Sentencia 2016-00994 de mayo 16 de 2016

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Rad.: 11001-03-15-000-2016-00994-00(AC)

Consejera Ponente:

Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez

Actor: Luis Said Castro Cueto

Demandado: Tribunal Administrativo del Cesar

Bogotá, D.C., dieciséis de mayo de dos mil dieciséis

La Sala decide la acción de tutela(1) interpuesta por el señor Luis Said Castro Cueto contra el Tribunal Administrativo del Cesar al declarar extemporánea la contestación de la demanda dentro del proceso de nulidad electoral adelantado por el señor Carlos Javier Toro Velásquez contra el alcalde de Pailitas - Cesar, situación que, presuntamente, transgrede sus derechos fundamentales de defensa, debido proceso, acceso a la administración de justicia y los principios de buena fe, confianza legítima y prevalencia del derecho sustancial.

El escrito de Tutela

Para una mejor comprensión del asunto, la Sala se permite resumir de la siguiente forma los supuestos fácticos y jurídicos planteados por el apoderado judicial de la parte demandante(2):

Indicó que el 9 de diciembre de 2015, el señor Carlos Javier Toro Velásquez interpuso demanda de nulidad electoral contra los actos administrativos formulario E-26 ALC de 5 de noviembre de 2015, a través del cual se declaró la elección del señor Luis Said Castro Cueto como alcalde del municipio de Pailitas - Cesar

Aseguró que el conocimiento del medio de control correspondió por competencia al Tribunal Administrativo del Cesar, Despacho del Magistrado José Antonio Aponte Olivella, que a través de auto de 14 de diciembre de 2015 admitió la demanda y ordenó notificar al señor Luis Said Castro Cueto en los términos del numeral 1º del artículo 227 del CPACA, a los miembros de la Comisión Escrutadora y a las demás partes tal y como lo prevé la Ley 1437 de 2011. Decisión que se notificó por estado Nº 100 de 15 de diciembre de 2015 y estado electrónico de la misma fecha. Que el informe a la comunidad se hizo el 18 de diciembre de 2015, a través del sistema de información electrónica de los Despachos Judiciales de la Rama Judicial.

Relató que el mismo 18 de diciembre de 2015, la Secretaría del Tribunal Administrativo del Cesar envió Despacho Comisorio ABL-002-2015 al Juez Promiscuo Municipal de Pailitas, para que procediera a notificar de manera personal al señor “Carlos Javier Toro Velásquez, como Alcalde Electo del municipio de Pailitas (sic)”, cuando el oficio tenía que ordenar la notificación del señor Luis Said Castro Cueto, quien es el alcalde electo del ente territorial referido.

Precisó que en cumplimiento de lo anterior, el 1º de febrero de 2016, el Juez Promiscuo Municipal de Pailitas notificó al alcalde electo, el señor Luis Said Castro Cueto del auto admisorio de la demanda de nulidad electoral que cursaba en su contra. Que el Despacho Comisorio fue devuelto a la Secretaría del Tribunal mediante Oficio 0189 de 3 de febrero de 2016.

Aseguró que el 12 de febrero de 2016, se puso en contacto con un abogado para que realizara las averiguaciones pertinentes frente al caso, quien encontró la siguiente información:

“(…) Que con fecha 10 de febrero de 2016, por medio del sistema de información de los Despachos Judiciales cargado por medio electrónicos de la página Web de la Rama Judicial corresponde al Tribunal Administrativo del Cesar en el ítem traslado de la demanda, se consignó lo siguiente:

“Tribunal Administrativo del Cesar, Secretaría, Valledupar diez (10) de febrero de dos mil dieciséis (2016), traslado para contestar (L. 1437/2011, art. 279). En cumplimiento de lo ordenado en el auto Admisorio de la demanda de fecha 14 de diciembre de 2015, y con base en lo preceptuado en el artículo 279 de CPACA, a partir de las 8:00 de la mañana del día de hoy, diez (10) de febrero de dos mil dieciséis (2016), y por el término de quince (15) días, se corre traslado de la demandan que a continuación se relaciona, así como de sus anexos al señor Luis Said Castro Cueto - como Alcalde Electo del Municipio de Pailitas - Cesar, para el periodo constitucional 2016-2019; al Ministerio Público, y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado:

Medio de Control: Nulidad Electoral

Actor: Carlos Javier Toro Velásquez

Demandado: Luis Said Castro Cueto como Alcalde electo del Municipio de Pailitas - Cesar

Apoderado: Javier Enrique Montero Sierra

Rad.: 20-001-23-39-002-2015-00612-00

M.P. José Antonio Aponte Olivella

En este plazo dentro del cual deberán contestar demanda, proponer excepciones, solicitar pruebas, y ejercer el derecho de defensa y contradicción.

El término vence el primero (1º) de marzo de 2016, a las 6:00 de la tarde. Conste.

Firma La Secretaria del Tribunal Diana Patricia Peinado. (…)””.

Aseguró que acorde con la información registrada, el 29 de febrero de 2016, dentro del término legal, su apoderado presentó la contestación de la demanda, formuló excepciones previas y de fondo y requirió la práctica de pruebas dentro del proceso de nulidad electoral.

Manifestó que mediante auto de 2 de marzo de 2016, se dispuso el 11 de los mismos mes y año a las 9:30 a.m. como fecha y hora para llevar a cabo la audiencia inicial. Decisión que se notificó mediante estado electrónico Nº 33 de 3 de marzo de 2016.

