Sentencia 2016-00627 de marzo 7 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejera ponente:

Dra. Stella Jeannette Carvajal Basto

Rad.: 08001-23-33-000-2016-00627-01(AC)

Actor: Ingrid Natalia Cantillo Romero en Representación de Wilson Andrés de la Hoz Cantillo

Demandado: Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

Bogotá, D.C., siete de marzo de dos mil dieciocho.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala.

1. Competencia.

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y el 13 del acuerdo 58 de 1999 y el literal c del artículo 2º del acuerdo 55 de 2003 (reglamento interno), la Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto de impugnación.

2. Planteamiento del problema jurídico.

Le corresponde a la Sala establecer si el fallo de primera instancia que negó las pretensiones de la acción de tutela instaurada por la señora Ingrid Natalia Cantillo Romero, en representación de su hijo Wilson Andrés de la Hoz Cantillo, por considerar que la entidad accionada notificó en debida forma al aspirante la convocatoria de la matrícula al curso de entrenamiento deportivo o, si por el contrario, como lo afirma la actora, dicha comunicación vulnera los derechos fundamentales al debido proceso y de educación de su representado, en tanto el SENA debió notificar la convocatoria de la matrícula dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al aviso de la lista de admitidos, es decir, a partir del 5 de diciembre de 2016.

3. El derecho a la educación y su faceta de accesibilidad.

Conforme a lo previsto en los artículos 67 y 68 de la Constitución Política, la educación tiene una doble connotación: (i) como derecho fundamental en los niveles de básica primaria y básica secundaria y (ii) como servicio público cuya realización está a cargo del Estado, la sociedad y la familia.

En el contexto internacional se encuentran normas, tanto en el Sistema de la Naciones Unidas(5), como en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos que regulan el derecho a la educación como una obligación de los Estados. Entre las normas de las Naciones Unidas, se encuentra la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), que consagra en su artículo 26 el derecho a educación, la cual debe ser gratuita y obligatoria, por lo menos en cuanto a la “instrucción elemental y fundamental”. A su turno, los artículos 13 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconocen el derecho de toda persona a la educación y consagra los parámetros que los Estados de seguir con el fin de asegurar la garantía de este derecho.

Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 26), que se concreta en el artículo 13 del Protocolo de San Salvador, también protege el derecho a la educación, el cual debe ser garantizado por los Estados Partes orientado al pleno desarrollo de la personalidad, encaminado a fortalecer “el respeto por los derechos humanos, el pluralismo ideológico, las libertades fundamentales, la justicia y la paz”.

En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Sentencia de 1 de septiembre de 2015(6), expuso:

“El derecho a la educación se encuentra contenido en el artículo 13 del Protocolo de San Salvador(7). La Corte tiene competencia para decidir sobre casos contenciosos en torno a este derecho en virtud del artículo 19 (6) del Protocolo(8). Asimismo, dicho derecho se encuentra contemplado en diversos instrumentos internacionales(9). Por su parte, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha resaltado que el derecho a la educación es el epítome de la indivisibilidad y la interdependencia de todos los derechos humanos, y que “[l]a educación es un derecho humano intrínseco y un medio indispensable de realizar otros derechos humanos”(10)”.

Así mismo, la Convención sobre los Derechos del Niño en el artículo 28 reconoce el derecho a la educación del niño, en condiciones de igualdad, y señala las medidas que deben implementar los Estados partes a fin de “eliminar la ignorancia y en analfabetismo en el mundo entero y de facilitar el acceso a los conocimientos técnicos y a los métodos modernos de enseñanza”.

