SENTENCIA 2016-01375 DE NOVIEMBRE 10 DE 2016

 

Sentencia 2016-01375 de noviembre 10 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

Rad.: 76001-23-33-000-2016-01375-01(AC)

Consejero Ponente:

Dr. Gabriel Valbuena Hernández

Actor: Nelly Amparo Ruiz Cárdenas

Demandado: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

Bogotá, D. C., diez de noviembre de dos mil dieciséis.

CVC

Decide la Sala, la impugnación interpuesta por la accionante, en contra de la sentencia de 20 de septiembre de 2016, mediante la cual el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, negó las pretensiones de la tutela.

I. Antecedentes

La señora Nelly Amparo Ruiz Cárdenas, actuando en nombre propio, instauró acción de tutela contra la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, por considerar vulnerado su derecho fundamental al debido proceso.

1. Hechos.

1.1. La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (en adelante CVC), en atención a la Resolución 0100-395 de 2008, mediante Reporte Nº 1 de Tenencia de Fauna Silvestre Nativa en Cautiverio, autorizó a la señora Nelly Amparo Ruiz Cárdenas para mantener bajo su cuidado o custodia legal, dos aves de especies SINSOTE de nombre “CAMILA” y una lora de frente amarilla de nombre “ROBERTA”.

1.2. Dichas especies han permanecido bajo la custodia de la señora Ruiz Cárdenas, incluso desde antes de expedida la autorización por parte de la CVC, habitando en una amplia terraza de su apartamento ubicado en Palmar de Coomeva II, edificio adyacente a las instalaciones de la CVC, razón por la cual se encuentran habituadas a la compañía de seres humanos y han establecido una relación de grupo con los integrantes de su familia.

1.3. El 16 de abril de 2016, al producirse el movimiento telúrico en el vecino país de Ecuador, la lora “ROBERTA” alzó vuelo, para finalmente ubicarse en una de las ventanas de la CVC, por lo que fue decomisada por los funcionarios de dicha entidad.

1.4. En atención a lo anterior, el 15 de junio de 2016, formuló derecho de petición ante la CVC, con el fin de recuperar el ave, pues el permiso de custodia que le fue otorgado años atrás no ha sido revocado.

1.5. En oficio de 24 de junio de 2015, la autoridad le informó a la accionante la imposibilidad de hacerle entrega del espécimen (Amazona ochrocephala - lora de Frente Amarilla), por cuanto las circunstancias en que fue capturado permiten establecer que el animal fue movilizado del sitio en el que originalmente fue entregado sin que se informara a la corporación, y sin contar con salvoconducto para ello, así como también se omitió informar a la entidad sobre el extravío o pérdida de la Lora, desconociendo así las obligaciones contenidas en el plan obligatorio de tenencia y manejo de especímenes de la fauna silvestre nativa en el área de jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca –CVC– Resolución 100 0395 de 2008.

2. Fundamentos de la acción.

Manifestó la accionante que la lora “ROBERTA” no fue retirada de su entorno natural hace pocos meses o días, pues lleva en su poder más de 15 años, no permanece enjaulada y está acostumbrada a los cuidados y alimentación que diariamente le proporcionaba, por lo que no es cierto el argumento de la CVC que se le esté ocasionando estrés o se le haya puesto en riesgo; por el contrario, resulta más gravoso retirarla del hogar que la ha protegido y cuidado durante largo tiempo.

Resaltó que el acto administrativo mediante el cual le fue entregada la tenencia de la lora no advirtió las obligaciones con las que fue sorprendida en la respuesta a la petición y cuyo presunto incumplimiento derivó en la no devolución del animal, además que este no fue revocado por la administración, previo trámite administrativo con las garantías del debido proceso, por lo que el derecho fundamental contenido en el artículo 29 de la Constitución ha sido vulnerado.

3. Pretensiones.

“PRIMERO: PROTEGER el derecho fundamental del DEBIDO PROCESO y DERECHO DE DEFENSA a Nelly Amparo Ruiz Cárdenas y los demás derechos fundamentales que se deriven de la omisión de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC, al no iniciar en debida forma el trámite administrativo, tendiente a revocar su propio acto, por medio del cual, se me concedió la custodia del ave lora “ROBERTA” frentiamarilla.

SEGUNDO: ORDENAR a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC, inicie dentro del término legal, el trámite administrativo correspondiente, bien sea para devolver el ave a mi custodia o revocar el acto, por medio del cual se autoriza a la accionante a tener bajo su custodia el ave lora ROBERTA y por ende, ofrezca, el ejercicio del debido proceso, para presentar pruebas y controvertir las que la administración tenga y que den motivación para privarme del derecho que mediante acto administrativo, me fue autorizado desde el 28 de noviembre de 2008.

TERCERO: ORDENAR a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, devuelva a su custodio original, el ave lora “ROBERTA”, mientras decide en decisión en firme, si mantiene la accionante la custodia de la referida ave o la revoca, previo a ofrecer las garantáis de defensa (…)” (fls. 5 y 6).

4. Intervenciones.

Mediante auto de 9 de septiembre de 2016, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca admitió la acción de tutela y ordenó notificar a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (fl. 26).

El Director Territorial de la Dirección Ambiental Regional Suroccidente de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, se opuso a la prosperidad de la tutela.

Manifestó que el artículo 2º de la Resolución 0100 Nº 0100395 del 24 de julio de 2008, impone la obligación a las personas que tengan en su poder especímenes de fauna silvestre nativa, reportar en el término de seis (6) meses la tenencia de estas especies a la correspondiente Dirección Ambiental Regional de la CVC, así como su voluntad de mantener bajo su custodia dicho espécimen, pues de no hacerlo, el parágrafo primero de la citada resolución faculta a la entidad para incautar en cualquier momento los especímenes de fauna silvestre nativa entregados en custodia, cuando considere que es necesario o que no se están cumpliendo los términos establecidos en el Plan Obligatorio de Tenencia y Manejo respectivo.

