidura de concejal del Municipio de Caldas (Manizales) para el período 2016-2019, por haber violado el régimen de inhabilidades previsto para los concejales, tras haber suscrito en su condición de representante legal del Club Promotor Semillas Colseñora, dentro del año anterior a su elección en el señalado cargo público, el contrato de prestación de servicios 1504170297 con el Municipio de Manizales (Caldas), inhabilidad contenida en el numeral 3º del artículo 40 de la Ley 617, norma que modificó el artículo 43 de la Ley 136, y que constituye causal de pérdida de investidura por virtud del numeral 6º del artículo 48 de la Ley 617.

II.3.3. Para desatar el problema jurídico debe recordarse que el Tribunal Administrativo de Caldas consideró que se configuraron todos los elementos previstos en el numeral 3º artículo 40 de la Ley 617, norma que modificó el artículo 43 de la Ley 136 y, en esa medida, encontró que el demandante había violado el régimen de inhabilidades previsto para los concejales.

II.3.4. Adicionalmente evidenció que al demandado no le asistía ninguna justificación para haber incurrido en la conducta puesto que lo que se espera de los candidatos a esos cargos de elección popular es que tengan una elemental cautela y cuidado que les permita determinar si encuentran o no cobijados por inhabilidad o incompatibilidad alguna.

II.3.5. De acuerdo con lo anterior, el problema jurídico se estudiará en consonancia con los cargos formulados por la parte demandada en contra de la sentencia de primera instancia que despojó de su investidura de concejal del Municipio de Manizales, al señor Ronal Fabián Bonilla Ricardo.

II.4. Los argumentos expuestos por la parte demandante en el recurso de apelación en contra de la decisión de primera instancia.

II.4.1. La Sala procederá a estudiar los cargos formulados por la parte demandada, siguiendo para el efecto los artículos 320(17) y 328(18) del Código General del Proceso(19), aplicables a los procesos que se tramitan ante esta jurisdicción por virtud del artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo(20), que establecen que el juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos y reparos concretos formulados por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.

II.4.2. Inicialmente, se estudiará el cargo nro. 6 formulado por el actor, toda vez que discute uno de los elementos requeridos por el artículo 40 de la Ley 617, norma que modificó el artículo 43 de la Ley 136, para la configuración de la causal de pérdida de investidura, consistente en que la intervención en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel debe ser en “(...) interés propio o de terceros (...)”. En este cargo se estudiará, entonces, si la conducta del demandado se adecúa a la inhabilidad prevista en dicha disposición legal.

II.4.3. Posteriormente y en caso de que se encuentre que la conducta del demandado se adecúa a la inhabilidad prevista en la disposición legal, se procederá al estudio de los demás cargos que consideran que la sentencia de primera instancia debe ser revocada por cuanto no se encuentra acreditada la culpabilidad del demandado.

II.4.4. Siguiendo el esquema propuesto, el primer cargo que será objeto de análisis será el consistente en que no está acreditado en el expediente que el contrato de prestación de servicios 1544170297 celebrado el día 17 de abril de 2015, por el señor Ronal Fabián Bonilla Ricardo, en su condición de representante legal del Club Promotor Semillas Colseñora, y el Municipio de Manizales, se haya celebrado en interés de un tercero, como lo indicó el Tribunal Administrativo de Caldas, en la Sentencia de veintidós (22) de noviembre de dos mil dieciséis (2016).

II.4.4.1. Para desatar el cargo debe señalarse, inicialmente, que conforme lo ha precisado en múltiples oportunidades la Sala(21), los concejales municipales y distritales pierden su investidura por violar el régimen de inhabilidades, en la medida en que el numeral 6 del artículo 48 de la Ley 617(22) permite inferir que las causales de pérdida de investidura no se limitan a las consignadas en sus numerales 1 a 5, sino que deben tenerse en cuenta las demás establecidas en otras leyes.

II.4.4.2. Es por ello que pueden ser invocadas las causales de pérdida de investidura previstas en el artículo 55 de la Ley 136 de 1994, norma que no ha sido derogada expresamente, ni tácita ni orgánicamente(23) y en la que se dispone que los concejales perderán su investidura por: “(...) 2. Por violación del régimen de inhabilidades (...)”.

II.4.4.3. Realizada la anterior precisión y ubicándonos en el análisis de la inhabilidad que se le endilga al demandado, esto es, “(...) 3. Quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido (...) en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio o distrito (...)”, esta Sala(24) en repetidas oportunidades ha indicado que para su configuración se requiere la presencia de los siguientes supuestos:

“(...) a. Que el demandado haya intervenido en la celebración de un contrato con una entidad pública de cualquier nivel,

b. Haberlo celebrado durante el año anterior a la elección como concejal,

c. Tener interés propio o de terceros, y

d. Ejecutarlo en el mismo municipio (...)”

II.4.4.4. El apelante considera que en el presente caso no se encuentra acreditado que el contrato celebrado dentro del período inhabilitante lo haya sido en interés propio o de terceros.

II.4.4.5. Estima que en la celebración del contrato de prestación de servicios nro. 1504170297 con el Municipio de Manizales (Caldas), actuó atendiendo la obligación de carácter laboral que sostiene con el Colegio Mayor de Nuestra Señora, asumiendo por delegación y encargo del rector de esa institución, la representación legal del Club Promotor Semillas Colseñora, persona jurídica extendida de derecho eclesiástico, la cual celebra y realiza negocios jurídicos destinados a financiar actividades de interés general o bien común, enmarcadas dentro del marco jurídico contenido en la Ley 20 de 1974.

II.4.4.6. Además, resalta que si se llegare a interpretar que la contratación efectuada por esa persona jurídica, se encuentra al mismo nivel que aquellos contratos que se celebran en nombre y representación de personas jurídicas de derecho privado, con o sin ánimo de lucro, y que únicamente satisfacen intereses particulares, debe tenerse en cuenta que desde el elemento culpabilidad, no está demostrado que se haya celebrado el precitado contrato con propósitos electorales o con la intención de adquirir ventajas electorales, pues siempre actuó bajo la convicción que estaba actuando bajo el cumplimiento de deberes superiores legales, contractuales y estatutarios.

II.4.4.7. Para desatar la controversia, es menester referirnos al Contrato 1504170297 de 17 de abril de 2015. Al folio 53 del cuaderno principal 1, se encuentra la Carta de Aceptación de la Oferta 1504170297 de fecha 17 de abril de 2015, documento que, junto con la oferta presentada por el Club Promotor Semillas Colseñora, que reposa del folio 91 al 93 del cuaderno principal 1, constituyen el contrato, de acuerdo con lo establecido en el artículo 85 (num. 7º) del Decreto 1510 de 17 de julio de 2013(25), toda vez que se trató de una contratación de mínima cuantía, de acuerdo con la Invitación Pública MIC-SSA-064-2015 de 13 de abril de 2015, la cual reposa del folio 55 al 79 del cuaderno principal 1º.

II.4.4.8. La citada carta de aceptación señala que el contratista es el Club Promotor Semillas Colseñora y que su representante legal es el señor Ronald Fabián Bonilla Ricardo. La entidad contratante es la Alcaldía de Manizales (Caldas).

II.4.4.9. El contrato tenía como objeto el de organizar y desarrollar las jornadas complementarias para los hijos de los funcionarios de la administración central municipal. El valor del contrato fue establecido de la siguiente forma:

“(...) El valor del presente contrato asciende hasta la suma de diez millones de pesos ($10.000.000.00). El valor de la carta de aceptación de la oferta comprende todos y cada uno de los gravámenes que se originen con ocasión del desarrollo de la carta de aceptación de la oferta (...)”.

II.4.4.10. El contratista, esto es, el Club Promotor Semillas Colseñora, conforme los estatutos elaborados por esa organización, indicó en su preámbulo que:

“(...) es un organismo de derecho privado sin ánimo de lucro que cumple funciones de interés público y social, constituido mayoritariamente en forma legal por deportistas aficionados, para fomentar la práctica de los deportes de futbol, futbol de salón, baloncesto, lucha olímpica, boxeo, levantamiento de pesas, voleibol, tenis de mesa, tenis de campo, judo, patinaje, ajedrez, atletismo, ciclo montañismo y natación; y la recreación, también para desarrollar actividades sociales y cívicas se regirá por el siguiente Estatuto (...)”

II.4.4.11. En el artículo 3º de los estatutos del club deportivo, se señala que este es:

“(...) un organismo deportivo sin ánimo de lucro, dotado de Reconocimiento Deportivo por la Secretaría del Deporte del Municipio y goza de personería jurídica pública extendida del Colegio Mayor de Nuestra Señora, cumple funciones de interés público y social, se practicarán los deportes de futbol, futbol de salón, baloncesto, voleibol, tenis de mesa, tenis de campo, judo, patinaje, ajedrez, atletismo, ciclo montañismo y natación (...)”

