SENTENCIA 2016-02615 DE AGOSTO 2 DE 2017

 

Sentencia 2016-02615 de agosto 2 de 2017

RAMA JUDICIAL

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Magistrado Ponente:

Dr. Pedro Alonso Sanabria Buitrago.

Rad.:11001110 2000201602615 01

Aprobada según Acta 61 de la misma fecha.

Rad: Abogado en Apelación: José Neudín Suárez Medina.

Bogotá D.C, dos de agosto de dos mil diecisiete.

Extractos: «Consideraciones de la Sala.

Competencia.

De conformidad con las atribuciones conferidas en los artículos 256-3 de la Constitución Política, artículos 112-4 y 60 de la Ley 1123 de 2007, esta Sala Jurisdiccional Disciplinaria es competente para conocer y resolver el recurso de apelación interpuesto por el disciplinado José Neudín Suarez Medina, contra la Sentencia proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá el día 16 de noviembre de 2016.

Ahora bien, en razón a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 2 de 2015, se adoptó una reforma a la Rama Judicial, denominada “equilibrio de poderes”, en lo atinente al Consejo Superior de la Judicatura, literalmente en el parágrafo transitorio primero del artículo 19 de la referida reforma constitucional, enunció: “(…) Los actuales Magistrados de las Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”.

En el mismo sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional en Auto 278 del 9 de julio de 2015, al pronunciarse respecto a la competencia para conocer conflictos de jurisdicciones, decantó el alcance e interpretación de la entrada en vigencia del referido Acto Legislativo 2 de 2015, concluyendo que en relación a las funciones que se encontraban a cargo de esta Sala, las modificaciones introducidas quedaron distribuidas de la siguiente manera: (i) la relacionada con el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, pasó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, órganos creados en dicha reforma (art. 19), y (ii) la relacionada con dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones, fue asignada a la Corte Constitucional (art. 14). En cuanto hace al conocimiento de las acciones de tutela, como ya se mencionó, el parágrafo del artículo 19 dispuso expresamente que “la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las 5 Comisiones Seccionales de Disciplina Judiciales no serán competentes para conocer de acciones de tutela”.

Reiteró la Corte Constitucional que en relación a las funciones jurisdiccionales del Consejo Superior de la Judicatura, lo decidido en el Acto legislativo 2 de 2015, así: “los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, en consecuencia, conforme las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 2 de 2015, estimó la Guardiana de la Constitución que hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones, lo cual significa que actualmente ésta Colegiatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no sólo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela.

Pues bien, en virtud de la competencia antes mencionada, procede la Sala a emitir su pronunciamiento con apoyo en el material probatorio allegado al plenario y a la luz de las disposiciones legales que atañen el tema a debatir, precisando que tal como lo ha sostenido la jurisprudencia, la órbita de competencia del juez de segunda instancia, hace imperioso emitir pronunciamiento únicamente en relación con los aspectos impugnados, toda vez que presume el legislador que aquellos que no son objeto de sustentación, es porque no suscitan inconformidad en el sujeto procesal que hace uso de la apelación, pudiendo extender la competencia a asuntos no impugnados, si resultan inescindiblemente vinculados al objeto del recurso.

Se sancionó al abogado Suárez Medina, en la sentencia objeto de apelación con Censura, por haber incursionado en la falta contenida en el artículo 32 de la Ley 1123 de 2007, cuyo tenor literal dispone:

“ART. 32.—Constituyen faltas contra el respeto debido a la administración de justicia y a las autoridades administrativas:

Injuriar o acusar temerariamente a los servidores públicos, abogados y demás personas que intervengan en los asuntos profesionales, sin perjuicio del derecho de reprochar o denunciar, por los medios pertinentes, los delitos o las faltas cometidas por dichas personas”.

Del caso en concreto.

La presente investigación se sitúa a establecer si la conducta desplegada por el abogado Suárez Medina, en el derecho de petición presentado el 29 de marzo de 2016, constituye falta disciplinaria tal y como se dedujo en el pliego de cargos formulado en contra del disciplinado en la audiencia del 25 de octubre de 2016.

