Sentencia 2016-01700 de agosto 29 de 2017.

CONSEJO DE ESTADO.

SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

Rad.: (PI) 11001-03-15-000-2016-01700-00.

Demandante: Leonardo González Márquez.

Demandado: Edward David Rodríguez Rodríguez.

Consejero Ponente:

Dr. Milton Chaves García.

Bogotá D.C., veintinueve de agosto de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones.

Competencia.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de conformidad con lo establecido en los artículos 184 y 237, numeral 5, de la Constitución Política; 1º de la Ley 144 de 1994 y 37, numeral 7, de la Ley 270 de 1996, es competente para decidir la solicitud de pérdida de investidura del representante a la Cámara Edward David Rodríguez Rodríguez, formulada por el ciudadano Leonardo González Márquez.

Acreditación de la calidad de congresista.

El literal b del artículo 4 de la Ley 144 de 1994 indica entre los requisitos que debe contener la demanda de pérdida de la investidura, el de “la acreditación expedida por la Organización Electoral Nacional”. Pese a la claridad de este texto, no se puede concluir que el único medio de prueba para certificar dicha calidad sea una específica certificación originada en la organización electoral, por cuanto existen otros documentos para demostrar dicha condición.

Tal calidad se encuentra acreditada mediante fotocopia de la declaración de elección para la Cámara de representantes por la circunscripción de Bogotá, D.C., proferida por la Comisión Nacional Electoral E-26-CAM, en el que se declara electo como representante al señor Edward David Rodríguez Rodríguez, por el movimiento político Centro Democrático(17). Además, el demandado anexó copia del carnet que lo acredita como representante a la Cámara(18).

Problema jurídico.

El accionante solicitó la pérdida de investidura del representante a la Cámara Edward David Rodríguez Rodríguez por las causales de hacer contribuciones a los partidos, movimientos o candidatos, o inducir a otros a que lo hagan y tráfico de influencias debidamente comprobado, las cuales se encuentran previstas en los artículos 110 y 183 numeral 5º de la Constitución Política, con el siguiente tenor literal:

“ART. 110.—Se prohíbe a quienes desempeñen funciones públicas hacer contribución alguna a los partidos, movimientos o candidatos, o inducir a otros a que lo hagan, salvo las excepciones que establezca la ley. El incumplimiento del cualquiera de estas prohibiciones será causal de remoción del cargo o de pérdida de la investidura” (se adicionan negrillas).

ART. 183.—Los congresistas perderán su investidura:

[...].

5. Tráfico de influencias debidamente comprobado”.

Siendo este el marco normativo que el actor considera trasgredido y con fundamento en el cual soporta la solicitud de pérdida de investidura, la Sala reduce su análisis al estudio de la configuración de dichas causales, tarea que efectúa de forma separada.

Características de la pérdida de investidura.

Conforme sostiene la jurisprudencia constitucional, la pérdida de investidura es un proceso de carácter sancionatorio(19) con características especiales que lo distinguen de otros regímenes de responsabilidad de los servidores públicos(20), así como también, de los procesos penales(21), electorales(22), de responsabilidad fiscal e, incluso, del proceso disciplinario realizado por la administración pública(23), por lo que la Corte Constitucional ha señalado en relación con la naturaleza de dicha acción lo siguiente:

“[...] se trata de un verdadero juicio de responsabilidad política que culmina con la imposición de una sanción de carácter jurisdiccional...por la trasgresión del estricto código de conducta previsto para los miembros de las corporaciones representativas. Consiste por lo tanto en un proceso jurisdiccional, de carácter sancionatorio, el cual culmina —en el caso que se comprueba la trasgresión de una de las causales legalmente previstas— con la imposición de una sanción que constituye una sanción equiparable, por sus efectos y gravedad, a la destitución de los altos funcionarios públicos”(24).

El Consejo de Estado ha adoptado una postura conceptual en similar sentido, desde donde se ha resaltado el carácter sancionatorio especial de la pérdida de investidura, por lo que ha dicho que se trata de “una acción de tipo punitivo, especial...que tiene por objeto general el de favorecer la legitimidad del Congreso de la República mediante la finalidad específica de sancionar conductas contrarias a la transparencia, a la probidad y a la imparcialidad”(25) en que pudieran incurrir los congresistas.

También precisó que(26): “...el juicio(27) o proceso de pérdida de investidura de los congresistas es de naturaleza ética(28) —pues está orientado a “dignificar y enaltecer la calidad de los representantes del pueblo en las corporaciones públicas”(29)—, sancionatoria(30), punitiva(31) o disciplinaria y, por ende, sometido a los principios del debido proceso (art. 29 constitucional), en la medida en que implica, en el fondo, una sanción por conductas en las que incurre el congresista, relacionadas con el incumplimiento de compromisos y responsabilidades de carácter ético, jurídico y político ante la colectividad, que generan consecuencias particulares, al romperse el pacto político entre la sociedad, el elector y el elegido,(32) principio fundamental de la democracia representativa.”(33).

Así las cosas, teniendo en cuenta su especial naturaleza, la pérdida de investidura tiene las siguientes características:

(i) Constituye un juicio de responsabilidad que conlleva la imposición de una sanción de carácter jurisdiccional que castiga la trasgresión al código de conducta que los congresistas deben observar atendiendo la naturaleza representativa de la investidura que ostentan, todo en aras de garantizar el prestigio y respetabilidad del Congreso(34).

(ii) Es una sanción de carácter jurisdiccional, pues la competencia para decretarla es atribuida —exclusivamente— al Consejo de Estado(35), razón por la cual es un juez el órgano encargado de adoptar la sentencia y tal naturaleza se extiende a la esencia de la decisión adoptada, sin que se altere por las consecuencias políticas derivadas de su aplicación.

(iii) La pérdida de investidura es la sanción más grave que puede imponerse a un congresista, pues implica la separación inmediata de las funciones que venía ejerciendo como integrante del parlamento y, por expresa disposición de la propia Carta, la inhabilidad permanente para serlo de nuevo en el futuro(36), postura sostenida por el Consejo de Estado al precisar: “En el caso de los congresistas, la violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades comporta la pérdida de su investidura (...) medida que, como lo ha señalado la jurisprudencia constituye la sanción más grave que se les puede imponer, toda vez que entraña la separación inmediata de sus funciones como integrantes de la rama legislativa y la inhabilidad perpetua para serlo de nuevo en el futuro”(37).

(iv) Los procesos de pérdida de investidura limitan o reducen algunos derechos fundamentales previstos en la Constitución como el de elegir o ser elegido, el cual no puede ser sometido a restricciones indebidas, por ello las normas constitucionales que la regulan deben ser interpretadas de manera armónica con el artículo 29 de la Carta, con las necesarias adaptaciones que exige la naturaleza especial de aquéllas(38).

De las citadas características, puede afirmarse que la ética parlamentaria se convierte en un presupuesto fundamental de la democracia —tanto formal, como sustancial— requerida para la consolidación del Estado Social de Derecho, de ahí que la pérdida de investidura constituya un juicio de responsabilidad derivado de la imposición de una sanción de carácter jurisdiccional y, en tal sentido, se convierte en un mecanismo de control ciudadano, así como en un instrumento de autodepuración de las corporaciones públicas contra sus propios integrantes, cuando estos incurran en conductas contrarias al buen servicio, el interés general o la dignidad que ostentan, por lo que dicho instituto tiene como axiología rescatar el prestigio y la respetabilidad del Congreso y garantizar el ejercicio transparente, efectivo y probo de la actividad legislativa. Por ello, a partir de tal concepción, deben examinarse las particularidades de la conducta del parlamentario demandado.

Causales endilgadas y marco normativo de cada causal.

Las causales previstas en los artículos 110 y 183-5 de la Constitución.

Antes de entrar en la valoración de las pruebas relacionadas con las causales de pérdida de investidura previstas en las normas constitucionales señaladas, considera la Sala importante hacer una breve exposición del marco conceptual de las mismas, de acuerdo con la jurisprudencia que se ha venido desarrollando.

La prohibición de hacer o inducir a otros a hacer contribuciones a los partidos, movimientos o candidatos (art. 110 de la Constitución Política).

La prohibición contenida en el artículo 110 constitucional y cuya trasgresión da lugar a la pérdida de investidura de los miembros de corporaciones de elección popular se refiere a dos conductas: realizar o efectuar contribuciones para financiar el funcionamiento de partidos, movimientos o candidatos políticos(39) e inducir a otros a que realicen tales contribuciones.

Es de la primera de las modalidades en las que se puede incurrir en esta causal de pérdida de investidura, de la que se acusa al demandado y su estructuración requiere de la concurrencia de los siguientes presupuestos:

(i) La calidad de congresista de quien ejerce la inducción, lo que comporta la exigencia de que el acusado hubiera tomado posesión del cargo(40).

(ii) El sujeto pasivo de la conducta, bien puede ser un servidor público o un particular(41), dado que lo que se busca con la prohibición es que el funcionario, en este caso el congresista, no sólo no contribuya a la financiación de movimientos, partidos o candidatos, sino que tampoco se aproveche de su posición para lograr que otros hagan dichas contribuciones. Por lo tanto, resulta indiferente que la persona en contra de quien se dirija la conducta prohibida ostente o no la calidad de servidor público para que se configure la causal.

(iii) Que el destinatario de la contribución sea un movimiento, partido o candidato. No obstante, aclara la Sala que en relación con el destinatario de la contribución la norma debe ser entendida desde su finalidad, que no es otra que la de evitar que los servidores estatales participen en la financiación de movimientos políticos o induzcan a otros a hacer esas contribuciones para beneficio propio o de terceros.

(iv) Que la contribución se logre mediante inducción, conducta que se manifiesta a través del apremio o sugerencia tácita o expresa del congresista(42), que prevalido de su investidura logra el aporte en dinero o en especie(43), con destino a un partido político o al patrocinio de una candidatura.

(v) No se requiere que la coacción ejercida se materialice en actos de violencia física o en amenazas directas y concretas, dado que el término ‘inducir’ implica simplemente que de alguna manera se dirija la voluntad de otra persona hacia un fin determinado(44).

La Sala Plena en sentencia del 2 de marzo de 2010(45), en relación a la causal prevista en el artículo 110 de la Constitución Política, señaló lo siguiente:

“Según el derrotero jurisprudencial trazado por esta Sala y la interpretación que se ha dado al texto constitucional que invoca el actor (art. 110 C.N.), se tiene: i) la causal de pérdida de investidura, prevista en dicho precepto, comprende dos conductas a saber: la primera consistente en realizar contribuciones para financiar partidos, movimientos o candidatos políticos y la segunda inducir a otros a que lo hagan; ii) la expresión “contribución”, a que alude la norma Superior precitada, en armonía con el alcance que le atribuye el artículo 109 ibídem, significa financiar o entregar dinero para el funcionamiento de partidos o movimientos, o para promover campañas; iii) los destinatarios de tal precepto son, sin excepción, quienes desempeñan funciones públicas en términos del artículo 123 de la Constitución Política, vale decir los servidores públicos, y iii) quienes incumplan la prohibición señalada en la norma que se comenta, se hacen acreedores a la remoción del cargo o a la pérdida de su investidura, según sea el caso”.

El artículo 110 de la Constitución Política prohíbe cualquier tipo de contribución a los partidos, movimientos o candidatos, así como inducir a otros a que lo hagan, pero la norma prevé que la ley podrá establecer algunas excepciones a este respecto, como es el caso del numeral 6 del artículo 27 de la Ley 1475 de 2011, que exceptúa de la prohibición a los miembros de corporaciones públicas de elección popular, quienes podrán realizar aportes voluntarios a las organizaciones políticas a las que pertenezcan, con destino a la financiación de su funcionamiento y a las campañas electorales en las que participen, de acuerdo con los límites a la financiación privada.

A partir del anterior contexto se analizará el caso concreto.

Los hechos que acreditan la configuración de la causal señalada en el caso en estudio (art. 110 de la C.P).

El actor señaló que el 5 de febrero de 2016 presentó denuncia ante la veedora nacional del partido Centro Democrático en contra del señor Edward David Rodríguez Rodríguez, quien, en diligencia de versión libre celebrada el 22 de febrero de 2016 supuestamente manifestó lo siguiente(46):

“(...) respecto a Adalber Castañeda Bolaños (sic) precandidato a la localidad 15, señor que me presenta el señor Leandro Peña, quien tiene una empresa de vinos, en un recorrido por la localidad me manifiesta que le apoye con una plata para el lanzamiento de su campaña, yo le pregunté que cuánto y me dijo que como $ 800.000 y le dije yo no tengo todo eso, pero yo lo apoyo y así fue como le mandé con Leandro $ 300.000 y no solamente a él, sino quiero que le pregunten a Víctor Atencia si le mandaba plata con él, también al señor Alejandro Jaramillo si le mandaba plata con él, como a muchos les ayudé con un poquito de acuerdo a mis recursos y también a mi salario a medida que me iba llegando, para hacer patrimonio político, “(...)”.

Según el demandante, la causal contemplada en el artículo 110 de la Constitución Política se configura por la contribución económica efectuada por el representante a la Cámara Edward David Rodríguez Rodríguez a los siguientes candidatos(47):

• Víctor Atencia Corrales, candidato a la junta de acción comunal en la localidad 8 de Kennedy por el partido Centro Democrático.

• Alejandro Jaramillo Zabala, candidato a la junta de acción comunal en la localidad 15 de Tunjuelito por el Centro Democrático.

• Adalber Castañeda Bolaños candidato a la junta de acción comunal en la localidad 15 de Tunjuelito por el Centro Democrático.

En la contestación a la demanda el apoderado del congresista cuestionado señaló: “El documento que supuestamente contiene la “versión libre y espontánea ante la veedora del partido Centro Democrático” no tiene la firma del representante Edward Rodríguez. De hecho, este documento no fue suscrito por el representante por cuanto al leer algunas de las afirmaciones supuestamente hechas por él, descubrió inconsistencias o malinterpretaciones entre lo manifestado y lo consignado en el documento que se presentó como “acta de audiencia”.(48).

Con fundamento en el artículo 272 del Código General del Proceso(49) el demandado solicitó el desconocimiento del documento(50).

Mediante auto del 18 de noviembre de 2016 el despacho sustanciador ordenó: “Vencida la etapa probatoria y para garantizar el debido proceso de las partes, el Despacho ordena correr traslado a la parte demandante de la manifestación de desconocimiento de documentos formulada por el demandado en la contestación de la demanda, como lo ordena el artículo 272 del Código General del Proceso. El término del traslado es de tres días”(51).

El 23 de noviembre de 2016 el demandante presentó escrito en el que precisó: “...la declaración fue grabada en su integridad y el investigado manifestó en ese momento que no podía esperarse a la transcripción completa de ella porque tenía asuntos que realizar; por supuesto no existe la grabación magnetofónica puesto que se trata de un elemento muy limitado técnicamente, además de ser el único que posee el órgano de control del partido”(52).

Por medio de auto del 28 de julio de 2016 el despacho sustanciador solicitó a la veeduría nacional del partido Centro Democrático que: “Remita copia de la grabación magnetofónica (audio) de la diligencia de versión libre rendida por el representante a la Cámara Edward David Rodríguez Rodríguez, el 22 de febrero de 2016, dentro de las actuaciones que se adelantaban en el proceso disciplinario 16022016-007”(53).

Mediante oficio del 11 de agosto de 2016 la señora Mery Becerra Gómez, en calidad de veedora nacional del partido Centro Democrático, respondió lo siguiente:

“Doy respuesta a su solicitud mediante la cual me pide que remita la copia magnetofónica (audio) de la diligencia de versión libre, rendida por el representante a la Cámara Edward David Rodríguez, el 22 de febrero de 2016, dentro de las actuaciones que se adelantan en el proceso disciplinario radicado 16022016-007.

Sobre el particular, me permito informarle que ya no disponemos de dicho audio, pues desafortunadamente la grabadora se descompuso y se borró la grabación. No obstante lo anterior, le envío la transcripción que de la misma se hizo, muy fiel a la grabación y que las dos partes de este proceso conocieron en su momento y tienen en su poder; además que también fueron informados del hecho, desde el momento mismo en que esto ocurrió”(54).

En la audiencia de testimonio celebrada el 5 de septiembre de 2016 la señora Mery Becerra Gómez en respuesta a la pregunta del apoderado del demandante relativo a la firma de la correspondiente acta señaló lo siguiente: “en este momento no se firmó el acta porque el representante salió corriendo rápidamente y no se pudo firmar. Lo que ocurrió fue que el señor Peña en vista que no se había concretado la nueva fecha de la audiencia y se presenta escrito a todas las afirmaciones hechas el día de la audiencia”(55).

Por otra parte se observa que en la diligencia de versión libre y espontánea surtida ante la veedora del partido Centro Democrático se advirtió a los declarantes que: “...la declaración que van a rendir es libre de todo apremio y sin juramento. Se les pone en conocimiento que no están obligados a declarar en su contra, ni contra su cónyuge o compañera (o) permanente, ni contra sus familiares dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad ni primero civil, de acuerdo con el artículo 33 de la Constitución Nacional, pero que deben responder de manera clara y precisa las preguntas que les hagan, dejándolos libres de todo apremio y sin juramento se interrogan(56).

Para la Sala toda vez que no existe la grabación magnetofónica, que el demandado cuestiona el contenido del acta, que no suscribió el documento(57), que la declaración rendida fue libre de “todo apremio” y sin juramento y que no existe forma de demostrar la autenticidad del acta, carece de eficacia probatoria según el artículo 272 del Código General del Proceso: “Si no se establece la autenticidad del documento desconocido carecerá de eficacia probatoria”.

Por otra parte se anota que en la audiencia de testimonio la veedora del partido centro democrático señaló que el proceso disciplinario que se surte al interior de dicho partido en contra del señor Edward David Rodríguez Rodríguez, se encuentra suspendido mediante auto del 3 de mayo de 2017.

Por otra parte se observa que la supuesta contribución económica efectuada por el representante a la Cámara Edward David Rodríguez Rodríguez a los señores Víctor Atencia Corrales, Alejandro Jaramillo Zabala, Adalber Castañeda y Carlos Camacho Obregón y los pagos efectuados por el señor Leandro Peña al señor Jaime Rodríguez fue desmentida por ellos mismos.

Estos testimonios se transcriben del audio que se encuentra en el CD anexo al expediente.

En la audiencia de testimonios se señaló lo siguiente(58):

Víctor Atencia Corrales(59).

La magistrada auxiliar comisionada para la práctica de la diligencia preguntó: “Señor Atencia, tiene conocimiento de estos hechos? Y en caso afirmativo, solicito que haga un breve relato en cuanto le conste”.

Contestó: “lo que menciona allí, yo hago parte de la red de amigos que empezó a acompañar al representante, nunca vi que se dieran dineros en la campaña, máxime cuando el partido siempre ha promulgado buscar el voto de opinión y el representante Edward Rodríguez siempre persigue el voto de opinión y nunca da recursos para ello, entonces no podría afirmar que hubo recursos para tal fin.

La parte demandante preguntó: “usted tuvo aspiración política?”.

Contestó: “En agosto septiembre de 2015, me invitaron a conformar la lista de la JAL de Kennedy”.

La magistrada auxiliar comisionada preguntó: “Señor Atencia, usted tuvo alguna aspiración política;

Contestó: “En agosto más o menos me invitan a conformar la lista a la JAL de la localidad de Kennedy.

La magistrada auxiliar comisionada preguntó: “De qué año?

Contestó: “Agosto-septiembre de 2015”.

La parte demandante preguntó: “En algún momento el señor Leandro Peña le entregó algún dinero de parte del señor Edward Rodríguez para su campaña política como edil para la localidad de Kennedy?”.

Contestó: “No, él nunca me entregó dinero porque el honorable representante Edward Rodríguez le gusta el tema del voto de opinión y los temas sociales y no como la política tradicional como lo han hecho otros de comprar a la gente, y quiero mencionar que una vez que el señor Leandro Peña me entregó $ 300.000 para el 15 de mayo de 2015 no habían campañas, me los entregó porque hice una reunión para el representante en la localidad de Kennedy... Yo le dije al representante por intermedio de Leandro y Leandro me consignó $ 300.000 para refrigerios, jugos, cafés, pero en ese momento no habían campañas”.

Alejandro Jaramillo Zabala(60).

La magistrada auxiliar comisionada para la práctica de la diligencia preguntó: “Señor Jaramillo, tiene conocimiento de estos hechos? Y en caso afirmativo, solicito que haga un breve relato en cuanto le conste”.