Por otro lado, indicó no desconocer que el REPORTE Nº 1 DE TENENCIA DE FAUNA SILVESTRE NATIVA EN CAUTIVERIO el cual habilita a la señora Nelly Amparo Ruiz para continuar con la custodia de los especímenes: un SINSOTE “CAMILA” y una lora “ROBERTA” de Frente Amarilla, fue refrendado por un contratista de la Dirección Ambiental Regional Centro Norte de la CVC. Sin embargo, esta tenencia y custodia debía darse en la dirección carrera 18 Nº 16-14 de la ciudad de Trujillo, jurisdicción de la CVC, y no en la ciudad de Cali (área urbana y jurisdicción del DAGMA).

Por tanto, sostuvo que la CVC ha actuado conforme a la normatividad ambiental al decomisar al espécimen por incumplirse las obligaciones impuestas a la señora Nelly Amparo Ruiz Cárdenas, por movilizar a la lora por fuera de la jurisdicción de la Dirección Ambiental Regional Centro Norte y trasladarla a una diferente como es el área urbana de la ciudad de Santiago de Cali, la cual está dentro de la jurisdicción del Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA.

En ese orden de ideas, insistió en que la CVC, al percatarse del incumplimiento de las obligaciones por la señora Ruiz Cárdenas como fue la movilización de la lora sin la autorización previa de la corporación y no reportar inmediatamente la pérdida del animal, procedió a incautarlo de acuerdo con el parágrafo I del artículo 2º de la Resolución 0100 Nº 0100395 del 24 de julio de 2008, sin necesidad de revocar el acto administrativo de carácter general o de iniciar un proceso sancionatorio ambiental.

5. La providencia impugnada.

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia de 20 de septiembre de 2016, negó la solicitud de tutela formulada por la señora Nelly Amparo Ruiz Cárdenas.

Después de hacer referencia al contenido de la Resolución 0100 Nº 0100395 de 24 de julio de 2008(1), señaló que dentro de las obligaciones contempladas para quienes ostentan la tenencia de animales silvestres se encuentra la de abstenerse de movilizar los especímenes sin la previa autorización de la CVC.

Resaltó además que la CVC podrá incautar en cualquier momento los especímenes de fauna silvestre nativa entregados en custodia cuando considere que es necesario o que no se están cumpliendo los términos establecidos en el Plan Obligatorio de Tenencia y Manejo Respectivo.

Por tanto, en ese panorama, advirtió que aunque la CVC entregó en custodia a la señora Ruiz Cárdenas la lora “ROBERTA” de Frente Amarilla, su tenencia se encontraba sometida al cumplimiento de una serie de obligaciones, y en ese sentido, al movilizar el ave de Trujillo (Valle) a la ciudad de Cali sin previa autorización de la CVC y al no reportar de manera inmediata la pérdida del espécimen ocurrida el 16 de abril de 2016, la autoridad estaba en plena facultad para incautar al animal, en virtud del parágrafo I del artículo 2º de la Resolución 0100 Nº 0100395 de 24 de julio de 2008.

Aclaró además, que dicha facultad de incautación no implica para la CVC la necesidad de expedir acto administrativo o iniciar trámite administrativo alguno, pues la fauna silvestre que habite el territorio del Estado es propiedad de la Nación y en virtud de ello es que las entidades encargadas de la protección del medio ambiente, sus recursos y todos sus componentes de fauna y flora pueden disponer de ellos cuando consideren que es necesario para su cuidado y conservación, lo que se traduce en una intervención proporcional de la CVC, en tanto debe prevalecer la protección de la fauna silvestre con relación a los derechos de la accionante.

En virtud de lo expuesto, consideró que el actuar de la CVC no ha sido ilegal; por el contrario, se ha ceñido a los lineamientos establecidos en la normatividad vigente para el cuidado y conservación del medio ambiente y la fauna silvestre.

6. Impugnación.

La accionante recurrió el fallo de primera instancia, insistiendo en los argumentos expresados en la demanda de tutela, particularmente en la vulneración de su derecho fundamental al debido proceso administrativo (fl. 67).

II. Consideraciones.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º del Decreto 2591 de 1991, reglamentario del artículo 86 de la Constitución Política, “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto”.

Este mecanismo fue concebido por el constituyente para la protección inmediata, oportuna y adecuada, ante situaciones de amenaza o vulneración, de los derechos fundamentales, por la acción u omisión de las autoridades públicas, o de los particulares en casos concretos y excepcionales.

La acción, sin embargo, es subsidiaria a otras herramientas judiciales que permitan proteger los derechos fundamentales de la accionante, salvo que se interponga como mecanismo transitorio para evitar la configuración de un perjuicio irremediable.

1. Problema jurídico.

Le corresponde a la Sala determinar si la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC, vulneró el derecho fundamental al debido proceso administrativo de la señora Nelly Amparo Ruiz Cárdenas, al incautarle el ave, sin adelantar previamente un procedimiento administrativo en el que se investigara el presunto incumplimiento de las obligaciones inherentes a la custodia y tenencia de un espécimen de fauna silvestre.

2. Fundamentos de la decisión.

2.1. De la protección constitucional al medio ambiente(2). 

El artículo 8º de la Constitución señala que es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas naturales de la Nación(3). Por su parte, los artículos 79 y 80 establecen los deberes de proteger la diversidad e integridad del ambiente, garantizar el adecuado manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, al mismo tiempo que se previene y controla los factores de deterioro ambiental(4). Por último, el artículo 95 consagra como uno de los deberes de la persona y del ciudadano “proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano”.

Las mencionadas normas hacen parte de un sistema de protección que ha sido denominado por la jurisprudencia como Constitución Ecológica, cuyo concepto hace referencia al conjunto de disposiciones constitucionales que, leídas de manera sistemática, demuestran la importancia que como bien jurídico tiene el ambiente(5). En palabras de la misma Corte(6), esta Constitución tiene una triple dimensión, de la cual se derivan las siguientes premisas: (i) la protección del medio ambiente es un principio que irradia todo el sistema jurídico, (ii) gozar de un ambiente sano es un derecho de todas las personas y (iii) para efectos de llegar a dicho estatus de protección se imponen obligaciones a cargo del Estado y de los particulares.

