Sentencia 2016-01504 de julio 7 de 2016

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Radicación: 11001-03-15-000-2016-01504-00

Consejera Ponente:

Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez

Referencia: Acción de Tutela

Actor: Linda Milena Troyano Carlosama y otros

Accionado: Tribunal Administrativo del Huila

Tema: Tutela contra providencia judicial – Defecto fáctico – Reparación directa – Exceso Ritual manifiesto - Indebida representación.

Decisión: Accede al amparo.

Bogotá D.C., siete de julio de dos mil dieciséis.

Fallo primera instancia

La Sala procede a decidir la acción de tutela(1) presentada por Linda Milena Troyano Carlosama, Yeni Natalia Troyano Carlosama y María Lourdes Motta en representación de sus nietos Eder Stiven Troyano Carlosama y Ángela Tatiana Troyano Carlosama, a través de apoderado judicial, contra el Tribunal Administrativo del Huila por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, igualdad y derechos de los niños, al proferir la providencia de 10 de diciembre de 2015, con la que revocó la decisión del A quo en el sentido de acceder a las pretensiones de la demanda de reparación directa interpuesta contra la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional pero declaró la falta de legitimación por activa respecto de los hijos de la víctima.

El escrito de tutela

Para una mejor comprensión del asunto, la Sala se permite resumir de la siguiente forma los supuestos fácticos y jurídicos planteados por la parte demandante(2):

Los actores manifestaron que el señor Eder Dilman Troyano Motta era hijo de la señora María Lourdes Motta Muñoz, hermano de María Cielo Troyano Motta y Nilton Yony Troyano Motta, compañero permanente de Florangela Carlosama y padre de Linda Milena Troyano Carlosama, Ángela Tatiana Troyano Carlosama, Eder Stiven Troyano Carlosama y Yeni Natalia Troyano Carlosama.

Señalaron que el señor Eder Dilman Troyano Motta era comerciante y con sus ingresos sostenía a su familia, más aun cuando su compañera permanente abandonó el hogar, sin embargo, sus hijos quedaron desprotegidos desde el 15 de septiembre de 2005 cuando fue asesinado por miembros del Ejército Nacional, razón por lo que quedaron bajo el cuidado y custodia de su abuela paterna.

Indicaron que la madre de la víctima y sus hermanos mencionados previamente otorgaron poder para iniciar proceso de reparación directa contra la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional con el fin de obtener el reconocimiento y pago de los perjuicios causados por la muerte del señor Eder Dilman Troyano Motta.

Destacó que el apoderado judicial incluyó a los menores de edad como demandantes y aportó los respectivos registros civiles que demostraban el parentesco con la víctima, así como certificación de la providencia en la que el juez competente nombró a la abuela como guardadora y representante legal(3), de tal manera que el Juzgado Quinto Administrativo de Neiva, a través de auto de 11 de julio de 2007, admitió la demanda y los reconoció como demandantes sin que la entidad demandada controvirtiera el mencionado proveído.

Contaron que después de surtirse el trámite correspondiente, el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión de Neiva, mediante providencia de 27 de junio de 2014, negó las súplicas de la demanda sin efectuar consideración alguna respecto a la legitimación por activa de los menores.

Relataron que la parte demandante interpuso recurso de apelación que fue desatado por el Tribunal Administrativo del Huila, a través de sentencia de 10 de diciembre de 2015, que revocó la decisión de primera instancia para acceder a las pretensiones del líbelo introductorio y ordenarle el pago de perjuicios a favor de la madre y los hermanos de la víctima pero excluir a los hijos menores con el argumento de que no tenían legitimación por activa.

Argumentaron que los derechos fundamentales invocados les fueron vulnerados, en la medida en que la corporación judicial accionada incurrió en vía de hecho por defecto fáctico en tanto se valoró de manera indebida el material probatorio que acreditaba la legitimación por activa de los hijos de la víctima y el análisis del juez de segunda instancia se centró en hechos que no fueron subsanados por el A quo en uso de sus facultades.

Pretensión

Como consecuencia de lo anterior, solicitó adicionar la sentencia de 10 de diciembre de 2015 proferida por el Tribunal Administrativo del Huila en el sentido de condenar a la entidad demandada a pagar los perjuicios causados a los hijos de la víctima conforme lo ha establecido el Consejo de Estado.

Actuación procesal de instancia

Mediante Auto de 24 de mayo de 2016(4), el despacho ponente del presente asunto admitió la acción de tutela ejercida por Linda Milena Troyano Carlosama y otros, a través de apoderado judicial, contra el Tribunal Administrativo del Huila por lo que ordenó su notificación como demandados; y como terceros interesados a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, de conformidad con lo establecido en el artículo 13 y concordantes del Decreto 2591 de 1991.

