Sentencia 2016-01503 de junio 21 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Consejero Ponente:

Dr. Carlos Enrique Moreno Rubio

Rad.: 11001-03-15-000-2016-01503-00

Actor: Iván Rafael Acosta Guillén

Demandado: Edgar Alexander Cipriano Moreno

Pérdida de investidura

Bogotá, D.C., junio veintiuno de dos mil diecisiete.

Procede la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo a resolver la solicitud de pérdida de investidura presentada por el ciudadano Iván Rafael Acosta Guillén contra el señor Edgar Alexander Cipriano Moreno, elegido representante a la Cámara, por la circunscripción electoral del departamento del Guainía, para el período constitucional 2014-2018.

I. Antecedentes

1. La solicitud.

En ejercicio de la acción de pérdida de investidura prevista en el artículo 143 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y regulada por la Ley 144 de 1994, el ciudadano y abogado Iván Rafael Acosta Guillén, en escrito radicado el diecinueve (19) de mayo de 2016, solicitó que se despoje de la investidura de representante a la Cámara al señor Edgar Alexander Cipriano Moreno por haber incurrido en la causal de tráfico de influencias establecida en el numeral 5º del artículo 183 de la Constitución Política.

En resumen, la solicitud tuvo como fundamento los siguientes

2. Hechos.

El actor señaló que el señor Cipriano Moreno fue elegido representante a la Cámara por el departamento del Guainía, en nombre del partido Alianza Social Independiente (ASI), para el periodo 2014-2018.

Aseguró que desde su elección al Congreso de la República, el señor Cipriano Moreno se ha valido de su investidura para realizar una serie de conductas que configuran tráfico de influencias, consagrado en el artículo 183 de la Constitución como causal de pérdida de investidura.

Reveló que en varias oportunidades, ofreció vincular a la señora Eulalia Chacón Flórez, quien se desempeñaba como personera municipal de Landázuri, Santander, en el SENA Regional Inírida, en la dirección departamental del DPS o en los consulados de Manaos en Brasil o de San Fernando de Atabapo, Venezuela, a cambio de dinero.

Manifestó que igual conducta desplegó respecto de los señores Walter Adrián Ruiz Céspedes y Erwin Avellaneda Duarte, a quienes les ofreció su intermediación para vincularlos como funcionarios en el SENA Regional, la dirección departamental del DPS o en los mismos consulados de Manaos y San Fernando de Atabapo a cambio de ciertas sumas de dinero.

Agregó que aproximadamente en octubre de 2014, el representante Cipriano Moreno recibió en efectivo la suma de veinte (20) millones de pesos por el ofrecimiento hecho a dichas personas, que fue entregada en su oficina del Congreso de la República para hacer efectivo el nombramiento en algunas de las entidades públicas antes mencionadas.

Concluyó que para la misma época, los señores Avellaneda Duarte y Ruiz Céspedes le entregaron, en la oficina del edificio nuevo del Congreso, la suma de dos (2) millones de pesos correspondiente a lo cobrado a la señora Chacón Flórez para que le apartara el cargo de cónsul en San Fernando de Atabapo.

3. Oposición de la parte demandada.

El representante Cipriano Moreno no contestó la demanda.

4. Actuación procesal.

Mediante auto de mayo veinticinco (25) de 2016 fue admitida la demanda y ordenadas las notificaciones al congresista Cipriano Moreno y al agente del Ministerio Público (fl. 12 cdno 1).

Vencido el término de traslado, a través de providencia de julio siete (7) del mismo año se abrió el proceso a pruebas, se ordenó librar los oficios para las documentales solicitadas por el actor y se dispuso no tener como pruebas los audios aportados con la demanda por tratarse de grabaciones informales, hechas sin consentimiento del demandado y que no ofrecían certeza sobre su autenticidad (fl. 27 cdno 1).

Por estar directamente relacionados con tales grabaciones, fueron negados los testimonios pedidos por el demandante y no se decretó la prueba pericial de reconocimiento de voces, ni la “versión libre” del congresista demandado sobre el contenido de los audios (fl. 27 cdno 1).

Al resolver el recurso de súplica interpuesto por el actor, la Sala Plena revocó parcialmente el auto de pruebas, dispuso tener como pruebas los audios, ordenó la recepción de los testimonios y decretó el dictamen técnico de reconocimiento de voces, en caso de ser necesario (fls. 56 a 64 cdno 1).

Estando en trámite el recurso de súplica y ante la divulgación de la noticia sobre el homicidio del testigo Erwin Avellaneda Duarte, la Sala Plena por auto de noviembre dieciséis (16) de 2016 solicitó al Ministerio del Interior, a la Unidad Nacional de Protección y a la Policía Nacional adoptar las medidas necesarias para proteger la vida e integridad personal y familiar del actor, del señor Walter Adrián Ruiz Céspedes y de la señora Eulalia Chacón Flórez (fls. 53, 54 y 73 cdno 1).

Mediante providencia de febrero veintiocho (28) del presente año, la Sala Plena negó la nulidad solicitada por la apoderada del congresista demandado respecto del auto que resolvió el recurso de súplica y que decretó las pruebas (fls. 81 a 85 cdno 1).

5. Audiencia pública.

El treinta y uno (31) de mayo del año en curso fue llevada a cabo la audiencia pública prevista en el artículo once (11) de la Ley 144 de 1994 con participación del actor, el representante demandado, su apoderado judicial y el procurador delegado para la conciliación administrativa.

Las intervenciones hechas en la audiencia pueden resumirse así:

1. El actor hizo referencia al material probatorio obrante en el proceso, a las normas que regulan la causal de pérdida de investidura invocada en la demanda y señaló que la situación fáctica encuadra en el tráfico de influencias.

Cuestionó el descuido en que incurrió el representante a la Cámara en el curso proceso, estimó que el hecho de no haber contestado la demanda constituye indició grave de responsabilidad en su contra y solicitó acceder a las pretensiones de la acción.

2. El agente del Ministerio Público advirtió que está probado en el proceso que el representante Cipriano Moreno, prevalido de su investidura, solicitaba dinero a cambio de los ofrecimientos hechos a varias personas con el fin de gestionar su vinculación a distintas entidades del Estado.