Que en la fecha y hora previstos se llevó a cabo la audiencia inicial del proceso de nulidad electoral Radicado 20-001-23-39-002-2015-00612-00, que al llegar a la etapa de saneamiento del proceso el M.P. señaló que al interior del proceso no se observaban vicios o irregularidades que invalidaran lo actuado, sin embargo, al conceder el uso de la palabra a las partes sobre este aspecto, el apoderado de la parte demandante aseguró no estar de acuerdo, con el argumento de que la contestación de la demanda se hizo de manera extemporánea, pues a su juicio el término se cumplió el 25 de febrero de 2016 y el apoderado del actor solo la presentó el 29 de los mismos mes y año.

Expuso además, que el Tribunal negó la solicitud hecha por la parte demandante y decidió tener por contestada la demanda, con el argumento de que un error de transcripción de la Secretaría, al indicar que los términos vencían el 1º de marzo de 2016, hizo incurrir en error tanto a la parte demandada como al Despacho y por ello no podía endilgarse esa responsabilidad a quienes acude a la administración de justicia.

Refirió que contra el anterior proveído la parte actora interpuso recurso de reposición, el cual es coadyuvado por el Ministerio Público y el tercero interviniente; una vez escuchadas la intervención de cada uno de los sujetos procesales, el Tribunal dispuso reponer la decisión adoptada y acceder a la solicitud de tener por no contestada la demanda presentada por el apoderado judicial del demandado.

A juicio de la parte actora, la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo del Cesar transgrede sus derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia, debido proceso y defensa, pues asegura que al tenerse por no contestada la demanda sus argumentos de defensa no serán tenidos en cuenta y las pruebas que requirió para ser valoradas dentro del proceso tampoco se van a decretar.

Por otra parte, expuso que dentro del expediente se encontraba el Oficio 02217, a través del cual el Juez Promiscuo Municipal de Pailitas remite al Tribunal el despacho comisorio, por medio del cual se efectuó la notificación personal al señor Luis Said Castro Cueto, con constancia de recibido el 10 de febrero de 2016 a las 5:30 de la tarde y no es razonable que ese mismo día se hubiese efectuado el traslado a las 8:00 de la mañana.

Pretensiones:

“(…) 1. Decretar la suspensión provisional de la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo del Cesar en la audiencia inicial del 11 de marzo de 2016 contenida en el Acta 012 dentro del Proceso Radicado 20-001-23-39-002-2015-00612-00, M.P. José Antonio Aponte Olivella, a través de la cual se consideró presentada “extemporáneamente” la contestación de la demanda (…).

2. Con fundamento en los hechos narrados y en las consideraciones expuestas respetuosamente solicito al Consejo de Estado Tutelar definitivamente a favor de mi representado señor Luis Said Castro Cueto, los derechos constitucionales fundamentales expuestos en esta acción de tutela, vulnerados por El Tribunal Administrativo del Cesar, y en consecuencia revocar y/o declarar la nulidad de las decisiones adoptadas a partir de la audiencia inicial contenida en el Acta 012 de 11 de marzo de 2016, proferida por él, en el Proceso Radicado 20-001-23-39-002-2015-00612-00. (…)”.

Actuación procesal de instancia

Mediante Auto de 6 de febrero de 2016(3), la Magistrada Ponente del asunto admitió la acción de tutela instaurada por el señor Luis Said Castro Cueto contra el Tribunal Administrativo de Cesar, ordenando la notificación de los Magistrados integrantes de la Sala en calidad de demandados; y, como tercero interesado al señor Carlos Javier Toro Velásquez, de conformidad con lo previsto en el artículo 13 y concordantes del Decreto 2591 de 1991.

Informe rendido en el proceso

Carlos Javier Toro Velásquez

A través de memorial obrante de folios 38 a 49 del cdno. ppal., el señor Carlos Javier Toro Velásquez actuando como tercero interesado dentro de la presente acción de tutela presentó informe en el cual solicitó negar las pretensiones, por lo siguiente:

Aseguró que en el presente caso no se configuró la transgresión de ningún derecho fundamental de la parte actora, pues desde el 1º de febrero de 2016, tenía conocimiento de la existencia de la demanda, la cual se rigen por las disposiciones del CPACA que en el artículo 277 literal f, prevé que los términos empiezan a contarse 3 días después de su notificación y el artículo 279 que señala que el tiempo para contestar la demanda son 15 días hábiles, términos estos que se cumplieron el 25 de febrero de la misma anualidad.

Aunado a lo anterior, indicó que en el caso concreto no podía hablarse de aplicación del principio de confianza legítima y buena fe, pues estos no pueden consolidarse ni sustentarse en situaciones ilegales o errores de funcionarios, aunado a ello, indicó que la demanda de nulidad electoral versa sobre un sujeto procesal que tiene unas condiciones especiales, por ser el alcalde electo, cuenta al interior de la administración con un grupo amplio de asesores que pudieron orientarlo acercar de los términos dentro de los cuales debía presentar la contestación de la demanda.

Tribunal Administrativo del Cesar

El Presidente del Tribunal Administrativo del Cesar presentó informe dentro de la presente acción de tutela y solicitó no acceder a las pretensiones, por los siguientes motivos:

Expresó que en el presente caso no se configura ninguno de los requisitos generales o especiales para hacer procedente la acción de tutela contra el auto de 11 de marzo de 2016, a través del cual el Tribunal Administrativo del Cesar declaró extemporánea la contestación de la demanda presentada por el señor Luis Said Castro Cueto.