Pues bien, de entrada esta Sala considera que la providencia objeto de impugnación debe ser confirmada en su totalidad, por cuanto la conducta reprochada se adecua plenamente al tipo disciplinario antes descrito, y además existe en el plenario prueba que lleva a la certeza que el togado investigado efectivamente infringió la norma disciplinaria, pudiéndosele inculcar responsabilidad en el hecho reprochado.

En efecto, del acervo probatorio obrante en el plenario se establece que el abogado disciplinado para la fecha del 29 de marzo de 2016(7), presentó un derecho de petición en el cual indicó:

Tercera. Exponer las razones por las que usted, como representante del Ministerio Publico, se aparta del texto legal referido para consentir, o mejor, apoyar la conducta temeraria de la entidad demandada y su apoderada”.

Quinta. Explicar las razones propias de su cargo como representante del Ministerio Publico, o interés personal inusitado para recomendar a la Señora Juez Administrativa Oral del Distrito Judicial de Bogotá, que no definiera la noción de ingreso base”.

“Las anteriores omisiones de su parte, hacen presumir una indigna parcialidad o conducta amañada, contraria a sus deberes misionales, que resultan muy lamentables. No obstante, no es esta la única oportunidad de su actuación preparada en eventos de esta naturaleza”.

En ese sentido, la imputación Jurídica encuadrada por el a quo es correcta, pues el profesional investigado efectivamente no obró con decoro frente al despliegue de la profesión y mucho menos con mesura, serenidad, ponderación frente a los administradores de justicia.

El escrito presentado por el togado deja ver una acusación temeraria contra la Procuradora, aduciendo que la funcionaria se había desprendido de la ley, con una conducta amañada que favorecía a la entidad demandada, lo cual es un escrito ofensivo carente de mesura. Teniendo en cuenta el conocimiento del profesional del derecho, es su deber conocer los diferentes mecanismos o vías legales para manifestar su inconformidad y defender los intereses de su poderdante, como lo es una investigación disciplinaria o penal.

Sin embargo, no acudió a aquellos mecanismos, sino que optó por un escrito injurioso e irrespetuoso que atenta contra la procuradora, con ánimo ofensivo. Lo cual desvirtúa el argumento de la apelación en cuanto a que no tenía la intención de ofenderla, es notoria la intención de señalar a la quejosa como si tuviera un interés personal.

Aunque el disciplinado presentó recurso de apelación, es de recordar que en Audiencia de Pruebas y Calificación Provisional del 25 de octubre de 2016 el doctor Suarez Medina confeso haber incurrido en falta disciplinaria al dejarse llevar por la sinceridad, por esta razón el a quo procedió a formular cargos en dicha audiencia. Por tanto no es coherente ni de recibo de esta Corporación el argumento presentado.

Sin embargo es claro que las frases: “para consentir, o mejor, apoyar la conducta temeraria de la entidad demandada y su apoderada”, “hacen presumir una indigna parcialidad o conducta amañada, contraria a sus deberes misionales, que resultan muy lamentables”. no hacen parte del léxico jurídico, todo lo contrario, son desobligantes que acusan de manera arbitraria a la quejosa.

En este sentido, se debe significar que el fundamento de antijuricidad de la conducta disciplinaria que ahora nos ocupa, no corresponde al bien jurídico de la honra y el buen nombre, sino a los deberes de decoro, mesura, serenidad, ponderación y respeto. Al respecto, ha expresado esta Colegiatura que:

“Es que el especialísimo rol que el abogado desempeña y que lo vincula estrechamente con la administración de justicia, con la administración pública y con la colectividad compuesta por potenciales usuarios de sus servicios profesionales o contrapartes, exige naturalmente de una buena preparación y permanente capacitación jurídica, obrar con diligencia en guarda de los intereses que se le han confiado, un comportamiento digno, decoroso y pulcro, e implica que en el ámbito operativo, no puede desempeñarse de cualquier manera, como una persona del común, sino conforme a ese preponderante papel que asumió al graduarse como abogado, a su función social y a su misión; de allí que positivamente se le compele a que en su actividad proceda con ponderación, con mesura, con seriedad, con absoluto respeto para con todas aquellas personas que su ejercicio profesional involucre; por eso mismo, demostrar los hechos en que se fundan las injurias y acusaciones respecto de personas en que se han hecho acreedoras a ellas por su comportamiento desviado, que como ya se vio, tienen la virtualidad de liberar de antijuricidad el comportamiento delictivo, no legitima el actuar del abogado que así procede en virtud de su ejercicio profesional, pues aquí la antijuricidad no se edifica sobre la afrenta al patrimonio moral de las personas, sino sobre la infracción al deber al cual viene aludiendo.