Igualmente, de acuerdo a las disposiciones de los artículos 21 y 22 Ibídem., se solicitó a la oficina de apoyo judicial de los Juzgados Administrativos de Neiva enviar copia del expediente en el que se tramitó el proceso de reparación directa promovido por la señora María Lourdes Motta Muñoz y otros contra la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, con radicado 2007-00211.

Informes rendidos en el proceso

Durante el término de traslado concedido a través del auto admisorio de la demanda, ninguna de las partes se pronunció respecto a los supuestos fácticos y jurídicos que hacen parte del escrito introductorio.

Consideraciones

Con el fin de resolver la presente acción de tutela, en esta providencia se tratarán los siguientes aspectos: competencia; problema jurídico; procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; decisión cuestionada y el caso concreto.

Competencia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el numeral 2º del artículo 1º del Decreto 1382 de 2000(5), en cuanto estipula que: “Cuando la acción de tutela se promueva contra un funcionario o corporación judicial, le será repartida al respectivo superior funcional del accionado (…)” esta Sala es competente para conocer de la presente acción constitucional contra el Tribunal Administrativo del Huila por haber proferido la providencia de 10 de diciembre de 2015.

Problema jurídico

En el presente asunto el problema jurídico consiste en determinar si la acción de tutela es procedente para cuestionar la providencia de 10 de diciembre de 2015, proferida por la corporación judicial accionada.

Solo de superar el anterior derrotero, se procederá a establecer si el Tribunal Administrativo del Huila vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia e igualdad de Linda Milena Troyano Carlosama, Ángela Tatiana Troyano Carlosama, Eder Stiven Troyano Carlosama y Yeni Natalia Troyano Carlosama al haber proferido la providencia de 10 de diciembre de 2015, por incurrir, presuntamente, en vía de hecho por defecto fáctico en tanto se valoró de manera indebida el material probatorio que acreditaba la legitimación por activa de los hijos de la víctima y el análisis del juez de segunda instancia se centró en hechos que no fueron subsanados por el A quo en uso de sus facultades.

Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales

Sobre el particular, tanto la Corte Constitucional(6) como esta corporación(7), inicialmente consideraron que la acción de tutela no procedía contra providencias judiciales. Posición que fue variada por la Corte al aceptar la procedencia excepcional y restringida del referido mecanismo constitucional de comprobarse la existencia de una vía de hecho y de un perjuicio irremediable(8), y por parte de algunas Secciones del Consejo de Estado, cuando se evidenciara la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia(9). Posteriormente, en la Sentencia C-590 de 2005(10) la Corte Constitucional(11) reiteró la procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, pero supeditada ya no a la existencia de una vía de hecho, sino a la verificación de unos requisitos de forma(12) y de procedencia material(13) fijados(14) por la misma Corte(15). Por su parte, el Consejo de Estado, en sentencia de 31 de julio de 2012, con ponencia de la Consejera María Elizabeth García González(16), finalmente aceptó que la acción de tutela es procedente contra una providencia judicial, “cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales”.

Requisitos de procedencia general

En el presente asunto, concretamente de las pruebas allegadas al expediente, se evidencia que: a) La cuestión que se discute tiene relevancia constitucional, b) Se agotaron los medios ordinarios de defensa judicial existentes, c) La tutela se interpuso dentro de un término razonable, y d) Dentro del escrito de tutela se expresaron de manera clara los hechos y argumentos que llevan a la entidad actora a atacar por esta vía la providencia judicial, proferida dentro de una acción de cumplimiento.

Por lo anterior, la Sala encuentra superados los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela y, en consecuencia, sin encontrar causal de nulidad que invalide lo actuado, procederá a efectuar el estudio del fondo del asunto planteado.

Vicios de fondo

Adicionalmente si la tutela contra la providencia judicial puesta en conocimiento del Juez Constitucional, supera las causales anteriores, éste, para poder revocarla, deberá establecer la presencia de alguno de los siguientes defectos o vicios de fondo(17): a) Defecto orgánico, b) Defecto procedimental absoluto, c) Defecto fáctico, d) Defecto material o sustantivo, e) Error inducido, f) Decisión sin motivación, g) Desconocimiento del precedente, h) Violación directa de la Constitución.

Del caso concreto

De lo referente al defecto fáctico argumentado por la parte actora y su adecuación al procedimental por exceso ritual manifiesto en uso de la facultad de interpretación del juez constitucional

Es preciso indicar que la parte actora hizo uso de este mecanismo constitucional con el fin de dejar sin efectos la providencia de 10 de diciembre de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, pues presuntamente, incurrió en vía de hecho por defecto fáctico.