Refirió que en el proveído acusado se hizo claridad en el hecho, de que si bien existió un error por parte de la Secretaría de la Corporación al indicar en el auto de traslado que los términos vencían el 1º de marzo de 2016, también lo es, que la parte actora tenía conocimiento del momento en el cual empezaban a correr los términos para contestar la demanda, pues además de indicarse en el auto admisorio la norma también lo consagra.

Por otra parte, expuso que atendiendo al principio de preclusión procesal, que reviste el proceso de nulidad electoral que se adelanta en contra de señor Luis Said Castro Cueto, no es posible retroceder a la etapa de saneamiento del proceso para revocar o declarar la nulidad de la decisión adoptada. Además, refirió que para la fecha en que presentó el informe, el proceso se encontraba dando traslado para presentar alegatos de conclusión, momento procesal en el cual, el actor puede exponer sus argumentos de defensa.

Consideraciones

Atendiendo a los argumentos expuestos en el escrito de tutela y a las pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el siguiente orden: la competencia para decidir el recurso de amparo; determinación del problema jurídico; procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; y, resolución de los cargos propuestos.

Competencia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el numeral 2º del artículo 1º del Decreto 1382 de 2000(4), en cuanto estipuló que: “Cuando la acción de tutela se promueva contra un funcionario o corporación judicial, le será repartida al respectivo superior funcional del accionado (…)” esta Sala es competente para conocer de la presente acción constitucional contra el Tribunal Administrativo del Cesar, por ser el Superior Jerárquico de todos los Tribunal Administrativos, de conformidad con los artículos 237(5) de la Constitución Política y 34(6) de la Ley 270 de 1996.

Problema Jurídico

Consiste en determinar si la acción de tutela es procedente para cuestionar el auto de 11 de marzo de 2016, proferido dentro de la audiencia inicial por el Tribunal Administrativo del Cesar.

Superado el anterior derrotero, se entrará a determinar si en el presente caso la autoridad judicial accionada transgredió los derechos fundamentales a la defensa, debido proceso, acceso a la administración de justicia y los principios de buena fe, confianza legítima y prevalencia del derecho sustancial del señor Luis Said Castro Cueto, al declarar por no contestada la demanda de nulidad electoral que interpuso en su contra el señor Carlos Javier Toro Velásquez, sin tener en cuenta que la Secretaría del Tribunal al correr traslado de la demanda indicó que los términos vencían el 1º de marzo de 2016 y no el 25 de febrero de la misma anulidad, presuntamente, generando una situación de confianza legítima que permite inferir que interpuso en tiempo la contestación de la demanda.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

Sobre el particular, tanto la Corte Constitucional(7) como esta Corporación(8), inicialmente consideraron que la acción de tutela no procedía contra providencias judiciales. Posición que fue variada por la Corte al aceptar la procedencia excepcional y restringida del referido mecanismo constitucional de comprobarse la existencia de una vía de hecho y de un perjuicio irremediable(9), y por parte de algunas Secciones del Consejo de Estado, cuando se evidenciara la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia(10). Posteriormente, en la Sentencia C-590 de 2005(11) la Corte Constitucional(12) reiteró la procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, pero supeditada ya no a la existencia de una vía de hecho, sino a la verificación de unos requisitos de forma(13) y de procedencia material(14) fijados(15) por la misma Corte(16). Por su parte, el Consejo de Estado, en Sentencia de 31 de julio de 2012, con ponencia de la Consejera María Elizabeth García González(17), finalmente aceptó que la acción de tutela es procedente contra una providencia judicial, “cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales”.

La procedencia de la acción de tutela contra autos interlocutorios(18)

El término providencia judicial involucra el conjunto de decisiones que adoptan los despachos judiciales y con las cuales se pretende el impulso de los procesos y la resolución de las contiendas judiciales.(19)

La doctrina especializada ha designado dos clases de providencias judiciales: i) autos, y ii) sentencias. Con los primeros, se adelanta la instrucción de los procesos y la definición de algunos aspectos materiales de los mismos, sin ofrecer la solutio de la controversia; mientras que con los segundos, el sentenciador le asigna el Derecho a alguna de las partes que integran el contradictorio.

Dentro de la categoría de autos, aparecen dos expresiones de la voluntad judicial, a saber: i) los autos de trámite o de sustanciación, y ii) los autos interlocutorios. La distinción entre unos y otros radica en el aspecto teleológico de la providencia; es decir, si del contenido de la decisión se desprende la definición de un aspecto importante del expediente judicial —resuelve un incidente, decide una solicitud de medida cautelar, se pronuncia frente a una petición de nulidad procesal— la providencia que lo contenga sería un auto interlocutorio, mientras que aquellos que conduzcan el proceso al estado de ser decidido, asumirían el revestimiento de un auto de trámite o de sustanciación, como aquellos que abren a pruebas los expedientes declarativos o corren traslado para alegar de conclusión(20).

A pesar de que la jurisprudencia de la Corte Constitucional(21) ha sido clara en afirmar que la vulneración del derecho al debido proceso habilita la intervención del juez constitucional para adoptar las medidas que correspondan en busca de la salvaguarda del contenido material de la garantía conculcada, cuando el quebrantamiento del derecho provenga de una providencia judicial, en este caso de un auto interlocutorio, la procedencia del amparo constitucional es excepcional en la medida en que el afectado cuenta con otros recursos que le permiten controvertir lo resuelto en sede judicial.