Por ello, frente al régimen disciplinario de abogados, de nada vale probar que las actuaciones vertidas de manera distinta a la formulación de las denuncias respetuosas ante las autoridades correspondiente sean ciertas, si tales acusaciones se realizaron de manera desmesurada, con ausencia de frenos inhibitorios, con propósitos o de forma tal que se rebasen las manifestaciones necesarias, útiles y pertinentes atendida la defensa de los intereses que se encuentre agenciando.

De tal modo, el serio y ponderado ejercicio profesional se resquebraja cuando en aras de una ardorosa defensa o simplemente por tratarse de un agresivo temperamento personal, el autor se desvía de sus fines y se traslada a la arena del escarnio, del sarcasmo y de la afrenta, pues aun cuando el abogado se considere convencido del indebido comportamiento de terceros debe cuidarse de verificar si este hecho incide en el debate jurídico probatorio dentro del cual se encuentra inmerso y orientado a propósitos útiles al asunto ventilado; sin perjuicio de elevar las denuncias del caso ante las autoridades competentes”(8).

Así las cosas, no se evidencian razones que justifiquen el actuar irresponsable del profesional encartado, pues el material probatorio sólo genera certeza a esta Sala, en cuanto a que el abogado José Neudín Suárez Medina infringió el tipo disciplinario por el cual se le sancionó en primera instancia, en tanto no cumplió con sus deberes impuestos como profesional del derecho, consagrados dentro del código deontológico del abogado.

De esta manera, vistas las pruebas obrantes dentro de la presente actuación disciplinaria, de una manera global e integral, a la luz del principio de la sana crítica, tal y como se advirtió anteriormente, resulta viable con fuerza de certeza afirmar que el encartado efectivamente trasegó o incursionó en la conducta ahora reprochada, pues, la normativa deontológica del abogado va dirigida a un grupo especial de profesionales en virtud de su formación y ministerio, respecto del cual se estructuró un catálogo de deberes de obligatoria observancia, se impuso a los diferentes profesionales del derecho el deber de observar y exigir mesura, seriedad, ponderación y respeto en sus relaciones con los servidores públicos, colaboradores y auxiliares de la justicia, la contraparte, abogados y demás personas que intervengan en los asuntos de su profesión, exigiéndosele entonces el despliegue de sus diferentes actuaciones judiciales en justicia, y no como de forma desafortunada procedió el disciplinado en la misiva ahora materia de reproche.

En conclusión, considera la Sala, que estando probada objetivamente la comisión de la conducta imputada en el auto de formulación de cargos, y la responsabilidad del encartado, la Sentencia de primera instancia deberá ser confirmada, porque además ninguna justificación se demostró para que el doctor Suárez Medina obrara en los términos explicados, por eso la antijurídica de su conducta.

Culpabilidad.

Respecto a la culpabilidad la falta fue calificada por la instancia en la modalidad dolosa, puesto que la misma implica un conocimiento y la voluntad de lo realizado, y la Sala la mantendrá pues como se viene indicando no se observa justificación alguna en la conducta desplegada por el inculpado al dirigir el escrito pluricitado a todas luces acusatorio en contra de la Procuradora 87 Judicial delegada para Asuntos administrativos.

Sanción.

En efecto, se observa que la sanción impuesta al disciplinable por la Sala a quo, se ajusta a los principios establecidos en el artículo 13 de la Ley 1123 de 2007, es decir, es razonada, necesaria y proporcionada, y está conforme a los criterios de graduación de que trata el artículo 45 ibídem.