Esto en síntesis porque se valoró de manera indebida el material probatorio que acreditaba la legitimación por activa de los hijos de la víctima y el análisis del juez de segunda instancia se centró en hechos que no fueron subsanados por el A quo en uso de sus facultades.

Una vez establecido el motivo de inconformidad expuesto por la parte tutelante y contrastado con los supuestos fácticos que hacen parte de la controversia planteada, pese a que se encaminó el reclamo constitucional bajo el derrotero de un posible defecto fáctico en la providencia cuestionada, es necesario precisar que el juez de tutela, en uso de la facultad de interpretación que le asiste al juez de tutela, evidencia que debe realizar al análisis del caso concreto desde la óptica del defecto procedimental, en la medida en que en el presente asunto se observa que los jueces de conocimiento incurrieron en un error durante el trámite del sub lite que pudo haber afectado los bienes ius fundamentales de la parte actora, razón por la que es necesario referirnos al concepto y alcance del denominado defecto procedimental para analizar los cargos formulados por la parte actora frente a la decisión judicial cuestionada.

Defecto procedimental

Tal como se afirma de los defectos sustantivo, fáctico y orgánico, el defecto procedimental fue concebido por la Corte Constitucional desde la Sentencia T-231 de 1994 como causal de vía de hecho en una providencia judicial. Desde entonces, el defecto procedimental absoluto es entendido como aquél en el que el juez ordinario adelanta el asunto bajo una cuerda procesal equivocada u omite el curso de una etapa del trámite, en perjuicio del derecho al debido proceso.

A partir de la Sentencia T-1306 de 2001(18), empero, la Corte Constitucional consideró que este defecto no solo podía ser absoluto, sino presentarse por un exceso ritual manifiesto(19), producto de una indebida preferencia por las formas procesales en perjuicio del derecho al acceso a la administración de justicia, a la prevalencia del derecho sustancial y a la pretensión de corrección de las decisiones judiciales, en la consecución de la justicia material y la garantía de los derechos fundamentales(20).

La procedencia de este defecto, en todo caso, exige que el afectado haya alegado el yerro a través de la instancia ordinaria, de haber estado en la posibilidad de hacerlo; que la violación tenga una entidad suficiente para afectar la decisión; y, que lesione bienes ius fundamentales(21).

De las actuaciones surtidas al interior del proceso ordinario

De las pruebas obrantes en el expediente que contiene el proceso de reparación directa promovido por María Lourdes Motta Muñoz, en nombre propio y en representación de su nietos menores Linda Milena Troyano Carlosama, Ángela Tatiana Troyano Carlosama Eder Stiven Troyano Carlosama y Yeni Natalia Troyano Carlosama, y los señores Nilton Yony Troyano Motta y María Cielo Troyano Motta contra la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional con radicado 2011-00211, se observa que la parte demandante solicitó declarar administrativamente responsable a la entidad demandada por el daño y los perjuicios ocasionados a cada uno de los demandantes como consecuencia de la muerte del señor Eder Dilman Troyano Motta en hechos acaecidos el 15 de septiembre de 2005, cuando fue asesinado por miembros del Ejército Nacional.

Se aportó como pruebas los registros civiles de nacimiento de los menores mencionados, así como certificación del Juzgado Primero Promiscuo de Familia en el que designó como guardadora de sus bienes a su abuela paterna y poder suscrito por la señora María Lourdes Motta Muñoz, entre otros(22).

Posteriormente, una vez admitida la demanda, a través de auto de 11 de julio de 2007, y contestada, además de realizarse el trámite de las respectivas excepciones formuladas por la parte demandada, el Juzgado Quinto Administrativo de Neiva, conforme a lo establecido en el artículo 209 del Código Contencioso Administrativo en proveído de 21 de octubre de 2009, abrió a pruebas el proceso, teniendo como tales los documentos aportados por las partes y decretó las solicitadas(23).

Durante el trámite de pruebas, conforme a la constancia secretarial de 16 de agosto de 2011(24), el expediente fue remitido al Juzgado Primero Administrativo de Descongestión de Neiva, despacho judicial que avocó el conocimiento y, a través de auto de 16 de septiembre de 2011(25), posteriormente, cerró el término probatorio y corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para que presentaran alegatos de conclusión, de acuerdo al artículo 210 del Código Contencioso Administrativo sin que las partes interpusieran recurso alguno para controvertir las pruebas recaudadas, conforme obra en el contenido del proveído de 3 de marzo de 2014(26).