Subrayó que la conducta en que incurrió el congresista demandado está adecuada jurídicamente en la causal de tráfico de influencias debidamente comprobado, pues las pruebas documentales obrantes en el proceso son válidas y las testimoniales merecen plena credibilidad, según las reglas de la sana crítica, para generar la convicción y certeza sobre la actuación antijurídica y reprochable del accionado.

Precisó que el tráfico de influencias consistió en hacer creer a los ciudadanos Ruiz Céspedes y Chacón Flórez que gracias a su investidura de congresista tenía la capacidad de gestionar nombramientos ante entidades públicas, por lo cual surgió una expectativa en dichas personas y la credibilidad de que eso iba a suceder.

Consideró que basado en su calidad de congresista y en la confianza depositada en esta condición, el representante Cipriano Moreno ejerció su influencia para obtener un beneficio económico directo y dispuso en su despacho, a manera de organización criminal, todos los medios para alcanzar esos cometidos.

En consecuencia, solicitó decretar la pérdida de la investidura que ostenta el representante a la Cámara, dado que su actuación afectó los principios de legalidad, moralidad, rectitud, transparencia e integridad que resultan exigibles a quienes ejercen la representación política.

3. El congresista demandado se refirió a sus condiciones personales como miembro de la comunidad indígena puinave con asiento en el departamento de Guainía, hizo algunas precisiones sobre los hechos de la demanda y afirmó que con las pruebas que obran en el expediente no está demostrada la causal de tráfico de influencias invocada por el actor.

Enfatizó que desde su elección como congresista fue objeto de un plan sistemático y organizado por parte de sus contradictores para hacerle perder la credencial y expuso varios hechos relacionados con dicha situación, como el manejo mediático de un préstamo por $30 millones pedido a un ciudadano, razón por la cual solicitó mantener su investidura por estimar que todo obedece a una persecución política.

4. El apoderado del representante a la Cámara señaló algunos elementos exigidos por la jurisprudencia del Consejo de Estado para la configuración de la causal y advirtió la posible contradicción en la versión rendida por la testigo sobre la fecha en que ocurrieron los hechos.

Consideró que falta prueba que ofrezca certeza, añadió que la conducta imputada no se estructura en cabeza del demandado, sostuvo que quienes hicieron la grabación no han sido declarados como víctimas en juicio penal y pidió negar las pretensiones de la demanda.

Surtidos los trámites legales pertinentes, el proceso se adelantó con la observancia de las ritualidades previstas en la ley procesal y sin que obre causal de nulidad que afecte la actuación, procede la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo a resolver previas las siguientes

II. Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

La Sala Plena es competente para conocer de la solicitud de pérdida de investidura en única instancia, según lo dispuesto en los artículos 1841 y 237 numeral 52, de la Constitución en concordancia con los artículos 1º de la Ley 144 de 19943, 37 numeral 7º de la Ley 270 de 19964 y 111 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo5.

2. Cuestión previa: la observación sobre la prejudicialidad.

En el memorial entregado al término de la audiencia pública, que contiene el resumen de la intervención, el apoderado del demandado sostuvo que “(...) quienes hicieron la grabación no han obtenido o han sido declarados como víctimas en Juicio Penal, en gracia de discusión habría que declarar la prejudicialidad del presente proceso hasta tanto no se sepan las resultas del proceso penal que así lo declare, pero ello es imposible en éste estadio procesal”. (fls. 282 a 284 cdno 2).

Advierte la Sala que el apoderado del congresista demandado no solicitó formalmente la suspensión del proceso sino que simplemente incluyó, en gracia de discusión, una observación sobre la imposibilidad de ordenar la prejudicialidad.

Además, es importante tener en cuenta que la eventual actuación de orden penal que pueda seguirse por los hechos que sustentan la demanda, cualquiera sean los sujetos procesales, es independiente de la pérdida de investidura como proceso autónomo de carácter sancionatorio y de responsabilidad política de los congresistas en ejercicio de sus funciones.

3. Problema jurídico.

Corresponde a esta corporación determinar si el señor Edgar Alexander Cipriano Moreno, representante a la Cámara por la circunscripción del Guainía, para el período 2014-2018, incurrió en la causal de tráfico de influencias debidamente comprobado prevista en el numeral 5º del artículo 183 de la Constitución en concordancia con el numeral 5º del artículo 296 de la Ley 5ª de 1992, que lleve a ser despojado de su investidura.

4. De la pérdida de investidura.

Desde el año 1991, la pérdida de investidura es una figura de rango constitucional creada inicialmente para separar a los congresistas de su condición cuando se encuentren incursos en las causales específicas y taxativas señaladas en la Constitución6.

Sin embargo, la aplicación de la figura fue ampliada a los miembros de las demás corporaciones públicas, por lo que hoy puede definirse como un mecanismo de control para quienes han sido elegidos popularmente.

El artículo 143 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo frente al punto estableció lo siguiente:

“A solicitud de la Mesa Directiva de la Cámara correspondiente o de cualquier ciudadano y por las causas establecidas en la Constitución, se podrá demandar la pérdida de investidura de congresistas.

Igualmente, la Mesa Directiva de la Asamblea Departamental, del Concejo Municipal, o de la junta administradora local, así como cualquier ciudadano, podrá pedir la pérdida de investidura de diputados, concejales y ediles”.

Sobre el alcance y la naturaleza jurídica de la pérdida de investidura, la Sala Plena de esta corporación, en sentencia de junio treinta (30) de 2015, en su posición mayoritaria, expuso lo siguiente7:

“La pérdida de investidura de los congresistas, se ha definido como un juicio8 o proceso jurisdiccional sancionatorio, pues hace parte del jus puniendi del Estado.

De carácter ético9, en tanto las causales ideadas por el Constituyente son un código específico de conducta, que tiene por objeto reprochar y sancionar a los representantes del pueblo en y por razón de la dignidad del cargo que ejercen, a partir de la defraudación del principio de representación política que deviene por razón exclusiva y directa del mandato que genera el voto popular.

En ese orden, ha de entenderse que el juez de la pérdida juzga si el actuar de quien fue investido de la representación popular se ajusta a lo que el Constituyente esperaba de él y que expresó en causales específicas para la procedencia de esta figura. Por tanto, la competencia del juez va más allá del reproche disciplinario, pues este no juzga la observancia de un deber funcional sino la actuación de quien fue elegido a partir, se repite, de la dignidad que le imprime a los cuerpos colegiados de representación popular el mandato expresado en las urnas”10. (negrillas del texto original).

