Sentencia 2016-01350 de julio 14 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Rad.: 11001-03-15-000-2016-01350-00(AC)

Consejera Ponente:

Dra. María Elizabeth García González

Actor: C. R. S. T. y otros

Demandado: Tribunal Administrativo del Cesar y otro

Bogotá, D.C., catorce de julio de dos mil dieciséis

Procede la Sala a decidir la acción de tutela instaurada por los señores C. R. S. T., C. A. S. C., E.C.P., C. A.S. C., L. C. S. C., L. C. S. C. y C. E. S. C, contra las sentencias de 25 de mayo de 2015 y 10 de marzo de 2016, proferidas por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Valledupar y el Tribunal Administrativo del Cesar, respectivamente, mediante las cuales se denegaron las pretensiones de la demanda, dentro del medio de control de reparación directa radicada bajo el núm. 21001-33-33-003-2013-00081-01.

I. Antecedentes.

1. La Solicitud.

Los actores, actuando a través de apoderado judicial, instauraron acción de tutela contra el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Valledupar y el Tribunal Administrativo del Cesar, con el fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso e igualdad en conexidad con el principio de seguridad jurídica.

I.2. Hechos.

Explicaron que un familiar, esto es, el señor C. A. S. C, quien también conforma la parte actora de la presente acción de tutela, fue denunciado penalmente por su expareja sentimental con la que convivió durante 10 años, por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado(1), situación que dio lugar a su detención preventiva en la Cárcel Municipal de Valledupar a partir del día 29 de diciembre de 2010.

Señalaron que una vez surtidas todas las etapas correspondientes del proceso penal tramitado a raíz de la denuncia referida, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Valledupar con Funciones de Conocimiento, profirió sentencia de 14 de septiembre de 2011 en la que declaró al señor C. A. S. C. NO responsable del delito que se le imputaba.

Manifestaron que en virtud de dicha decisión judicial, el día 12 de diciembre de 2012, junto con el señor C. Andrés S. C., instauraron una demanda contra la Nación – Fiscalía General de la Nación y la rama judicial, contentiva del medio de control de reparación directa, radicada bajo el núm. 201300081, en la que se pretendía el resarcimiento de los daños ocasionados por la privación injusta de la libertad de aquel.

Adujeron que el referido proceso le correspondió por reparto al Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Valledupar, que profirió sentencia de primera instancia el día 25 de mayo de 2015, en la que denegó el reconocimiento de la reparación pretendida, con argumentos que abiertamente contradijeron lo decidido en el proceso penal respecto de la responsabilidad del señor C. A. S. C..

Afirmaron que el fallo de primera instancia fue confirmado por el Tribunal Administrativo del Cesar, mediante sentencia de 10 de marzo de 2016, en la que trajeron a colación los mismos argumentos sostenidos por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Valledupar.

Sostuvieron que en el proceso contencioso no había lugar a objetar o debatir los argumentos y la decisión del Juez Penal, ya que este era el único competente para determinar la responsabilidad del señor C. A. S. C. en los hechos que se les imputaban.

Manifestaron que los Despachos Judiciales accionados equivocadamente consideraron que la absolución del señor C. A. S. C., se produjo en virtud del principio de in dubio pro reo, cuando lo cierto fue que la decisión del proceso penal se fundamentó en la ausencia de responsabilidad en el hecho punible que se le imputaba, es decir, que el acusado no cometió la conducta por la cual se le estaba juzgado.

Sostuvieron que las sentencias controvertidas hicieron una equivocada valoración probatoria, omitieron abiertamente el principio de la sana crítica y contradijeron las conclusiones a las que se llegó en el proceso penal adelantado en contra del señor C. A. S. C.

Adujeron que el procedimiento contencioso se convirtió en una instancia de casación penal en la que se juzgó el procedimiento llevado a cabo por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Valledupar con Funciones de Conocimiento, actuación que desconoce la finalidad del medio de control de reparación directa.

Finalmente, indicaron que tanto el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Valledupar como el Tribunal Administrativo del Cesar, desconocieron los precedentes jurisprudenciales proferidos por la Sección Tercera del Consejo de Estado, en lo que respecta al reconocimiento de los daños y perjuicios que ocasiona la privación injusta de la libertad a un indiciado y a su familia y el derecho a la reparación de los mismos.

I.3 Pretensiones.

Los actores solicitaron que se dejen sin efecto las sentencias de 25 de mayo de 2015 y 10 de marzo de 2016, proferidas por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Valledupar y el Tribunal Administrativo del Cesar, respectivamente, dentro del medio de control de reparación directa radicada bajo el núm. 21001-33-33-003-2013-00081-01, y en consecuencia, se le ordene al segundo emitir un nuevo fallo en el que se tengan en cuenta los parámetros fijados por la Sección Tercera del Consejo de Estado en las acciones de reparación directa que tratan sobre el tema en cuestión.

I.4 Defensa.

El Tribunal Administrativo del Cesar, sostuvo que a pesar de que en los casos de privación injusta de la libertad el régimen de responsabilidad es objetivo, es decir, que no es relevante demostrar si la detención ordenada fue equivocada o correcta sino que la persona que la sufrió no estaba en la obligación de soportar dicha carga, el Estado puede relevarse de la responsabilidad cuando se encuentra acreditado que el sindicado determinó su detención debido a una conducta dolosa o gravemente culposa.

Recordó que el solo hecho de que se presente una privación injusta de la libertad no significa una condena automática al Estado, pues existen casos en los que se hace necesario garantizar derechos de mayor magnitud que justifiquen asumir la carga que representa la detención, como efectivamente sucedió en el proceso objeto de estudio, en el que la presunta víctima era una menor de edad que gozaba de una especial protección dentro del ordenamiento jurídico por su estado de vulnerabilidad.

Aseguró que en el presente caso, se constató que en el proceso penal se absolvió al señor C. A. S. C., con fundamento en el principio in dubio pro reo, esto es, por carencia de pruebas que demostraran su responsabilidad en el delito que le endilgaba.

Advirtió que no hay razones para atribuir responsabilidad al Estado por la privación de la libertad del referido señor, comoquiera que dentro del proceso penal existían razones suficientes para adelantar la investigación y detener al indiciado.

Expresó que en virtud de las labores investigativas, la Policía Judicial encontró méritos para solicitarle a la Fiscalía General de la Nación que emitiera orden de captura en contra del señor C. A. S. C., con fundamento en las valoraciones psicológicas y de medicina legal (examen médico-físico) que le fueron practicadas a la presunta víctima.

Recordó que todas las pruebas recaudadas en la investigación, incluyendo los testimonios de la víctima y de su madre, señalaban concretamente al señor C. A. S. C., como autor del delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, por lo tanto este debía soportar la medida restrictiva de la libertad que le fue impuesta.

Afirmó que el Juez Primero Penal del Circuito de Valledupar con Funciones de Conocimiento, no tuvo en cuenta el dictamen médico realizado a la menor por el Instituto Técnico de Medicina Legal y Ciencias Forenses ni la valoración psicológica del ICBF, las cuales debieron ser analizadas en conjunto con los demás elementos probatorios que obraban dentro del proceso.

Expresó que la valoración probatoria hecha en el proceso penal se limitó a analizar la retractación de la menor y los testimonios de los hermanos, los cuales no necesariamente implicaban que fuera falso lo referido en la denuncia inicialmente interpuesta.

Señaló que en el proceso contencioso se concluyó que la privación de la libertad del actor no fue injusta, ya que la sentencia del proceso penal fue proferida sin la debida integración de las pruebas que obraban dentro del expediente.

El Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Valledupar, sostuvo que en el proceso contencioso objeto de estudio se valoraron todos y cada uno de los elementos probatorios recaudados en el expediente.

