Sentencia 2016-01492 de mayo 17 de 2018

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejera Ponente:

Dra. Rocío Araújo Oñate

Rad.: 25000-23-41-000-2016-01492-01 acumulado

Demandantes: Alexander Mora Murillo y Otros.

Demandado: Juan Carlos Granados Becerra como Contralor del Distrito Capital de Bogotá, período 2016-2019.

Asunto: Nulidad Electoral - Sentencia de única instancia.

Bogotá D.C., diecisiete de mayo de dos mil dieciocho.

EXTRACTOS: «I. Consideraciones

1. Competencia.

La competencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado para conocer del recurso de apelación presentado por el señor Leonel Olmos Currea, contra el fallo del 7 de diciembre de 2017 proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, está fijada en los artículos 150 y 152.8 de la Ley 1437 de 2011; al igual que por lo normado en el Acuerdo 55 de 2003 expedido por la Sala Plena de esta Corporación.

2. Cuestión Previa.

Adujo el demandado que la parte apelante no podía impugnar lo concerniente al cargo de la infracción al artículo 103 del reglamento interno del Concejo Distrital de Bogotá D.C., dado que en su escrito de demanda inicial (Rad. 2016-001492) sólo propuso como cargo de nulidad la infracción del artículo 95.2 de la Ley 136 de 1994, razón por la cual no le era posible aun cuando se tratara de un proceso acumulado apelar aspectos que no fueron alegados en su demanda.

De conformidad con el artículo 282 de la Ley 1437 de 2011, se deberán fallar en una sola sentencia los procesos en que se impugne un mismo nombramiento o una misma elección. La misma normativa establece las condiciones en que se debe dar la acumulación de procesos.

Al respecto se tiene que según la disposición contenida en el artículo 282 ídem, una vez vencido el término para contestar las demandas, corresponde al secretario de la corporación identificar los procesos electorales que pueden ser objeto de acumulación, ello con el fin de hacérselo saber al magistrado ponente del proceso en el que primero se venció el término para contestar la demanda, a quien le debe indicar igualmente el estado en el que se encuentran los demás procesos, esto con el fin que éste proceda a ordenarla.

Siendo así las cosas, la norma adjetiva lo que busca es que desde el momento mismo en que se vence el término para contestar las demandas, el Juez Electoral pueda por economía procesal llevar bajo una misma cuerda procesal el enjuiciamiento del acto electoral y, así poder tener un espectro más amplio de las irregularidades imputadas al mismo que podrían conllevar a su nulidad.

En razón de ello, al momento en que se hace la citación a la audiencia inicial, los procesos en que se debata la legalidad de un mismo acto y en el cual se cumplan los requisitos legales de la acumulación, deberán estar unificados bajo la conducción de un solo ponente para que sea éste el que instruya el proceso y conforme con el conocimiento que tenga de los cargos, hechos y concepto de violación, proceda a fijar el litigio, decretar las pruebas pedidas por las partes y así mismo decretar de oficio las que considere necesarias, correr los traslados para que los sujetos procesales aleguen de conclusión, con el fin que sea la Sala, en tratándose de jueces colegiados, la que dicte sentencia.

Por manera que los sujetos procesales se constituyen en partes comunes del proceso acumulado, es decir, la parte demandada en caso de ser contraria la sentencia del proceso acumulado, puede impugnar cada uno de las decisiones adoptadas, sin tener que identificar por separado que las mismas corresponden a uno u otro radicado. En semejantes condiciones se encuentran los accionantes, quienes al sentirse insatisfechos con el fallo proferido, pueden impugnarlo en cuanto a una o todas las decisiones adoptadas.

Resulta ajena a la voluntad del legislador aceptar la interpretación hecha por el demandado de la finalidad de la acumulación, dado que con ella se perdería el efecto útil de la norma, por cuanto se limita dicha figura a la concentración de etapas y no, a la valoración que en conjunto debe hacer el fallador de instancia para proferir una única sentencia, la cual es producto, se reitera, del conjunto de pruebas solicitas y aportadas por las partes sin limitación a que correspondan a uno u otro radicado.