La jurisprudencia constitucional ha señalado que los cuestionamientos contra los autos interlocutorios deben expresarse por medio de los recursos ordinarios que ofrece el ordenamiento jurídico, y no a través de la acción de tutela, a menos que: i) la afrenta o la puesta en peligro de los derechos fundamentales no pueda ser enmendada a través de los medios ordinarios de defensa, ii) los recursos judiciales ordinarios no sean idóneos y eficaces en la protección del patrimonio constitucional del accionante, y iii) cuando se pruebe la existencia de un perjuicio irremediable; en estos tres supuestos habrá lugar a estudiar el fondo de la cuestión constitucional para establecer si el accionante tiene razón al exigir la tutela judicial efectiva de sus derechos constitucionales fundamentales, al amparo de la acción de tutela.

Requisitos generales de procedencia

Bajo el rótulo de las causales de procedibilidad se rediseñó el ámbito de comprensión de la acción de tutela contra sentencias judiciales, siendo estas las siguientes: a) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional, b) Que se hayan agotado todos los medios —ordinarios y extraordinarios— de defensa judicial al alcance de la persona afectada, c) Que se dé cumplimiento al requisito de la inmediatez, d) Que cuando se trate de una irregularidad procesal, esta tenga un efecto decisivo o determinante en la providencia que se impugna y afecte los derechos fundamentales de la parte actora, e) Que se identifiquen de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración, como los derechos vulnerados y que haya alegado tal vulneración en el proceso judicial, siempre que hubiere sido posible, f) Que no se trate de sentencias proferidas en procesos de acción de tutela, de acción de cumplimiento o de acción popular.

Así las cosas, una vez analizados los requisitos generales de procedencia, observa la Sala que en el presente caso se cumplen los postulados señalados por la jurisprudencia constitucional, por lo tanto se procederá a estudiar de fondo el contenido del auto de 11 de marzo de 2016, proferido por el Tribunal Administrativo del Cesar.

Del acceso a la administración de justicia

De conformidad con lo establecido en el artículo 228 de la Constitución Política, la administración de justicia es una función pública, relacionada directamente con los fines del Estado consagrados en el artículo 2º ibídem, pues sólo en la medida en que se garantice a los integrantes del país una instancia imparcial, objetiva y efectiva encargada de la resolución pacífica de sus conflictos se puede pretender la consecución de una República Democrática y respetuosa de la dignidad humana.

Atendiendo a dicho enfoque, la administración de justicia no se quedó como un mero servicio a cargo del Estado sino que goza de otra dimensión, de naturaleza subjetiva, esto es, es un derecho fundamental radicado en cabeza de todos los habitantes del país. Al respecto, el artículo 229 de la Carta Fundamental, dispone: “Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. (…)”.

A su turno, debe afirmarse que la protección previamente citada también encuentra sustento en instrumentos internacionales, en los cuales se ha consagrado el derecho a un recurso judicial efectivo (art. 25 CADH - Pacto de San José). Ahora bien, el derecho al acceso a la administración de justicia no es una mera máxima dentro de nuestra Constitución, sino que encuentra contenido y significado concreto en aspectos tales como la obligación del juez de evitar pronunciamientos inhibitorios y de perseguir, dentro del marco de sus competencias, la justicia material. Al respecto, en la Sentencia C-177 de 17 de noviembre de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño, se sostuvo:

“(…) Ahora bien, conforme a la jurisprudencia de esta Corporación, el derecho a acceder a la justicia tiene una significación múltiple y compleja. De manera reiterada, ha sostenido esta Corte, que el derecho a acceder a la justicia es un pilar fundamental del Estado Social de Derecho y un derecho fundamental de aplicación inmediata, que forma parte del núcleo esencial del debido proceso.

(…)

En cuanto a lo segundo, atendiendo a su importancia política, la jurisprudencia constitucional le ha reconocido al acceso a la administración de justicia el carácter de derecho fundamental de aplicación inmediata, integrándolo a su vez con el núcleo esencial del derecho al debido proceso, y relacionándolo con otros valores constitucionales como la dignidad, la igualdad y la libertad. Por virtud de tal vinculación, el acceso a la administración de justicia adquiere un amplio y complejo marco jurídico de aplicación que compromete los siguientes ámbitos: (i) el derecho a que subsistan en el orden jurídico una gama amplia y suficiente de mecanismos judiciales —acciones y recursos— para la efectiva resolución de los conflictos; (ii) el derecho de acción o de promoción de la actividad jurisdiccional, el cual se concreta en la posibilidad que tiene todo sujeto de ser parte en un proceso y de utilizar los instrumentos que allí se proporcionan para plantear sus pretensiones al Estado, sea en defensa del orden jurídico o de sus intereses particulares; (iii) el derecho a que la promoción de la actividad jurisdiccional concluya con una decisión de fondo en torno a las pretensiones que han sido planteadas, y que ella se produzca dentro de un plazo razonables; (iv) el derecho a que existan procedimientos adecuados, idóneos y efectivos para la definición de las pretensiones y excepciones debatidas; (iv) el derecho a que los procesos se desarrollen en un término razonable, sin dilaciones injustificadas y con observancia de las garantías propias del debido proceso.(…)”.