La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha precisado cuatro dimensiones estructurales del derecho a la educación, de acuerdo con la metodología de análisis elaborada por la ONU y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, desarrollados en la Observación General 13), en los siguientes términos:

“Como derecho y como servicio público, la doctrina nacional e internacional han entendido que la educación comprende cuatro dimensiones de contenido prestacional:(i) la asequibilidad o disponibilidad del servicio, que puede resumirse en la obligación del Estado de crear y financiar suficientes instituciones educativas a disposición de todos aquellos que demandan su ingreso al sistema educativo, abstenerse de impedir a los particulares fundar instituciones educativas e invertir en infraestructura para la prestación del servicio, entre otras; (ii) la accesibilidad, que implica la obligación del Estado de garantizar el acceso de todos en condiciones de igualdad al sistema aludido, la eliminación de todo tipo de discriminación en el mismo, y facilidades para acceder al servicio desde el punto de vista geográfico y económico; (iii) la adaptabilidad, que se refiere a la necesidad de que la educación se adapte a las necesidades y demandas de los educandos y que se garantice continuidad en la prestación del servicio, y (iv) la aceptabilidad, la cual hace alusión a la calidad de la educación que debe impartirse”(11).

Teniendo en cuenta la materia del caso que examina la Sala, se detendrá en el análisis de la accesibilidad a la educación, por lo es pertinente referirse a la observación General 13 del comité DESC, que en relación sobre esta faceta, dispone:

“Accesibilidad: Las instituciones y los programas de enseñanza han de ser accesibles a todos, sin discriminación, en el ámbito del Estado Parte. La accesibilidad consta de tres dimensiones que coinciden parcialmente:

No discriminación: La educación debe ser accesible a todos, especialmente a los grupos no vulnerables de hecho y de derecho, sin discriminación por ninguno de los motivos prohibidos (véanse los párrafos 31 a 37 sobre la no discriminación);

Accesibilidad material: La educación ha de ser asequible materialmente, ya sea por su localización geográfica de acceso razonable (por ejemplo, una escuela vecinal) o por medio de la tecnología moderna (mediante el acceso a programas de educación a distancia);

Accesibilidad económica: La educación ha de estar al alcance de todos. Esta dimensión de la accesibilidad está condicionada por las diferencias de redacción del párrafo 2º del artículo 13 respecto de la enseñanza primaria, secundaria y superior: mientras que la enseñanza primaria ha de ser gratuita para todos, se pide a los Estados Partes que implanten gradualmente la enseñanza secundaria y superior gratuita”.

En efecto, se desconoce el derecho a la educación en esta dimensión cuando se ejecutan conductas que impiden el acceso a la educación, por razones ajenas al estudiante, máxime cuando es un menor de edad, pues el acceso y la permanencia al sistema educativo en el nivel superior dependen de las capacidades de cada estudiante y de los recursos económicos que les permita cubrir gastos de matrícula y manutención.

Con todo, el derecho a la educación tiene una protección reforzada cuando se trata de sujetos de protección especial constitucional, como es el caso de los niños, niñas y adolescentes.

4. Estudio y solución del caso concreto.

4.1. Requisitos generales de procedibilidad.

En el presente caso, la acción de tutela es procedente en tanto el joven Wilson Andrés de la Hoz no dispone de otro medio de defensa para la protección del derecho fundamental a la educación y es un sujeto de especial protección, en tanto es un menor de edad para el momento de la presentación de la solicitud de amparo, condición que aún persiste.

El requisito de inmediatez se encuentra cumplido toda vez que el amparo constitucional fue presentado por la accionante de manera oportuna, pues el último correo electrónico que generó la presunta vulneración del derecho fundamental, tiene data de 7 de febrero de 2017, y la solicitud de amparo fue presentada el 8 de mayo del mismo año, esto es, dentro de un plazo razonable.

Por último, la actora se encuentra legitimada para representar a su hijo, en tanto funge como su madre, como lo demuestra la copia del registro civil del menor Wilson Andrés de la Hoz Cantillo. Lo anterior, en virtud de lo establecido en el artículo 306 del Código Civil, que dispone que “el hijo de familia sólo puede comparecer en juicio como actor, autorizado o representado por uno de sus padres (…)”.

Se advierte, entonces, que se han superado los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela previstos en el artículo 86 de la Carta Política, por lo que la Sala procederá a efectuar el análisis de fondo del asunto.

4.2. La decisión de primera instancia se debe revocar y se debe acceder al amparo constitucional solicitado

En el caso bajo estudio, la actora pretende la protección de los derechos fundamentales al debido proceso y a la educación, presuntamente vulnerados por el SENA, con el trámite de notificación de la admisión al programa académico entrenamiento deportivo, para su hijo Wilson Andrés de la Hoz Cantillo.