Desde una perspectiva general, el concepto de ambiente protegido involucra todos los elementos que integran el entorno en el que se desarrollan los seres humanos, entre los que se encuentran la flora y la fauna. Sin embargo, a pesar de que este concepto se define a partir de su relación con el ser humano, la Corte Constitucional ha sido enfática en señalar que sus distintos componentes no son objeto de protección por la sola utilidad que representan para el hombre. En efecto, paulatinamente, se ha superado una visión netamente utilitarista, para pasar a una postura de cuidado y respeto derivada de concepciones ontológicas, en el que el amparo se deriva de la importancia del ambiente en sí misma considerada(7).

Ha señalado entonces la Corte Constitucional que la dignidad que explica y le otorga valor al ser humano, también genera una nueva visión en su relación con el ambiente, ya que va más allá del aprovechamiento de recursos naturales renovables y no renovables, es necesario que el hombre conviva de manera armónica con las demás formas de vida. De ahí que, el ambiente sea destinatario de “la visión empática de los seres humanos por el contexto –o ambiente– en el que se desarrolla su existencia”(8). Lo anterior ha sido ratificado por la Declaración de Estocolmo de 1972, la Carta Mundial de la Naturaleza de 1982, la Declaración de Río y la Resolución 45/94 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en las que se empezó a reconocer internacionalmente que existe un lazo entre la realización de la dignidad humana y el medio ambiente de calidad, pues de ello depende el bienestar futuro de las personas(9).

Ahora bien, como quedó visto, el ambiente como concepto protegido por la Constitución Política, incluye al recurso natural de fauna, esto es, a los animales, que según la Ley 84 de 1989(10), son “los silvestres, bravíos o salvajes y los domésticos o domesticados, cualquiera sea el medio físico en que se encuentren o vivan, en libertad o en cautividad”. Su protección a nivel legal se encuentra en la mencionada norma, que si bien es anterior a Carta de 1991, destaca su importancia y establece mecanismos concretos para su salvaguarda. Por lo demás, recientemente se expidió la Ley 1774 de 2016, cuyo propósito es prohibir el maltrato animal, a través de la modificación del Código Civil y del Código Penal, para lo que consagra como premisa fundamental, el reconocimiento de los animales como seres sintientes(11).

Esta condición torna aún más tangible la relación del ambiente con la dignidad humana, pues la identificación de los animales como seres sintientes, necesariamente conduce a que el comportamiento que se tenga hacia ellos debe excluir la crueldad y cuando sea del caso, reducir su sufrimiento o dolor, ya que “no hay interés más primario para un ser sintiente que el de no sufrir daño o maltrato”(12), alejado de un criterio que se justifique en la recta razón, ya que ese es “uno de los valores primordiales dentro de una comunidad moral que actúa y construye sus relaciones dentro de los parámetros del Estado constitucional”(13).

2.2. De la jurisprudencia sobre la potestad del Estado para proteger la fauna silvestre(14). 

Las primeras normas relacionadas con los animales corresponden a los mandatos que se consagran en el Código Civil, en lo que se refiere a la regulación de la ocupación como modo de adquirir las cosas. En este cuerpo normativo se clasifica a los animales entre bravíos, domésticos y domesticados. El primer grupo corresponde a los animales que “viven naturalmente libres e independientes del hombre como las fieras y los peces”; en el segundo se incluyen las especies que “viven ordinariamente bajo la dependencia del hombre, como las gallinas y ovejas”; y finalmente, en el tercer grupo se ubican aquellos que sin “ser bravíos por su naturaleza, se han acostumbrado a la domesticidad, y reconocen en cierto modo el imperio del hombre”, sobre estos animales domesticados se advierte que “mientras conservan la costumbre de volver al amparo o dependencia del hombre, siguen la regla de los animales domésticos, y perdiendo esta costumbre vuelven a la clase de animales bravíos”(15).

Al estudiar esta clasificación, en la Sentencia C-439 de 2011(16), la Sala Plena de la Corte Constitucional planteó que dichas definiciones permiten establecer que la primera referencia normativa sobre el tema de los animales se desarrolló en el marco del derecho privado, con el único objetivo de determinar cómo se adquiría el derecho de dominio, posesión, tenencia, uso y usufructo sobre ellos. Así, por ejemplo, el Código Civil permitía que toda persona se pudiera apropiar de cualquier animal bravío mediante la caza, sin condicionamientos distintos a que el predio donde se realizara fuera propio o que, en caso de ser ajeno, se tuviera permiso(17).

Más allá de esta clasificación dirigida principalmente a la determinación de la existencia de derechos reales, en la actualidad existe una nueva aproximación que la complementa, por virtud de la cual los animales son vistos como seres sintientes, con quienes el hombre tiene una relación en la que deber evaluar el impacto de las dinámicas de la sociedad frente a los ecosistemas y su repercusión sobre el medio ambiente(18). De hecho, desde la expedición de la Ley 84 de 1989(19), se ha previsto para tal efecto una especial protección en contra del sufrimiento o dolor causados por el hombre, incluyendo en la Ley 1774 de 2016, un amplio catálogo de principios y mandatos de protección y bienestar animal(20).

No obstante, en cuanto al tema de la propiedad de los animales bravíos, el Código de Recursos Naturales Renovables (en adelante CRNR) plantea una profunda modificación al Código Civil. En primer lugar, ahora los identifica como fauna silvestre, incluyendo en tal denominación al “conjunto de animales que no han sido objeto de domesticación, mejoramiento genético o cría y levante regular o que han regresado a su estado salvaje, excluidos los peces y todas las demás especies que tienen su ciclo total de vida dentro del medio acuático”(21).

En segundo lugar, en el artículo 248 del CRNR se dispuso que la fauna silvestre que se encuentra dentro del territorio pertenece a la Nación, “salvo las especies de los zoocriaderos y cotos de caza de propiedad particular”. Estas excepciones, de manera general, corresponden a supuestos definidos en ese mismo código, según el cual (i) los zoocriaderos son las áreas de propiedad privada o pública destinadas al mantenimiento, aprovechamiento y fomento de especies con fines científicos, comerciales, industriales o de repoblación (art. 254); mientras que, (ii) los cotos de caza, incluyen el área destinada al mantenimiento, fomento y aprovechamiento de especies de la fauna silvestre para caza deportiva (art. 256). Además se establecen seis tipos de caza permitida, siempre que se cuente con permiso previo, con excepción de la caza de subsistencia.