Según dicho criterio, la pérdida de investidura constituye, entonces, un juicio de carácter jurídico, sancionatorio y ético basado en las causales previstas en la Carta Política.

Las causales para que los congresistas pierdan su investidura, dada su alta dignidad, se encuentran consagradas en una norma especial de la Constitución, el artículo 183, que dispone que los senadores y representantes a la Cámara pueden ser despojados de su investidura:

“1. Por violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, o del régimen de conflicto de intereses.

2. Por la inasistencia, en un mismo período de sesiones, a seis reuniones plenarias en las que se voten proyectos de acto legislativo, de ley o mociones de censura.

3. Por no tomar posesión del cargo dentro de los ocho días siguientes a la fecha de instalación de las Cámaras, o a la fecha en que fueren llamados a posesionarse.

4. Por indebida destinación de dineros públicos.

5. Por tráfico de influencias debidamente comprobado”.

No obstante, también fueron establecidas como causales adicionales para que un congresista pierda la investidura la violación de los topes máximos en la financiación de campañas públicas11 y “hacer contribución alguna a los partidos, movimientos o candidatos, o inducir a otros a que lo hagan, salvo las excepciones que establezca la ley12”.

La consecuencia jurídica de esta figura es el retiro del cargo y la imposibilidad de volver a postularse para el Congreso de la República, dado que la pérdida de investidura está prevista en el artículo 179 de la Constitución como inhabilidad para ser senador y representante a la Cámara.

5. La causal de tráfico de influencias debidamente comprobado.

Según quedó expuesto, la pérdida de investidura del representante a la Cámara Edgar Alexander Cipriano Moreno fue solicitada por el actor con base en la causal de tráfico de influencias, debidamente comprobado, señalada en el numeral 5º del artículo 183 de la Constitución en concordancia con el numeral 5 del artículo 296 de la Ley 5ª de 1992.

En diferentes oportunidades, la Sala ha reiterado que el tráfico de influencias, como causal de pérdida de investidura, no tiene definición legal en nuestro ordenamiento jurídico, por lo cual la configuración de la conducta debe establecerse con fundamento en el desarrollo hecho por la jurisprudencia de esta corporación sobre sus alcances.

En sentencia de noviembre primero (1º) de 2016, la Sala recogió los requisitos que deben reunirse para la estructuración del tráfico de influencias, debidamente comprobado, así13:

“(...).

Como lo ha precisado la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en numerosos pronunciamientos, entre otros, en sentencias de 8 de agosto de 2001 (Expedientes acumulados núms. AC-10966 y AC-11274, Consejero ponente doctor Reinaldo Chavarro Buriticá), de 29 de julio de 2003 y 15 de mayo de 2007 (Expedientes núms. PI-00522, PI-2006-01268, Consejero ponente doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), de 11 de marzo de 2008 (Exp. 2007-01054 (PI), C.P. doctora Susana Buitrago), de 27 de abril de 2010 (Exp. 2009-00935 (PI), Consejero ponente doctor William Giraldo Giraldo), 12 de junio de 2012 (Exp. 2011-01112 (PI), C.P. doctora María Claudia Rojas Lasso), de 4 de septiembre de 2012 (Exp. 2011-00616 (PI), Consejero ponente doctor Mauricio Fajardo Gómez), de 9 de julio de 2013 (Exp. 2011-01559-00 (PI), Consejero ponente doctor Hernán Andrade Rincón), de 30 de junio de 2015 (Exp. 2013-00115-00 (PI), Consejero ponente doctor Alberto Yepes Barreiro (E)), de 4 de agosto de 2015 (Exp. 2012-00863-00 (PI), C.P. doctora Martha Teresa Briceño de Valencia) y de 1o. de marzo de 2016 (Exp. 2015-01462-00 (PI), Consejero ponente doctor Guillermo Vargas Ayala), la causal de tráfico de influencias no tiene definición legal, circunstancia que ha determinado su operatividad a partir de la interpretación y aplicación que de ella haga el Juez.

En dichas providencias se explicó que, inicialmente, la Jurisprudencia de la Corporación definió esta causal utilizando como criterio auxiliar la remisión a la definición legal del punible tipificado en el artículo 147 del Código Penal, modificado por el artículo 25 de la Ley 190 de 1995, como “Tráfico de influencias para obtener favor de servidor público”, porque atendiendo, principalmente, a que la Corte Constitucional determinó que la responsabilidad disciplinaria era diferente y separable de la penal,14 era dable favorecer el criterio que propugna por un alejamiento del marco conceptual de origen penal.

(...) la Sala a partir de la Jurisprudencia suficientemente decantada en cuanto a la demarcación conceptual del tráfico de influencias dentro de la acción de pérdida de investidura, se permite reiterar, los cuatro elementos que deberán aparecer demostrados de forma suficiente y concurrente en el proceso, para efectos de configurar la referida causal, así:

“a) Que la persona que ejerce la influencia ostente o haya ostentado la calidad de Congresista de la República, la cual se adquiere a partir de la posesión en el cargo”;15

b) Que se invoque esa calidad o condición ante el servidor público16, ejerciéndose en todo caso un influjo síquico sobre éste, sin tener en consideración el orden jerárquico existente entre ambos;

“c) Que se reciba, haga dar o prometer para sí o para un tercero dinero o dádiva, con las salvedades o excepciones contempladas en la Ley 5ª de 1992, en cuanto a las gestiones de los Congresistas en favor de sus regiones”;17 y

d) Que el beneficio pretendido por el congresista provenga de un asunto que el servidor público se encuentre conociendo o haya de conocer”.

Ese presupuesto “a)” exige la calidad cualificada del sujeto activo que pretende traficar las influencias que emanan de su investidura congresional, esto es, que debe acreditarse su condición de Senador o Representante a la Cámara.

En el requisito “b)”, debe observarse plenamente que ante el servidor público, el Congresista haya invocado, antepuesto o recurrido a su condición de tal. Son dos los aspectos fundamentales a tener en cuenta en este punto: lo primero, es que se haya ejercido sobre el servidor un influjo síquico derivado de la condición de Congresista, es decir, que lo que se pretenda de aquél se consiga por la anteposición del cargo de Senador o Representante.

