Sentencia 2016-00741/25000-23-42-000 de julio 6 de 2006

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 25000-23-42-000-2016-00741-01

Consejera Ponente:

Dra. Martha Teresa Briceño de Valencia

Bogotá, D.C., seis de julio de dos mil dieciséis

Demandante: Camilo Andrés Rojas Castro

Demandado: Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y Otro.

Acción de Tutela.

Fallo Segunda Instancia

Decide la Sala la impugnación presentada por la parte actora contra la Sentencia del 24 de febrero de 2016, proferida por la Sección Segunda - Subsección B del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que resolvió:

“1. Declarar improcedente la tutela interpuesta por el señor Camilo Andrés Rojas Castro contra la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público Nación y la Nación - Rama Judicial - Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva de Administración judicial, para la protección de los derechos fundamentales al debido proceso administrativo, trabajo, seguridad social e igualdad, por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

(…)”

I. Antecedentes

Pretensiones

El señor Camilo Andrés Rojas Castro, en nombre propio, instauró acción de tutela contra la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Rama Judicial - Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, por considerar vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso administrativo, al trabajo, a la seguridad social y a la igualdad. En consecuencia formuló las siguientes pretensiones:

“Solicitó al Juez constitucional amparar mis derechos fundamentales al debido proceso administrativo, a la igualdad, al trabajo y a la seguridad social, vulnerados por las entidades accionadas, al momento de haber excluido del pago de nómina correspondiente al mes de noviembre de 2015, los tres (3) primeros días, lo cual generó un desequilibrio económico de la remuneración a la que tenía derecho como contraprestación de las actividades laborales desarrolladas, así como el aporte integral al sistema de seguridad social, y por ende, el menoscabo que ello produjo en el conjunto de las doceavas en las prestaciones sociales de fin de año con todas las consecuencias que ello genera.

Así las cosas, al Juez de tutela se solicita: i) Se deje sin efectos el comprobante de nómina que no incluyo tres (3) días del mes de noviembre del 2015; ii) se reconozca y paguen de manera integral los días descontados, liquidados con observancia al salario realmente devengado; iii) se ordene a la entidad pagadora realizar los aportes correspondientes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Riesgos Profesionales y demás emolumentos a que halla (sic) lugar , y, iv) de conformidad con lo establecido en el artículo 10º del Código de Procedimiento Administrativo que se han proferido con base en los mismos y de lo Contencioso Administrativo, se tengan en cuenta los fallos de tutela que se han proferido con base en los mismos supuestos fácticos y jurídicos como los expuestos, para lo cual se hace referencia a manera de ejemplo, de la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, M.P. Beatriz María Quintero, el 18 de diciembre de 2015 al interior del cartulario Nº. 25000-23-37-000-2015-02091-00”.

1. Hechos.

Se advierten como hechos relevantes, los siguientes:

El señor Camilo Andrés Rojas Castro se vinculó a la Rama Judicial desde el 15 de enero de 2013 en el cargo de Profesional Especializado Grado 33 de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.

Que, mediante el Decreto 067 del 27 de marzo de 2014, fue nombrado en el cargo de Profesional Especializado Grado 33, en descongestión, a partir del 1º de abril de la misma anualidad hasta el 30 de mayo de 2014, fecha en la cual terminaron las medidas de descongestión para la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.

Que desde la fecha anteriormente mencionada, se prorrogaron las medidas de descongestión en cuatro oportunidades, hasta el 31 de diciembre de 2014.

Que, en el año 2015, las medidas de descongestión fueron prorrogadas mes a mes, periodo durante el cual hubo continuidad laboral hasta el 31 de octubre de 2015, según el Acuerdo PSAA15-10385 del 23 de septiembre del mismo año.

Que debido a que la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura emitió de manera tardía el Acuerdo PSAA15-10404 del 3 de noviembre de 2015, mediante el cual se restablecieron las medidas de descongestión para ese mes, se descontó de la nómina del actor, lo correspondiente a tres días de salario, afectando de esa manera no solo la remuneración salarial de ese periodo sino también la liquidación de prestaciones sociales y los aportes al sistema de seguridad social y riesgos profesionales.