Contestó: “No tengo conocimiento específico frente a lo que señala el señor Leandro pero fui parte de la UTL 2014, posteriormente fui candidato a edil por la localidad de Tunjuelito para el año 2015, en el que participé por el partido Centro Democrático”.

La parte demandante preguntó: “recibió algún dinero por parte del señor Leandro?”.

Contestó: “No recibí ningún dinero por parte del señor Leandro”.

Adalber Castañeda.

La magistrada auxiliar comisionada para la práctica de la diligencia preguntó: “Señor Castañeda, tiene conocimiento de estos hechos? Y en caso afirmativo, solicito que haga un breve relato en cuanto le conste”.

Contestó: “No me consta que haya contribuido el señor Rodríguez a campañas”.

La parte demandante preguntó: “¿Qué le indujo a no inscribirse como candidato a edil por la localidad quince?”.

Contestó: “Hay unas cuotas de género para la inscripción de candidatos, se hizo una reunión entre los precandidatos y yo decidí no inscribirme”.

Pregunta la parte demandada: “recibió algún dinero por parte del señor Leandro Peña?

Contestó: “Yo le solicité al señor Edward Rodríguez una colaboración para una cata de vinos porque yo tengo una distribuidora de vinos italianos, yo convoqué a unos amigos de mi barrio para hacer la degustación de un vino nuevo que se iba a lanzar, yo le solicité al señor Edward Rodríguez una colaboración para el evento por intermedio del señor Leandro Peña, Edward Rodríguez me dijo que me podía colaborar con una suma de dinero como persona natural y que lo direccionaba con el señor Leandro Peña”.

Pregunta la parte demandada: “En que consistió la actividad?”.

Contestó: “Yo tengo una distribuidora de vinos italianos en el departamento del Meta, había un producto nuevo, quería ver la aceptación de la gente, yo invité a unos amigos de mi barrio Ciudad Jardín para que me dieran su opinión y en ese momento me encontraba corto de fondos para hacer la importación de ese vino, entonces le solicité la ayuda económica al señor Edward Rodríguez, entonces me dijo que no había ningún inconveniente y me direccionó con el señor Leandro Peña para que me entregara el dinero”.

Pregunta la parte demandada: “El representante Edward Rodríguez estuvo presente en esa reunión?”.

Contestó: “No pudo asistir”.

Carlos Camacho Obregón.

La magistrada auxiliar comisionada para la práctica de la diligencia preguntó: “Señor Camacho, tiene conocimiento de estos hechos? Y en caso afirmativo, solicito que haga un breve relato en cuanto le conste”.

Contestó: “Yo estuve en la UTL del representante Edward Rodríguez Rodríguez a partir del 20 de julio cuando iniciaba el periodo legislativo y me retiré de esa UTL el 3 de septiembre, fue muy corto el tiempo que estuve, ni en ese tiempo ni en ningún otro momento de ahí en adelante tengo ningún testimonio ni estuve presente en ningún momento en que el representante le haya solicitado dineros ni al señor Leandro ni a ninguna otra persona que trabajara en la UTL, es más, todo lo contrario, desde que entramos a la UTL se dieron unas órdenes de principios y de un buen servicio público que era lo que nos motivaba a trabajar en ese tema.

En cuanto al segundo comportamiento, el partido Centro Democrático no tenía candidatos como personas sino como partido, no había ninguna necesidad de que se votara por una persona, se votaba por la lista del partido, en ese orden de ideas, no tengo conocimiento de aportes que se hayan hecho diferentes a los que el partido como lista tenía a bien hacer.

Pregunta la parte demandada: “Conoció al señor Leandro Peña?

Contestó: “Lo conocí en la UTL.

Pregunta la parte demandada: “En el folio 81 aparece una consignación en el Banco Davivienda, esa consignación por parte del señor Leandro Peña, podría decirnos si esa cuenta es suya?

Contestó: “Soy el titular de esa cuenta, el señor Leandro tenía un local en el Centro Comercial Manhattan que lo atendía su esposa, en noviembre me pidió que conociera el local, me contó que tenía un problema porque un conteiner con mercancía no lo dejaban sacar por falta de un dinero que no tenía, es por esa razón que le presto el dinero y me dijo que me lo pagaba una vez pase la temporada de diciembre. Le presté $ 1.000.000 para que me los devolviera a más tardar el 31 de diciembre de ese año, el tiempo pasó y le exigí que me pagara ese $ 1.000.000, de ahí la consignación, es el pago por el préstamo que le había hecho”.

Jaime Rodríguez Rodríguez.

La magistrada auxiliar comisionada para la práctica de la diligencia advirtió que el señor Jaime Rodríguez Rodríguez es hermano del señor Edward Rodríguez Rodríguez y que conforme al artículo 33 de la Constitución Política no está obligado a declarar en contra de sí mismo o de parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil. Sin embargo, precisó que el testimonio rendido será valorado teniendo en cuenta el mencionado parentesco.

La magistrada auxiliar comisionada preguntó: “Señor Rodríguez, tiene conocimiento de estos hechos? Y en caso afirmativo, solicito que haga un breve relato en cuanto le conste”.

Contestó: “No tengo conocimiento”.

Pregunta la parte demandada: “Realizó una obra de remodelación en la oficina de su hermano?”.

Contestó: “Se inició en diciembre y terminó en marzo, yo le dije a Edward que me dejara una plata con Leandro, pero él se la gastó, por eso se demoró la obra, porque era una obra de menos de un mes, pero como no me daba la plata se demoró hasta marzo”.

Pregunta la parte demandada: “Cual fue el costo de la obra?”.

Contestó: “Más o menos once millones de pesos.

Pregunta la parte demandada: “¿Por qué el señor Leandro tenía que entregarle el dinero?

Contestó: “Edward tenía que salir, entonces le dije que me dejara la plata con Leandro, pero no pensé que se la iba a gastar”.

Pregunta la parte demandada: “¿Cuantas veces le entregó dinero?”.

Contestó: “Edward me dejó $ 2.000.000 con Leandro, me dio un contado como al mes de que me la dejó y después me dio otro contado como en marzo para terminar la obra, del resto no más plata, fue eso únicamente”.

En cuanto al testimonio rendido por el señor Luis Leandro Peña Aya(61) se observa lo siguiente:

La parte demandante preguntó: “Cuando el congresista lo asciende y recibe un sueldo de $ 4.312.000 según acaba de afirmar, supongo que tuvo usted mucha complacencia frente a ello, ¿qué pasó después? ¿Por qué usted regresa al cargo de asistente dos posteriormente con el mismo sueldo de $ 2.480.000, que pasó?”.

Contestó: “honorable Consejo de Estado la sorpresa más grande es que al día siguiente después de ser ascendido me llama a su despacho (El señor Edward Rodríguez) privadamente también, se asegura de que tenga el celular apagado, de que no lo esté grabando... Él se asegura siempre en las charlas conmigo que tenga el celular apagado, que no lo esté grabando, no entendía por qué, hasta que después caí en cuenta.

Él me dice que me ascendió pero que debo aportarle un valor de $ 1.500.000 mensuales para pagos a candidatos, él me explicó de una vez para qué era, pagos a candidatos a ediles de Bogotá que había en ese momento por el partido Centro Democrático y a un candidato al Concejo de Bogotá también, esos dineros eran para eso y para gastos de la oficina que estaba arreglando... en lo que él me dijera tenía que invertir el $ 1.500.000 como él los direccionara y así se hizo”.

La parte demandante preguntó: “Asegura usted que la diferencia entre $ 2.480.000 y $ 4.312.000 de esa diferencia debía usted entregarle $ 1.500.000 mensuales?”.

Contestó: “No exactamente, el me daba las órdenes o como presenté unas conversaciones de WhatsApp por WhatsApp me direccionaba o me decía Leandro, colabóreme a fulano o a fulano y de esa manera se hacían las cosas”.

La parte demandada preguntó: “¿Cómo fue la supuesta forma en que acordaron que le iba a pagar el representante, es decir, se iba a pagar $ 1.500.000 mensuales, a partir de gastos como $ 26.000 por recibo de café, de $ 30.000 por la enmarcada de una foto, $ 40.000 por recarga de un tóner? ¿así era que se iba a pagar? ¿qué son los soportes que usted adjunta al expediente?

Contestó: “Por supuesto, esos son unos de los pocos soportes que pude guardar... Él me dijo de ese $ 1.500.000 yo le digo como debe pagarlos y así fue como comenzó el “trote” con el hermano de él que se llama Jaime Rodríguez, con Almacenes Éxito lo del café, lo que me acaba de nombrar de las fotos, tuve que darle dinero a candidatos ediles, al candidato al concejo de Bogotá, yo ya presenté todas esas pruebas que deben estar acá en el despacho...”.

La parte demandada preguntó: “Cuando usted le entrega dinero al señor Adalber Castañeda, estaban en campaña política en ese momento?”.

Contestó: “Claro que sí, la fecha del recibo se enmarca dentro de las situaciones y claro que si eso era para pagar un salón de una reunión política”.

La parte demandada preguntó: “Recuerda en qué fecha fue esto?”.

Contestó: “No tengo la fecha aquí precisa pero se está dentro del expediente la declaración”.

La parte demandada preguntó: “En los folios 70 a 72 del expediente que figura acá en el Consejo de Estado hay tres fotocopias de lo que entiendo es un cuaderno de apuntes suyo. Es un cuaderno de apuntes suyo?”.

Contestó: “Si claro, yo llevaba una relación... ahí dice clarito y están foliadas las hojas “relación de dineros entregados de mi sueldo Leandro Peña al honorable representante Edward David Rodríguez”, sí, efectivamente es una relación que yo llevaba, pero muchos de estos no tienen soportes porque él por ejemplo le decía a Jaime: Jaime, no me le vaya a firmar nada a Leandro; a él fue al que más le di plata”.

La parte demandada preguntó: “Usted fue el único que hizo estas anotaciones u otras personas lo hicieron, lo digo porque existen diferentes tipos de letra”.

Contestó: “Solo yo utilicé ese cuaderno, ese cuaderno lo mantengo en privado”.

La parte demandada preguntó: “Es decir que la persona que anotó el título “relación de dineros entregados” fue la misma persona que escribió por ejemplo: desprendible banco, llaves, saldo Leandro?”.

Contestó: “Tiene toda la razón señor abogado, un día que estaba con una niña de nombre Evelyn le pedí el favor que me ayudara a hacer una relación, pero ella no se enteró para que era”.

La Sala precisa que no existen en el expediente pruebas demostrativas de los pagos alegados. De los testimonios anteriores podemos concluir lo siguiente:

• En cuanto a los supuestos aportes efectuados por el demandado, por intermedio del señor Leandro Peña, a candidatos a ediles de Bogotá y a un candidato al Concejo de Bogotá se observa que no existe prueba en el expediente de tales pagos y como quedó anotado, los señores Víctor Atencia Corrales, Alejandro Jaramillo Zabala, Adalber Castañeda y Carlos Camacho Obregón desmintieron la versión del demandante.

• Se evidenció además que el titular de la cuenta de ahorros N° 006181025153 de Davivienda(62) es el señor Carlos Gabriel Camacho Obregón, amigo y compañero de la UTL del señor Peña Haya y a quien le consignó la suma de $ 1.000.000.00, el 26 de marzo de 2015,(63) por el préstamo que éste le había hecho, como lo manifestó en el testimonio rendido,(64) por lo cual no se encuentra acreditado que fuera un pago ordenado por el representante.

• Tampoco obra prueba en el expediente que demuestre que del salario del señor Leandro Peña se hicieron pagos destinados a la remodelación de la oficina del congresista Edward Rodríguez Rodríguez y según el testimonio del hermano del demandado, quien ejecutó la obra, los $ 2.000.000 que fueron entregados por Leandro Peña a Jaime Rodríguez provienen del patrimonio del congresista. Se precisa que a pesar del parentesco con el congresista, el testimonio no permite evidenciar que los dineros le pertenecían al señor Leandro Peña.

• En cuanto a la supuesta contribución efectuada por Edward Rodríguez por intermedio de Leandro Peña, para la campaña política de Adalber Castañeda se observa que este último manifestó en el testimonio rendido ante esta corporación que no se inscribió como candidato a edil por la localidad quince y que el aporte efectuado se dirigió a una actividad privada, consistente en una cata de vinos con la finalidad de promocionar el producto del que es representante en el país.

• Frente a la entrega de $ 300.000 de que da cuenta el señor Víctor Atencia se observa que si bien se menciona que provenían del congresista investigado y que se utilizaron para refrigerios, se precisa que para la fecha en que se aduce que fueron entregados (15 de mayo de 2015) no había campaña política, por cuanto según la versión del señor Atencia se inscribió en agosto o septiembre de 2015.

En todo caso se precisa que mediante la Resolución 13331 del 11 de septiembre de 2014, la Registraduría Nacional del Estado Civil estableció el calendario electoral: “para las elecciones de autoridades locales, (gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles o miembros de las juntas administradoras locales) que se realizarán el 25 de octubre de 2015”, y el artículo primero fijó como fecha de inicio de inscripción de candidatos el 25 de junio de 2015.

• En cuanto a las alegadas comunicaciones por WhatsApp a través de las cuales, según el demandante, se direccionaban los pagos, se observa que verificadas las comunicaciones que obran en el cuaderno de pruebas reservado, ninguna da cuenta de órdenes dirigidas con el fin descrito por el demandante.

• En los folios 70 a 72 del cuaderno de antecedentes obran tres fotocopias de un cuaderno de apuntes del actor, en el que aparece una supuesta relación de compras efectuadas, documento privado sin soportes que no tiene valor probatorio por cuanto no es demostrativo de lo que se pretende acreditar.

• En cuanto a las facturas provenientes de Almacenes Éxito, pago de tarjetas de navidad, volantes publicidad, recarga de tóner, fotografías, etc., no se tienen como prueba por cuanto de las mismas no se puede evidenciar la procedencia de los recursos con que se efectuó el pago y el nexo causal con lo que se pretende demostrar.

• La Sala precisa que según cuaderno reservado proveniente de la Corte Suprema de Justicia que figura en el expediente, Leandro Peña Aya denunció penalmente (radicado CUI 11001020400020140037800) Edward Rodríguez Rodríguez a raíz de lo que calificó como “INMENSAS Y DENIGRANTES IRREGULARIDADES”, y para que se investiguen los posibles ‘constreñimientos’ de que fue víctima”.

• A su vez, el 2 de diciembre de 2015, Edward Rodríguez Rodríguez instauró denuncia penal en contra de Leandro Peña Aya ante la Fiscalía General de la Nación.(65).

Por otra parte, el demandante relacionó como material probatorio los reportes periodísticos consignados en la Otra Cara, W Radio, Oiga y el periódico El Espectador(66), en los que el señor Leandro Peña Aya denuncia al representante demandado por acoso laboral y manifiesta que este lo obligó a hacer contribuciones a campañas políticas.

Para la Sala tales medios de prueba solo dan cuenta de la divulgación de tales acusaciones, sin embargo, no son demostrativas de la realidad de los hechos.

La regla general que se ha venido aplicando desde 2012 por esta corporación, señala que los reportajes, fotografías, entrevistas, crónicas, noticias que aparecen en los diversos medios de comunicación tiene valor probatorio si en conjunto con otros medios de prueba, permiten determinar o corroborar hechos alegados en el respectivo proceso. Por sí solos, solo sirven para determinar que una situación determinada se publicó, sin que puedan tenerse como prueba de lo que en ellos se dice(67).

El fundamento de dicha regla, se sustenta en que considerados de forma aislada no cumplían ninguno de los requisitos para que se les reconociera valor probatorio, en tanto que lo único que podían probar era el registro de un hecho, pero no la veracidad ni la certeza del mismo(68).

Por tanto, los documentos periodísticos presentados en este caso, carecen de eficacia probatoria para acreditar los supuestos de hecho de la demanda, pues simplemente narran las declaraciones que los comunicadores recibieron sobre unas denuncias determinadas, según la nota, de la persona que es un tercero en el proceso, pero que aun así carece de la connotación propia de los documentos de contenido testimonial o de confesión(69) por la ausencia de los requisitos esenciales para que puedan tener mérito en tal sentido y, por consiguiente, no podría éste ser objeto de reconocimiento(70).

Mediante sentencia del 14 de julio de 2015 la Sala Plena del Consejo de Estado(71) amplió la regla fijada respecto al valor probatorio de las noticias, opiniones, reportajes, columnas en los medios de comunicación, para precisar que se les reconoce valor probatorio cuando se esté en presencia de i) hechos notorios y/o públicos y ii) transcriban declaraciones o comunicaciones de servidores públicos.

En ambos casos, tales hechos deben ser valorados, razón por la que se estima que su inserción en el respectivo medio de comunicación es una prueba del hecho y no simplemente de su registro.

Se precisó que el aporte de medios de prueba en donde el hecho notorio y/o público fue registrado, le permite al juez contar con mayores elementos de convicción, sin que ello implique que el hecho requería de prueba, pues, su apreciación o cognición por una generalidad, hace innecesaria la prueba.

También se señaló que en el caso de las declaraciones o manifestaciones de los servidores públicos divulgadas, reproducidas y/o transmitidas en los diferentes medios de comunicación, en razón de la investidura y de su posición en la sociedad, tendrán que ser desvirtuadas.

Se reitera que los documentos periodísticos presentados en este caso, carecen por completo de eficacia probatoria para acreditar los supuestos de hecho de la demanda, pues simplemente narran las declaraciones que los comunicadores recibieron sobre unas denuncias determinadas, no constituyen un hecho notorio y en ellos no mencionan declaraciones o comunicaciones del congresista investigado.

En virtud de lo anterior, no puede afirmarse que las denuncias del señor Leandro Peña Aya contra el representante Edward David Rodríguez Rodríguez, encajen en la causal de perdida de investidura descrita en el artículo 110 de la Constitución Política, porque no encuentra la Sala que la parte demandante haya logrado demostrar en el proceso que el demandado hubiese hecho contribuciones en dinero o en especie a candidatos aspirantes a curules del distrito.

Las afirmaciones de la parte actora referidas al hecho de haberse inducido al señor Peña Aya a hacer aportes o donaciones a las campañas en contravía de lo dispuesto en la norma enunciada, no tienen un adecuado respaldo en los medios de convicción arrimados al proceso, insuficiencia probatoria ésta que la Sala no puede entrar a suplir.

De conformidad con el artículo 167 del Código General del Proceso: “Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”. En consecuencia, frente a la inseguridad del juzgador sobre el hecho cuestionado, resultante de la ausencia o insuficiencia probatoria, la decisión que se tome ha de ser contraria a los intereses de quien legalmente no satisfizo la obligación procesal de demostrar a cabalidad los cargos formulados.

Sumado a lo anterior, es necesario poner de relieve que en el expediente no figura ningún medio de prueba ni evidencia que demuestre que el representante a la Cámara Rodríguez Rodríguez haya ejercido actos de constreñimiento o inducción encaminados a lograr que el señor Luis Leandro Peña Aya realizara las contribuciones o donaciones a campañas que el actor le atribuye.

En conclusión, la Sala encuentra que las afirmaciones del demandante no son claras ni precisas, ya que no indican las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos y no encuentran respaldo probatorio.

Ante la ausencia de sustento probatorio, es forzoso concluir que el congresista demandado no incurrió en violación de la prohibición de hacer contribuciones a los partidos políticos, movimientos o candidatos ni indujo al señor Leandro Peña Haya a realizar tales conductas.

Se reitera, las pruebas que obran en el expediente no acreditan que el congresista ordenara a los funcionarios que trabajaban en su unidad de trabajo legislativo, especialmente al denunciante Peña Aya, hacer contribuciones a campañas políticas o candidatos.

Por lo expuesto, para la Sala, no prospera el cargo de la causal prevista en el artículo 110 de la Constitución Política.

Análisis de los elementos configurativos de la causal de pérdida de investidura por tráfico de influencias debidamente comprobada (numeral 5º del artículo 183 de la Constitución Política).

Tal como se anotó en precedencia, la otra causal invocada por el solicitante de la pérdida de investidura se encuentra constituida por la presunta existencia de un tráfico de influencias, respecto de la cual el numeral 5º del artículo 183 de la Constitución Política consagra:

“Los congresistas perderán su investidura:

[...] .

5. Por tráfico de influencias debidamente comprobado”.

Reglamentación que en igual sentido se encuentra en el artículo 296 de la Ley 5ª de 1992.