Del examen de la normativa sobre la materia se infiere que, como principio general, la fauna silvestre pertenece a la Nación y la posibilidad de acceder a su propiedad solo puede hacerse por medio de la zoocría o de la caza permitida de acuerdo con los requisitos dispuestos en la ley, de manera que no cualquier persona puede apoderarse de una especie silvestre, ya que de avalar dicha alternativa, por la vía de la réplica del comportamiento, podría presentarse un riesgo de deterioro ambiental. En este orden de ideas, en la Sentencia T-760 de 2007, se consideró que el paso de la regulación del Código Civil al CRNR, significó un cambio de “las condiciones a partir de las cuales las personas pueden acceder al aprovechamiento de la fauna silvestre. De un estatuto jurídico-privado en el cual se aceptaba la apropiación incondicional del medio faunístico, se pasa a un régimen en el que se advierte que el acceso incontrolado a éste y la disminución cuantitativa y cualitativa de las especies animales constituye un factor expreso de deterioro ambiental (…)”(22).

La misma corporación ha tenido la oportunidad de estudiar la tensión existente entre la protección del medio ambiente, a través de la prohibición de la tenencia de animales silvestres, y los derechos fundamentales que alegan las personas que detentan su tenencia, como ocurre con la vida digna, el libre desarrollo de la personalidad y la salud. En un primer momento, en la Sentencia T-760 de 2007(23), previamente mencionada, la Sala Novena de Revisión conoció el caso de una señora a quien una corporación autónoma regional le decomisó una lora que, según su relato, era su única compañía desde hacía más de cinco años. El esposo de la accionante interpuso la acción para proteger sus derechos a la salud, a la integridad personal, a la vida y a la dignidad humana, los cuales se vieron afectados desde el momento en que se produjo la separación del animal, al punto que tuvo que recibir tratamiento por los graves problemas depresivos que sufrió. En esta oportunidad, la Corte Constitucional encontró que la accionante no logró demostrar que la especie amazona amazónica –que pertenece a la fauna silvestre del país– fue adquirida legalmente, es decir, no justificó la existencia de un permiso o licencia para el ejercicio de la caza, así como tampoco que proviniera de alguna de las formas de zoocría. A partir de ello consideró que la actuación de la autoridad ambiental se sujetó a los parámetros de legalidad al momento de efectuar el decomiso.

Desde esta perspectiva, la Sala de Revisión concluyó que debía primar el derecho colectivo a un medio ambiente sano por encima del interés personal de la accionante. Además, en cuanto a su derecho a la salud, señaló que pese a haberse comprobado que su estado desmejoró con la pérdida de la lora, la medida de la autoridad resultaba ajustada a la ley y no constituía una injerencia injustificada o desproporcionada en el goce de sus derechos.

Más adelante, en la Sentencia T-608 de 2011(24), la Sala Tercera de Revisión resolvió el caso de un señor que padecía secuelas de TEC severo, con cuadriplejia espástica y afasia mixta, quien tenía un loro desde hace aproximadamente dos años y cuya presencia, según afirmaba la familia, le había ayudado a tener avances a nivel motriz. En la acción de tutela se buscaba proteger los derechos a la salud y a la vida digna del accionante, los cuales se consideraron vulnerados con la decisión de la CAR de decomisar el loro. En dicha ocasión, se reiteró el precedente de la Sentencia T-760 de 2007, para concluir que la actuación de la autoridad demandada fue ajustada a la ley, toda vez que no se demostró que el animal fuera producto de alguna de las formas de caza permitidas por la ley, así como tampoco que proviniera de zoocriaderos.

A lo anterior agregó que el loro tenía signos de estrés y mala alimentación, además de sobrepeso, plumaje oscuro y alas de vuelo cortadas, lo cual, en los términos del artículo 6º de la Ley 84 de 1989(25), era considerado como un acto de crueldad contra los animales.

De lo anterior es posible concluir que no existe una afectación de los derechos a la salud ni a la vida digna de los accionantes, por el solo hecho de que una autoridad administrativa decida decomisar o no devolver a un animal silvestre, pues lejos de existir un agravio injustificado a los citados derechos, una decisión en tal sentido se sustenta en la legalidad y en el cumplimiento de los deberes constitucionales referente a la salvaguarda del medio ambiente. Al respecto, no sobra insistir en que toda persona tiene la obligación de proteger los recursos naturales y velar por la conservación de un ambiente sano, lo cual exige adoptar una posición en la que se privilegie el bienestar de los animales de vivir en su entorno natural, sobre los fines de acompañamiento, diversión o bienestar que puedan ofrecer a los hombres(26).

Ahora bien, en todo caso, no se puede pasar por alto que en otras situaciones se ha concluido que debe existir una protección especial a la relación que tiene el hombre con sus mascotas, la cual parte del reconocimiento de un vínculo estrecho que se genera entre ambas especies, al punto de convertirse en una expresión de derechos como el libre desarrollo de la personalidad y la intimidad personal y familiar(27). La primera sentencia en abordar el tema fue la T-035 de 1997(28), a partir de la cual se construyó toda una línea que reconocía el ejercicio de los citados derechos a través de la tenencia de mascotas, sin más restricciones que los derechos de los demás.

De esta manera, en relación con el libre desarrollo de la personalidad, el alto Tribunal ha sostenido que se trata de un derecho cuyo contenido implica la posibilidad que tiene todo individuo de desarrollarse según sus propias aptitudes y capacidades, sin restricciones ajenas y adicionales a las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico. De ahí que, en palabras de la Corte Constitucional, se configura una vulneración de este derecho cuando a la persona se le impide, de forma arbitraria, alcanzar o perseguir aspiraciones legítimas de vida o valorar y escoger libremente las circunstancias que dan sentido a su existencia(29). Dentro de este objetivo, una prohibición que conduzca a negar la posibilidad de escoger si se tiene o no una mascota implica una violación del citado derecho, pues se considera que la tenencia de animales domésticos, en muchos casos, responden al plan de vida de una persona, al constituir la vía a través de la cual se expresa el cariño y la compañía, en grado quizás igual o superior al de un integrante de una familia o de un núcleo social.