II.4.4.12. Para efectos de esclarecer lo que significa el término “persona jurídica pública extendida”, son importantes las apreciaciones del testigo José Silvano Peralta Hernández, quien dijo ser licenciado en Derecho Canónico y fungir como Vicario Judicial Adjunto de la Arquidiócesis en el Tribunal Eclesiástico y Vicario Judicial en el Tribunal Eclesiástico de La Dorada, testimonio cuya práctica fuera ordenada en esta instancia mediante el Auto de 4 de abril de 2017. El testigo manifestó:

“(...) Es necesario recordar el concordato que tenemos entre Colombia y la Santa Sede, ese Concordato tiene dos elementos fundamentales. El primero, al menos para esta sesión, el primero es el respeto a la autonomía propia que tiene la iglesia en sus leyes y su propio ámbito sobre todo en aquello que no vaya en contra las leyes del Estado colombiano. Pero lo segundo, es que el Concordato es el reconocimiento y el convenio que hay entre las dos partes reconociendo la labor social de la Iglesia (...) La Iglesia Arquidiocesana de Manizales es una persona jurídica (...) en la iglesia se habla de dos tipos de personerías jurídicas. Una privada y la otra pública (...) La persona jurídica pública ejerce su misión a nombre de la iglesia porque tiene algún campo concreto que va propiamente con los fines de la iglesia y los bienes que corresponden digámoslo así, los bienes eclesiales tienen un fin y dentro de esos fines no simplemente se resalta el sostenimiento eclesial sino también lo que nosotros llamamos el apostolado y las obras de caridad que frente al marco jurídico o social serían las obras sociales que realiza la iglesia como tal (...) La Arquidiócesis es una persona jurídica pública que a nombre de la Iglesia Católica ejerce una misión y esa misión es religiosa pero también es una misión social y esa misión social coge distintos ámbitos desde la educación desde esa parte de la enseñanza, desde el acompañamiento a los distintos sectores y la caridad. El Colegio Mayor de Nuestra Señora hace parte de la Iglesia en cuanto es una persona jurídica pública, la misión del Colegio no es una misión simplemente para su propio bienestar, el Colegio como institución educativa ya tiene la primer labor: social en cuanto debe ayudar en todo lo que corresponde a la educación y religiosa porque precisamente debe enseñar los valores y digamos todo lo que corresponde a la fe, los valores del evangelio, pero sus dineros no pueden quedar tampoco aislados como si fuera una simple corporación o una simple empresa que está ganando para beneficio propio y después utiliza sus dineros como quiere, estos colegios arquidiocesanos dentro de los ingresos que tienen, se les proyecta a ellos algo muy concreto y es ayudarle a la Arquidiócesis en obras muy concretas (...) Lo que yo tengo entendido es que lo que Colegio Mayor de Nuestra Señora reciba incluyendo toda esta parte del club, de este club deportivo, pues el club hace parte del Colegio, el club no es una persona jurídica independiente del Colegio Mayor (...) y los dineros que se recojan pues que también tienen esa índole social se ponen al servicio de por decir algo la educación de los más pobres (...) el colegio concede becas que ayudan a ciertos niños que no alcanzan a tener todas las capacidades pues precisamente para poder tener todo su plan educativo, familias que no tienen los ingresos económicos, entonces digámoslo que el contrato es vinculante al Colegio Mayor de Nuestra Señora y el Colegio tiene un solo representante legal que es el padre Fernán Llano Ruíz (...) La Persona jurídica pública viene descrita en los cánones que corresponden precisamente al 113 (...) del 113 al 123, la única persona jurídica directa que tiene reconocimiento canónico es el Colegio Nuestra Señora por el ámbito propio que maneja el colegio tiene dos personas jurídicas digámoslo así extendidas, por qué extendidas porque son dependientes no tienen su reconocimiento está dentro del marco de la única institución jurídica pública que es el Colegio Mayor de Nuestra Señora esas son Asociación de Padres de Familia y el Club Promotores Semillas (...).

II.4.4.13. La dependencia del Club Promotor Semillas Colseñora frente al Colegio Mayor de Nuestra Señora, desde el punto de vista del Derecho Canónico, es ratificado por la certificación de cinco (5) del mes de agosto de dos mil dieciséis (2016), expedida por el vicario de la Vicaría Episcopal de Asuntos Administrativos y Económicos de la Arquidiócesis de Manizales, señor Octavio Barrientos Gómez, la cual reposa al folio 206, cuaderno principal 1A, cuyo contenido es el siguiente:

“(...) Que el Colegio Mayor De Nuestra Señora —Colseñora— con sede en el municipio de Manizales, Departamento de Caldas, goza de personería jurídica otorgada por el Código de Derecho Canónico y reconocida por el Concordato vigente en su artículo IV, inciso 2º, aprobado por la Ley 20 de 1974.

(...)

Que el Club Promotor Semillas Colseñora, es igualmente una persona jurídica pública extendida sin ánimo de lucro según el derecho canónico, el cual integra y hace parte del Colegio Mayor de Nuestra Señora, en los aspectos legal, administrativo y financiero.

Que por esta razón, la presentación del presupuesto anual, así como de los estados financieros de la Institución, inversiones e informes de administración educativa, deben ser siempre presentados ante el Vicario Episcopal para los Asuntos Económicos, con sede en el Economato de la Curia Arzobispal.

Que en virtud de la Legislación Colombiana vigente, la Autoridad Eclesiástica es la competente para certificar la Existencia y Representación Legal de las personas jurídicas de derecho canónico, a tenor del artículo IV del Concordato (...)”

II.4.4.14. La dependencia del Club Promotor Semillas Colseñora frente al Colegio Mayor de Nuestra Señora es ratificada por los testimonios de los señores Leopoldo Peláez Arbeláez, Liliana Patricia Castaño Hoyos, Fernán Llano Ruíz y José Fernando González.

II.4.4.15. Para la Sala, luego del recuento probatorio realizado anteriormente, advierte que el análisis de la configuración del elemento “interés propio o de tercero”, debe estar ligado al contrato mismo y no a la naturaleza de las personas que lo celebran.

II.4.4.16. Quiere decir lo anterior, y para el caso en estudio, que es muestra inequívoca de que existe un interés en la celebración del contrato, el hecho consistente en que se hubiera previsto en el mismo una contraprestación o remuneración para el contratista por los servicios prestados, en este caso, al Club Promotor Semillas Colseñora, conforme lo acreditan los ítems valor del contrato y forma de pago, sin que importe para los efectos de la configuración del elemento la naturaleza jurídica que ostenta el contratista.

II.4.4.17. Entiéndase por la palabra “interés”, conforme el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, lo siguiente:

“(...) interés

(...)

1. m. Provecho, utilidad, ganancia

2. m. Valor de algo

3. m. Lucro producido por el capital.

4. m. Inclinación del ánimo hacia un objeto, una persona, una narración, etc.

5. m. pl. bienes.

6. m. pl. Conveniencia o beneficio en el orden moral o material (...)”

II.4.4.18. Entiéndase por la palabra “provecho”, que hace parte de la definición de interés, conforme el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, lo siguiente:

“(...) provecho

(...)

1.m. Beneficio o utilidad que se consigue o se origina de algo o por algún medio

2.m. Utilidad o beneficio que se proporciona a alguien.

3.m. Aprovechamiento o adelantamiento en las ciencias, artes o virtudes.

(...)

5. m. pl. Utilidades y emolumentos que se adquieren o permiten fuera del sueldo o salario (...)”

II.4.4.19. Esta forma de entender este elemento ya ha sido prohijada con anterioridad por esta Sala y por la Corporación, al indicar que:

“(...) Se encuentra acreditado que la demandada en calidad de contratista celebró directa y personalmente en el período inhabilitante los contratos de prestación de servicios que la demanda le atribuye, con carácter oneroso pues conllevaron el pago de una erogación a la contratista como contraprestación por los servicios contratados, luego se celebraron en beneficio o interés propio (...)”(26).

“(...) De igual manera, puede considerarse como interés de terceros, el del mandante —La Fiduciaria la Previsora S.A—, que en virtud del Decreto 2853 de 2006, también adquirió unas obligaciones, por cuyo cumplimiento también recibiría contraprestación económica y que, a su vez, como ya se dijo, se trasladaron al apoderado general en el artículo segundo de la Escritura Pública contentiva del poder general, trascrito anteriormente (...)”(27)

II.4.4.20. Conforme lo anterior, el hecho de que el Club Promotor Semillas Colseñora sea una persona jurídica extendida del Colegio Mayor de Nuestra Señora sujeta al Derecho Canónico; que cumpla una misión de carácter social en la comunidad de carácter formativo y educativo compatible con los propósitos de la Iglesia Católica; y que sus recursos sean manejados por parte del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, aspectos en los que coinciden los testigos Leopoldo Peláez Arbeláez, Liliana Patricia Castaño Hoyos, Fernán Llano Ruíz, José Fernando González y José Silvano Peralta Hernández, y en los que insiste el apelante, resultan ser intrascendentes para la configuración del elemento “interés propio o de tercero”.

II.4.4.21. Lo anterior, se insiste, en la medida en que el contrato celebrado proveyó un beneficio o provecho al Club Promotor Semillas Colseñora, e indirectamente si se quiere, al Colegio Mayor de Nuestra Señora, consistente en el pago de la suma de dinero pactada en el contrato celebrado entre dicho club y el Municipio de Manizales.

II.4.4.22. Ahora bien, es menester indicar que la Carta de Aceptación de la Oferta 1504170297 de fecha 17 de abril de 2015, documento que, junto con la oferta presentada por el Club Promotor Semillas Colseñora, constituyen el contrato, fue suscrita por el señor Ronal Fabián Bonilla Ricardo, en su condición de representante legal del Club Promotor Semillas Colseñora.

II.4.4.23. Los estatutos del Club Promotor Semillas Colseñora, específicamente el artículo 52, prevé que el Presidente es el representante legal del Club, el cual tiene a su cargo, entre otras funciones, la de “(...) Suscribir los actos y contratos que comprometan al Club (...)”.

II.4.4.24. El Municipio de Manizales, mediante certificación del 22 de abril de 2015, la cual reposa al folio 120 del cuaderno principal 1, expedida por la señora Amparo Lotero Zuluaga en su condición de secretaria jurídica del municipio, manifestó que:

“(...) como Presidente y Representante Legal del Club Promotor “Semillas Colseñora”, se reconoció y registró al señor Ronald Fabián Bonilla Ricardo, identificado con la cédula de ciudadanía 16.077.854 expedida en Sibaté, de conformidad con el Acta 4 del Comité Ejecutivo del 22 de marzo de 2.013 (...)”