Advirtió que a diferencia de lo dicho por la parte actora en la presente acción de tutela, en su sentencia de 25 de mayo de 2015, no realizó ningún juicio de valor frente a la conducta del señor C. A. S. C., simplemente analizó todo lo sucedido en el proceso penal con el fin de determinar si el daño era imputable al Estado.

Aclaró que la denegación de las pretensiones dentro del proceso contencioso no se fundamentó en la culpa exclusiva de la víctima, sino en la ausencia de responsabilidad del Estado, ya que no se acreditó la arbitrariedad, injusticia, ilegalidad o falta de proporcionalidad en la medida de aseguramiento de detención preventiva contra el señor C. A. S. C.

Aseveró que las sentencias de instancia no desconocieron los precedentes jurisprudenciales del Consejo de Estado, todo lo contrario, su fundamentación recogió lo dicho en providencias proferidas por la Sección Tercera de la Corporación, como por ejemplo, un fallo de 30 de marzo de 2011, expediente radicado bajo el núm. 2004-00774, en el cual se sostuvo que en casos de absoluciones por in dubio pro reo, para determinar la responsabilidad del Estado por la privación de la libertad, el Juez Contencioso debía verificar si la detención preventiva fue necesaria, proporcional e indispensable e incluso, si fue razonable o no, en virtud de la gravedad de la ofensa, su duración, los efectos sobre la persona retenida, las dificultades objetivas de la investigación, la conducta de la autoridades judiciales competentes y la posibilidad de reincidencia.

Recordó que se estudiaron los parámetros constitucionales que deben seguirse cuando se investigan y juzgan delitos en los que el afectado es un niño o niña menor de 14 años.

Expresó que hasta la fecha en que se profirió la sentencia de primera instancia no había precedentes del Consejo de Estado sobre procesos de reparación directa por privación injusta de la libertad cuando se absuelve al indiciado por duda o in dubio pro reo respecto de delitos sobre abuso sexual o violencia sexual de niños, niñas y adolescentes; sin embargo, aclaró que para otros tipos de delitos la Jurisprudencia Contenciosa no ha sido pacifica en cuanto al reconocimiento de la responsabilidad objetiva por el daño sufrido.

Sostuvo que su providencia también se apoyó en precedentes de la Corte Constitucional, como la Sentencia C-634 de 2011, en la cual se dijo que el Juez puede seleccionar, entre las variables jurisprudenciales existentes, la que considere que mejor se adapta al caso concreto.

Finalmente, advirtió que en sentencia de 10 de agosto de 2015, expediente 200001834, la Sección Tercera del Consejo de Estado con ponencia del Magistrado Jaime Orlando Santofimio Gamboa, sostuvo que en materia de privación injusta de la libertad, existe una regla general, relacionada con el título jurídico de imputación objetiva, es decir, que no se requiere acreditar la falla del servicio; no obstante, el Juez Administrativo está facultado para realizar una revisión probatoria del proceso penal, a fin de determinar si a la decisión absolutoria se llegó fundada en deficiencias de investigación, hecho que incide en el análisis de proporcionalidad de la medida de aseguramiento y de contera, en la determinación de la responsabilidad del Estado y del derecho a la reparación.

I.5 Intervenciones.

La Fiscalía General de la Nación, manifestó que si bien fue vinculada como tercero interesado en la presente acción de tutela, no está legitimada por pasiva para actuar, ya que no existe relación de causalidad entre sus actuaciones y la presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados como violados por la parte actora.

Recordó que dentro de las acciones de tutela no es posible ejercer una defensa adecuada y completa, debido a los términos perentorios y la ausencia de etapas, como la probatoria.

Advirtió que de hallarse probada la vulneración invocada, es necesario que el Juez declare la nulidad total o parcial del proceso ordinario en el que se profirieron las sentencias controvertidas y le ordene a la autoridad correspondiente que se surta nuevamente su trámite, en aras de salvaguardar los derechos fundamentales de todas las partes, no solo de los demandantes.

Adujo que son las autoridades judiciales que profirieron las sentencias accionadas, las que están llamadas a pronunciarse de fondo respecto de la presente acción de tutela.

II. Consideraciones de la Sala:

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (Expediente núm. 2009-01328, Actora: N. G. Á. B., Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la jurisprudencia, luego de analizar la evolución jurisprudencial de la acción de tutela contra providencias judiciales tanto en la Corte Constitucional como en esta corporación, concluyó que si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala había sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente núm. AC-10203) han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que a partir de tal pronunciamiento se modificó ese criterio radical y se declaró la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, cuando se esté en presencia de la violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la Sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta corporación o aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero Doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así:

“Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios —ordinarios y extraordinarios— de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

(…) Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución”.

En el presente caso, se advierte que los actores pretenden que se dejen sin efecto las sentencias de 25 de mayo de 2015 y 10 de marzo de 2016, proferidas por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Valledupar y el Tribunal Administrativo del Cesar, respectivamente, dentro del medio de control de reparación directa radicado bajo el núm. 21001-33-33-003-2013-00081-01, mediante las cuales se denegaron las pretensiones de la demanda.

A las citadas providencias se les atribuye la vulneración de los derechos constitucionales fundamentales al debido proceso e igualdad en conexidad con el principio de seguridad jurídica, habida cuenta de que, a juicio de la parte actora, los Despachos Judiciales mencionados incurrieron en un defecto fáctico y desconocieron el precedente jurisprudencial aplicable al caso objeto de controversia.

Para sustentar la existencia del defecto fáctico, aducen los actores que tanto el a quo como el ad quem realizaron una valoración probatoria carente de objetividad y sana critica, ya que tuvieron en cuenta únicamente los documentos y testimonios con los cuales se pretendía endilgarle responsabilidad al señor C. A. S. C., por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado, pero omitieron todas aquellas pruebas que llevaron al Juez Primero Penal del Circuito de Valledupar con Funciones de Conocimiento a absolverlo.

Por otra parte, afirmaron que las sentencias controvertidas desconocieron los precedentes jurisprudenciales proferidos por la Sección Tercera de esta corporación en casos similares de privación injusta de la libertad, cuando la absolución se da por aplicación del principio de in dubio pro reo.

Explicaron los accionantes que en sentencia de 28 de agosto de 2014(2), la Sala Plena de la Sección Tercera de esta corporación, reiteró la postura jurisprudencial ya unificada en fallo de 17 de octubre de 2013(3), en el que se sostuvo que era posible declarar la responsabilidad del Estado por el hecho de la detención preventiva de ciudadanos ordenada por autoridad competente frente a aquellos eventos en los cuales se causa al individuo un daño antijurídico aunque el mismo se derive de la aplicación, dentro del proceso penal respectivo, del principio universal in dubio pro reo, por lo tanto no importa que la privación de la libertad se hubiese producido como resultado de la actividad investigativa correctamente adelantada o que la medida de aseguramiento cumpliera con todas las exigencias legales, ya que si el imputado no resultaba condenado, era procedente el reconocimiento de la indemnización de los perjuicios causados, siempre y cuando el particular no se encontrara en el deber jurídico de soportar dicha carga, como por ejemplo, cuando la detención se produce debido a un hecho exclusivo de la víctima.

Advirtieron que a diferencia de lo sostenido por los Despachos Judiciales accionados, sí existía un precedente jurisprudencial del Consejo de Estado en un caso de privación injusta de la libertad por presuntos delitos contra un menor de edad, esto es, el fallo de 16 de marzo de 2012, expediente 1996-02964-01 (19.807), Magistrada Ponente Stella Conto Díaz del Castillo, en el que se condenó al Estado por la detención de un ciudadano a quien inicialmente, y de acuerdo con el material probatorio recaudado en el proceso penal, se le acusó de haber asesinado y accedido carnalmente a su hija, pero posteriormente se lo encontró inocente por los delitos que se le imputaron.