Así, surtidas las actuaciones pertinentes, el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión de Neiva profirió la Sentencia de 27 de junio de 2014 en la que declaró probada la excepción de culpa exclusiva de la víctima formulada por la entidad demandada, en consecuencia, negó las pretensiones de la demanda, con lo siguientes argumentos(27):

Después de establecer que el problema jurídico se contraía a determinar si la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional era responsable por la muerte violenta del señor Eder Dilman Troyano Motta se refirió a la legitimación de la siguiente manera:

“(…) Frente a la señora María Lourdes Motta Muñoz, fue allegado al plenario copia auténtica del registro de nacimiento del señor Elder Dilman Troyano Motta, con la que se tiene acreditada la calidad de madre de la víctima.

Respecto a la calidad en la que concurren los menores Eder Stiven Troyano Carlosama, Yeni Natalia Troyano Carlosama, Ángela Tatiana Troyan

O Carlosama, Linda Milena Troyano Carlosama, se allegó copia de los registros civiles de nacimiento de cada uno de los menores, con los cuales se acredita la calidad de hijos del occiso.

Por último, en relación con los señores Maria Cielo Troyano Motta y Nilton Yony Troyano Motta, se tiene que con la demanda fue aportada copia autentica de los registros civil de nacimiento de cada uno de los mencionados señores, con lo cual se encuentra acreditada la calidad de hermanos de la víctima (…)”.

Posteriormente, después de valorar el material probatorio obrante en el expediente concluyó que no se demostraron los elementos que configuran la responsabilidad del Estado, debido a que el daño ocurrió como consecuencia del ataque del que fueron víctimas miembros del Ejército Nacional. Lo anterior, debido a que dio por probado que la víctima estaba incurriendo en un hecho delictivo y al ser sorprendido por los miembros del Ejército Nacional, este los atacó con un arma de fuego.

Inconforme con la decisión de primera instancia, la parte demandante presentó recurso de apelación en el que argumentó que las pruebas no fueron analizadas en su conjunto, en la medida en que aquellas daban cuenta que se trató de una ejecución extrajudicial y no una situación en la que se presentara culpa exclusiva de la víctima al atacar a los miembros del Ejército Nacional que le dieron de baja(28).

Lo que dijo la decisión que se censura

— El Tribunal Administrativo del Huila, mediante Sentencia de 10 de diciembre de 2015, revocó la providencia de 27 junio de 2014 y, en su lugar, accedió a las pretensiones de la demanda pero declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa respecto a los hijos de la víctima, con sustento en los siguientes motivos(29):

Manifestó que la sentencia de primera instancia debía revocarse, en atención a que se acreditó la falla en el servicio en la que incurrió el Ejército Nacional, en la medida en que se realizó un uso excesivo de la fuerza al asesinar a la víctima de los hechos, desatendiendo el deber de capturarlo y someterlo, en el entendido de presentarse alguna tacha respecto a la persona.

En lo relacionado con la legitimación en la causa de los menores hijos de la víctima, sostuvo:

“(…) Respecto a los demandantes Lida Milena Troyano Carlosama, Ángela Tatiana Troyano Carlosama, Eder Stiven Troyano Carlosama y Yeni Natalia Troyano Carlosama, el despacho se abstendrá de otorgar reconocimiento monetario alguno por cuanto como fue posible corroborarlo del memorial de poder visto a folio 13 del cuaderno principal 1, la señora María Lourdes Motta confirió facultades a su apoderado judicial exclusivamente para adelantar el trámite contencioso en su propio nombre y con el propósito de obtener el reconocimiento y pago de sus propios perjuicios, razón por la cual debe entenderse que el apoderado carece de poder o facultades para demandar por las citadas personas, lo que de suyo implica en términos procesales la falta de legitimación en la causa por activa, misma que será declarada en esta providencia en atención a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 164 del Decreto 1 de 1984”.

De la solución planteada al caso concreto

Una vez precisadas las actuaciones surtidas al interior del proceso de reparación directa cuestionado en sede de tutela por Linda Milena Troyano Carlosama y otros, se reitera que aun cuando la parte tutelante no argumentó específicamente la configuración de un defecto procedimental, en razón a que el juez de tutela debe prescindir de formalidades especiales con el fin de proteger los derechos fundamentales de las personas dando prevalencia al derecho sustancial(30) y por las circunstancias particulares del presente caso que permiten entrever una posible afectación de los derechos al acceso a la administración de justicia y al debido proceso de los actores, el análisis deberá encaminarse a examinar la posible existencia del defecto señalado.

En este orden de ideas, debemos comenzar por establecer que la Constitución Política, en su artículo 228, dispuso que la administración de justicia es una función pública, relacionada directamente con los fines del Estado consagrados en el artículo 2º ibídem, pues solo en la medida en que se garantice a los integrantes del país una instancia imparcial, objetiva y efectiva encargada de la resolución pacífica de sus conflictos se puede pretender la consecución de una república democrática y respetuosa de la dignidad humana.