II.4.4.25. Reposa del folio 121 al 122 del cuaderno principal 1, copia de la Resolución 1793 de 4 de octubre de 2013, en la cual el alcalde del Municipio de Manizales, Jorge Eduardo Rojas Giraldo, decide:

“(...) ART. 4º:—Reconocer e inscribir como Representante Legal del Club Promotor Semillas Colseñora, en su calidad de Presidente al señor Ronal Fabián Bonilla Ricardo, identificado con la cédula de ciudadanía 16.077.854 expedida en Sibaté, de conformidad con el acta 4 del Comité Ejecutivo del 22 de marzo de 2013 (...)”.

II.4.4.26. De acuerdo con la copia de los documentos públicos que reposan en el expediente, se colige que el señor Ronal Fabián Bonilla Ricardo, suscribió la Carta de Aceptación de la Oferta 1504170297 de fecha 17 de abril de 2015, documento que, junto con la oferta presentada por el Club Promotor Semillas Colseñora, constituyen el contrato, como representante legal de aquel club, contando con la facultad de celebrar contratos según los estatutos del mismo.

II.4.4.27. En este punto es menester indicar que los testimonios de los señores Leopoldo José Peláez Arbeláez, Liliana Patricia Castaño Hoyos y Fernán Llano Ruíz, señalan que el demandante, como director del club deportivo, era el que suscribía los convenios por delegación del rector del Colegio de Nuestra Señora del Rosario, dentro de los que se cuenta el celebrado el 17 de abril de 2015.

II.4.4.28. Esta situación es corroborada por el contrato de trabajo para el período escolar 2015, suscrito entre el Pbro. Fernán Llano Ruíz, en nombre y representación del Colegio Mayor de Nuestra Señora, y el señor Ronal Fabián Bonilla Ricardo, el día 1 de febrero de 2015, que reposa en los folios 228 y 229 del cuaderno principal 1A, y en el que se indica que el demandado se compromete a:

“(...) 12) Actuar como delegatario para efectuar la Representación Legal del Club Promotor Semillas Colseñora, cumplir con las funciones establecidas en los estatutos bajo subordinación del Presidente del Club, quien es el Representante Legal del Colegio Mayor de Nuestra Señora, para lo cual podrá presentar propuestas de contratación y firmar contratos públicos y privados en nombre del Presidente del Club. (...)”

II.4.4.29. Para la Sala, entonces, resulta acertado concluir que el demandado intervino en la celebración de un contrato con una entidad pública, al suscribir la precitada carta de aceptación como representante legal del contratista, Club Promotor Semillas Colseñora. Esa condición impone señalar que el contrato no le reportaba un beneficio, provecho o utilidad personal al señor Ronal Fabián Bonilla Ricardo, sino a un tercero, cual es el Club Promotor Semillas Colseñora, que para los efectos del Derecho Canónico es una persona jurídica extendida dependiente del Colegio Mayor de Nuestra Señora, pues como se indicó anteriormente, el interés en la celebración del contrato está determinado por la remuneración que recibiría el contratista por la prestación de los servicios ofertados.

II.4.4.30. Cabe precisar que la existencia de la delegación contenida en el contrato laboral del demandado no tiene la virtualidad de enervar la configuración del elemento discutido y, por el contrario, lo reafirma en la medida en que aquel no actuó movido por un interés propio, sino en el de un tercero, que lo constituye el Club Promotor Semillas Colseñora, persona jurídica extendida dependiente del Colegio Mayor de Nuestra Señora.

II.4.4.31. De otra parte, debe insistirse en que el hecho consistente en que la entidad contratista desarrolle unas actividades de servicio social resulta intrascendente para el análisis del elemento “interés propio o de tercero”, puesto que en los contratos celebrados con el Estado siempre se busca la satisfacción de necesidades colectivas y la preeminencia del interés público. Así lo indica la doctrina al señalar:

“(...) El contrato no constituye el fin mismo, sino que ante todo se debe entender como un instrumento o uno de los mecanismos de que se vale la Administración para cumplir con los cometidos estatales. Es decir, que para realizar los fines del Estado se requieren bienes, servicios y obras que se obtienen mediante la contratación, por lo que “(...) el estudio de la contratación estatal debe inscribirse en los principios axiológicos del Estado social de derecho, que irradian todas las disposiciones contractuales previstas en la Constitución (...).

Traduce lo dicho que siempre que se celebren contratos con el Estado debe buscarse el cumplimiento de los fines de este. Fines que normativamente se enuncian especialmente en el preámbulo y en el artículo 2º de la Constitución Política y que de manera general se podrían integrar en la concepción, si se quiere clásica del servicio público, esto es que en esencia estén vinculados a la satisfacción de las necesidades colectivas y a la preeminencia del interés público. Ese es el sentido de la definición del artículo 2º, numeral 3 de la Ley 80 de 1993 del concepto de servicios públicos.

Enunciación que al aplicarse al ámbito contractual significa que todos los contratos que celebre una entidad estatal deben estar encaminados a la satisfacción de tales intereses o al amparo y protección de dicho interés. En últimas se trata de una relación entre el objeto y el interés público (...)”(28)

II.4.4.32. La Sala considera, entonces, que el elemento “(...) Tener interés propio o de terceros (...)”, se encuentra acreditado tal como lo indicó el Tribunal Administrativo de Caldas, por lo que el cargo no tiene vocación de prosperidad.

II.4.4.33. Finalmente, no se abordará el argumento del demandante consistente en que si se interpreta que la contratación efectuada por el Club Promotor Semillas Colseñora se encuentra al mismo nivel de aquella que celebra una persona jurídica de derecho privado, se tenga en cuenta el elemento culpabilidad, al no estar demostrado que el contrato se haya celebrado con el propósito de obtener ventajas electorales. Ello en la medida en que aquí se discutía la existencia de uno de los elementos objetivos para la configuración de la conducta tipificada en la ley, luego de lo cual, este despacho, analizará los cargos elevados por el demandado tendientes a señalar que no está acreditada la culpabilidad, dentro de los cuales incluirá el estudio de este argumento.

II.4.5. La Sala procederá a abordar los demás cargos formulados por la parte demandada y en los que se discute su culpabilidad, tras encontrarse configurados los elementos objetivos de la causal de pérdida de investidura que se le atribuye.

II.4.5.1. Es así, entonces, que una vez sea acreditado que en la actuación del demandado se presentan todos y cada uno de los elementos objetivos descritos en la inhabilidad prevista en el numeral 3 del artículo 40 de la Ley 617, la cual modificó el artículo 43 de la Ley 136, es necesario verificar “(...) que la intención del demandado, el dominio del hecho o el conocimiento estaban dirigidos a transgredir la disposición legal, esto es, que actuó con culpa —elemento subjetivo—. (...)”(29).

II.4.5.2. Para ese efecto, entonces, adoptaremos los criterios elaborados por esta Sección para el análisis de la culpabilidad del demandado y esbozados en la Sentencia de 25 de mayo de 2017, Magistrada Ponente: Dra. María Elizabeth García González(30), que al tenor indicó:

“(...) En cuanto al análisis subjetivo de la conducta desplegada por el señor Mario Hinestroza Angulo, en medio del respeto a sus garantías al Debido Proceso sancionatorio y en aras de establecerse si en aquélla estuvo presente o no el elemento de la culpabilidad en los términos explicados, se recuerda y reitera lo considerado recientemente por la Corte Constitucional en su Sentencia SU424 de 2016:

“(...) 33. De este capítulo resultan relevantes las siguientes conclusiones:

— La pérdida de investidura es una acción pública(31), que comporta un juicio de naturaleza ética que tiene como propósito proteger la dignidad del cargo que ocupan los miembros de cuerpos colegiados, y permite imponer como sanción no solo la desvinculación de un congresista de su cargo de elección popular, sino también la imposibilidad futura de volver a ocupar un cargo de la misma naturaleza, si éste llega a incurrir en alguna de las causales de procedencia de la figura señaladas en la Carta Política.

— Son causales de pérdida de investidura(32): el incumplimiento de los deberes inherentes a su cargo, la violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades(33); la indebida destinación de dineros públicos(34); el conflicto de intereses(35) y el tráfico de influencias debidamente comprobado(36).

La gravedad de la sanción que se impone, exige que el proceso de pérdida de investidura se lleve a cabo con observancia del debido proceso, particularmente, de los principios pro homine, in dubio pro reo, de legalidad (las causales son taxativas y no hay lugar a aplicar normas por analogía), objetividad, razonabilidad, favorabilidad, proporcionalidad y culpabilidad.

34. Los presupuestos anteriores permiten a la Corte concluir que el análisis de responsabilidad que realiza el juez en el proceso sancionatorio de pérdida de investidura es subjetivo, pues en un Estado de Derecho los juicios que implican un reproche sancionador, por regla general, no pueden operar bajo un sistema de responsabilidad objetiva, y las sanciones que se adopten en ejercicio del ius puniendi deberán verificar la ocurrencia de una conducta regulada en la ley (principio de legalidad o tipicidad), contraria al ordenamiento jurídico (principio de antijuridicidad) y culpable.

Así pues, en lo aquí pertinente, tras verificar la configuración de la causal, el juez de pérdida de investidura examina si en el caso particular se configura el elemento de culpabilidad (dolo o culpa) de quien ostenta la dignidad, esto es, atiende a las circunstancias particulares en las que se presentó la conducta y analiza si el demandado conocía o debía conocer de la actuación que desarrolló y si su voluntad se enderezó a esa acción u omisión.

En ese sentido, el juez de este proceso sancionatorio debe determinar si se configura la causal y si a pesar de que ésta aparezca acreditada, existe algunacircunstancia que excluya la responsabilidad del sujeto, bien sea porque haya actuado de buena fe o, en caso de que la causal lo admita, se esté ante una situación de caso fortuito o fuerza mayor, o en general exista alguna circunstancia que permita descartar la culpa. 

(...)

Así pues, en el primero de estos se juzga la ruptura del pacto político existente entre el elector y el elegido, que es un elemento fundamental de la democracia representativa. En efecto, cuando el candidato se presenta ante el electorado hace una declaración de no estar incurso en causal de inhabilidad que impida su elección y si tal declaración no es cierta, el elegido viola ese pacto político, evento en el que procede la pérdida de la investidura, cuya finalidad es preservar la legitimidad de las instituciones de la sociedad política.