Por su parte, en tratándose de la Jurisdicción Contencioso Administrativa el derecho fundamental en estudio adquiere connotaciones especiales dada la naturaleza predominantemente rogada de ésta; sin embargo, todos los requisitos formales del derecho de acción deben ser entendidos y analizados en la medida en que con ellos se protejan derechos sustanciales de las partes, como el debido proceso. Los principios en virtud de los cuales las formas adquieren relevancia y deben ser protegidas, son los límites que el juez debe tener en cuenta al momento de determinar si es viable efectuar un análisis de fondo a la cuestión debatida, o si, por el contrario, debe declararse inhibido para emitir un pronunciamiento. No de otra manera pueden armonizarse los requisitos formales de la demanda con el derecho al acceso a la administración de justicia, artículo 229 de la C.P., y el principio de prevalencia de lo sustancial sobre lo formal, artículo 228 ibídem.

Bajo esta ponderación precisa, entonces, el juez no debe permanecer expectante ante las actuaciones de las partes sino activar sus poderes en aras de, garantizando el derecho de defensa de las mismas, proferir decisiones que resuelvan —positiva o negativamente— el asunto de fondo sometido a su consideración, superando los meros formalismos o, incluso, interpretando lo pretendido por los interesados con el objeto, se reitera, de evitar decisiones inhibitorias cuando los supuestos del caso en concreto permiten proferir una decisión sustancial.

De los supuestos acreditados

— El señor Carlos Javier Toro Velásquez, a través de apoderado judicial, interpuso demanda de nulidad electoral(22) en contra el señor Luis Said Castro Cueto, alcalde de Pailitas - Cesar, periodo 2016-2019.

— A través de auto de 14 de diciembre de 2015(23), el Tribunal Administrativo del Cesar admitió la demanda y ordenó la notificación personal del señor Luis Said Castro Cueto, de conformidad con las disposiciones del numeral 1º del artículo 277 del CPACA.

— El 18 de diciembre de 2015, la Secretaria del Tribunal Administrativo del Cesar libró Despacho Comisorio ABL-002-2015(24) al Juez Promiscuo de Pailitas - Cesar, con el fin de que “(…) se sirva disponer lo pertinente para notificar Personalmente al señor Luis Said Castro Cueto, como Alcalde electo del Municipio de Pailitas - Cesar, para el periodo 2016 al 2019 (…)”.

— En la misma fecha la Secretaría General del Tribunal informó(25) a la comunidad sobre la existencia del medio de control, y señaló que la referida comunicación se publicaría en la página web del Tribunal en cumplimiento de lo previsto en el numeral 5º del artículo 277 del CPACA.

— Mediante memorial de 18 de enero de 2016(26), el apoderado judicial de la parte actora solicitó que se reiterara al Juez Promiscuo de Pailitas para que notificara de manera personal al señor Luis Said Castro Cueto.

— Según constancia de notificación personal y traslado de la demanda, obrante a folio 390 del expediente, el 1º de febrero de 2015, la Secretaria del Juzgado Promiscuo Municipal de Pailitas notificó al señor Luis Said Castro Cueto del auto admisorio la demanda de nulidad electoral que cursa en su contra en el Tribunal Administrativo del Cesar.

— Con Oficio ABL 2016-72 de 3 de febrero de 2016(27), la Secretaria del Tribunal Administrativo del Cesar requirió al Juez Promiscuo Municipal de Pailitas, para que devolviera debidamente diligenciado el Despacho Comisorio ABL-002-2015.

— A través de Oficio 217 de 4 de febrero de 2016(28), el Juez Promiscuo Municipal de Pailitas informó al Tribunal Administrativo del Cesar, que el día anterior con Oficio 0189 se devolvió el referido despacho comisorio, debidamente diligenciado.

— La Secretaria del Tribunal Administrativo del Cesar, el 10 de febrero de 2016, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 279 de la Ley 1437 de 2011, corrió traslado para contestar, en los siguientes términos:

“(…) En cumplimiento de lo ordenado por el auto admisorio de la demanda de fecha 14 de diciembre de 2015, y con base en lo preceptuado en el artículo 279 del CPACA, a partir de las 8:00 de la mañana del día de hoy, diez (10) de febrero dos mil dieciséis (2016), y por el término de quince (15) días, se corre traslado de la demanda que a continuación se relaciona, así como de sus anexos al señor Luis Said Castro Cueto - como Alcalde Electo del Municipio de Pailitas - Cesar, para el periodo constitucional 2016 - 2019; al Ministerio Público, y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado:

Medio de Control: Nulidad Electoral

Actor: Carlos Javier Toro Velásquez

Demandado: Luis Said Castro Cueto como Alcalde electo de Pailitas - Cesar

Apoderado: Javier Enrique Montero Sierra

Rad.: 20-001-23-39-002-2015-00612-00

M.P. José Antonio Aponte Olivella

En este plazo dentro del cual deberán contestar la demanda, proponer excepciones, solicitar pruebas, y ejercer el derecho de defensa y contradicción.

El término vence el primero (1º) de marzo de 2016, a las 6:00 de la tarde. Conste. (…)”(29).

— A folio 395 del expediente ordinario, obra otra copia del Oficio 217 de 4 de febrero de 2016, pero con sello de recibido del Tribunal de 10 de los mismos mes y año, a las 5:30 pm., en el que se observa además sello de la empresa de correos de Servicios Postales 472.

— El apoderado judicial del señor Luis Said Castro Cueto contestó la demanda de nulidad electoral el 29 de febrero de 2016(30).