Atendiendo a dicho enfoque, la administración de justicia no se quedó como un mero servicio a cargo del Estado sino que goza de otra dimensión, de naturaleza subjetiva, esto es, es un derecho fundamental radicado en cabeza de todos los habitantes del país. Al respecto, el artículo 229 de la Carta Fundamental, dispone:

“(…) Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. (…)”.

A su turno, debe afirmarse que la protección previamente citada también encuentra sustento en instrumentos internacionales, en los cuales se ha consagrado el derecho a un recurso judicial efectivo (art. 25 CADH – Pacto de San José). Ahora bien, el derecho al acceso a la administración de justicia no es una mera máxima dentro de nuestra Constitución, sino que encuentra contenido y significado concreto en aspectos tales como la consecución de la justicia material y la pretensión de corrección de las decisiones judiciales.

Por su parte, en desarrollo del derecho fundamental al acceso a la administración de justicia, el Legislador expidió la Ley 270 de 1996(31), que en sus artículos 1º, 2º y 3º(32) dispuso los principios orientadores que deben observarse para garantizar la prestación del servicio con eficacia, eficiencia y prevalencia del derecho de defensa en todas las actuaciones judiciales y administrativas.

Así, partiendo de tal premisa, en el presente asunto se evidencia que la tesis expuesta por el Ad quem es vulneratoria del referido derecho fundamental, en la medida en que, si bien es cierto aquel se fundamentó en las facultades que le otorga el artículo 164(33) del Código Contencioso Administrativo(34) para declarar la falta de legitimación en la causa respecto a los hijos menores de la víctima por un presunto error en el diligenciamiento de un poder que afectaba su derecho de comparecencia pese a que el juez de primera instancia la avaló, no se puede desconocer que tal conclusión subvirtió la prevalencia del derecho sustancial y la verdad material sobre las formas, en tanto era innegable que los hijos de la víctima, cuya madre los abandonó y se desconoce su actual paradero, fueron quienes resultaron mayormente afectados con la muerte de su padre, el cual les procuraba su sustento, de tal forma que la protección constitucional reforzada de la que eran sujetos para esa época fue vulnerada no solo con la situación fáctica referida sino también con la decisión del juez de lo contencioso administrativo.

Al respecto, debe advertirse que si la demanda presentada carecía de los requisitos legales como en este caso en el que se evidencia una indebida representación y no una falta de legitimación, esta no es una carga que solo debía ser asumida por la parte demanda sino que, por el contrario, es una responsabilidad compartida con el juez del asunto que, en uso de los poderes que le asisten(35), debe procurar tomar las determinaciones que estén a su alcance para el saneamiento procesal, llamado también como principio de expurgación(36), el cual es a su vez una materialización de los principios de eficiencia, efectiva tutela judicial, congruencia y economía procesal. De tal manera, en el proceso ordinario objeto de examen, aquél debió inadmitir la demanda y conceder el término legal para enmendar la falencia encontrada, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 143 del Código Contencioso Administrativo(37).

Sobre todo cuando en el expediente del proceso ordinario se observa que: i) los menores de edad fueron relacionados en el contenido del escrito de demanda, ii) que junto con el escrito inicial fueron aportados sus registros civiles de nacimiento, así como la sentencia proferida por el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Garzón en la que se reconoció a la abuela, es decir la señora María Lourdes Motta Muñoz, como su guardadora y representante legal, y iii) al contestar el líbelo introductorio el Ejército Nacional no manifestó nada al respecto ni propuso excepciones con el fin de que aquellos fueran excluidos como demandantes, de manera que el A quo pudo haber advertido tal situación a fin de procurar la protección de bienes superiores como los derechos que le asistían a la demandante, especialmente los menores para la época en virtud de su condición de sujetos de especial protección, de conformidad con lo establecido en el artículo 37 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por remisión expresa del artículo 267 del Código Contencioso Administrativo.

Al respecto, cabe resaltar que la conclusión a la que arribó el Tribunal Administrativo del Huila riñe a todas luces con el trámite surtido por el juez de primera instancia, máxime si se tiene en cuenta que este último consideró que los menores de edad estaban debidamente legitimados en la causa.

Lo anterior, teniendo en cuenta que la parte actora pretendía que se condenara al Ejército Nacional a reconocerle los perjuicios causados por la muerte del señor Eder Dilman Troyano Motta y para tal propósito en la demanda incluyó a aquellos sujetos que fueron directamente afectados con los documentos que consideró pertinentes para acreditar el parentesco y, a su vez, la capacidad para ser parte, de lo cual se derivaba claramente que el objetivo primordial era la reparación de los menores que quedaron desprotegidos y en una situación de orfandad.