(...)

85. Así, la Sala encuentra que la sanción de pérdida de investidura impuesta por la Sala Plena del Consejo de Estado a los ahora accionantes generó un defecto sustantivo en la sentencia porque omitió la aplicación de una norma claramente aplicable al caso. En efecto, como se vio en los fundamentos jurídicos 24 a 34 de esta providencia, el proceso sancionador de pérdida de investidura exige la aplicación del principio de culpabilidad, pese a lo cual ese elemento no fue valorado en los procesos y, por el contrario, se impuso la responsabilidad objetiva en este asunto. Son cuatro las premisas que apoyan esa conclusión:

La primera: en virtud de lo dispuesto en el artículo 29 Superior, por regla general, los procesos sancionadores proscriben la responsabilidad objetiva. En efecto, salvo algunos casos propios del derecho administrativo sancionador en los que aún se ha admitido la responsabilidad únicamente por el resultado, en los procesos que tienen por objeto reprochar y castigar la realización de una conducta prohibida o restringida, la valoración de la culpa es determinante e ineludible, pues no hay pena ni sanción sin culpa. En consecuencia, si el proceso de pérdida de investidura impone la sanción más gravosa para el ejercicio del derecho a ser elegido de un ciudadano y el derecho a elegir al candidato del electorado, tal es la prohibición vitalicia a aspirar a cargos de elección popular, es lógico entender que las garantías del debido proceso sancionador también deben ser aplicadas al proceso de pérdida de investidura. Luego, el principio de culpabilidad en el proceso de pérdida de investidura constituye una norma aplicable, de inevitable observancia.

La segunda: el hecho de que una misma causal de inhabilidad pueda interpretarse y aplicarse a la misma situación fáctica en dos procesos distintos (el de nulidad electoral y del pérdida de investidura), exige reglas de coherencia y certeza en el derecho que otorgue un sentido útil a la autonomía de los procesos diseñados para el efecto. De esta manera, la diferencia sustancial, y no solo formal, entre los procesos electoral y de pérdida de investidura, consistiría en valorar el tipo de reproche a efectuar, pues mientras en el primero la consecuencia puede medirse únicamente por el resultado, en el segundo es indispensable evaluar la conducta y la intención en la producción del resultado. Dicho en otras palabras, mientras el juicio electoral evalúa la adecuación de la causal de inhabilidad en forma objetiva (estaba o no estaba inhabilitado), el juicio constitucional de pérdida de investidura analiza la adecuación de la causal de inhabilidad en forma subjetiva, esto es, con culpa del demandado (sabía o debía saber que estaba inhabilitado).

La tercera: la Sala Plena del Consejo de Estado impuso la sanción de pérdida de investidura a los accionantes sin valorar la ausencia de culpa en la configuración de la causal de inhabilidad aplicada. Por la conducta asumida por los demandantes en este caso es fácil inferir que se inscribieron al cargo de elección popular con la convicción de que no se encontraban inhabilitados para su ejercicio. Las sentencias reprochadas soslayaron el hecho de que los accionantes no solo fueron diligentes en la averiguación del estado actual de la jurisprudencia en torno a la interpretación de la causal en debate, sino también actuaron con sujeción al precedente vigente y vinculante de la Sección Quinta del Consejo de Estado.

(...)

La cuarta: si como se expuso anteriormente, en el proceso de pérdida de investidura deben aplicarse los principios del derecho sancionatorio, dado que la sanción impone la restricción perpetua de los derechos políticos, era obligatorio dotar de amplias garantías el procedimiento jurisdiccional. En ese sentido, en virtud del artículo 29 de la Constitución, que dispone el principio de presunción de inocencia, del cual se desprende la culpabilidad, es necesario verificar culpa o dolo en la conducta reprochable para imponer el castigo de inhabilitación para ser elegido a perpetuidad, razón por la cual la jurisprudencia del Consejo de Estado ha indicado que el proceso de pérdida de investidura se desarrolla en el ámbito de la responsabilidad subjetiva (...)”(37) (Negrillas por fuera de texto).

El proceso de pérdida de investidura exige, entonces, a partir de estos claros parámetros, la observancia del derecho fundamental al debido proceso del demandado, particularmente, de los principios pro homine, in dubio pro reo, de legalidad (las causales son taxativas y no hay lugar a aplicar normas por analogía), objetividad, razonabilidad, favorabilidad, proporcionalidad y culpabilidad.

Se recuerda que, desde la perspectiva de los fines constitucionales que se protegen, es clara la autonomía sustancial entre el juicio de pérdida de investidura y el electoral: “(...) el primero, conlleva la ponderación de la ética pública y los derechos del elegido, pues su núcleo de protección es la dignidad que implica el mandato otorgado en ejercicio de la democracia; y el segundo, pondera la regularidad del proceso democrático y los derechos de los elegidos y los electores, es decir, busca preservar la validez del voto popular (...)”.(38)

Es en ese entorno en el cual debe escudriñarse la conducta desplegada por el demandado —la celebración de un contrato público—, en aras de establecer si él sabía o debía saber que estaba inhabilitado para inscribirse y ser elegido Concejal del Municipio de Arauca (Arauca), pues el asunto se contrae a demostrar que optó por inscribirse y participar de los comicios, muy a pesar de que conocía o debíaconocer esa actuación vetada para los ciudadanos que pretendieran inscribirse y ser elegidos Concejales, esto es, la intervención en la celebración de contratos con entidades públicas dentro del año anterior a su elección.

Cabe señalar que la Corte Constitucional en la Sentencia SU-501 de 6 de agosto de 2015 (M.P. Dra. Myriam Ávila Roldán), señaló que como quiera que en los procesos de pérdida investidura no es posible calificar el grado de culpabilidad (dolo, culpa grave o leve), y por tanto tampoco es posible modular la sanción, se requiere acreditar un mínimo de culpabilidad para que sea impuesta la sanción.

En efecto, al respecto sostuvo:

“(...) 51. Sobre este especial énfasis, la jurisprudencia ha delimitado varios de los aspectos más relevantes que caracterizan al proceso de pérdida de investidura como un proceso jurisdiccional especial. No obstante, existen ciertos elementos de la pérdida de investidura que no han sido fijados por la doctrina constitucional debido a la escasa regulación que la propia Constitución realizó sobre su procedimiento, el cual, adicionalmente, debe ser observado con estricto rigor dado su carácter estricto y restringido. Como explicó la Sentencia C-237 de 2012(39) “la pérdida de la investidura tiene a la Constitución de 1991 como fuente principalísima en su regulación, lo que hace relevante el hecho que algunas de las disposiciones constitucionales tienen eficacia jurídica directa”.

52. Así por ejemplo, se ha controvertido la necesidad de establecer el grado de culpabilidad del procesado, teniendo en cuenta que se trata de un proceso que juzga el incumplimiento de obligaciones disciplinarias sobre la conducta del representante popular.(40) En efecto, en el proceso de pérdida de investidura no es posible calificar el grado de culpabilidad (dolo, culpa grave o leve), y por tanto tampoco es posible modular la sanción, pues como ha señalado la jurisprudencia constitucional, se trata de un sistema que establece una sanción de manera rígida y única, la pérdida de investidura.

53. Para la Corte, la justificación de esta particularidad del sistema de responsabilidad de la pérdida de investidura se deriva de su carácter excepcional dentro de “ius puniendi estatal”(41), carácter cuya excepcionalidad deriva en una sanción rígida en el que se requiere el mínimo de culpabilidad para que sea impuesta la sanción más severa a los derechos políticos. En síntesis, tratándose del proceso de pérdida de investidura, se trata de un sistema excepcional de juzgamiento de carácter político-disciplinario el cual establece una sanción rígida y única, la pérdida de la investidura (...) (Negrillas fuera de texto)”.

Precisado lo anterior, el abordaje del aspecto subjetivo requiere el análisis del dolo y la culpa, entendido el primero como la intención positiva de lesionar un interés jurídico, entretanto la segunda atañe a un concepto que está ligado a la diligencia debida para el desarrollo de determinada actividad.

Para llegar a definir si una conducta se cometió con dolo o con culpa, deben analizarse los elementos que constituyen el aspecto subjetivo de la misma, los cuales corresponden al conocimiento tanto de los hechos como de la ilicitud, esto es, si el sujeto conocía o debía conocer que su comportamiento resultaba contrario al ordenamiento jurídico.

En los casos en los cuales se pruebe que el demandado conocía plenamente que su comportamiento era constitutivo de una causal de pérdida de investidura, estaríamos ante una situación de total intención en la realización de la misma y, por ende, de un grado de culpabilidad doloso. En aquellos eventos en los que se concluya que el sujeto no conocía la ilicitud de su conducta, pero que en virtud de la diligencia requerida para el desarrollo de su actividad debía saber que la misma resultaba contraria a derecho, se está ante un comportamiento culposo, de no mediar sólidas circunstancias que se lo hubieran impedido.

Para definir este elemento subjetivo entonces, el análisis de la conducta debe dirigirse a establecer si el señor Mario Hinestroza Angulo conocía o debía conocer que la suya era constitutiva de inhabilidad, con miras a determinar si existió dolo o culpa en su comportamiento.

En el caso del dolo, el objeto de prueba corresponde a determinar el pleno conocimiento que tiene el sujeto sobre que determinada conducta (en este caso la celebración del contrato), genera la inhabilidad, pues ante dicho conocimiento, la ejecución de la conducta demuestra la intención en la misma.

Entretanto para determinar si la conducta fue culposa, tiene que estar demostrado, al menos, que el sujeto debía conocer su ilicitud en virtud de la diligencia que para la inscripción como candidato al Concejo del Municipio de Arauca (Arauca), le era menester desplegar.

