Sentencia 2016-00702 de abril 28 de 2016

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN “A”

Rad.: 11001-03-15-000-2016-00702-00(AC)

Consejero Ponente:

Dr. William Hernández Gómez

Actor: Ismael Rincón Ramírez y otros

Demandado: Corte Constitucional

Bogotá D.C., veintiocho de abril del dos mil dieciséis

La Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sede de tutela, decide la acción de la referencia.

Hechos Relevantes

a) Revisión

El 28 de febrero de 2003, la Junta Directiva de Telecom aprobó el Plan de Pensión Anticipada para los trabajadores que estuviesen a menos de 7 años de consolidar su derecho a la pensión de jubilación. No obstante, la entidad no reconoció el referido derecho a varios extrabajadores, bajo el argumento que no estaban en el régimen de transición de la Ley 100 de 1993.

En el 2009 los aquí accionantes instauraron acciones de tutela contra el Patrimonio Autónomo de Remanentes de Telecom (PAR), la cuales les fueron concedidas.

La Corte Constitucional seleccionó para revisión varios expedientes de tutela relacionados con el Plan de Pensión Anticipada de los extrabajadores de Telecom. El 26 de enero, el 8 de febrero y el 23 de abril de 2010, varios de los aquí accionantes allegaron al expediente en revisión, pruebas que ratificaban sus derechos, dentro de las cuales estaba el Acta 1782 del 28 de febrero de 2003 de la Junta Directiva de Telecom.

El 12 de junio de 2014, la Sala Plena de la Corte Constitucional profirió la Sentencia SU-377 mediante la cual resolvió la revisión de los expedientes de tutela acumulados.

El magistrado Luis Guillermo Guerrero Pérez salvó parcialmente el voto. Sin embargo, a la fecha de presentación de la acción de tutela no ha sido publicado ni notificado.

b) Inconformidad

Afirmaron que la Corte Constitucional vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, pues no valoró las pruebas allegadas y otorgó valor probatorio al Instructivo Plan de Pensiones, a pesar de tratarse de un documento apócrifo.

Así mismo, sostuvieron que dentro del expediente no obran los memoriales presentados el 26 de enero y el 8 de febrero de 2010.

Pretensiones

Solicitaron se amparen los referidos derechos fundamentales. En consecuencia, se anule parcialmente la Sentencia SU-377 de 2014 en lo relacionado con el Plan de Pensión Anticipada, esto es, los ordinales del quinto al octavo, el décimo, décimo segundo, décimo tercero, décimo quinto, décimo sexto y décimo séptimo. En su lugar, se confirmen los fallos de los juzgados de instancia que fueron objeto de la revisión.

Contestaciones al requerimiento

Patrimonio Autónomo de Remanentes (fls. 28-34)

Hilda Terán Calvache, apoderada general del PAR, manifestó que en la sentencia objeto de debate se negó el amparo de los ahora accionantes debido a que no cumplieron con alguna de las causales generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y no por no cumplir con los requisitos para su inclusión en el Plan de Pensión Anticipada (PPA).

Igualmente, indicó que no es administrador de pensiones, por lo que, no tiene competencia para proferir actos administrativos que nieguen o reconozcan solicitudes pensionales y realizó un recuento del PPA.

Afirmó que lo pretendido por los accionantes es revivir términos, ya que dejaron vencer la oportunidad de solicitar la nulidad de la sentencia ante la Corte Constitucional, quien es la única facultada para declarar nulo un fallo de unificación.

Por último, señaló que no ha vulnerado los derechos fundamentales alegados en el escrito de tutela, pues —contrario a lo expuesto— el expediente estuvo a disposición del público en general por 5 años.

La Corte Constitucional

No rindió informe alguno a pesar de que fue debidamente notificada (f. 26).

Consideraciones de la Sala

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

Tratándose de la acción de tutela contra providencias judiciales la postura reiterada y uniforme de la Corte Constitucional(1) y el Consejo de Estado(2) ha sido admitir su procedencia excepcional, siempre que se cumplan los requisitos generales de procedibilidad (exigencias generales) y las causales específicas de procedencia (defectos).

La posición actual ha evolucionado en la jurisprudencia constitucional, empezando por la tesis de la vía de hecho fijada en las sentencias C-543 de 1992 y T-079 de 1993 y su redefinición en la T-949 de 2003, entre otras, hasta llegar a su sistematización en la sentencia C-590 de 2005.

Los requisitos generales de procedibilidad son exigibles en su totalidad, porque la ausencia de alguno de ellos impide el estudio de fondo de la vía de hecho planteada. En lo atinente a las causales específicas de procedencia, el escrito de la acción constitucional debe acreditar al menos una de las causales, para que el juez de tutela acceda al amparo invocado.

Problema Jurídico.

El problema jurídico en esta instancia se puede resumir en la siguiente pregunta:

1. ¿La presente acción de tutela es procedente para discutir la Sentencia SU-377 de 2014 proferida por la Corte Constitucional en sede de revisión?

Para resolver el problema así planteado se abordarán las siguientes temáticas: (i) Improcedencia de la acción de tutela contra sentencias de tutela y de revisión de la Corte Constitucional: la sentencia discutida. Veamos:

1. Improcedencia de la acción de tutela contra sentencias de tutela y de revisión por la Corte Constitucional.

La Corte Constitucional estableció como uno de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales que la misma no se dirija contra una sentencia proferida en sede de tutela, pues de ser así, aquella es improcedente.

