Sentencia 2016-02961

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejera ponente:

Dra. Rocío Araújo Oñate

Bogotá, D.C., cuatro de mayo de dos mil diecisiete.

Rad. 11001-03-15-000-2016-02961-01(AC)

Actor: Superintendencia de Sociedades y Otro.

Demandado: Tribunal Administrativo de Santander.

Objeto de la decisión.

Procede la Sala a resolver las impugnaciones presentadas por algunos de los beneficiarios de la indemnización colectiva ordenada en el trámite de la acción de grupo con radicación 2003-02318-01, en contra de la sentencia de primera instancia proferida por la Sección Cuarta de esta corporación, adoptada el 7 de diciembre de 2016, mediante la cual amparó el derecho fundamental al debido proceso de la Superintendencia de Sociedades.

I. Antecedentes.

1. Solicitud de amparo.

Con escrito radicado el 5 de octubre del 2016(1) en la secretaría general de esta corporación, la Superintendencia de Sociedades, actuando a través de su representante legal y la Agencia Nacional de la Defensa Jurídica del Estado - ANDJE, por medio de su director, presentaron acción de tutela contra del Tribunal Administrativo de Santander, con el fin de obtener la protección de su derecho fundamental al debido proceso.

Tal derecho lo consideraron vulnerado con ocasión de la providencia del 4 de agosto de 2016, mediante la cual la autoridad judicial accionada aclaró la sentencia complementaria de la providencia del 28 de junio de 2011, proferida el 30 de abril de 2014, en el sentido de señalar que la condena impuesta a la Superintendencia de Sociedades por concepto de perjuicios materiales correspondía a $ 56.820.105.122,89, teniendo en cuenta la actualización del valor de los activos con que contaba la sociedad An Son Drilling Company Of Colombia S.A. al momento de su liquidación.

A título de amparo constitucional, las entidades accionantes solicitaron:

“PRIMERA: Se conceda el amparo judicial al derecho constitucional fundamental al debido proceso en el artículo 29 de la Constitución Política, vulnerado a la Superintendencia de Sociedades, por parte del Tribunal Administrativo de Santander con la providencia del 4 de agosto de 2016, notificado por estado del 5 de agosto de 2016, dentro de la acción de grupo promovida por Adolfo León Acosta y otros contra la Nación - Ministerio de Protección Social y la Superintendencia de Sociedades.

SEGUNDA: Como consecuencia de lo anterior, se declare la invalidez e ineficacia, o se deje sin valor y efecto la referida providencia, proferida el 4 de agosto de 2016, por haber vulnerado el derecho constitucional fundamental al debido proceso de la Superintendencia de Sociedades de acuerdo con los hechos y fundamentos de esta acción de tutela.

TERCERA: Se decrete medida provisional de suspensión de los efectos de la referida providencia proferida el 4 de agosto de 2016, de acuerdo con el artículo 7º del Decreto 2591 de 1991(2).

La parte accionante fundamenta la solicitud de tutela en que la autoridad judicial accionada incurrió en defecto sustantivo por:

• Indebida aplicación de los artículos 285, 302 y 303 del Código General del Proceso C.G.P., debido a que en la providencia del 4 de agosto de 2016, se aclaró la sentencia del 30 de abril de 2014, que se encontraba ejecutoriada, con el fin de aumentar la condena impuesta a la Superintendencia de Sociedades.

• Indebida interpretación del artículo 285 del C.G.P., pues dicha norma no permite modificar la parte resolutiva de una sentencia, por lo que cambiar la cifra de la condena sobrepasa los límites de lo permitido por el mencionado artículo.

Lo anterior, teniendo en cuenta que para que proceda la aclaración se debe estar en presencia de conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, lo que no sucedió en el caso en concreto.

La parte actora expuso que la aclaración se hizo para modificar la cifra de la indemnización, más no para solucionar cualquier duda en relación con frases oscuras.

En ese sentido, la parte accionante manifestó que la cifra era clara “…que es el resultado de dos escrutinios de la misma, en la sentencia complementaria y en el auto de aclaración, corrección y adición, donde se corrigió el error aritmético que contenía la sentencia complementaria en la cifra que estaba expuesta en números…”(3).

• Indebida aplicación del artículo 55 de la Ley 472 de 1998, debido a que dicha norma prohíbe la modificación del monto de la condena, luego de que la sentencia se profiera y se adhieran nuevos integrantes, por lo que no le estaba permitido a la autoridad judicial modificar el monto de la condena por perjuicios materiales.

• Indebida aplicación del artículo 65 de la Ley 472 de 1998, debido a que el tribunal accionado, so pretexto de aclarar el monto de la condena, en la providencia del 4 de agosto de 2016 modificó arbitrariamente el valor de la indemnización por perjuicios materiales, estándole permitido únicamente revisar la distribución de la suma.

Adicionalmente, indicó que dicha revisión no puede presentarse en cualquier momento ya que solo está permitida dentro de los 20 días siguientes contados a partir del fenecimiento del término consagrado al grupo. Al respecto, afirmó:

“En gracia de discusión, la sentencia de segunda instancia se profirió el 28 de junio de 2011, siendo notificada por fijación de edicto del día 5 de julio de 2011 y desfijada el 7 de julio de 2011. Habida cuenta que el extracto de la sentencia se publicó el día 30 de agosto de 2015, los veinte días contados a partir de la fecha se vencieron el día 25 de septiembre de 2015. Por tal motivo, los veinte días con los que contaba el Tribunal Administrativo de Santander para revisar la distribución del monto de que trata el artículo 65 de la Ley 472 de 1998 se vencieron el día 25 de septiembre de 2015. (…) además, de haberse revisado la distribución del monto de la condena nos encontraríamos frente a una actuación fuera de término, por lo cual estaríamos frente a una pérdida de competencia funcional que no puede ser corregida porque la situación está completamente consolidada(4)”.