Por su parte, en cuanto a la intimidad personal y familiar (C.P., art. 15(30)), la misma Corte ha dicho que se trata de un derecho cuya principal función es la de resguardar un ámbito de vida privada o familiar, excluido del conocimiento ajeno y de cualquier tipo de intromisiones, sin el consentimiento de su titular. Por esta razón, se ha dicho que su núcleo esencial se encuentra en la existencia de un espacio “inmune a intromisiones externas”(31). Para el Tribunal Constitucional, se presenta un desconocimiento del citado derecho, cuando se imponen restricciones o limitaciones externas desproporcionadas e injustificadas, como lo sería la prohibición de tenencia de mascotas o la consagración de limitaciones que, más allá de lo razonable, dificulten o hagan imposible su desenvolvimiento en la sociedad(32).

Nótese que a pesar de la protección que se brinda en la relación del hombre con sus mascotas, la Corte Constitucional ha sido enfática en sostener que el amparo del ejercicio legítimo de los derechos al libre desarrollo de la personalidad y a la intimidad, se presenta únicamente cuando se trata de animales domésticos, toda vez que en lo que corresponde a la fauna silvestre, existen limitaciones para su tenencia y propiedad, conforme a las cuales la legalidad de un comportamiento en tal sentido, se somete a circunstancias puntuales como la zoocría y los cotos de caza, en virtud del mandato constitucional de protección al medio ambiente.

3. Caso concreto.

En el presente asunto, relata la accionante que el 15 de junio de 2016, formuló derecho de petición ante la CVC, con el fin que le fuera devuelta la lora “ROBERTA” de Frente Amarilla, que huyó de su lugar de residencia el 16 de abril de 2016 al producirse el movimiento telúrico en el vecino país de Ecuador y que por haber arribado a las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional, ubicadas en un edificio contiguo a su residencia, fue decomisada por sus funcionarios (fl. 9).

En atención a dicha solicitud, la entidad requerida, mediante oficio de 24 de junio de 2016, le informó a la señora Ruiz Cárdenas lo siguiente:

“Conforme con el Decreto-Ley 2811 de 1974 en su artículo 248 la fauna silvestre que se encuentra en el territorio nacional pertenece a la Nación, salvo las especies de zoocriaderos y cotos de caza de propiedad particular.

Si bien usted posee un documento de tenencia de fauna silvestre nativa en cautiverio, de dos especímenes de la diversidad biológica, se le recuerda que la Resolución que cobija el permiso en el parágrafo 1 dice: “La CVC podrá incautar en cualquier momento los especímenes de fauna silvestre nativas entregadas en custodia cuando considere que es necesario o que no se están cumpliendo los términos establecidos en el Plan Obligatorio de Tenencia y Manejo respectivo”, igualmente en el artículo tercero de la misma resolución se dice que “Para el manejo y disposición final de las especies de fauna silvestre incautados, la CVC aplicará lo dispuesto en las normas vigentes sobre la materia”.

Según el artículo segundo de la Resolución 0395 de 2008 se impondrá a los tenedores de fauna el Plan Obligatorio de Tenencia y Manejo el cual entre sus obligaciones generales contiene las siguientes:

— Abstenerse de exhibir, movilizar, enajenar, liberar o ejecutar cualquier otro acto de disposición de los especímenes a su cargo sin la previa autorización de la CVC.

— Reportar inmediatamente a la CVC la muerte o la pérdida, por cualquier causa, de los especímenes (subrayado fuera de texto).

En el presente caso las circunstancias en que fue capturado el animal y las manifestaciones realizadas en el oficio 398342016 y de manera personal por parte de la señora Nelly Amparo Ruiz C. permiten establecer que el animal fue movilizado del sitio en el que originalmente fue entregado sin que se informara a la corporación de este traslado, y sin contar con salvoconducto para ello. También se omitió informar a la corporación del extravío o pérdida del animal conforme lo establece el plan de manejo. Lo anterior implica que se incumplió con las obligaciones citadas arriba, que fueron establecidas en el plan de manejo entregado.

De otra parte, hoy en día la normatividad ambiental vigente impone a las autoridades ambientales los términos, oportunidades y modalidades de entrega de la fauna a particulares, las cuales están reglamentadas en la Resolución 2064 de 2010 y no puede acceder a solicitudes de entrega en modalidad diferente a las allí planteadas.

En virtud de lo anterior es preciso manifestar que la CVC no puede hacer entrega del espécimen (Amazona ochrocephala - lora Frentiamarilla) solicitado en su escrito del 15 de junio de 2016” (fl. 14) (Subrayado de la Sala).

Ahora bien, dados los términos en que se respondió el escrito petitorio formulado por la señora Ruiz Cárdenas, entiende esta Sala que la entidad se abstuvo de entregarle la lora “ROBERTA” de Frente Amarilla, por considerar que esta violó las obligaciones contenidas en el Plan Obligatorio de Tenencia y Manejo de Fauna Silvestre, relacionadas con la prohibición de movilizar el animal del sitio en que originalmente fue entregado, y la necesidad de informar de manera inmediata sobre el extravío del espécimen.

No obstante lo anterior, encuentra esta corporación que dicha respuesta, aunque prima facie, pareciera haber dado alcance de fondo y de manera completa a lo solicitado por la hoy accionante, realizó ciertas conjeturas sobre el comportamiento asumido por la señora Ruiz Cárdenas frente a la tenencia y custodia de la Lora, al afirmar que la movilizó del lugar en el que fue entregada inicialmente, pues no indicó exactamente las direcciones de domicilio en cuestión, y a raíz de las mismas le impuso una sanción consistente en el decomiso del animal.

Al efecto, es oportuno señalar que, si bien es cierto, en desarrollo de normas constitucionales y legales que han atribuido a la Nación la propiedad de la fauna silvestre, se dictó la Resolución 0100-0395 de 2008, contentiva de normas para restringir y regular la tenencia de especímenes de la fauna silvestre nativa en el área de jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC, que dispone en sus artículos 1º y 2º, una restricción frente a la tenencia de estos especímenes, también se contempla la posibilidad que tienen los particulares de mantener su custodia, siempre y cuando así lo manifiesten oportunamente a la autoridad ambiental y cumplan con las obligaciones del plan obligatorio de tenencia y manejo.

Así lo contempla la norma:

“ARTÍCULO 1º. Restringir la tenencia de especímenes de la fauna silvestre nativa en todo el territorio de jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca.