Ahora bien, para establecer esta diligencia acudiremos a los presupuestos señalados en el artículo 63 del Código Civil, el cual prevé:

“ART. 63.—Culpa y Dolo. La ley distingue tres especies de culpa o descuido.

Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materias civiles equivale al dolo.

Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Culpa o descuido, sin otra calificación, significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano.

El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia, es responsable de esta especie de culpa.

Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. Esta especie de culpa se opone a la suma diligencia o cuidado.

El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro” (...)”(42) (Negrillas fuera de texto).

II.4.5.3. El Tribunal Administrativo de Caldas, en la sentencia de primera instancia, manifestó que no encontró, en forma integral, la Sentencia SU 424 de 2016, Magistrada Ponente: Gloria Stella Ortiz Delgado, proferida por la Corte Constitucional, no obstante, recurrió al comunicado número 33 de 10 y 11 de agosto de 2016, el cual citó en las partes que consideró más importantes.

II.4.5.4. Esa Corporación, posteriormente, estimó que el caso que se debatía en dicha sentencia era diferente al que estudiaba, pues en el caso estudiado por la Corte Constitucional, los accionantes actuaron al amparo de las posturas de la Sección Quinta del Consejo de Estado y de los conceptos emitidos a solicitud de los accionantes, que avalaban su inscripción y posterior elección, lo cual acreditaba que habían actuado sin culpa.

II.4.5.5. En el presente caso, continuó la Corporación, se detuvo a evaluar la conducta del demandado, indicando que:

“(...) En el caso bajo estudio, mal podría decirse que el análisis se hace desde un punto de vista objetivo estrictamente, pues al contrario, la Sala se detiene a examinar la razón que llevó al demandado a inscribirse y ser electo como candidato al Concejo Municipal de Manizales, pese haber intervenido en la suscripción del contrato con la Alcaldía de Manizales seis meses antes de la elección llevada a cabo el 25 de octubre de 2015; sin que se encuentra ningún motivo que justifique haber incurrido en tal situación, pues lo que se le exige como candidato, lo que es su deber estudiar y acatar, es el régimen de inhabilidades e incompatibilidades que la norma prevé, cuyo estricto cumplimiento es condición para su inscripción y posterior elección como concejal.

Así pues, no se tomaron por parte del entonces candidato al Concejo Municipal de Manizales, la elemental cautela ni el cuidado necesario para estudiar detalladamente el régimen de inhabilidades e incompatibilidades de obligatoria observancia para inscribirse como candidato y ser elegido luego concejal, todo lo cual conlleva en este momento a la asunción de la consecuencia jurídica que de allí se deriva.

Se reitera entonces, que de los hechos estudiados no se evidencia ninguno que demuestre haber llevado a la duda al demandado para inscribirse como concejal de este Municipio, y éste debía estar seguro de hallarse incurso en ninguna causal de inhabilidad antes de realizar la respectiva inscripción.

Considera la Sala, en consecuencia, que la Sentencia SU-424 de 2016, no tiene aplicación en este caso particular, por cuanto los supuestos fácticos que allí fueron materia de debate y decisión difieren totalmente de los que son materia del sub examine. (...)”.

II.4.5.6. Luego de lo expuesto, se debe entrar al análisis de los cargos propuestos, en la siguiente forma:

II.4.5.6.1. En el cargo identificado con el 1, el demandado considera que actuó de buena fe, por cuanto los dineros derivados del contrato celebrado con el Municipio de Manizales no ingresaron a su patrimonio, sino a las arcas del Colegio Mayor de Nuestra Señora, recursos de los cuales solo podía disponer el rector de esa institución, lo que lo pone en igualdad de condiciones con los demás candidatos que participaron en la contienda electoral 2016-2019.

II.4.5.6.2. La prueba de que el concejal tuvo una actuación acorde con dicho principio son los testimonios practicados en primera instancia y que no fueron valorados por el Tribunal Administrativo de Caldas, incurriendo en un defecto probatorio sustancial, puesto que esa Corporación analizó, únicamente, las pruebas allegadas por el demandante. Para efectos de ilustrar aún más sus argumentos defensivos, el demandado considera que se deben practicar la totalidad de los testimonios que solicitó en la demanda.

II.4.5.6.3. En el cargo identificado 2, plantea que el demandante debió acudir al proceso de nulidad electoral si lo que pretendía era un reproche de legalidad objetivo y no a la acción de pérdida de investidura, en la cual debe probarse la culpabilidad del demandado.

II.4.5.6.4. Ese sentido, reitera que actuó de buena fe al suscribir un contrato cuyos dineros no ingresaron a su patrimonio, sino a la cuenta del Colegio Mayor de Nuestra Señora, de la cual solo puede disponer el rector de la institución. Además, agrega, la conducta de suscribir el contrato como delegatario de una persona jurídica extendida de derecho canónico y sin ánimo de lucro no puede acarrear la sanción de pérdida de investidura, máximo cuando no tuvo acceso a los dineros derivados de este.

II.4.5.6.5. En el cargo identificado 3, insiste en que la primera instancia realizó un análisis puramente objetivo de la causal de pérdida de investidura, el cual se encuentra proscrito, con lo que asimiló ese proceso al de nulidad electoral, cuando lo cierto es que en el primero, debe realizarse un análisis subjetivo de culpabilidad, mientras que en el segundo se realiza un control de legalidad objetivo.

II.4.5.6.6. En esa medida, entonces, para el actor no se configura la causal de pérdida de investidura por el simple hecho de suscribir el contrato, pues el juez debe valorar que: (i) el dinero del contrato es utilizado en beneficio público y social; (ii) esos recursos jamás ingresaron al patrimonio del demandado y sí a las cuentas del Colegio Mayor de Nuestra Señora “(...) y el últimas (sic) al sujeto de derecho internacional Estado Vaticano tal y como coincidieron en afirmarlo varios de los testigos interrogados dentro del proceso (...)”; y (iii) de dichos dineros solo podía disponer el rector de la institución educativa, concluyendo que “(...) el contrato no se celebró en interés del demandado, como tampoco se benefició de la práctica, ni recibió una subvención económica o un beneficio patrimonial o extrapatrimonial por parte de mi prohijado (...)”.

II.4.5.6.7. En el cargo 5(43), el apelante resalta que la primera instancia desconoció la regla interpretativa fijada en la Sentencia SU 424 de 2016, proferida por la Corte Constitucional, en cuanto en las acciones de pérdida de investidura debe hacerse un análisis de culpabilidad.

II.4.5.6.8. La Sala resalta, para resolver los cargos formulados, que mediante Auto de 4 de abril de 2017 (fls. 28-31, Cdno. Consejo de Estado), ordenó la práctica de los testimonios de los señores José Silvano Peralta Hernández, José Fernando Cardona Obando, Mauricio Castellanos Hincapié, Alexandra Ríos Villa y José Fernando González Valencia. Los testimonios de las personas mencionadas, excepto el de Alexandra Ríos Villa cuyo desistimiento fue solicitado por el apoderado del apelante (fl. 37, Cdno. Consejo de Estado), fueron recaudados en la audiencia de 12 de junio de 2017 (fls. 22 - 38, Cdno. Consejo de Estado).

II.4.5.6.9. Ahora bien, de la lectura de la providencia judicial resulta evidente que el Tribunal Administrativo de Caldas no realizó ninguna mención en relación con las pruebas testimoniales recaudadas en el proceso. Sin embargo, es menester indicar que las mismas no traen al plenario, hechos o circunstancias nuevas de las que se encuentran acreditadas por las pruebas documentales, además de que dichos testimonios resultan irrelevantes para desvirtuar la culpabilidad del demandado.

II.4.5.6.10. Es así como los testimonios de los señores Leopoldo José Peláez Arbeláez, Liliana Patricia Castaño Hoyos, Octavio Marcos Fernando Barrientos Gómez, Fernán Llano Ruíz, Silvano José Peralta Hernández y José Fernando González Valencia coinciden en indicar que: (i) el Club Promotor Semillas Colseñora es una dependencia del Colegio Mayor de Nuestra Señora; (ii) que los dineros recaudados por las dependencias del Colegio ingresan precisamente al Colegio; y (iii) que quien dispone de esos recursos es el rector, como representante legal del Colegio y este, a su vez, rinde cuentas a la Arquidiócesis de Manizales.

II.4.5.6.11. Esos hechos relatados por los testigos ya se encontraban acreditados por la certificación de cinco (5) del mes de agosto de dos mil dieciséis (2016), expedida por el vicario de la Vicaría Episcopal de Asuntos Administrativos y Económicos de la Arquidiócesis de Manizales, señor Octavio Barrientos Gómez, la cual reposa del folio 205 al 206, cuaderno principal 1A; y por la certificación de la Arquidiócesis de Manizales de veinte (20) del mes de enero de dos mil dieciséis (2016), expedida por el canciller arquidiocesano, señor José Libardo Garcés Monsalve, que se encuentra al folio 204, cuaderno principal nro. 1A, cuyo contenido es el siguiente:

“(...) Que el Colegio Mayor de Nuestra Señora —Colseñora— con sede en el municipio de Manizales, Departamento de Caldas, goza de personería jurídica otorgada por el Código de Derecho Canónico y reconocida por el Concordato vigente en su artículo IV, inciso 2º, aprobado por la Ley 20 de 1974.

(...)

Que el Club Promotor Semillas Colseñora, es igualmente una persona jurídica pública extendida sin ánimo de lucro según el derecho canónico, el cual integra y hace parte del Colegio Mayor de Nuestra Señora, en los aspectos legal, administrativo y financiero.

Que por esta razón, la presentación del presupuesto anual, así como de los estados financieros de la Institución, inversiones e informes de administración educativa, deben ser siempre presentados ante el Vicario Episcopal para los Asuntos Económicos, con sede en el Economato de la Curia Arzobispal.