En el escrito de impugnación, la accionante argumentó que la entidad demandada tenía quince (15) días hábiles para comunicar al aspirante si era aceptado para el anotado programa, los cuales serían contados a partir del correo electrónico de 5 de diciembre de 2016. No obstante, afirmó que la única notificación que recibió su hijo fue el 23 de enero de 2017, a las 10:22 pm, para que se presentara al día siguientes, esto es, el 24 del mismo mes y año, a las 8:00 am, lo que, en su sentir, conllevó la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y a la educación.

Sea lo primero indicar que el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991, establece la presunción de veracidad indicando que “si el informe no fuere rendido dentro del plazo correspondiente, se tendrán por ciertos los hechos y se entrará a resolver de plano, salvo que el juez estime necesaria otra averiguación previa”. Como en el asunto objeto de estudio, el SENA omitió rendir informe, se tendrán como ciertos los argumentos expuestos por la demandante.

Adicionalmente, de las pruebas que obran en el expediente, la Sala observa, en primera medida, que mediante correo electrónico senasofia@senavirtual.edu.co, de 5 de diciembre de 2016, el informó al aspirante Wilson Andrés de la Hoz Cantillo, lo siguiente:

“Señor(a): Wilson Andrés de la Hoz Cantillo

El Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, le informa que su nuevo estado en el proceso para el programa (1321571) Entrenamiento Deportivo, es: No Seleccionado.

Usted aún no ha sido seleccionado en el programa de formación de su interés, sin embargo hace parte de un grupo de aspirantes en la lista de espera.

Si pasados 15 días hábiles usted no ha sido contactado por funcionarios del Centro de Formación del SENA, significa que definitivamente en esta ocasión no logró un cupo, en ese caso, lo invitamos a postularse nuevamente en la próxima convocatoria” (negrillas de la Sala).

El 23 de enero de 2017, a las 10:22 pm, la entidad demandada envió el siguiente correo electrónico(12):

S-2016-00627
 

Posteriormente, en correo electrónico de 7 de febrero de 2017, el SENA informó al aspirante lo siguiente:

“El Servicio Nacional de Aprendizaje —SENA, le informa que su proceso de matrícula para el programa 1321571— Entrenamiento Deportivo del Centro Centrol Industral y de Aviación ha sido anulado porque ya se cumplió el plazo en el cual debía presentarse para realizar el dicho proceso.

Lo invitamos a participar de las próximas convocatorias que ofrece el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, las cuales se puede consultar en nuestra página web www.senasofiaplus.edu.co o a través del Call Center”.

La Sala encuentra justificado el reclamo de la actora, toda vez que como se evidenció en el material probatorio allegado al expediente de tutela, el SENA con el fin de informar al actor que hacía parte de un grupo de aspirantes en lista de espera, otorgó un término de quince (15) días hábiles para que fuera contactado en caso de que se le asignara un cupo estudiantil.

Aun cuando la citación se remitió con posterioridad al precitado término, no es razonable que existiendo la posibilidad de ser admitido al programa académico, se hubiera remitido la citación a las 10:22 pm del 23 de enero de 2017, para que se realizara el proceso de matrícula al día siguiente a las 8:00 am, lo que, de suyo, vulnera el derecho a la educación en su faceta de accesibilidad.

En efecto, la entidad demandada vulneró la garantía del acceso al sistema educativo del menor, pues el SENA al ser una institución que ofrece programas de formación integral, debe velar para que los aspirantes que cumplan con todas las etapas de admisión, puedan materializar su ingreso al respectivo programa educativo, siempre y cuando se cumplan las condiciones requeridas para el proceso de admisión.

Bajo esa línea, la entidad accionada debió notificar al menor de la citación de matrícula en un horario en el que pudiera tener conocimiento del mismo, previendo la posibilidad de que se matriculara en el programa de entrenamiento deportivo. Más aún, por tratarse de un menor de edad, debió tener la cautela de realizar la notificación a través de un medio más expedito como una llamada telefónica o canalizar la comunicación a través de su progenitora, en tanto es la representante legal.