Sostuvieron que lo importante en estos casos es determinar si el indiciado tenía el deber jurídico de soportar la carga de la privación, independientemente de los argumentos por los cuales aquel no resultó condenado dentro del proceso penal.

Finalmente, advirtieron que requerir la acreditación de una conducta manifiestamente desviada de las autoridades en los casos en que se absuelve al investigado por duda razonable, sería tanto como contrariar el principio de la presunción de inocencia.

Habida cuenta de que en el presente caso se cumplen los presupuestos generales previstos en la Sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, la Sala precisa lo siguiente:

En aras de establecer la existencia de los defectos aludidos y la presunta conculcación de los derechos constitucionales fundamentales invocados como violados por la parte actora, es menester consultar el contenido de las providencias en cuestión.

El Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Valledupar, en la sentencia de 25 de mayo de 2015, luego de hacer un recuento de lo que, a su juicio, son las tesis imperantes en la Sección Tercera de esta corporación sobre la responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad, afirmó que en la actualidad no existía ningún precedente jurisprudencial en aquellos eventos particulares en que la medida de aseguramiento se producía por delitos de abuso o violencia sexual de niños o adolescentes, por lo que estaba en libertad de escoger la posición que más se acomodara a la situación que estudiaba. En todo caso, recordó que cuando la privación se daba por otro tipo de delitos y la posterior absolución era producto de la aplicación del principio de in dubio pro reo o duda razonable, la posición jurisprudencial no era pacífica en lo que respecta al reconocimiento de la responsabilidad objetiva del Estado.

En efecto, el referido despacho judicial explicó que en el caso objeto de controversia, como no existía jurisprudencia pacífica sobre el tema, acogió la tesis del Consejo de Estado desarrollada en la sentencia de 30 de enero de 2013, expediente 2001-00056-01 (25.324), Magistrado Ponente Carlos Alberto Zambrano Barrera -a la que motu proprio le agregó algunas variaciones- y un salvamento de voto posterior(4), en la que se sostuvo que el solo hecho de que en el proceso penal no se condenara al indiciado privado de la libertad no implicaba automáticamente la reparación a cargo del Estado, ya que en eventos diferentes a los contemplados en el artículo 414 del Derogado Código de Procedimiento Penal(5), como lo sería la absolución por in dubio pro reo, debía demostrarse que la medida de aseguramiento era “injusta”, es decir, la responsabilidad no era objetiva.

Así las cosas, el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Valledupar concluyó que en el caso objeto de estudio no había lugar al reconocimiento de la reparación pretendida, pues la absolución del señor C. A.S. C. no se dio por ninguna de las hipótesis planteadas en el derogado artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, sino por la aplicación del principio de in dubio pro reo, lo que impedía hacer uso de un título de imputación objetivo y como en el proceso no se acreditó que la medida privativa de la libertad fuera injusta o desproporcionada, no se le podía atribuir responsabilidad al Estado por los perjuicios que esta le causó al indiciado, quien estaba en la obligación de soportarlos.

Finalmente, la sentencia de primera instancia proferida dentro del proceso contencioso controvertido, realizó un extenso estudio del proceso penal en el que se absolvió al señor C. A. S. C. y sostuvo que el Estado no había incurrido en ninguna falla del servicio al ordenar la medida de aseguramiento que dio lugar al proceso contencioso, ya que dicha decisión se fundamentó en los elementos probatorios que le permitían a la Fiscalía inferir razonablemente que aquel era el presunto autor de los delitos que se le imputaban. Además, advirtió que el fallo absolutorio del proceso penal solo se fundamentó en la retractación de dos menores de edad y su madre; sin embargo, se omitió hacer un análisis en conjunto de todo el material probatorio obrante en el expediente.

Por su parte, el Tribunal Administrativo del Cesar al proferir la sentencia 10 de marzo de 2016, en la que confirmó lo decidido por el a quo, expresamente reconoció que la posición jurisprudencial imperante actualmente en la Sección Tercera de esta corporación es que en casos de privación injusta de la libertad se aplica un régimen objetivo de responsabilidad, en el que el Estado se puede eximir de la reparación únicamente si se constata una causa extraña o que la detención se produjo debido a una conducta dolosa o gravemente culposa del investigado. No obstante, aclaró que cada Juez debía realizar un análisis concreto del caso particular que le correspondía, ya que existían litigios en que se hacía necesario garantizar derechos de mayor magnitud y por lo tanto la decisión de condenar al Estado no podía ser automática.

Sostuvo el ad quem que de las pruebas allegadas al proceso contencioso se podía constatar que existían razones suficientes y contundentes para que la Fiscalía, en cumplimiento de sus obligaciones legales, decretara la medida de privación de la libertad del señor C. A. S. C., toda vez que las declaraciones rendidas por la víctima y su madre lo señalaban concretamente como autor del delito de acceso carnal abusivo y los dictámenes de medicina legal y del ICBF determinaban que la menor, en efecto, había sido objeto de dicha agresión. Así las cosas, consideró que los indicios que comprometían la responsabilidad del investigado en el hecho punible que se le imputaba, lo obligaban a soportar la medida restrictiva de la libertad, máxime si la presunta víctima era una menor de edad que goza de una protección especial por su estado de vulnerabilidad.

El referido tribunal advirtió que en el proceso penal se dejaron de garantizar los derechos de la menor de edad que presuntamente había sido víctima del delito y se le dio prevalencia a la libertad del indiciado por no existir pruebas que lo incriminaran.

Por último, estimó que no encontró elemento probatorio alguno que le permitiera determinar que la privación de la libertad del señor C. A. S. C. hubiese sido injusta, desproporcionada o arbitraria.

Teniendo en cuenta lo expuesto en líneas anteriores, lo primero que es pertinente señalar es que las sentencias de instancia no solo desconocieron el precedente jurisprudencial unificado de la Sección Tercera de esta corporación, respecto del título jurídico de imputación en los casos de privación injusta de la libertad, sino que también incurrieron en un defecto fáctico al valorar contradictoriamente las pruebas allegadas al proceso contencioso de reparación directa, particularmente, el fallo absolutorio proferido por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Valledupar con Funciones de Conocimiento.

En efecto, observa la Sala que en la sentencia de primera instancia, proferida por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Valledupar y confirmada por el Tribunal Administrativo del Cesar, se manifestó que en la actualidad existen cuatro tesis jurisprudenciales respecto de la responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad, afirmación inexacta y carente de veracidad, ya que desde el año 2006(6) hasta la fecha, la Sección Tercera ha mantenido una posición inequívoca frente el tema en cuestión, en la que se reconoce que, en principio, el título de imputación es objetivo cuando la absolución del imputado se produce por la ocurrencia de alguna de las tres hipótesis del artículo 414 del derogado Decreto 2700 de 1991 o por aplicación del principio in dubio pro reo(7), a menos que el Juez de conocimiento advierta la ocurrencia de una falla del servicio, caso en el cual, será necesario declararla.

Así las cosas, quien haya sufrido una medida de aseguramiento y posteriormente sea exonerado de los delitos que se le imputaban, porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, la conducta era atípica o existía duda razonable respecto de su culpabilidad, tiene derecho a ser indemnizado por los perjuicios que le ocasiona la privación injusta de su libertad y el régimen para imputarle la responsabilidad al Estado es objetivo, es decir, no es necesario acreditar que la medida de aseguramiento expedida por la Fiscalía General de la Nación fue incorrecta o ilegal, pues basta con demostrar la ocurrencia de un daño y que el mismo se produjo por el actuar de la administración. 

