Sentencia 2016-02758 de febrero 2 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Radicación: 110010315000201602758-01

Consejero Ponente:

Dr. Carlos Enrique Moreno Rubio

Actor: José Obany Figueroa Dorado

Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro.

Asunto: Fallo de segunda instancia - Derechos fundamentales de petición, a la igualdad y al debido proceso.

Bogotá, D.C., febrero dos de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

Esta Sala es competente para conocer de la impugnación instaurada por el señor José Obany Figueroa Dorado, contra la sentencia de tutela del 16 de noviembre de 2016, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, de conformidad con lo establecido en el Decreto 2591 de 1991 y el Acuerdo 55 de 2003 de la Sala Plena de esta corporación.

2. Problema jurídico.

Corresponde a la Sala determinar si en el presente asunto la sentencia de tutela de primera instancia dictada por la Sección Cuarta del Consejo de Estado debe ser confirmada, revocada o modificada con sujeción a los argumentos expuestos por la parte actora en la impugnación.

3. Caso concreto.

La Sala aprecia que en el presente asunto las presuntas trasgresiones a los derechos fundamentales del actor tiene origen en el actuar de la Procuraduría General de la Nación y, después de analizar los argumentos expuestos por las partes que integran la presente solicitud de amparo constitucional, estima que la sentencia del 16 de noviembre de 2016, dictada por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, debe confirmarse por las razones que se pasan a explicar.

El a quo, en la sentencia de tutela objeto de impugnación, para negar el amparo reclamado por el accionante expuso en concreto dos razones: (i) que el hecho de que la Procuraduría General de la Nación negara la petición de solicitar ante esta corporación la revisión eventual del fallo de 2 de marzo de 2016, proferido por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, no implicaba la vulneración de los derechos fundamentales que solicitaba proteger y, (ii) que dentro del expediente estaba probado que la entidad sí puso en conocimiento del señor Figueroa Dorado el contenido de la respuesta a su petición, motivo que superaba las circunstancias trasgresoras de sus derechos.

Ahora bien, el accionante cuestiona los argumentos expuestos por el juez de tutela de la primera instancia y pide revocar su decisión, bajo las siguientes consideraciones: (i) que en reunión celebrada el 27 de agosto de 2015 en las instalaciones de la Procuraduría General de la Nación, el procurador delegado para la conciliación administrativa, le informó que la entidad tenía competencia para solicitar la revisión de la sentencia que llegara dictar el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca; (ii) que él se notificó por conducta concluyente el 2 de abril de 2016 de la sentencia que dictó el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el 2 de marzo de 2016, razón por la cual no es cierto, como lo dijo la Procuraduría General de la Nación, que la citada providencia se notificó el 28 de marzo de 2016 y, (iii) que su petición se radicó el 4 de abril de 2016 ante el ministerio público, de acuerdo con la guía de Servientrega, y no el día 11 de ese mismo mes y año, como lo señala el ente de control.

Para iniciar con el estudio de la impugnación, esta Sección advierte que el argumento según el cual, el fallo de acción popular del 2 de marzo de 2016, dictado por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca objeto de censura, no fue notificado al señor Figueroa Dorado y, por el contrario, conoció de tal decisión judicial el 2 de abril de 2016, concretándose una notificación por conducta concluyente, corresponde a un hecho nuevo en la medida que no se expuso en el escrito inicial de tutela, en consecuencia, respecto a éste no se ejerció el derecho de contradicción, por lo que de abordarse su estudió en esta instancia implicaría la vulneración del derecho fundamental al debido proceso de la parte pasiva de la presente acción de tutela.

Ahora bien, en cuanto a las afirmaciones del actor, en el sentido de que en una reunión celebrada el 27 de agosto de 2015, el procurador delegado para la conciliación administrativa le informó que la entidad tenía competencia para solicitar la revisión de la sentencia que llegara dictar el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y, de otra parte, que la petición que presentó ante la Procuraduría General de la Nación fue radicada el 4 de abril de 2016 y no el día 11 de ese mismo mes y año como lo señala el ente de control, la Sala estima que no tiene la entidad suficiente para que se revoque la decisión de tutela de primera instancia.