De ellas sostiene la jurisprudencia constitucional, concretamente la Sentencia C-319/94(72) que la aplicación del artículo 296 de la Ley 5ª de 1992, no requiere de la existencia de un proceso penal condenatorio previo, entendido como requisito para adelantar el trámite de pérdida de investidura en el caso de “tráfico de influencias” dado que, en primer lugar, la ley no podía restringir la naturaleza específica del proceso de pérdida de investidura consagrada por el constituyente y hacer al Consejo de Estado dependiente de la decisión penal, pues se trataría de una limitación no consagrada en la Carta.

En segundo lugar, porque una determinación normativa semejante, avalaría una doble sanción por una misma conducta, en detrimento del principio de non bis in idem, lo cual a todas luces atentaría contra los derechos fundamentales del procesado. En el mismo sentido se pronunció la Sentencia C-247 de 1995 en la que se declaró inexequible el artículo 5º de la Ley 144 de 1994.

Siguiendo el sentido de la jurisprudencia de la Corte Constitucional con efectos erga omnes, y de la declaratoria de inexequibilidad de las normas indicadas, esta corporación reconoció que las causales establecidas en la Carta para la pérdida de investidura, exigen una definición propia por parte de la jurisdicción contenciosa administrativa de acuerdo con lo normado por la Constitución, favoreciendo así una interpretación específica acorde con la naturaleza del proceso correspondiente(73).

Elementos que constituyen la causal de pérdida de investidura por tráfico de influencias debidamente demostrada.

Los requisitos para la configuración del tráfico de influencias como causal de pérdida de la investidura ya han sido fijados desde la sentencia de 30 de julio de 1996, expediente número AC-3640, (C.P. Silvio Escudero Castro) al señalarse lo siguiente(74):

“Con el fin de estructurar los elementos que podrían configurar el tráfico de influencias para efectos de la pérdida de investidura de los congresistas, tomando como referencia las disposiciones antes enunciadas y lo que la doctrina ha dejado sentado en materia disciplinaria sobre el particular, tenemos que ellos serían:

a. Que se trate de persona que ostente la calidad de congresista;

b. Que se invoque esa calidad o condición;

c. Que se reciba, haga dar o prometer para sí o para un tercero dinero, dádiva, con las salvedades o excepciones contempladas en la Ley 5ª de 1992, en cuanto a las gestiones de los congresistas a favor de sus regiones;

d. Con el fin de obtener beneficio de un servidor público en asunto que éste se encuentre conociendo o hubiese de conocer”.

Conforme al principio de legalidad(75) que gobierna a todo régimen sancionatorio, los anteriores requisitos deben demostrarse integralmente con las pruebas obrantes en el proceso, ocurrido lo cual se sintetizan formalmente en la imputación jurídica levantada en contra del parlamentario demandado, con lo que se garantiza la seguridad jurídica y la vigencia de los derechos fundamentales que lo protegen, motivo por el cual resultan procedentes algunas consideraciones sobre dicho tópico.

Régimen probatorio de la causal.

La Sala precisa que la causal de pérdida de investidura estudiada lleva implícito, todo un régimen probatorio que orienta el razonar del juez que valora la conducta que se le enrostra al demandado, por cuanto la literalidad de la citada norma encierra tanto el principio de legalidad de las pruebas aportadas al proceso, como el grado de certeza requerido para demostrar los elementos configurativos de la causal referida.

Nótese que la regulación normativa de la citada causal utiliza la expresión “debidamente” concepto que interpretado de cara a la garantía fundamental del debido proceso reglado en el artículo 29 superior, exige considerar que los medios probatorios que soportan la imputación deben respetar el principio de legalidad en su aducción a la investigación, por lo que solo pueden ser tenidos en cuenta aquellos aportados válidamente al plenario, a partir de los cuales debe alcanzarse el grado de certeza requerido para edificar la configuración de la causal de tráfico de influencias.

Ahora bien, una categoría central a tener en cuenta para dar soporte a la imputación de la causal de tráfico de influencias, en cuanto hace referencia al nivel epistemológico que ha de acompañarla, es que la situación investigada deba estar debidamente “comprobada”, enunciado que, traducido a las exigencias requeridas para reprochar la conducta del parlamentario, exige entenderse como la existencia de certeza sobre los hechos investigados, los cuales deben probarse a plenitud para ahí cimentar la causal.

Respecto a la causal de desinvestidura por tráfico de influencias, recientemente la Sala acogió un criterio que propugna un alejamiento del marco conceptual de origen penal, al tiempo que anuncia la revisión del reiterado en sentencia reciente en los siguientes términos: “La causal “Tráfico de Influencias” presupone anteponer la investidura de congresista ante un servidor público, quien, bajo tal influjo sicológico, realiza una actividad que no adelantaría de no ser por la calidad de quien se lo solicita. Consiste en una relación de doble envío en donde el congresista, gracias a la investidura que posee, crea en el destinatario de su influencia la decisión de realizar el hacer solicitado”. Por lo tanto, la Sala precisó que se puede realizar el tráfico frente a cualquier servidor público sin consideración al orden jerárquico en que se encuentre(76).

Con fundamento en el referido marco conceptual, la Sala analizará si están dados los elementos probatorios que permitan inferir en este caso la existencia del supuesto tráfico de influencias por el cual se demandó al representante Rodríguez Rodríguez.

Del estudio de la causal, en este caso, se encuentra que el demandante se limitó a trascribir sin argumentar ningún hecho, ni allegar ningún elemento probatorio, no obstante, que la entonces magistrada ponente sustanciador, mediante auto del 15 de junio de 2016(77), advirtió que en la demanda no se explican los supuestos fácticos en que sustentaba la causal de tráfico de influencias, por lo que se devolvió para que identificara de manera clara y concreta los fundamentos que la respaldan. El demandante, en acatamiento de la orden impartida, sostuvo que el parlamentario, haciendo uso de su discrecionalidad, postuló al ciudadano Luis Leandro Peña Aya para que hiciera parte de su UTL, inicialmente con una asignación mensual de 4 smlmv, a quien tiempo después lo promovió al cargo de asistente V y “Ya posesionado le impone aportes de $ 1.500.000 mensual, indicándole la forma de hacerlo y a quienes...”(78).

En el presente asunto es evidente que los hechos que dan lugar a la solicitud de pérdida de investidura por “tráfico de influencias” fueron formulados con base en la supuesta actitud del representante Rodríguez Rodríguez, al anteponer dicha investidura y exigir el pago todos los meses de $ 1.500.000 pesos que presuntamente tenía que hacer el señor Luis Leandro Peña Aya, en contraprestación por tenerlo en los cargos de su UTL, primero como asistente II y posteriormente asistente V, supuestos fácticos que fundamentan toda la demanda y que se encuentran referidos en la primera causal invocada.

Para la Sala no existe ninguna evidencia de amenazas, intimidaciones o cualquier otro tipo de agresión moral o física que conlleve a deducir un contexto en el que se pueda haber presentado una presión útil o eficiente, ni siquiera sumaria, que demuestre que se obligó al señor Peña Aya a sucumbir ante una exigencia de tal suma de dinero mensual; en el caso en estudio, lo único que se desprende de los testimonios rendidos ante esta corporación es que ninguno de los testigos vio, escuchó o tuvo conocimiento de las afirmaciones presentadas por parte del demandante.

Tampoco hay elemento de juicio alguno a partir del cual se pueda inferir que existió tal aporte, lo que se traduce en la inexistencia de la conducta típica.

En consecuencia, los hechos con los que el demandante fundamenta su alegación no permiten estructurar la conducta prevista en el numeral 5º del artículo 183 de la Constitución Política.

La Sala encuentra que este cargo carece de fundamentos y de base probatoria, por lo que se resolverá desfavorablemente la solicitud de pérdida de investidura por tráfico de influencias.

Por lo tanto, la Sala, acogiendo el criterio del señor procurador quinto delegado, no decretará la pérdida de investidura del representante a la Cámara Edward David Rodríguez Rodríguez, por considerar que no incurrió en las causales de pérdida de investidura previstas en los artículos 110 y 183-5 de la Constitución.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. NIÉGASE la pérdida de la investidura del representante a la Cámara Edward David Rodríguez Rodríguez.

2. COMUNÍQUESE esta decisión a la mesa directiva de la Cámara de representantes, al Consejo Nacional Electoral y al Ministerio del Interior y de Justicia, para lo de su cargo.

17 Folio 33 del cuaderno de pruebas.

18 Folio 33 cuaderno 1.

19 Sentencia de la Corte Constitucional C-247 de 1995, M.P. José Gregorio Hernández Galindo; Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, veintitrés (23) de marzo de dos mil diez (2010), Rad. 11001-03-15-000-2009-00198-00(PI). En el mismo sentido, Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Germán Rodríguez Villamizar, veinticinco (25) de mayo de dos mil cuatro (2004), Rad. 11001-03-15-000-2003-1463-01 y 11001-03-15-000-2004-00132-01 (PI).

20 Sentencia de la Corte Constitucional C-247 de 1995, M.P. José Gregorio Hernández Galindo. Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, veintitrés (23) de marzo de dos mil diez (2010), Rad. 11001-03-15-000-2009-00198-00(PI).

21 Sentencias de la Corte Constitucional C-319 de 1994, M.P. Hernando Herrera Vergara y C-247 de 1995, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

22 Sentencias de la Corte Constitucional C-507 de 1994, M.P. Jorge Arango Mejía y T-162 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; Sentencia de la Corte Constitucional T-935 de 2009, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Ruth Stella Correa Palacio, ocho (8) de febrero de dos mil once (2011), Rad. 11001-03-15-000-2010-00990-00(PI). Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Gerardo Arenas Monsalve, diecinueve (19) de enero de dos mil diez (2010), Rad. 11001-03-15-000-2009-00708-00(PI): “De conformidad con los artículos 227 y 228 del C.C.A., mediante el proceso de nulidad de carácter electoral, se puede pedir la declaratoria de nulidad de la elección de los congresistas por cualquiera de las causales de inhabilidad consagradas en el artículo 179 de la Carta Política. Mientras que, la acción de pérdida de investidura ha sido instituida, de acuerdo con lo previsto los artículos 183 y 184 de la Constitución Política, para solicitar que se despoje de la investidura al congresista que incurra en cualquiera de las causales de inhabilidad consagradas en el artículo 179 de la Carta Política. En cuanto al objeto del proceso de pérdida de investidura, la jurisprudencia de la Sala ha sostenido que lo constituye la conducta de quienes acceden a la dignidad de congresistas, lo mismo que sus consecuencias, principalmente la inhabilidad perpetua establecida en el numeral 4 del artículo 179 de la Constitución. Así entonces, acogiendo la línea jurisprudencial de la Sala, el proceso de nulidad del acto administrativo por el cual se declara la elección de un candidato, y el proceso de pérdida de investidura, tienen objetos distintos y, por este sólo aspecto, la sentencia que recaiga en el primero no constituye cosa juzgada frente al segundo”.

23 Sentencia de la Corte Constitucional T-147 de 2011, M.P. Mauricio González Cuervo.

24 Sentencias de la Corte Constitucional C-319 de 1994, M.P. Hernando Herrera Vergara; T-935 de 2009, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. En similar sentido Sentencia de la Corte Constitucional T-544 de 2004, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

25 Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, veintitrés (23) de marzo de dos mil diez (2010), Rad. 11001-03-15-000-2009-00198-00(PI).

26 Sentencia del 28 de marzo de 2017, Exp. 2015-00111-00 C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.

27 Corte Constitucional, Sentencia SU-1159 de 2003, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

28 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 4 de septiembre de 2001, C.P. Juan Ángel Palacio Hincapié, Exp. 11001-03-15-000-2001-0098-01, accionante: Pablo Bustos Sánchez y otro, accionado: José Antonio Gómez Hermida. Corte Constitucional Sentencia C-247 de 1995. Ver además Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 21 de agosto de 2012, C.P. Hernán Andrade Rincón, Exp. 110010315000201100254-00(PI), accionante: Jesús Enrique Vergara Barreto, accionado: Héctor Javier Vergara Sierra.

29 Sentencias T-544 de 2004 y T- 987 de 2007.

30 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 22 de noviembre de 2016, C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, Exp. 11001-03-15-000-2015-02938-00, accionante: Juan Carlos Arango, accionado: Luciano Grisales Londoño.

31 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 4 de septiembre de 2012, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, Exp. 11001-03-15-000-2011-00616-00, accionante: Saúl Villar Jiménez, accionado: Juan Carlos Martínez Gutiérrez.

32 Artículo 133 de la Constitución Política.

33 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 4 de septiembre de 2012, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, Exp. 11001-03-15-000-2011-00616-00, accionante: Saúl Villar Jiménez, accionado: Juan Carlos Martínez Gutiérrez.

34 Sentencias de la Corte Constitucional C-319 de 1994, M.P. Hernando Herrera Vergara y C-247 de 1995, M.P. José Gregorio Hernández Galindo y T-555 de 2008, M.P. Jaime Araujo Rentaría.

35 Sentencia de la Corte Constitucional C-247 de 1995, M.P. José Gregorio Hernández Galindo. En el mismo sentido, Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Germán Rodríguez Villamizar, veinticinco (25) de mayo de dos mil cuatro (2004), Rad. 11001-03-15-000-2003-1463-01 y 11001-03-15-000-2004-00132-01 (PI).

36 Sentencia de la Corte Constitucional C-247 de 1995, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

37 Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Gerardo Arenas Monsalve, diecinueve (19) de enero de dos mil diez (2010), Rad. 11001-03-15-000-2009-00708-00(PI).

38 Sentencia de la Corte Constitucional C-247 de 1995, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

39 En sentencia de 11 de mayo de 2004, Exp. 25000231500020022147-01, C.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, consideró la Sala: “...de la simple lectura de las disposiciones de la Ley 130 de 1994, antes transcritas, relacionadas con la financiación de los partidos y movimientos políticos y de sus campañas electorales, en armonía con las precisas prescripciones de los artículos 109 y 110 de la Constitución, solo el Estado y los particulares están llamados a contribuir a ese propósito, por ende, a los servidores públicos, en todas sus modalidades, les está vedado hacerlo so pena de que incurran en las sanciones que al efecto se han establecido, cuales son, en lo que a este asunto interesan, la remoción del cargo y la pérdida de investidura”.

40 En sentencia de 6 de mayo de 1997, Exp. AC-4539, C.P. Nicolás Pájaro Peñaranda, la Sala precisó: “Se aprecia sin dificultad alguna, que el sujeto pasivo de la prohibición debe ser aquel que desempeñe funciones públicas, las cuales no puede entrar a ejercer “sin prestar juramento de cumplir y defender la Constitución y desempeñar los deberes que le incumben” (art. 122 Constitución Política) o lo que es igual sin posesionarse del cargo. Según lo anterior y verificado como está que la posesión del demandado se llevó a cabo el 20 de julio de 1994, se concluye, entonces, que con anterioridad a esta no podía quebrantar la referida norma constitucional sin haber tomado posesión de su curul, pues los hechos que se señalan como constitutivos de infracción de aquella tuvieron ocurrencia, según la demanda, en los meses de marzo a junio de 1994, razón más que suficiente para concluir que no pudo haberla infringido, si para entonces no obró como funcionario público sino como particular”.

41 En relación con este aspecto, en sentencia de 8 de febrero de 2000, Exp. C-8931, C.P. Daniel Manrique Guzmán, se señaló expresamente que la persona en contra de quien se ejerza la inducción puede ser un servidor público o un particular.

42 Ha señalado la Sala que debe tratarse de una conducta activa. Por lo tanto, no queda incurso en la prohibición aquél a quien se le acusa de mera permisividad, condescendencia o de observar una conducta complaciente. Sentencia de abril 19 de 1995, Exp. AC-2444, C.P. (sic).

43 Sentencia de 8 de febrero de 2000, Exp. AC-8931, C.P. Daniel Manrique Guzmán.

44 Sobre los elementos de esta causal pueden verse, entre muchas otras, la sentencia de 5 de junio de 2001, Exp. AC-11759, C.P. Manuel Santiago Urueta Ayola.

45 Radicación 54001-23-31-000-2007-00157-02(IJ)PI, C.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez.

46 Folio 113 c.a. 1.

47 Folio 5 c.a. 1.

48 Folio 36 c.a. 1.

49 ART. 272.—Desconocimiento del documento. En la oportunidad para formular la tacha de falsedad la parte a quien se atribuya un documento no firmado, ni manuscrito por ella podrá desconocerlo, expresando los motivos del desconocimiento. La misma regla se aplicará a los documentos dispositivos y representativos emanados de terceros.
No se tendrá en cuenta el desconocimiento que se presente fuera de la oportunidad prevista en el inciso anterior, ni el que omita los requisitos indicados en el inciso anterior.
De la manifestación de desconocimiento se correrá traslado a la otra parte, quien podrá solicitar que se verifique la autenticidad del documento en la forma establecida para la tacha.
La verificación de autenticidad también procederá de oficio, cuando el juez considere que el documento es fundamental para su decisión.
Si no se establece la autenticidad del documento desconocido carecerá de eficacia probatoria.
El desconocimiento no procede respecto de las reproducciones de la voz o de la imagen de la parte contra la cual se aducen, ni de los documentos suscritos o manuscritos por dicha parte, respecto de los cuales deberá presentarse la tacha y probarse por quien la alega.

50 Folios 56 y 57 c.a. 1.

51 Folio 259 c.a. 2.

52 Folios 271 y 272 c.a. 2.

53 Folio 61 c.a. 1.

54 Folios 106 y 107 c.a. 1.

55 Folios 169 a 172 c.a. 1.

56 Folios 108 a 114 c.a. 1.

57 En el folio 114 del c.a. 1 figura copia del acta de fecha 22 de febrero de 2016 que es firmada únicamente por la señora Mery Becerra Gómez en calidad de veedora nacional del partido Centro Democrático.

58 Se transcriben del audio que se encuentra en CD anexo al expediente.

59 Folios 173 a 175 c.a. 1 del c.p.

60 Folios 176 a 177 c.a. 1.

61 Folios 163 a 168 c.a. 1.

62 Fl. 118 cuaderno 1.

63 Fl. 81 cuaderno anexo 1.

64 Ver folio 186 cuaderno pruebas.

65 Folio 57 c.a. reservado.

66 Ver folios 200 a 204 cuaderno pruebas.

67 Entre otras sentencias, Consejo de Estado, Sección Tercera, junio 6 de 2007. Expediente AP-00029, C.P. María Elena Giraldo Gómez; 28 de agosto de 2014, Rad. 2000-00340-01(28832), M.P. Danilo Rojas Betancourt; 11001-03-15-000-2011-013782011(IP).

68 Sobre el particular, es importante advertir que a nivel internacional, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, que aquellos no pueden tener un valor probatorio por cuanto “... son emitidas con la finalidad de llamar la atención del lector y así tener oportunidad de obtener una mayor comercialización del periódico en el cual se encuentran insertas; [y que] por ello, la veracidad de tales notas se ve disminuida”. Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, supra nota 24, párr. 146; Caso Anzualdo Castro vs. Perú, supra nota 44, párr. 25, y Caso Garibaldi vs. Brasil, supra nota 32, párr. 70. Caso Radilla Pacheco vs. Estado Unidos Mexicanos.

69 Dentro de las distintas clasificaciones de los documentos, la doctrina ha señalado que a partir de los documentos simplemente representativos (planos, dibujos, fotografías etc.), o declarativos (escritos grabaciones etc.), se pueden subclasificar en simplemente declarativos, cuando contienen declaraciones de pura ciencia (como informes científicos) y dispositivos cuando contienen actos de voluntad tendientes a producir efectos jurídicos y por otra parte se pueden clasificar en documentos de contenido testimonial o confesional, según que la declaración consignada en el documento perjudique o no a quien la realiza. En este sentido ver Devis Echandía Hernando, Compendio de Derecho Procesal, Tomo II, Pruebas judiciales, Segunda Edición, Editorial ABC, año 1972, págs. 384 y ss. Pero resulta natural que en uno y otro caso debe existir certeza de que el contenido proviene de quien se afirma en el escrito y esa certeza sólo es posible obtenerla con la suscripción del documento para que pueda ser reargüido en cualquiera de las formas previstas por orden jurídico por la parte contra quien se opone.