Que en virtud de la Legislación Colombiana vigente, la Autoridad Eclesiástica es la competente para certificar la Existencia y Representación Legal de las personas jurídicas de derecho canónico, a tenor del artículo IV del Concordato (...)”

“(...) el suscrito canciller arzobispal (...) certifica (...) Que El Colegio Mayor de Nuestra Señora, de Manizales (Caldas), goza de Personería Jurídica conforme al Canon 114, parágrafo primero, del Derecho Eclesiástico, reconocida en el Artículo IV, inciso segundo, del Concordato Vigente, suscrito por la Santa Sede y el Estado colombiano, aprobado por la Ley 20 de 1974.

Que El Colegio Mayor de Nuestra Señora es una entidad sin ánimo de lucro al servicio de la comunidad por medio de la Educación, y en tal virtud, conforme al artículo 23 de la Ley 75 de 1986 del Régimen Tributario Colombiano, está exenta del pago de impuestos de Renta, Patrimonio y Complementarios.

Que el Señor Presbítero Fernán Llano Ruíz, con cédula de ciudadanía 8.263.516 es el Representante Legal del Colegio Mayor de Nuestra Señora para los efectos civiles y eclesiásticos; y está Autorizado por el derecho particular de la Arquidiócesis para todas las transacciones económicas de la misma hasta doce salarios mínimos mensuales. Para cuantías superiores a ésta requiere autorización escrita del Ordinario (...)”

II.4.5.6.12. En el caso concreto, la revisión de los requisitos y el marco normativo que rige el cargo al cual se aspira, es una obligación general para quien pretende acceder a la función pública, incluso en los eventos de elección popular, sin embargo el entendimiento de dichos requisitos debe analizarse de acuerdo con las condiciones personales del sujeto, esto es el grado de formación, su profesión, las circunstancias que lo rodearon, así como a los actos que haya realizado para conocer dicho marco normativo, por ejemplo solicitar conceptos o asesorarse frente a la configuración o no de la referida inhabilidad, para con base en ello, determinar si se obró con el cuidado requerido y así definir si su conducta es culposa o si, por el contrario, se está ante una situación de buena fe exenta de culpa que impida el reproche subjetivo de su obrar.

II.4.5.6.13. Ahora bien, los hechos descritos anteriormente en modo alguno permiten indicar que el demandado actuó con la diligencia debida pues está establecido en este proceso que no obstante su deber de conocer los requisitos y calidades con los que debe contar un candidato para ser elegido concejal municipal, así como las inhabilidades que le impiden serlo, dentro de la que se encuentra la que ahora se le endilga, y que, además, el desconocimiento de las mismas no lo exoneraba de la correspondiente responsabilidad, el señor Ronal Fabián Bonilla Ricardo procedió a inscribirse para tales comicios habiendo firmado un contrato con la Alcaldía Municipal de Manizales (Caldas) como representante legal de un tercero denominado Club Promotor Semillas de Colseñora, dentro del año anterior a las elecciones para el período constitucional 2016-2019.

II.4.5.6.14. Esta conducta corresponde, según el citado artículo 63, a la falta de cuidado que los hombres emplean ordinariamente en los negocios propios, en la medida en que, se reitera, la Ley 136 establece, en su artículo 43, las inhabilidades o requisitos negativos de los que debe carecer el candidato al Concejo para ser elegido y ejercer la curul, dentro de las cuales se encuentra, como ya se ha explicado, haber intervenido en el año anterior a las elecciones, en la celebración de contratos con entidades públicas en interés propio o de terceros, para ser ejecutados en el mismo Municipio al cual aspira a ser Concejal.

II.4.5.6.15. La alegada buena fe del demandado deriva, entonces, de una conducta negligente de su parte, en la medida en que no verificó el régimen de inhabilidades e incompatibilidades que cobija el cargo al cual aspiró, esto es, el de los concejales.

II.4.5.6.16. La verificación de ese régimen hubiera permitido al demandado percatarse que dicho aquel, en momento alguno, tiene como excepción, el evento consistente en que los recursos que recibe la persona jurídica como beneficio de un contrato celebrado con una entidad pública no sean administrados directamente por ella o que el tercero con interés en la celebración de contrato sea un institución que desarrolle unas actividades de servicio social, pues resulta claro que la conducta que se le endilga al demandado fue la intervención en la celebración de un contrato con una entidad pública, no en interés propio, sino de un tercero, razón por la que resulta irrelevante si el demandado obtuvo o no un beneficio económico con su intervención en la celebración del contrato.

II.4.5.6.17. Nótese, en el mismo sentido, que con anterioridad la Sala ha descartado los argumentos que aluden a que el contrato se celebró con fines altruista al indicar:

“(...) Tampoco es de recibo alegar que el contrato se hizo con fines altruistas, ni se trata de una donación pues tuvo un valor de $30´000.000 ni que se haya realizado en cumplimiento de un deber legal, porque éste deber no existe en este caso, como sí ocurrió en el caso de la sentencia citada por el diputado, en la cual esta Corporación consideró que existía obligación legal del demandado de contratar para afiliar a los trabajadores al sistema de seguridad social en salud, precedente judicial que no es aplicable, pues por el contrario el deber del demandado era abstenerse de celebrar contratos con entidades públicas a ejecutarse dentro del departamento de Antioquia, dentro del periodo inhabilitante (...)”(44)

II.4.5.6.18. Asimismo, esta Sala ha considerado que las circunstancias que rodean la celebración del contrato, esto es, los motivos, las necesidades del servicio, las intenciones de las partes y efectos del negocio jurídico, son irrelevantes frente al acto mismo de la celebración del contrato. La Sentencia de 13 de diciembre de 2012, Magistrado Ponente: Guillermo Vargas Ayala, indicó:

“(...) La jurisprudencia de esta Corporación viene sosteniendo que las circunstancias que rodeen la celebración del contrato, esto es, los motivos, las necesidades del servicio, las intenciones de las partes y efectos del negocio jurídico, se tornan irrelevantes frente al acto mismo de la celebración como supuesto de hecho que aunado a los demás presupuestos que exige la causal, hacen que se incurra en la violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades.

Oportuno resulta traer a colación un pronunciamiento de la Sala en el cual se desata este específico punto, dijo entonces la Corporación:

Las consecuencias de la ocurrencia de los supuestos señalados en esa norma no se inhiben por las intenciones, motivos o finalidad con que el contratista celebre el o los contratos de que trata la norma, o las circunstancias que condujeron a los mismos, como tampoco por su condición de médico y no de abogado, toda vez que no hace distinción alguna al respecto, ni condiciona o sujeta la inhabilidad a ingrediente subjetivo, circunstancial y teleológico alguno, y menos a ser letrado en materia jurídica, salvo las excepciones señaladas en el artículo 46 de la Ley 136 de 1994, adicionado por el artículo 42 de la Ley 617 de 2000, en las cuales ni siquiera se ha insinuado ubicar los contratos motivo del sub lite. De modo que los fines pueden ser altruistas, o la persona puede ser la única que puede ofrecer el objeto del contrato, o no ser experto en la regulación jurídica pertinente, y nada de ello lo sustrae o excepciona de dicha inhabilidad; menos cuando la inscripción como candidato a concejal es un acto libre o enteramente voluntario de la persona, de suerte que si por el deber profesional se ve avocado a prestar sus servicios a una entidad pública en un municipio determinado, bien puede y legalmente debe abstenerse de aspirar a esa elección, y nada ajeno a él, objetivamente, lo impele a inscribirse para el efecto, y si procede a ello, lo hará bajo la presunción de que conoce la normatividad que regula el proceso electoral y las condiciones para acceder al cargo para el cual se inscriba. No son pertinentes, entonces, las razones alegadas por el demandado para sustentar las pretendidas inaplicación e inconstitucionalidad de la causal en este caso, pues no son razones jurídicas y menos que constituyan manifiesta violación de norma superior específica o determinada, que al efecto deber ser constitucional”.

Así las cosas, el concepto de la vista fiscal es equivocado ya que aspira a incluir una excepción a la inhabilidad por los aparentes motivos que tuvieron las partes del contrato para celebrarlo, debe reiterarse que la Ley no contempla excepción alguna en ese sentido, por lo que mal haría el juez al excusar un comportamiento claramente reprochable en situaciones excluyentes que no cuentan con un soporte normativo expreso. (...)”.

II.4.5.6.19. Entonces, la tesis aplicada por el Tribunal Administrativo de Caldas, en términos generales, coincide con la explicada por esta Sala, en la medida en que consideró que el demandado, por elemental cautela y cuidado, ha debido conocer las inhabilidades e incompatibilidades aplicables al cargo al cual pretende aspirar, sin que esté demostrado en el plenario que actuó de forma diligente.

II.4.5.6.20. Es por ello que destacó que no se daba el mismo supuesto de hecho estudiado en la Sentencia SU-424 de 2016, expedida por la Corte Constitucional, pues es claro que en el presente proceso el demandado no actuó al amparo de decisiones judiciales y conceptos que avalaran la posibilidad de su inscripción y elección como concejal del Municipio de Manizales (Caldas), por lo que no puede decirse que la primera instancia omitió el análisis de culpabilidad propio de la acción de pérdida de investidura o que haya inaplicado dicha decisión judicial proferida por la Corte Constitucional, desechándose, entonces, el argumento consistente en que la primera instancia confundiera la acción de nulidad electoral con la de pérdida de investidura.

II.4.5.6.21. De otro lado y en relación con el argumento planteado en el cargo nro. 6, consistente en que si se interpreta que la contratación efectuada por el Club Promotor Semillas Colseñora se encuentra al mismo nivel de aquellos que celebran las personas jurídicas de derecho privado, se tenga en cuenta el elemento culpabilidad, al no estar demostrado que el contrato se haya celebrado con el propósito de obtener ventajas electorales, debe manifestarse, en primer lugar, que dicho elemento no se encuentra previsto en el texto del numeral 3º del artículo 40 de la Ley 617, norma que modificó el numeral 3º del artículo 43 de la Ley 136, por lo que no debe ser objeto de análisis para su configuración.