PARÁGRAFO. Se exceptúan de la presente disposición las actividades que cuenten con Licencia Ambiental para zoocriaderos.

ARTÍCULO 2º. A partir de la fecha de publicación de la presente resolución, las personas que tengan en su poder especímenes de la fauna silvestre nativa contarán con un término máximo de seis (6) meses para que reporten dicha tenencia a la correspondiente Dirección Ambiental Regional de la CVC. Al momento de hacer el reporte el particular, si es el caso, deberá manifestar si es su voluntad mantener bajo su custodia dichos especímenes. En dicho evento, la corporación evaluará las condiciones y estado del o de los animales, y de conceptuarse favorablemente sobre la petición, impondrá a cada persona un plan obligatorio de tenencia y manejo que regule entre otros aspectos: ubicación de los especímenes en área rural, diseño de jaulas, plan alimentario, visitas periódicas de seguimiento y control por parte de los funcionarios de la CVC.

Vencido el término del que trata el presente artículo, todos los especímenes de fauna silvestre nativa encontrados en cualquier parte del territorio de jurisdicción de la CVC (casas, apartamentos, haciendas, fincas, sitios de recreación, la vía pública, vehículos de transporte público o privado, plazas de mercado, ferias, o almacenes, etc.), de los cuales se compruebe su tenencia ilegal en manos de particulares, y que no cuentan con el respectivo plan obligatorio de tenencia y manejo expedido por la CVC, serán incautados, y suspendido todo trámite dirigido a mantener dichos especímenes bajo la custodia de personas jurídicas o privadas.

PARÁGRAFO 1º. La CVC podrá incautar en cualquier momento los especímenes de fauna silvestre nativa entregados en custodia cuando considere que es necesario o que no se están cumpliendo los términos establecidos en el plan obligatorio de tenencia y manejo respectivo.

PARÁGRAFO 2º. La CVC reglamentará los requerimientos y condiciones bajo los cuales personas jurídicas o privadas podrán mantener especímenes de fauna silvestre nativa bajo su custodia.

PARÁGRAFO 3º. La CVC informará a las autoridades judiciales para que adelanten las investigaciones del caso e impongan las sanciones respectivas conforme a sus competencias en aquellos casos en que se adelanten las incautaciones a que se refiere el presente artículo” (negrillas de la Sala).

En ese sentido, y a fin de permitir que los particulares mantengan la tenencia y custodia de esta clase de especímenes, la misma Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca expidió el Plan Obligatorio de Tenencia y Manejo de la Fauna Silvestre, en el que contempló una serie obligaciones generales que deben ser observadas, so pena del decomiso del animal (fls. 40 y 41):

“OBLIGACIONES GENERALES

— Asumir con responsabilidad la tenencia de los especímenes, respondiendo hasta por culpa leve en su guarda y conservación.

— Sufragar de sus propios recursos, los gastos necesarios para proveer la alimentación y la asistencia veterinaria, según el caso, requerida por los especímenes a su cargo.

— Permitir visitas de control por parte de los funcionarios de la CVC.

— Seguir las recomendaciones técnicas de manejo integral que le sean dadas por la CVC.

Abstenerse de exhibir, movilizar, enajenar, liberar o ejecutar cualquier otro acto de disposición de los especímenes a su cargo sin la previa autorización de la CVC.

— Reportar inmediatamente a la CVC la muerte o la pérdida, por cualquier causa, de los especímenes.

— Restituir a la CVC los especímenes cuya entrega les sea solicitada.

— Abstenerse de infringir las normas relativas a la protección de la fauna silvestre y de maltrato animal.

— La corporación podrá decomisar temporal o definitivamente ejemplares que estime se requieran para ejecutar programas de reproducción para conservación de especies.

— Para especies como el jaguar, puma, oso de anteojos, caimanes, serpientes venenosas, cóndor de los andes, águila arpía, oso hormiguero y otras que se determinen, la corporación evaluará su custodia”. (Negrillas de la Sala).

En este panorama, es claro que la custodia que ejercen los particulares sobre animales silvestres no implica desde ningún punto de vista un derecho de propiedad, toda vez que este derecho le pertenece a la Nación, en virtud de la normativa constitucional y legal desarrollada en torno a la protección del medio ambiente y que tiene como fin único preservar la privilegiada diversidad biológica de nuestro país.

Por tal razón, esta tenencia otorgada a los particulares conlleva necesariamente al cumplimiento estricto de ciertas obligaciones tendentes a proteger y conservar al animal en las mejores condiciones posibles, de acuerdo con sus necesidades y particularidades, y cuyo incumplimiento deviene naturalmente en su decomiso por parte de la autoridad ambiental respectiva.

Ahora bien, en el asunto de autos se observa que a la señora Nelly Amparo Ruiz Cárdenas se le había otorgado la custodia de la lora “ROBERTA” de Frente Amarilla desde el año 2008, por lo que la tenencia del animal estaba plenamente autorizada y justificada en una decisión de la administración.

No obstante, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, en hechos ocurridos el 16 de abril de 2016, capturó a la lora, por cuanto a raíz del movimiento telúrico ocurrido en el vecino país de Ecuador, esta emprendió vuelo, arribando al edificio contiguo al del domicilio de la señora Ruiz Cárdenas, donde precisamente se encuentran ubicadas las instalaciones de la CVC.

De igual forma, en virtud de la petición radicada por la hoy accionante con el fin que le fuera entregada la lora, la autoridad ambiental expidió el oficio de 24 de junio de 2016, mediante el cual negó lo solicitado, aduciendo el incumplimiento de las obligaciones contenidas en el plan de manejo y tenencia de fauna silvestre, pues la movilizó del lugar donde debía mantener la custodia, y no dio aviso inmediato a la entidad sobre el extravío de la misma.

Sin embargo, del contenido del mencionado oficio no es posible establecer de manera precisa, en qué consistió la omisión endilgada a la señora Ruiz Cárdenas, toda vez que no se hace referencia a la dirección del domicilio donde debía permanecer el animal y donde actualmente habitaba sin contar con salvoconducto, así como el tiempo por el que se prolongó dicha conducta, con lo que no resulta diáfano para la Sala el incumplimiento de las obligaciones atribuido a la demandante.