70 Artículos 272 y 277 del Código de Procedimiento Civil.

71 Exp. (SU) 110010315000201400105-00, C.P. Alberto Yepes Barreiro.

72 Dijo además en esa oportunidad la Corte Constitucional: “Esta corporación estima contraria a la Carta Política la exigencia de previa sentencia penal condenatoria, en los casos de indebida destinación de dineros públicos o de tráfico de influencias debidamente comprobados. Por razón de su naturaleza y de los fines que la inspiran, la pérdida de la investidura constituye un verdadero juicio de responsabilidad política que culmina con la imposición de una sanción de carácter jurisdiccional, de tipo disciplinario que castiga la transgresión al código de conducta intachable que los congresistas deben observar por razón del inapreciable valor social y político de la investidura que ostentan. Para la Corte, el tipo de responsabilidad política de carácter disciplinario exigible al congresista que incurriere en la comisión de una de las conductas que el Constituyente erigió en causal de pérdida de la investidura, es perfectamente diferenciable y separable de la penal que la misma pudiere también originar, por haber incurrido en un delito, independientemente de la acción penal. (...) Lo contrario, conduciría indefectiblemente a que, por el hecho de ser sancionado penalmente por un organismo diferente, tenga otra corporación judicial (Consejo de Estado) que limitarse a cumplir el proveído que consolida la existencia de un delito, para deducir, además, sin fórmula de juicio, una responsabilidad disciplinaria de pérdida de investidura que acarrearía una doble sanción frente a un mismo hecho, con violación del principio universal non bis in idem”.

73 Esa autonomía la ha advertido la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta corporación, entre otras, en sentencias de 8 de agosto de 2001 —expediente AC-10966— y de 29 de julio de 2003, así como la identificada con el número PI-00522, en las cuales se sostiene que existen algunos criterios que discrepan de la remisión a la ley penal, atendiendo principalmente a que la Corte Constitucional determinó que la responsabilidad disciplinaria es diferente y separable de la penal e igualmente que la norma debe interpretarse teniendo en cuenta que las palabras que no tienen definición en la Ley deben ser tomadas en su sentido natural y obvio, conforme al uso general de las mismas, tal como lo ordena el artículo 28 del Código Civil.

74 Providencia reiterada en sentencia del 1º de noviembre de 2016, Exp. 11001-03-15-000-2015-01571-00 C.P. María Elizabeth García.

75 Cfr. FERRAJOLI, Luigui. Derecho y Razón. Editorial Trotta. Madrid. 1995, p. 97.

76 Sentencia del 1 de marzo 2016, Rad. 11001-03-15-000-2015-01462-00(PI), M.P. Guillermo Vargas Ayala.

77 “Invocación de la causal por la cual se solicita la pérdida de la investidura y; su debida explicación).

78 Ver folio 20 cuaderno 1.

ACLARACIÓN DE VOTO.

Aunque comparto la decisión que se adoptó en la providencia del 29 de agosto de 2017, que negó la pérdida de investidura contra el representante a la Cámara Edward David Rodríguez Rodríguez, disiento de algunas consideraciones allí consignadas.

1. Los reportajes periodísticos y recortes de prensa con los que el demandante pretendió acreditar las acusaciones contra los demandados fueron valorados de acuerdo con la jurisprudencia de la Sala contenida en la sentencia del 29 de mayo de 2012, Rad. 11001-03-15-000-2011-01378-00, esto es, que por sí solos no constituyen medios de prueba idóneos para demostrar la veracidad de la información allí contenida, sino que su eficacia depende exclusivamente de la conexidad y coincidencia con las demás pruebas del proceso.

Sin embargo, también invocó la sentencia del 14 de julio de 2015, Rad. 11001-03-15-000-2014-00105-00, que pretendió “ampliar” el alcance probatorio de los reportajes periodísticos y dijo darles pleno valor cuando estos tratan hechos notorios o declaraciones de servidores públicos a medios de comunicación.

No comparto esta referencia, por una parte, porque, el artículo 167 del CGP prescribe que los hechos notorios no requieren prueba y, por otra, porque, dar por acreditado la referencia que los medios de comunicación hagan a declaraciones de los servidores públicos deja muchos interrogantes sin resolver:

¿Este criterio jurisprudencial supondría derogar la norma de orden público que impide la confesión de los representantes legales de las entidades estatales (arts. 199 del CPC y 195 del CGP)?

¿Cómo una declaración, que se hace ante un periodista —y no en el escenario de un proceso judicial— y que obviamente no está revestida de la delicada formalidad de la gravedad de juramento, tiene el mismo valor de la comparecencia ante la autoridad constitucional y legalmente autorizada? ¿por esta vía los periodistas reemplazarían a los jueces en la práctica de pruebas?

Si la edición periodística, por obvias razones de espacio, altera sustancialmente la declaración del servidor ¿a qué se le daría valor, a la grabación textual o a lo que registra el medio de comunicación?

2. Como el artículo 27.6 de la Ley 1475 de 2011 exceptúa de la prohibición de financiación de campañas políticas por servidores públicos a aquellas donaciones provenientes de los miembros de las corporaciones públicas de elección popular para financiar sus propias campañas —con respeto a los topes establecidos—, a mi juicio, la invocación de esta norma al caso no es pertinente, pues al congresista demandado se le acusó de financiar con sus recursos las campañas de otros candidatos.

Guillermo Sánchez Luque. 

SALVAMENTO DE VOTO.

No acompaño la decisión proferida en el asunto de la referencia por cuanto, —a diferencia de lo resuelto por la mayoría—, considero que la acción de pérdida de investidura ha debido prosperar. Enseguida, paso a indicar los motivos en que sustento mi discrepancia.

En primer lugar, haré un breve recuento de los hechos probados. Luego, aludiré al déficit de apreciación probatoria que se presentó en el sub lite. Por último, traeré a colación dos aspectos relevantes.

De una parte, que el derecho irrenunciable a preservar la integridad del salario y su protección jurídica, permite demostrar, a la luz de esta garantía, cómo, valoradas en conjunto las pruebas aportadas al expediente, el integrante de la unidad de trabajo legislativo (en adelante, UTL) del congresista demandado, Luis Leandro Peña Aya, contribuyó, con sus propios recursos, con diferentes actividades de proselitismo político del partido Centro Democrático. Esto es así, pues el demandado no demostró, debiendo hacerlo, que le suministró los recursos necesarios a fin de atender las órdenes de adquisición de los bienes utilizados para ese objetivo.

De otra, que la norma prevista por el numeral 6º del artículo 27 de la Ley 1475 de 2011 —que se citó en el folio 15 de la providencia para sustentar la decisión—, por tratarse de una excepción, es de interpretación restrictiva y, en consecuencia, aplica, acorde con el texto, a los aportes de los congresistas; vale decir, no se amplía hasta permitir que los mismos puedan inducir las contribuciones que el artículo 110 constitucional proscribe —se destaca—.

1. Hechos que constan en el expediente.

El ciudadano Leonardo González Márquez, directamente, interpuso demanda de pérdida de investidura en contra del representante a la Cámara por Bogotá, Eduardo David Rodríguez Rodríguez, quien resultó elegido por el movimiento político “Centro Democrático mano firme corazón grande”. La demanda se presentó el 18 de junio de 2016. Entre los cargos formulados en contra del congresista se encuentran la violación de los artículos 110 y 183 de la Constitución Política.

Mi voto discrepante se relaciona, principalmente, con la manera cómo la Sala resolvió el cargo por violación del artículo 110 que prohíbe a quienes ejercen funciones públicas hacer contribución a los partidos, movimientos políticos o candidatos o inducir a otros a que lo hagan —se destaca—.

1.1. Entre los hechos relevantes, probados en el asunto de la referencia, cabe resaltar que el señor Luis Leandro Peña Aya fue vinculado a la UTL del parlamentario accionado con una asignación mensual de cuatro salarios mínimos legales, mensuales, vigentes, en el grado de asistente II. Tiempo después, los ingresos del antes nombrado fueron mejorados, dada su promoción al grado de asistente V(1). Al tiempo que el servidor público contribuía patrimonialmente con las actividades proselitistas del partido Centro Democrático, como quedó dicho, inducido por el parlamentario.

1.2. El señor Peña Aya entregó dineros a candidatos a ediles, al hermano del parlamentario y contribuyó a otros gastos(2), entre estos, materiales para la remodelación de la oficina del representante(3).

1.3. El chat registra que durante el lapso que va del 28 de abril de 2015 —fecha en que fue designado nuevamente como asistente grado II— y su renuncia a este último cargo, que tuvo lugar el 1º de septiembre de 2015, el clima de la relación entre el integrante de la UTL y el representante a la Cámara accionado se mantuvo cordial; que no obstante la renuncia, el señor Peña le reportaba al parlamentario sus actividades proselitistas y que culminada la campaña política, el mismo aguardaba su reintegro.

1.4. Sostiene el señor Peña Aya que renunció para cumplir con el encargo del congresista, quien le prometió que, una vez concluida la tarea confiada, lo reintegraría a su UTL y agrega que, terminada la labor, el congresista incumplió la promesa, en razón a que el candidato a favor de quien trabajó —Carlos Camacho— no resultó electo. Clima este de cordialidad que las conversaciones en el chat revelan.

1.5. A finales del año 2015, el parlamentario presentó denuncia penal en contra del ex integrante de su UTL y éste, en los primeros meses de 2016, denunció al congresista. Distanciamiento que el chat no revela. Al contrario, entre septiembre y noviembre de 2015 la conversación demuestra, incluso, cercanía. Al punto que noviembre del 2015 el parlamentario requiere del señor Aya una llamada. Se lee en el chat:

Chat del 13/09/2015, 11:29 - Camara Dr. Eduard R: “Gracias Leandro. Tenemos que almorzar”. Y el 23/11/2015, 8:53 PM - Camara Dr. Eduard R: “Leandro al parecer tenía razón! Llámeme”.

1.6. Finalmente, la denuncia penal presentada por el parlamentario fue respondida con las quejas elevadas por el señor Peña Aya entre el 4 y 6 de febrero de 2016, ante la veeduría del partido Centro Democrático a cargo de la señora Mary Becerra y el director del partido, Oscar Iván Zuluaga; también a la Corte Suprema de Justicia, al Consejo de Estado, a la Procuraduría y a la Fiscalía.

2. Déficit de apreciación probatoria que se presentó en el sub lite.

Me corresponde lamentar la valoración probatoria acompañada por la mayoría. Se sabe que las decisiones judiciales se sujetan a los elementos de convicción apreciados de conformidad con las reglas de la sana crítica, esto es, en conjunto con criterios lógicos y razonables.

2.1. En el asunto de la referencia, la Sala se abstuvo de evaluar las pruebas conforme al imperativo legal y constitucional. Fundamentó la decisión, en particular, en los testimonios que corrobora la defensa. De donde concluyó que no se configuraba la causal de pérdida de investidura alegada en la demanda.

2.1.1. Se descartaron, atendiendo las razones del demandado únicamente, dos pruebas fundamentales y al tiempo, debido a la exclusión, no cabía sino arribar a la decisión señalada.

2.1.1.1. En primer lugar, la versión del demandado. Me refiero a la rendida por el accionado ante la veeduría nacional del partido Centro Democrático. En los folios 18 y 19 de la providencia se puso de presente que la prueba no sería tenida en cuenta, como se solicitó en la contestación de la demanda, por cuanto no se contaba con grabación. Se agregó, que el accionado cuestionó el contenido del acta y no suscribió el documento.

Ahora bien, respecto de lo anterior cabe destacar que en la contestación de la demanda —así se indica en el folio 5 de la sentencia—, se solicitó a la Sala desconocer “la declaración de versión libre y espontánea rendida por el representante Edward Rodríguez Rodríguez ante la veeduría nacional del partido Centro Democrático, Rad. 1602216-007, porque ese documento no tenía firma del representante”, —se destaca—. Sin otro cuestionamiento.

Igualmente, vale subrayar que en la demanda nada se sostuvo respecto del cuestionamiento y que la veedora del partido Centro Democrático fue clara al sostener, bajo juramento, en declaración rendida en este asunto, que entregó al demandado la copia de la versión sin reparos de su parte —se destaca; cfr. folio 16 de la sentencia—.

Lo que en efecto se probó, es que el demandado si bien no firmó el mismo día, alegando que debía realizar una diligencia urgente, lo hizo en la audiencia fijada para continuar la iniciada, sin observaciones.

2.1.1.2. En segundo lugar, los mensajes contenidos en el chat entre i) el señor Luis Leandro Peña Aya y el parlamentario accionado y ii) el antes nombrado y el hermano del demandado, Jaime Rodríguez Rodríguez, aportados ante la veeduría nacional del partido Centro Democrático y al expediente —(WhatsApp)—. Estos chat dan cuenta de la relación de confianza entre el congresista demandado y el señor Peña Aya, así como entre este último y el hermano del accionado.

Además, permiten verificar el grado de dedicación permanente y constante del señor Peña Aya, a instancias del congresista accionado, a la actividad proselitista del partido Centro Democrático. Nótese que se trataba de un servidor público, integrante de la UTL del parlamentario que no tendría que haber cumplido con actividades proselitistas las que, además, de no estar incluidas entre sus funciones, están prohibidas y son causal de pérdida de investidura, al tenor del artículo 110 de la Constitución, que reza —se destaca—.

“Se prohíbe a quienes desempeñan funciones públicas hacer contribución alguna a los partidos, movimientos o candidatos, o inducir a otros a que lo hagan, salvo las excepciones que establezca la ley. El incumplimiento de cualquiera de estas prohibiciones será causal de remoción del cargo o de pérdida de la investidura”.

2.1.2. Si se lee con cuidado el texto de la sentencia, de inmediato se echa de menos los chat y, en particular, las razones de hecho y de derecho para no valorar las conversaciones, sin perjuicio de que se trata de una prueba oportuna y debidamente aportada al proceso. Igualmente, es de advertir el desconocimiento del valor probatorio de la versión libre, ignorando la realidad procesal, como quedó dicho.

2.2. Transcripción del chat.

2.2.1. A continuación se hace trascripción del Chat de WhatsApp con Cámara Dr. Eduard R [612380] [La trascripción es literal sin tildes; las palabras con faltas de ortografía se escriben como se encontraron en el texto y enseguida la expresión (sic)] —se destaca—.

(...)

25/05/2014, 8:42 AM - Luis Peña: Hoy es un día maravilloso Dios está con nosotros estoy haciendo un recorrido grande por Rafael Uribe Uribe y motivando la gente que se dirije (sic.) al puesto de votación Jefe.

25/05/2014, 8:44 AM - Camara Dr. Eduard R: Que bueno

25/05/2014, 10:31 AM - Luis Peña: Dr. Eduard por favor contesteme (sic.) le voy a pasar a Jerge (sic.) Mendieta el gran lider (sic.) de RUU que fue operado de la rodilla que hizo la reunión en Plan 95 por tel esta direccionando todo.

25/05/2014, 10:35 AM - Luis Peña: el celular es 3143658435 de Jorge un saludito

25/05/2014, 5:07 PM - Luis Peña: Jefe nuevamente y por siempre Dios esta (sic.) con nosotros

(…)

28/05/2014, 1:29 PM - Luis Peña: Jefe no entiendo hay personas de su equipo manejando localidades y nosotros como nos metemos hay un grupo mas (sic.) experto y con votos pidiendo pista los de anoche y muchos otros Jefe

28/05/2014, 1:31 PM - Camara Dr. Eduard R: Manejelo (sic.) ud

28/05/2014, 1:30 PM - Luis Peña: Se acaban de unir la mayoria(sic.) de los Senadores godos a Santos, no me asusto pero tenemos que redoblar esfuerzos arganicemonos (sic.)

28/05/2014, 1:31 PM - Camara Dr. Eduard R: Hágale

28/05/2014, 1:31 PM - Luis Peña: Dr. Ud es muy duro conmigo asi lo siento no se que es bueno saberlo

28/05/2014, 1:34 PM - Luis Peña: Jefe el edil Juan Carlos me dijo que aun no lo ha recibido

28/05/2014, 1:35 PM - Camara Dr. Eduard R: Cuál?

28/05/2014, 1:35 PM - Luis Peña: El de Candelaria

28/05/2014, 1:35 PM - Luis Peña: Activo

28/05/2014, 1:36 PM - Camara Dr. Eduard R: Si

28/05/2014, 1:36 PM - Camara Dr. Eduard R: Hable con el

28/05/2014, 1:37 PM - Luis Peña: Me dijo que sumerced lo recibe mañana

28/05/2014, 1:41 PM - Camara Dr. Eduard R: Claro que sí

31/05/2014, 8:19 AM - Luis Peña: Apreciado Representante como nos metemos a conseguir apoyo logistico de todo hay se esta armando todo por localidades pero de alguna forma se necesita oxigeno los contradictores se están moviendo mucho

01/06/2014, 8:26 AM - Luis Peña: Dr. Eduard: buenos dias nos llamaron de la sede calle 66 Camila Moreno para invitarnos a conformar los Comites locales el lunes a las 4 pm con el doctor Fabio Valencia en la MCI

01/06/2014, 9:09 AM - Camara Dr. Eduard R: Perfecto

01/06/2014, 9:32 AM - Luis Peña: Ok los llamare

09-06/2014, 4/06 PM - Camara Dr. Eduard R: Miguel Andrés Fierro Pinto.vcf (archivo adjuntado)

11/06/2014, 10:03 AM - Luis Peña: Hay algo muy grave que esta pasando en Chinauta (Cundinamarca) la guerrilla esta entregando panfletos y la poblacion esta muy asustada…LA GUERRILLA A (sic.) VUELTO A CHINAUTA…por favor difúndalo…hay personas que esperan con todo su corazon y por el bien de ellos que gana (sic.) Zualuaga (sic.).. porque estan muy asustados y sis (sic.) Santos gana lo mas posible es que tengan que Desplazarsen (sic.)para la Capital… TREMENDO A TAN SOLO DOS HORAS DE BOGOTA… difúndalo para que las autoridades hagan algo, si Santos deja…

14/06/2014, 11:08 AM - Luis Peña: Dios nos de una triple alegria primero Ud ya corono, Zzzzuluaga Presidente, y Colombia va a ganar lo quiero mucho

14/06/2014, 11:19 AM – Luis Peña: Jejejee?????? Fuerza campeón gooool como el de mañana Dios y nosotros somos mayoria

(…)

14/06/2014, 9:43 PM - Luis Peña: Mi jefe mañana como es la faena

(…)

02/07/2014, 1:39 PM - Luis Peña: Jefe buenas tardes como le fue

02/07/2014, 1:52 PM - Camara Dr. Eduard: Leandro

02/07/2014, 1:52 PM - Camara Dr. Eduard: Que más

02/07/2014, 2:20 PM - Luis Peña: Bien Jefe aqui listo oara (sic.) ponerme a sus ordenes

02/07/2014, 2:22 PM - Camara Dr. Eduard: Que averiguo de oficina?

02/07/2014, 2:27 PM - Luis Peña: si Jefe el Dr. Mantilla me cito hoy a las 3 para definir el tema y el lunes comienza el proceso de entrega, me contesta a las 3 para que lo salude

02/07/2014, 2:29 AM - Luis Peña: Que bien el me dijo que a las 3 estaba bien y Ximena le manda saludos

02/07/2014, 3:27 PM - Luis Peña: Jefe el Dr. Mantilla acaba de salir al Minhacienda a una reunion y que si desea manana (sic.) en la mañana (sic.) sobre las 10.30 se hablan igual me dijo de la oficina que cuadraban también que el le colabora con una bien ubicada

02/07/2014, 6:52 PM - Camara Dr. Eduard R: Acá estoy hablando con el

02/07/2014, 6:54 PM - Luis Peña: Bien Dr.

(…)

29/07/2014, 5:41 PM - Luis Peña: HR Dr. Eduard para informarle que el sitio de la actividad para el asado del domingo dentro de Bogota esta un poco dificil hoy he recorrido varios sitios al norte al sur pero con un lugar para el asado no lo hay, para recomendarle hablar con el Sr Gonernador (sic.) de Boyaca. Para la casa, lo demás ya esta coordinado alimento y bebida Carlos esta informado

31/07/2014, 8:27 AM - Luis Peña: hoy es un dia maravilloso Dios le ama feliz cumpleanos (sic.) llenos de paz, amor y prosperidad le deseo mucha sabiduria y disernimiento (sic.) para este nuevo reto conozco de sus grandes capacidades con carino (sic.) y afecto su amigo incondicional, bendiciones infinitas

31/07/2014, 10:06 AM - Camara Dr. Eduard R: Gracias amigo

13/08/2014, 9:34 AM - Luis Peña: HR donde se encuentra necesito un V.B. una firma para la casa boyaca (sic.), gracias

13/08/2014, 9:35 AM - Camara Dr. Eduard R: Ok

13/08/2014, 9:36 AM - Luis Peña: A donde voy Jefe

13/08/2014, 9:36 AM - Camara Dr. Eduard: a la oficina

15/08/2014, 9:36 AM - Luis Peña: Dr. viene oara (sic.) atender su agenda y a esta aca la Dra Silvia Hernandez de la Fiscalia.