Sobre el particular, la Sección Tercera de esta corporación ha sostenido: 

“Respecto del mismo artículo, la Sala ha considerado que su interpretación no se agota en la posibilidad de declarar la responsabilidad del Estado por detención injusta, cuando esta sea ilegal o arbitraria. En jurisprudencia reciente(8), se ha determinado que las hipótesis de responsabilidad objetiva, también por detención injusta, contempladas en el derogado artículo 414 del decreto 2700 de 1991, mantienen vigencia para resolver, de la misma forma, la responsabilidad del Estado derivada de privaciones de la libertad en las cuales se haya arribado a cualquiera de los tres supuestos a los que hacía referencia la citada disposición.Es decir, que después de la entrada en vigencia de la Ley 270 de 1996, cuando una persona privada de la libertad sea absuelta “porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible”, se configura un evento de detención injusta.A las hipótesis citadas se les ha agregado el evento de absolución en aplicación del in dubio pro reo(9). Lo enunciado, con fundamento en la cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado, prevista en el artículo 90 de la Constitución política (…). 

(…)

De acuerdo con los principios tutelares del Estado social y democrático de derecho, entre los cuales la libertad y la justicia ocupan un lugar privilegiado, frente a la materialización de cualquiera de las hipótesis enunciadas, cuando una persona privada de la libertad sea absuelta, porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, la conducta no constituía hecho punible o por in dubio pro reo, se habrá de calificar sin ambages como detención injusta.Es por ello, que se trata de una responsabilidad objetiva, toda vez que en eventos de esta naturaleza, ambos valores se encuentran en juego y un argumento de tipo utilitarista, en el sentido de afirmar que se trata de una carga que se debe soportar en bien de la mayoría, no tiene justificación alguna (…)”(10) (negrillas y subrayas fuera del texto original)

“En la actualidad y para aquellos casos en los cuales resulta aplicable el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, por haberse configurado la libertad de una persona bajo los supuestos previstos en dicha norma, la Sala ha venido acogiendo el criterio objetivo, con fundamento en que la responsabilidad del Estado se configura cuando se ha causado un daño antijurídico por la privación de la libertad de una persona a quien se le precluye la investigación o es absuelta porque nada tuvo que ver con el delito investigado, sin que resulte relevante, generalmente, cualificar la conducta o las providencias de las autoridades encargadas de administrar justicia

(…)

En ese contexto, se concluye que, cuando se produce la exoneración del sindicado, mediante sentencia absolutoria o su equivalente, por alguna de las causales previstas en el citado artículo 414 del C. de P. P. -sin que, en cualquier caso, opere como eximente de responsabilidad la culpa de la víctima-, las cuales se aplican a pesar de la derogatoria de la norma, o –en la opinión mayoritaria de la Sala- por virtud del indubio pro reo, el Estado está llamado a indemnizar los perjuicios que hubiere causado por razón de la imposición de una medida de detención preventiva que lo hubiere privado del ejercicio del derecho fundamental a la libertad, pues, de hallarse inmerso en alguna de tales causales, ningún ciudadano está obligado a soportar dicha carga(11).

“En punto de los presupuestos para declarar la responsabilidad del Estado derivada de la privación injusta de la libertad de los ciudadanos, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha desarrollado una jurisprudencia consolidada, estable y reiterada, a partir de la interpretación y el alcance del artículo 90 de la Constitución Política, del artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 —Código de Procedimiento Penal— y de la Ley 270 de 1996.

En este sentido, de manera general, la jurisprudencia de la Sala ha acudido a la aplicación del régimen objetivo de responsabilidad y se impone su declaración en todos los eventos en los cuales el implicado correspondiente que ha sido privado de la libertad es absuelto o se precluye la investigación a su favor, cuando en el proceso que haya dado lugar a su detención o restricción de la libertad se determine que: i) el hecho no existió; ii) el sindicado no lo cometió y/o iii) la conducta es atípica, siempre y cuando no hubiere mediado una falla en el ejercicio de la función jurisdiccional en cuyo caso deberá aplicarse un régimen subjetivo de responsabilidad.

De igual forma, de conformidad con la postura reiterada, asumida y unificada por la Sección Tercera del Consejo de Estado, se amplió la posibilidad de que se pueda declarar la responsabilidad del Estado por el hecho de la detención preventiva de ciudadanos ordenada por autoridad competente frente a aquellos eventos en los cuales se causa al individuo un daño antijurídico aunque el mismo se derive de la aplicación, dentro del proceso penal respectivo, del principio universal in dubio pro reo(12).

Es pertinente resaltar que la posición jurídica destacada en líneas anteriores ha sido suficientemente reiterada en innumerables sentencias de la Sección Tercera de esta corporación, tal y como expresamente se advirtió en la última de las providencias transcritas, por lo tanto no existe duda alguna de que el régimen objetivo de responsabilidad es el que se aplica en los casos de privación injusta de la libertad cuando la absolución devine de las hipótesis planteadas en el derogado artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 —el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible— o cuando en el proceso penal se exonera al indiciado por in dubio pro reo.

Ahora, las cuatro tesis de las que habló el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Valledupar en la sentencia de primera instancia proferida dentro del proceso objeto de controversia, son en realidad las diferentes etapas o estadios que ha tenido la Jurisprudencia dentro del Consejo de Estado sobre el tema del régimen jurídico de responsabilidad aplicable en los casos de privación injusta de la libertad, situación que de ninguna manera implica que todas estén vigentes en la actualidad, pues desde el año 2006 hay una posición pacífica y unificada, como se demostró en las sentencias traídas a colación anteriormente.

Una cosa es decir que han existido diferentes posiciones jurisprudenciales que han evolucionado a través de los años y otra muy distinta asegurar que en la actualidad todas esas tesis son aplicables y por ello el juez contencioso tiene la potestad de escoger cuál se adecúa más al caso que eventualmente este estudiando. Esta última afirmación desconoce abiertamente que la Sección Tercera de esta corporación ya unificó su criterio desde el año 2006.

En diferentes sentencias la Sección Tercera claramente ha explicado que la jurisprudencia sobre el régimen jurídico de la responsabilidad extracontractual del Estado por privación injusta de la libertad ha tenido diferentes momentos en la corporación, pero en la actualidad hay consenso en la aplicación del daño especial —régimen objetivo— como título jurídico de imputación, cuando la absolución deviene de la aplicación de alguna de las tres hipótesis planteadas en el derogado artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 o cuando se da por in dubio pro reo.

Sobre la evolución jurisprudencial, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha sostenido:

“19. En interpretación de dicho artículo, el Consejo de Estado entendió inicialmente que la responsabilidad en los casos de privación injusta de la libertad era siempre de carácter subjetivo, y que debía demostrarse que la medida de detención había sido ordenada en forma equivocada por la autoridad competente, con la configuración de una falla del servicio cuya demostración incumbía a quien solicitaba la reparación. Según esta tesis jurisprudencial, la falla del servicio se demostraba si la decisión judicial que dio lugar a la privación de la libertad, es abiertamente contraria a la ley. Igualmente, se consideraba que, cuando en una investigación existen serios indicios que comprometen la responsabilidad penal de una persona, se entiende que la detención de dicha persona es una carga pública que esta debe soportar.

20. En un segundo momento, la jurisprudencia consideró que, cuando se demostraba que la absolución del implicado se produjo por alguno de los eventos consagrados por el artículo 414 del antiguo Código de Procedimiento Penal, la responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad debía analizarse conforme al régimen objetivo de responsabilidad, sin que fuera necesaria la demostración de una falla del servicio. En aquellos casos no contemplados en el artículo 414 mencionado, como es el caso de la absolución por aplicación del principio in dubio pro reo, se imponía al demandante la carga de demostrar que la privación de la libertad se produjo por un error judicial cometido por la autoridad competente.