II.4.5.6.22. En segundo lugar y teniendo en cuenta que la situación descrita por el demandado no integra la inhabilidad, tampoco es un aspecto que deba analizarse al estudiar si el demandado actuó o no con culpa, pues de lo que se trata al examinar la culpabilidad es si el demandado conocía o debía conocer que su comportamiento resultaba contrario al ordenamiento jurídico, siendo el parámetro normativo precisamente el texto del numeral 3 del artículo 40 de la Ley 617, norma que modificó el numeral 3º del artículo 43 de la Ley 136, que se reitera, no consagra como elemento del tipo que el contrato se haya celebrado con el propósito de obtener ventajas electorales.

II.4.5.6.23. Finalmente es necesario explicar que lo advertido por el demandante resulta ser la finalidad que inspiró al legislador a establecer la inhabilidad mencionada, la cual ha explicado la Sala, en la siguiente forma:

“(...) La Sala en Sentencia de 6 de octubre de 2005(45), precisó la finalidad de esta prohibición y sostuvo que cuando el legislador estableció la celebración de contratos con entidades públicas como fuente de inhabilidad e incompatibilidad, necesariamente tuvo como finalidad evitar que por dicho medio los aspirantes a cargos de elección popular tuvieran ventajas en relación con los demás candidatos pues, a no dudarlo, por tal medio fácilmente se pueden deducir beneficios electorales; y también impedir que quienes estén ya en ejercicio de sus funciones, prevalidos de su condición, se lucraran con la celebración de los referidos contratos, pues obviamente de permitirse dicha práctica tendrían más opción de ser adjudicatarios de los mismos los funcionarios públicos frente a cualquier particular. Dijo la Sala:

“Empero, en este caso, esa circunstancia por sí sola no lleva a la Sala a considerar que el demandado hubiera actuado por interpuesta persona de Proinversiones S.A., pues, de una parte, es la Gerente de la sociedad la que aparece dando informes sobre el trámite de la negociación de pago relacionada con el lote vendido al Municipio de Sincelejo, facultad que de acuerdo con el artículo 30 de los estatutos le ha sido atribuida; y, de la otra, lo que la jurisprudencia de esta Corporación ha dejado establecido como determinante en la actuación por interpuesta persona es no solo la real y activa participación, en este caso, del miembro de Junta Directiva, sino “el poder decisorio en la gestión social y de igual manera, la utilidad que a ese socio le reportaría su intervención, dado el interés económico que por sus acciones tiene en la sociedad.” (Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 11/11/1997, Exp. AC-5061, reiterada en Sentencia de 4/09/2003, Exp. 2002-00993, Consejero ponente doctor Manuel S. Urueta Ayola). En este caso, el interés económico del demandado en la mencionada sociedad es mínimo, si se tiene en cuenta que sus acciones representan un 5% en el total del capital autorizado que, es de mil millones de pesos dividido en acciones de $1000 cada una; y de esas mil millones de acciones posee únicamente 43.159, lo que impide considerar a la Sala que en razón de tal interés se vio movido a actuar por interpuesta persona. De otra parte, vale la pena enfatizar en que cuando el legislador estableció la celebración de contratos con entidades públicas como fuente de inhabilidad e incompatibilidad, necesariamente tuvo como finalidad evitar que por dicho medio los aspirantes a cargos de elección popular tuvieran ventajas en relación con los demás candidatos pues, a no dudarlo, por tal medio fácilmente se pueden deducir beneficios electorales; y también impedir que quienes estén ya en ejercicio de sus funciones, prevalidos de su condición, se lucraran con la celebración de los referidos contratos, pues obviamente de permitirse dicha práctica tendrían más opción de ser adjudicatarios de los mismos los funcionarios públicos frente a cualquier particular. En este caso, estima la Sala que la aceptación del plazo para que la entidad pública pague una obligación que ha contraído e incumplido y que fue adquirida aún de antes de la fecha de inscripción del candidato a las elecciones de Asamblea Departamental no constituye violación al régimen de incompatibilidades, pues tal acuerdo no tiene la connotación de contrato de transacción. (...)”(46)

“(...) La Sala considera prudente en este punto reiterar que, tal como lo manifestó la Sección Primera del Consejo de Estado en Sentencia de fecha 6 de octubre de 2005(47), “(…) cuando el legislador estableció la celebración de contratos con entidades públicas como fuente de inhabilidad e incompatibilidad, necesariamente tuvo como finalidad evitar que por dicho medio los aspirantes a cargos de elección popular tuvieran ventajas en relación con los demás candidatos pues, a no dudarlo, por tal medio fácilmente se pueden deducir beneficios electorales (…)”

Reitera igualmente lo expresado en Sentencia del 3 de julio de 2008(48), conforme a la cual “cabe advertir que la ejecución o cumplimiento del contrato, si se produce dentro del término de los doce meses anteriores a la elección, debe comportar la configuración de la causal examinada, pues es indudable que en desarrollo de las actividades contractuales es donde se pueden obtener ventajas obeneficios frente a los demás aspirantes o candidatos, que fue precisamente lo que el legislador quiso proscribir”. (...)”(49).

II.4.5.6.24. La finalidad en la consagración de la inhabilidad resultan ser los motivos por los cuales el legislador ha considerado que debe proscribir la posibilidad de que se celebren contratos con entidades públicas, en interés propio o de terceros, dentro del año siguiente a la elección.

II.4.5.6.25. El legislador ha considerado, entonces, que la realización de la conducta en la forma que se encuentra consignada en el texto legal, en sí misma, traería como consecuencia que se obtengan ventajas y beneficios electorales en relación con los demás candidatos.

II.4.5.6.26. De acuerdo con el análisis anterior, la totalidad de los cargos formulados por el demandado, consistentes en que no se había acreditado su culpabilidad, no están llamados a prosperar.

II.5. Conclusiones

II.5.1. En lo que tiene que ver con los elementos para la configuración de la causal, la Sala estima que todos y cada uno de ellos se encuentran acreditados, de la siguiente manera:

II.5.1.1. “(...) a. Que el demandado haya intervenido en la celebración de un contrato con una entidad pública de cualquier nivel (...)”.

II.5.1.1.1. Al folio 53 del cuaderno principal 1º, se encuentra la Carta de Aceptación de la Oferta 1504170297 de fecha 17 de abril de 2015, documento que, junto con la oferta presentada por el Club Promotor Semillas Colseñora, que reposa del folio 91 al 93 del cuaderno principal 1º, constituyen el contrato, de acuerdo con lo establecido en el artículo 85 (num. 7º) del Decreto 1510 de 17 de julio de 2013(50), toda vez que se trató de una contratación de mínima cuantía, de acuerdo con la Invitación Pública nro. MIC-SSA-064-2015 de 13 de abril de 2015, la cual reposa del folio 55 al 79 del cuaderno principal 1º.

II.5.1.1.2. Los documentos precitados permiten evidenciar que la entidad contratante es la Alcaldía del Municipio de Manizales (Caldas) e igualmente que fueron suscritos por el señor Ronal Fabián Bonilla Ricardo, identificado con la cédula de ciudadanía 16077854 de Manizales, en su condición de representante legal del precitado club, por lo que se encuentra acreditado que el demandado intervino en la celebración de un contrato con una entidad pública.

II.5.1.2. “(...) b. Haberlo celebrado durante el año anterior a la elección como concejal (...)”.

La Carta de Aceptación de la Oferta 1504170297 fue suscrita el día 17 de abril de 2015, esto es, dentro del año anterior a la elección del concejal, toda vez que el período mencionado empezó el 25 de octubre de 2014 y culminó el 25 de octubre de 2015(51), fecha en la que se llevaron a cabo las elecciones en las que fue elegido el demandado.

II.5.1.3. “(...) c. Tener interés propio o de terceros (...)”.

II.5.1.3.1. Como se señaló líneas atrás, para el caso en estudio, es muestra inequívoca de que existe un interés en la celebración del contrato, el hecho consistente en que se hubiera previsto en el mismo una contraprestación o remuneración para el contratista por los servicios prestados, en este caso, al Club Promotor Semillas Colseñora, conforme lo acreditan los ítems valor del contrato y forma de pago, sin que importe para los efectos de la configuración del elemento la naturaleza jurídica que ostentaba el contratista.

II.5.1.3.2. El demandado intervino en la celebración de un contrato con una entidad pública, al suscribir la precitada carta de aceptación como representante legal del contratista, Club Promotor Semillas Colseñora, lo que quiere indicar que el contrato no le reportaba un beneficio, provecho o utilidad personal al señor Ronald Fabián Bonilla Ricardo, sino a un tercero, cual es el Club Promotor Semillas Colseñora, que para los efectos del Derecho Canónico es una persona jurídica extendida dependiente del Colegio Mayor de Nuestra Señora.

II.5.1.4. “(...) d. Ejecutarlo en el mismo municipio (...)”.

Conforme la cláusula lugar de ejecución, prevista en la muchas veces citada carta de aceptación, el contrato debía ser ejecutado en el Municipio de Manizales.

II.5.2. En lo que tiene que ver con la culpabilidad del demandado en la realización de la conducta prevista en el numeral 3º del artículo 40 de la Ley 617, norma que modificó el numeral 3º del artículo 43 de la Ley 136, resultó acreditado que, no obstante su deber de conocer los requisitos y calidades con los que debe contar un candidato para ser elegido concejal municipal, así como las inhabilidades que le impiden serlo, dentro de la que se encuentra la prevista en la citada norma, y que, además, el desconocimiento de las mismas no lo exoneraba de la correspondiente responsabilidad, el señor Ronal Fabián Bonilla Ricardo procedió a inscribirse para los comicios del 25 de octubre de 2015, en los cuales se elegirían los concejales de, entre otros entes territoriales, el municipio e Manizales, habiendo firmado un contrato con la Alcaldía Municipal de Manizales (Caldas) como representante legal de un tercero denominado Club Promotor Semillas de Colseñora, dentro del año anterior a las elecciones para el período constitucional 2016-2019, por lo que su conducta puede ser considera como culposa.