15/08/2014, 9:36 AM - Luis Peña: O se la paso al Cel

15/08/2014, 9:45 - Camara Dr. Eduard R: En camino

19/08/2014, 12:39 PM – Luis Peña: Jefe faltan números a ka (sic.) tarjeta de crédito urg

19/08/2014, 12:41 PM - Camara Dr. Eduard R: Ahí esta

19/08/2014, 12:41 PM - Camara Dr. Eduard R: El número

19/08/2014, 12:41 PM - Camara Dr. Eduard R: Se lo escribí

19/08/2014, 12:41 PM - Camara Dr. Eduard R: Es MasterCard

19/08/2014, 12:41 PM - Luis Peña: Faltan 4 números

19/08/2014, 12:42 PM - Camara Dr. Eduard R: [El Parlamentario da el número]

19/08/2014, 12:42 PM - Luis Peña: [el señor Peña Aya confirma el número de la tarjeta de crédito]

20/08/2014, 5:25 PM - Luis Peña: HR el señor Luis Arias esta llamando oara (sic.) o no lo apoya con 300 refrigerios en Ciudad Bolivar para el jueves 21 una actividad de entregar unas becas, sumerced hablo con El el dia del Koctel, que le digo o como manejo el tema, gracias

20/08/2014, 5:28 PM - Camara Dr. Eduard R: Carlos

20/08/2014, 5:41 PM - Luis Peña: Ok

03/09/2014, 6:19 PM - Luis Peña: HR su importante su presencia ya llego la Dra Cabal

03/09/2014, /:06 PM - Camara Dr. Eduard: Ya llego

03/09/2014, 7:06 PM - Luis Peña: Gracias ganamos el primer raund querian doble voto y nosotros uno solo ganamos ahora viene la eleccion

(…)

19/11/2014, 6:09 PM - Luis Peña: HR queria preguntarle si es verdad que Sumerced ya tiene una reunion programada con Carlos Camacho el sabado en la tarde porque en su agenda de recorridos tenia otra programacion de visitas a localidades como me lo ha sugerido, gracias

19:11/2014, 6:12 PM - Luis Peña: También le pongo en conocimiento que he venido atendiendo los candidatos a Ediles para darles una capacitacion tecnica de acuerdo a su localidad en la manana (sic.) vino Marisol Claros loc 7 y esta tarde Victor Atencia loc 8 se fueron muy entusiasmados se aclararon muchos temas politicos y comunitarios

(…)

02/12/2014, 5:01 PM - Camara Dr. Eduard: Donde esta

02/12/2014, 5:32 PM - Dr. Eduard estoy en un salon comunal aca en santa Isabel no había visto su mensaje conociendo unos lideres comunitarios que van a la of la otra semana

02/12/2014, 5:32 PM - Luis Peña: Beto tiene conocimiento

02/12/2014, 5:42 PM - Camara Dr. Eduard R: Dale 300 a muchacho de Antonio Nariño

02/12/2014, 5:54 PM - Luis Peña: Adalber Castaneda? (sic.)

02/12/2014, 6:33 PM - Camara Dr. Eduard R: Si

(…)

09/12/2014, 10:46 AM - Camara Dr. Eduard R: Compre 100 gorros

09/12/2014, 10:46 AM - Camara Dr. Eduard R: Para regalar

09/12/2014, 10: 46 AM - Camara Dr. Eduard R: Con Katerine cubillos (sic.)

09/12/2014, 10: 46 AM - Luis Peña: Ok

09/1272014, 2:57 PM - Camara Dr. Eduard R: Hablo con Katerine

09/1272014, 2:59 PM - Luis Peña: Si señor nos encontramos en la manana (sic.) me estaba cotizando muy alto el tema

11/12/2014, 3:08 PM – Luis Peña: HR fue solo una sugerencia por lo que habiamos hablado y yo estaba solo aca cuando su hermano Jaime llego, ante todo mi aprecio y respeto el debate fue porque faltaba espacio para guardar maletas y carpetas de trabajo perdóneme

11/12/2014, 3:08 PM - Camara Dr. Eduard R: Hombre

11/12/2014, 3:08 PM - Camara Dr. Eduard R: Muy molesto con eso

11/12/2014, 3:10 PM - Luis Peña: Jefe, jefe

14/12/2014, 11:07 AM - Luis Peña: si Dr. es verdad Carlos tenia comunicacion con don Alfonso Correa desde el viernes y fue el unico que no pude contactar hasta hoy pero estoy seguro que Carlos estuvo hay los candidatos estan muy entusiasmados con este tema y estamos totalmente sintonizados, en verdad hoy estuve en la manana con mi padre, tuvo recaida no es facil asimilar su estado de salud como quedo y dedico solo los domingos para El tiene medio cuerpo dormido, perdoneme por hoy HR jamas le quedaria mal, gracias

14/12/2014, 11:48 AM - Camara Dr. Eduard R: Si

14/12/2014 11:49 AM - Camara Dr. Eduard R: Pero si no están en los comités

14/12/2014 11:49 AM - Camara Dr. Eduard R: Muy mal

14/12/2014, 11:55 AM - Luis Peña: Hasta ahora todos han quedado y en este instante esta Angy Tafur, Daniel Duque y Jorge Vera con otros candidatos posesionandose hay (sic.) esta Camacho y Miguel, luego le explico el sistema de eleccion y lo que deben hacer con CD en cada localidad en verdad estoy muy centrado hagame una selectiva con los que ya han pasado o con los tres suyos que en este momento estan hay (sic.), no me esperaba lo de mi padre ocurrio ahora a las seis am y todos los dias hablo con ellos orientandolos

15/12/2014, 4:37 PM - Luis Peña: HR estamos fuera del recinto

15/12/2014, 4:41 PM - Camara Dr. Eduard R: Secretaria general

16/12/2014, 6:49 AM - Luis Peña: HR buenos dias para recordarle la reunion de las 8 am me dicen que puntual porque varios lideres trabajan, bendiciones

16/12/2014, 8:13 AM - Luis Peña: Jefe se que esta agotado Sumerced dira si cuadro la reunion con Camacho o lo esperamos hasta que hora?

16/12/2014, 8:28 AM - Camara Dr. Eduard R: Leandro

16/12/2014, 8:28 AM - Camara Dr. Eduard R: En camino

16/12/2014, 8:28 AM - Camara Dr. Eduard R: Que pena

16/12/2014, 8:29 AM - Luis Peña; Gracias

(…)

19/12/2014, 7:57 AM - Luis Peña: Dr. buenos dias me puedo adelantarme con los regalos y nos vemos en Usme la primera cita es a las 9 am

23/12/2014, 6:29 AM - Luis Peña: HR buenos dias le deje las 30 tarjetas navideñas en su casillero

(…)

22/01/2015, 10:20 AM - Luis Peña: H.R. buenos dias anoche estuvo interesante ka (sic.) en Kenedy (sic.) varios lideres comprometidos con el candidato Dr. no entendi lo de su agenda para hoy a las 3 Bogota trate de organizar la reunion de los candidatos para hoy a las 5 pm pero fue complicado sugieren la otra semana por temas laborales

26/01/2015, 8:34 AM - Luis Peña: Dr. Edward buenos dias para mañana a las 6.30 hay una reunion con 20 personas y el Joven de Teusaquillo pero si sumerced ya tiene previsto el sitio de la cena con los candidatos la corremos es para comenzar a convocarlos

26/01/2015, 8:38 AM - Camara Dr. Eduard R: Hombre tenemos la reunión

26/01/2015, 8:39 AM - Camara Dr. Eduard R: Busque lugares

26/01/2015, 8:39 AM - Luis Peña: Ok

26/01/2015, 9:08 AM - Luis Peña: Sigo sus instrucciones estoy buscando un lugar aca en el centro para unas onces 6 pm del martes 27 de enero

26/01/2015, 11:17 AM - Camara Dr. Eduard R: Comida

26/01/2015, 11:40 AM - Luis Peña: Ok

(…)

26/01/2015, 9:42 PM - Luis Peña: H.R. por favor el N celular de Victor Rodriguez de Antonio Narino (sic.)

28//01/2015, 12:09 PM - Camara Dr. Eduard R: Leandro

28/01/2015, 12:13 PM - Luis Peña: H.R. buenas tardes

28/01/2015, 12:28 PM - Camara Dr. Eduard R: Ayúdele a Jhon

28/01/2015, 12:28 PM - Camara Dr. Eduard R: Por fa

28/01/2015, 12:31 PM - Luis Peña: Con mucho gusto

28/01/2015, 12:48 PM - Camara Dr. Eduard R: Gracias

29/01/2015, 9:06 AM - Luis Peña: H.R. no se le olvide el N de celular de Victor Rodriguez de Antonio Narino y si ya se inscribio como precandidato como va el tema de simpatizantes e inscritos por parte de el, gracias dr Edward

29/01/2015, 4:28 PM - Luis Peña: Dr. Edward ayer y hoy se ha orientado a todos los candidatos en la 39, por el grupo se ha dialogado con todos y en este momento le entregue camisetas aca en el galan a Aris Manuel de la 16 y Victor Atencia de la 8 kenedy (sic.)

(…)

01/02/2015, 8:51 PM - Luis Peña: Dr. Edward mi padre aun en la UCI Dios lo sanara, es que David el de Teusaquillo le viene programando una renunion de amigos y quedo mañana 7 pm pero a las 6 pm esta el directorio local de Tunjuelito Sumerced dira

01/02/2015, 8:51 PM - Luis Peña: En Teusaquillo hay varios gremios

01/02/2015, 9:12 PM - Camara Dr. Eduard R: Yo no voy a Tunjuelito

01//02/2015, 9:12 PM - Camara Dr. Eduard R: Miren agenda con diana (sic.) por favor

01/02/2015: 9:23 PM - Luis Peña: si senor (sic.) buena noche

02/02/2015: 4:41 PM - Luis Peña: H.R. buenas tardes al parecer la reunion de Teusaquillo esta bien estructurada con varios gremios y quieren saludarlo 7 pm gracias un abrazo

02/02/2015, 4:42 PM - Camara Dr. Eduard R: Perfecto!

(…)

08/02/2015, 11:14 AM - Luis Peña: H.R. no se concreto la reunion de hoy con todos los precandidatos si ud prefiere la corremos para mañana o el jueves gracias

10/02/2015, 11:29 AM - Camara Dr. Eduard R: Leandro era una orden

10/02/2015, 11:29 AM - Camara Dr. Eduard R: Por favor

10/02/2015, 1:41 PM - Luis Peña: Dr. Edward el precandidato de Antonio Narino (sic.) para que Sumerced lo convoque pero falta nombre y N de cedula para el ingreso

11/02/2015, 8:27 PM - Luis Peña: Querido Jefe para informarle hoy todo el dia estuve organizando con los precandidatos del fin de semana los Talleres logistoca (sic.) y como mejorar en todo recogi mas formatos y ya estan en las bases de datos luego los reunimos y le cuento

(…)

17/02/2015, 3:55 PM - Luis Peña: H.R. para informarle que voy a la reunion con los precandidatos y el Presidente Uribe un abrazo

(…)

25/02/2015, 10:38 AM - Luis Peña: H.R. buenos días esta semana visitando empresarios amigos y presentandole los candidatos asi mismo recogiendo trabajo de base de datos sumerced dira si hablo con su hermano

(…)

11/03/2015, 11:37 AM - Luis Peña: Dr. Edward esa es la reunion con la Dra Vivian el sabado 14 de marzo loc Antonio Narino con su presencia y el Dr. Pacho Santos

(…)

17/03/2015, 8:39 PM - Luis Peña: H.R. mañana es un dia maravilloso todo el esfuerzo y caudal electoral que se han recogido hasta ahora se lo juega en gran parte en la eleccion de puestos con los precandidatos DIOS como siempre lo premiara con sabiduria y astusia (sic.), si le soy necesario en esta jornada total disposicion mi aprecio y respeto bendiciones

(…)

13/04/2015, 5:36 PM - Luis Peña: Me la he jugado toda políticamente y Sumerced sabe el valor de esos esfuerzos la mayoria de nuestros precandidatos los hemos formado, es una labor de muchos anos (sic.) y lo que viene es solo exitos electorales si me lo permite solo gratitud y afecto por Usted en esto se gasta mucho tiempo y dinero no es facil uno que esta afuera, solo le suplico un alto y analice a fondo quien verdaderamente se dedica a sus buenas intenciones con aprecio y respeto.

20/04/2015, 8:45 AM - Luis Peña: H.R. buenos dias infinitas bendiciones para pedirle autorizacion de asistir a un funeral hermana de mama en guayabetal (sic.) a la 1 pm anoche estuvimos hasta altas horas de la noche en corferias es muy lento el proceso y durante el dia lleve a varias personas a votar de la loc 18 5 y 8, lo estimo mucho un abrazo

(…)

16/05/2015, 1:09 PM - Luis Peña: H.R. buenas tardes, esta silla es de Falabella

16/05/2015, 1:10, PM - Luis Peña: (…) (archivo adjuntado

16/05/2015, 1:10, PM - Luis Peña: (…) (archivo adjuntado)

16/052015, 1:10, PM - Luis Peña: (…) (archivo adjuntado)

16/05/2015, 1:11 PM - Luis Peña: Esta vale a 220 trae 3 servicios espaldar, subir u bajar y reclinable otro almacen

16/05/2015, 1:11 - Luis Peña: Cual autoriza

16/05/2015, 1:42 - Camara Dr. Eduard R: No tienen de 4 patas?

16/05/2015, 2:44 - Luis Peña: No Senor (sic.) en ese color no, negras si

19/05/2015, 7:33 AM - Luis Peña: H., R. buenos dias, entonces compro las sillas azules con rodachines de Falabella oblas (sic.) de $200.000, para traerlas en la manana, bendiciones infinitas

(…)

29/05/2015, 10:39 AM - Camara Dr. Eduard R: Leandro

29/95/2015, 10:40 AM - Camara Dr. Eduard R: No alcanzo a ir

29/05/2015, 10: 41 AM - Luis Peña: H.R. bien estare ayudando a fortalecer la localidad y como su representancion

(…)

22/05/2015, 11:55 AM - Camara Dr. Eduard R: Ojo con lo de Miguel Uribe

22/05/2015, 11:55 AM - Camara Dr. Eduard R: No quiero que Ud este tras de eso

22/05/2015, 11:55 AM - Camara Dr. Eduard R: Lo saco

22/05/2015, 11:55 AM - Luis Peña: Jamas Jefe ni en pensamiento

(…)

29/05/2015, 9:38 AM - Luis Peña: La Direccion Local Rafael Uribe Uribe (L18) convoca a reunion extraordinaria con el objetivo de tratar temas relacionados con la campaña

(…)

09/06/2015, 7:37 AM - Luis Peña: H.R. para solicitarle nuevamente poder asistir hoy a la gobernación al Diplomado de la ESAP con los precandidatos se llama ELIJO SABER, bendiciones

12/06/2015, 5:41 - Luis Peña: H.R. Sumerced puede asistir mañana 1.45 pm en punto en al sede (sic.) de la 59 con 7 una reunion con los Representantes de los San Andresitos (sic.) y Pacho Santos, El (sic.) ya sabe que Ud esta liderando este tema le gusto mucho le conte lo de anoche, la idea es que en cabeza suya se llegue a toda la bancada, el miercoles se toman Bogota estan bien organizados, Camacho esta enterado, el martes los principales llegan a su despacho martes 10.30 am

12/06/2015, 7:11 PM - Camara Dr. Eduard R: Si

(…)

24/06/2015, 4:13 PM - Luis Peña: H.R. el doctor Pacho lo espera a las 5 pm en la sede con los comerciantes un abrazo

24/06/2015, 4:13 PM - Camara Dr. Eduard R: Perfecto

24/06/2015, 4:18 PM - Luis Peña: Gracias, la idea es que ellos sientan un verdadero sentido de pertenencia de respaldado por CD y vean su interes luego le explico todo lo que se viene haciendo, el presidente se llama Albeiro ya gane la confianza de El pero estan muy desconfiados, gracias

(…)

31/07/2015, 6:32 AM - Camara Dr. Eduard R: Gracias apreciado Leandro!

(…)

12/08/2015, 3:57 PM - Luis Peña: H.R. estoy esperando resinto (sic.) de camara, Victor Antencia lo esta esperando

12/08/2015, 7:29 PM - Camara Dr. Eduard R: Ok

13/08/2015, 8:09 AM - Camara Dr. Eduard R: En que va lo de suba (sic.)

13/08/2015, 8:09 AM - Camara Dr. Eduard R: Donde están?

13/08/2015, 11:16 AM - Luis Peña: Dr. Edward todo su equipo esta en la calle 127 c n 46.90 frente parroquia San Maximiliano

13/08/2015, 11:17 AM - Luis Peña: Ya Sali para Kenedy (sic.) como avanzada suya para el recorrido y reunion de la 1 con empresarios

(…)

13/08/2015, 1: 18 PM - Camara Dr. Eduard R: Leandro mándame la ubicación

13/08/2015, 1.21 PM - Luis Peña: Si Jefe hay (sic.) se la esta mandando Victor

13/08/2015, 1:24 PM - Camara Dr. Eduard R: Mándemela

13/08/2015, 1:24 PM - Camara Dr. Eduard R: Y me espera ahí

13/08/2015, 1:24 PM - Luis Peña: Si Señor

13/08/2015, 3:09 PM - Luis Peña: H.R. me adelanto al antiguo Ley, allí llegan muchos lideres y los contacto, le parece?

13/08/2015, 1:19 PM - Camara Dr. Eduard R: Ok

(…)

24/08/2015, 8:40 AM - Luis Peña: H.R. buenos dias para informarle en la manana (sic.) estare pendiente de las personas que invite luego continuo con la tarea de inscripcion de cedulas en la Loc 15 y conocidos de otras localidades hasta manana (sic.) todo el dia, ayer en la tarde organizamos trabajo con el Ing Carlos Camacho, el sabado a las 5 am vamos todos a volantear y sobre las 7 am una reunion con lideres en el madrugon todos los Cand al Concejo y equipo de la localidad en presencia del Dr. Pacho Santos.

24/08/2015, 6:35 PM - Camara Dr. Eduard R: Donde anda?

24/08/2015, 6:36 PM - Camara Dr. Eduard R: L

24/08/2015, 6:36 PM - Camara Dr. Eduard R: E

24/08/2015, 6:36 PM - Camara Dr. Eduard R: O

26/08/2015, 5:02 PM - Camara Dr. Eduard R: Leandro

26/08/2015, 5:02 PM - Camara Dr. Eduard R: Conteste

26/08/2015, 5:02 PM - Camara Dr. Eduard R: Vengase para la oficina

13/09/2015, 10:57 - Luis Peña: (archivo adjuntado) Buen dia bendecido una reflexión bonita

13/09/2015, 11:29 AM – Camara Dr. Eduard R: Gracias Leandro

13/09/2015, 11:29 AM – Camara Dr. Eduard R: Tenemos que almorzar

13/09/2015, 11:45 - Luis Peña: Me tiene totalmente olvidado y con mi corazon en la mano le digo (sic.) firme a sus convicciones políticas aca super en este instante en una reunión de 200 personas en palermo (sic.) sur le he hecho varias el miércoles le tengo una de 300 en ciudad jardin sur donde Ud debuto una noche, con muchas dificultades financieras en la campan~a Dr. Andres una excelente persona pero hay que apoyarlomucho no le han cumplido compromisos $ debemos enbl (sic.) el nombre de Dios hacerlo concejal, busquemos empresarios amigos suyos urgente, mi aprecio y respeto mi lealtad no estoy en las mejores situaciones financieras es uno (sic.) de mis epocas las situaciones mas criticas por los gastos de mi Padre y ahora desempleado, le he cumplido a cabalidad con todo

(…)

27/10/2015, 10:15 AM - Luis Peña: Mi apreciado y respetado Dr. Edward mision cumplida, le agradezco mi oportunidad laboral nuevamente, un abrazo

28/10/2015, 8:48 AM - Luis Peña: Dr. Edward en verdad le digo que cumpli, Sumercedsabe que soy victima del Conflicto, Estoy (sic.) en un tratamiento de hipertencion (sic.) y Diabetis (sic.), mi Padre sufrio un infarto quedo medio cuerpo paralizado y resulto con cáncer en su ojo izquierdo, ud sabe que gracias a Dios y a mis esfuerzos aporte un grande grano de trabajo para que Ud Dr. Edward sea Representante, quede sin trabajo por su propuesta, tengo atrazadas (sic.) dos cuotas de salud y pensión, a cargo de mi Padre lo único que Ke (sic.) pido es una solucion inmediata debo mucho dinero y Ud debe ser sensato cob (sic.) mis situacion, eso en cuanto a lo personal, mi trabajo me lo gane cib (sic.) las mejores intenciones, lo invito a reflexionar mi situacion, con aprecio y respeto

30/10/2015; 10:37 AM - Luis Peña: H.R. buenos días como esta

30/10/2015; 12:18 PM - Luis Peña: Veo que no quiere hablarme ni mi compromiso laboral menos, ni mis ruegos son escuchados, Dios lo proteja infinitamente, me siento traicionado, mi situacion no es la mejor y la verdad tire todos mis oficios por apoyar un gran hombre, no se que le pasa?