21. En tercer término, tras reiterar el carácter injusto atribuido por la ley a aquellos casos enmarcados dentro de los tres mencionados supuestos expresamente previstos en el artículo 414 del hoy derogado Código de Procedimiento Penal, la Sala añadió la precisión de que el fundamento de la responsabilidad del Estado en tales tres eventos no derivaba de la antijuridicidad de la conducta del agente del Estado, sino de la antijuridicidad del daño sufrido por la víctima, en tanto que esta no tiene la obligación jurídica de soportarlo , de suerte que tal conclusión se adoptaría independientemente de la legalidad o ilegalidad de la decisión judicial o de la actuación estatal o de que la conducta del agente del Estado causante del daño hubiere sido dolosa o culposa.

22. Finalmente y en un cuarto momento, la Sala amplió la posibilidad de declarar la responsabilidad del Estado por el hecho de la detención preventiva de ciudadanos ordenada por autoridad competente con base en un título objetivo de imputación, a aquellos eventos en los cuales se causa al individuo un daño antijurídico aunque el mismo se derive de la aplicación, dentro del proceso penal respectivo, del principio in dubio pro reo, de manera tal que aunque la privación de la libertad se hubiere producido como resultado de la actividad investigativa correctamente adelantada por la autoridad competente e incluso cuando se hubiere proferido la medida de aseguramiento con el lleno de las exigencias legales, lo cierto es que si el imputado no resulta condenado, se abre paso el reconocimiento de la obligación, a cargo del Estado, de indemnizar los perjuicios irrogados al particular, siempre que este no se encuentre en el deber jurídico de soportarlos —cosa que puede ocurrir, por vía de ejemplo, cuando el hecho exclusivo y determinante de la víctima da lugar a que se profiera, en su contra, la respectiva medida de aseguramiento—.

23. En el orden de ideas anteriormente expuesto, el criterio que rige actualmente los pronunciamientos de esta corporación en relación con la responsabilidad que le asiste al Estado por los casos de injusta privación de la libertad —aún en aquellos casos en los que se analiza la absolución de una persona penalmente encartada por aplicación del principio in dubio pro reo, es que se trata de una responsabilidad de carácter objetivo, en la que no es necesaria la demostración de que la autoridad judicial incurrió en un error, y en la que la administración de justicia podrá exonerarse solo si demuestra que existió culpa exclusiva de la víctima. Al damnificado le basta con demostrar que contra él se impuso una medida privativa de su libertad en el trámite de un proceso judicial, que dicho proceso culminó con decisión favorable a su inocencia, así como el daño surgido de la situación de la detención, para que con esa demostración surja a cargo de la administración la obligación de indemnizar los perjuicios sufridos por el ciudadano”.

“En torno a la privación injusta de la libertad varias han sido las líneas jurisprudencias de la Sección Tercera de esta corporación: una primera, que podría calificarse de restrictiva, parte del entendido de que la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad de las personas se fundamenta en el error judicial (…).

Una segunda línea entiende que, en los tres eventos previstos en el artículo 414 del C.P.P. —absolución cuando el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no estaba tipificada como punible—, la responsabilidad es objetiva, por lo que resulta irrelevante el estudio de la conducta del juez para tratar de definir si este incurrió en dolo o culpa. Se consideró que, en tales eventos, la ley presume que se presenta una privación injusta de la libertad (…).

(…)

Una tercera tendencia jurisprudencial morigera el criterio absoluto conforme al cual la privación de la libertad es una carga que todas las personas deben soportar por igual, pues ello implica imponer a los ciudadanos una carga desproporcionada; además, amplía, en casos concretos, el espectro de responsabilidad por privación injusta de la libertad, fuera de los tres supuestos de la segunda parte del artículo 414 del citado código y, concretamente, a los eventos en que el sindicado sea exonerado de responsabilidad en aplicación del principio universal del in dubio pro reo.

En la actualidad, y para aquellos asuntos en los cuales resulta aplicable el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, por haberse configurado la privación de la libertad de una persona durante su vigencia, la Sala ha venido acogiendo el criterio objetivo, con fundamento en que la responsabilidad del Estado se configura cuando se ha causado un daño antijurídico por la privación de la libertad de una persona a quien se le precluye la investigación o es absuelta porque nada tuvo que ver con el delito investigado, sin que resulte relevante, generalmente, cualificar la conducta o las providencias de las autoridades encargadas de administrar justicia”(13).

Así las cosas, no es de recibo afirmar que existen varias tesis vigentes dentro del Consejo de Estado sobre el tema objeto de discusión y mucho menos utilizar dicho argumento para justificar la escogencia de una posición jurídica diferente a la imperante en la actualidad, la cual ha sido suficientemente decantada.

En el caso objeto de estudio, tanto el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Valledupar como el Tribunal Administrativo de Cesar, desconociendo la jurisprudencia vigente sobre la materia objeto de estudio, aplicaron un régimen subjetivo de responsabilidad, con fundamento en posiciones jurídicas que no se encuentran vigentes en la actualidad y concluyeron que la medida de aseguramiento impuesta al señor C. A. S. C, estuvo ajustada a derecho y se fundamentó en el material probatorio que la Fiscalía General de la Nación había recaudado hasta ese momento, por lo que estaba en la obligación de soportar los perjuicios que le causó la privación de su libertad.

Para la Sala, es evidente que lo sostenido reiteradamente por la Sección Tercera de esta corporación, es que en los procesos de reparación directa, como el ahora estudiado, en los que la persona es privada de su libertad y posteriormente absuelta por las hipótesis del artículo 414 del derogado Decreto 2700 de 1991 o por aplicación del principio de in dubio pro reo, deben ser analizados en el marco de un régimen objetivo de imputación, en el que la actuación diligente y legitima del Estado, en este caso de la Fiscalía General de la Nación al momento de imponer la medida de aseguramiento, no la exime de su responsabilidad de indemnizar los perjuicios causados al afectado con la misma, pues aquel no se encontraba en la obligación jurídica de soportar dicha carga. 

Igualmente, la Jurisprudencia de la Sección Tercera ha considerado que el carácter injusto de la privación de la libertad se demuestra con la sola constatación de que la absolución en el proceso penal se produjo porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, la conducta no constituía hecho punible o por in dubio pro reo. Precisamente, lo que caracteriza a un régimen objetivo de responsabilidad, es que la persona que demanda no está en la obligación de demostrar una falla en el servicio, por lo tanto, para el caso en cuestión era irrelevante acreditar la arbitrariedad, desproporcionalidad o irregularidad en la expedición de la medida de aseguramiento.

Es evidente que en casos como el estudiado, la parte actora solo debía probar la existencia de un daño antijurídico —privación injusta de la libertad— y que el hecho generador de dicho menoscabo es atribuible al Estado —medida de aseguramiento expedida por la Fiscalía General de la Nación—.

Sobre el particular, la Sección Tercera ha señalado:

“Por lo anterior, no es relevante si la decisión de restringir la libertad cumplió los requisitos para proferirla o si existían indicios suficientes para hacerlo, toda vez que la labor del juez consiste en verificar cuál fue la causal de absolución en el proceso penal, para determinar si la privación de la libertad es injusta, y este requisito es suficiente para fundamentar la responsabilidad patrimonial en un régimen objetivo de daño especial, cuyo análisis es importante en la medida en que se configura una detención arbitraria o ilegal.

En el caso concreto, se insiste, está demostrado que A. L. Q., estuvo privada de la libertad durante el período comprendido entre el 30 de agosto de 1999 y el 6 de septiembre del 2000. Asimismo, la lectura de la sentencia que absolvió a la sindicada, proferida por el Juzgado Segundo Promiscuo del circuito de Arauca, es suficiente y torna en inequívoca la aplicación de la consecuencia jurídica por la privación injusta de la libertad, esto es, la declaratoria de responsabilidad extracontractual contra la Fiscalía General de la Nación y la rama judicial porque su comportamiento fue el determinante en la producción del daño(14).