3. Problema jurídico.

El problema jurídico consiste en determinar, de conformidad con el recurso de apelación interpuesto por el señor Leonel Olmos Currea, si existe mérito suficiente para revocar la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante la cual negó las pretensiones de la demanda.

Para resolver el recurso de apelación, se analizarán los siguientes ejes temáticos a saber: i) la compatibilidad de las inhabilidades de la Ley 136 de 1994 con el proceso de elección del Contralor Distrital de Bogotá D.C, ii) materialización de la inhabilidad consagrada en el artículo 95.2 de la Ley 136 de 1994 en el presente caso por haberse desempeñado el demandado como Miembro del Consejo Directivo de la CAR de Cundinamarca y, ii) el desconocimiento del artículo 103 del reglamento del interno del Concejo de Bogotá, en el proceso de elección del Contralor Distrital.

4. Análisis del caso concreto.

4.1. Compatibilidad de las inhabilidades de la Ley 136 de 1994 con el proceso de elección del Contralor Distrital de Bogotá D.C.

El cargo objeto de estudio consiste en que el fallador de primera instancia se equivocó al determinar que las inhabilidades consagradas en la Ley 136 de 1994, no son aplicables a la elección del Contralor Distrital de Bogotá D.C., por existir norma especial —Decreto 1421 de 1993— que regula la materia.

En concepto del apelante, el artículo 194 de la Ley 136 de 1994 establece que en tratándose de los distritos, en cuanto no pugne con las leyes especiales, ésta será aplicable. En razón de lo anterior, la parte actora sostuvo que las inhabilidades consagradas en la Ley Estatutaria para el caso del Contralor Distrital son aplicables dado que no contrarían el régimen especial, muestra de ello es que la misma duma distrital en la convocatoria —Resolución 0331 de 2016—, que es la regla del proceso, estableció en su artículo 9.2, que son causales de exclusión o inadmisión de los candidatos, “estar incurso en alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad establecidas en la Constitución y en la Ley y en especial en los artículos 272 de la Constitución Política y 174 y 175 de la Ley 136 de 1994 y 107, 108 del Decreto ley 1421 de 1993”.

Entonces, si desde el principio del proceso se hizo integración normativa con las inhabilidades contempladas en la Ley 136 de 1994, sostiene el impugnante que no entiende como el fallador de primera instancia no tuvo en cuenta aquella contemplada en el artículo 95.2 ídem, precepto que resulta aplicable al cargo de Contralor Distrital.

Para resolver el cargo planteado por el impugnante, se hace necesario establecer el régimen que se aplica al Distrito Capital y, si este es compatible con la Ley 136 de 1994.

4.1.1. Régimen especial del Distrito Capital, concretamente en lo que respecta al cargo de Contralor de Bogotá. D.C.

La Constitución Política establece en su artículo 322(54) que el régimen político, fiscal y administrativo del Distrito Capital de Bogotá será el que determine la Constitución y las leyes especiales. A su vez, el artículo 41 transitorio Superior dispuso: “…Si durante los dos años siguientes a la fecha de promulgación de esta Constitución, el Congreso no dicta la ley a que se refieren los artículos 322, 323 y 324, sobre régimen especial para el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá, el Gobierno, por una sola vez expedirá las normas correspondientes…”

En acatamiento del precepto normativo constitucional, el Presidente de la República expidió el Decreto 1421 de 21 de julio de 1993, “Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santafé de Bogotá”, normativa dentro de la cual en su Título VII, entre los artículos 105 a 113, reglamentó todo lo relacionado con el control fiscal y la titularidad de éste en el marco de la organización de la estructura del distrito de Bogotá D.C.

En conclusión, Bogotá en su condición de Distrito Capital, se encuentra sujeta por expreso mandato constitucional, a un régimen especial en materia política, fiscal y administrativa, lo que se traduce en que las disposiciones de ese decreto prefieren en lo previsto en él a las del régimen legal ordinario de los municipios(55).