En estos términos, la Sala Plena también ha sostenido que dentro de los requisitos exigidos por la jurisprudencia, para que se estructure el tráfico de influencias, se destaca el influjo sicológico que derivado de la calidad de congresista, se pueda ejercer sobre la persona que deba realizar la actividad que se pretende. Quien influye, ejerce predominio o fuerza moral, valiéndose de su poder, superioridad o fuerza dominante.

El segundo aspecto, radica en que el tráfico de influencias puede darse frente a cualquier servidor público sin consideración al orden jerárquico en que se encuentre, lo cual desecha cualquier tipo de elucubración adicional a la simple constatación de que el influenciado ostente el carácter de servidor público.

En el presupuesto “c)” debe advertirse que el Congresista bien puede solicitarle al servidor público un beneficio en dinero y/o dádiva para sí o para un tercero —excepto si se trata de una gestión a favor de su región en los términos de la Ley 5ª de 1992—, conducta que implica una relación de doble envío, donde el Congresista solicita para recibirlo, darlo o prometerlo y consecuentemente el servidor público accede a ello. Sin embargo, la conducta se configura aun cuando el servidor público no accede, porque basta la simple solicitud.

Finalmente, en el elemento “d)” habrá que precisar que el referido beneficio pretendido por el Congresista, ya sea en dinero y/o dádiva, tenga su origen en un asunto en donde el servidor público sea o vaya a ser competente, es decir, que tenga o vaya a tener el conocimiento del mismo, razón justamente por la cual resulta abordado por el congresista”.

6. Del caso concreto.

Precisados los distintos criterios para la configuración del tráfico de influencias, procede la Sala a establecer si la conducta del congresista Cipriano Moreno encuadra en los presupuestos de la citada causal prevista en el numeral 5º del artículo 183 de la Constitución.

Para tales efectos, en primer lugar se hará una relación detallada de las diferentes pruebas aportadas y recaudadas en desarrollo del proceso, así:

6.1. Pruebas obrantes en el expediente.

Aportadas con la demanda

Dos (2) discos compactos que contienen la grabación de las conversaciones que según el actor fueron sostenidas por el representante Cipriano Moreno con la señora Eulalia Chacón Flórez y los señores Walter Adrián Ruiz Céspedes y Erwin Avellaneda Duarte.

Decretadas por el despacho

Oficio de respuesta enviado por el presidente del Concejo Municipal de Landázuri, Santander, a través del cual remitió la certificación expedida por la secretaria general del Concejo Municipal sobre el desempeño del cargo de personera por parte de la señora Eulalia Chacón Flórez durante los siguientes periodos: entre el quince (15) de agosto de 2000 y el veintiocho (28) de febrero de 2003, el primero (1º) de marzo de 2008 y el veintiocho (28) de febrero de 2012, el primero (1º) de marzo de 2012 y el veintiocho (28) de febrero de 2015 y el primero (1º) de marzo de 2016 hasta la fecha (fls. 132 y 133 cdno 1).

Oficio de respuesta remitido por el secretario general de la Cámara de Representantes mediante el cual allegó la certificación expedida por el jefe de la división de planeación y sistemas de la corporación sobre el ingreso o no de la señora Eulalia Chacón Flórez y de los señores Erwin Avellaneda Duarte y Walter Adrián Ruiz Céspedes a las instalaciones del Congreso de la República. (fls. 125 a 129 cdno 1).

Decretadas por la Sala Plena

Testimonio rendido por el señor Walter Adrián Ruiz Céspedes (fls. 136 a 139 cdno 1)

Testimonio rendido por la señora Eulalia Chacón Flórez (fls. 199 a 201 cdno 1).

Aportadas por el testigo Ruiz Céspedes en la audiencia de testimonios

Fotocopia donde aparecen los nombres del testigo y de otras dos (2) personas para ingreso a la sede del Congreso de la República (fl. 140 cdno 1)

Fotocopia del listado de algunos cargos, salarios, sueldos y requisitos para el desempeño en las unidades de trabajo legislativo (UTL) para el año 2014 (fl. 141 cdno 1).

Dos (2) fotocopias del formato de consignación por valor de $9.998.000.00 a la cuenta de ahorros 0013-0832-73-0200004055 MN del Banco BBVA, oficina Los Molinos, hecha a la señora Diana Nicolle Salamanca Torcua (sic) el cuatro (4) de octubre de 2014 (fls. 142 y 143 cdno 1).

Fotocopia de cuatro (4) recibos correspondientes a giros hechos el cuatro (4) de octubre de 2014, por valores de $2.912.904.00, $$2.912.904.00, $2.912.904.00 y $970.968 (ilegible el resto) con destino a la señora Rosa Silva Calvo (fl. 144 cdno 1).

Fotocopia del certificado de defunción No. 81547205-7, antecedente para el registro civil, correspondiente al señor Erwin Avellaneda Duarte (fl. 145).

Fotocopia del formato único de noticia criminal correspondiente al caso No. 110016099066201600009 que contiene la denuncia penal hecha por el fallecido señor Erwin Avellaneda por el presunto delito de cohecho en hechos atribuidos al representante Cipriano Moreno (fls. 146 a 149 cdno 1).

Fotocopia del formato de entrevista FPJ-14 correspondiente al caso No. 110016099066201600009, hecha por la Fiscalía General al señor Rafael Ricardo Santos Abreo, el dos (2) de agosto de 2016, sobre hechos similares al posible mismo delito mencionado anteriormente (fls. 150 y 151 cdno 1).

Fotocopia del formato de entrevista FPJ-14 correspondiente al caso No. 110016099066201600009, hecha por la Fiscalía General al señor Oscar Duarte Mantilla, el dos (2) de agosto de 2016, sobre hechos similares al mismo posible delito mencionado anteriormente (fls. 152 y 153 cdno 1).

Fotocopia del formato de entrevista FPJ-14 correspondiente al caso No. 110016099066201600009, hecha por la Fiscalía General al señor Oscar Antonio Salazar Serrano, el dos (2) de agosto de 2016, sobre hechos similares al mismo posible delito mencionado anteriormente (fls. 154 a 156 cdno 1).