— Según Acta Nº 012(31), el 11 de marzo de 2016 se llevó a cabo audiencia inicial dentro del proceso de nulidad electoral referido, a la cual asistieron todas las partes. En la etapa de saneamiento del proceso la parte demandante manifestó:

“(…) No esta e(sic) acuerdo con el trámite, toda vez que la contestación de la demanda se hizo extemporánea, el 29 de febrero del año en curso, es decir, luego del término establecido para tal fin, con fundamento al literal f del artículo 277 del CPACA. En consecuencia solicita, que por ser las normas de obligatorio cumplimiento, se deba acoger a las mismas (…)”.

Que la parte demandada, expuso al respecto: “(…) Objeta, en el sentido que por nota secretarial de este Tribunal se manifiesta que el término para agotar la contestación de la demanda, era hasta el 1º de marzo del año en curso, documento que consta en el expediente (…)”.

Una vez escuchó a las partes, el Tribunal resolvió dar por contestada la demanda con el argumento de que por un error de la Secretaría General del Tribunal se indujo en error a la parte demandada y al magistrado ponente, en la medida en que la nota de Secretaria con la cual pasa al despacho el expediente indica que la demanda se contestó en tiempo. Aunado a ello, aseguró que no se podía desconocer el principio de acceso a la administración de justicia, por lo tanto el error en que incurrió la Secretaría no podía endilgarse a los usuarios de la administración de justicia.

— Contra la anterior decisión la parte demandante interpuso recurso de reposición. Luego de escuchar a las partes el Tribunal Administrativo del Cesar resolvió reponer el proveído y en su lugar, acceder a la solicitud de tener como no contestada la demanda, con fundamento en lo siguiente:

“(…) el Despacho (sic) decide, dándole potencialidad a lo expresado en la norma, como quiera que es evidente que en el auto admisorio de la demandase dispuso la notificación de demandado, atendiendo las reglas establecidas en los artículos 277 literal f y 279 del CPACA, que estipula que serán 15 días, después se (sic) los tres (3) días siguientes a la notificación del personal o por aviso, según el caso.

Lo anterior significa, que si bien es cierto, hubo un error en la Secretaría de esta Corporación, el apoderado del demandado tenía conocimiento de cuando empezaba a correr el término para tal fin, pues además de decirlo el auto admisorio de la demanda, ello también está contemplado en la norma.

Así las cosas, como la notificación se efectuó el 1º de febrero de 2016, la parte actora tenía hasta el 25 del mismo mes y año para dar contestación a la demanda, y ello ocurrió el 29, es decir, de forma extemporánea. (…)”.

Solución al problema jurídico planteado

Acorde con el escrito de tutela y las pruebas allegadas al expediente, encuentra la Sala que en el presente caso el señor Luis Said Castro Cueto interpuso la presente acción de tutela con el fin de que se deje sin efectos el proveído emitido por el Tribunal Administrativo del Cesar en la audiencia inicial llevada a cabo el 11 de marzo de 2016, que tuvo por no contestada la demanda de nulidad electoral interpuesta por el señor Carlos Javier Toro Velásquez contra el tutelante, como alcalde electo del Municipio de Pailitas - Cesar.

En el sentir de la parte actora, la autoridad judicial accionada debió tener por contestada la demanda toda vez que la Secretaria del Tribunal al correr traslado de la demanda afirmó que los términos vencían el 1º de marzo de 2016 y a su vez la contestación de la demanda se presentó el 29 de febrero de la misma anualidad.

Así las cosas, se tiene que la decisión acusada si bien reconoció que la Secretaría del Tribunal cometió un error de transcripción al indicar en el traslado para contestar que el término vencía el 1º de marzo de 2016, aseguró que el auto admisorio de la demanda indicaba que el trámite se estaba adelantando de conformidad con las disposiciones de los artículos 277 literal f y 279 del CPACA, según los cuales, la demanda se debe contestar dentro del término de quince (15) días, los cuales se empiezan a contabilizar tres (3) días después de la notificación personal o por aviso, es decir, que el señor Luis Said Castro Cueto tenía hasta el 25 de febrero de 2015 para contestar la demanda que cursaba en su contra.

Al respecto, encuentra la Sala que el oficio que expidió la Secretaria del Tribunal al correr traslado de la demanda para contestar, es confuso pues de una lectura literal se podría inferir que es a partir del 10 de febrero de 2016 que se empieza a contabilizar el término de los quince (15) días; aunado a ello, en la parte final expresó que “el término vence el primero (1º) de marzo de 2016, a las 6:00 de la tarde (…)”.

Se debe señalar que la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre los errores de los Secretarios de los Despachos Judiciales o de los mismos Jueces, ha previsto que:

“(…)

16. Respecto de los errores cometidos por los secretarios de los despachos judiciales o por los mismos jueces en el curso de un proceso, la Corte Constitucional ha consolidado una línea jurisprudencial(50) según la cual los errores en que incurran los despachos judiciales con relación al cómputo de los términos para la interposición de los recursos, configuran un error judicial que “no puede ser corregido a costa de afectar el ejercicio del derecho defensa de las partes que depositan su confianza legítima en la actuación de las autoridades judiciales”.(51)

Esta postura jurisprudencial encuentra su origen en la Sentencia T-538 de 1994, en la cual se resolvió favorablemente una tutela interpuesta contra la providencia que negaba por extemporáneo el recurso de apelación interpuesto contra una sentencia condenatoria, a pesar de que, para computar el término de sustentación de la apelación, el condenado se había basado en una constancia secretarial. En esta ocasión, la Corte consideró que la desestimación del recurso por extemporáneo había sido consecuencia de la equivocada interpretación de las normas procedimentales efectuada por la autoridad judicial que le había dado un mayor término a la accionada para sustentar su recurso, por lo que no tener en cuenta su defensa a causa de un error judicial, “no se ajusta al postulado de buena fe (C.P., art. 83) ni al principio pro actione (C.P., arts. 29, 228 y 229)”