4.1.2. Aplicabilidad de la inhabilidad consagrada en el artículo 95.2 de la Ley 136 de 1994 en el caso concreto.

El artículo 2º del Decreto Ley 1421 de 1993 establece el régimen aplicable al Distrito Capital de la siguiente manera: “El Distrito Capital como entidad territorial está sujeto al régimen político, administrativo y fiscal que para él establecen expresamente la Constitución, el presente estatuto y las leyes especiales que para su organización y funcionamiento se dicten. En ausencia de las normas anteriores, se somete a las disposiciones constitucionales y legales vigentes para los municipios” (Negrilla fuera de texto).

Del tenor literal de la norma se extrae que: i) el Distrito Capital se encuentra sujeto a un régimen especial en materia política, administrativa y fiscal, ii) que dicho régimen es el que establece la Constitución, el mismo decreto ley y las leyes especiales que para su organización y funcionamiento se dicten, por último, iii) en ausencia de las normas anteriores, se somete a las disposiciones constitucionales y legales vigentes para los municipios.

Teniendo en cuenta lo anterior, se tiene que el Decreto 1421 de 1993, previó el régimen fiscal y para el caso en concreto, las inhabilidades para el cargo de Contralor del Distrito Capital. Dicho compendio, para el caso que nos ocupa, estableció en su artículo 107 lo siguiente:

“Para ser elegido contralor distrital se requieren las calidades exigidas por el artículo 272 de la Constitución Política.

No podrá ser elegido contralor quien sea o haya sido en el último año miembro del Concejo, ni quien haya ocupado durante el mismo lapso cargo público en el Distrito, salvo la docencia.

Estarán igualmente inhabilitados quienes, en cualquier época, hubieren sido condenados a pena privativa de la libertad por delitos comunes, salvo los políticos y culposos, excluidos del ejercicio de su profesión o sancionados por faltas a la ética profesional.

En ningún caso podrán intervenir en la postulación o elección del contralor quienes se hallen dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil respecto de los candidatos”.

Entonces, para que en el caso de la elección del Contralor Distrital de Bogotá D.C., le sean aplicables las normas generales, debe ser a consecuencia de la falta de reglamentación en la materia, cuestión que en el presente caso no se presenta dado que, como se mostró en precedencia, el Decreto Ley 1421 de 1993 contempló todo lo relacionado con el control fiscal y la titularidad de éste en el marco de la organización de la estructura del distrito de Bogotá D.C.

Por otra parte, el legislador a través de la Ley Estatutaria 617 de 2000, reformó parcialmente la Ley Estatutaria 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, el Decreto Ley 1421 de 1993, entre otros y dictó otras normas tendientes a fortalecer la descentralización y la racionalización del gasto público nacional.

Con la entrada en vigencia de la Ley 617 de 2000, se modificó el texto del artículo 106 de la norma especial, en cuanto a la forma de elección del Contralor. Quiere decir esto, que si el legislador hubiese querido hacer extensivas las inhabilidades del régimen común —Ley 136 de 1994—, en el caso del Contralor Distrital de Bogotá D.C., ello se hubiese establecido de forma expresa con las modificaciones que introdujo la Ley 617 de 2000 al Decreto Ley 1421 de 1993.

Esto lleva a la Sala a la conclusión que la validez del acto de elección del Contralor Distrital de Bogotá, no puede juzgarse bajo las causales de inhabilidad previstas para los demás contralores, que se encuentran reguladas en la Ley 136 de 1994, puesto que el objeto de esta ley no cobija al Distrito Capital en cuanto a la regulación del control fiscal, de donde puede inferirse, por principio de especialidad, que el juzgamiento de ese acto electoral, en cuanto a violación del régimen de inhabilidades, solamente puede hacerse respecto de cualquiera de las causales consagradas en el artículo 107 del Decreto 1421 de 1993, fijado por el legislador con ese expreso y preciso propósito.

4.1.3. En las reglas de la convocatoria —Resolución 0331 de 2016—, se estableció en su artículo 9.2, que son causales de exclusión de los candidatos, las inhabilidades establecidas en la Constitución y en la Ley 136 de 1994.