Por último, la actora manifestó que la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto orgánico por indebida aplicación del artículo 285 del C.G.P.

Al efecto explicó que dicha causal de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial se configura cuando la autoridad dicta una providencia sin competencia para conocer del asunto.

Para el caso concreto explicó que el Tribunal Administrativo de Santander actuó por fuera de sus límites de competencia, pues de conformidad con el artículo 285 del C.G.P. el término para resolver una aclaración, es el de la ejecutoria del auto o sentencia objeto de aclaración.

Teniendo en cuenta lo anterior, afirmó que:

“… la sentencia complementaria fue proferida el 30 de abril de 2014, notificada por fijación de edicto el día 6 de mayo de 2014 y desfijado el día 8 de mayo de 2014, contándose el término de ejecutoria del 9 de mayo al 13 de mayo de 2014.

Ello habida cuenta que la providencia del 4 de agosto de 2016 manifiesta que está aclarando la sentencia complementaria.

Sin embargo, para ilustrar la situación, si hipotéticamente nos encontramos frente a una aclaración del auto del 5 de septiembre de 2014, notificado por estado el 9 de septiembre de 2014. El término de ejecutoria del aludido auto corrió del 10 de septiembre al 12 de septiembre de 2014.

Así las cosas, las peticiones de aclaración que quisiesen solicitar las partes debían presentarse entre el 9 de mayo y el 13 de mayo de 2014, si fuesen de la sentencia complementaria; o del 10 de septiembre al 12 de septiembre de 2014, si fuesen frente al auto de aclaración y/o corrección.

En este caso encontramos que las peticiones a las que hace alusión la providencia del 4 de agosto de 2016 son extemporáneas, es decir, inoportunas al ser presentadas en las siguientes fechas: (i) 13 de octubre de 2015, la de la parte actora de la acción de grupo; y (ii) 12 de noviembre de 2015, la de la Defensoría del Pueblo.

La otra opción que ofrece el artículo 285 del C.G.P., es que la aclaración se realice de oficio dentro del término de ejecutoria de la providencia.

Por lo cual, se reiteran las fechas de los anteriores numerales así: el término de ejecutoria de la sentencia complementaria fue del 9 de mayo y el 13 de mayo de 2014; y el término de ejecutoria del auto de aclaración, corrección y/o adición corrió del 10 de septiembre al 12 de septiembre de 2014.

La providencia es de fecha 4 de agosto de 2016, resultando evidente su extemporaneidad y trayendo como consecuencia la pérdida de competencia funcional del juez que la profirió, para el caso, el Tribunal Administrativo de Santander(5)”.

2. Hechos probados y/o alegados.

La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos, que son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

• Un grupo de 79 ciudadanos, constituido por los pensionados de la An-Son Drilling Company Of Colombia S.A. y sus familiares iniciaron acción de grupo en contra de la Nación, Ministerio de Trabajo y la Superintendencia de Sociedades, la cual fue radicada con el número 68001-33-31-003-2003-02318-01.

La pretensión principal de la demanda consistía en que se declarara la responsabilidad de las autoridades demandadas por omisión frente a “su deber legal de exigir a la empresa petrolera la conmutación pensional total con el ISS o con una compañía de seguros, el pago de las mesadas pensionales de sus ex trabajadores(6)” y que, como consecuencia de lo anterior, se les condenara a pagar una indemnización por los perjuicios materiales sufridos y los morales “generados por el actuar omisivo de las entidades frente a la actuación dolosa del liquidador”.

• El Juzgado Tercero Administrativo de Bucaramanga, a quien correspondió el conocimiento del caso en primera instancia, en sentencia de 10 de agosto de 2009 declaró administrativamente responsable al Ministerio de la Protección Social(7) por la omisión en que incurrió en la conmutación pensional de la sociedad An-Son Drilling Company Colombia S.A. y lo condenó a asumir el pago de la conmutación pensional frente a todos los miembros del grupo.

• Inconformes con la decisión de primera instancia, interpusieron recurso de apelación, por un lado, el apoderado del Ministerio de la Protección Social, y de otra parte, el apoderado especial de los señores Orval Albert Ranf, Carlos Franky Burgos, Edgardo Cera Bolívar, Felipe Dalmacio Martín Crespo y Luis Alfonso González García, en su calidad de ex trabajadores de la An-Son Drilling Company Of Colombia.

• El Tribunal Administrativo de Santander en sentencia de 28 de junio de 2011(8) revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, declaró administrativamente responsable a la Superintendencia de Sociedades por la omisión en el cumplimiento de sus deberes legales y constitucionales frente al grupo de pensionados de la An-Son Drilling Company Of Colombia S.A. y, en consecuencia, la condenó a pagar una indemnización a favor de los pensionados de la An-Son Drilling Company S.A. “conformada por perjuicios morales que ascienden a tres mil (3000) salarios mínimos mensuales vigentes” y por perjuicios materiales “por concepto de lucro cesante una suma en abstracto(9)”.

• Con escrito presentado el 5 de julio de 2011, el apoderado del grupo demandante solicitó al Tribunal Administrativo de Santander proferir sentencia complementaria en la que, con base en un dictamen pericial, se liquidara en concreto la condena.

• Mediante escrito presentado el 8 de julio de 2011 la apoderada de la Superintendencia de Sociedades promovió incidente de nulidad frente a la sentencia de 28 de junio de 2011.

Aseguró que en el caso se configuró la causal de nulidad de falta de competencia funcional, contemplada en el artículo 140 numeral 2º del CPC, en tanto el Tribunal Administrativo de Santander como juez de segunda instancia “no tenía la competencia funcional para modificar la situación procesal de la Superintendencia de Sociedades” entidad que consideró la situación jurídica en conflicto había sido resuelta de forma definitiva a su favor, por lo que no estimó necesario participar en el curso de la segunda instancia.