(…)

19. Dentro de este contexto, la Corte conoció de un caso(53) en el cual un juzgado realizó la notificación personal del auto admisorio al demandado dentro de un proceso para la restitución de un inmueble, quedando registrada dicha actuación en el sistema electrónico de información del juzgado con la fecha del día siguiente debido a un error del secretario del despacho. En esta ocasión, el apoderado del accionado dio respuesta a la demanda y presentó excepciones luego de contabilizar el término de traslado de 10 días que la ley le concedía, frente a lo cual el juzgado dispuso no tenerlas en cuenta por extemporáneas a pesar de que el cómputo del término efectuado por el accionado, lo había hecho con base en la información suministrada por propio juzgado.

Con motivo de este asunto, esta Corporación sostuvo que el uso de medios electrónicos e informáticos en la administración de justicia se encuentra regulado por el artículo 95 de la Ley 270 de 1996, en el cual se establece que la incorporación de tecnología de avanzada a este servicio está dirigida a “mejorar la práctica de las pruebas, la formación, conservación y reproducción de los expedientes, la comunicación entre los despachos y a garantizar el funcionamiento razonable del sistema de información” y que “los procesos que se tramiten con soporte informático garantizarán (…) la confidencialidad, privacidad y seguridad de los datos de carácter personal que contengan en los términos que establezca la ley”.

Esta disposición fue objeto de control constitucional mediante la sentencia C-037 de 1996 en la cual se declaró la exequibilidad condicionada de la misma y se afirmó que “el uso de los medios que se encuentran a disposición de juzgados, tribunales y corporaciones judiciales exige una utilización adecuada tanto de parte del funcionario como de los particulares que los requieren”

La Sentencia T-686 de 2007 también recordó que a partir de la Sentencia C-831 de 2011 se entendió por este Tribunal que la Ley 527 de 1999 - por medio de la cual se definió y reglamentó el acceso y uso de los datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales - es un desarrollo legislativo del mandato acerca del uso de medios electrónicos e informáticos por parte de la Rama Judicial establecido en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia (art. 95). En este sentido, con base en el literal j) del artículo 2º de esta ley, el medio empleado por la Rama Judicial para procesar la información relativa a los procesos judiciales que cursan en cada uno de los despachos, es un “sistema de información” de cuyos datos se predica (i) un reconocimiento de efectos jurídicos, validez y fuerza obligatoria(54), (ii) una equivalencia funcional con la documentación escrita(55), y (iii) una valoración como medio de prueba.(56)

Luego de efectuar este recuento normativo y jurisprudencial, la Sentencia T-686 de 2007 concluyó que “la utilización de los sistemas de información sobre el historial de los procesos y la fecha de las actuaciones judiciales sólo se justifica si los ciudadanos pueden confiar en los datos que en ellos se registran. Y ello puede ocurrir siempre y cuando dichos mensajes de datos puedan ser considerados como equivalentes funcionales de la información escrita en los expedientes”.

(…)”(32).

Así las cosas, encuentra la Sala que en el presente caso el Tribunal Administrativo del Cesar vulneró los derechos al debido proceso, acceso a la administración de justicia y defensa del señor Luis Said Castro Cueto al dar por no contestada la demanda, cuando previo a ello admite que la Secretaria de esa Corporación incurrió en un error al indicar que los términos vencían con posterioridad.

Es importante indicar que la jurisprudencia constitucional ha determinado que los formalismos no pueden ser un obstáculo para hacer efectivo un derecho. Y si bien, es de suma importancia respetar las formalidades y ritos dentro de los procesos judiciales, por cuanto buscan la garantía al debido proceso, su aplicación no debe sacrificar de manera injustificada derechos subjetivos, pues precisamente el fin del derecho procesal es contribuir a la realización de los mismos y fortalecer la obtención de una verdadera justicia material.

Lo anterior impone a la Sala a tutelar los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia y defensa del señor Luis Said Castro Cueto. En consecuencia, se dejará sin efecto todo lo actuado dentro del proceso de nulidad electoral que cursa en el Tribunal Administrativo del Cesar con Radicado 2015-0062, a partir de la audiencia inicial que se llevó a cabo el 11 de marzo de 2016; y se ordenará a la autoridad judicial accionada para que proceda a fijar nueva fecha y lleve a cabo audiencia inicial de que trata el artículo 283 del CPACA, teniendo como contestada la demanda, de conformidad con las razones expuestas en párrafos anteriores.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

Falla

1. Tutelar los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia y defensa del señor Luis Said Castro Cueto. En consecuencia,

2. Dejar sin efectos todo lo actuado dentro del proceso de nulidad electoral que cursa en el Tribunal Administrativo del Cesar con Radicado 2015-0062, a partir de la audiencia inicial que se llevó a cabo el 11 de marzo de 2016; y en su lugar, Ordenar a la autoridad judicial accionada para que proceda a fijar nueva fecha y lleve a cabo audiencia inicial de que trata el artículo 283 del CPACA, teniendo como contestada la demanda, de conformidad con los argumentos expuestos en la parte considerativa de la providencia.

3. Librar las comunicaciones de que trata el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991, para los fines ahí contemplados.

4. En acatamiento de las disposiciones del artículo 31 ibídem de no ser impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación de esta providencia por Secretaría General de la Corporación, Remitir el expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Sandra Lisset Ibarra Vélez—William Hernández Gómez (E)—Carmelo Perdomo Cuéter.