Memoria USB que contiene la reproducción de los audios aportados con la demanda y un video en el que el congresista Cipriano Moreno aparece en diálogo con otras personas, contando unas sumas de dinero, hace referencia a dos (2) cargos que quedaron listos, a unos pagos pendientes e imparte algunas instrucciones para el manejo de las relaciones con un particular.

Estando el expediente para la audiencia pública y por fuera de las oportunidades probatorias, la apoderada del demandado allegó un memorial acompañado de la fotocopia de la denuncia penal presentada por el congresista Cipriano Moreno el veinticinco (25) de agosto de 2016 contra los señores Oscar Salazar Serrano, Erwin Avellaneda y otros por los delitos de injuria, calumnia, extorsión, falso testimonio y falsa denuncia, al igual que fotocopias de un paz y salvo de un préstamo por $30 millones realizado por el señor Oscar Salazar Serrano, una declaración extraproceso rendida por el señor Miller Adolfo Vargas Díaz y la ampliación de la queja disciplinaria presentada por el actor18 (fls. 250 a 262 cdno 1).

6.2. De la configuración de la causal invocada por el accionante.

En este caso, la conducta imputada por el actor al congresista Cipriano Moreno consistió en el hecho de haber solicitado el pago de algunas sumas de dinero a varias personas a cambio de gestionar su nombramiento en algunos cargos pertenecientes a diferentes entidades públicas.

Tal como se dijo con antelación, para que se configure la causal de tráfico de influencias se requiere:

(i) Que la persona que ejerce la influencia ostente o haya ostentado la calidad de congresista, lo cual está debidamente probado en este caso, ya que en las constancias expedidas por los secretarios generales del Consejo Nacional Electoral y de la Cámara de Representantes, está acreditado que el señor Cipriano Moreno fue elegido representante por la circunscripción electoral del departamento del Guainía para el periodo 2014-2018 y que para la fecha en que fue presentada la demanda estaba en ejercicio del cargo (fls. 8 y 9 cdno 1).

(ii) Que se invoque esa condición ante el servidor público. En cuanto a este requisito, del análisis conjunto de las pruebas obrantes en el expediente permite establecer que el señor Cipriano Moreno exigió al señor Walter Adrián Ruiz Céspedes y a la señora Eulalia Chacón Flórez, personera de Landázuri (Santander), unas sumas de dinero para sus posibles nombramientos en algunos cargos públicos.

En el curso de la audiencia de recepción de testimonios llevada a cabo el veintisiete (27) de marzo del presente año, el citado señor Ruiz Céspedes manifestó haber sostenido varias reuniones en Bogotá con el representante Cipriano Moreno, en el año 2014, para hacer “unos enlaces” relacionados con algunas contrataciones y cargos públicos (grabación fl. 139 cdno 1).

Aseguró que viajó desde Bucaramanga acompañado del fallecido señor Avellaneda Duarte a una reunión con el congresista y añadió que “(...) tocamos varios temas de unos cargos públicos que habían en el DPS de Guainía, en el Instituto de Bienestar Familiar de Guainía y en el cónsul (sic) de Manaos y en el Consulado de San Fernando de Atabapo (...)”. (Grabación fl. 139 cdno 1).

En particular, el testigo hizo referencia al encuentro llevado a cabo por el congresista con esas tres (3) personas, en septiembre de 2014, donde les ofreció la posibilidad de vinculación a los cargos a cambio del pago de dinero (grabación fl. 139 cdno 1).

Afirmó que “(...) el me ofreció una UTL, el honorable representante Cipriano. Me dijo, hombre me gustaría que usted trabajara conmigo. ¿Qué es usted? Entonces, dije bueno, ahí tengo la hija de vida y se la hago llegar. Dijo pero eso tiene un costo. Le dije cuánto es el costo. Dijo vamos hablando en el camino”. (Grabación fl. 139 cdno 1).

Al ser preguntado por el consejero sustanciador sobre este punto —que involucraba la afirmación específica de “un costo” por el nombramiento— aseguró lo siguiente:

“Pues él me dijo, mire Walter, le voy a mandar por whatsapp los sueldos de la UTL de 2014 para que usted mire en cuál se encajona. Así me dijo vía telefónica. Yo le dije listo, envíemelos (...). Vía telefónica, sí señor, a mi número. Y él me envío por whatsapp pues un listado que ese sueldo es UTL 2014. Yo le dije, representante yo puedo en la asistente quinta, número siete (7) de salarios, encajono. Dijo listo, eso vale veinte (20) millones de pesos por un año. Yo le dije no parlamentario, eso está muy caro y dijo no, pues eso vale o si no me da dos (2) millones de pesos mensuales, bajo ese salario que usted gana me devuelve dos millones de pesos mensuales. Entonces yo le dije bueno, ahí miramos. Después nos reunimos y yo le traje esa cifra en efectivo, sí, se la entregué (...)”. (Grabación fl. 139 cdno 1).

Cuando fue preguntado por la época en que fue entregado el dinero al congresista demandado, sostuvo que “En 2014 (...) septiembre de 2014 le entregué yo ese recurso a él. Que ahí están las entradas, que debe verificarse la entrada al Congreso de la República, en la secretaría, ahí pienso que autorizan las entradas al Congreso, ahí deben (sic) estar la entrada mía, varias porque yo entré en agosto, septiembre y octubre, entré varias veces a la oficina de él”19. (Grabación fl. 139 cdno 1).

Aseguró que posteriormente fueron hechas otras consignaciones por las sumas de $9.999.000 y 10.000.000 a nombre de las señoras Diana Nicolle Salamanca y Rosa Silvia Cano, respectivamente, a quienes señaló como asistente y esposa del representante Cipriano Moreno. (Cfr. grabación fl. 139 cdno 1).

El testigo declaró que como contraprestación por el dinero que fue solicitado por el congresista, “(...) Él nos entregaba en (sic) la dirección del DPS Guainía, nos entregaba la dirección del Instituto de Bienestar Familiar, nos entregaba el Consulado de Atabaco (sic), de Atabapo, San Fernando de Ata (...) y el Consulado de Manaos (...)”. (Grabación fl. 139 cdno 1).