Igualmente, es preciso indicar que, en virtud del principio iura novit curia(38), el juez debe efectuar un razonamiento del caso concreto en estudio para determinar el problema jurídico planteado de acuerdo a los hechos reales del asunto y la normativa aplicable; en consecuencia, tiene la obligación de aplicar el derecho, independientemente del invocado por las partes y, así mismo, subsanar situaciones procesales que pueden terminar afectando los derechos fundamentales, como en este caso, de menores de edad que deben prevalecer en cualquier ponderación.

Así pues, debe aclararse que el cumplimiento de las formas propias de cada juicio no puede servir de excusa para que el juez desconozca la prevalencia del derecho sustancial que impone que las primeras sirvan como medio para efectivizar los derechos de las partes en los procesos. De tal forma, en asuntos tan particulares como el que es objeto de análisis, la autoridad judicial de conocimiento incurre en un exceso ritual manifiesto que vulnera bienes ius fundamentales por dar mayor prelación a requisitos puramente formales.

Por lo expuesto, considera la Sala que el hecho de que los jueces de conocimiento en el proceso ordinario cuestionado no advirtieran una situación de indebida representación por falta de capacidad para comparecer, más no de legitimación para ser parte en la causa, en la etapa procesal pertinente no puede ser una carga asumida exclusivamente por la parte demandante; razón por la cual, la violación de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia debe darse por acreditada.

Así las cosas, la Sala accederá a tutelar los derechos fundamentales invocados por la parte accionante ante la comprobación del defecto procedimental; y, en consecuencia, ordenará al Tribunal Administrativo del Huila que dentro de la acción de reparación directa interpuesta por María Lourdes Mota Muñoz y otros contra la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional efectúe un nuevo pronunciamiento dando por acreditada la capacidad para comparecer al proceso de Linda Milena Troyano Carlosama, Yeni Natalia Troyano Carlosama, Eder Stiven Troyano Carlosama y Ángela Tatiana Troyano Carlosama, menores de edad para el momento en el que se presentó la demanda de reparación directa.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por autoridad de la ley,

FALLA

1. TUTELAR el derecho al debido proceso y acceso a la administración de justicia de Linda Milena Troyano Carlosama, Yeni Natalia Troyano Carlosama, Eder Stiven Troyano Carlosama y Ángela Tatiana Troyano Carlosama vulnerados por el Tribunal Administrativo del Huila al haber proferido la sentencia de 10 de diciembre de 2015 dentro de la acción de reparación directa incoada contra la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. DEJAR SIN EFECTOS la Sentencia de 10 de diciembre de 2015 proferida por el Tribunal Administrativo del Huila. En consecuencia, ORDENAR a la referida Corporación Judicial que, dentro de los 10 días siguientes a la notificación de esta providencia, emita una decisión de reemplazo, tomando como referente los argumentos expuestos en la parte motiva de esta providencia.

3. NOTIFICAR esta providencia por telegrama o por el medio más expedito de conformidad con lo dispuesto por el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991, para los fines ahí contemplados.

4. En acatamiento de las disposiciones del artículo 31 ibídem, DE NO SER IMPUGNADA dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación de la providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Consejeros: Sandra Lisset Ibarra Vélez—William Hernández Gómez (E)—Carmelo Perdomo Cuéter.

1 El proceso de la referencia subió al despacho con informe de secretaría general de la corporación de 28 de junio de 2016.

2 Fls. 1 a 19.

3 La abuela de los menores, María Lourdes Mota Muñoz inició el respectivo proceso para que fuera designada como curadora o representante legal de los menores por lo que el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Garzón – Huila, mediante sentencia de 17 de noviembre de 2006, accedió a las pretensiones de la demandante y aquella decisión judicial fue aportada al proceso de reparación directa.

4 Visible de folios 95 y 96 vto. del cuaderno principal.

5 Por medio del cual se establecen competencias para el reparto de la acción de tutela.

6 En Sentencia C-543 de 1992, proferida con ocasión del análisis de constitucionalidad de los artículos 11, 12, 25 y 40 del Decreto-Ley 2591 de 1991, la Corte sostuvo, que atendiendo al querer del Constituyente, a la naturaleza subsidiaria de la acción de tutela y a la preservación de valores supremos como la seguridad jurídica, cosa juzgada y autonomía judicial, la tutela no era procedente cuando tuviera por objeto cuestionar providencias judiciales.

7 La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, mediante decisión de 29 de enero de 1992 (AC-009) con ponencia de la Consejera Dolly Pedraza de Arenas, consideró que la acción de tutela era improcedente contra providencias judiciales, inaplicando para el efecto lo establecido en los artículos 11 y 40 del Decreto 2591 de 1991. Esta tesis fue reiterada por la misma Sala Plena mediante sentencias de 3 de febrero de 1992 con ponencia del Consejero Luis Eduardo Jaramillo Mejía (AC-015), 14 de octubre de 1993 con ponencia del Consejero Libardo Rodríguez (AC-1247) y 29 de junio de 2004 con ponencia del Dr. Nicolás Pájaro Peñaranda (AC-10203).