Oposiciones

La Asesora del Ministerio de Hacienda y Crédito Público solicitó que se declare improcedente la acción de tutela y señaló que no es el Ministerio de Hacienda y Crédito Público la entidad que, eventualmente, le haya violado o amenazado algún derecho fundamental al actor, por cuanto quien hasta el momento ha omitido el pago del salario es la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá D.C., y por lo mismo el determinar si existía o no disponibilidad presupuestal para el pago del salario y bonificación de los días 1, 2 y 3 de noviembre de 2015, compete únicamente justificarlo a la respectiva sección presupuestal, toda vez que ese ministerio, en el marco de sus competencias, sitúa las respectivas partidas y son “ellos” quienes en el ejercicio de su autonomía e independencia tienen la capacidad de controlar y comprometer a nombre de la persona jurídica de que hagan parte, la ordenación del gasto, conforme lo avala el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero en sus artículos 110 y ss.

La abogada de la División de Procesos, de la Unidad de Asistencia Legal de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial señaló que la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura es la facultada para expedir los Acuerdos sobre medidas de descongestión que están sujetas a disposiciones legales en materia de presupuesto, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Ley 38 de 1989, que dispone que ninguna autoridad podrá contraer obligaciones imputables al presupuesto de gastos sobre apropiaciones inexistentes o en exceso del saldo disponible con anticipación a la apertura del crédito adicional correspondiente y quienes lo hicieren responderán personalmente de las obligaciones que contraigan.

Providencia impugnada.

La Sección Segunda - Subsección B del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante Sentencia del 24 de febrero de 2016, declaró improcedente la tutela interpuesta por el señor Camilo Andrés Rojas Castro - contra la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Rama Judicial - Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, para la protección de los derechos fundamentales al debido proceso administrativo, trabajo, seguridad social e igualdad.

Precisó que en el caso concreto, el actor dispone de los mecanismos ordinarios de defensa judicial con la suficiente idoneidad y eficacia para lograr la satisfacción de las pretensiones objeto de la presente acción de tutela, máxime si se tiene en cuenta que del material probatorio que obra en el expediente, no se evidencia la existencia de un inminente perjuicio irremediable, presupuesto necesario para que proceda la acción de tutela a efectos de obtener el reconocimiento y pago de emolumentos salariales.

Que no obstante, es pertinente señalar que la eficacia de otras vías judiciales debe ser analizada por el Juez de tutela frente a la situación particular y concreta de quien invoca el amparo, como quiera una interpretación restrictiva de la Constitución conllevaría a la vulneración de derechos fundamentales, si con el ejercicio de dichos mecanismos no se logra la efectiva protección de los derechos quebrantados.

Impugnación.

El actor impugnó la anterior decisión y solicitó que, en su lugar, se amparen los derechos fundamentales invocados y, como consecuencia, se ordene se deje sin efectos el comprobante de nómina que no incluyó tres (3) días de salario del mes de noviembre de 2015, se reconozcan y paguen de manera integral los días descontados, liquidados con observancia al salario legalmente devengado y se ordene a la entidad pagadora que realice los aportes correspondientes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Riesgos Profesionales y demás emolumentos a que haya lugar.

Reiteró los argumentos del escrito inicial y manifestó que en el presente caso, si bien cuenta con otros mecanismos de defensa judicial, lo cierto es que los mismos no resultan eficaces y causarían un perjuicio irremediable con sus elementos característicos de inminencia, gravedad, medidas urgentes y su impostergabilidad, teniendo en cuenta que su desarrollo excedería el termino de 12 meses, periodo que considera excesivo si se tiene en cuenta que el salario dejado de percibir afectó su mínimo vital como padre cabeza de hogar y que, desde el 31 de diciembre de 2015, se encuentra desempleado ante la decisión de no prorrogar las medidas de descongestión.

Que la afectación al mínimo vital derivado de la expedición tardía de los acuerdos administrativos en el mes de noviembre de 2015, es del resorte exclusivo de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, carga pública que no debió soportar como empleado de la Rama Judicial, más aún si se tiene en cuenta que laboró de manera ininterrumpida el mes de noviembre de 2015, y que el salario devengado tiene como finalidad sufragar los gastos propios del hogar y escolares de sus tres hijos menores de edad.

II. Consideraciones

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1º establece: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto”.

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Problema jurídico

¿Es procedente la acción la acción de tutela para reclamar el pago de salarios y, en ese evento, debe ordenarse a las autoridades demandadas el reconocimiento y pago de los días laborales reclamados por el actor y el consecuente ajuste de las prestaciones que se vieron afectadas por dicho descuento?

