Sentencia 2016-2703 de marzo 2 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

Rad.: 05001-23-33-000-2016-2703-01(AC)

Consejero ponente:

Dr. Gabriel Valbuena Hernández

Actor: Mónica Patricia Sánchez Vega y otros

Demandado: Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional – Dirección de Sanidad

Bogotá, D.C., dos de marzo de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. Competencia

Corresponde a esta Sala de Subsección conocer la presente acción de tutela, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991(1).

2. Planteamiento del problema jurídico

De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Subsección que el problema jurídico se circunscribe a responder:

• ¿Vulneró la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional – Dirección de Sanidad los derechos fundamentales a la salud y a la seguridad social de la menor Mariangel Moreno Espinosa al no realizar la afiliación como beneficiaria de su abuelo, el señor Wilber Fernando Espinosa Torres, núcleo familiar al cual pertenece su madre?

3. Fundamentos de la decisión

3.1. Derecho a la salud y vida digna

Desde la promulgación de la Constitución Política de 1991, el derecho a la salud ha sido objeto de múltiples análisis por los jueces constitucionales, lo que ha ocasionado que sea uno de los derechos fundamentales con más desarrollo en el plano jurisprudencial.

En los primeros años de la Carta Política, el derecho a la salud no era un derecho fundamental, por lo cual su protección por vía de tutela solo era posible cuando se encontraba en conexidad con un derecho de los consagrados en el capítulo 1 del título II de la Constitución; de esa manera, su amparo de manera autónoma se brindaba únicamente a los menores de edad y, en general, cuando se trataba de un sujeto de especial protección constitucional(2).

Sin embargo, con la sentencia T-859 de 2003, de la Corte Constitucional, se le otorgó al derecho a la salud la categoría de fundamental, lo cual permitió su protección autónoma. Esto en concordancia con lo dispuesto en sentencia T-227 de 2003, en la cual dicha Corporación precisó que son fundamentales (i) aquellos derechos respecto de los cuales existe consenso sobre su naturaleza fundamental y (ii) todo derecho constitucional que funcionalmente esté dirigido a lograr la dignidad humana y sea traducible en un derecho subjetivo.

De acuerdo con lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha establecido en numerosas ocasiones la importancia del derecho a la salud y de la aplicación del principio de dignidad humana a las personas. Al momento de referirse al carácter de fundamental del derecho a la salud, la Corte no ha ignorado el peso que la dignidad como principio tiene en la protección del derecho. Así, en la Sentencia T-760 de 2008 la Sala de revisión, en lo pertinente, expuso:

“El derecho a la salud es un derecho constitucional fundamental. La Corte lo ha protegido por tres vías. La primera ha sido estableciendo su relación de conexidad con el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal y el derecho a la dignidad humana, lo cual le ha permitido a la Corte identificar aspectos del núcleo esencial del derecho a la salud y admitir su tutelabilidad; (…)(3)”.

Así las cosas, actualmente la salud, como derecho fundamental, cuenta con tres características, en primer lugar, es un derecho autónomo e irrenunciable, tanto en lo individual como en lo colectivo; en segundo lugar, se entiende como un servicio público esencial obligatorio que debe prestarse de manera oportuna, eficaz y con calidad para la preservación, el mejoramiento y la promoción de la salud; y en tercer lugar, radica en cabeza del Estado el deber de adoptar políticas que aseguren la igualdad de trato y oportunidades en el acceso a las actividades de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación para todas las personas(4).

4. Cuestión previa – de la presunta nulidad del trámite de tutela

En el escrito de impugnación contra la sentencia de 16 de diciembre de 2016 proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia, la entidad accionada propone nulidad del proceso, con fundamento en el artículo 29 de la Constitución Política, por no haberse notificado el auto mediante el cual se admitió la acción de tutela de la referencia.