Así las cosas, para la falta endilgada al abogado disciplinado, consagra el artículo 40 del Estatuto Deontológico cuatro tipos de sanción, partiendo de la censura como la más leve, pasando por la de suspensión y culminando con la exclusión como la de mayor gravedad, las cuales se podrán imponer de manera autónoma o concurrente con la multa.

Así entonces, es que teniendo en cuenta la ausencia de antecedentes disciplinarios, la modalidad y gravedad de la conducta desplegada por el doctor José Neudín Suarez Medina, a quien se le exigía actuar con el debido respeto frente la administración de justicia en aras del compromiso profesional adquirido, la sanción de Censura a él impuesta en la sentencia materia de apelación, cumple con los criterios legales y constitucionales, pues como profesional del derecho estaba obligado a cumplir con uno de los principales deberes del abogado consagrado en el numeral 7º del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007, que lo obligaba a obrar con mesura, seriedad, ponderación y respeto en sus relaciones profesionales.

Por otro lado, acorde con el principio de necesidad, íntimamente ligado con la función de la sanción disciplinaria, no admite duda que en el sub lite, le era imperativo al operador disciplinario afectar con censura al implicado, pues la imposición de la referida sanción, cumple con el fin de prevención particular, entendiendo este, como el mensaje de reflexión para los profesionales del derecho, para que a futuro se abstengan de incurrir en conductas consagradas como faltas disciplinarias, o incumplan sus deberes en el ejercicio de la profesión de la abogacía.

De igual manera, la sanción referida e impuesta al disciplinado, cumple con el principio de proporcionalidad en la medida de corresponder la respuesta punitiva con la gravedad de la misma, pues sin justificación alguna y de manera consciente, el disciplinable conculcó el Estatuto Deontológico en el aspecto de faltar al respeto debido a la administración de justicia, toda vez que todo abogado debe observar la mesura, seriedad, ponderación y respeto en todas sus relaciones profesionales, pues ciertamente el togado al suscribir la misiva, no observó el deber que se le exigía.

Igualmente, se cumple también con el principio de razonabilidad, referido este a la idoneidad o adecuación al fin de la pena, la cual justifica la sanción disciplinaria de censura en el ejercicio de la profesión impuesta al disciplinado, debiéndose atender lo expuesto por la Corte Constitucional, cuando dijo: “la razonabilidad hace relación a que un juicio, raciocinio o idea esté conforme con la prudencia, la justicia o la equidad que rigen para el caso concreto. Es decir, cuando se justifica una acción o expresión de una idea, juicio o raciocinio por su conveniencia o necesidad”(9).

Por lo anterior, esta Superioridad procederá a confirmar en su totalidad la providencia objeto de alzada, pues se acompasa la misma al acierto de la realidad probatoria allegada al plenario, al igual que la responsabilidad del aquejado frente el cargo irrogado, pues en efecto, en este caso considera la Sala, que el comportamiento del disciplinable dista de la manera como debe actuar un profesional del derecho, en la medida de que no desplegó el ejercicio de su profesión con decoro, mesura, seriedad, ponderación y respeto, por lo que la sanción de CENSURA habrá de ser confirmada.

En mérito de lo anteriormente expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

1. CONFIRMAR la Sentencia adiada 16 de noviembre de 2016, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, mediante la cual sancionó con CENSURA al abogado José Neudín Suárez Medina, por encontrarlo responsable disciplinariamente de haber infringido el artículo 32 de la Ley 1123 de 2007, conforme las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. REMITIR copia del presente fallo, con constancia de su ejecutoria, a la Unidad de Registro Nacional de Abogados, para efectos de su anotación, fecha a partir de la cual empezará a regir la sanción impuesta.

3. DEVOLVER en su oportunidad las presentes diligencias a su lugar de origen, para efectos de notificación.

Notifíquese y cúmplase».

7. Visible a folio 7 a 13 C.O.

8. Sentencia del 17 de marzo de 2004, Radicado 200300108, M.P. Temístocles Ortega Narváez.

9. Sentencia C-530 de 1993, M.P. doctor Alejandro Martínez Caballero.