No se debe perder de vista que las inhabilidades se constituyen en una limitación al derecho fundamental consagrado en el artículo 40 de la Constitución Política, esto es, una cortapisa para quienes aspiren a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político, por ende, tienen un carácter restrictivo, de tal manera que las interpretaciones que sobre ellas recaigan, al igual que sobre los regímenes mismos, no pueden ser ampliados, más que por el mismo legislador. Al respecto la Corte Constitucional dispuso:

“Finalmente, no se puede olvidar que las inhabilidades, incluso si tienen rango constitucional, son excepciones al principio general de igualdad en el acceso a los cargos públicos, que no sólo está expresamente consagrado por la Carta (CP arts. 13 y 40) sino que constituye uno de los elementos fundamentales de la noción misma de democracia. Así las cosas, y por su naturaleza excepcional, el alcance de las inhabilidades, incluso de aquellas de rango constitucional, debe ser interpretado restrictivamente, pues de lo contrario estaríamos corriendo el riesgo de convertir la excepción en regla. Por consiguiente, y en función del principio hermenéutico pro libertate, entre dos interpretaciones alternativas posibles de una norma que regula una inhabilidad, se debe preferir aquella que menos limita el derecho de las personas a acceder igualitariamente a los cargos públicos(56)

De la misma manera, la Sala Electoral del Consejo de Estado frente a las inhabilidades ha establecido que “… las causales de inhabilidad e incompatibilidad son taxativas y están sometidas a reserva de ley, salvo autorización en contrario…”(57)

En razón de ello, la duma distrital no podía ampliar el ámbito de aplicación de las inhabilidades a través de la convocatoria, dado que las mismas gozan de reserva legal y, en tratándose del Distrito Capital de Bogotá, dicha normativa tiene el carácter de especial.

Por manera que, el Concejo Distrital de Bogotá, al no excluir al demandado en virtud de lo consagrado en el artículo 9.2 —Resolución 0331 de 2016—, que extendía las inhabilidades del contralor a las establecidas en la Ley 136 de 1994, ajustó su actuación a las normas de orden legal que rigen la materia y por ello no se desprende reproche alguno de tal actuación.

En síntesis, el cargo de nulidad del acto de elección del señor Juan Carlos Granados Becerra como Contralor Distrital de Bogotá D.C., por supuesta violación del régimen de inhabilidades consagrado en la Ley 136 de 1994, no tiene vocación de prosperidad, al contar dicho empleo con un régimen especial de inhabilidades establecido a través del Decreto 1421 de 1993.

4.2. Materialización de la inhabilidad consagrada en el artículo 95.2 de la Ley 136 de 1994 en el presente caso por haberse desempeñado el demandado como Miembro del Consejo Directivo de la CAR de Cundinamarca.

Sostuvo el apelante que en el plenario quedó plenamente probado que el señor Juan Carlos Granados Becerra, en el ejercicio de la función de Miembro de Junta Directiva de la CAR de Cundinamarca, ejerció un empleo público con autoridad civil y administrativa en el territorio del Distrito Capital, dentro del año anterior a su elección como contralor, situación que lo hace inmerso en la inhabilidad consagrada en el artículo 95.2 de la Ley 136 de 1994.

Teniendo en cuenta lo decidido en el acápite anterior, se tiene que el hecho que el demandado hubiese sido Miembro del Consejo Directivo de la CAR de Cundinamarca, no puede ser analizado como causal de inhabilidad a la luz de lo preceptuado en la Ley 136 de 1994, dado que dicho cuerpo normativo no le es aplicable al empleo de Contralor Distrital de Bogotá D.C.

No obstante ello, el apelante en su impugnación, aseveró que la autoridad ejercida por el demandado que genera la inhabilidad alegada en este acápite, no necesariamente debe originarse en un cargo que haga parte de la estructura orgánica del distrito, dado que la prohibición se predica incluso respecto de un tipo de autoridad que nada tiene que ver con la alcaldía, es decir, surge bien sea por tener dicha autoridad en el ámbito territorial o geográfico, como también por tener jurisdicción como empleado público.