23/11/2015, 7:25 PM - Camara Dr. Eduard R: Leandro

23/11/2015, 8:53PM - Camara Dr. Eduard R: Leandro al parecer tenía razón! Llámeme

25/11/2015 AM - Luis Peña: Dr. Edward subo mañana (sic.) a Bogota, si le parece nos encontramos en el centro, estaba muy lejos, un abrazo

24/12/2015, 1:34 PM - Camara Dr. Eduard R: (Archivo omitido)

24/12/2015, 1:35 PM - Luis Peña: Me dejo morir, ando en rines, jeje

24/12/2015, 1:36 PM - Luis Peña: Infinitas bendiciones

18/01/2016, 8:35 AM - Luis Peña: Mi apreciado y respetado Dr. Edward, sigo a la espera de su propuesta laboral, Ud sabe mis condiciones, Dios me lo proteja infinitamente, se le estima mucho

18/01/2016, 11:12 AM - Luis Peña: Jefe

22/01/2016, 10:42 AM - Luis ¨Peña: Jefe mi unica intencion trabajar Ud no me puede desconocer mi parecio y respeto

24/01//2016, 9:51 AM - Luis Peña: (archivo adjuntado)

24/01/2016, 12:11 PM - Luis Peña: Como esta jefe porque no me quiere contestar, esperando su propuesta laboral, gracias

25/01/2016, PM - Luis Peña: H.R. manana (sic.) nos vemos alla”.

2.2.2. Como ya antes se mencionó, la relación de confianza entre el señor Luis Leandro Peña Aya y el parlamentario accionado quedó comprobada, asimismo, por los mensajes registrados en el chat entre el antes nombrado y el hermano del accionado, señor Jaime Rodríguez Rodríguez que aparece visible en los folios 153 a 170 del expediente(4).

2.3. Contestación del congresista accionado.

Enseguida, se cita en extenso la contestación del representante a la Cámara accionado, consignada en la sentencia en los folios 4 a 6 y reiterada en la audiencia pública. Se debe destacar, como ya quedó anotado, que el demandado, por intermedio de apoderado, solicitó el desconocimiento del acta de declaración de versión libre, porque echó de menos su firma, únicamente, esto es, confirmó el contenido —se destaca—. Mismo que bajo la gravedad de juramento también corroboró la veedora del partido Centro Democrático —como quedó expuesto—.

Se lee en los folios 4 a 6 de la sentencia —negrillas en el texto trascrito; se destaca—.

“El apoderado del demandado propuso la excepción de: ‘inexistencia de los elementos para que se configure la causal de pérdida de investidura’, al estimar que carece de real sustento fáctico y está estructurada con simples apreciaciones personales del demandante.

Señaló que en este caso se pretende atribuirle al representante Rodríguez Rodríguez la causal de pérdida de investidura por hacer contribución a los partidos, movimientos o candidatos, o inducir a otros, sin embargo, no existe fundamento probatorio para el efecto.

Que ninguno de los hechos que atribuye el demandante como contribución a campañas constituye en estricto sentido una contribución a un partido político o candidato, ni presenta registros financieros con el fin de demostrar lo aseverado. Por lo tanto, no existe fundamento fáctico, jurídico o probatorio que respalde tal afirmación.

En cuanto al alegado tráfico de influencias, precisó que según el Consejo de Estado, dicha casual supone ‘anteponer la investidura de congresista ante un servidor público, quien bajo tal influjo psicológico realiza una actividad que no adelantaría, de no ser por la calidad de quien se lo solicita...’ y estructura los elementos que deben concurrir par que se constituya la causal de tráfico de influencias, los cuales no se demuestran en el presente caso.

Que el demandante lo único que infiere con certeza es la calidad de congresista de quien se acusa el tráfico de influencias, los demás elementos son manifestaciones generales y abstractas. En el expediente no se encuentra prueba que el representante haya ejercido presión sobre el señor Leandro Peña Aya, tampoco se demuestra que se haya recibido o hecho prometer dinero o dádiva alguna para sí o terceros.

No se aporta ni siquiera una relación creíble y constante de gastos que supuestamente debía cubrir el señor Peña Aya con su salario, los cuales podrían demostrar la suma entregada mensualmente. Para el efecto se requiere un sustento probatorio perfectamente determinado en cada mes y no solo pruebas que reflejan eventualidad en algunas compras de café o tarjetas de navidad, etc.

En el mes de diciembre de 2014, se inició la obra de remodelación de la oficina del parlamentario con dineros exclusivos del demandado ($ 2.000.000) los que fueron entregados al señor Jaime Rodríguez Rodríguez (quien hizo la obra) por el señor Peña Aya, delegado para hacer los pagos por ausencia del representante.

Desconocimiento de documentos. El apoderado, con fundamento en el artículo 272 del Código General del Proceso solicitó el desconocimiento de los siguientes documentos: i) Acta de declaración de versión libre y espontánea rendida por el representante Edward David Rodríguez Rodríguez ante la veeduría nacional del partido Centro Democrático, Rad. 1602216-007, porque este documento no tiene firma del representante y ii) los que se aportan con la demanda: denominados ‘copia de la relación del archivo personal de dineros entregaos del sueldo del señor Alejandro (sic) Peña Aya, por ser documentos que no emanan del demandado, razón por la cual no es posible tacharlos de falsos, pero si su desconocimiento por ser documentos representativos emanados de terceros”.

2.4. Conclusiones.

Vale preguntarse el resultado del análisis conjunto de los elementos de convicción antes relacionados. Como puede constatarse —en los folios 5 y 6 de la sentencia— la Sala mediante auto fechado 28 de julio de 2016, tuvo como pruebas los documentos allegados con la demanda y practicó testimonios. En relación con los chat, como quedó expuesto, nada se dijo. Reconoció eso sí como cierto el dicho de la defensa según el cual el congresista accionado no suscribió el acta de versión libre y espontánea ante la veedora nacional del partido Centro Democrático.

Es de insistir en que si bien el demandado desconoció la versión libre, fundamentó su aserto en que faltaba su firma y en que se trata de una declaración libre de apremio. Al respecto es de anotar, primeramente, que la Sala reiteradamente le ha dado valor probatorio a las indagatorias y a las versiones libres, sin perjuicio de su falta de apremio, en cuanto no se trata de testimonios, de donde no tendrían que cumplir con este requisito.

Comoquiera que se trata de un medio de prueba distinto al testimonio, pues en este último se exige al deponente declarar bajo la gravedad de juramento, la versión libre y la indagatoria se tienen en cuenta y son analizadas por su relevancia y en conjunto, a fin de crear convencimiento sobre los hechos de los que trata un asunto en concreto(5).

En virtud del principio de libertad de los medios probatorios, la ley procesal civil admite como prueba cualquiera que sea útil para el convencimiento del juez, bien sea que se trate i) de las previstas en ese estatuto, tales como —pero sin limitarse a— las directas, esto es, la declaración de parte, el juramento, el testimonio de terceros, la confesión, el dictamen judicial, la inspección judicial y las indirectas, como los indicios y las presunciones o ii) de cualquier otro medio no previsto en la codificación procesal civil, con independencia de las antes relacionadas(6) —artículos 175 y 176 del Código de Procedimiento Civil, al igual que los artículos 165 y 166 del Código General del Proceso, con similar alcance—.

Adviértase que el principio de la libre valoración racional o libre convicción del juez, que guarda nexo estrecho con la libertad de los medios probatorios, se expresa de doble manera. Por un lado, en su aspecto negativo, supone ausencia de regulación que anticipe la eficacia o necesidad de un determinado medio probatorio para un hecho concreto. Por el otro, en su aspecto positivo, implica reconocer un amplio margen de apreciación al juez para establecer, acorde con la sana crítica, los criterios de valoración de la prueba en cada caso, con el deber de expresar en la motivación el raciocinio que le permitió fundar su convicción.

Retornando al asunto de la referencia se tiene que, tras correr traslado a la parte demandante sobre la petición efectuada por el accionado de desconocer esa prueba, el demandante insistió en que fuera acogida. La Sala concluyó al respecto —se destaca—.

“Para la Sala toda vez que no existe la grabación magnetofónica, que el demandado cuestiona el contenido del acta, que no suscribió el documento, que la declaración rendida fue ‘libre de todo apremio’ y sin juramento y que no existe forma de demostrar la autenticidad del acta, carece de eficacia probatoria según el artículo 272 del Código General del Proceso: ‘Si no se establece la autenticidad del documento desconocido carecerá de eficacia probatoria”.

2.4.1. Sobre el punto —y teniendo en cuenta las consideraciones efectuadas líneas atrás— cabe destacar que este elemento de convicción no tenía que haber sido suprimido por la Sala. Esto es, el juez no escoge qué pruebas valora y cuáles deja de considerar. Cuando esto último sucede, tiene la carga de explicar por qué y sustentarse en el ordenamiento.

Es de anotar, asimismo, que aunque se sostuvo que la actuación no fue suscrita por el representante a la Cámara accionado —dándole la razón— lo cierto tiene que ver con que i) el congresista fue citado para continuar la audiencia en la que rindió versión libre, oportunidad en la que suscribió el acta(7) y ii) no tachó de falso el documento; antes, por el contrario, recibió tanto copia del acta como trascripción del audio, sin controvertir —se destaca—.

Tampoco se puede perder de vista que los chat fueron allegados por el demandado y acompañados, incluso, a la denuncia que se presentó ante la veeduría del partido Centro Democrático. Se insiste: el contenido registrado en los mismos no fue controvertido ni tachado de falso.

2.4.2. Adicionalmente, en la referida versión libre el propio demandado solicitó revisar su teléfono y aseveró, de modo contundente, que solo portaba el teléfono oficial. O sea, el accionado admitió que se revisara y confirmara la información contenida en el chat de su teléfono. Ahora, en el evento de que esto no fuera así, tampoco se trataba de una conversación confidencial y los dos hablantes podían darla a conocer, en especial, como medio de defensa.

2.4.3. Con todo, si a la Sala le asistía duda acerca de la validez de este medio de convicción, se ha debido decretar la prueba en el sentido de que se certificara el contenido del chat. Sobre este extremo vale insistir que, de las conversaciones registradas en el chat son dueños el emisor de los mensajes y el destinatario y que, en el caso de autos, tanto el uno, como el otro, aceptaron el valor probatorio de lo allí registrado, lo que, dicho sea de paso, ambos estaban en libertad de hacer público porque, a ese respecto, no cabe reserva alguna.

2.5. Si se aprecian las pruebas aportadas al expediente en conjunto, acorde con las reglas de la sana crítica, se concluye que el integrante de la UTL del congresista demandado, el señor Luis Leandro Peña Aya, inducido por el representante accionado —en su condición de jefe, de modo que le imponía las reglas y le controlaba el tiempo—, dedicó todo su trabajo a las actividades políticas del Centro Democrático contribuyendo de manera efectiva y constante al partido —se destaca—.

2.5.1. Es más, se corrobora que el señor Peña Aya actuó directamente en la campaña presidencial del candidato Oscar Iván Zuluaga a la Presidencia de la República y de Francisco Santos a la Alcaldía de Bogotá. E, igualmente, intervino de modo activo en la campaña al Concejo de Bogotá promoviendo la candidatura de concejales y la precandidatura de ediles. Así aparece en el folio 107 del expediente —se destaca—.

“Preguntado: representante quiero que explique cuál es la razón por la cual de asistente V se desmejora al cargo de asistente II. Responde (...) Después de este incidente yo procedo a que él debe trabajar más en terreno y que empiece a ayudar en la campaña del Concejo, a las comunidades y al doctor Francisco Santos siempre bajo mi tutela, empiezan a presentarse como en el mes de junio y julio una serie de inconvenientes, el primero de ellos, es que el Sr Leandro se me acerca a decirme que el doctor Carlos Camacho le estaba diciendo a todas las personas que yo le había pedido media UAM. (...) // Sigamos es cierto que conservo un cuadro mío en mi despacho y la plata salió de mi bolsillo ... quiero que le pregunte a Víctor Atencia si le mandaba plata con él, también al señor Alejandro Jaramillo si le mandaba plata con él, como a muchos les ayudé un poquito de acuerdo a mis recursos y también a mi salario a medida que me iba llegando para hacer patrimonio político, facturas de tarjeta de navidad (...) pero aquí quiero hacer referencia el 30 de noviembre y el 30 de diciembre de 2015 el señor ya no trabajaba para la UTL al siguiente día fue cuando fue a extorsionarme, yo lo mando a comprar café en esas fechas?”.

2.5.2. Se pudo confirmar, asimismo, que no se trató, como se sostuvo en la defensa, de un aporte personal del congresista a una organización política o la financiación de su funcionamiento o de una campaña, acorde con los límites de la financiación privada, en los términos de la excepción contemplada numeral 6º de la Ley 1475 de 2011. Sencillamente, el integrante de la UTL del representante accionado a instancias del mismo —porque no se puede decir otra cosa, dado que el parlamentario conocía de las actividades e impartía las órdenes— se dedicó de tiempo completo a trabajar para distintas campañas del partido Centro Democrático desconociendo, en un todo, la prohibición consignada en el artículo 110 C.P. y la previsión establecida por el numeral 6º de la Ley 1475 de 2011 sin que se pueda considera en la excepción el hecho de que el congresista induzca a terceros a realizar actividades políticas, por ello burlaría la finalidad perseguida por la norma constitucional y legal.

2.5.3. Como se deriva de las conversaciones registradas en el chat —prueba omitida por la Sala sin asidero jurídico—, se trató de una actividad permanente y constante de un servidor público integrante de la UTL del Congreso de la República que, a instancias del parlamentario accionado, favoreció al partido Centro Democrático y al tiempo a candidatos a la Presidencia de la República, a la Alcaldía de Bogotá, a concejales y a ediles del mismo partido —así no se hubieran culminado con éxito las campañas—.

En este caso, lo principal radica en que el servidor público integrante de la UTL, inducido por el congresista accionado, favoreció al partido Centro Democrático con su dedicación permanente y constante en distintas campañas, al punto que los mensajes registrados en el chat son contestes en demostrar cómo el señor Luis Leandro Peña Aya participó en diferentes actividades de proselitismo partidista e incluso de capacitación a favor del mencionado partido.

2.5.4. Ahora, la contribución a las actividades políticas del Centro Democrático a cargo del servidor público, fueron efectivamente inducidas por el congresista accionado, porque este así lo reconoció ante la veedora del partido Centro Democrático, visible en el folio 107 del expediente. Sostuvo —se destaca—.

“...después de este incidente yo procedo q que él debe trabajar más en terreno y que empiece a ayudar en la campaña de Concejo, a las comunidades y al Dr. Francisco Santos, siempre bajo mi tutela,

(...)

De modo que no queda sino concluir que las erogaciones efectuadas en cumplimiento de las órdenes impartidas —compra de sillas, tarjetas de navidad, almuerzos y cenas—, que debieron ser sufragadas por el congresista, terminaron siendo pagadas por el integrante de la UTL.

Esto es así, porque el señor Luis Leandro Peña Aya demostró el gasto y la orden emitida por el congresista y este no probó la entrega del dinero. Salvo —y ello corrobora lo afirmado— el suministro de una tarjeta de crédito para el pago de los gastos de una reunión.

“19/08/2014, 12:39 PM – Luis Peña: Jefe faltan números a ka (sic) tarjeta de crédito urg.

19/08/2014, 12:41 PM - Camara Dr. Eduard R: Ahí esta.

19/08/2014, 12:41 PM - Camara Dr. Eduard R: El número.

19/08/2014, 12:41 PM - Camara Dr. Eduard R: Se lo escribí.

19/08/2014, 12:41 PM - Camara Dr. Eduard R: Es MasterCard.

19/08/2014, 12:41 PM - Luis Peña: Faltan 4 números.

19/08/2014, 12:42 PM - Camara Dr. Eduard R: [El parlamentario da el número].

19/08/2014, 12:42 PM - Luis Peña: [el señor Peña Aya confirma el número de la tarjeta de crédito].

3. Derecho irrenunciable a preservar la integridad del salario y su protección por el ordenamiento jurídico.

3.1. El derecho laboral tiene una clara vocación de tutela y protección del más débil, esto es, el trabajador. En las relaciones sociales se dan vínculos de poder y uno de los más fuertes es el laboral, el cual, precisamente en vista de lo anterior, se encuentra regido por un conjunto de principios, entre ellos, el protector, de razonabilidad y de buena fe.

3.1.1. El principio protector también llamado tuitivo, proteccionista o de favor, i) se fundamenta en la falta de libertad inicial y consecuente del trabajador (pues el empleador impone sus condiciones en la negociación y luego su poder de dirección, mediante órdenes, directivas, controles y facultades disciplinarias); ii) limita la libre disposición del empleador como un modo de equiparar las prestaciones y preservar la dignidad del trabajador, lo que implica que este último no queda sujeto a la autonomía privada o de mercado y iii) reconoce la desigualdad propia de las relaciones laborales y la necesidad de que el Estado compense, de algún modo, esa diferencia.

3.1.1.1. De ahí que, el legislador consagre salvaguardas a favor del trabajador en cuanto normas de orden público, que establecen mínimos irrenunciables en materia de remuneración, higiene y seguridad, descanso, capacidad laboral, feriados y términos del contrato, etc.

3.1.1.2. La justificación de este principio se centra, precisamente, en la necesidad de dotar al trabajador —el extremo jurídicamente más débil de la relación laboral—, de los elementos necesarios que compensen esa situación de asimetría.

3.1.1.3. El principio protector contiene cinco manifestaciones: i) regla de la norma más favorable. Cuando existe concurrencia de normas, debe aplicarse aquella que es más favorable para el trabajador; ii) regla de la condición más beneficiosa. Una nueva norma no puede empeorar las condiciones que ya tiene un trabajador; iii) regla in dubio pro operario. Entre las distintas interpretaciones de una norma, se debe seleccionar aquella que más favorezca al trabajador; iv) regla de irrenunciabilidad de los derechos de los trabajadores. Mientras subsista la relación laboral, el trabajador no se puede despojar de los mismos; v) regla de la primacía de la realidad. En caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que fluye de los documentos, debe darse preferencia a lo primero; es decir, a lo que sucede en el terreno de los hechos.

3.1.1.4. Particularmente, la regla de irrenunciabilidad de derechos establece la imposibilidad de privarse, aún por voluntad de parte, de los derechos concedidos por la legislación laboral (por ejemplo la integridad del salario). En otras palabras, no le está permitido a los trabajadores despojarse, libremente, de las posibilidades o ventajas establecidas en su provecho por la ley laboral.

Lo anterior, tanto más si se tiene en cuenta que las normas laborales son de orden público, esto es, no sólo producen efectos frente al trabajador, sino respecto de sus familias y, por ello, imponen condiciones mínimas de obligatoria observancia que no pueden ser soslayadas por acuerdos entre las partes.

3.1.2. El principio de razonabilidad parte de la premisa según la cual el ser humano, en sus relaciones laborales, debe proceder conforme a la razón y a ciertos cánones de conducta. Este principio actúa en dos sentidos: i) para medir la verosimilitud de determinada explicación o solución. Las excepciones deben justificarse y probarse especialmente y ii) como cauce, límite o freno de ciertas facultades, cuya amplitud puede prestarse para arbitrariedades.

3.1.2.1. La esencia misma de la relación de trabajo, mediante la cual una persona se pone al servicio de otra durante un lapso a fin de que esta última indique tareas y le determine el modo en que debe actuar la primera, obliga a ciertos límites elásticos y variados que mantengan el poder de dirección del patrono, dentro de cauces jurídicos adecuados.