• El 15 de julio de 2011 la Superintendencia de Sociedades solicitó que le fuera concedido el mecanismo de revisión eventual de la sentencia de 28 de junio de 2011 proferida por el juez de la acción de grupo.

• Con auto de 31 de enero de 2012, el Tribunal Administrativo de Santander negó la solicitud de nulidad propuesta.

• El 12 de febrero de 2012, la Superintendencia de Sociedades por medio de su apoderada judicial, interpuso recurso de reposición contra el auto que negó la nulidad.

• Con auto de 5 de marzo de 2012, el tribunal resolvió no reponer el auto que denegó la solicitud de nulidad.

• Mediante auto de 21 de marzo de 2012(10) y con el fin de proferir la sentencia complementaria el tribunal acusado designó los peritos necesarios a fin de tasar los perjuicios materiales.

• El 12 de diciembre de 2012(11), el perito presentó su dictamen en relación con la liquidación de la indemnización que debía pagar la Superintendencia de Sociedades a cada uno de los pensionados que hacían parte del grupo.

El documento técnico se dividió en tres acápites: (i) la indexación del valor de los activos de la compañía a la fecha de la ejecutoria de la sentencia; (ii) la indexación de los valores pagados al grupo durante el trámite de la liquidación; (iii) el cálculo de los intereses moratorios generados a partir de la ejecutoria de la sentencia.

Para realizar la actualización de los activos de la sociedad, tomó como cuantía a indexar la suma de $ 18.658.419.259 mtce(12), indicando que ese era el valor de los activos de la sociedad para el 3 de julio de 1997, fecha en la que inició el proceso de liquidación obligatoria de la compañía, cifra a la que se le aplicó la ecuación de indexación dando como resultado que los activos de la An-Son Drilling Company Of Colombia para el 13 de julio de 2011 valdrían $ 47.607.280.592 mcte.

Lo propio, es decir la indexación, se aplicó al valor de lo pagado al grupo en el proceso de liquidación obligatoria adelantada ante la Superintendencia de Sociedades, dando como resultado un valor de $ 889.653.470 mcte. Para calcular lo pagado indicó el perito que a los pensionados se les entregaron dos inmuebles en dación en pago: (i) Uno con matrícula inmobiliaria Nº 50C-609970 “que fue declarado bien de propiedad pública, siendo pertinente su exclusión dentro de la (…) liquidación”; (ii) otro con matrícula inmobiliaria Nº 50C-1369175 por valor de $ 779.906.7000, valor que indexado dio como resultado los $ 889.653.470 pesos mencionados.

El perito descontó del valor de los activos de la compañía ($ 47.607.280.592 mcte) el del pago a los pensionados ($ 889.653.470 mcte), operación matemática de la cual se determinó que “el valor global para el grupo de 58 pensionados demandantes por concepto de indemnización por daños materiales al momento de ejecutoria de la Sentencia de 13 de julio de 2011 era de (…) $ 31.982.040.272(13)”.

Una vez determinado este valor, calculó los intereses moratorios desde el 13 de julio de 2011 hasta la fecha del dictamen. Se estableció como intereses a pagar la suma de $ 11.794.941.846 mcte, por lo que finalmente se indicó que el valor por concepto de indemnización de los daños materiales que debía pagar la Superintendencia de Sociedades a los 58 pensionados que conformaron el grupo, ascendía a $ 43.776.982.119 mcte.

• Con auto de 14 de enero de 2013(14), el Tribunal Administrativo de Santander en aplicación del artículo 238 del CPC, corrió traslado a las partes por un término de 3 días del dictamen pericial.

• El 21 de enero de 2013, la Superintendencia de Sociedades objetó por error grave el dictamen pericial.

• En auto de 21 de marzo de 2013, el Tribunal Administrativo de Santander ordenó al perito aclarar su dictamen en relación con: (i) las razones por las cuales no se tuvo en cuenta como dación en pago a los pensionados, el valor del inmueble con matrícula inmobiliaria Nº 50C-609970 y (ii) los motivos por los cuales calculó intereses moratorios sobre el valor de la indemnización.

• El 5 de abril de 2013, el perito presentó escrito de aclaración y complementación del experticio.

Respecto de la dación en pago del inmueble anteriormente citado, señaló que “mediante escritura pública Nº 4907 de 23 de octubre de 2001 de la Notaría 18 de Bogotá, resultó afectado con la declaratoria de propiedad pública sobre zonas de cesión obligatoria gratuita, por parte del Distrito de Bogotá, la cual se materializó en la escritura pública Nº 2450 de 3 de septiembre de 2004 en la Notaría 34 de Bogotá y bajo este presupuesto se sacó del patrimonio de los demandantes el bien, lo cual impedía que se tuviera en cuenta como cuantía entregada al grupo de demandantes en dación en pago dentro del proceso”.

Sobre el cálculo de intereses moratorios sobre la condena, señaló que conforme al artículo 177 del CCA, los mismos se causan a partir de la ejecutoria de la sentencia independientemente de que su cuantía se haya establecido.

• Con memorial presentado el 28 de junio de 2013(15), la Directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado presentó solicitud de intervención en el incidente de liquidación de la condena impuesta a la Superintendencia de Sociedades, en el sentido de coadyuvar la objeción por error grave del dictamen pericial.

• El 30 de abril de 2014(16), el Tribunal Administrativo de Santander dictó sentencia complementaria.

En esta providencia se pronunció sobre los cargos de objeción grave al dictamen pericial presentados por la Superintendencia de Sociedades y la Agencia para la Defensa Jurídica del Estado.