Al ser interrogado por el consejero conductor del proceso sobre las razones por las cuales el representante a la Cámara ofrecía dichos cargos, explicó lo siguiente: “(...) Porque él decía que tenía las conexiones y tocaba dar un recurso para ese tema, entonces yo le dije bueno nosotros lo damos a ver qué pasa y de paso Walter, usted entra a la unidad parlamentaria mía, yo le dije listo parlamentario, ahí está el recurso, por mi no hay ningún problema (...)”. (Grabación fl. 139 cdno 1).

Precisó que “(...) Después de eso, pues duramos unos varios meses y no nos respondía el teléfono, yo vine y pues ahí quedó el tema, porque no nos respondió ni con los cargos ni con nada, se robó, como dice el cuento, la plata (...)”. (Grabación fl. 139 cdno 1).

Manifestó que en la reunión estuvo presente la señora Eulalia Chacón Flórez, quien entonces también se desempeñaba como personera municipal de Landázuri (Santander) y a quien Ruiz Céspedes invitó porque, según explicó, estaba interesada en un cargo en un consulado y a él le pareció conveniente escuchar al parlamentario para ver qué proponía.

Reveló que en la reunión la funcionaria señaló que se retiraba porque no estaba de acuerdo con el asunto del dinero y agregó que el representante Cipriano Moreno le aseguró lo siguiente:

“(...) a lo último el parlamentario (...) pero doctora son veinte (20) millones y eso no es nada, usted sabe que se recupera y podemos trabajar y tal cosa, le damos manejo allá a la situación (...) dijo la doctora no, yo no (...) y ella salió de la oficina de una vez y la sacó el mismo conductor en el mismo vehículo para otro sitio hacia afuera del Congreso de la República (...)”. (Grabación fl. 139 cdno 1).

El testimonio del señor Ruiz Céspedes sobre las exigencias hechas para los posibles nombramientos en cargos públicos no fue controvertido por la apoderada del representante Cipriano Moreno en desarrollo de la audiencia.

La intervención de la mandataria judicial del congresista demandado en la audiencia estuvo limitada a interrogar al testigo sobre la cifra de veinte (20) millones de pesos ya señalada y a establecer otras situaciones que no están directamente relacionadas con la reunión, la intermediación en los nombramientos ni con la entrega del dinero, como por ejemplo las condiciones personales y profesionales del señor Ruiz Céspedes y la forma cómo podría contribuir a la labor de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL). (Cfr. grabación fl. 139 cdno 1).

La versión rendida por el señor Ruiz Céspedes coincide en la mayoría de sus aspectos con el testimonio rendido por la señora Eulalia Chacón Flórez, quien se desempeñaba en la época como personera municipal de Landázuri (Santander) y actualmente ocupa dicho cargo, cuya declaración rendida el ocho (8) de mayo del presente año ratificó la existencia de lo que denominó como una reunión política en la oficina del representante a la Cámara para la provisión de unos cargos.

Admitió haber conversado con el congresista demandado cerca de cinco (5) minutos, ya que únicamente fue invitada al citado encuentro y no tenía claridad sobre el cargo que posiblemente le podía ser ofrecido20. (Grabación fl. 201 cdno 1).

Precisó que “(...) yo llegó al parqueadero y subimos al piso del doctor, del congresista, que era donde iba a ser la reunión. Nosotros subimos al piso de la oficina de él, nos dice que esperemos un momentico. Posteriormente él llega, nos hacen seguir como a una salita, hay más personas ahí, aproximadamente como unas seis (6), siete (7) personas ahí. Obviamente está Walter y está un amigo de Walter que me presentó ese día que se llamaba Edwin. En la oficina del doctor él sale, se presenta y empieza a explicar que esa es una reunión para proveer unos cargos que hay de unas secretarías. A mi me dice que, pues, en la explicación (...) después se dirige a mi y me dice que si yo llevo la plata, entonces me quedo callada y me dice porque el puesto que supuestamente yo voy a ocupar vale veinte (20) millones (...)”. (Grabación fl. 201 cdno. 1).

Añadió lo siguiente: “Yo le digo al doctor, al que está hablando, que no estoy interesada en el cargo, que igualmente esa no es mi percepción del trabajo y que igualmente yo no llevo plata, porque efectivamente yo no venía preparada para una situación de esas (...)”. (Grabación fl. 201 cdno 1).

El testimonio de la señora Chacón Flórez sobre la reunión con el congresista demandado, el señor Ruiz Céspedes y el fallecido señor Avellaneda Duarte, en la cual fue hecha la exigencia para un posible cargo, tampoco fue controvertido por la apoderada del representante Cipriano Moreno.

Como lo expuso el procurador delegado para la conciliación administrativa durante su intervención en la audiencia y en su alegato escrito, las versiones rendidas por los testigos merecen plena credibilidad, puesto que son coincidentes alrededor de la ocurrencia de los hechos, se trata de personas que participaron en la reunión a que hacen referencia sus dichos y no existen contradicciones que pongan en duda su conocimiento directo de los hechos.

Adicionalmente, subraya la Sala que estos dos (2) testimonios no fueron desvirtuados por la parte demandada en el curso de la actuación procesal, ni fueron objeto de tacha que desde el punto de vista procesal pueda afectar la credibilidad sobre los hechos narrados en sus declaraciones.

La prueba testimonial recaudada también coincide parcialmente con los audios aportados con la demanda, donde la persona que identifican como el parlamentario y sus interlocutores hablan de la posibilidad de unos cargos, de las alternativas en el Departamento para la Prosperidad Social (DPS) y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), la gestión hecha ante la Cancillería, el desembolso de dineros, algunos plazos para el pago según nombramiento y posesión y la consignación en el Banco BBVA o en Efecty de unos dineros recibidos por parte de terceros. (Cfr. CD 1).

En las pruebas allegadas por el testigo Ruiz Céspedes durante la audiencia de testimonios, especialmente en los formatos de la noticia criminal y las entrevistas hechas por la Fiscalía General, está descrito el mismo modus operandi consistente en la exigencia de dineros a particulares como contraprestación por el nombramiento en algunos cargos públicos (fls. 146 a 156 cdno 1).