Así entonces, observa la Sala que el SENA generó una barrera para el acceso al anotado programa al que aspiraba el hijo de la actora, ya que la hora en la que se recepcionó la comunicación de admisión (10:22 pm), impidió que conociera la decisión de ser admitido de manera oportuna, en tanto se generó una exigencia mayor por parte del interesado, pues debía presentarse al día siguiente a las 8:00 am, con la advertencia de que la no asistencia daría por terminado el proceso.

En conclusión, considera la Sala que de acuerdo con las consideraciones desarrolladas en esta providencia, el SENA afectó el derecho fundamental a la educación del joven Wilson Andrés de la Hoz Cantillo, al no garantizar el acceso al programa de formación de entrenamiento deportivo del actor.

Así las cosas, se revocará el fallo de primera instancia y se concederá el amparo solicitado. En consecuencia, la Sala ordenará al SENA que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, efectúe un nuevo trámite de notificación del proceso de matrícula para que el joven Wilson Andrés de la Hoz Cantillo pueda acceder el siguiente periodo académico al programa de entrenamiento deportivo del Centro Industrial de Aviación con ficha técnica de asignación 1321571.

5. Razón de la decisión.

La Sala amparará el derecho fundamental a la educación del menor Wilson de la Hoz Cantillo y, en consecuencia, ordenará al SENA que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, efectúe un nuevo trámite de notificación del proceso de matrícula para que el joven Wilson Andrés de la Hoz Cantillo pueda acceder el siguiente periodo académico al programa de entrenamiento deportivo del Centro Industrial de Aviación con ficha técnica de asignación 1321571.

III. Decisión.

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. REVÓCASE la Sentencia de 22 de mayo de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral “A”.

2. AMPÁRASE el derecho fundamental a la educación del menor Wilson Andrés de la Hoz Cantillo, por las razones expuestas.

3. ORDÉNASE al director del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes contadas a partir de la notificación del presente fallo, efectúe un nuevo trámite de notificación para que el joven Wilson Andrés de la Hoz Cantillo pueda acceder el siguiente periodo académico al programa de entrenamiento deportivo del Centro Industrial de Aviación con ficha técnica de asignación 1321571.

4. NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

5. REMÍTASE el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

5. Véase, Declaración Universal de los Derechos Humanos, DUDH, articulo 26 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, PIDCP, artículo 18.4 y Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, PIDESC, artículos 13 y 14.

6. Caso Gonzales Lluy y otros vs. Ecuador.

7. En lo pertinente para el presente caso, dicho artículo señala que: “1. Toda persona tiene derecho a la educación. 2. Los Estados partes en el presente Protocolo convienen en que la educación deberá orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad y deberá fortalecer el respeto por los derechos humanos, el pluralismo ideológico, las libertades fundamentales, la justicia y la paz. Convienen, asimismo, en que la educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad democrática y pluralista, lograr una subsistencia digna, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos raciales, étnicos o religiosos y promover las actividades en favor del mantenimiento de la paz. 3. Los Estados partes en el presente Protocolo reconocen que, con objeto de lograr el pleno ejercicio del derecho a la educación: a. la enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente; b. la enseñanza secundaria en sus diferentes formas, incluso la enseñanza secundaria técnica y profesional, debe ser generalizada y hacerse accesible a todos, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita; c. la enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados y en particular, por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita (...)”.

8. El ART. 19 (6) del Protocolo permite la aplicación del sistema de peticiones individuales regulado por los artículos 44 a 51 y 61 a 69 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos si se presentase una vulneración a los Arts. 8 (1) (Derechos Sindicales) y 13 (Derecho a la educación) del Protocolo.

9. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (arts. 13 y 14), la Carta de la Organización de Estados Americanos (artículo 49), la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (artículo XII) y la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 26) son algunos referentes que estipulan obligaciones o deberes de los Estados relativos al derecho a la educación.

10. Cfr. Naciones Unidas, Consejo Económico y Social, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observación General Número 13, E/C.12/1999/10, 8 de diciembre de 1999, párr. 1.

11. Corte Constitucional Sentencias T-428 de 2012, M.P. María Victoria Calle Correa.

12. Folio 10 del cuaderno de tutela.