Igualmente, es oportuno señalar que la entidad ambiental no manifestó en el oficio de respuesta o en el mismo informe rendido en esta instancia constitucional, haber encontrado al animal en condiciones físicas precarias, que permitieran advertir que su conservación adecuada se encontraba en riesgo.

En suma, la entidad dictó dicho oficio, revocando directamente el permiso que había sido otorgado a la accionante para la tenencia y custodia del ave, en franco desconocimiento del procedimiento que debe seguir para efectos de revocar directamente su acto administrativo, contemplado en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

En este panorama, es preciso resaltar que aunque es válido que las autoridades ambientales, en virtud del mandato constitucional de protección del medio ambiente y de la diversidad biológica, aprehendan especímenes de la fauna silvestre que se encuentren de manera irregular en poder de particulares y cuyas condiciones físicas sean precarias, en el presente asunto, la accionante contaba con un respectivo permiso de custodia y tenencia, por lo que en ese contexto, era carga de la entidad, previo trámite administrativo, demostrar las conductas que permitan derivar un comportamiento inadecuado por parte de la señora Ruiz Cárdenas en relación con el cuidado de la lora y que justificaran su no devolución.

Por el contrario, se deriva que la pérdida de la lora de manos de su tenedora se produjo en virtud de un caso fortuito como lo fue el movimiento telúrico producido en el vecino país de Ecuador, lo que evidencia además que el animal no permanece enjaulado, pues fue eso precisamente lo que le permitió emprender vuelo.

Por tanto, si bien es cierto, es clara la obligación constitucional que impone a las autoridades y a los ciudadanos velar por la protección del medio ambiente en todas sus dimensiones, también lo es que la actuación de la autoridad no puede darse de manera aislada o arbitraria, desconociendo que la tenencia y custodia de la lora se había atribuido de manera legítima a la señora Ruiz Cárdenas, en virtud de una expresa autorización de la administración, previa verificación de las circunstancias de modo y lugar para el cuidado del espécimen.

En este punto es oportuno resaltar que las conductas asumidas por la accionante, lo que indican es un interés genuino y de buena fe de conservar a la lora en las mejores condiciones posibles, pues primero, adelantó ante la autoridad ambiental las gestiones necesarias para obtener legalmente la custodia del animal, para lo que debió demostrar en su momento, condiciones óptimas para su tenencia relacionadas, por ejemplo, con el hábitat que pretendía proporcionarle, y porque además, durante el tiempo transcurrido entre la expedición del permiso –2008– y el decomiso del animal –2016, la CVC, no encontró irregularidad alguna que permitiera advertir riesgos sanitarios para la lora, pues no allegó a este expediente prueba alguna en ese sentido.

En atención a lo expuesto, no comparte esta Sala la decisión adoptada por el a quo en cuanto consideró que no existía vulneración ius fundamental alguna, toda vez que contrario a lo afirmado por el tribunal, la CVC no demostró en el trámite de la tutela que la lora estuviera en riesgos sanitarios o padeciendo algún sufrimiento y tampoco explicó de manera clara en qué consistieron las omisiones endilgadas y que en su entender, configuraron la violación de las obligaciones contenidas en el plan de manejo y tenencia. En suma, la CVC no alegó ni en el oficio ni en la contestación de la tutela, que la accionante incurriera en conductas de maltrato animal que atentaran contra la integridad de la lora, sino el incumplimiento de simples formalidades, que en criterio de esta Sala no resultan suficientes para revocar de manera directa el permiso de custodia y tenencia que hasta esa fecha estuvo vigente.

En ese sentido, advierte esta Sala que revocarle a la señora Ruiz Cárdenas de manera directa y sin contar con su consentimiento previo el permiso de custodia y tenencia que le fue concedido desde hace aproximadamente 8 años, constituye un ostensible desconocimiento del principio de confianza legítima y vulnera a la accionante sus derechos fundamentales al debido proceso administrativo y al libre desarrollo de la personalidad, pues a pesar de que ella adelantó de manera adecuada los trámites necesarios ante la autoridad ambiental competente para mantener la tenencia y custodia de la lora, la autoridad ambiental, en una clara vía de hecho, la está reteniendo sin que se vislumbre siquiera que la accionante la está sometiendo a condiciones sanitarias inadecuadas o a actos de maltrato.

En esos términos, esta vulneración del debido proceso y defraudación de la confianza legítima depositada por la accionante en el acto de la administración que la autoriza a la tenencia de la Lora, afecta también el libre desarrollo de su personalidad pues, ilegítimamente le impide escoger con libertad las circunstancias que dan sentido a su existencia, como lo es, por ejemplo, elegir como compañía a dicho animal, con el cual, debido al paso prolongado del tiempo, se han establecido lazos de cariño en grado igual o incluso superior a los que se consolidan con los integrantes de su núcleo familiar.

Considera entonces esta Sala que en este caso, dadas las particularidades de la aprehensión de la lora, la actuación adelantada por la CVC es arbitraria, pues se insiste, la señora Ruiz Cárdenas contaba con un permiso de tenencia y custodia otorgado por la misma entidad, y no se demostró conducta alguna de maltrato animal que atentara contra su integridad y que, sin duda alguna, avalaría dicho proceder, pues siendo ese el caso, no dudaría esta Sala en privilegiar el bienestar y la conservación de la especie.

Por lo anterior, se revocará la decisión adoptada en primera instancia por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que negó la protección reclamada por la señora Nelly Amparo Ruiz Cárdenas, para en su lugar amparar sus derechos fundamentales al debido proceso administrativo y al libre desarrollo de la personalidad. En consecuencia, se ordenará a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de la presente providencia, le entregue a la señora Nelly Amparo Ruiz Cárdenas la lora “ROBERTA” de Frente Amarilla y le indique de manera detallada sobre las obligaciones que implica el permiso de tenencia y custodia que le fue otorgado desde el año 2008.

III. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sección Segunda - Subsección “A” de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVÓCASE la sentencia de 20 de septiembre de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. En consecuencia,

2. AMPÁRANSE los derechos fundamentales al debido proceso administrativo y al libre desarrollo de la personalidad de la señora Nelly Amparo Ruiz Cárdenas.