Caso concreto

El señor Camilo Andrés Rojas Castro solicita la protección de los derechos fundamentales al debido proceso administrativo, al trabajo a la seguridad social e igualdad que consideran vulnerados por la Rama Judicial y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por el actor contra la Sentencia del 24 de febrero de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, que declaró improcedente la presente acción.

En primer lugar, debe precisarse frente a la existencia de otro medio de defensa judicial, que el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, establece:

“ART. 6º—Causales de Improcedencia de la Tutela. La acción de tutela no procederá:

1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante. Se entiende por irremediable el perjuicio que solo pueda ser reparado en su integridad mediante una indemnización”. (Negrilla fuera de texto)

En el mismo sentido, la Corte Constitucional, en Sentencia T-972 de 2005, consideró:

“Se encuentra ya muy decantada la jurisprudencia de la Corte acerca de la naturaleza residual de la acción de tutela y sus condiciones de procedencia cuando existe un mecanismo ordinario de defensa. Así ha destacado en múltiples oportunidades que los medios y recursos judiciales ordinarios son el escenario preferente para invocar la protección de los derechos constitucionales fundamentales que se consideren vulnerados en una situación específica, y a ellos deben acudir, en principio, los afectados, a fin de hacer prevalecer la supremacía de estos derechos y el carácter inalienable que les confiere la Carta. En consecuencia, la acción de tutela adquiere la condición de medio subsidiario, cuyo propósito no es el de desplazar a los otros mecanismos, sino el de fungir como último recurso orientado a suplir los vacíos de defensa que en determinadas circunstancias presenta el orden jurídico, en materia de protección de derechos fundamentales.

Así, la protección de derechos fundamentales es un asunto que el orden jurídico reserva a la acción de tutela en la medida que el mismo no ofrezca al afectado otros medios de defensa judicial, de igual o similar eficacia. Sin embargo, de la sola existencia de un medio alternativo de defensa judicial, no deviene automáticamente la improcedencia de la acción de tutela.

En aquellos eventos en que se establezca que el ordenamiento jurídico tiene previsto un medio ordinario de defensa judicial, corresponde al juez constitucional resolver dos cuestiones: la primera, consiste en determinar si el medio judicial alterno presenta la idoneidad y eficacia necesarias para la defensa de los derechos fundamentales. Si la respuesta a esa primera cuestión es positiva, debe abordarse la cuestión subsiguiente consistente en determinar si concurren los elementos del perjuicio irremediable, que conforme a la jurisprudencia legitiman el amparo transitorio”.

El actor aduce que se debe conceder el amparo constitucional deprecado, toda vez que el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, a pesar de ser idóneo, no resulta eficaz frente a la vulneración de los derechos fundamentales invocados, lo que genera un perjuicio irremediable.

En relación con las características del perjuicio irremediable, la Corte Constitucional, en Sentencia T-081 de 2013, precisó:

“…cuando la Constitución establece que la tutela “sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial”, simplemente fija una regla general. Pero luego agrega una excepción: “salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable” (C.P., art. 86). Con lo cual, si el afectado dispone de otro medio de defensa judicial, puede interponer la tutela para la defensa de sus derechos siempre y cuando la utilice para evitar un perjuicio irremediable. Este perjuicio irremediable, como lo ha sostenido la Corte Constitucional desde sus inicios, debe ser inminente o actual, y además ha de ser grave, y requerir medidas urgentes e impostergables. La Corporación ha desarrollado todas estas notas del perjuicio irremediable en su jurisprudencia. En uno de sus fallos las resumió de la siguiente manera:

“(…) En primer lugar, el perjuicio debe ser inminente o próximo a suceder. Este exige un considerable grado de certeza y suficientes elementos fácticos que así lo demuestren, tomando en cuenta, además, la causa del daño. En segundo lugar, el perjuicio ha de ser grave, es decir, que suponga un detrimento sobre un bien altamente significativo para la persona (moral o material), pero que sea susceptible de determinación jurídica. En tercer lugar, deben requerirse medidas urgentes para superar el daño, entendidas éstas desde una doble perspectiva: como una respuesta adecuada frente a la inminencia del perjuicio, y como respuesta que armonice con las particularidades del caso. Por último, las medidas de protección deben ser impostergables, esto es, que respondan a criterios de oportunidad y eficiencia a fin de evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable..”.

