Sentencia 2016-02241 de julio 27 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref. Exp. 05001233300020160224101

Pérdida de investidura de concejal de campamento - Antioquia.

Actor: Álvaro Abad Hincapié

Demandado: María Patricia Cárdenas Tabares y otros(1)

Referencia: No se encuentra acreditada la configuración de la causal de pérdida de investidura establecida en el artículo 48 de la Ley 617 de 6 de octubre de 2000(2), por indebida destinación de dineros públicos, al haber participado en la aprobación del acuerdo 002 de 2014, acto administrativo que fue declarado nulo por vulnerar el numeral 4º del artículo 313 de la Constitución Política y el artículo 1º, literal a) de la Ley 1483 de 9 de diciembre de 2011(3) y haber comprometido vigencias futuras excepcionales. Reiteración jurisprudencial.

Consejero Ponente:

Dr. Hernando Sánchez Sánchez

Bogotá D.C., veintisiete de julio de dos mil diecisiete.

«EXTRACTOS: 2. Consideraciones de la Sala.

2.1. Competencia y procedibilidad de la acción pérdida de investidura.

Esta Sección es competente para conocer de la apelación de las sentencias proferidas en procesos de pérdida de investidura de concejales: por una parte, en virtud del artículo 48, parágrafo 2º, de la Ley 617 de 2000, que establece la segunda instancia para tales procesos y, por la otra, atendiendo el pronunciamiento de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de 25 de enero de 1995(13), según el cual las impugnaciones contra las sentencias de pérdida de investidura, proferidas por los Tribunales Administrativos, son de conocimiento de la Sección Primera del Consejo de Estado.

En el expediente(14) se encuentra copia del formato E-26 CON de la Registraduría Nacional del Estado Civil, mediante el cual se declaró electos a los concejales del municipio de Campamento —Antioquia—, para el período 2012-2015 de acuerdo con los resultados de las elecciones que se llevaron a cabo el 30 de octubre de 2011, dentro de los que se encuentra los ciudadanos María Patricia Cárdenas Tabares, Otoniel Orlando Quiñonez, Héctor Guillermo Velásquez López, José Guillermo Vásquez Barrientos, Gustavo Adolfo Olaya Agudelo, Frank Alberto Betancur Quiroz, Yuban Nonato Salazar Quiroz, Aníbal Antonio Sánchez Quiñonez y Luz Elena Cano Torres, lo cual los hace sujetos pasivos de la acción de pérdida de investidura.

2.2. Problema jurídico.

Corresponde a la Sala determinar, si los concejales demandados incurrieron en la causal de pérdida de investidura, prevista en el numeral 4º del artículo 48 de la Ley 617, esto es, por indebida destinación de dineros públicos, al haber participado en la aprobación del acuerdo 002 de 2014, mediante el cual se autorizó al alcalde del municipio de Campamento para gestionar y suscribir un empréstito con el Instituto para el Desarrollo de Antioquia —IDEA— o con cualquier otra entidad crediticia, hasta por un valor de dos mil setecientos millones de pesos ($ 2.700.000.000) con destino a la construcción de viviendas rurales; acto administrativo que fue declarado nulo por el Juzgado Cuarto Administrativo Oral de Medellín, por vulnerar el numeral 4º del artículo 313 de la Constitución Política y el artículo 1º, literal a) de la Ley 1483 de 2011 y haber comprometido vigencias futuras excepcionales.

2.3. La causal de pérdida de investidura por indebida destinación de dineros públicos.

Se imputa a los concejales demandados la causal de pérdida de investidura establecida en el artículo 48 numeral 4º de la Ley 617, del siguiente tenor:

“[…] ART. 48.—Pérdida de investidura de diputados, concejales municipales y distritales y de miembros de juntas administradoras locales. Los diputados y concejales municipales y distritales y miembros de juntas administradoras locales perderán su investidura: […]

4. Por indebida destinación de dineros públicos. […]”.

En relación con la configuración de esta causal de pérdida de investidura, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado(15) ha señalado lo siguiente:

“[…] Esta norma, como sucede con las demás causales de pérdida de investidura, tampoco describen la conducta. No obstante, la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de Estado ha delimitado los presupuestos para que se configure. En este sentido, como su denominación lo indica, se realiza cuando un congresista destina los dineros públicos a unas finalidades y cometidos estatales distintos a los establecidos en la Constitución, en la ley o en los reglamentos. Bien puede utilizarlos o dirigirlos a actividades o propósitos no autorizados; o a aquéllos que estando autorizados no correspondan a la finalidad asignada; o a cometidos prohibidos, entre otros.