Dicha Corporación ha sostenido que admitir la posibilidad de demandar un fallo de tutela nuevamente mediante el mismo mecanismo generaría que los asuntos fueran discutidos indefinidamente, lo cual atenta contra los principios de seguridad jurídica y cosa juzgada y causa un perjuicio de los derechos fundamentales cuyo amparo se solicita(3).

A pesar de lo anterior, ha admitido su procedencia excepcional cuando 1) la acción presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada, 2) se pruebe que la decisión adoptada fue producto de fraude y 3) no exista otro mecanismo legal para resolver la situación(4).

El máximo tribunal constitucional(5) no ha desconocido los posibles yerros en que puede incurrir el juez, por el contrario ha señalado que los mismos se pueden corregir a través de otros mecanismos de control del fallo de tutela, como lo es, la impugnación y la revisión eventual por el máximo tribunal constitucional, consagrados en el artículo 86 de la Constitución Política.

Ahora, en relación con la procedencia de la acción de tutela contra sentencias proferidas en revisión, debe precisarse que la Corte Constitucional es la encargada de revisar las sentencias de tutela y unificar la jurisprudencia como órgano de cierre, lo que excluye la posibilidad de que los fallos que profieran sean demandados, pues ello implicaría una dilación injustificada que iría en contravía de la protección de los derechos fundamentales, fin esencial de la mencionada acción constitucional(6).

Recientemente, en Sentencia SU-627 de 2015 se precisó que cuando la sentencia es proferida por la Corte Constitucional (Sala Plena o Salas de Revisión de Tutela) no admite ninguna excepción. Por lo tanto, en ningún caso procede la acción de tutela contra una sentencia dictada por dicha Corte y únicamente puede presentarse incidente de nulidad contra la misma.

La sentencia discutida

Los accionantes afirmaron que la Corte Constitucional vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia al expedir la Sentencia SU-377 del 2014 sin valorar las pruebas allegadas al proceso y otorgar valor probatorio al Instructivo Plan de Pensiones, a pesar de tratarse de un documento apócrifo.

Sobre el particular, se advierte que la sentencia que se controvierte fue proferida por la Sala Plena de la Corte Constitucional en sede de revisión el 12 de junio de 2014.

De esta forma, no se puede analizar de fondo el asunto planteado por los accionantes, pues la acción de tutela no cumple con uno de los requisitos generales de procedibilidad, esto es, que no se dirija contra una sentencia de tutela.

Igualmente, se precisa que si los actores consideraron que existe una causal de nulidad de la referida sentencia porque se dejaron de analizar asuntos de relevancia constitucional de trascendencia para la decisión, debieron presentar ante la Corte Constitucional incidente de nulidad dentro de los tres días siguientes a la notificación del fallo.

Finalmente, respecto al salvamento de voto del magistrado Luis Guillermo Pérez se aclara que este no es el mecanismo adecuado para solicitar su notificación y publicación.

En ese orden de ideas, se rechazará por improcedente la acción de tutela interpuesta por el señor Ismael Rincón y otros contra la Corte Constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

Falla

1. Rechazar por improcedente la acción de tutela interpuesta por el señor Ismael Rincón y otros contra la Corte Constitucional, de conformidad con lo aquí expuesto.

2. La presente decisión podrá ser impugnada dentro de los tres días siguientes a siguientes a su notificación (art. 31 Dcto. 2591 de 1991). Si esta providencia no fuere impugnada en tiempo oportuno, remítase el cuaderno original de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

3. Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

4. Háganse las anotaciones correspondientes en el programa “Justicia Siglo XXI”.

Notifíquese y cúmplase

Magistrados: William Hernández Gómez—Gabriel Valbuena Hernández—Luis Rafael Vergara Quintero.

(1) Al respecto ver, entre otras, sentencias T-573 de 1997, T-567 de 1998, T-001 de 1999, T-377 de 2000, T-1009 de 2000, T-852 de 2002, T-453 de 2005, T-061 de 2007, T-079 de 1993,T-231 de 1994, T-001 de 1999, T-814 de 1999,T-522 de 2001, T-842 de 2001, SU-159 de 2002, T-462 de 2003,T-205 de 2004, T-701 de 2004, T-807 de 2004, T-1244 de 2004, T-056 de 2005, T-189 de 2005, T-800 de 2006, T-061 de 2007, T-018 de 2008, T-051 de 2009, T-060 de 2009, T-066 de 2009, T-889 de 2011, T-010 de 2012, T-1090 de 2012, T-074 de 2012, T-399 de 2013, T-482 de 2013, T-509 de 2013,, T-254 de 2014, T-941 de 2014 y T-059 de 2015.

(2) En la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 (exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A. Dr. Jorge Octavio Ramírez Ramírez) la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo dispuso la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales siempre y cuando se respetara el principio de autonomía del juez natural, y se cumplieran los requisitos generales y específicos establecidos por la Corte Constitucional.

(3) Sentencia SU-1219 de 2001.

(4) Corte Constitucional. Ibídem. Ver entre otras Sentencia T-951 de 2013.

(5) Sentencia T-353 de 2012.

(6) Corte Constitucional. Sentencia T-218 de 2012. M.P. Juan Carlos Henao Pérez.