Sentencia 2016-00965 de Marzo 8 de 2017

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad.: 11001110200020160096501

Magistrada Ponente:

Dra. María Lourdes Hernández Mindiola

Aprobado según Acta 20 de la misma fecha

Bogotá D.C., marzo ocho de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Competencia

Esta Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura es competente para conocer en grado de jurisdicción de consulta de la decisión del 28 de octubre de 2016, proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, mediante la cual resolvió sancionar al abogado Nelson Alfonso Garzón Rodríguez con suspensión en el ejercicio de la profesión por el término de dos (2) meses, al haberlo hallado responsable de incurrir en la conducta descrita en el numerales 13 del artículo 33 de la Ley 1123 de 2007; aclarando que dicha competencia deviene de lo establecido en los artículos 256, numeral 3º, de la Carta Política y 112, numeral 4º, de la Ley 270 de 1996, en congruencia con lo dispuesto en el parágrafo primero de la última de las normas en cita, y en el numeral 1º del artículo 59 de la Ley 1123 de 2007, al no haber sido apelada.

Y si bien, en razón a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 2 de 2015, se adoptó una reforma a la Rama Judicial, denominada "equilibrio de poderes", en lo atinente al Consejo Superior de la Judicatura, literalmente en el parágrafo transitorio primero del artículo 19 de la referida reforma constitucional, enunció: “(...) Los actuales Magistrados de las Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”.

En el mismo sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional en Auto 278 del 9 de julio de 2015, al pronunciarse respecto a la competencia para conocer conflictos de jurisdicciones, decantó el alcance e interpretación de la entrada en vigencia del referido Acto Legislativo 2 de 2015, concluyendo que en relación a las funciones que se encontraban a cargo de esta Sala, las modificaciones introducidas quedaron distribuidas de la siguiente manera: (i) la relacionada con el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, pasó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, órganos creados en dicha reforma (artículo 19), y (ii) la relacionada con dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones, fue asignada a la Corte Constitucional (artículo 14). En cuanto hace al conocimiento de las acciones de tutela, como ya se mencionó, el parágrafo del artículo 19 dispuso expresamente que “la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las Comisiones Seccionales de Disciplina Judiciales no serán competentes para conocer de acciones de tutela”.

Reiteró la Corte Constitucional que en relación a las funciones jurisdiccionales del Consejo Superior de la Judicatura, lo decidido en el Acto Legislativo 2 de 2015, así: “(…) los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, en consecuencia, conforme las medidas transitorias previstas en el referido acto legislativo, estimó la guardiana de la Constitución que hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones, lo cual significa que actualmente está Colegiatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no solo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela.

En virtud de lo anterior y sin observar causal alguna que pueda invalidar la actuación hasta ahora adelantada, procede la Sala a emitir su pronunciamiento con apoyo en el material probatorio obrante en el informativo y a la luz de las disposiciones legales que atañen el tema a debatir.

2. El caso en concreto

Procede esta corporación a destacar en primer lugar que el control disciplinario fue otorgado por mandato constitucional a esta jurisdicción, encaminado a ser ejercido sobre la conducta profesional de los abogados teniendo como objetivo primordial, verificar el efectivo cumplimiento de su principal misión, lo cual es defender los intereses de la colectividad y de los particulares, mediante el ejercicio responsable, serio, honesto, cuidadoso y diligente de la profesión.

Esa misión se concreta en la observancia de los deberes que atañen al ejercicio de la abogacía como garantía de que efectivamente los profesionales del derecho conserven la dignidad y el decoro profesional; colaboren lealmente en la recta y cumplida administración de justicia; observen mesura, seriedad y respeto con los funcionarios y con todas las personas que intervengan en los asuntos de su profesión; obren con absoluta lealtad y honradez con sus clientes y colegas; guarden el secreto profesional, y atiendan con celosa diligencia sus encargos profesionales, por ende, en la medida en que esos deberes sean cumplidos, la abogacía colaborará efectivamente en la conservación y perfeccionamiento del orden jurídico del país y en la realización de la justicia material, cumpliendo así su función social.