En estos términos, la Sala Plena, en sentencia del 7 de junio de 2012(16), señaló que aunque la causal no está definida en el ordenamiento jurídico, se configura cuando la destinación de los dineros públicos no corresponde a los fines estatales preestablecidos por la Constitución, la ley o el reglamento: “La causal de indebida destinación de dineros públicos no está definida en la Constitución ni en las normas legales que rigen el ejercicio de la acción de pérdida de investidura. Es, entonces, pertinente consignar el sentido y alcance con que esta Corporación le ha definido. La causal de indebida destinación de dineros públicos se configura cuando el concejal destina los dineros públicos a unas finalidades y cometidos estatales distintos a los establecidos en la Constitución, en la ley o en los reglamentos”.

Respecto a los elementos constitutivos de este tipo disciplinario, la Sala Plena, en sentencia del 6 de marzo de 2003(17) también señaló: “‘Por consiguiente, el elemento tipificador de la causal de pérdida de investidura en referencia, está en el hecho de que el congresista, en su condición de servidor público, que lo es (C.N., art. 123), con su conducta funcional, al ejercer las competencias de las que ha sido revestido, traiciona, cambia o distorsiona los fines y cometidos estatales preestablecidos en la Constitución, la ley o el reglamento, para destinar los dineros públicos a objetos, actividades o propósitos no autorizados, o a otros sí autorizados pero diferentes a aquellos para los cuales se encuentran asignados, o cuando aplica tales recursos a materias expresamente prohibidas, no necesarias o injustificadas, o cuando la finalidad es obtener un incremento patrimonial personal o de terceros, o cuando pretende derivar un beneficio no necesariamente económico en su favor o de terceras personas, etc. ‘En los eventos como los antes indicados, la conducta del congresista bien puede ser delictiva o no, ajustada o no a un procedimiento legal de ordenación del gasto o de contratación, pero, su finalidad es otra muy distinta a la señalada en la Constitución, la ley o los reglamentos’”.

De allí que, para que la causal se configure es necesario que el congresista, en su condición de servidor público, distorsione o cambie el cometido estatal consagrado en la Constitución, la ley o el reglamento, para destinar los dineros públicos a objetos, actividades o propósitos no autorizados, o que estando autorizados sean diferentes a aquellos para los cuales se encuentran asignados, o haya destinado o utilizado los recursos a materias expresamente prohibidas, no necesarias o injustificadas; o perseguido la finalidad de obtener un incremento patrimonial personal o de terceros; o hubiere pretendido derivar un beneficio no necesariamente económico en su favor o de terceras personas.

En este orden, no es necesario que el sujeto activo de la causal ostente la condición de nominador u ordenador del gasto, basta con que deba respetar, defender y cuidar el patrimonio público, toda vez que es imperativo cuidar los bienes del Estado para evitar su menoscabo. En este sentido, la Sala Plena ha señalado que la causal comporta dos elementos: i) la conducta y ii) el fin. La sentencia del 1º de noviembre de 2005(18) señaló: “Para la configuración de la causal de indebida destinación de dineros públicos prevista en el numeral 4º del artículo 183 de la Constitución Política (reproducida en L. 5ª/92, art. 298, num. 4º) se destacan o requieren dos elementos como son la conducta y el fin”.

En el primero —como se exige para las demás causales por las que se puede demandar la pérdida de investidura— es necesario, que el sujeto activo que la agota ostente la calidad de congresista y precisamente que en esa condición ejerza competencias para las que fue investido.