Lo anotado en precedencia tiene asidero en el hecho de que si bien la Procuraduría General de la Nación, en los términos de los artículos 273(2) de la Ley 1437 de 2011 y 11(3) de la Ley 1285 de 2009 tiene la facultad de solicitar al Consejo de Estado la revisión eventual de las sentencias de acción popular dictadas por los tribunales administrativos, lo cierto es que tal potestad es meramente facultativa, esto es, no constituye un deber imperativo del cual se pueda derivar que si el ente de control se niega a solicitar la revisión de una sentencia, dictada dentro de un proceso de esa naturaleza, por petición que en tal sentido le eleve alguna de las partes, pueda vulnerar derechos fundamentales.

No debe perder de vista el accionante que, como lo señaló el juez de tutela de la primera instancia, las normas citadas en precedencia le confieren a las partes la facultad de acudir directamente al mecanismo de eventual revisión, razón por la cual el señor Figueroa Dorado tenía la posibilidad de promover, ante el máximo organismo de la jurisdicción de lo contencioso administrativo y sin necesidad de intermediación de la Procuraduría General de la Nación, el medio judicial que la ley le confería para cuestionar lo decidido por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en el fallo del 2 de marzo de 2016.

Es por lo expuesto, que independientemente de la fecha en que el accionante haya radicado su petición de revisión eventual ante el Ministerio Público, no se advierte vulneración de derechos fundamentales por la circunstancia de que la autoridad administrativa accionada se negara a dar trámite a tal solicitud.

No escapa a la Sala el hecho de que la parte accionada, en la respuesta que dio al actor, manifestó que la petición fue radicada de manera extemporánea, sin embargo, valga decir que ese no fue el único argumento para negarse a la solicitud del señor José Obany Figueroa Dorado, pues también acudió a las normas que regulan el mecanismo de revisión eventual para destacar que el actor estaba facultado para iniciar la acción judicial ante el Consejo de Estado.

Así las cosas, como en el asunto bajo estudio el señor José Obany Figueroa Dorado no acreditó la vulneración de los derechos fundamentales que pide proteger, la Sección Quinta del Consejo de Estado confirmará la sentencia de tutela del 16 de noviembre dictada por la Sección Cuarta de esta corporación, que negó la prosperidad de la solicitud de amparo constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Confírmase la sentencia de tutela del 16 de noviembre de 2016, dictada por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante la cual negó el amparo de los derechos fundamentales del señor José Obany Figueroa Dorado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. Notifíquese esta providencia en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

3. Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes al de la ejecutoria de esta providencia, de conformidad con el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.

Notifíquese y cúmplase.»

2 “ART. 273.—PROCEDENCIA. La revisión eventual procederá, a petición de parte o del Ministerio Público, contra las sentencias o providencias que determinen la finalización o archivo de los procesos promovidos para la protección de los derechos e intereses colectivos y la reparación de daños causados a un grupo, proferidas por los tribunales administrativos, que no sean susceptibles del recurso de apelación ante el Consejo de Estado, en los siguientes casos: (…)”.

3 “ART. 11.—Apruébase como artículo nuevo de la Ley 270 de 1996, el artículo 36A, que formará parte del capítulo relativo a la organización de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, el cual tendrá el siguiente texto:

“ART. 36A.—Del mecanismo de revisión eventual en las acciones populares y de grupo y de la regulación de los recursos extraordinarios.

En su condición de Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo, a petición de parte o del Ministerio Público, el Consejo de Estado, a través de sus secciones, en los asuntos que correspondan a las acciones populares o de grupo podrá seleccionar, para su eventual revisión, las sentencias o las demás providencias que determinen la finalización o el archivo del respectivo proceso, proferidas por los tribunales administrativos, con el fin de unificar la jurisprudencia (…)”.