Considera así la Sala que se cumple con este segundo requisito puesto que el ofrecimiento de los cargos lleva implícito tener tratos con un servidor público para que se realicen los nombramientos respectivos. De los testimonios rendidos en el proceso se advierte que el congresista Cipriano Moreno ofrecía su gestión para la designación en cargos en la Unidad de Trabajo Legislativo, en consulados y otras entidades, para lo cual necesitaba la intervención de un o unos servidores públicos para tales nombramientos.

Sobre este punto, debe tenerse en cuenta que la pérdida de investidura busca castigar la conducta reprochable de los congresistas, cuando trasgreden el código de conducta que deben observar y cuando incurran en conductas contrarias al buen servicio, al interés general o la dignidad que ostentan.

Al respecto, la Corte Constitucional en la sentencia C-254A de 2012 sostuvo lo siguiente:

“(...) La ética parlamentaria es un presupuesto fundamental de la democracia en un Estado social de Derecho, por ello está tutelada a través de múltiples mecanismos de naturaleza constitucional y legal

(...).

5.4.2.9. En Colombia, la pérdida de investidura constituye un verdadero juicio de responsabilidad política que acarrea la imposición de una sanción de carácter jurisdiccional, que castiga la trasgresión al código de conducta intachable que los congresistas deben observar por razón del inapreciable valor social y político de la investidura que ostentan, en aras del rescate del prestigio y de la respetabilidad del Congreso.

En este sentido, la pérdida de investidura es un mecanismo de control político de los ciudadanos y un instrumento de depuración en manos de las corporaciones públicas contra sus propios integrantes, cuando éstos incurran en conductas contrarias al buen servicio, el interés general o la dignidad que ostentan.

La finalidad de la pérdida de investidura es entonces rescatar el prestigio y la respetabilidad del Congreso y garantizar el ejercicio transparente, efectivo y probo de la actividad legislativa:

“La Constitución Política consagró la acción de pérdida de investidura con el fin de rescatar el prestigio y la respetabilidad del Congreso y garantizar el ejercicio transparente, efectivo y probo de la actividad legislativa, por quienes representan la voluntad popular. Se trata de una acción constitucional autónoma que consagra un régimen estricto para los congresistas, dada la necesidad de salvaguardar la institución y hacer realidad los postulados de la Carta Política”.” (negrillas fuera del texto)

Así las cosas, en este caso quedó debidamente probado que el señor Cipriano Moreno no actuó conforme con la dignidad de su cargo, al pedir dinero a cambio de gestionar el nombramiento de esas personas en unos cargos públicos.

Reitera la Sala que no puede perderse de vista que dichos ofrecimientos llevan consigo el adelantamiento de unas gestiones ante unos servidores públicos, los cuales harían los nombramientos en los cargos ofrecidos por el congresista.

(iii) Que reciba, haga dar o prometer para sí o para un tercero dinero o dádiva.

Desde este punto de vista, la conducta desplegada por el representante a la Cámara consistió en el cobro de dinero para gestionar el nombramiento de esas personas en cargos cuya nominación es potestad de otros funcionarios en el DPS, el SENA y e incluso el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Lo anterior implica que el señor Cipriano Moreno invocó su condición de congresista a partir de la influencia que podía ejercer ante los titulares de dichas dependencias estatales para el nombramiento de quienes pagaron dinero con la expectativa de acceder al cargo público gracias a su intermediación.

La gestión ofrecida a los particulares para el posible nombramiento en los organismos estatales fue hecha prevalido de su condición de congresista, pues no de otra manera podía entenderse que el particular llegara a ocupar un cargo público cuya provisión no le compete al señor Cipriano Moreno, como lo reconoció en el alegato escrito entregado al culminar la audiencia pública (fls. 289 a 294 cdno 2).

En el transcurso de la reunión sostenida en septiembre de 2014, según la versión rendida por el testigo, que insiste la Sala no fue desvirtuada, el representante a la Cámara manifestó tener las conexiones necesarias para los nombramientos ofrecidos a cambio del dinero.

Es claro, entonces, que la exigencia de dinero al particular y a la personera de Landázuri fue hecha precisamente con el propósito de gestionar, ante otros funcionarios, la designación de dichas personas en cargos públicos en las regionales del DPS y del SENA en el departamento del Guainía.

Frente al despliegue de esta conducta, comparte la Sala la conclusión a la cual llegó el agente del Ministerio Público en su intervención y en alegato presentado al final de la audiencia pública, según el cual el representante Cipriano Moreno, en ejercicio de su investidura, generó en los citados ciudadanos un convencimiento sobre la capacidad de gestionar aquellos nombramientos ante las entidades públicas.

En estas condiciones, estima la Sala que es clara la invocación de la condición de congresista hecha por el demandado para solicitar el aporte económico a cambio de conseguir los cargos públicos que podía ofrecer como intermediario ante los gobiernos nacional y seccional.

La petición de dinero al particular y a la funcionaria para la intermediación para los nombramientos en cargos públicos no puede considerarse una gestión adelantada por el parlamentario en favor del departamento del Guainía, por cuya circunscripción territorial fue elegido.

(iv) Que el beneficio pretendido por el congresista provenga de un asunto que el servidor público se encuentre conociendo o haya de conocer.

Según quedó explicado, el beneficio exigido por el congresista consistió en el dinero que solicitó a cambio de gestionar ante unos servidores públicos el nombramiento de unas personas en ciertos cargos públicos.

Aunque en el expediente no aparecen identificados los servidores públicos ante los cuales iba a adelantar las gestiones para la designación en los cargos, debe tenerse en cuenta que la solicitud hecha a dichas personas tenía como propósito específico dicha labor ante los titulares de las entidades públicas señaladas como parte del ofrecimiento.

Advierte la Sala que el tráfico de influencias queda estructurado a pesar de no haberse establecido el provecho que pretendía obtener el demandado, ya que lo que cuestiona esta causal no es la consecución del beneficio, en este caso económico, sino la irregularidad de la conducta puesta en marcha por quien ostenta un cargo representativo de elección popular en la más importante corporación pública de esta naturaleza.

Entonces, la eventual falta de materialización del provecho económico no tiene incidencia en la configuración de la actuación anómala adelantada a cambio de dinero, pues es suficiente que haya hecho prevalecer su condición para ofrecer la posibilidad de concretar los nombramientos en virtud de la labor que podía adelantar ante otros funcionarios de las entidades públicas ya referidas.