Ahora bien, en tratándose del reconocimiento y pago de prestaciones económicas, a través de la acción de tutela, esa misma Corporación, en Sentencia T-088 del 13 de enero de 2014, señaló:

“Por otra parte, en la Sentencia SU-256 de 1996 esta Corporación estableció los presupuestos para acceder por vía de tutela al reconocimiento de los perjuicios ocasionados por la vulneración de derechos fundamentales, los cuales, deben ser verificados por el juez de tutela rigurosamente, pues en principio la acción de tutela se torna improcedente para reclamar prestaciones económicas. Por lo tanto, las condiciones que deben reunirse para ello son: (i) que la tutela sea concedida, (ii) que el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial para obtener el resarcimiento del perjuicio, (iii) que la violación del derecho haya sido manifiesta y como consecuencia de una acción clara e indiscutiblemente arbitraria, (iv) que la indemnización sea necesaria para asegurar el goce efectivo del derecho, (v) que se haya garantizado el debido proceso a quien resulte condenado.

En virtud de lo anterior, respecto a la pretensión del accionante sobre la indemnización de perjuicios, producto de lo dejado de percibir por no cultivar el predio —por la recomendación suministrada por la CARDER—, la Sala reitera que la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para reclamar las indemnizaciones o prestaciones de carácter económico, pues existen otras vías judiciales previstas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con la posibilidad de decretarse medidas cautelares, que son idóneos y eficaces para resolver este tipo de controversias”.

El señor Camilo Andrés Rojas Castro considera que las entidades demandadas vulneraron los derechos fundamentales, entre otros, a la igualdad, al trabajo, a la seguridad social y a la remuneración, tras haber excluido del pago de su nómina correspondiente al mes de noviembre, los tres primeros días, pese a que los laboró. A su juicio, dicha actuación implica el quebranto de una remuneración justa por los días trabajados y un detrimento patrimonial que hoy en día resulta inminente reconocer.

Ahora bien, de la lectura íntegra de la presente acción de tutela se tiene que el actor pretende el reconocimiento y pago del salario de los tres primeros días del mes de noviembre de 2015, liquidados con observancia del salario legalmente devengado, asimismo, que se ordene a la entidad pagadora realizar los aportes correspondientes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Riesgos Profesionales.

De lo anterior se desprende que la solicitud de amparo, se repite, está encaminada a ordenar el reconocimiento y pago del salario del mes de noviembre de 2015 de manera completa, lo cual, en principio, podría reclamarse por vía del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que consagra el artículo 138(1) de la Ley 1437 de 2011, dado que lo que se pretende es que se liquide la nómina del mes de noviembre y se paguen los 3 días no incluidos a los que el actor considera tiene derecho porque prestó el servicio.

Al respecto, se advierte que solo hasta el día 3 de noviembre de 2015, el Ministerio de Hacienda Dirección General del Presupuesto Público “(…) comunicó a la Señora Directora Ejecutiva de Administración Judicial el levantamiento de la leyenda previo concepto a los recursos apropiados en el rubro 1-0-1-10 Rec. denominados otros gastos personales, previo concepto -DGPPN para la vigencia 2015, por $28.131.494.803, para cubrir los gastos por concepto de descongestión para lo que resta de la vigencia fiscal”.

Como consecuencia del retardo con el que actuaron las autoridades que intervienen en el procedimiento de ejecución del Presupuesto Público, no pudo darse continuidad a las medidas de descongestión judicial desde el día mismo en que cesaron los efectos de la prórroga anterior, autorizada en el Acuerdo PSAA15-10385(2) del 23 de septiembre de 2015.

Para la Sala, la anterior actuación interadministrativa no puede afectar los derechos laborales del demandante, pues según lo manifestó el actor, y no fue controvertido por los demandados, prestó el servicio durante los días cuyo pago reclama.

Además de lo anterior, dado que la liquidación incompleta de la nómina, que según el actor afecta sus derechos fundamentales, tuvo su origen en una omisión que podría ser atacada mediante el ejercicio del medio de control de reparación directa de que trata el artículo 140(3) del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y que, adicional a ello, tal situación afecta a todos aquellos funcionarios y empleados que venían laborando en los cargos de descongestión, hasta el 31 de octubre del año 2015, cuyo nombramiento fue restablecido, es claro que en principio se podría optar por acudir al mecanismo consagrado en el artículo 3º de la Ley 472 de 1998(4), como medio más expedito para conseguir el amparo.