“En efecto, acerca de los presupuestos para declarar la responsabilidad del Estado derivada de la privación injusta de la libertad de los ciudadanos, la jurisprudencia de la Sala ha señalado que la aplicación del régimen objetivo de responsabilidad se impone en todos los eventos en los cuales la persona privada de la libertad es finalmente absuelta o se precluye a su favor la investigación, cuando en el proceso penal en que ha tenido origen la detención, se ha determinado que i) el hecho no existió, ii) el sindicado no lo cometió y/o iii) la conducta no constituía hecho punible. Este presupuesto opera siempre y cuando no hubiere mediado una falla en el ejercicio de la función jurisdiccional, pues en tal evento hay lugar a aplicar un régimen subjetivo de responsabilidad.

De igual forma, de conformidad con la postura ya unificada por la Sección Tercera de esta corporación, se amplió la posibilidad de declarar la responsabilidad del Estado por el hecho de la detención preventiva de ciudadanos, frente a aquellos eventos en los cuales se causa al individuo un daño antijurídico aunque el mismo se derive de la aplicación del principio universal in dubio pro reo, dentro del proceso penal respectivo. Así, aunque la privación de la libertad se hubiere producido como resultado de la actividad investigativa correctamente adelantada por la autoridad competente, lo cierto es que si el imputado no resulta condenado, se abre paso el reconocimiento de la obligación a cargo del Estado, de indemnizar los perjuicios irrogados al particularsiempre que este no se encuentre en el deber jurídico de soportarlos, cosa que puede ocurrir, por vía de ejemplo, cuando el hecho exclusivo y determinante de la víctima da lugar a que se profiera en su contra la medida de detención preventiva.

(…)

La Sala reitera en esta oportunidad uno de los argumentos expuestos en la sentencia del 4 diciembre de 2006, en el sentido de que no se puede exonerar al Estado de responsabilidad cuando, a pesar de haberse dictado una medida de detención con el lleno de los requisitos que exige la ley para el efecto, se profiere posteriormente una sentencia absolutoria en la cual se establece, finalmente, que no existe la certeza necesaria para privar de la libertad al sindicado.

Esta sola circunstancia constituye un evento determinante de privación injusta de la libertad, puesto que antes, durante y después del proceso penal al cual fueron vinculados los ahora demandantes, siempre mantuvieron intacta la presunción constitucional de inocencia que los amparaba y que el Estado, a través de la entidad ahora demandada, jamás desvirtuó.

Sobre el particular, debe decirse que en casos como este no corresponde a la parte actora acreditar nada más allá de los conocidos elementos que configuran la responsabilidad: actuación del Estado, daño antijurídico e imputación, extremos que se encuentran suficientemente acreditados en el expediente, pues una decisión de la Administración de Justicia, en cabeza de la Fiscalía General de la Nación, determinó que el señor M. J.V. debía padecer la limitación de su libertad hasta que se le absolvió de responsabilidad penal; en cambio, a la entidad demandada le correspondía demostrar, mediante pruebas legales y regularmente traídas al proceso, si se había dado algún supuesto de hecho en virtud del cual pudiera entenderse configurada una causal de exoneración, fuerza mayor, hecho exclusivo de un tercero o culpa exclusiva y determinante de la víctima y ocurre que ninguna de estas eximentes ha sido acreditada en el plenario”(15)

“Así las cosas, la Sala estima necesario reiterar que el régimen de responsabilidad aplicable según la postura mayoritaria de la Sección es de carácter objetivo, bajo el cual se atiende exclusivamente al daño antijurídico producido, por tanto, basta demostrar este último para endilgar la responsabilidad de la Administración en razón a que quien lo padeció no estaba en la obligación de soportarlo -en este caso el daño producto de la privación de la libertad(16)”. 

Ahora bien, si la justificación para que los Despachos Judiciales accionados no aplicaran el régimen objetivo de responsabilidad en el caso objeto de estudio, fue que en el proceso penal se absolvió al señor C. A. S. C., con fundamento en el principio de in dubio pro reo, la Sala considera pertinente advertir que esa tesis también desconoce la Jurisprudencia reiterada y unificada de la Sección Tercera de esta corporación, pues como se explicó anteriormente, la aplicación de dicho principio no exime al Estado de su obligación de reparar los perjuicios causados con la detención preventiva.

En efecto, como se pudo constatar en las sentencias traídas a colación en la presente providencia, la Sección Tercera, desde el año 2006, amplió(17) el campo de aplicación del régimen objetivo de imputación a los casos de privación injusta de la libertad cuando la absolución se produce por in dubio pro reo.

La posición jurisprudencial referida fue consolidada a través de la sentencia de unificación de 17 de octubre de 2013, proferida por la Sala Plena de la Sección

Tercera, en la que se manifestó:

“Ahora bien, comoquiera que en el presente asunto concreto la exoneración de responsabilidad penal del accionante se produjo mediante decisión en la cual se invocó, precisamente, el aludido beneficio de la duda en favor del sindicado, procede la Sala a exponer las razones por las cuales considera que, ante este tipo de eventos, la responsabilidad patrimonial del Estado debe analizarse bajo un título objetivo de imputación basado en el daño especial que se irroga a la víctima. 

(…)

En primer lugar, debe la Sala resaltar, respecto del título jurídico de imputación aplicable a los eventos de privación injusta de la libertad, que se trata de un título de imputación o de un régimen de responsabilidad cuyo fundamento debe ubicarse directamente en el artículo 90 de la Constitución Política y no en un precepto legal, hoy derogado, como el contenido en el otrora vigente artículo 414 del Decreto 2700 de 1991; este constituía un referente normativo cuya existencia bien puede decirse que contribuía a respaldar el análisis que debe realizarse respecto de la responsabilidad del Estado por el hecho de las autoridades jurisdiccionales bajo la égida del artículo 90 constitucional, pero dicho examen ha debido —en vigencia del citado artículo 414— y debe en la actualidad —incluso al amparo de lo normado por los artículos 65 a 74 de la Ley 270 de 1996, según más adelante se indicará—, centrarse en establecer si se ha producido un daño antijurídico, esto es, que la víctima no se encuentre en el deber jurídico de soportar y si el mismo resulta jurídicamente imputable a la acción o a la omisión de una autoridad pública —adscrita a la rama judicial, para efectos del tipo de eventos a los cuales se viene haciendo referencia—, únicos presupuestos a los cuales hace referencia el canon constitucional en mención. El fundamento de la responsabilidad del Estado en estos eventos, por tanto, no debe buscarse —al menos no exclusivamente— en preceptos infraconstitucionales que pudieren limitar o restringir los alcances de la cláusula general de responsabilidad del Estado contenida en el artículo 90 superior. 