En relación con el cargo relativo al valor de los activos de la sociedad An-Son Drilling Company Of Colombia para el momento del inicio del proceso de liquidación obligatoria, indicó el tribunal que los argumentos esgrimidos para objetar el dictamen no eran de recibo:

“… porque cierto es que en el trámite de la liquidación obligatoria, (…) se determinó que la misma sociedad contaba con activos que ascendían a la suma de $ 3.634.489.000, no es menos cierto que, tal cifra no correspondía a lo que en inventarios realmente existía, toda vez, que el liquidador no procedió a realizar en la oportunidad y forma establecida en la normatividad de procesos concursales, lo relativo a la realización de dichos inventarios, no se inventariaron algunos bienes que no se encontraban en el territorio colombiano, procedió a realizar unos castigos contables sin ninguna justificación, castigo que disminuyó de forma considerable los inventarios de la sociedad concursada (…) para esta corporación no es válido tomar como activo para la liquidación de los perjuicios materiales el valor de $ 3.634.498.000, toda vez que dicho valor no corresponde al valor real de los activos con los que contaba la sociedad concursada al momento en que se inició el trámite de la liquidación obligatoria (3 de julio de 1997) (…) tener como cierto el valor de los activos por [ese] monto, sería ir en contra de lo decidido en la sentencia de segunda instancia, donde por las situaciones antes descritas y muchas otras situaciones irregulares acaecidas en el curso de la liquidación obligatoria de la empresa (…) se condenó a la Superintendencia de Sociedades por el incumplimiento a sus deberes como entidad estatal encargada de la vigilancia y control en el proceso de liquidación obligatoria(17)”.

Por ello, para efectos de liquidar los perjuicios materiales debía tomarse como referente de la situación financiera de la sociedad el balance general del año 1996, esto es $ 18.658.419.259,38.

En lo que respecta a la exclusión del bien inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria Nº 50C-609970 del cálculo de la liquidación de la condena impuesta a la Superintendencia de Sociedades, consideró el tribunal que no tener en cuenta este pago “no [era] posible toda vez que de una parte se estaría desconociendo la sentencia de segunda instancia donde puntualmente se indicó que al valor de la condena que hubiere lugar debía descontársele los bienes inmuebles dados en pago en dación en pago al grupo de pensionados y de otra parte el hecho de [haberse de propiedad pública el inmueble tuvo lugar] estando el bien inmueble en cabeza de los pensionados y no a nombre de la empresa”.

Frente al cargo según el cual no debían liquidarse intereses de mora frente a la condena aseguró el tribunal que le asistía la razón a los objetantes, debido a que la sentencia fijó una condena en abstracto que hasta tanto no estuviese liquidada no podía generar intereses moratorios.

Por lo anterior, el juez de la acción de grupo accedió parcialmente a la objeción por error grave del dictamen pericial, esto es, “en lo que tiene que ver con la exclusión de la condena del bien dado en pago al grupo de pensionados y respecto de la liquidación de los intereses moratorios”.

Expuesto lo anterior, procedió a liquidar los perjuicios materiales a los integrantes del grupo, tomó como base para la operación matemática el valor de $ 18.658.419.259,38 que actualizado para el 30 de abril de 2014 era de $ 56.820.105.122,89, al que restó el valor de los dos inmuebles entregados en dación en pago, para finalmente determinar que “el valor presente del pasivo pensional al mes anterior a la fecha de la providencia complementaria ascendía a la suma de $ 43.764.835.513,82” e indicar cuanto de esta suma le correspondía a cada uno de los 58 pensionados integrantes del grupo.

Así las cosas, el tribunal le ordenó a la Superintendencia de Sociedades entregar al fondo para la defensa de los derechos e intereses colectivos, dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de la providencia, la suma de $ 43.764.835.513,82.

En la misma providencia, se accedió a la solicitud de remisión del expediente al Consejo de Estado para que se surtiera el trámite de revisión eventual de la sentencia de 28 de junio de 2011.

• Con escrito presentado el 7 de mayo de 2014, el apoderado del grupo solicitó aclaración y adición de la sentencia complementaria, por considerar que la misma guardó silencio frente muchos puntos en relación con los cuales la defensoría del pueblo, como encargada del fondo para la defensa de los derechos e intereses colectivos debía tener claridad para asegurar un cumplimiento eficaz de las decisiones judiciales.

Manifestó que en la sentencia complementaria se indicó que solo los 58 pensionados directamente reconocidos en el fallo tenían derecho a la indemnización colectiva, excluyéndose a los demás beneficiarios que satisfacen legalmente la condición para formar parte del grupo. Lo anterior, teniendo en cuenta que los pensionados de la compañía eran 81 y que solo 58 fueron representados judicialmente en el curso de proceso.

Agregó que en la sentencia principal de segunda instancia condenó a la Superintendencia al pago de perjuicios morales por suma de 3000 smlmv, pero frente al punto se guardó silencio en la providencia de complementación.

Aseguró que “el ordinal 6º de la parte resolutiva de la sentencia principal, fijó para los abogados coordinadores como honorarios el 10% del valor que le llegara a corresponder a los miembros del grupo no representado judicialmente, en aplicación de lo dispuesto por el numeral 6º del artículo 65 de la Ley 472 de 1998, pero no era claro si la Defensoría debía retener ese valor antes de entregar la indemnización a los miembros del grupo(18)”.

• El 13 de mayo de 2014, la Superintendencia de Sociedades propuso la nulidad de la sentencia complementaria de 30 de abril de 2014. Invocó la causal de nulidad consagrada en el numeral 6º del artículo 140 del CPC, según la cual, es proceso es nulo en todo o en parte “cuando se omiten los términos u oportunidades para pedir o practicar pruebas o para formular alegatos de conclusión”.