3. ORDÉNASE a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca que en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir dela notificación de la presente providencia, entregue a la señora Nelly Amparo Ruiz Cárdenas la lora “ROBERTA” de Frente Amarilla y le indique de manera detallada sobre las obligaciones que implica el permiso de tenencia y custodia que le fue otorgado desde el año 2008.

4. NOTIFÍQUESE por cualquier medio expedito.

5. ENVÍESE a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

Magistrados: Gabriel Valbuena Hernández—Rafael Francisco Suárez Vargas—William Hernández Gómez.

1 “Por la cual se dictan normas para restringir y regular la tenencia de especímenes de la fauna silvestre nativa en el área de jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC”.

2 Se hace referencia in extenso, a la Sentencia T-146 de 2016, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

3 “Artículo 8. Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación”.

4 “Artículo 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. // Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines”. “Artículo 80. El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. // Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. // Así mismo, cooperará con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas”.

5 La Sentencia T-411 de 1992, M.P. Alejandro Martínez Caballero, se refirió a la Constitución Ecológica como el conjunto de 34 disposiciones.

6 Sentencia C-126 de 1998, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

7 Sentencia T-146 de 2016, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

8 Sentencia C-666 de 2010, M.P. Humberto Sierra Porto.

9 Sentencia T-146 de 2016. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

10 Estatuto Nacional de Protección de los Animales

11 “Artículo 2°. Modifíquese el artículo 655 del Código Civil, así: Artículo 655. Muebles. Muebles son las que pueden transportarse de un lugar a otro, sea moviéndose ellas a sí mismas como los animales (que por eso se llaman semovientes), sea que sólo se muevan por una fuerza externa, como las cosas inanimadas. Exceptúense las que siendo muebles por naturaleza se reputan inmuebles por su destino, según el artículo 658. Parágrafo. Reconózcase la calidad de seres sintientes a los animales”. Énfasis por fuera del texto original.

12 Sentencia C-666 de 2010, M.P. Humberto Sierra Porto.

13 Ibídem.

14 Sentencia T-146 de 2016, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

15 Código Civil, art. 687.

16 M.P. Juan Carlos Henao Pérez.

17 Sentencia T-146 de 2016, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

18 Sentencia C-126 de 1998, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

19 Estatuto Nacional de Protección de los Animales.

20 Sobre el particular, la ley en cita dispone que: “Artículo 1°. Objeto. Los animales como seres sintientes no son cosas, recibirán especial protección contra el sufrimiento y el dolor, en especial, el causado directa o indirectamente por los humanos, por lo cual en la presente ley se tipifican como punibles algunas conductas relacionadas con el maltrato a los animales, y se establece un procedimiento sancionatorio de carácter policivo y judicial”. Por su parte, el artículo 3º consagra que: “Artículo 3º. Principios. A) Protección al animal. El trato a los animales se basa en el respeto, la solidaridad, la compasión, la ética, la justicia, el cuidado, la prevención del sufrimiento, la erradicación del cautiverio y el abandono, así como de cualquier forma de abuso, maltrato, violencia, y trato cruel. B) Bienestar animal: En el cuidado de los animales, el responsable o tenedor de ellos asegurará como mínimo: 1. Que no sufran hambre ni sed; 2. Que no sufran injustificadamente malestar físico ni dolor; 3. Que no les sean provocadas enfermedades por negligencia o descuido; 4. Que no sean sometidos a condiciones de miedo ni estrés; 5. Que puedan manifestar su comportamiento natural; (…)”.

21 Decreto 2811 de 1974, art. 249.

22 M.P. Clara Inés Vargas Hernández.

23 M.P. Clara Inés Vargas Hernández.

24 M.P. Juan Carlos Henao Pérez.

25 La norma en cita dispone que: “Artículo 6º. El que cause daño a un animal o realice cualquiera de las conductas consideradas como crueles para con los mismos por esta ley, será sancionado con la pena prevista para cada caso. Se presumen hechos dañinos y actos de crueldad para con los animales los siguientes: (…) c) Remover, destruir, mutilar o alterar cualquier miembro, órgano o apéndice de un animal vivo, sin que medie razón técnica, científica, zooprofiláctica, estética o se ejecute por piedad para con el mismo; (…) j) Toda privación de aire, luz, alimento, movimiento, espacio suficiente, abrigo, higiene o aseo, tratándose de animal cautivo, confinado, doméstico o no, que le cause daño grave o muerte; (…)”.

26 Sentencia T-146 de 2016, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

27 Sentencia T-146 de 2016, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

28 En la Sentencia T-035 de 1997, M.P. Hernando Herrera Vergara, la Sala Sexta de Revisión decidió el caso de una señora a quien, dentro de una querella por perturbación a la posesión, le ordenaron retirar sus perros de su propiedad.

29 Sentencia T-522 de 1992, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

30 Artículo 15. Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas. En la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad y demás garantías consagradas en la Constitución. La correspondencia y demás formas de comunicación privada son inviolables. Sólo pueden ser interceptadas o registradas mediante orden judicial, en los casos y con las formalidades que establezca la ley. Para efectos tributarios o judiciales y para los casos de inspección, vigilancia e intervención del Estado podrá exigirse la presentación de libros de contabilidad y demás documentos privados, en los términos que señale la ley.

31 Sentencia T-530 de 1992, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

32 A manera de ejemplo, en la Sentencia T-155 de 2012, M.P. María Victoria Calle Correa, la Sala Primera de Revisión amparó los derechos de una señora a quien la junta directiva del conjunto residencial donde vivía le ordenó expulsar a su perro rottweiller. En idéntico sentido, en la Sentencia T-034 de 2013, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez, la Sala Tercera de Revisión protegía los derechos de una señora que vivía junto con su perro en un conjunto residencial, cuya junta directiva cambió el manual de convivencia en el sentido de prohibir la entrada de mascotas a los ascensores. Finalmente, en la Sentencia C-439 de 2011, M.P. Juan Carlos Henao Pérez, la Sala Plena estudió la constitucionalidad del artículo 87 de la Ley 769 de 2002 que establece la prohibición de llevar animales en los vehículos de servicio público, y concluyó que tal restricción se ajusta a la Constitución bajo el entendido que se exceptúan “los animales domésticos siempre y cuando sean tenidos y transportados en condiciones de salubridad, seguridad, comodidad y tranquilidad según las reglas aplicables”.