(…)

No resulta constitucionalmente viable ni argumentativamente plausible, en consecuencia, sostener que un precepto con fuerza de ley —como el Decreto 2700 de 1991, concretamente en su artículo 414— pudiere contar con la virtualidad necesaria para restringir los alcances que a la responsabilidad del Estado le vienen determinados directamente desde el artículo 90 de la Carta Política, pues según lo han señalado tanto el Consejo de Estado como la Corte Constitucional, los parámetros a los cuales se ciñe la responsabilidad patrimonial de las autoridades públicas son los estructurados por el artículo 90 de la Carta, que pueden ser precisados, mas no limitados, por una norma infraconstitucional38; en otros términos y “En definitiva, no resultan compatibles con el artículo 90 de la Constitución, interpretaciones de normas infraconstitucionales que restrinjan la cláusula general de responsabilidad que aquel contiene”, por consiguiente, ni el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 ni alguna otra disposición de naturaleza legal podría constituir el fundamento único de la responsabilidad patrimonial del Estado por privación injusta de la libertad. Tales dispositivos legales podrían precisar, pero de ninguna manera limitar y menos reemplazar la eficacia directa, vinculante y preferente de los dictados que contiene el artículo 90 de la Constitución Política. 

b. En línea con lo anterior, para la Sala resulta palmario que la procedencia de la declaración de responsabilidad patrimonial del Estado derivada de la privación injusta de la libertad de las personas con ocasión de la instrucción de un proceso penal, no requiere para su operatividad de la concurrencia necesaria de un error jurisdiccional o de un defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia o de una determinada falla en el cumplimiento de las funciones a cargo del Estado. Y es que la exigencia de yerros, de fallas, de actuaciones dolosas o gravemente culposas como presupuesto sine qua non exigible para que pueda configurarse la responsabilidad extracontractual del Estado por privación injusta de la libertad, refleja cierta tendencia —equivocada, por supuesto, en criterio de la Sala— a confundir o entremezclar, indebidamente, los presupuestos de la responsabilidad patrimonial del Estado —previstos en el inciso primero del artículo 90 constitucional— con los de la responsabilidad personal de sus agentes —consagrados en el inciso segundo ídem—, de suerte que con evidentes inconsistencia conceptual y transgresión constitucional, se exige para la declaratoria de la responsabilidad del primero, aquello que realmente solo cabe constatar como requisito insoslayable de cara a la deducción de responsabilidad de los segundos”(18)

Cabe resaltar que si bien esta tesis ha sido objeto de algunos salvamentos de voto dentro de la Sección Tercera de esta corporación, en la actualidad su aplicación es mayoritaria e inequívoca debido a la sentencia de unificación traída a colación.

No obstante lo anterior, la Sala observa que en el presente caso los Despachos Judiciales accionados no solo erraron al aplicar un régimen subjetivo de imputación, contrariando la Jurisprudencia de esta corporación, sino que también interpretaron contradictoriamente las pruebas allegadas al medio de control de reparación directa, particularmente, el fallo absolutorio proferido en el proceso penal. 

En efecto, toda la argumentación de las sentencias controvertidas, proferidas por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Valledupar y el Tribunal Administrativo del Cesar, se fundamentó en que la presunta absolución del señor C. A. S. C., se dio por aplicación del principio de in dubio pro reo; sin embargo, luego de revisado el fallo proferido en el proceso penal, la Sala advierte que en realidad lo que se presentó fue una ausencia probatoria que demostrara su autoría en los hechos que se le imputaban, situación que reviste una importancia mayúscula, ya que estaría inmerso en uno de los tres casos contemplados en el artículo 414 del derogado Decreto 2700 de 1991, esto es, que “el sindicado no lo cometió”, y por lo tanto ni siquiera era procedente poner en duda el régimen de imputación que se debía aplicar, arguyendo los salvamentos de voto de la tesis mayoritaria ya referida.

Para demostrar lo anterior, es menester traer a colación apartes de la sentencia absolutoria de 14 de septiembre de 2011, proferida por el Juzgado Primero Penal con Funciones de Conocimiento del Circuito de Valledupar, en la que se dijo:

“Ahora, al profundizar en la valoración de las pruebas, dable es sostener asimismo por el juzgado, que en esta clase de delito investigado generalmente suelen intervenir, víctima y victimario, pero en el caso sub-examine podremos darnos cuenta que ocurrió un hecho premeditado que no escapa a la comprensión del fallador, cuan lo es, que por presentarse problemas eminentemente de orden familiar desembocaron en otro de no mayor repercusión de orden social, es así como se estableció en el desarrollo del juicio oral concentrado y con aplicación de lo establecido en los artículos 379 y 404 del C.P.P, es decir, a través de la inmediación de la prueba y apreciación del testimonio; que todo lo ocurrido con relación al imputado, C. A. S. C., fue producto de la creación J.Y.T.U., presunta víctima y de sus hermanos N.M.T.U. y F.A.T.U., quienes a través de interrogatorio que le suministrara la representantes de la Fiscalía General de la Nación, al doctor C. A. F. S., defensor del I.C.B.F., manifestaron que sus padres lo eran L. D. U. B. y F. E. T. T.. Igualmente dejaron saber según sus palabras, que por los problemas, o sea, por las peleas que se presentaban entre su madre y su padrastro, C. A. S. C., fue que decidieron hacer creer que este último había abusado de la primera en cita. Tan claro fue su relato que es por ello, que la representante de la Fiscalía, al igual que los demás intervinientes, no tuvieron otra opción sino, la de solicitar absolución para S. C.. Es más, la propia presunta víctima dejó saber, quién en efecto, la había accedido carnalmente, resultando ser un tal Joño, a quien distinguió diciendo que tiene un lunar por el cachete, ojos marrones, nariz larga, aspecto este que fue coadyudado por sus otros hermanos, especial por N.M.T.U., de quien fue la idea inicial.

Para concluir, precisa el despacho mencionar que la propia madre de la víctima, L. D. U. B., en el mismo juicio dejo saber que precisamente ella había presentado la denuncia penal en contra de C. A. S. C., pero después sus hijos le clarificaron que eso de la violación era mentira, que lo hubiera hecho el hoy imputado. Así entonces, la valoración de todo el acervo probatorio le permite al juzgado establecer en el presente caso que lo pertinente resulta ser, que se dicte un fallo absolutorio, como en efecto se dispondrá”.

Lo transcrito en líneas anteriores evidencia, sin asomo de duda, que la sentencia absolutoria no se dio por aplicación del principio de in dubio pro reo, que básicamente es cuando existen pruebas encontradas frente a la comisión de un delito y ante la duda razonable se define la situación jurídica en favor del indiciado, sino que el juez no encontró acreditado que el señor S. C. haya cometido el delito por el cual se le privó provisionalmente de la libertad, por lo tanto la necesidad de la aplicación del régimen objetivo de responsabilidad era absolutamente clara.

Cabe resaltar que la Sección Tercera del Consejo de Estado ha advertido que existen casos en los que la sentencia proferida en el proceso penal pretende justificar la absolución del indiciado en la aplicación del in duo pro reo, cuando en realidad no existía prueba suficiente para demostrar la autoría del aquel en el delito que se le imputaba, eventos en los cuales el Juez Contencioso debía entender que se estaba frente a una de las hipótesis contempladas en el artículo 414 del derogado Decreto 2700 de 1991.

Sobre el particular, en Jurisprudencia reiterada de la Sección Tercera de esta corporación se ha sostenido:

“Debe aclararse, por lo demás, que en el sub-lite aunque el juez penal invocó el in dubio pro reo al momento de proferir sentencia, del examen del análisis probatorio realizado por este se colige que el actor fue absuelto porque no se demostró su autoría (ver, punto3.1.4). De manera que la responsabilidad de la demandada se sustrae de toda discusión sobre la interpretación del régimen de responsabilidad que corresponde a las absoluciones con base en el principio antes mencionado.

Al respecto conviene aclarar, por lo demás, que una cosa es la invocación nominal del in dubio pro reo y otra cosa es el recurso al mismo como ratio decidendi en una sentencia penal. En efecto, el principio in dubio pro reo se aplicacuandocabeladudarazonable,esdecir,cuandolaspruebas aportadas a favor y en contra de la culpabilidad del procesado son de tal peso que es imposible arribar a un conocimiento certero de los hechos. Fuera de este caso, lo que se da es la consecuencia lógica del principio de presunción de inocencia que rige todo el ordenamiento penal, el cual pugna conelsupuestodequealguienpuedasercondenadoconbase en elementos que carecen de fuerza probatoria(19).