Concluye la Sala que la conducta llevada a cabo por el representante a la Cámara Cipriano Moreno configuró el tráfico de influencias, debidamente comprobado, pues utilizó su calidad de congresista para desplegar una actuación irregular y reprochable dirigida a gestionar el nombramiento en unos cargos en entidades públicas a cambio de un beneficio económico para su provecho personal.

Así, la Sala decretará la pérdida de investidura del demandado.

Al margen de lo anterior, la Sala precisa que a pesar de que los hechos que sustentan la decisión podrían ser constitutivos de infracción de la ley penal, se abstendrá de compulsar copias a la jurisdicción ordinaria por cuanto la conducta imputada al congresista ya está siendo objeto de investigación por parte de la Corte Suprema de Justicia (fl. 77 cdno 1).

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley

FALLA:

1. Decretar la pérdida de la investidura del representante a la Cámara Edgar Alexander Cipriano Moreno por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

2. Comuníquese esta decisión a la mesa directiva de la Cámara de Representantes, al Consejo Nacional Electoral y al Ministerio del Interior, para lo de su cargo.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Jorge Octavio Ramírez Ramírez, presidente, ausente con excusa—Hernán Andrade Rincón—Rocío Araújo Oñate, aclara voto—Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, aclara voto—Stella Jeannette Carvajal Basto—Milton Chaves García, aclara voto—Stella Conto Díaz Del Castillo, salva voto—María Elizabeth García González—William Hernández Gómez, aclara voto—Sandra Lisset Ibarra Vélez—César Palomino Cortés, aclara voto—Carlos Enrique Moreno Rubio—Ramiro Pazos Guerrero, aclara voto—Carmelo Perdomo Cuéter, ausente con excusa—Jaime Enrique Rodríguez Navas, salva voto—Danilo Rojas Betancourth, salva voto—Guillermo Sánchez Luque, salva voto—Hernando Sánchez Sánchez, aclara voto—Jaime Orlando Santofimio Gamboa, aclara voto—Roberto Augusto Serrato Valdés, salva voto—Gabriel Valbuena Hernández, ausente con excusa—Rafael Francisco Suárez Vargas, ausente con excusa—Marta Nubia Velásquez Rico, salva voto—Alberto Yepes Barreiro, aclara voto—Carlos Alberto Zambrano Barrera, aclara voto.

1 Constitución Política. ART. 184.—“La pérdida de la investidura será decretada por el Consejo de Estado de acuerdo con la ley y en un término no mayor de veinte días hábiles, contados a partir de la fecha de la solicitud formulada por la mesa directiva de la cámara correspondiente o por cualquier ciudadano”.

2 Constitución Política. ART. 237.—“Son atribuciones del Consejo de Estado:

(…).

5. Conocer de los casos sobre pérdida de la investidura de los congresistas, de conformidad con esta Constitución y la ley…”.

3 Ley 144 de 1994. ART. 1º—“El Consejo de Estado conocerá y sentenciará en única instancia los procesos relativos a la pérdida de la investidura de los congresistas a solicitud de la mesa directiva de la Cámara correspondiente o de cualquier ciudadano y por las causas establecidas en la Constitución”.

4 Ley 270 de 1996. ART. 37.—“De la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo tendrá las siguientes funciones especiales:

(…).

7. Conocer de los casos de la pérdida de investidura de los Congresistas, de conformidad con la Constitución y la ley. Las sentencias que ordenen la pérdida de la investidura deberán ser aprobadas por los miembros de la Sala Plena y por las causales establecidas taxativamente en la Constitución…”.

5 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. ART. 111.—Funciones de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. La Sala de lo Contencioso administrativo en pleno tendrá las siguientes funciones:

(…).

6. Conocer de la pérdida de investidura de los congresistas, de conformidad con el procedimiento establecido en la ley”.

6 Las causales de pérdida de investidura de los congresistas establecidas en el artículo 183 de la Constitución fueron reproducidas, como tales, por el artículo 296 de la Ley 5ª de 1992 (Reglamento del Congreso de la República).

7 La transcripción conserva las citas originales de pie de página.

8 Corte Constitucional, Sentencia SU-1159 de 2003. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

9 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 21 de agosto de 2012. Expediente: 110010315000201100254-00(PI). Actor: Jesús Enrique Vergara Barreto. Demandado: Representante a la Cámara Héctor Javier Vergara Sierra. C.P. Hernán Andrade Rincón.

10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de junio treinta (30) de 2015, expediente 11001-03-15-000-2013-00115-00 (PI), C.P. (E) Alberto Yepes Barreiro.

11 Artículo 110 de la Constitución. Al respecto puede verse Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de febrero veintitrés (23) de 2016, expediente 11001-03-15-000-2015-00102-00, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.

12 Artículo 110 de la Constitución Política.

13 Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de noviembre primero (1º) de 2016, expediente 11001-03-15-000-2015-01571-00, C.P. María Elizabeth García González.

14 Sentencia de Corte Constitucional C-319 de 14 de julio de 1994.

15 Sentencias de Sala Plena de 21 de febrero de 2012 (Exp. 2011-00497 (PI), Consejero ponente Alfonso Vargas Rincón), de 6 de mayo de dos mil catorce (2014), (Exp. 2013-00865 (PI), C.P. Enrique Gil Botero) y de 21 de junio de 2016 (Exp. 2013-01258-00 (PI), C.P. María Elizabeth García González).

16 Ibídem.

17 Ibídem.

18 Con excepción de la fotocopia de la denuncia penal, estos documentos corresponden a los mismos que fueron aportados por el congresista demandado junto con el resumen de su intervención en la audiencia pública celebrada el treinta y uno (31) de mayo del año en curso (fls. 295 a 302 cdno 2).

19 Según el reporte remitido por el jefe de la división de planeación y sistemas del Senado de la República, el señor Ruiz Céspedes registra dos (2) visitas programadas a la oficina del representante Cipriano Moreno los días veinticinco (25) de noviembre y tres (3) de diciembre de 2014 y otra cumplida el diecinueve (19) de enero de 2016 (fls.126 y 128 cdno 1).

20 No obstante, es importante tener en cuenta que en la grabación aportada con la demanda hizo referencia expresa al interés que tenía en el cargo en el consulado de San Fernando de Atabapo. (Cfr. cdno. 1).