SENTENCIA 2016-00718 DE FEBRERO 2 DE 2017

 

Sentencia 2016-00718 de febrero 2 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Radicación: 73001-23-33-000-2016-00718-01(AC)

Consejero Ponente:

Dr. Carlos Enrique Moreno Rubio

Actor: Yaneth Villamil Ramírez

Demandado: Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional Dirección Sanidad y Dirección de Sanidad de Tolima

Bogotá, D.C., dos de febrero de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones de la Sala

2.1. Competencia.

La Sala es competente para conocer de la impugnación interpuesta por el jefe del área de sanidad de Tolima, contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima el día 17 de noviembre de 2016, en atención a lo consagrado por los decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015.

2.2. Problema jurídico.

De conformidad con los antecedentes, corresponde a la Sala determinar si hay lugar a confirmar, revocar o modificar el fallo del Tribunal Administrativo del Tolima del 17 de noviembre de 2016, de cara a los argumentos expuestos por la entidad recurrente, según los cuales, es un hecho superado la vulneración del derecho a la salud comoquiera que ya se autorizó la práctica del procedimiento médico requerido, y teniendo en cuenta que la parte accionada ha prestado los servicios de salud a la actora.

En caso de confirmar el fallo de primera instancia, la Sala procederá a determinar si se autoriza a la dirección de sanidad de la Policía Nacional realizar el recobro al Fosyga para poder cumplir el mismo.

2.3. Sobre el derecho a la salud.

El derecho a la salud se encuentra consagrado en el artículo 49 de la Constitución Política como una garantía a favor de todos los ciudadanos colombianos y a cargo del Estado.

Ahora bien, este derecho ha tenido un desarrollo jurisprudencial permanente. Teniendo en cuenta la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la materia, se identifican dos grandes fases de dicho proceso. En un primer momento se estimó que la protección del derecho a la salud vía tutela era posible gracias a la conexidad con otros derechos fundamentales. En tales eventos, su protección de manera autónoma se brindaba únicamente a los menores de edad y, en general, cuando se trataba de un sujeto de especial protección.

Luego, se le dio a la salud la categoría de derecho fundamental, cuya protección es autónoma, lo que sucedió a partir de la Sentencia T-859 de 2003, en la que indicó que existe el derecho a recibir la atención de salud definida, ya sea en el plan básico de salud, el plan obligatorio de salud o el plan obligatorio de salud subsidiado. Tal postura trajo como consecuencia que la negación de un servicio, medicamento o procedimiento establecido en alguno de dichos planes, implica la vulneración del derecho a la salud del paciente.

No obstante, la Corte Constitucional ha advertido que el amparo de este derecho no es consecuencia directa de alegar su condición de fundamental, pues ello solo es posible luego de verificarse que se cumplan en condiciones de oportunidad, eficiencia y calidad, las previsiones normativas que estipulan los criterios de acceso al sistema en salud y de las prestaciones obligatorias.

2.4. Caso concreto.

La actora afirma que se le vulneró su derecho fundamental a la salud, porque las autoridades tuteladas cancelaron el procedimiento quirúrgico “histerectomía abdominal total” dispuesto por su médico tratante, por la falta de presupuesto para el mismo, el cual es necesario para combatir el virus del papiloma humano VPH que padece.

El Tribunal Administrativo del Tolima amparó el derecho invocado por la tutelante, porque no encontró valido el argumento con base en el cual las autoridades censuradas cancelaron la cirugía, y concluyó que se dejó a la accionante en una “espera dispendiosa”, toda vez que la entidad tutelada en su intervención no demostró que efectivamente efectuó la histerectomía o que suministró la información de cuando se realizaría.

A su vez, la dirección de sanidad área Tolima de la Policía Nacional en su contestación y en el escrito de impugnación, indica que el tribunal no tuvo en cuenta que se han prestado los servicios de salud requeridos por la actora y que los hechos que sustentaron la acción fueron superados, pues autorizó nuevamente la intervención quirúrgica de la peticionaria, como se puede constatar en las autorizaciones AU8025833 y AU8025834, las cuales fueron impartidas en aras de cumplir el fallo proferido por esta autoridad judicial.