El segundo elemento, consiste en el fin de la conducta, es decir que al ejercer las competencias propias de su investidura: i) cambie o distorsione los fines y cometidos estatales preestablecidos en la Constitución, la ley o el reglamento al destinar los recursos públicos a materias, actividades o propósitos no autorizados, o a aquéllos que autorizados son diferentes a los que se encuentran asignados; ii) aplique tales dineros a objetos prohibidos, no necesarios o injustificados; iii) obtenga un incremento patrimonial para sí o a favor de terceros, o iv) pretenda derivar un beneficio no necesariamente económico en su favor o en el de terceras personas, etc. […]”.

A su turno, esta Sección(19), siguiendo los planteamientos de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, ha expresado, frente a la configuración de esta causal de pérdida de investidura, que:

“[…] La causal de indebida destinación de dineros públicos no se encuentra definida en la Constitución ni en las normas legales que regulan el ejercicio de la acción de pérdida de investidura. No obstante, la jurisprudencia de esta Corporación se ha referido en distintas oportunidades al sentido y alcance que esta causal tiene.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación, en sentencia 30 de mayo de 2000 (exp. AC-9877, C.P. Germán Rodríguez Villamizar), se pronunció sobre los alcances del concepto de indebida destinación de dineros públicos, señalando que el elemento tipificador de esta causal de pérdida de investidura “está en el hecho de que el congresista, en su condición de servidor público, con su conducta funcional al ejercer las competencias de las que ha sido revestido, traiciona, cambia o distorsiona los fines o cometidos estatales, preestablecidos en la Constitución, la ley o el reglamento, para destinar los dineros públicos a objetos, actividades o propósitos no autorizados, o a otros sí autorizados pero diferentes a aquellos para los cuales se encuentran asignados, o cuando aplica tales recursos a materias expresamente prohibidas, no necesarias o injustificadas, o cuando la finalidad es obtener un incremento patrimonial personal o de terceros, o cuando pretende derivar un beneficio no necesariamente económico en su favor o de terceras personas”.

Esta postura ha sido objeto de múltiples reiteraciones por la misma Sala Plena de lo Contencioso Administrativo(20) y también por la Sección Primera del Consejo de Estado, entre otras, en sentencias de 1º de julio de 2004 (exp. 2003-00194, C.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), 9 de noviembre de 2006 (exp. 2005-01133, C.P. Camilo Arciniegas Andrade), 16 de julio de 2009 (exp. 2008-00700, C.P. Martha Sofía Sanz Tobón) 14 de diciembre de 2009 (exp. 2009-00012, C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta), 3 de noviembre de 2011 (exp. 2011-00009, C.P. María Elizabeth García González) y 1º de agosto de 2013 (exp. 2012-00151, C.P. María Elizabeth García González) […]”.

De la jurisprudencia transcrita, se tiene que los casos en que se puede configurar la causal de pérdida de investidura por indebida destinación de dineros públicos, son los siguientes:

i) Cuando destina los dineros públicos a objetos, actividades o propósitos no autorizados.

ii) Cuando los destina a objetos, actividades o propósitos autorizados, pero diferentes a los cuales esos dineros se encuentran asignados.

iii) Cuando aplica los dineros a objetos, actividades o propósitos expresamente prohibidos por la Constitución, la ley o el reglamento.

iv) Cuando esa aplicación se da para materias innecesarias o injustificadas.

v) Cuando la destinación tiene la finalidad de obtener un incremento patrimonial personal o de terceros.

vi) Cuando la destinación tiene la finalidad de derivar un beneficio no necesariamente económico en su favor o en el de terceros.