8 Ver sobre el particular las sentencias T-483 de 1997, T-204 de 1998, T-766 de 1998 y SU-563 de 1999.

9 Al respecto ver, entre otras, las siguientes Sentencias: Sección Primera, de 9 de julio de 2004, Exp.: 2004-00308; y, Sección Segunda – Subsección A, de 27 de mayo de 2010, Exp.: 2010-00559.

10 Sentencia en la que se analizó la legalidad del artículo 185 de la Ley 906 de 2004.

11 Al respecto ver, entre otras, las Sentencias T-1009 de 1999, SU-1031 de 2001, SU-1184 de 2001, SU-159 de 2002, T-774 de 2004.

12 También denominados requisitos generales de procedencia, y que son: i. Que el asunto tenga relevancia constitucional; ii. Que se hayan agotado los medios ordinarios y extraordinarios de defensa; iii. Que se cumpla con el requisito de inmediatez; iv. Que si se trata de una irregularidad procesal tenga efecto decisivo o determinante en la sentencia y afecte los derechos fundamentales; v. Que el interesado exponga los hechos que generan la vulneración o amenaza de sus derechos y que, además y de haber sido posible, hubiera alegado esta situación en el proceso; y, vi. Que no se trate de sentencias de tutela.

13 También llamados requisitos generales de procedibilidad y que hacen referencia a la configuración de uno o varios de los siguientes defectos: i. Sustantivo o material; ii. Fáctico; iii. Orgánico; iv. Procedimental; vi. Desconocimiento del precedente; vii. Error inducido; viii. Ausencia de motivación; o, ix. Violación directa de la Constitución.

14 Sobre la descripción de requisitos de forma y materiales ver la Sentencia T-007 de 2013.

15 Al respecto ver lo sostenido en las sentencias C-590 de 2005, T-102 de 2006, T-377 de 2009 y T-178 de 2012. También es importante resaltar que ya en la Sentencia SU-014 de 2001 la Corte consideró la necesidad de superar dicho concepto y dar paso a lo que, posteriormente, se denominó error inducido (Sentencia T-462 de 2003).

16 Emitida en el expediente 110010315000200901328 01.

17 a) Defecto orgánico: Que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece absolutamente de competencia. b) Defecto procedimental absoluto: Que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido. c) Defecto fáctico: Que surge cuando el Juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. d) Defecto material o sustantivo: Cuando se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión. e) Error inducido: Se presenta cuando el Juez fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales. f) Decisión sin motivación: Que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones. g) Desconocimiento del precedente: Según la Corte Constitucional, en estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. h) Violación directa de la Constitución: Cuando la decisión judicial supera el concepto de vía de hecho, es decir, en eventos en los que si bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta, si se trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales.

18 Línea que ha venido consolidándose, entre otras, a través de las Sentencias T-974 de 2003, T-973 de 2004, T-264 de 2009, T-599 de 2009, T-950 de 2011 y T-213 de 2012.

19 Desde esta concepción del defecto es clara la tensión entre los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, tensión que debe abordarse desde la concepción de dichos bienes como mandatos de optimización, lo que permite su ponderación en cada caso en concreto para la satisfacción de los derechos fundamentales involucrados en cada caso en concreto.

20 En esta decisión, el defecto se definió como: “(…) aquel que se deriva de un fallo en el cual haya una renuncia consciente de la verdad jurídica objetiva evidente en los hechos, por extremo rigor en la aplicación de las normas procesales convirtiéndose así en una inaplicación de la justicia material (…)”.

21 Al respecto, en la Sentencia T-213 de 2012, reiterando para el efecto la línea jurisprudencial consolidada sobre este aspecto, sostuvo que la prosperidad del defecto se sujetaba a: “(…)“(i) (Q)ue no haya posibilidad de corregir la irregularidad por ninguna otra vía, de acuerdo con el carácter subsidiario de la acción de tutela; (ii) que el defecto procesal tenga una incidencia directa en el fallo que se acusa de ser vulneratorio de los derechos fundamentales; (iii) que la irregularidad haya sido alegada al interior del proceso ordinario, salvo que ello hubiera sido imposible, de acuerdo con las circunstancias del caso específico; y (iv) que como consecuencia de lo anterior se presente una vulneración a los derechos fundamentales. (…)”.