Aseguró que el trámite dado a la objeción por error grave al dictamen pericial vulneró su garantía fundamental al debido proceso, pues de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 238, 239 y 249 que regulan el trámite de la misma, cuando aquella prospera el experticio queda sin ningún valor y no puede ser apreciado por el juez, quien deberá decretar uno nuevo con varios peritos.

Indicó que lo que hizo el tribunal fue tomar ciertos apartes del dictamen errado y utilizó una metodología totalmente distinta para establecer la condena, con lo que terminó por realizar una nueva liquidación “sorpresiva y descontextualizada”, sin que para tal efecto contara con un perito que lo avalara.

Concluyó indicando que la figura de la declaratoria parcial de objeción grave de un dictamen pericial no está permitida por la normatividad y que no existe en la historia judicial colombiana un antecedente de tal naturaleza.

• Con escrito presentado el mismo 13 de mayo de 2014, la Superintendencia de Sociedades presentó solicitud de aclaración, corrección y adición de la sentencia complementaria, en lo que se refiere a los siguientes aspectos:

En la liquidación no se descontaron todas las daciones en pago, efectuadas a favor de los pensionados durante el proceso de liquidación obligatoria, pues solo se tuvieron en cuenta los inmuebles entregados al grupo más no los demás desembolsos que sumaban más de mil millones de pesos.

Agregó: “solicito la adición, aclaración y la corrección de los erros (sic) aritméticos y de hecho en que incurrió la sentencia complementaria, tomando como índice de actualización el índice inicial correspondiente al mes de diciembre del año 2000 y no el índice inicial al mes de diciembre de 1996, toda vez que el valor del pasivo pensional presentado por el liquidador a la Junta Asesora fue expresado en pesos del año 2000, en cuyo caso la liquidación de la condena en abstracto equivaldría a la suma de $ 26.825.075, 64, a la cual se deberá descontar de manera actualizada los valores pagados a los pensionados, valor indicado en el numeral anterior”.

• Mediante auto de 5 de septiembre de 2014, el tribunal negó: (i) el incidente de nulidad propuesto por la Superintendencia de Sociedades indicando que la sentencia complementaria se motivó debidamente y fue expedida una vez cumplidas las etapas necesarias y con base en las pruebas allegadas al proceso e indicó que las nulidades debieron advertirse con antelación por parte de la entidad; (ii) la solicitud de aclaración y adición de la sentencia propuesta por el apoderado del grupo accionante y, (iii) en su mayoría las de adición, corrección y aclaración de la Superintendencia.

Se aclaró la sentencia en el sentido de indicar que la razón por la cual no se descontaron de la indemnización los demás pagos a los que se refirió la Superintendencia obedecía a que no se tenía certeza dentro del proceso que dichos dineros se hubiesen efectivamente cancelado.

Igualmente, se manifestó que la sentencia complementaria tenía como fin concretar los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante a los 58 demandantes reconocidos directamente en el fallo de segunda instancia.

No obstante lo anterior, indicó el tribunal que no mencionar en dicha providencia que el pago de los referidos perjuicios también se hace extensivo a los pensionados que no concurrieron al proceso, no quería decir que se excluían de dicho beneficio.

Explicó que la sentencia complementaria no excluyó de ninguna manera el pago de la indemnización colectiva para aquellas personas que no estaban representadas judicialmente en el proceso, pues lo que se hizo fue concretar la indemnización de los integrantes del grupo señalados específicamente en la sentencia de segunda instancia.

Por último manifestó que las disposiciones concernientes al pago de la indemnización de quienes no se hicieron parte en el proceso, quedaron establecidas en la sentencia de segunda instancia del 28 de junio de 2012.

• El 11 de septiembre de 2014, la Superintendencia interpuso recurso de reposición en contra del auto que negó la nulidad del 5 de septiembre de 2014, indicó que el supuesto hecho en el que se fundamentó la solicitud de nulidad se advirtió solo una vez dictada la sentencia complementaria, pues antes de ella no se había generado.

• Con auto de 3 de octubre de 2014, el tribunal rechazó por improcedente el recurso de reposición.

• Mediante providencia de 15 de abril de 2015, notificada por estado de 12 de mayo de 2015, la Sección Tercera del Consejo de Estado, resolvió no seleccionar para revisión la sentencia proferida el 28 de junio de 2011 y su complementaria del 30 de abril de 2014 proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, por considerar que “la superintendencia y [la agencia nacional para la defensa jurídica del Estado] pretende[n] usar el mecanismo de revisión como una tercera instancia, debido a que señala[n] razones de inconformidad sobre lo decidido por el tribunal lo cual va en contra de la naturaleza y finalidad del mecanismo de revisión eventual, ya que este va dirigido a unificar la jurisprudencia”.

• Con escrito del 13 de octubre de 2015, la parte actora presentó una solicitud al tribunal para que le aclarara al Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga y a la Defensoría del Pueblo que la indemnización colectiva establecida como condena contra la Superintendencia de Sociedades, incluía tanto a las personas representadas judicialmente en el proceso como a las no representadas en el mismo, pero que se adhirieron en los términos establecidos en el artículo 65 de la Ley 472 de 1988.

• El 12 de noviembre de 2015, la Defensoría del Pueblo presentó un memorial, en el que le solicitó al Tribunal Administrativo de Santander, entre otras cosas, aclarar sobre los siguientes puntos:

1. ¿Cómo va a hacer el fondo para la defensa de los derechos e intereses colectivos para pagar las indemnizaciones correspondientes a las personas que se acojan a los efectos de la sentencia, dentro de los veinte (20) días siguientes a la publicación de esta, si el juez no tasó condena alguna para este efecto?