2.4. El análisis del caso concreto y del recurso de apelación formulado por la parte demandada.

La Sala procederá a llevar a cabo el estudio de los elementos o requisitos constitutivos de la causal alegada, esto es, por indebida destinación de dineros públicos, por aplicar los dineros a objetos, actividades o propósitos expresamente prohibidos por la Constitución, la ley o el reglamento, al haber participado en la aprobación del acuerdo 002 de 2014, acto administrativo que fue declarado nulo por el Juzgado Cuarto Administrativo Oral de Medellín, por vulnerar el numeral 4º del artículo 313 de la Constitución Política y el artículo 1º, literal a) de la Ley 1483 de 2011 y haber comprometido vigencias futuras excepcionales.

Para resolver si las conductas endilgadas a los demandados configuran la causal de pérdida de investidura, por indebida destinación de dineros púbicos, la Sala analizará: i) las pruebas allegadas al plenario, ii) el contenido del acuerdo 002 de 2014, iii) las autorizaciones al alcalde para celebrar contratos y para comprometer vigencias futuras.

2.4.1. Análisis de las pruebas allegadas al plenario.

Está acreditado en el proceso, que los demandados fueron elegidos concejales del municipio de Campamento el 30 de octubre de 2011, para el periodo 2012-2015, conforme consta a folios 17 a 31 del cuaderno principal.

También se encuentra demostrado que el concejo municipal de Campamento, mediante acuerdo 002 de 9 de abril de 2014, autorizó al alcalde del municipio de Campamento para gestionar y suscribir un empréstito con el Instituto para el Desarrollo de Antioquia —IDEA— o con cualquier otra entidad crediticia, hasta por un valor de son mil setecientos millones de pesos ($ 2.700.000.000) con destino a la construcción de viviendas rurales (fls. 67-69, cdno. ppal.).

Obra en el expediente la copia de la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo Oral de Medellín el 29 de abril de 2016, mediante la cual declaró la nulidad del acuerdo 002 de 2014 por desconocer el artículo 1º, literal a) de la Ley 1483, al autorizar al alcalde del municipio de Campamento a que por medio del sistema de vigencias futuras excepcionales se financie la construcción de viviendas de interés prioritario (fls. 49-60, cdno. ppal.).

2.4.2. El contenido del acuerdo 002 de 2014.

Para la Sala, resulta necesario estudiar el contenido del acuerdo 002 de 2014, a la luz de la causal de pérdida de investidura invocada, para lo cual se hará necesario tener en cuenta que lo decidido por el concejo municipal de Campamento. En efecto, el tenor de la parte resolutiva del Acuerdo aludido es el siguiente:

“Acuerdo 002

Abril 9 de 2014

“Por medio del cual se otorgan unas facultades al alcalde municipal de Campamento de Antioquia”

[…]

ACUERDA:

“ART. 1º—Autorizar al alcalde municipal de Campamento para que gestione y suscriba un empréstito con el Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA o con cualquier otra entidad crediticia, hasta por un valor de dos mil setecientos sesenta millones de pesos ($ 2.760.000.000) con destino a la construcción de 100 viviendas rurales.

PAR. ÚNICO.—Entiéndase las facultades otorgadas en el artículo anterior para que el ejecutivo municipal pueda tramitar la correspondiente “operación de crédito público”.

“ART. 2º—Autorizar igualmente al señor alcalde municipal para convenir las modalidades de plazo, intereses, cesantías, fuentes de pago, lugar, forma de pago y demás condiciones a que se deba sujetar este empréstito, de acuerdo a lo establecido por la ley.

“ART. 3º—Queda autorizado el señor alcalde municipal para incorporar al presupuesto el empréstito en cuantía de esta autorización y hacer los traslados presupuestales necesarios que le permitan al municipio cubrir las obligaciones contraídas en virtud de dicho contrato.

“ART. 4º—Los recursos de crédito autorizado, serán invertidos en el proyecto de “construcción de cien (100) viviendas nuevas de interés prioritario (VIP) en la zona rural del municipio de Campamento”, que hacen parte del plan de desarrollo “Campamento en buenas manos con sentido de pertenencia dignidad y valores 2012-2015 […]”.