Si bien el poder de dirección ejercido por el empleador frente al trabajador requiere de un cierto margen de discrecionalidad, ello en ningún caso puede comportar arbitrariedad y debe asuntarse a criterios de razonabilidad.

3.1.2.2. Los criterios mencionados tienden a evitar las actuaciones arbitrarias del patrono en la toma de decisiones que involucren el desempeño de las funciones o tareas contratadas con el trabajador.

3.1.2.3. Este principio tiene gran aplicación en casos de: i) ius variandi, esto es, la posibilidad que tiene el empleador de modificar las condiciones de trabajo dependiendo de las necesidades de empresa, pero sin que ello signifique una arbitrariedad; el patrono está sujeto a justificar razonablemente el cambio; ii) nadie puede negar el poder disciplinario del empleador, pero la medida correctiva debe ser aplicada en forma proporcional a la falta cometida, actuando razonablemente;

3.1.3. El principio de buena fe. Las relaciones laborales exigen confianza recíproca y que las partes actúen de forma honesta y honrada. En las relaciones laborales no basta la afirmación de buena fe de una de las partes, sino que debe analizarse la actuación externa de ese dicho y ver si coincide con las valoraciones vigentes en la comunidad.

3.2. La legislación laboral, como principio general —artículo 59—, prohíbe al patrono deducir, retener o compensar suma alguna del monto de los salarios y prestaciones en dinero que correspondan al trabajador, sin autorización judicial o del mismo trabajador, esta última previa y escrita —se destaca—. Es decir, mientras no medie el consentimiento previo y escrito del trabajador o autorización judicial, el patrono no puede realizar descuento alguno sobre el salario de éste.

Previsión que se reitera en el artículo 149 de la misma codificación, que prohíbe, expresamente, retener aun con autorización del trabajador, un monto tal que afecte el salario mínimo legal o convencional, la porción de éste considerada inembargable, o cuando el total de la deuda supere el monto del salario del trabajador en tres meses. En estos casos, la retención sólo opera si media autorización judicial.

3.3. En esta materia, la Corte Suprema de Justicia ha mantenido una posición constante, al prohibir a los empleadores compensar obligaciones adquiridas por el trabajador, sin autorización judicial previa. Ha dicho la Corte:

Ya en sentencia de casación de junio 10 de 1965, tras hacer el recuento de sentencias anteriores contradictorias, pues unas aceptaban la procedencia de la compensación civil en materia laboral, y otras la rechazaban, se opta en firme por la admisión de ese mecanismo para la mutua y simultánea solución de obligaciones, como es apenas natural y lógico conforme lo enseñó el Derecho Romano. Empero, atendiendo a las categóricas prohibiciones vigentes en el estatuto laboral, se hizo énfasis en la necesidad de un pronunciamiento, mandato o resolución judiciales para que la compensación fuera admisible en el derecho al trabajo, tratándose de salarios o de prestaciones (...).

Y no podría ser de otro modo, para no incurrir en el grave error de desconocer la prohibición expresa y categórica de las normas citadas, o hacerla nugatoria, cuando de otra parte tal limitación corresponde a la esencia misma de derecho laboral, que protege la integridad de la remuneración debida al trabajador, que para él es medio indispensable de subsistencia vital.

Sería a todas luces equivocado aceptar que el patrono pueda imponer válidamente la compensación en tales casos, con base en la legislación civil orientada por los principios de libertad e igualdad en los contratos, que no rigen el derecho del trabajo. Quedarían así sin piso las normas especiales que protegen al trabajador, garantizándoles la percepción oportuna y efectiva de su remuneración, que es irrenunciable, inembargable, y constituye además ingreso exento y crédito privilegiado, como lo disponen las normas y lo exige la justicia.” (Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral. M.P. Fernando Uribe Restrepo, enero 17 de 1985).

Finalizada la relación laboral, la protección a los salarios y prestaciones del trabajador subsiste. Por tanto, el empleador no puede deducir ni retener suma alguna que el trabajador expresa y claramente no haya autorizado o, frente a la cual no exista autorización legal o judicial. Al respecto, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, ha dicho ‘[c]omo los artículos 59 y 149 del Código no establecen ninguna distinción sobre la oportunidad de la prohibición al empresario de descontar unilateralmente sumas de dinero, debe entenderse que ella abarca no sólo la vigencia del contrato de trabajo, sino también su terminación, y protege tanto los salarios como las prestaciones sociales. Lo anterior es una manifestación de la especial protección de que goza el trabajo, y particularmente el derecho a la retribución de los servicios del trabajador, cuya eficacia quedaría desamparada si se prohijara la procedencia de estipulaciones genéricas preimpresas en los contratos laborales que probablemente suscribirían algunos empleados al comenzar su relación laboral en razón de su inferioridad económica y que eventualmente podrían facultar a una de las partes para hacerse justicia por sí y ante sí anticipadamente, a pesar de que su presunto derecho sea controvertible judicialmente.” (Cfr. Corte Suprema de Justicia, sala laboral, M.P. José Roberto Herrera Vergara, julio 5 de 1995).

3.4. La jurisprudencia constitucional se ha manifestado reiteradamente sobre el derecho irrenunciable a la integridad del salario. En relación con el tema de los descuentos salariales sostuvo la corporación en la Sentencia C-710 de 1996 que estos podían realizarse, únicamente, en la medida en que los mismos no desconocieran el derecho del trabajador a gozar de una remuneración encaminada a satisfacer sus necesidades básicas y las de su núcleo familiar.

3.4.1. Para la Corte, no se desconoce precepto alguno de la Constitución, cuando se le permite al trabajador concertar con su empleador los montos que éste puede retener de su salario. Consentimiento que debe estar precedido de un grupo de exigencias previstas para proteger al empleado de abusos —se destaca—. Ahora bien, mientras no medie el consentimiento por escrito del trabajador o autorización judicial, el patrono no puede realizar descuento alguno sobre el salario de éste. El empleador no puede deducir ni retener suma alguna que el trabajador expresa y claramente no haya autorizado previamente o, frente a la cual no exista autorización legal o judicial —se destaca—.

3.4.2. Existen tres clases de descuentos que el patrono puede hacer sobre el salario de sus trabajadores: i) que autorice el juez laboral, pues la intervención de este funcionario garantiza los derechos del trabajador; ii) los autorizados por el trabajador, siempre y cuando no se afecte el monto del salario mínimo legal o convencional ni la porción de éste considerada inembargable, y cuando la deuda no exceda tres veces el monto de su salario. Autorización que siempre debe constar por escrito —se destaca— iii) los autorizados por la ley.

3.5. La protección de la integridad del salario, ha sido una de las mayores preocupaciones en las distintas regulaciones sobre la materia. Así, por ejemplo, en la recomendación 85 de la OIT, se aconseja fijar una política que limite, entre otros, los descuentos sobre el salario con el fin de garantizar la manutención del trabajador y la de su familia.

Se reconoce, entonces, que sobre el salario pueden realizarse algunos descuentos. Sin embargo, éstos deben responder a criterios que no vulneren el derecho del trabajador a gozar de una remuneración que le permita satisfacer sus necesidades básicas y las de su núcleo familiar.

3.5.1. En conclusión, es cierto que en la relación laboral existe un vínculo donde el empleador ejerce una posición dominante, y el trabajador se halla en situación de subordinación y debilidad económica, pero ello no implica que el trabajador esté despojado de todo poder decisorio sobre la forma como dicha relación se desarrolla. Total claridad existe también acerca de que la autonomía reconocida por el ordenamiento, no le permite al trabajador despojarse de derechos que por su naturaleza tienen la calidad de irrenunciables, o que no concuerden con la realidad de su relación (art. 53 de la Constitución).

En fin, no se desconoce precepto alguno de la Constitución, cuando se le permite al trabajador concertar con su empleador, sobre los montos que éste puede retener de su salario. Consentimiento que debe ser expreso, constar por escrito y estar precedido de un conjunto de exigencias previstas para proteger al empleado de abusos.

3.5.2. En el asunto de la referencia, aunque las facturas aportadas por sí solas no prueban que el gasto beneficiaba al patrono, ello queda demostrado analizados los documentos de compra con las órdenes del parlamentario que registra el chat. De modo que se puede concluir que el señor Peña fue inducido a contribuir a los gastos del partido Centro Democrático con su propio salario. Salvo el suministro de la tarjeta de crédito, como quedó dicho, en los chat se aprecia la orden de compra pero no el suministro del dinero. Demostración a cargo del patrono al punto que, de no presentarse, se sigue que se trató de una carga derivada de la relación de dominio.

3.5.3. Se debe concluir, entonces, que el señor Peña Aya invirtió en las distintas actividades a las que estuvo dedicado para promocionar al partido Centro Democrático a instancias del parlamentario accionado. A la luz de las normas y de la jurisprudencia anteriormente reseñada, se entiende que fueron pagadas por él, en la medida que el principio de integralidad del salario impide considerar algo distinto, tanto más porque, como se vio, los descuentos salariales generales se encuentran vedados y solo pueden realizarse aquellos previstos en el ordenamiento y, en casos excepcionales, los autorizados previamente y por escrito por el trabajador. Descuentos, en todo caso, al margen de la modalidad escogida por el patrono; en el asunto de la referencia la compra de elementos necesarios para adecuar la oficina y para adelantar actividades proselitistas.

4. La norma prevista por el numeral 6º del artículo 27, de la Ley 1475 de 2011 —que se citó en el folio 15 de la providencia para sustentar la decisión—, por tratarse de una excepción, se sujeta a interpretación restrictiva y, en consecuencia, se aplica únicamente en relación con los congresistas.

La aludida norma es un desarrollo de la Constitución. Se trata de una norma con sentido lógico, pues los congresistas son políticos y, como tales, les está permitido hacer aportes a campañas políticas. En suma, los congresistas sí pueden hacer política y, en tal medida, contribuir a las campañas políticas personalmente y mediante aportes.

4.1. Esta excepción al principio no aplica para quienes instan a funcionarios públicos integrantes de las UTL adscritas al Congreso de la República (reguladas por la Ley 5ª de 1992) a participar en actividades políticas —se destaca—. En otras palabras, inducir a un tercero, en este caso un servidor público vinculado a una UTL y, por tanto, al Congreso de la República, no se rige por esa excepción.

4.1.1. Los integrantes de las UTL son empleados públicos del Congreso de la República y no de los parlamentarios. En otros términos, los integrantes de las UTL —asistentes, asesores y asesores por contrato— pueden ser postulados por los congresistas pero, acorde con lo dispuesto por la Ley 5ª de 1992, la facultad nominadora recae en la dirección general administrativa de Senado o Cámara, respectivamente.

De donde la excepción prevista en la norma traída a colación en el folio 15 de la sentencia, no aplica para los integrantes de las UTL.

4.1.2. En el asunto de la referencia ocurrió que el parlamentario indujo al integrante de la UTL, Luis Leandro Peña Aya, a realizar una actividad que le está vedada a los funcionarios públicos, porque la excepción que rige para el congresista no se aplica para el dependiente de la UTL que es empleado público y se rige por normas de orden público que son las normas que regulan la función pública. En fin, estos funcionarios no son políticos —desempeñan actividades administrativas—, y al no ser políticos, la excepción no se aplica a ellos.

Brevemente, en los términos del artículo 110 C.P. le estaba vedado al parlamentario accionado inducir al servidor público integrante de la UTL a realizar actividades políticas y, por ello, debió perder la investidura.

4.2. Para concluir se insiste: la regla general es que a todos los funcionarios públicos en Colombia les está prohibido hacer política, exceptuando los que prevé la ley. En la decisión de la que me aparto, se adujo que el caso se resolvería acorde con la excepción prevista para los congresistas por el numeral 6º de la Ley1475 de 2011. No obstante, pasó por alto la Sala que esa excepción no se aplica a servidores públicos que a instancias de los congresistas o, inducidos por ellos, participan en campañas o actividades para favorecer partidos políticos.

En fin, en la decisión de la que me aparto, se soslayó no solo que, a instancias del representante a la Cámara accionado, el señor Luis Leandro Peña Aya se dedicó de manera constante, efectiva y permanente a contribuir con distintas actividades proselitistas en campañas políticas del partido Centro Democrático; que su participación se dilató en el tiempo, así como abarcó diferentes espacios y actividades ajenas a la labor propia de la UTL que es netamente administrativa.

Los motivos desarrollados líneas atrás, me permiten sostener que en el proceso de la referencia existían pruebas suficientes para la prosperidad de la acción invocada.

En los términos que anteceden, salvo el voto.

Fecha ut supra.

Stella Conto Díaz Del Castillo. 

1 Consta en el expediente que mediante Resolución 1330 del 21 de julio de 2014, fue designado el señor Luis Leandro Peña Aya en el cargo de asistente II en la UTL del representante accionado y que, por medio de oficio fechado 30 de octubre de 2014, se informa la novedad, esto es la aceptación de la renuncia del antes nombrado y su promoción al cargo de asistente grado V. Figura igualmente la resolución de designación como asistente grado V y luego nuevamente a grado II (el 28 de abril de 2015) y su renuncia a este último cargo que tuvo lugar el 1º de septiembre de 2015.

2 Cfr. Chat de WhatsApp con Camara Dr. Eduard R [612380] folios 133152 del expediente. En especial folios: 139; 141; 146.

3 Cfr. Chat WhatsApp con Camara Hmno Jaime R [614913] folios 153-170 del expediente. En especial, folios 157; 164; 167, 168 donde consta que el integrante de la unidad de trabajo legislativo sufragó los gastos de remodelación de la oficina del parlamentario realizados por su hermano Jaime Rodríguez de profesión arquitecto.

4 Chat WhatsApp con Camara Hmno Jaime R [614913]. En especial, folios 157; 164; 167.

5 Al respecto, véase Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 28 de julio de 2011, Rad. 11001-03-15-000-2011-00125-00(PI), demandado: Néstor Iván Moreno Rojas, C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. En aquella ocasión la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo decretó la pérdida de investidura de un senador de la República, por encontrar probado a partir de la indagatoria rendida por el enjuiciado ante la Corte Suprema de Justicia, testimonios e indicios, los hechos constitutivos de la causal que, de acuerdo con la ley, da lugar a esa medida. Véase también Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 19 de marzo del 2013, Rad. 110010315000201000786 00, C.P., Bertha Lucía Ramírez de Páez. En aquella ocasión, la Sala Plena decretó nuevamente la pérdida de investidura, esta vez de un representante a la Cámara, por encontrar probado, con la indagatoria rendida por el enjuiciado ante la Corte Suprema de Justicia, entre otros medios probatorios, los hechos constitutivos de la causal de desinvestidura. Cfr. también, Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 5 de noviembre de 2014, Rad. 110010315000201200900-00/2012-00899 y 2012-00960 (acumulados) PI. Demandado: Eduardo Carlos Merlano Morales. C.P. Stella Conto Díaz del Castillo. En ese proceso se tomó en cuenta y apreció en conjunto la versión libre rendida por el parlamentario accionado.

6 En la doctrina se denomina “atípicas” o “inominadas” a “las pruebas no reguladas por la ley”, en tanto se designa como “típicas” a aquellas con formas legales preestablecidas. Cfr. Taruffo, Michele; “[l]a prueba de los hechos”; Editorial Trotta; traducción de Jordi Ferrer Beltrán; Madrid, 2002; páginas 403 y siguientes.

7 Cfr. veeduría nacional, Rad. 16022016-007 continuación de la audiencia de declaración de versión libre y espontánea rendida por el representante Edward David Rodríguez Rodríguez, identificado con la cédula de ciudadanía 79.939.416, expedida en Bogotá y Luis Leandro Peña Aya identificado con la cédula de ciudadanía 17.323.378, expedida en san Villavicencio, programada para el día de hoy jueves 25 de febrero de 2016 a las 8:30 a.m., tal como consta en el acta del día 22 de febrero de 2016, visible en los folios 103 y 104 del expediente. Mediante auto consta la entrega de copia del acta de la audiencia del día 22 de febrero y se ordena expedir copia de la grabación.

ACLARACIÓN DE VOTO

Con el acostumbrado respeto, manifiesto la razón por la cual aclaro mi voto en la decisión de la Sala con la cual se negó la pérdida de la investidura del demandado.

En primer lugar, debo expresar que comparto el sentido de la providencia, en el sentido que no se probó la configuración de las causales contenidas en los artículos 110 y 183-5 de la Constitución Política.

No obstante, estimo que en la sentencia debió incluirse un análisis del término “candidato” al que alude el primero de los mencionados artículos, comoquiera que al accionado se le sindicó de financiar y promover su financiamiento.

A mi modo de ver, por tratarse de un elemento normativo constitucional con la vocación de limitar derechos fundamentales amparados por la propia Carta, tal vocablo debe comprenderse de forma restrictiva.

Y se hace hincapié en este ingrediente en particular, pues, aun cuando la norma habla de contribuciones a “...partidos, movimientos o candidatos...”, la forma en la que se trabó la litis así lo impuso a la Sala.

Uno de los interrogantes a destrabar era, entonces: ¿desde cuándo se tiene la calidad de candidato?

La primera aproximación a dicho planteamiento partiría de dimensionar el alcance gramatical de tal vocablo, que, de acuerdo con la Real Academia Española tiene las siguientes acepciones:

candidato, ta.

Del lat. candidātus.

1. m. y f. Persona que pretende algo, especialmente un cargo, premio o distinción. Apl. a cosa, u. t. en sent. fig. U. t. en apos. Ciudad candidata a las Olimpiadas.

2. m. y f. Persona propuesta para un cargo, premio o distinción, aunque no lo solicite.

3. m. y f. Persona que está expuesta a padecer algo. El exceso de velocidad lo hace candidato a la pérdida del permiso de conducción.

4. m. y f. coloq. Arg. y Ur. Persona cándida, que se deja engañar”.

Como puede verse, cualquiera de ellas denota un espectro notablemente amplio que cobija hipótesis en las que se puede ser candidato, inclusive, sin tener la intención de serlo.

Sin embargo, esta comprensión dejaría por fuera todo un entramado de prescripciones jurídicas que le dan un sentido auténtico en el ámbito normativo colombiano a la palabra “candidato” a partir de la Constitución Política y la ley.

Bajo esa cuerda argumental, es menester precisar que el trámite de inscripción de candidaturas se encuentra desarrollado en la Ley 1475 de 2011, “[p]or la cual se adoptan reglas de organización y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos, de los procesos electorales y se dictan otras disposiciones”.

Así, en los artículos 28 y 29 de la mencionada norma se establece el derecho de los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos de inscribir candidatos a cargos y corporaciones de elección popular, bien sea de forma directa o por medio de coaliciones, de acuerdo con las formalidades que allí se precisan.

Por su parte, los artículos 30 y 31 remiten al período dentro del cual se pueden hacer y modificar las inscripciones, al señalar que “...durará un (1) mes y se iniciará cuatro (4) meses antes de la fecha de la correspondiente votación...”.

Y finalmente, en los artículos 32 y 34 se dispone lo concerniente a la autorización o rechazo de las inscripciones por parte de la autoridad electoral, dentro de una etapa que admite interposición de recursos y publicación de listas, lo cual varía atendiendo a la naturaleza de la agrupación política que concede el aval a quien aspira a ser elegido popularmente en determinado cargo. Al respecto, deviene oportuno destacar lo decantado por la Sección Quinta del Consejo de Estado en sentencia de 17 de julio de 2015(1), así:

“De conformidad con el ordenamiento jurídico existen dos modalidades para que los ciudadanos aptos para ser elegidos a cargos de elección popular puedan inscribirse ante la autoridad electoral competente: i) ser avalado por un partido o movimiento político con personería jurídica, o ii) a través de un grupo significativo de ciudadanos cumpliendo los requisitos que establece el legislador (recolección de apoyos de ciudadanos (firmas) y póliza de seriedad de la candidatura). Es importante precisar que uno es el proceso para el otorgamiento de los avales (partidos y movimientos políticos con personería jurídica) o el de la recolección de firmas (grupos significativos de ciudadanos), y otro, que es posterior a este, el de la inscripción de la candidatura ante la autoridad administrativa. Por lo tanto, no se pueden confundir ninguno de estos dos procesos pues si bien uno es indispensable para el otro, los primeros obedecen a trámites internos de las agrupaciones políticas y los segundos son propias de actuaciones entre estas y las autoridades electorales. Además de las citadas exigencias, todos los candidatos para poderse inscribir deben diligenciar el formulario E-6 y aportar la copia de su cédula de ciudadanía. Si la inscripción es para ser elegido Alcalde o gobernador además deberá aportar el plan de gobierno”.