Además, expresa que el fallo censurado no fue congruente con lo pretendido en la tutela, pues la medida fue muy amplia al establecer el “suministro ilimitado de los servicios médicos” a la accionante, lo que atenta contra la viabilidad financiera del subsistema de salud de la Policía Nacional.

Analizados los anteriores argumentos, la Sala observa que no logran demeritar los ofrecidos por el a quo de la tutela, y que lo llevaron a amparar el derecho fundamental de la actora, comoquiera que, no está demostrado a la fecha que se le realizó la “histerectomía abdominal total” o que se le reprogramó para un día específico, dado que solo aportaron las constancias que la autorizaron nuevamente, situación que no es suficiente para considerar que desapareció la vulneración del derecho fundamental invocado por la actora.

Lo anterior, en vista de que está acreditado que la tutelante padece del virus del papiloma humano VPH desde el año 2013(11) y que de acuerdo a lo dispuesto por su médico tratante, requiere de la histerectomía para enmendar esta patología(12), y de esta manera, restablecer su estado de salud y mejorar su calidad de vida.

De igual forma, se encuentra que la providencia recurrida se ajustó a la realidad del caso y tuvo un sustento jurídico razonable, pues la orden de prestación del servicio a la salud se impartió concretamente para que se autorice y gestione la mencionada cirugía, junto con el tratamiento médico necesario para la recuperación postquirúrgica de la paciente.

Por lo tanto, no se está quebrantando el equilibrio financiero de este subsistema como lo afirma el accionante, sino que por el contrario, se evidencia que la autoridad judicial buscó garantizar que las pretensiones contenidas en la acción se garantizaran y atendieran de manera integral.

Por otra parte, se encuentra que la parte actora ostenta la calidad de beneficiaria del subsistema de salud de la Policía Nacional, por lo tanto, tiene derecho a que se le suministren de manera oportuna y continua los servicios incluidos en el plan de sanidad militar y policial(13), dentro de los que se encuentra la asistencia quirúrgica dentro del país.

En este orden de ideas, no es de recibo el argumento dado por la recurrente, porque como lo advirtió el a quo, las entidades prestadoras del servicio de salud no pueden negar o retardar el mismo con base en aspectos administrativos o presupuestales, toda vez que esta carga no debe ser asumida por la paciente, y resulta constitucionalmente inadmisible que el derecho a la salud dependa de una decisión de tal naturaleza(14).

Finalmente, se reitera el criterio adoptado por esta Sección en relación con la solicitud de la orden de recobro por la prestación del servicio al Fosyga, según el cual “al juez de tutela no le corresponde emitir una decisión en tal sentido, toda vez que el origen de la facultad de realizar ese recobro es legal y no jurisprudencial”, tal y como se expresó en el fallo de 26 de mayo de 2016(15).

En tales condiciones, se impone confirmar el fallo de primera instancia, toda vez que persiste la vulneración del derecho invocado por la accionante, pues no reposa en el expediente prueba que informe qué, en efecto, la dirección de sanidad área Tolima cumplió con lo ordenado por el Tribunal Administrativo del Tolima.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Confírmase la sentencia del 17 de noviembre de 2016 proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, por las razones expuestas en precedencia.

2. Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

3. Dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión y envíese copia de la misma al despacho de origen.

Notifíquese y cúmplase.»

11 La accionante para acreditar su condición clínica aportó fotocopia del informe colposcópico, junto con los resultados del examen anatomopatológico. Folios 15 y 16.

12 Conforme la autorización de 21 de julio de 2016. Folio 17.

13 Artículo 27 del Decreto 1795 de 2000.

14 Sentencia T-121 de 2015, Corte Constitucional, M.P. Dr. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

15 Sentencia de tutela del 26 de mayo de 2016, radicado 17001-23-33-000-2016-00156-01, Sección Quinta, Consejo de Estado, C.P. Dr. Alberto Yepes Barreiro.