Sentencia 2016-00760 de julio 13 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Expediente 13001-23-33-000-2016-00760-01

Consejera Ponente:

Dra. María Elizabeth García González

Recurso de apelación contra la sentencia de 15 de diciembre de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar.

Actor: Pedro Israel Hernández Arrieta

Tesis: La violación al régimen de inhabilidades es causal de pérdida de investidura. No constituye violación al régimen de inhabilidades si el contrato se celebró por fuera del período inhabilitante, como ocurrió en el sub lite. Si bien es cierto que parte de la ejecución y cumplimiento del mismo se produjo dentro del término de los doce meses anteriores a la elección, también lo es que de las funciones desarrolladas por la demandada no se derivan condiciones de privilegio que den lugar a una ventaja electoral respecto de los demás candidatos.

Bogotá, D. C., trece de julio de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones de la Sala

La inconformidad del actor con el fallo de primera instancia radica, básicamente, en que no está de acuerdo con el hecho de que la inhabilidad surge en el momento de celebrarse el contrato y no por la ejecución del mismo, por cuanto la idea central de dicha inhabilidad, como todas las demás, es evitar ventajas a favor del cualquier candidato que impida que la voluntad popular se vea influenciada y no sea libre la expresión de la democracia; y que es obvio que el ejecutar un contrato como apoyo a la secretaría privada de un municipio, le otorga al contratista una mayor ventaja frente a los demás, pues aunque no sea ordenador del gasto el apoyo a la gestión significa poder de disposición.

Para resolver la controversia, se tiene en cuenta lo siguiente:

De acuerdo con la jurisprudencia de la Corporación(8) el período inhabilitante en la causal de violación al régimen de inhabilidades por celebración de contratos, está limitado al año anterior a la elección y no a la inscripción del candidato ni a la ejecución del contrato.

Precisado lo anterior y analizadas las pruebas obrantes en el proceso, está acreditado que en las elecciones celebradas el 25 de octubre de 2015, resultó electa la señora Everlenis Palencia Centeno como Concejal del municipio de Achí (Bolívar), para el período 2016-2019, por el Partido Liberal Colombiano (folio 39 del cuaderno principal).

La Ley 617, en su artículo 48, se refirió a las causales de pérdida de investidura, así:

“[…] 1. Por violación del régimen de incompatibilidades o del de conflicto de intereses. No existirá conflicto de intereses cuando se trate de considerar asuntos que afecten al concejal o diputado en igualdad de condiciones a las de la ciudadanía en general.

“2. Por la inasistencia en un mismo período de sesiones a cinco (5) reuniones plenarias o de comisión en las que se voten proyectos de ordenanza o acuerdo, según el caso.

“3. Por no tomar posesión del cargo dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha de instalación de las asambleas o concejos según el caso, o a la fecha en que fueren llamados a posesionarse.

“4. Por la indebida destinación de dineros públicos.

“5. Por tráfico de influencias debidamente comprobado.

6. Por las demás causales expresamente previstas en la ley […]”. (Se resalta fuera de texto).

En relación con la violación al régimen de inhabilidades, la Sala Plena en sentencia de 23 de julio de 2002 (Expediente 7177, actor: Julio Vicente Niño Mateus, C. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), que ha sido reiterada en diversas oportunidades, precisó que la misma no desapareció como causal de pérdida de investidura con la Ley 617; que dicha ley de origen gubernamental tuvo por finalidad –según lo expresado en sus motivaciones, fuera del saneamiento fiscal de las entidades territoriales–, establecer reglas de transparencia de la gestión departamental y municipal mediante el fortalecimiento del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, a través de “la ampliación de las causales de pérdida de investidura para Concejales y Diputados”.

Es así como el artículo 40 de la Ley 617, establece:

“[…] El artículo 43 de la Ley 136 de 1994 quedará así:

“Artículo 43. Inhabilidades: No podrá ser inscrito como candidato ni elegido concejal municipal o distrital:

… 3. Quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la gestión de negocios ante entidades públicas del nivel municipal o distrital o en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio o distrito. Así mismo, quien dentro del año anterior haya sido representante legal de entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social en el régimen subsidiado en el respectivo municipio o distrito […]”.

Como ya se indicó, en el caso sub examine, se le endilga a la demandada esta inhabilidad por el hecho de haber celebrado el Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión núm. 056 de 11 de julio de 2014 con el municipio de Achí (Bolívar), por un plazo de cinco meses y veinte días, por el valor de $5’700.000, cuyo objeto, de acuerdo con la CLÁUSULA PRIMERA, era el de “[…] prestar los servicios de apoyo a la gestión como auxiliar operativa de la secretaria privada […]” del citado municipio.

La elección de concejales para el período 2016-2019 se llevó a cabo el 25 de octubre de 2015 y el contrato en comento se celebró el 11 de julio de 2014, conforme consta a folios 12 a 16 del cuaderno principal.

Siendo ello así, no se configura la causal alegada, pues el período inhabilitante estaría comprendido entre el 25 de octubre de 2014 al 25 de octubre de 2015, y el contrato se celebró el 11 de julio de 2014.

Ahora, es cierto que el contrato de prestación de servicios se pactó por el término de cinco meses y 20 días, esto es, del 11 de julio al 31 de diciembre de 2014, por lo que parte de la ejecución y cumplimiento del mismo se produjo dentro del término de los doce meses anteriores a la elección.

Como ya se indicó, el período inhabilitante en la causal de violación al régimen de inhabilidades está limitado por la celebración al año anterior a la elección y no por la ejecución del contrato.

En efecto, de las cláusulas primera y segunda del citado contrato, se lee:

“[…] CLÁUSULA PRIMERA: Objeto del contrato. El contrato que se suscribe tiene por objeto por parte del CONTRATISTA, prestar los servicios de apoyo a la gestión como auxiliar operativa de la secretaría privada del municipio de Achí, Bolívar. SEGUNDA: Obligaciones del contratista. Son obligaciones del CONTRATISTA en desarrollo del presente contrato; 1) Organizar los documentos de la oficina de la Secretaría Privada del Municipio de Achí; 2) Colaborar a todas las secretarías y dependencias en búsqueda de información cuando sea requerida 3) Mantener la confidencialidad de la información y documentos que conozca en virtud del objeto del presente contrato. 4) Los acompañamientos que establezca el municipio con relación objeto contractual […]”.

De lo anterior, forzoso es concluir que de tales funciones no se derivan condiciones de privilegio que den lugar a una ventaja electoral de la demandada respecto de los demás candidatos, pues, se repite, las labores asignadas en el contrato eran de apoyo a la secretaría privada en el manejo del archivo y de colaboración con las demás secretarías y dependencias del ente territorial en la consecución de información que se llegara a necesitar, lo que descarta el poder de disposición al interior del municipio, como lo considera el actor.

En consecuencia, al no configurarse la causal de pérdida de investidura alegada, es procedente confirmar la sentencia apelada, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia apelada de 15 de diciembre de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, por las razones expuestas.

Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

8 Entre otras, en sentencia de 4 de abril de 2013 (Expediente 2012-00015-01 (PI), C. P. María Elizabeth García González).