No obstante, considera la Sala que tales mecanismos si bien resultarían eficaces, en el entendido de que mediante el ejercicio de los medios de control que tiene a su disposición el actor podría obtener lo pretendido mediante la presente acción de tutela, también lo es que dichos mecanismos no resultarían eficientes, toda vez que no es válido dilatar ni poner en funcionamiento el poder judicial, con todos los términos legales que ello representa, para obtener la resolución de una controversia en la que se encuentra demostrado que existió una omisión en expedir de manera oportuna la disponibilidad presupuestal requerida para efectuar el pago de los tres días de noviembre que hoy generan la presente controversia.

Lo anterior, además, le impone al trabajador una carga adicional que no le corresponde soportar, si se tiene en cuenta que los recursos necesarios para el pago del servicio estaban previamente asignados.

Ahora, si bien las reglas del Estatuto Orgánico del Presupuesto, especialmente las contempladas en los artículos 71 y 110, prevén que los actos administrativos que afecten las apropiaciones presupuestales deben contar con certificados de disponibilidad previos que garanticen la existencia de apropiación suficiente para atender los mismos, lo cierto es que conforme lo señaló el Consejo de Estado en el Acuerdo 259 de 2015, “por virtud de la Ley 1737 de 2014, se dispuso la ejecución del presupuesto de descongestión para la Rama Judicial, por doceavas, motivo por el cual los acuerdos de prórroga de descongestión se expiden mes a mes, al igual que los certificados de disponibilidad presupuestal, de manera tal que dicho presupuesto está apropiado hasta el 31 de diciembre de 2015”; luego, se debía contar con ese levantamiento para dar vía libre a los nombramientos.

En este orden de ideas, es claro que corresponde al Director General del Presupuesto Público del Ministerio de Hacienda y Crédito Público situar, con efectos inter comunis, si se tiene en cuenta que es de público conocimiento que dicha omisión afectó de manera general a todos los empleados nombrados en descongestión, los recursos del presupuesto necesarios para que se emita el Certificado de Disponibilidad Presupuestal que permita realizar el pago correspondiente a los 3 días del mes de noviembre de 2015, faltantes por pagar por carencia de disponibilidad presupuestal y el consecuente reajuste de las prestaciones sociales que se vieron afectadas.

Vale la pena destacar que, en el presente caso, se tiene por cierto que el actor al 31 de octubre de 2015, estaba vinculado a la Rama Judicial en un cargo de descongestión, a saber, el de profesional especializado grado 33 adscrito a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, por lo que es claro que gozaba del derecho a continuar con todos los efectos laborales y prestacionales que se generarán con ocasión de la prestación del servicio, más aún, cuando, como en efecto sucedió, el nominador dispuso la continuidad en el ejercicio de los cargos de descongestión, tal y como se encuentra consignado en la Resolución Nº 37 del 04 de noviembre de 2015, mediante la que aquel decidió “prorrogar” los nombramientos en los cargos que ejercían.

En consecuencia, como la omisión de las entidades demandadas en la expedición de los referidos certificados de disponibilidad no puede afectar los derechos laborales reclamados, procede amparar los derechos fundamentales del actor y, para el efecto, ordenar al Director Nacional del Presupuesto Público del Ministerio de Hacienda y Crédito Público que, en el término de cuarenta y ocho horas (48) siguientes a la notificación de esta decisión, sitúe, con efectos inter comunis, los recursos del presupuesto necesarios para que se emita el Certificado de Disponibilidad Presupuestal correspondiente al pago de los días 1, 2, y 3 de noviembre de 2015, para que, en el término de quince días siguientes, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, liquide la nómina de los empleados vinculados en descongestión y efectúe, en ese mismo plazo, el pago de los tres días reclamados y reajuste y pague, de igual manera, las prestaciones sociales que se afectaron con la omisión de esos días.