De ahí que solo se pudiera considerar “candidatos” a quienes se encontraran bajo los precisos supuestos temporales y adjetivos a los que se refieren la normativa y la jurisprudencia antes mencionada, y les hubiese sido reconocida tal calidad por la correspondiente autoridad electoral.

A lo anterior se suma que, en concordancia con nuestro modelo de organización política y democrática, tratándose de elecciones populares a cargos uninominales sólo puede haber un candidato por colectividad —partido, movimiento o grupo significativo—, lo que torna aún más restrictiva su comprensión.

Dicho de otro modo, el “candidato” como ingrediente normativo de la prohibición contenida en el artículo 110 de la Constitución Política responde a una caracterización de orden material, pero al mismo tiempo solemne, sujeta a los rasgos que le imprime nuestro sistema de fuentes.

Así las cosas, comoquiera que en el asunto abordado por la corporación tampoco se acreditó tal circunstancia respecto de las personas presuntamente beneficiadas por el demandado, en condiciones precisas de modo, tiempo y lugar, era claro que, por este motivo adicional, el pretendido levantamiento de la investidura tampoco estaba llamado a prosperar.

Y esto es así porque no basta que a las personas que se reputan beneficiadas por una de las conductas proscritas por el artículo 110 de la Constitución Política se les sindique de encontrarse en medio de actividades proselitistas, pues la connotación prohibitiva del mandato en cuestión impone que se verifique más allá de toda duda que la persona que se apoya sea en efecto un genuino “candidato”, reconocido de acuerdo con la normatividad vigente.

En los anteriores términos, dejo presentada mi aclaración de voto.

Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. 

1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, 17 de julio de 2015, Rad. 11001-03-28-000-2014-00029-00, Actor: Jesús Javier Parra Quiñones, Demandado: representante a la Cámara por el departamento de La Guajira.

ACLARACIÓN DE VOTO

De conformidad con lo establecido en el artículo 129 de la Ley 1437 de 2011(1), con el acostumbrado respeto por las decisiones de la Sala Plena de esta corporación, nos permitimos exponer las razones por las cuales suscribimos la providencia del vocativo de la referencia con aclaración de voto.

Al respecto manifestamos que votamos favorablemente el fallo del 29 de agosto de 2017 que negó la pretensión de pérdida de la investidura del congresista Edward David Rodríguez Rodríguez, por cuanto las circunstancias del caso sometido a conocimiento de la corporación así lo imponían, al no haberse configurado en el caso concreto las causales de tráfico de influencias debidamente comprobado y violación de la prohibición de hacer contribuciones a los partidos políticos, movimientos o candidatos o inducir a otros a que lo hagan, causales previstas en los artículos 183 numeral 5º y 110 de la Constitución Política, invocadas por el demandante, por no concurrir los requisitos constitucional, legal y jurisprudencialmente establecidos para su configuración.

No obstante lo anterior, consideramos necesario aclarar el voto en dos aspectos que resultan fundamentales y que, por razones de orden metodológico, se analizarán en forma independiente, a saber:

(i) Eficacia probatoria de la versión libre rendida por el representante a la Cámara demandado ante la veeduría nacional del partido Centro Democrático;

(ii) Régimen jurídico de la financiación de campañas políticas en relación con la prohibición prevista en el artículo 110 de la Constitución Política;

I. Eficacia probatoria de la versión libre rendida por el representante a la Cámara demandado ante la veeduría nacional del partido Centro Democrático.

En la providencia que suscribimos con aclaración de voto se concluye que la versión rendida por el congresista ante la veeduría nacional del partido Centro Democrático carece de eficacia probatoria, según el artículo 272 del Código General del Proceso, en virtud del cual “Si no se establece la autenticidad del documento desconocido carecerá de eficacia probatoria”.

Las razones por las cuales en la sentencia se arribó a la citada resolutiva, consisten en que: (i) no existe grabación magnetofónica, (ii) el demandado cuestiona el contenido del acta; (iii) no suscribió el documento; (iv) la declaración rendida fue “libre de todo apremio” y sin juramento y (v) no existe forma de demostrar la autenticidad del acta.

A nuestro juicio, la conclusión a la que arribó la Sala, desconoce el contenido del inciso 1º del artículo 244 del Código General del Proceso, en virtud del cual “Es auténtico un documento cuando existe certeza sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito, firmado, o cuando exista certeza respecto de la persona a quien se atribuya el documento” (negrillas fuera del texto).

En el caso concreto se tiene conocimiento de que el documento fue elaborado por la veedora del partido Centro Democrático, quien realizó la transcripción literal del contenido de la versión y existe certeza de la persona a quien se le atribuye el contenido, sin que las razones aducidas tengan la entidad suficiente para desvirtuar su autenticidad.

En relación con esta característica de los documentos, la Corte Constitucional, en Sentencia SU-774 del 16 de octubre de 2014(2), consideró que este concepto resulta relevante en tanto en ocasiones, debido a su consecuencia valorativa, se confunde con el de originalidad.

Al respecto, precisó que documento auténtico es aquel en el que existe total certeza en relación con la persona que lo elaboró, suscribió o firmó; agregó que “la autenticidad es un requisito que debe estar cumplido para que el documento pueda ser apreciado y valorado por el juez en lo que intrínsecamente contenga. La Sala concluye que su valor probatorio deberá ser establecido caso a caso de conformidad con la totalidad del acervo probatorio y de acuerdo con las reglas de la sana crítica” (negrillas agregadas al texto original).

En consecuencia, consideramos que resulta suficiente la apreciación en su conjunto de los medios de convicción obrantes en la foliatura, para establecer que en el sub examine existe certeza sobre la persona a quien se le atribuye el documento y, además, sobre la veracidad de su contenido, según la siguiente valoración:

1) Se allegó al proceso la certificación expedida por la veedora nacional del partido Centro Democrático, en la que hizo constar que “... ya no disponemos de dicho audio, pues desafortunadamente la grabadora se descompuso y se borró la grabación. No obstante lo anterior, le envío la transcripción que de la misma se hizo, muy fiel a la grabación y que las dos partes de este proceso conocieron en su momento y tienen en su poder, además que también fueron informados del hecho desde el momento mismo en que este ocurrió”(3).

2) Adicional a lo anterior, aparece la declaración rendida por Mary Becerra Gómez, quien tiene la calidad de veedora del partido Centro Democrático, en la que insistió en que lo que quedó consignado en el acta era “... lo más veraz para que se pusiera lo que habían dicho el uno y el otro”.

Agregó que “... lo que estaba consignado en el acta era la verdad porque no había discusiones por parte de ninguno de los dos, se vuelve a citar a la audiencia pero Leandro no va y envía memorial con la réplica de las intervenciones del representante, se suspende el proceso disciplinario, hasta que la justicia resuelva que pasó”.

La declarante ratifica que el congresista demandado, libre de todo apremio, afirmó ante ella y las personas que asistieron a la diligencia que había dado unos dineros para apoyar a unos precandidatos. Ratificó que lo expresado en el texto de la diligencia era exactamente lo que había afirmado el representante.

Con la copia de la transcripción de la versión libre rendida y la declaración de la veedora del partido quedó demostrado que la audiencia se suspendió sin que se dejara constancia de que el representante la hubiera leído o mostrado inconformidad con alguno de sus apartes, pues éste simplemente afirmó que tenía afán de asistir a una diligencia(4).

Existe, en consecuencia, certeza sobre el hecho de que el documento fue elaborado por la veedora del partido Centro Democrático y su contenido corresponde a una transcripción textual de la grabación que se realizó en su oportunidad y sobre la cual el congresista demandado no presentó objeción alguna.

3) La exposición del congresista en la versión libre, referida a las contribuciones económicas realizadas a las personas señaladas en el libelo introductorio, quedó corroborada igualmente por la confesión que el demandado realizó en la contestación de la demanda, pieza procesal en que se afirmó que “el representante conoce a los señores Adalber Castañeda, Alejandro Jaramillo y Víctor Atencia” y que “en el mes de diciembre se organizó una tertulia y una cata de vinos en la localidad de Antonio Nariño, en cuya organización participó el señor Adalber Castañeda. En aquella ocasión el representante Edward Rodríguez envió, por intermedio del señor Leandro Peña Aya, la suma de trescientos mil pesos ($ 300.000) al señor Adalber Castañeda para efectos de la organización logística que requería el evento”.

Hizo igualmente referencia a los demás aportes, con las siguientes precisiones: (i) el envío de ese dinero no tuvo lugar en momentos en que los líderes que organizaban las reuniones tuvieran la condición de candidatos a cargos de elección popular; (ii) nunca organizó o aportó alguna suma de dinero con destino a la organización de este tipo de reuniones durante el periodo en que tienen lugar las campañas electorales las que, de acuerdo con la Resolución 13331 de la Registraduría Nacional del Estado Civil el 11 de septiembre de 2014, se adelantaron a partir del 25 de junio de 2015(5).

4) La declaración rendida por el señor Luis Leandro Peña Aya, quien precisó las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que fueron entregadas las contribuciones económicas.

5) El testimonio rendido por Víctor Atencia Corrales, quien manifestó que en agosto o septiembre de 2015 lo invitaron a conformar la lista de la JAL de Kennedy. Precisó que el señor Luis Leandro Peña Aya, en el mes de mayo anterior le entregó $ 300.000 para para refrigerios, jugos y cafés y agregó que “en ese momento no había campaña”(6).

6) La declaración rendida por el señor Adalber Castañeda Palacios, quien afirmó que decidió no inscribirse como candidato a la junta administradora local, con ocasión de la cuota de género impuesta. Afirmó que no hizo ningún tipo de reunión como candidato pero que “Le solicité al señor Rodríguez una colaboración para una cata de vinos, yo convoqué amigos de mi barrio para el evento y le solicité al señor Rodríguez que me lo direccionaba con el señor Leandro Peña”.

Los elementos probatorios valorados en precedencia son unívocos, en la medida en que conducen a la conclusión de la entrega por parte del congresista demandado de dineros a personas que tenían la intención de participar en la contienda electoral, corroborando la versión rendida por el demandado, sin que, por el contrario, exista algún elemento de convicción que lo desvirtúe.

Las consideraciones expuestas nos conducen igualmente a separarnos de la afirmación que se realiza en la sentencia, en el sentido de que “... la supuesta contribución económica efectuada por el representante a la Cámara Edward David Rodríguez Rodríguez a los señores Víctor Atencia Corrales, Alejandro Jaramillo Zabala, Adalber Castañeda y Carlos Camacho Obregón y los pagos efectuados por el señor Leandro Peña al señor Jaime Rodríguez fue desmentida por ellos mismos”(7).

Lo anterior, por cuanto dos de los destinatarios de los dineros confirmaron en sus declaraciones el recibo de los mismos, cuyas transcripciones completas no fueron realizadas en la sentencia del vocativo de la referencia, razón que llevó a la Sala mayoritaria a concluir, en forma contraria a lo que indican las pruebas, que “... no encuentra la Sala que la parte demandante haya logrado demostrar en el proceso que el demandado hubiese hecho contribuciones en dinero o en especie a aspirantes a curules del Distrito”.

En igual forma, en las conclusiones visibles a folios 29 y 30 del fallo, se confiere plena credibilidad a la afirmación del declarante Víctor Atencia, en el sentido de haberse inscrito como candidato en los meses de “agosto o septiembre de 2015”, lo cual no resultaba posible frente al calendario electoral, aprobado mediante Resolución 13331 del 11 de septiembre de 2014 expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil, que fijó como fechas de inscripción del 25 de junio al 25 de julio de 2015.

En consecuencia, la certeza que arrojaron las pruebas sobre aportes entregados a los señores Víctor Atencia Corrales y Adalber Castañeda, tornaba imperativo que la Sala determinara si tal actuación implicaba la incursión por parte del congresista en la prohibición contenida en el artículo 310 Constitucional, para establecer la tipicidad de la causal de pérdida de investidura, cuyos principales lineamientos exponemos a continuación.

(ii) Régimen jurídico de la financiación de campañas políticas en relación con la prohibición constitucional prevista en el artículo 110 de la Constitución Política.

Desde el punto de vista constitucional, toda regulación electoral —que incluye la prohibición a quienes desempeñan funciones públicas de hacer contribución alguna a los partidos, movimientos o candidatos, o inducir a otros a que lo hagan, salvo las excepciones que establezca la ley(8)—, procura alcanzar, como fin último, la igualdad de oportunidades de los competidores en la contienda electoral, siendo este un principio-derecho fundamental para la legitimidad en la consecución y el ejercicio del poder político(9), con influencia en otros aspectos como la transparencia y la debida información a los electores para la formación de la voluntad electoral.

Según Sánchez Muñoz(10), el principio de igualdad de oportunidades tiene dos campos específicos de aplicación, los cuales se concretan en i) la libertad de acceso a la competición electoral, como una expresión del pluralismo político y de la posibilidad real y efectiva de presentación formal de candidaturas; y ii) el principio de igualdad de oportunidades en sentido estricto, el cual pretende el establecimiento de regulaciones dirigidas a los sujetos que intervienen en dicha competición, del cual puede derivarse una dimensión negativa —consistente en la limitación de los recursos que pueden ser usados por los candidatos, por ejemplo, la restricción a los ingresos y gastos de la campaña—; así como una dimensión positiva, de la cual deviene la cesión de recursos a los candidatos en competencia, siempre bajo criterios de distribución equitativa.

De forma específica, frente a las limitaciones relacionadas con la financiación de las contiendas electorales, el autor referenciado, se fundamenta en el siguiente razonamiento: “(...) si se limita la capacidad de gasto de los competidores que gozan de mayores recursos, entonces se impedirá que estos abusen de su posición de dominio fáctico y se logrará un mayor equilibrio en cuanto a la visualización(11) de la distintas opciones políticas”(12).

Sobre estos principios, la Corte Constitucional, en Sentencia C-089 del 3 de noviembre 1994(13), afirmó que “Se busca que la lucha política, en lo posible sea igualitaria, y que la idoneidad intelectual y moral de los candidatos, las ideas y los programas, sean los medios preponderantes a los que apelen los actores en la contienda electoral y los únicos recursos que decidan su suerte” .

Por su parte, la referida corporación, en Sentencia C-1153 del 11 de noviembre de 2005(14), en la que se revisó el proyecto de ley estatutaria mediante el cual se regulaba lo referente a las garantías electorales en materia de elecciones presidenciales, consideró:

“La creciente participación de grandes sumas de dinero en las campañas electorales conlleva grandes riesgos para la democracia. Estos riesgos se derivan de los intereses económicos de los diversos grupos que apoyan las candidaturas, que constituyen verdaderos grupos de presión que es necesario controlar con el fin de que no se desvirtúe la verdadera voluntad de los electores, por conducto de diferentes mecanismos de sugestión. La distorsión que la necesidad de financiación de los partidos genera en la democracia se evidencia desde la disputa por el cargo hasta el ejercicio del mismo” (negrillas fuera de texto).

En desarrollo de la disposición superior objeto de análisis, la Ley 1475 de 2011 consagró el régimen jurídico de financiación de las campañas políticas, regulando expresamente aspectos como fuentes de financiación de los partidos y movimientos políticos; financiación estatal de los partidos y movimientos políticos; destinación de los recursos; rendición pública de cuentas; límites a la financiación privada; límites al monto de gastos; pérdida del cargo por violación de los límites al monto de gastos, entre otros.

Así mismo, reglamentó en el numeral 6º del artículo 27 la forma como los miembros de corporaciones Públicas podían realizar aportes “a las organizaciones políticas a las que pertenezcan, con destino a la financiación de su funcionamiento y a las campañas electorales en las que participen, de acuerdo con los límites a la financiación privada previstos en el artículo 25 de la presente ley”.

Sobre este tema, es importante destacar que la Corte Constitucional(15) y esta corporación(16), han destacado la importancia que reviste para la democracia, en el marco del Estado Constitucional de Derecho, la función electoral y como parte esencial de esta la financiación de las campañas electorales, en aras de garantizar los principios de participación, igualdad, transparencia y pluralismo.

Respecto del contenido y alcance de estos principios se pronunció la Corte Constitucional en la Sentencia C-141 del 26 de febrero de 2010(17), con efectos erga omnes y de cosa juzgada constitucional(18), resaltando que apuntan al “... establecimiento de instrumentos encaminados a determinar con precisión el origen, la destinación, al igual que el monto de los recursos económicos que soportan una determinada campaña electoral”.

Cabe destacar que si bien es cierto la norma jurídica mencionada permite a los congresistas realizar aportes a las organizaciones políticas a que pertenecen, no permite la realización de tales aportes en forma directa a candidatos, prohibición que igualmente debe entenderse a quienes tengan la calidad de precandidatos.

Lo anterior, en consideración a que la finalidad de la prohibición, que sin lugar a dudas pretende garantizar principios de igualdad electoral y trasparencia, quedaría inane de permitirse la entrega de dineros antes de la fecha en que de acuerdo con el calendario electoral inicien oficialmente las campañas políticas y los aspirantes adquieran la calidad de candidatos.

Ello, si se tiene en cuenta que igual capacidad de desequilibrar la contienda electoral tienen los dineros o bienes entregados antes de la fecha de iniciación de las campañas políticas según el calendario electoral, como aquellos entregados después de esta fecha.

En los términos expuestos, queda presentada nuestra aclaración de voto.

Marta Nubia Velásquez Rico. 

Rocío Araújo Oñate. 

1 “ART. 129.—Firma de providencias, conceptos, dictámenes, salvamentos de voto y aclaraciones de voto. Las providencias, conceptos o dictámenes del Consejo de Estado, o de sus salas, secciones, subsecciones, o de los tribunales administrativos, o de cualquiera de sus secciones, una vez acordados, deberán ser firmados por los miembros de la corporación que hubieran intervenido en su adopción, aún por los que hayan disentido. Al pie de la providencia, concepto o dictamen se dejará constancia de los magistrados ausentes. Quienes participaron en las deliberaciones, pero no en la votación del proyecto, no tendrán derecho a votarlo.
Los magistrados discrepantes tendrán derecho a salvar o aclarar el voto. Para ese efecto, una vez firmada y notificada la providencia, concepto o dictamen, el expediente permanecerá en secretaría por el término común de cinco (5) días. La decisión, concepto o dictamen tendrá la fecha en que se adoptó. El salvamento o aclaración deberá ser firmado por su autor y se agregará al expediente.
Si dentro del término legal el magistrado discrepante no sustentare el salvamento o la aclaración de voto, sin justa causa, perderá este derecho”.

2 M.P. Mauricio González Cuervo.

3 Ver folios 106 a 107 del cuaderno 1 del proceso de pérdida de investidura.

4 De ello quedó constancia en el documento que contiene la trascripción que obra a folios 108 a 114.

5 Folios 179 a 172 del cuaderno número 1 del expediente de la pérdida de investidura.

6 Folios 173 a 175.

7 Ver folios 20 y 21 del expediente.

8 Consagrada en el artículo 110 de la Constitución Política.

9 SÁNCHEZ MUÑOZ, Oscar, “La igualdad de oportunidades en las competiciones electorales”, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Madrid. 2007, p. 23.

10 Ídem, p. 67.

11 “La visibilidad es un concepto muy amplio que se refiere al conjunto de medios a través de los cuales los competidores electorales pueden hacer llegar sus mensajes al electorado, mensajes que pueden ser de todo tipo: programas electorales, informaciones, imágenes, símbolos o cualquier otro contenido comunicativo capaz de intervenir, en mayor o menor grado, en la formación de la decisión electoral”. Ídem, p. 70.

12 Ídem. Folio 199. Seguidamente, el actor refiere que la limitación a los gastos de las campañas electorales, tiene efecto directo en la “moralización de la vida pública”, en cuanto contribuye con la minimización del riesgo latente, de toda organización política, de acudir a la financiación irregular, la cual, por su esencia, genera desigualdad y distorsiona la competitividad del proceso electoral.

13 Corte Constitucional, Sentencia C-084 del 3 de noviembre de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

14 Corte Constitucional, Sentencia C-1153 del 11 de noviembre de 2005, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

15 Corte Constitucional, Sentencia C-490 del 23 de junio de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, la cual a su vez reitera lo expuesto en las sentencias C-145 de 1994 y C-1153 de 2005.

16 Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia unificación de jurisprudencia del 1º de diciembre de 2016, Rad. 50001-23-33-000-2015-00006-01, M.P. Rocío Araújo Oñate.

17 Corte Constitucional, C-141 del 26 de febrero de 2010, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.

18 Al tenor de lo dispuesto por el artículo 243 de la Constitución Política.