Así las cosas, la Sala observa que el concejo municipal autorizó al alcalde de Campamento a: gestionar y suscribir un empréstito con el IDEA o con cualquier otra entidad crediticia, hasta por un valor de dos mil setecientos sesenta millones de pesos ($ 2.760.000.000) con destino a la construcción de cien (100) viviendas rurales.

2.4.3. Autorización del concejo municipal para celebrar contrato.

De conformidad con los numerales 3º y 4º del artículo 313 de la Constitución Política los concejos municipales tienen, entre otras, las siguientes atribuciones: i) “[…] autorizar al alcalde para celebrar contratos y ejercer pro tempore funciones precisas que le corresponda al concejo […]”, y ii) “[…] votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales […]”.

En ese sentido, la Sala debe analizar si la autorización de los concejales municipales y, en particular del concejo del municipio de Campamento, para celebrar contrato, mediante acuerdo, se debe entender como causal de pérdida de investidura, por indebida destinación de dineros públicos.

Al respecto la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, mediante sentencia del 3 de octubre de 2000(21), sostuvo lo siguiente:

“[…] En primer lugar encuentra la Sala que en esta materia es necesario recordar que al aprobar el acuerdo 08 de 2010 los concejales del municipio de Sampués no realizaron un uso indebido de dineros públicos, en tanto su función no es la de ordenar el gasto sino la de autorizar al alcalde para contratar empréstitos, que fue lo que se hizo mediante el citado acuerdo. […].

Así, una cosa es la autorización para contratar empréstitos y otra diferente la contratación misma, de manera que si en la realización de ésta se presentan irregularidades, éstas no son atribuíblesa los concejales que participan en la aprobación de un acuerdo que autoriza al burgomaestre local para contratar empréstitos y pignorar rentas […]” (negrilla y subrayado fuera de texto).

Ahora bien, esta Sección(22) ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre la causal de pérdida de investidura, en un caso con similares supuestos de hecho, así:

“[…] De lo hasta aquí expuesto, resulta evidente que no se configura la causal endilgada, pues, los demandados, en su condición de concejales del municipio de Dosquebradas (Risaralda), al expedir los acuerdos 001 de 9 de enero y 006 de 12 de junio de 2008, a través de los cuales se autorizó a la alcaldesa de dicho municipio para celebrar toda clase de contratos y convenios, hasta por un monto de veinte mil salarios mínimos legales vigentes, fijando como término el 31 de diciembre de 2009, no hicieron otra cosa distinta que ejercer las facultades que en materia de competencia les señala la Constitución y la ley a dichas corporaciones edilicias, autorización, que, como quedó visto, se otorgó de manera general y no específica. Cabe resaltar que dicha conducta, como lo precisó la Sala en un asunto similar, en sentencia de 2 de mayo de 2013 (exp. 2012-00006-01 (Pl), C.P. María Claudia Rojas Lasso), que ahora se prohíja, no constituye por sí sola el supuesto fáctico de la causal de indebida destinación de dineros públicos, dado que no implica distorsión de las finalidades del gasto, uno de los presupuestos que se requieren para que se configure la misma […]” (negrilla y subrayado fuera del texto original).

Cabe advertir que el ordenador del gasto, en el asunto objeto de estudio, fue el alcalde municipal de Campamento, quien debe velar por el cumplimiento de los fines del estado, específicamente por el correcto uso de los dineros públicos.

Entonces, la Sala reitera que el hecho de que el concejo municipal haya autorizado al alcalde de Campamento para gestionar y suscribir un contrato de empréstito, no constituye por sí sola el supuesto fáctico de la causal de indebida destinación de dineros públicos, dado que dicha conducta no implica distorsión de las finalidades del gasto, uno de los presupuestos que se requieren para que se configure la misma.

2.4.4. Autorización para comprometer vigencias futuras.

Teniendo en cuenta que el actor cuestiona la capacidad del concejo municipal de Campamento para autorizar vigencias futuras excepcionales y que, por tal razón, fue declarado nulo el acuerdo 002 de 2014, se hace necesario analizar la norma vigente al momento de expedir dicho acuerdo, es decir, 9 de abril de 2014.