2. ¿Para las personas que se adhieran a la presente acción de grupo se tasó condena colectiva por daños materiales?

3. ¿Para las personas que se adhieran a la presente acción solo se les deba pagar por daños morales?

4. ¿Es modificable el valor a pagar a cada uno de los 58 beneficiarios, de conformidad con lo establecido en la sentencia complementaria?

5. ¿la suma de $ 43.764.835.513,32 que corresponde a la condena colectiva y es el total de la indemnización de los 58 beneficiarios, se debe redistribuir entre aquellos y los adherentes?

• En providencia del 4 de agosto de 2016, el Tribunal Administrativo de Santander aclaró la sentencia complementaria del 30 de abril de 2014, en el sentido de reafirmar que la condena por concepto de perjuicios materiales corresponde a $ 56.820.105.122,89, que son la actualización del valor de los activos con que contaba la sociedad An-Son Drilling Company of Colombia S.A., al momento de su liquidación, tal como se ordenó en la sentencia de segunda instancia del 28 de junio de 2011.

Como fundamento de su decisión, explicó que el mecanismo procesal correspondiente para resolver las peticiones presentadas era el de la aclaración de sentencia, de conformidad con el artículo 285 del C.G.P., frente al cual indicó que si bien no se cumplía con el término establecido en la norma, “de la lectura de las solicitudes antes referenciadas encuentra la Sala que las órdenes impartidas en la sentencia complementaria no fueron lo suficientemente claras y están generando una evidente dificultad para su cumplimiento efectivo, lo cual resulta a todas luces atentatorio del derecho de acceso a la administración de justicia frente a las personas que como beneficiarias reconocidas de la sentencia proferida al interior del presente proceso no han visto aún materializado el pago de la indemnización ordenada, y, así mismo, frente a las personas que siendo parte del grupo originario del medio de control, se adhirieron a los efectos de la sentencia como lo prevé el artículo 55 de la ley 472 de 1998, quienes ostentan igual derecho a percibir la indemnización correspondiente al perjuicio causado(19)”.

De conformidad con lo anterior, con el fin de salvaguardar los derechos al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y los principios de equidad, reparación integral, primacía del derecho sustancial sobre el procesal, consideró necesario pronunciarse sobre la solicitud de aclaración aun siendo extemporánea, sin que ellos significara una modificación o adición de la sentencia.

Explicó que era necesario hacer una lectura conjunta de lo establecido en la sentencia de segunda instancia y del fallo complementario de la misma.

Así las cosas, afirmó que en relación con los beneficiarios de la indemnización derivada de la falla en el servicio en que incurrió la Superintendencia de Sociedades, la sentencia de segunda instancia del 28 de junio de 2011 fue clara al establecer que tal grupo estaba comprendido tanto por quienes hicieron parte del proceso al acudir en demanda por conducto de apoderado judicial, como por quienes se adhirieron a la sentencia.

Teniendo en cuenta lo anterior, explicó que desde la sentencia de segunda instancia se previó la salvaguarda de los derechos en cabeza de los miembros del grupo que, si bien no tuvieron representación judicial, se adhirieron de conformidad con el artículo 55 de la Ley 472 de 1998.

De la misma manera, aclaró que en el referido fallo de segunda instancia se dispuso que la indemnización por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante en favor de los integrantes del grupo demandante, equivaldría al valor de los activos con que contaba la sociedad An-Son Driling para el momento de su liquidación, a lo cual debía sustraerse el valor de los inmuebles dados en pago.

En otras palabras el valor de los activos actualizado para el 30 de abril de 2014 era de $ 56.820.105.122,89, al que restó el valor de los dos inmuebles entregados en dación en pago, para finalmente determinar que “el valor presente del pasivo pensional al mes anterior a la fecha de la providencia complementaria ascendía a la suma de $ 43.764.835.513,82” e indicar cuanto de esta suma le correspondía a cada uno de los 58 pensionados integrantes del grupo.

No obstante, el tribunal concluyó en la providencia del 4 de agosto de 2016 que el valor distribuido entre los 58 pensionados miembros del grupo de demandantes representados judicialmente era inferior al total de la indemnización que generó la actualización del valor de los activos, esto es, $ 56.820.105.122,89 “… lo cual solo permite concluir que en este aspecto la providencia se limitó a liquidar el valor correspondiente a las indemnizaciones individuales de las personas que habían sido parte en el proceso, restando, en consecuencia la concreción de dicha indemnización respecto de los demás beneficiarios de la condena impuesta, esto es, las personas que en los términos previstos en la ley 472 de 1998 se adhieran a los efectos de la sentencia…”(20).

Finalmente, en aplicación del artículo 65 de la Ley 472 de 1998 efectuó la nueva liquidación, teniendo en cuenta que ya se habían identificado las personas que se adhirieron a los efectos de la sentencia, teniendo como monto total de la indemnización $ 56.820.105.122,89.

3. Actuaciones procesales relevantes.

3.1. Admisión de la demanda.

Por auto del 11 de octubre de 2016(21), el Magistrado Ponente de la Sección Cuarta de esta corporación, (i) negó la medida provisional solicitada por la Superintendencia de Sociedades; (ii) admitió la acción de tutela de la referencia; (iii) vinculó al Ministerio de la Protección Social y al Juzgado Tercero Administrativo de Bucaramanga; (iv) ofició a la Secretaría del Juzgado Tercero Administrativo de Bucaramanga, para que notificara a todas las partes y terceros vinculados al proceso de la acción de grupo con radicación 2003-02318-01; y (v) ordenó la notificación a las partes.

3.2. Contestaciones.

3.2.1. Tribunal Administrativo de Santander.

Con escrito enviado por correo electrónico el 27 de octubre de 2016, el Magistrado presidente de la Sala de decisión que profirió la providencia objeto de estudio, solicitó se negaran las pretensiones de la presente solicitud de amparo.