22 Folios 1 a 11 del expediente con radicado 2011-00211.

23 Folios 74 y 75 del expediente Ibídem.

24 Folio 130.

25 Folio 132.

26 Folio 270.

27 Fls. 293 a 307 del expediente ibídem.

28 Folios 318 a 332 del expediente ibídem.

29 Folios. 29 a 45 vto. del cuaderno de apelación del expediente Ibídem.

30 De conformidad con los principios que orientan la acción de tutela y el restablecimiento inmediato, establecidos en los artículos 3º y 18 del Decreto 2591 de 1991.

31 Ley Estatutaria de la administración de justicia.

32 “(…) La administración de justicia es la parte de la función pública que cumple el Estado encargada por la Constitución Política y la ley de hacer efectivos los derechos, obligaciones, garantías y libertades consagrados en ellas, con el fin de realizar la convivencia social y lograr y mantener la concordia nacional. (…)” “(…) El Estado garantiza el acceso de todos los asociados a la administración de justicia. Será de su cargo el amparo de pobreza y el servicio de defensoría pública. En cada municipio habrá como mínimo un defensor público. (…)” “(…) En toda clase de actuaciones judiciales y administrativas se garantiza, sin excepción alguna, el derecho de defensa, de acuerdo con la Constitución Política, los tratados internacionales vigentes ratificados por Colombia y la ley. Los estudiantes de derecho pertenecientes a los consultorios jurídicos de las universidades debidamente reconocidas por el Estado podrán ejercer la defensa técnica con las limitaciones que señale la ley, siempre y cuando la universidad certifique que son idóneos para ejercerla. (…)”.

33 En todos los procesos podrán proponerse las excepciones de fondo en la contestación de la demanda cuando sea procedente, o dentro del término de fijación en lista, en los demás casos.
En la sentencia definitiva se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador encuentre probada.
Son excepciones de fondo las que se oponen a la prosperidad de la pretensión.
El silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas la excepciones de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la “reformatio in pejus”.

34 Norma bajo la cual se tramitó el proceso ordinario cuestionado en sede de tutela.

35 Artículo 37.—Deberes del juez. Artículo derogado por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1º de enero de 2014, en los términos del numeral 6) del artículo 627” “Artículo modificado por el artículo 1º, numeral 13 del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:” Son deberes del juez:
1. Dirigir el proceso, velar por su rápida solución, adoptar las medidas conducentes para impedir la paralización y procurar la mayor economía procesal, so pena de incurrir en responsabilidad por las demoras que ocurran.
2. Hacer efectiva la igualdad de las partes en el proceso, usando los poderes que este Código le otorga.
(…)
4. Emplear los poderes que este Código le concede en materia de pruebas, siempre que lo considere conveniente para verificar los hechos alegados por las partes y evitar nulidades y providencias inhibitorias (…).

36 Al respecto puede consultarse al tratadista Alexander Rioja Bermúdez en su obra “Código Procesal Constitucional”, Editorial Rodhas, 2006. Lima, Perú. Dice el autor, citando el artículo Elementos de Derecho Procesal Civil, publicado por el profesor de la Universidad de Múnich, Wilgelm Kish, en 1940 en Madrid, en la Revista de Derecho Privado: “El saneamiento tiene por finalidad obligar al juez a ‘purgar’ el proceso de obstáculos procedimentales, constituye un mecanismo concentrado, posibilitando de esta manera, que el objeto del proceso pueda ingresar a la etapa probatoria y posteriormente a la decisoria, encontrándose así la causa purificada y excluida de cualquier irregularidad, lo cual fácilmente podrá ser realizado mediante un auto sin necesidad de convocar a audiencia alguna”. La cita fue extraída de la siguiente dirección web: “http://blog.pucp.edu.pe/item/75159/el-saneamiento-procesal-necesaria-eliminacion-de-la-audiencia”.

37 “(…) Se inadmitirá la demanda que carezca de los requisitos y formalidades previstos en los artículos anteriores y su presentación no interrumpe los términos para la caducidad de la acción.
No obstante, si la demanda se presenta dentro del término de caducidad, el ponente, por auto susceptible de reposición, expondrá los defectos simplemente formales para que el demandante los corrija en un plazo de cinco (5) días. Si así no lo hiciera, se rechazará la demanda.
Se rechazará de plano la demanda cuando haya caducado la acción (…)”.

38 Al respecto consultar: las sentencias T-346 de 2012 y C-644 de 2011 de la Corte Constitucional y las sentencias de 30 de enero de 2013 proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, C.P. Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, radicado No. 1998-01798-01, actor: Instituto de Seguros Sociales Seccional de Valle del Cauca y la sentencia de 17 de abril de 2013 proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, C.P. Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera, radicado 1998-01486-01, actor: Graciela Sánchez de Ramírez.