Teniendo en cuenta dicho argumento, se analizará el contenido normativo del artículo 107 del Decreto Ley 1421 de 1993, con el fin de determinar si el hecho de haber pertenecido al Consejo Directivo de la CAR de Cundinamarca, inhabilita al señor Juan Carlos Granados Becerra para ejercer el cargo de Contralor Distrital de Bogotá.

El artículo 107 del Decreto-Ley 1421 de 1993 establece lo siguiente:

“Para ser elegido contralor distrital se requieren las calidades exigidas por el artículo 272 de la Constitución Política.

No podrá ser elegido contralor quien sea o haya sido en el último año miembro del Concejo, ni quien haya ocupado durante el mismo lapso cargo público en el Distrito, salvo la docencia.

Estarán igualmente inhabilitados quienes, en cualquier época, hubieren sido condenados a pena privativa de la libertad por delitos comunes, salvo los políticos y culposos, excluidos del ejercicio de su profesión o sancionados por faltas a la ética profesional.

En ningún caso podrán intervenir en la postulación o elección del contralor quienes se hallen dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil respecto de los candidatos”.

En este caso en concreto, se analizará exclusivamente la inhabilidad que se encuentra regulada en el inciso 2º del artículo 107 ídem, ello por cuanto las subsiguientes no fueron objeto de reproche por la parte actora.

Los elementos que configuran la inhabilidad para ser elegido contralor son los siguientes: i) condición: haber sido miembro del concejo o haber ocupado un cargo público, ii) temporalidad: que tales empleos se hubiesen ejercido en el último año y, iii) territorialidad: que los cargos sean del orden distrital.

En el caso en concreto se tiene que respecto del elemento condicional, la impugnación hace referencia a que el demandado como Gobernador de Boyacá ejerció como Miembro del Consejo Directivo de la CAR de Cundinamarca, ente autónomo que tiene jurisdicción en la ciudad de Bogotá.

De las pruebas obrantes en el proceso acumulado, se tiene que el señor Juan Carlos Granados Becerra, en su condición de Gobernador de Boyacá le correspondía un asiento en el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR. Dicha función al ser inherente al cargo de gobernador, la ejerció para el mismo período en que resultó electo, esto es, del 1º de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2015.

Encontrándose probado en el expediente el ejercicio de la función de miembro del Consejo Directivo de la CAR de Cundinamarca y teniendo claro que dicho ente autónomo tiene jurisdicción en Bogotá(58), corresponde determinar si el haber ejercido como miembro del Consejo Directivo lo hace en condición de funcionario del orden distrital, ello con el fin de verificar si el factor territorial de la inhabilidad se encuentra probado.

Para ello se debe acudir a lo establecido en la Ley 99 de 1993, en la cual se señala la naturaleza jurídica de tales entes autónomos(59) y se determina que son de carácter público, con personería jurídica e integradas por las entidades territoriales que constituyen un mismo ecosistema.

De la misma manera, el artículo 3º de los Estatutos de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, establece que: “La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), es un ente corporativo de carácter público, creado por la Ley 3º de 1961 y modificado por la Leyes 62 de 1984 y 99 de 1993, dotado de personería jurídica, autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio e independiente de las entidades que la constituyen, encargado por la ley de administrar dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio del Medio ambiente”.

Teniendo en cuenta lo anterior, se tiene que las Corporaciones Autónomas Regionales son entidades territoriales que administran dentro del área de su jurisdicción el medio ambiente, entre otros. Ahora bien, en este caso en concreto se tiene que dicho ente autónomo comprende a Bogotá D.C., conforme el artículo 6º de sus estatutos(60), sin embargo que el ámbito de cobertura de ésta comprenda al Distrito Capital, no quiere decir que se materialice el elemento territorial de la inhabilidad imputada al demandado, esto es, haber ocupado un cargo público en el distrito(61), por cuanto no es posible ampliar la cobertura de la norma inhabilitante de ejercer cargo público al ejercicio de funciones en determinada jurisdicción.