FALLA:

1. CONFIRMAR la sentencia apelada proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas.

2. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

3. RECONOCER como apoderada judicial del señor Ronal Fabián Bonilla Ricardo a la abogada Diana Paola Ruiz García, identificada con la cédula de ciudadanía 1.030.564.937 y la tarjeta profesional 248.766, en los términos del poder que le fue conferido.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase».

13. Folio 20, cuaderno Consejo de Estado.

14. Folio 21, cuaderno Consejo de Estado.

15. Folios 128-139, cuaderno principal 1.

16. Folio 141, cuaderno principal 1.

17. “(...) ART. 320.—Fines de la apelación. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión.
Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido desfavorable la providencia: respecto del coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 71 (...)”.

18. “(...) ART. 328.—Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia (...)”.

19. Mediante el Acuerdo PSAA15-10392 del 1 de octubre de 2015, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura determinó “ART. 1º.—Entrada en vigencia del Código General del Proceso. El Código General del Proceso entrará en vigencia en todos los distritos judiciales del país el día 1º de enero del año 2016, íntegramente”.

20. “(...) ART. 306.—Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo (...)”.

21. Ver, entre otras, las siguientes decisiones: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Guillermo Vargas Ayala, Bogotá, D.C., veintidós (22) de octubre de dos mil quince (2015), Radicación número: 19001-23-33-000-2015-00141-01(PI), Actor: Diego Fernando Dorado Espinosa, Demandado: Alejandro Constain Marín, Referencia: Apelación Sentencia.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, Bogotá, D.C., diecinueve (19) de febrero de dos mil quince (2015), Radicación número: 08001-23-31-000-2013-00340-01(PI), Actor: Edwing Jabeth Arteaga Padilla, Demandado: Lao Herrera Iranzo - Concejal De Barranquilla, Referencia: Apelación Sentencia - Perdida de Investidura
Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera C.P. Guillermo Vargas Ayala, sentencia del cuatro (4) de septiembre de dos mil catorce (2014) Radicación número: 08001-23-33-000-2013-00249-02 (PI) Actor: Leonardo Fabio Reales Chacón Demandado: Aissar Alberto Castro Reyes.

22. ART. 48.—Pérdida de investidura de diputados, concejales municipales y distritales y de miembros de juntas administradoras locales. Los diputados y concejales municipales y distritales y miembros de juntas administradoras locales perderán su investidura:
(...)
6. Por las demás causales expresamente previstas en la ley.

23. Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera C.P. Guillermo Vargas Ayala, sentencia del cuatro (4) de septiembre de dos mil catorce (2014) Radicación número: 08001-23-33-000-2013-00249-02 (PI) Actor: Leonardo Fabio Reales Chacón Demandado: Aissar Alberto Castro Reyes.

24. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Oswaldo Giraldo López. Bogotá, D.C., veintisiete (27) de octubre de dos mil diecisiete (2017). Radicación número: 25000-23-42-000-2015-06456-01(PI). Actor: Sergio Fabián Martínez Leal.
Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Guillermo Vargas Ayala, Sentencia del catorce (14) de abril de dos mil dieciséis (2016), Radicación número: 76001-23-31-000-2012-00633-01(PI), Actor: Sergio David Becerra Benavides, Demandado: Jhon Jairo Hoyos Garcia.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, Sentencia del diecinueve (19) de febrero de dos mil quince (2015), Radicación número: 08001-23-31-000-2013-00340-01(PI), Actor: Edwing Jabeth Arteaga Padilla, Demandado: Lao Herrera Iranzo - Concejal De Barranquilla, Referencia: Apelación Sentencia - Perdida de Investidura.

25. “(...) Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública (...)”.

26. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. C.P. Susana Buitrago Valencia. Bogotá D.C., siete (7) de febrero de dos mil trece (2013). Radicación número: 47001-23-31-000-2011-00526-02. Actor: Carlos Vicente Bolaño Gomez. Demandado: Concejal del Distrito Turístico Cultural e Histórico de Santa Marta.

27. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. C.P. Marco Antonio Velilla Moreno. Bogotá, D.C., dieciocho (18) de junio de dos mil nueve (2009). Radicación número: 25000-23-15-000-2008-00422-01(PI). Actor: Hermann Gustavo Garrido Prada. Demandado: Javier Alonso Lastra Fuscaldo. Referencia: Apelación Sentencia. Pérdida de Investidura.

28. Davila Vinueza, Luís Guillermo. Régimen Jurídico de la Contratación Estatal. 3ª Edición. Bogotá: Legis Editores S.A., 2016. Páginas 69-70.

29. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. C.P. María Elizabeth García González. Bogotá, D.C., veinticinco (25) de mayo de dos mil diecisiete (2017). Radicación número: 81001-23-39-000-2015-00081-01(PI). Actor: Andrés Alberto Padilla Ávila y Gregorio Santafé Rodríguez. Demandado: Mario Hinestroza Angulo.

30. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. C.P. María Elizabeth García González. Bogotá, D.C., veinticinco (25) de mayo de dos mil diecisiete (2017). Radicación número: 81001-23-39-000-2015-00081-01(PI). Actor: Andrés Alberto Padilla Ávila y Gregorio Santafé Rodríguez. Demandado: Mario Hinestroza Angulo.

31. Corte Constitucional Sentencia SU-1159 de 2003. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

32. Art. 183 de la Carta Política. Sin embargo, otra causal también es la consagrada en el artículo 110 constitucional relacionada con la prohibición a quienes desempeñan funciones públicas, de hacer contribuciones a partidos, candidatos o movimientos políticos.

33. Art. 179 (El numeral 8 de este artículo fue modificado por el Acto Legislativo 1º de 2003); 180, 181 y 183 de la Constitución Política.

34. ART. 183 de la Constitución Política.

35. ART. 182 y 183 de la Constitución Política.

36. “ART. 183 C.P. Al respecto puede consultarse la Sentencia C-207 de 2003. M.P. Rodrigo Escobar Gil.

37. Corte Constitucional, Sentencia SU424 de 11 de agosto de 2016, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Providencia ratificada recientemente por la Sala en Sentencia de 9 de marzo de 2017, radicado 76001-23-33-007-2016-00267-01(PI), C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio (E).

38. Ídem.

39. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.

40. Sobre esta discusión vale la pena resaltar la aclaración de voto del Consejero de Estado Hugo Fernando Bastidas Bárcenas a la sentencia de pérdida de investidura PI-2009-00708-00, en la que señaló que la acción de pérdida de investidura tiene un carácter punitivo dentro del cual es necesario la comprobación previa de los elementos subjetivos de la falta. En el voto concurrente se señaló: “[l]a acción de pérdida de investidura debe desencadenar un proceso gobernado por esos principios, en especial, el principio de presunción de inocencia. El dolo y la culpa son lo incorrecto de una conducta que, por ende, merece el reproche jurídico pertinente, vale decir, la condigna sanción. Imponer una sanción solo por el mero resultado es injusto.” En igual sentido, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 23 de marzo de 2010, radicado PI 11001-03-15-000-2009-00198-00, C.P. Hugo Fernando Bastidas Barcenas.

41. Sentencias SU-400 de 2012 (M.P. Adriana M. Guillén Arango) y SU-399 de 2012 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto).

42. Corte Constitucional, Sentencia C-651 de 1997, Magistrado ponente Carlos Gaviria Díaz.

43. No existe cargo 4.

44. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. C.P. Martha Sofía Sanz Tobón. Bogotá, D.C., dieciocho (18) de junio de dos mil nueve (2009). Radicación número: 05001-23-31-000-2008-01399-01(PI). Actor: Luis Carlos Saldarriaga Echeverry. Demandado: Gabriel Raúl Manrique Berrio. Referencia: Apelación Sentencia. Pérdida de Investidura.

45. Expediente: 2004-00013, Actor: Alberto Lizardo Gómez Revollo, M.P. Dr. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.

46. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejera ponente: María Claudia Rojas Lasso. Bogotá, D.C., veintisiete (27) de marzo de dos mil catorce (2014). Radicación número: 41001-23-33-000-2012-00231-01(PI). Actor: Nelson Javier Rojas Lima. Demandado: Yaneth Gutierrez Martinez. Referencia: Apelación Sentencia - Perdida de Investidura.

47. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Bogotá, D.C., seis (6) de octubre de dos mil cinco (2005). C.P.: Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. Radicación: 70001-23-31-000-2004-00013-01(PI). Actor: Alberto Lizardo Gómez Revollo.

48. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Bogotá, D.C., tres (3) de julio de dos mil ocho (2008). C.P.: Marco Antonio Velilla Moreno. Radicación: 44001-23-31-000-2008-00017-01(PI). Actor: Gabriel Esteban Pinto Redondo.

49. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. C.P. Marco Antonio Velilla Moreno. Bogotá, D.C., dieciocho (18) de julio de dos mil trece (2013). Radicación número: 54001-23-31-000-2012-00256-01(PI). Actor: Sandra Fajardo Hernández. Demandado: Víctor Jesús Daza Rodríguez. Referencia: Apelación Sentencia - Perdida de Investidura

50. “(...) Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública (...)”.

51. De acuerdo con la información que reposa en los archivos digitales de la Registraduría Nacional del Estado Civil, las elecciones para elegir concejales del Municipio de Manizales se realizaron el día 25 de octubre de 2015. Se consultó el formato E-26 CO correspondiente al precitado municipio:
https://elecciones.registraduria.gov.co//esc_elec_2015/docs_divulgacion/09/001/CON1/E26/E26_CON_2_09_001_XXX_XX_XX_XXX_X_XXX.pdf