Al respecto, realizó una transcripción in extenso de la sentencia del 4 de agosto de 2017 para que se tuvieran en cuenta, de lo cual concluyó que en ningún momento modificó el monto de la condena impuesta, pues únicamente aclaró que dicha suma no ascendía a $ 43.764.835.513,89 sino a $ 56.820.105.122,89, determinación que surgió de la lectura integral de la sentencia de segunda instancia.

3.2.2. Juzgado Tercero Administrativo de Bucaramanga.

La autoridad judicial referida, mediante escrito enviado por correo electrónico el 27 de octubre de 2016, manifestó que no vulneró los derechos fundamentales de la actora, pues “… pues se le han respetado las etapas procesales propias del juicio, teniendo la oportunidad de interponer los recursos que ha estimado pertinentes contra las decisiones que en curso del mismo se han adoptado(22)”.

3.2.3. Informe del coordinador de la acción de grupo.

Con escrito enviado por correo electrónico el 1 de noviembre de 2016, el abogado coordinador de la acción de grupo objeto de estudio, manifestó que el Tribunal Administrativo de Santander no aumentó la indemnización colectiva de manera arbitraria, pues, a su juicio, realmente corrigió la operación aritmética realizada en la sentencia complementaria.

Por otro lado, indicó que la sentencia del tribunal no era clara, por lo que se vulneraba el principio a la seguridad jurídica, situación que hizo necesaria la intervención del Tribunal Administrativo de Santander el 4 de agosto de 2016.

3.2.4. Contestación del señor Gumercindo Torres García.

Con escrito radicado el 4 de noviembre de 2016 en la Secretaría General del Consejo de Estado, el ciudadano mencionado, en su calidad de beneficiario adherente de la indemnización ordenada por el Tribunal Administrativo de Santander, manifestó que la autoridad judicial accionada, en la providencia del 4 de agosto de 2016, dio directrices en relación con la ejecución de la sentencia de segunda instancia, por lo que no modificó dicho fallo.

3.2.5. Contestación del señor Arturo Ángel Ojeda Covelli.

Mediante escrito radicado en la Secretaría General de esta corporación el 11 de noviembre de 2016, el señor Ojeada Covelli, en su calidad de beneficiario de la indemnización ordenada en la acción de grupo objeto de estudio, puso de presente que en varias ocasiones la Corte Constitucional ha concedido el amparo de los derechos fundamentales de los pensionados de la Sociedad An-Son Drilling.

Igualmente manifestó que los beneficiarios de la indemnización están sometidos a una inseguridad jurídica, debido a que la Superintendencia de Sociedades ha impugnado todas las decisiones que se han adoptado al interior del proceso.

3.3. Fallo impugnado.

La Sección Cuarta del Consejo de Estado, dictó Sentencia del 7 de diciembre de 2016, por medio de la cual amparó el derecho fundamental al debido proceso de la Superintendencia de Sociedades y dejó sin efectos el numeral primero(23) de la parte resolutiva de la providencia proferida el 4 de agosto de 2016 por el Tribunal Administrativo de Santander.

Dicha decisión fue objeto de adición, mediante providencia del 9 de febrero de 2017, en la que se dispuso:

“6. Dejar sin efectos el numeral segundo de la parte resolutiva de la providencia proferida el 4 de agosto de 2016 por el Tribunal Administrativo de Santander, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia y, en su lugar, ordenar esa corporación que, dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación de esta providencia, profiera una nueva respuesta a la solicitud presentada el 12 de noviembre de 2015 por la Defensoría del Pueblo”.

Como fundamento de su decisión, expuso que el Tribunal Administrativo de Santander profirió la sentencia del 28 de junio de 2011, en donde condenó a la Superintendencia de Sociedades al pago del lucro cesante en abstracto con base en los criterios establecidos en su parte motiva(24).

Posteriormente, la corporación judicial accionada, a solicitud de la parte demandante de la acción de grupo y cumpliendo los criterios establecidos en la providencia del 28 de junio de 2011, profirió la sentencia complementaria del 30 de abril de 2014 que en su parte resolutiva concretó la condena por lucro cesante por un valor de $ 43.764.835.513,82.

Explicó que dichas decisiones quedaron ejecutoriadas el 9 de septiembre de 2014(25), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 302 del Código General del Proceso.

Así las cosas, manifestó que en virtud del artículo 303 del C.G.P., la sentencia del 28 de junio de 2011 y su complementaria, surten efectos de cosa juzgada respecto de:

• El objeto del proceso de acción de grupo: se evidencia que el objeto de la decisión judicial consiste en la condena concreta por concepto de lucro cesante, que para el caso concreto fue establecida por el valor de $ 43.764.835.513,82.

Causa petendi o hechos relevantes: la condena por lucro cesante impuesta a la Superintendencia de Sociedades tiene sustento en su omisión de control de la gestión del liquidador de la sociedad An-Son Drilling Company of Colombia S.A. que impidió la satisfacción prioritaria del pasivo pensional.

• Las partes del proceso de grupo: por un lado, se tiene que la parte demandante estuvo compuesta por todos los integrantes del grupo de pensionados de la sociedad An-Son Drilling Company of Colombia S.A. liquidada, incluso aquellos que no tuvieron representación judicial; mientras que la parte demandada fue la Superintendencia de Sociedades.

No obstante, el juez constitucional de primera instancia, advirtió que el Tribunal Administrativo de Santander profirió la providencia del 4 de agosto de 2016 en la que resolvió, entre otras cosas, la siguiente:

“Primero: Aclarar la sentencia complementaria proferida el 30 de abril de 2014, en el sentido de reafirmar que la condena por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante corresponde a la suma de cincuenta y seis mil ochocientos veinte millones ciento cinco mil ciento veintidós pesos con ochenta y nueve centavos m/cte ($ 56.820.105.122,89), que corresponde a la actualización del valor de los activos con que contaba la An-Son Drilling Company Of Colombia S.A. al momento de su liquidación, tal como se ordenó en la sentencia de segunda instancia del 28 de junio de 2011(26)”.