(1) El proceso de la referencia subió al Despacho con el informe de la Secretaría General de la Corporación de 26 de abril de 2016.

(2) Escrito de tutela obrante de folios 1 a 25 del cuaderno principal.

(3) Folios 28 a 30 del cuaderno principal.

(4) Por medio del cual se establecen competencias para el reparto de la acción de tutela.

(5) Constitución Política: artículo 237. “Son atribuciones del Consejo de Estado:

1. Desempeñar las funciones de tribunal supremo de lo contencioso administrativo, conforme a las reglas que señale la ley (…)”.

(6) Ley 270 de 1996: artículo 34. Integración y composición. (Modificado por el art. 9º, L. 1285/2009). “El Consejo de Estado es el máximoTribunal de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y estará integrado por treinta y un (31) magistrados, elegidos por la misma Corporación para los períodos individuales que determina la Constitución Política, de listas superiores a cinco (5) candidatos, que reúnan los requisitos constitucionales, por cada vacante que se presente, enviadas por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura (…)”.

(7) En Sentencia C-543 de 1992, proferida con ocasión del análisis de constitucionalidad de los artículos 11, 12, 25 y 40 del Decreto Ley 2591 de 1991, la Corte sostuvo, que atendiendo al querer del Constituyente, a la naturaleza subsidiaria de la acción de tutela y a la preservación de valores supremos como la seguridad jurídica, cosa juzgada y autonomía judicial, la tutela no era procedente cuando tuviera por objeto cuestionar providencias judiciales.

(8) La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, mediante decisión de 29 de enero de 1992 (AC-009) con ponencia de la Consejera Dolly Pedraza de Arenas, consideró que la acción de tutela era improcedente contra providencias judiciales, inaplicando para el efecto lo establecido en los artículos 11 y 40 del Decreto 2591 de 1991. Esta tesis fue reiterada por la misma Sala Plena mediante sentencias de 3 de febrero de 1992 con ponencia del Consejero Luis Eduardo Jaramillo Mejía (AC-015), 14 de octubre de 1993 con ponencia del Consejero Libardo Rodríguez (AC-1247) y 29 de junio de 2004 con ponencia de Nicolás Pájaro Peñaranda (AC-10203).

(9) Ver sobre el particular las sentencias T-483 de 1997, T-204 de 1998, T-766 de 1998 y SU-563 de 1999.

(10) Al respecto ver, entre otras, las siguientes Sentencias: Sección Primera, de 9 de julio de 2004, Expediente 2004-00308; y, Sección Segunda - Subsección A, de 27 de mayo de 2010, Expediente 2010-00559.

(11) Sentencia en la que se analizó la legalidad del artículo 185 de la Ley 906 de 2004.

(12) Al respecto ver, entre otras, las Sentencias T-1009 de 1999, SU-1031 de 2001, SU-1184 de 2001, SU-159 de 2002, T-774 de 2004.

(13) También denominados requisitos generales de procedencia, y que son: i. Que el asunto tenga relevancia constitucional; ii. Que se hayan agotado los medios ordinarios y extraordinarios de defensa; iii. Que se cumpla con el requisito de inmediatez; iv. Que si se trata de una irregularidad procesal tenga efecto decisivo o determinante en la sentencia y afecte los derechos fundamentales; v. Que el interesado exponga los hechos que generan la vulneración o amenaza de sus derechos y que, además y de haber sido posible, hubiera alegado esta situación en el proceso; y, vi. Que no se trate de sentencias de tutela.

(14) También llamados requisitos generales de procedibilidad y que hacen referencia a la configuración de uno o varios de los siguientes defectos: i. Sustantivo o material; ii. Fáctico; iii. Orgánico; iv. Procedimental; vi. Desconocimiento del precedente; vii. Error inducido; viii. Ausencia de motivación; o, ix. Violación directa de la Constitución.

(15) Sobre la descripción de requisitos de forma y materiales ver la Sentencia T-007 de 2013.

(16) Al respecto ver lo sostenido en las sentencias C-590 de 2005, T-102 de 2006, T-377 de 2009 y T-178 de 2012. También es importante resaltar que ya en la Sentencia SU-014 de 2001 la Corte consideró la necesidad de superar dicho concepto y dar paso a lo que, posteriormente, se denominó error inducido (Sentencia T-462 de 2003).

(17) Emitida en el Expediente 110010315000200901328 01.

(18) La Corte Constitucional, se ha ocupado del tema, entre otras providencias en la Sentencia de tutela T-599 de 2013. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

(19) López Blanco, H. “Instituciones de Procedimiento Civil Colombiano”, Tomo I Parte General, Bogotá, Dupré Editores, 2005, pág. 611.

(20) Ibídem, pág. 649.

(21) Entre otras providencias, Sentencia T-961 de 2004. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.

(22) Folios 225 a 289 del Expediente en el que se tramitó el medio de control.

(23) Folios 296 a 313 ibídem.

(24) Obrante a folios 316 y 317 ibídem.

(25) Comunicación visible a folio 323 ibídem.

(26) Folio 332 ibídem.

(27) Folio 355 ibídem.

(28) Folio 359 ibídem.

(29) Folio 393 ibídem.

(30) Folios 396 a 424 ibídem.

(31) Visible de folios 564 a 585.

(32) Corte Constitucional, Sentencia T-137 de 2013, M.P. Alexei Julio Estrada.