En efecto, el artículo 1º de la Ley 1483 de 2011(23) dispone lo siguiente:

“[…] ART. 1º—Vigencias futuras excepcionales para entidades territoriales. En las entidades territoriales, las asambleas o concejos respectivos, a iniciativa del gobierno local, podrán autorizar la asunción de obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras sin apropiación en el presupuesto del año en que se concede la autorización, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos:

a) Las vigencias futuras excepcionales solo podrán ser autorizadas para proyectos de infraestructura, energía, comunicaciones, y en gasto público social en los sectores de educación, salud, agua potable y saneamiento básico, que se encuentren debidamente inscritos y viabilizados en los respectivos bancos de proyectos.

b) El monto máximo de vigencias futuras, plazo y las condiciones de las mismas deben consultar las metas plurianuales del marco fiscal de mediano plazo de que trata el artículo 5º de la Ley 819 de 2003(24).

c) Se cuente con aprobación previa del Consejo Superior de Política Fiscal territorial o el órgano que haga sus veces.

d) Cuando se trate de proyectos que conlleven inversión nacional deberá obtenerse el concepto previo y favorable del Departamento Nacional de Planeación […]”.

La Sección, mediante sentencia de 24 de noviembre de 2016(25) precisó que, el incumplimiento de los requisitos para comprometer vigencias futuras excepcionales no implica, per se, una indebida destinación de dineros públicos, pues como lo ha manifestado la Sala Plena del Consejo de Estado la causal de indebida destinación de dineros públicos se configura cuando el congresista, en este caso los concejales, distorsionan las finalidades del gasto.

Resulta importante recordar, que tal como lo ha sostenido la jurisprudencia de esta Sección(26), el ejercicio de una función constitucional no puede conllevar a indebida destinación de dineros públicos, cosa distinta es que si al ejercerla se incurre en violación de la Constitución Política o de la ley, los actos respectivos sean susceptibles de la acción de nulidad y acarrean responsabilidad disciplinaria o fiscal.

En consonancia con lo anterior, la Sección(27) en un caso con supuestos facticos y jurídicos similares al presente concluyó: “[…] la declaratoria de ilegalidad de un acuerdo en el caso de los concejales o de una ordenanza en el caso de los diputados per se no produce la pérdida de investidura, puesto que no está consagrada como tal dentro de las causales taxativamente establecidas como de pérdida de investidura […]”.

Teniendo en cuenta que, como consta en el expediente a folios 49 a 60 del cuaderno principal, el acuerdo 002 de 2014 fue declarado nulo por haber comprometido vigencias futuras, razón por la cual no se reúnen los elementos constitutivos de la causal de pérdida de investidura por indebida destinación de dineros públicos, es decir, que no se encuentra probado que se hubieran destinado dineros públicos a objetos, actividades o propósitos no autorizados; o a objetos, actividades o propósitos autorizados, pero diferentes a los cuales esos dineros se encuentran asignados; o aplicar los dineros a objetos, actividades o propósitos expresamente prohibidos por la Constitución, la ley o el reglamento; o aplicarlos a materias innecesarias o injustificadas; o a obtener un incremento patrimonial personal o de terceros; u obtener un beneficio no necesariamente económico en su favor o para terceros.

En ese sentido, la Sala estima que como los supuestos fácticos del caso sub examine, no se subsumen en los elementos o requisitos configurativos de la indebida destinación de dineros públicos, no hay lugar a decretar la pérdida de investidura.

Por lo anterior, la Sala confirmará el fallo impugnado, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFIRMÁSE la sentencia apelada de 24 de enero de 2017 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Cópiese, notifíquese y, en firme esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la sesión del 27 de julio de 2017».

1 Otoniel Orlando Quiñonez, Héctor Guillermo Velásquez López, José Guillermo Vásquez Barrientos, Gustavo Adolfo Olaya Agudelo, Frank Alberto Betancur Quiroz, Yuban Nonato Salazar Quiroz, Aníbal Antonio Sánchez Quiñonez y Luz Elena Cano Torres.