Finalmente, la Sala considera pertinente resaltar y reiterar que, para este asunto, la acción de tutela no debe limitarse a un mecanismo judicial subsidiario para evitar la vulneración o amenaza de derechos fundamentales solamente del actor, más aún cuando la naturaleza y razón de ser de la acción de amparo debe suponer también la fuerza vinculante suficiente para proteger derechos fundamentales de quienes no han acudido directamente a este medio judicial, siempre que (i) estas personas se encuentren en condiciones comunes, similares o análogas a las de quienes sí hicieron uso de ella y (ii) cuando la orden de protección dada por el juez de tutela repercuta, de manera directa e inmediata, en la vulneración de derechos fundamentales de aquellos no tutelantes.

En este orden de ideas, como quiera que el caso objeto de estudio es de aquellos en donde existen circunstancias en las cuales la protección de los derechos fundamentales del actor debe hacerse extensiva a otras personas o ciudadanos que no han acudido a la acción de tutela, o que habiendo acudido no son demandantes dentro del sub examine, pero que se encuentran en situaciones similares a la del actor, la presente decisión tendrá efectos inter comunis, a efectos de cobijar situaciones jurídicas similares tramitadas ante los jueces de tutela o no, así como para garantizar una respuesta uniforme que garantice el derecho a la igualdad de personas que se encuentran en la misma situación fáctica, en particular cuando se trata de la asignación de los recursos del presupuesto necesarios para que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, previa emisión del Certificado de Disponibilidad Presupuestal correspondiente al pago de los días 1, 2, y 3 faltantes por incluir en la nómina del mes de noviembre del año 2015 y el reajuste de las prestaciones sociales que se pudieron ver afectadas, frente a los cuales la protección de quienes se adelantan en el tiempo para tramitar ante los jueces o ante la administración una solicitud de pago de una prestación específica, alteran por esta vía el orden previsto para el trámite de sus peticiones sin tener en cuenta los derechos de otras personas y situaciones de protección constitucional reforzada.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta - administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

Resuelve

1. Revocar la Sentencia del 24 de febrero de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B. En su lugar,

2. Tutelar como mecanismo definitivo de protección al señor Camilo Andrés Rojas Castro y demás procesos análogos o similares, dadas las especiales circunstancias que los rodean y el hecho de que los instrumentos judiciales ordinarios no le resultarían oportunos para lograr la adecuada protección de los derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo y a la seguridad social. En consecuencia:

3. Ordenar al Director General del Presupuesto Público del Ministerio de Hacienda Nacional que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta decisión, sitúe con efectos inter comunis los recursos del presupuesto necesarios para que la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá - Cundinamarca, emita el Certificado de Disponibilidad Presupuestal correspondiente al pago de la nómina de los 3 días faltantes del mes de noviembre de 2015 y el reajuste y pago de las prestaciones que se pudieron ver afectadas.

4. Remitir copia de la presente providencia al Director Ejecutivo Seccional de Administración Judicial para que proceda de inmediato a satisfacer la liquidación y pago, una vez se sitúen los referidos recursos.

Así mismo, envíese copia de la presente providencia al Presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y a la Directora Ejecutiva de Administración Judicial.

5. Notifíquese esta decisión por el medio más expedito posible que garantice su cumplimiento.

6. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Martha Teresa Briceño de Valencia, presidenta de la Sección—Hugo Fernando Bastidas Bárcenas—Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

(1) “ART. 138.Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior.

Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel”.

(2) “Por medio del cual se prorrogan, ajustan y adoptan unas medidas de descongestión y se dictan otras disposiciones”.

(3) “ART. 140Reparación directa. En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por la acción u omisión de los agentes del Estado.

De conformidad con el inciso anterior, el Estado responderá, entre otras, cuando la causa del daño sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa imputable a una entidad pública o a un particular que haya obrado siguiendo una expresa instrucción de la misma. Expresión subrayada declarada Exequible por el cargo examinado, mediante Sentencia de la Corte Constitucional C-644 de 2011

Las entidades públicas deberán promover la misma pretensión cuando resulten perjudicadas por la actuación de un particular o de otra entidad pública.

En todos los casos en los que en la causación del daño estén involucrados particulares y entidades públicas, en la sentencia se determinará la proporción por la cual debe responder cada una de ellas, teniendo en cuenta la influencia causal del hecho o la omisión en la ocurrencia del daño”.

(4) “ART. 3º—Acción de Grupo. Son aquellas acciones interpuestas por un número plural o un conjunto de personas que reúnen condiciones uniformes respecto de una misma causa que originó perjuicios individuales para dichas personas”