No puede pretender el actor que el juez de la nulidad le otorgue un alcance al artículo 107 del Decreto Ley 1421 de 1993 que no tiene, como lo sería, en este caso, que aun cuando el demandado no ostentaba la condición de servidor público del orden distrital, toda vez que se limitó al desempeño de funciones púbicas transitorias como miembro del Consejo Directivo de la CAR, —que tiene jurisdicción en el Distrito Capital—, se materialice la inhabilidad por el hecho que tal función se desarrolló en la jurisdicción de Bogotá D.C., dado que del tenor literal del precepto normativo dicha consecuencia no se encuentra así prevista.

Al anterior argumento debe sumársele el hecho que el desempeño de la función pública al interior de la CAR de Cundinamarca como miembro de su Consejo Directivo no le otorga al demandado la connotación de servidor público de este ente autónomo, dado que su vinculación no obedece a un nombramiento por una facultad legal y reglamentaria, sino al ejercicio de una función que como Gobernador de Boyacá debe implementar a su interior, es decir, aun cuando se entendiera que el ente medio ambiental fuera del orden distrital, se tiene que el señor Juan Carlos Granados Becerra en su condición de miembro del Consejo Directivo de la CAR no fue empleado de ésta, elemento sine qua non para la configuración de la inhabilidad estudiada.

En tal sentido, de manera previa esta Sala Electoral había señalado(62):

“De conformidad con el artículo 23 de la Ley 99 de 1993, este tipo de ente corporativo tiene una misión de carácter ambiental dentro del territorio en el cual ejerce su jurisdicción. Los integrantes de su órgano colegiado de dirección, denominado “Consejo Directivo”, desempeñan funciones públicas transitoriamente pero no tienen el carácter de servidores públicos.

En efecto, quien funge como miembro del Consejo Directivo de CORPAMAG, en los términos del artículo 74 de la Ley 489 de 1998, no adquiere la condición de empleado público, pues aunque ejerce funciones públicas su vinculación con la administración no está precedida de una relación legal y reglamentaria como empleado público, o de una contractual, como trabajador oficial, calidades éstas que por tanto no ostenta.

(…) Adicionalmente, las actuaciones que se cumplen en desarrollo de una representación como integrante de una Junta Directiva, son funciones que se impone cumplir a título institucional. (…).” Negrillas propias.

Por lo expuesto, se tiene que no existe argumento alguno para revocar la sentencia de primera instancia en cuanto el presente argumento de impugnación.

4.3. Desconocimiento del artículo 103 del reglamento del interno del Concejo de Bogotá en el proceso de elección del Contralor Distrital.

Frente a este argumento de inconformidad con la sentencia de primera instancia, sostuvo que con la decisión adoptada, la Resolución 331 de 2016 sustituyó el artículo 103 del reglamento interno del Concejo Distrital(63) y, que al señalarse allí un cronograma se dejó sin valor alguno la regulación contenida en el reglamento.

Lo anterior debido a que la citación a sesión plenaria para la declaratoria de elección y posterior elección del Contralor Distrital de Bogotá D.C., se hizo con desconocimiento del término reglamentario de 3 días hábiles previa a la convocatoria de los concejales a sesionar.

Se encuentra plenamente probado que el secretario general del Concejo de Bogotá citó a los cabildantes el 28 de mayo de 2016 a sesión plenaria con miras a realizar la elección y posterior posesión del Contralor Distrital de Bogotá para el 1º de junio de 2016, fecha en que se materializó la elección ahora enjuiciada.

De las fechas arriba señaladas, se tiene que desde el 28 de mayo de 2016 (sábado), data en que se realizó la citación al 1º de junio de esa misma anualidad (miércoles), tan solo transcurrió 1 día hábil(64), encontrándose que la citación no se hizo a primera vista conforme el término legal.

Ahora bien, corresponde a esta Sala determinar si tal hecho se constituye en un vicio o irregularidad y por ende verificar si tiene la potencialidad suficiente para tonar en nulo el acto electoral enjuiciado.