“Cabe además señalar que la valoración de la sentencia penal absolutoria o su equivalente comporta la aplicación del principio de prevalencia del derecho sustancial sobre las formas (artículo 228 superior) en el entendido de que independientemente de las razones que se consignen en la providencia para justificar la decisión, ya sea con fundamento expreso de algunas de los eventos inicialmente previstos en el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 o del in dubio pro reo, se habrá de contrastar dicha providencia con las conclusiones a las que resulten de la lectura atenta del expediente, es decir, corresponde verificar si la decisión absolutoria que se apoya en un in dubio pro reo, oculta una de las causales establecidas en el artículo 414 ibídem(20).

“Como se observa del aparte transcrito de la providencia, el Juez de conocimiento decidió absolver de responsabilidad penal al señor G. H. con fundamento en que no había elementos de prueba necesarios para tenerlo como coautor de los delitos de hurto calificado y agravado, secuestro extorsivo y rebelión, es decir, que en el proceso penal no pudo demostrarse que el aquí demandante hubiere cometido los respectivos delitos, circunstancia que, por sí sola, constituye uno de los eventos determinantes de la privación injusta de la libertad.

Ahora bien, contrario a lo expuesto por el tribunal a quo, conviene precisar que la absolución del aquí demandante no obedeció a la aplicación del principio de in dubio pro reo, sino porque no se demostró que el señor Gildardo Hernández hubiere cometido los punibles a él endilgados(21).

Teniendo en cuenta lo explicado en precedencia, es evidente que las sentencias de 25 de mayo de 2015 y 10 de marzo de 2016, proferidas por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Valledupar y el Tribunal Administrativo del Cesar, respectivamente, desconocieron la Jurisprudencia del Consejo de Estado sobre la aplicación del régimen objetivo de imputación en los casos de privación injusta de la libertad(22) e interpretaron erróneamente las pruebas obrantes en el expediente, en especial, el fallo proferido en el proceso penal, del cual se desprendía con claridad que el señor C. A. S. C., fue absuelto por no haber cometido el delito que se le imputaba y no por aplicación del in dubio pro reo, situaciones que demuestran la violación de los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad, no solo del referido señor, sino de los demás miembros de su familia que estaban vinculados en el proceso contencioso como parte actora.

Por lo precedente, la Sala amparará los derechos fundamentales invocados por la parte actora como vulnerados, y en consecuencia, se dejará sin efecto la sentencia de segunda instancia de 10 de marzo de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar dentro del medio de control de reparación directa radicado bajo el núm. 20001-33-33-003-2013-00081-01, y se le ordenará que, dentro del término máximo de treinta (30) días siguientes a la ejecutoria de la presente decisión, emita una nueva providencia en la que tenga en cuenta las consideraciones aquí expuestas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso

Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la

República y por autoridad de la ley.

FALLA:

1. AMPÁRANSE los derechos fundamentales invocados como vulnerados por la parte actora.

2. DÉJASE SIN EFECTO la sentencia de 10 de marzo de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar dentro del medio de control de reparación directa radicado bajo el núm. 20001-33-33-003-2013-00081-01 y ORDÉNASE que dentro de un término máximo de treinta (30) días siguientes a la ejecutoria de la presente decisión, emita una nueva providencia en la que tenga en cuenta las consideraciones aquí expuestas.

3. NOTIFÍQUESE a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto-Ley 2591 de 1991.

4. En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMÍTASE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión y DEVUÉLVASE el original del proceso objeto de la presente acción al juzgado de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala, en la sesión del día 14 de julio de 2016.

Magistrados: Roberto Augusto Serrato Valdés—María Elizabeth García González—María Claudia Rojas Lasso—Guillermo Vargas Ayala.

1 La presunta víctima del delito por el que se le denunció fue la hija menor de su ex pareja sentimental (hijastra).

2 Expediente 2002-02548-01 (36.149). Magistrado Ponente Hernán Andrade Rincón (E). Actor José Delgado Sanguino y otros.

3 Expediente 23.354. Magistrado Ponente Mauricio Fajardo Gómez.

4 Salvamento de voto del Magistrado Carlos Alberto Zambrano Barrera a la sentencia de 27 de junio de 2013, expediente 2002-00173-01 (31.033), Consejero Ponente Mauricio Fajardo Gómez.

5 Decreto 2700 de 1991. Artículo 414. Indemnización por privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios.
Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho noexistió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiere sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave.

6 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 4 de diciembre de 2006. Expediente 1994-09817-01.
Radicado interno 13168. Magistrado Ponente Mauricio Fajardo Gómez.

7 En sentencia de unificación de la Sección Tercera del año 2011, se estableció la aplicación de un régimen de responsabilidad objetivo cuando se presentaba alguna de las hipótesis del artículo 414 del Decreto 2700 de 1991. Posteriormente, en sentencia de unificación 17 de octubre de 2013, Magistrado Ponente Mauricio Fajardo Gómez, Expediente 1996-07459-01, radicado interno núm. 23.354, la Sección Tercera en pleno agregó a dicho régimen los casos en que el imputado se le absuelve por dura razonable o in dubio pro reo.

8 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del dos de mayo de 2007, expediente: 15.463, actor: Adiela Molina Torres y otros, Bogotá, D.C., Consejero Ponente: Mauricio Fajardo Gómez.

9 Sobre el particular consultar la sentencia de 4 de diciembre de 2006, Exp. 13168, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

10 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 5 de junio de 2008. Expediente 1998-01248-01. Radicado interno 16819. Magistrado Ponente Enrique Gil Botero.

11 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 22 de octubre de 2015. Expediente 2009-00015-01. Radicado interno 38.794. Magistrado Ponente Carlos Alberto Zambrano Barrera.

12 Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia de 13 de junio de 2016. Expediente 200501826-01. Radicado interno 40115. Magistrada Ponente Marta Nubia Velásquez Rico.

13 Consejo de Estado. Sección Tercera, Subsección A. Sentencia de 27 de enero de 2012. Expediente 200001402-01. Radicado interno 22701. Magistrado Ponente Carlos Alberto Zambrano Barrera.

14 Consejo de Estado. Sección Tercera, Subsección C. Sentencia de 13 de febrero de 2013. Expediente 2001-01640-01. Radicado interno 25119. Magistrado Ponente Enrique Gil Botero.

15 Consejo de Estado. Sección Tercera, Subsección B. Sentencia de 13 de junio de 2016. Expediente 2004-01. Radicado interno 37392. Magistrado Ponente Martha Nubia Velázquez Rico.

16 Consejo de Estado. Sección Tercera, Subsección A. Sentencia de 12 de mayo de 2016. Expediente 200004662-01. Radicado interno 41603. Magistrado Ponente Hernán Andrade Rincón.

17 En una etapa solo se aceptaba el título de imputación objetivo en los casos de privación injusta de la libertad cuando se absolvía al imputado por alguna de las hipótesis del artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 —el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible—.

18 Consejo de Estado. Sala Plena de la Sección Tercera. Sentencia 17 de octubre de 2013. Expediente 199607459-01. Radicado Interno 23354. Magistrado Ponente Mauricio Fajardo Gómez.

19 Consejo de Estado. Sección Tercera, Subsección B. Sentencia de 26 de julio de 2012. Expediente 2001--01. Radicado interno 24688. Magistrado Ponente Stella Conto Díaz del Castillo.

20 Consejo de Estado. Sección Tercera, Subsección B. Sentencia de 20 de febrero de 2014. Expediente -00335-01. Radicado interno 30407. Magistrado Ponente Ramiro Pazos Guerrero.

21 Consejo de Estado. Sección Tercera, Subsección A. Sentencia de 12 de mayo de 2016. Expediente 200900036-01. Radicado interno 40278. Magistrado Ponente Marta Nubia Velásquez Rico.

22 Cuando la absolución se produjo por alguna de las hipótesis contempladas en el artículo 414 del derogado Decreto 2700 de 1991.