Al respecto, debe esta Sala de Subsección precisar que, el Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante correo electrónico enviado el 9 de diciembre de 2016, le notificó a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional – Dirección de Sanidad, del auto admisorio de la demanda de tutela calendado en esa misma fecha (fl. 23)

Esa decisión se comunicó a la accionada mediante enviado a las direcciones de correo electrónico meval.secsa-referencia@policia.gov.co y meval.notificacion@policia.gov.co, cuya constancia de recibido obra a folio 23 del expediente.

Visto lo anterior, es evidente que la causal de nulidad propuesta por la entidad demandada, no tiene vocación de prosperidad, pues fluye nítidamente para la Sala de Subsección que el Tribunal Administrativo de Antioquia adelantó todas las gestiones a su alcance para notificar del auto admisorio de la demanda a la entidad accionada.

5. Caso concreto

En el presente caso, la pretensión de amparo constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia, que habilitan su interposición. En efecto, el asunto a resolver es de marcada relevancia constitucional, en la medida que se centra en establecer la violación al derecho a la salud y la vida, por la presunta negación, por parte de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional de afiliar a la recién nacida Mariangel Morelo Espinosa dentro de su régimen de salud al cual tiene derecho, toda vez que su madre, la menor Andrea Espinosa Sánchez hace parte del mismo, según se observa a folio 16 del plenario.

Para resolver, esta Sala de Subsección considera:

4.1. El derecho fundamental a la salud se entiende, y así lo ha señalado la jurisprudencia constitucional(5), como un servicio público esencial obligatorio que debe prestarse de manera oportuna, eficaz y con calidad para la preservación, el mejoramiento y la promoción de la calidad de vida de las personas.

Lo anterior, implica que para garantizar el derecho fundamental a la salud es necesaria la prestación oportuna y eficaz de los servicios, y que el hecho que la entidad no tenga contratado el servicio constituye una conducta omisiva totalmente censurable y, además, perjudicial para los usuarios.

En el presente caso, la menor Mariangel Morelo Espinosa nació el 27 de noviembre de 2016 y ha sido atendida en la IPS Visión Total SAS, según se aprecia en la historia clínica visible entre folios 8 a 12, en la cual le fue diagnosticada con Síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido y se indicó que actualmente estaba en la unidad de cuidados intensivos neonatal, justificando su alojamiento según los criterios de Ascon: RNPT DE 31 + 5 SEM CON SDR severo compatible con EMH, manejo en ventilador.

En consecuencia, esta Sala de Subsección considera que es deber de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional – Dirección de Sanidad realizar la afiliación de la menor al núcleo familiar a cual pertenece su madre, pues ésta al tener 15 años, no puede cotizar de forma independiente, y en la misma situación se encuentra el padre de la recién nacida, quien también es menor de edad (fl. 1), tal como lo ha señalado la Corte Constitucional:

“(…) los bebés podrían acudir al régimen subsidiado en compañía de alguno de sus progenitores, si fuere conveniente o no causare algún desmedro al goce efectivo de su derecho; no obstante, la Sala colige que la situación menos gravosa y más garantista para los niños en temprana infancia cuyos padres menores de edad son beneficiarios de un afiliado principal, es la permanencia en el contributivo sin condicionamientos económicos como el pago de la UPC adicional, según las condiciones específicas de cada caso. De esa forma, se optimiza disfrute del derecho a la salud de aquellos sujetos y se refrenda la especial protección constitucional que les otorga el estatuto fundamental.(6)”.

En razón de lo anterior, se confirmará la sentencia proferida en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que accedió a las pretensiones de la accionante.

III. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sección Segunda – Subsección A de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

IV. FALLA:

1. CONFÍRMASE la sentencia de 16 de diciembre de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

2. LÍBRENSE las comunicaciones de que trata el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991, para los fines ahí contemplados.

3. Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta Providencia, REMÍTASE el expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha».

1 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.

2 Consejo de Estado. Sentencia de cinco (05) de febrero de dos mil quince (2015). Consejera ponente: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.

3 Corte Constitucional. Sentencia C 313 de 2014. Magistrado ponente: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

4 Ibídem.

5 Corte Constitucional. Sentencia C-313 de 2014. Magistrado ponente: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

6 Sentencia T-133 de 2013. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.