Un elemento esencial para dilucidar el presente problema, es el cronograma del proceso de elección del Contralor de Bogotá, el cual fue fijado y publicado inicialmente por la duma distrital en la Resolución 331 del 8 de marzo de 2016, modificada por las Resoluciones 379 del 17 de marzo, 399 del 4 de abril y 543 del 12 de mayo de 2016, actos administrativos mediante los cuales se estableció con claridad la fecha en la que se adelantaría la sesión plenaria para la elección y posesión del jefe del ente de control distrital.

Es decir, a través de la resolución que fijó la fecha de elección y posesión del contralor distrital para el 1º de junio de 2016, se tiene que se cumplió el cometido de la norma consagrada en el artículo 103 del reglamento interno del Concejo Distrital de Bogotá, dado que con ella se citó con antelación a los concejales y se informó a la ciudadanía en general que para el 1º de junio de 2016, se celebraría la audiencia de elección y posesión culminando con ello el proceso de selección.

Quiere decir lo anterior, que al ser la convocatoria la regla del proceso de elección, la cual es de obligatorio cumplimiento para todos los intervinientes y, al contener una citación —en este caso a través de la Resolución 543 del 12 de mayo de 2016—, para que los concejales distritales procedan a elegir y posesionar al contralor se entiende que con ella, se encuentra satisfecha la finalidad del artículo 103 del reglamento interno, la cual no es otra diferente a dotar de publicidad la sesión y con ello permitir la mayor afluencia de electores, previo al conocimiento de la razón de su citación para que puedan tomar la decisión a conciencia.

Resultaría formalista que teniendo pleno conocimiento los concejales de la fecha en que se iba a celebrar la sesión plenaria de elección, requirieran para asistir a la misma una nueva citación motivada en el artículo 103 del reglamento interno, cuando con el acto administrativo que fue ampliamente publicado —convocatoria—, se erigía el cumplimiento de tal precepto con más de 3 días hábiles de anticipación.

En razón de lo anterior, se tiene que si bien el Presidente del Concejo Distrital de Bogotá a través del secretario citó a sesión plenaria el 28 de mayo de 2016, ello no implica de suyo el desconocimiento de la norma invocada como infringida, es decir, no se encuentra en el trámite irregularidad alguna, toda vez que, se reitera, se cumplió el cometido reglamentario con la expedición de la convocatoria y sus actos modificatorios, razón por la cual, este cargo será desestimado.

5. Conclusión.

De conformidad con los cargos propuestos en la demanda, se tiene que no existe mérito para declarar la nulidad del acto de elección del señor Juan Carlos Granados Becerra, imponiéndose la confirmación de la sentencia de primera instancia que denegó las pretensiones.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

1. CONFIRMAR la Sentencia del 7 de diciembre de 2017 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que negó las pretensiones de la demanda instaurada por el señor Alexander Mora Murillo, entre otros, contra el acto de elección del señor Juan Carlos Granados Becerra como Contralor Distrital de Bogotá D.C., para el período 2016-2019.

2. ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

Notifíquese y cúmplase».

54. “ART. 322.—Modificado por el Acto Legislativo 1 de 2000. El nuevo texto es el siguiente:
Bogotá, Capital de la República y el Departamento de Cundinamarca, se organiza como Distrito Capital.
Su régimen político, fiscal y administrativo será el que determinen la Constitución, las leyes especiales que para el mismo se dicten y las disposiciones vigentes para los municipios.
Con base en las normas generales que establezca la ley, el concejo a iniciativa del alcalde, dividirá el territorio distrital en localidades, de acuerdo con las características sociales de sus habitantes, y hará el correspondiente reparto de competencias y funciones administrativas.
A las autoridades distritales corresponderá garantizar el desarrollo armónico e integrado de la ciudad y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito; a las locales, la gestión de los asuntos propios de su territorio”.