2 Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional.

3 Por medio de la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal para las entidades territoriales.

13 Auto de enero 25 de 1995, exp. AC-2220, M.P. Carlos Betancur Jaramillo.

14 Folios 17-31, cuaderno principal.

15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Enrique Gil Botero, Bogotá D.C., seis (6) de mayo de dos mil catorce (2014), rad. 11001-03-15-000-2013-00865-00(PI), Actor: Carlos Mario Isaza Serrano, Demandado: Roy Leonardo Barreras Montealegre.

16 Rad. 2010-00352, C.P. María Claudia Rojas Lasso.

17 Rad. 2002-1007, C.P. Olga Inés Navarrete Barrero.

18 Rad. 2004-01673, C.P. Tarsicio Cáceres Toro.

19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Guillermo Vargas Ayala, Bogotá, D.C., cuatro (4) de septiembre de dos mil catorce (2014), rad. 63001-23-33-000-2013-00148-01(PI), Actor: Jesús Antoni Obando Roa, Demandado: Cesar Londoño Villegas y otro, Referencia: Apelación sentencia - perdida de investidura.

20 En sentencias de 20 de junio de 2000 (exp. 9876); de 6 de marzo de 2001 (exp. AC-11854) y de 17 de julio de 2001 (exp. 0063-01).

21 M.P. Darío Quiñones Pinilla, ref. 10529 y 10968, Actores: Emilio Sánchez Alsina y Pablo Bustos Sánchez.

22 Sentencia del 29 de agosto de 2013, M.P. María Elizabeth García González, Actor: Oscar Elías Matta Peláez, rad. 2012 00027 02.

23 Por medio de la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal para las entidades territoriales.

24 “[…] ART. 5°—Marco fiscal de mediano plazo para entidades territoriales. Anualmente, en los departamentos, en los distritos y municipios de categoría especial, 1 y 2, a partir de la vigencia de la presente ley, y en los municipios de categorías 3, 4, 5 y 6 a partir de la vigencia 2005, el gobernador o alcalde deberá presentar a la respectiva asamblea o concejo, a título informativo, un marco fiscal de mediano plazo.
Dicho marco se presentará en el mismo período en el cual se deba presentar el proyecto de presupuesto y debe contener como mínimo:
a) El Plan Financiero contenido en el artículo 4º de la Ley 38 de 1989, modificado por el inciso 5º de la Ley 179 de 1994;
b) Las metas de superávit primario a que hace referencia el artículo 2º de la presente ley, así como el nivel de deuda pública y un análisis de su sostenibilidad;
c) Las acciones y medidas específicas en las que se sustenta el cumplimiento de las metas, con sus correspondientes cronogramas de ejecución;
d) Un informe de resultados fiscales de la vigencia fiscal anterior. Este informe debe incluir, en caso de incumplimiento de las metas fijadas en el marco fiscal de mediano plazo del año anterior, una explicación de cualquier desviación respecto a las metas y las medidas necesarias para corregirlas. Si se ha incumplido la meta de superávit primario del año anterior, el nuevo marco fiscal de mediano plazo tiene que reflejar un ajuste tal que garantice la sostenibilidad de la deuda pública;
e) Una estimación del costo fiscal de las exenciones tributarias existentes en la vigencia anterior;
f) Una relación de los pasivos exigibles y de los pasivos contingentes que pueden afectar la situación financiera de la entidad territorial;
g) El costo fiscal de los proyectos de ordenanza o acuerdo sancionados en la vigencia fiscal anterior […]”.

25 Radicación 17001-23-33-000-2015-00471-01(PI), Actor: César Augusto Angarita Díaz, M.P. Guillermo Vargas Ayala.

26 Sentencia del 14 de agosto de 2014, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, Actor: Gonzalo Enrique Vergara Gómez, rad. 2002 02209 01.

27 Sala del 22 de octubre de 2016, M.P. María Elizabeth García González, Demandante: Emilse Gamboa Mogollón, Demandado: Víctor Fidel Suarez Vergel.