Ahora bien, en grado jurisdiccional de consulta le compete a la Sala verificar la legalidad integral de la actuación, y en especial de la sentencia que revisa en todos los aspectos en ella consignados, lo cual se hará de la siguiente manera:

Descendiendo al caso que ocupa la atención de la Sala, se advierte que el togado fue declarado responsable disciplinariamente por el a quo por haber obrado en contra de lo establecido en el numeral 15 del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007, al haber incurrido en la falta consagrada en el numeral 13 del artículo 33 ibídem, mismo que se abordará, así:

Se considera que frente al deber de tener un domicilio profesional conocido, registrado y actualizado ante el Registro Nacional de Abogados para la atención de los asuntos que se le encomienden, debiendo además informar de manera inmediata toda variación del mismo a las autoridades ante las cuales adelante su gestión profesional, el cual está consagrado en el numeral 15 del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007; se comparte la postura asumida por el fallador de primera instancia en cuanto le imputó ese cargo atendiendo la remisión de copia hecha por el Juzgado 20 de Familia de Bogotá, a través de la cual el titular del citado despacho, puso de presente que el togado Nelson Alfonso Garzón Rodríguez no manifestó si aceptaba o no la designación que forzosamente le hiciese en el cargo de apoderado por amparo de pobreza en favor de la señora Luz Myriam Sedano al interior del proceso de divorcio Nº 2015-01306-00, a pesar de haberle sido enviadas sendas notificaciones a la dirección que de él reposa en la circular Nº DESAJ-012-CS- 004 proferida por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

Lo anterior es compartido por esta Sala, en cuanto, de lo observado en el citado proceso de divorcio se tiene que el togado en mención no tenía actualizada su dirección de domicilio profesional en la base de datos del Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, pues de acuerdo a los certificados arrimados al infolio se denota claramente esa situación, además de que no procedió a actualizarla, ni siquiera a la fecha de realización del presente disciplinario.

Por lo anterior y contrariando el argumento de los alegatos, el cual expuso que actuó bajo error invencible al considerar que como su dirección era reconocida, omitió su actualización; el cual no es compartido por esta corporación, por cuanto, el Estatuto Deontológico de los Abogados prevé una serie de deberes en cabeza de los profesionales del derecho, los cuales son de público conocimiento y de aplicación coercitiva, siendo más evidente aun, que al ser el procesado, un profesional del derecho, debe tener conocimiento del estatuto que rige la ética de su profesión, así, no puede desconocer que el mismo le impone el deber de mantener actualizada su dirección en el Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, no pudiendo ahora, aducir que no lo hizo por considerar reconocida su dirección, pues de haber sido así, no se hubiesen remitido las copias disciplinarias que ahora nos atañen.

Vistas, así las cosas, al encontrarse debidamente probada la existencia de la conducta típica conforme lo establecido en el texto de la norma imputada, lo procedente en esta instancia es confirmar la responsabilidad de la conducta mencionada.

Por otra parte, en lo atinente a la dosificación de la sanción impuesta en primera instancia que fue de SUSPENSIÓN en el ejercicio de la profesión por el término de dos (2) meses, la Sala mantendrá la impuesta por el a quo, pues obedeció a un criterio razonado y razonable, teniendo en cuenta la trascendencia social de la conducta, la modalidad culposa de la misma y la presencia de antecedentes disciplinarios vigentes, de conformidad con lo normado en los artículos 40 a 45 de la Ley 1123 de 2007.

En mérito de lo expuesto la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la sentencia del 28 de octubre de 2016, emitida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá en la cual resolvió sancionar al abogado Nelson Alfonso Garzón Rodríguez con SUSPENSIÓN en el ejercicio de la profesión por el término de dos (2) meses, luego de haberlo hallado responsable de incurrir en la conducta en el numeral 13 del artículo 33 de la Ley 1123 de 2007, conforme lo sustentado en la parte motiva de esta providencia.

2. NOTIFICAR a todas las partes dentro del proceso, a través de la Secretaría Judicial de esta Sala, advirtiendo que contra ella no procede recurso alguno.

3. Ejecutoriada esta providencia, remítase copia de la misma a la oficina del Registro Nacional de Abogados, con la constancia del acto procesal enunciado, data a partir de la cual la sanción empezará a regir.

4. DEVUÉLVASE el expediente al Consejo Seccional de origen para lo de su competencia.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».