55. Acerca del régimen jurídico del Distrito Capital de Bogotá, el Consejo de Estado, Sección Primera, Sentencia del 31 de marzo de 2005, C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta, expediente: 1133, señaló: “(...) “el Distrito Capital tiene un régimen administrativo gobernado por leyes especiales, constituido por el Capítulo IV del Título XI de la Constitución Política, por el Decreto Ley 1421 de 1993 y por el régimen legal ordinario de los municipios. En ese orden de ideas, la aplicación preferente de la normatividad pasa por el capítulo IV del título XI de la Constitución y por el precitado Decreto Ley 1421”, por ende las disposiciones de ese decreto prefieren en lo previsto en él a las del régimen legal ordinario de los municipios. (...)”

56. Corte Constitucional. Sentencia C-147 de 1998. Magistrado Ponente Dr. Alejandro Martínez Caballero.

57. Consejo de Estado, Sección Quinta, Auto del 8 de noviembre de 2017, C.P: Carlos Enrique Moreno Rubio, Radicado 11001-03-28-000-2017-00036-00.

58. https://www.car.gov.co/vercontenido/7

59. ART. 23.—Naturaleza Jurídica. Las Corporaciones Autónomas Regionales son entes corporativos de carácter público, creados por la ley, integrados por las entidades territoriales que por sus características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, dotados de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, encargados por la ley de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio del Medio Ambiente.

60. “ART. 6º— Jurisdicción. La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, tiene jurisdicción en el Distrito Capital de Santafé de Bogotá y en los siguientes municipios del Departamento de Cundinamarca: Agua de Dios, Albán, Anapoima, Anolaima, Apulo, Arbeláez, Beltrán, Bituima, Bojacá, Cabrera, Cachipay, Cajicá, Caparrapí, Carmén de Carupa, Chaguaní, Chía, Cogua, Cota, Cucunubá, Chocontá, El Colegio, El Peñón, Facatativá, Funza, Fúquene, Fusagasugá, Gachancipá, Girardot, Gacheta, Guaguas, Guataquí, Guatavita, Guayabal de Síquima, Jerusalén, La Calera, La mesa, La Palma, La Peña, La Vega, Lengua zaque, Machetá, Madrid, Manta, Mosquera, Nariño, Nemocón, Nilo, Nimaima, Nocaima, Pacho, Paime, Pandi, Pasca, Puerto Salgar, Pulí, Quebrada negra, Quipile, Ricaurte, San Antonio del Tequendama, San Bernardo, San Cayetano, San Francisco, San Juan de Rioseco, Sasaima, Sesquilé, Sibaté, Silvania, Simijaca, Soacha, Sopó, Subachoque, Suesca, Supatá, Susa, Sutatausa, Tabio, Tausa, Tena, Tenjo, Tibacuy, Tibirita, Tocaima, Tocancipá, Topaipi, Ubaté, Utica, Venecia, Vergara, Viotá, Villagómez, Villapinzón, Villeta, Vianí, Yacopí, Zipacón, Zipaquíra. Su jurisdicción incluye igualmente los municipios de Chiquinquirá, Saboyá, San Miguel de Sema, Caldas, Buenavista y Ráquira, en el Departamento de Boyacá.

61. Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 13 de julio de 2017, C.P: Alberto Yepes Barreiro, Radicado 27001-23-33-000-2016-00028-01: “(…) De la literalidad de esta disposición se desprende con claridad que la inhabilidad en comento para ser elegido contralor departamental se limita al ejercicio de cargos del orden departamental, distrital o municipal, sin que el Constituyente la hubiera extendido a aquéllos del orden nacional. (…)”

62. Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 23 de febrero de 2012, C.P: Susana Buitrago Valencia, Radicado 11001-03-28-000-2010-00038-00 acumulado.

63. Citación para elección. Toda citación para elección se hará exclusivamente para ese fin con tres (3) días hábiles de anticipación, conforme al presente reglamento, la Constitución Política y las leyes especiales para Bogotá, D.C. Se exceptúa la elección de las primeras Mesas Directivas correspondientes a la iniciación del período constitucional.”

64. Dado que el 29 de mayo de 2016 fue domingo y el 30 de mayo de 2016 fue lunes festivo.