De lo anterior concluyó que:

“Aunque el Tribunal Administrativo de Santander afirmó que la providencia del 4 de agosto de 2016 únicamente aclaró la orden impartida en la sentencia complementaria debido a una errónea interpretación de la Defensoría del Pueblo, eso no es cierto por cuanto que la parte resolutiva de la providencia del 30 de abril de 2014 no ofrecía ninguna duda que el monto de la indemnización colectiva era de $ 43.764.835.513,82.

De esta forma, en realidad la corporación judicial accionada no aclaró su decisión sino que la modificó al incrementar el valor de la condena impuesta a la Superintendencia de Sociedades por concepto de lucro cesante a $ 56.820.105.122,89; de forma que desconoció la prohibición de reformar su sentencia habida cuenta que la misma se encontraba ejecutoriada y había alcanzado el estado de cosa juzgada.

Todo, porque lo que hace el tribunal es imponer una nueva condena por concepto de lucro cesante (identidad de objeto), fundamentada en la responsabilidad derivada de la omisión en el cumplimiento de las funciones de vigilancia (identidad de causa petendi), a cargo de la Superintendencia de Sociedades y a favor de la totalidad del grupo de pensionados que vieron frustrada su acreencia (identidad jurídica de partes).

3.5. Impugnaciones.

Con escrito radicado el 19 de diciembre de 2016 en la secretaría general de esta corporación(27), el señor Gumercindo Torres, actuando a través de apoderada judicial, impugnó el fallo del 7 de diciembre de 2016 al considerar que la autoridad judicial accionada no vulneró los derechos fundamentales de la actora, pues el proferir la decisión del 4 de agosto de 2016 no estableció una nueva indemnización sino que actualizó el valor de la que ya había impuesto.

Con escrito radicado el 11 de enero de 2017 en la Secretaría de esta corporación, las señoras Gala M. Halger y Guillermina S. Halger impugnaron la decisión de primera instancia al considerar que de conformidad con la Ley 472 de 1998 las indemnizaciones obtenidas en las acciones de grupo son para todas las personas que hayan sufrido daños derivados de la misma acción u omisión, y quienes no concurran al proceso pueden hacerse parte del grupo después de proferida la sentencia.

Mediante escrito del 11 de enero de 2017 la señora Jessica Johanna Ríos Snyder, actuando en nombre propio y en representación de las señoras Doris Snyder Caballero y María Elena Caballero de Snyder, impugnó la decisión del 7 de diciembre de 2016, al considerar que no se vulneraron los derechos fundamentales de la Superintendencia de Sociedades, pues “… desde el principio de la acción de grupo 2003-02318-01 sabía cuantos y quienes eran los pensionados, es decir, debió advertir que faltaba el rubro para los adherentes…”(28).

En efecto manifestó que el Tribunal Administrativo de Santander, siempre indicó que la condena era para todos, por tanto la cifra no fue cambiada, sino que se aclaró el monto que faltaba para indemnizar a los adherentes.

Mediante oficio del 12 de enero de 2017, el abogado coordinador del grupo impugnó la decisión de primera instancia con el fin de solicitar su revocación.

Al respecto manifestó que la providencia del 30 de abril de 2014 sí presentaba dudas sobre su ejecución, por lo que tanto él como la Defensoría del Pueblo presentaron solicitudes ante el Tribunal Administrativo de Santander para logar hacer efectivo el cumplimiento de la orden judicial.

Puso de presente que lo realizado por el tribunal accionado fue una corrección aritmética del monto indemnizatorio ordenado en la sentencia complementaria, pues no había tomado la totalidad de la actualización de los activos con que contaba la sociedad al momento de su liquidación obligatoria, conforme se había ordenado en la sentencia de segunda instancia.

Mediante escrito enviado por correo electrónico el 23 de febrero de 2017, el señor Domingo Enoth Caldera Ibarra, en su calidad de pensionado de la extinta sociedad An-Son Drillin Company Off Colombia S.A., impugnó la sentencia del 7 de diciembre de 2016 al considerar que la autoridad judicial accionada debió inicialmente liquidar la suma de los activos a la compañía e indexarlos a la fecha, por lo que en la providencia del 4 de agosto de 2016 no modificó la indemnización, sino que aclaró su monto.

3.6. Actuaciones en segunda instancia.

En auto del 27 de marzo de 2017 la Consejera Ponente ofició a la Defensoría del Pueblo, como administradora del fondo para la defensa de los derechos e intereses colectivos para que informara sobre el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 71 literal “e” de la Ley 472 de 1998. En concreto, se solicitó indicar:

1. El monto total recibido a título de indemnización ordenada por el Tribunal Administrativo de Santander.

2. Si a la fecha ya ha entregado la totalidad del dinero recibido a título de indemnización.

3. El número total de integrantes del grupo, que tienen derecho a recibir una indemnización.

4. La forma en que ha realizado la distribución de dicha indemnización, identificando quiénes han recibido algún pago y cuántos ciudadanos están a la espera de ser resarcidos.

3.7. Respuesta de la Defensoría del Pueblo.

Con escrito radicado el 7 de abril de 2017 en la Secretaría General del Consejo de Estado, el Director Nacional de Recursos y Acciones Judiciales de la referida entidad respondió a lo solicitado en el auto del 27 de marzo de 2017. Al respecto informó:

1. Que en cumplimiento de la sentencia complementaria del 30 de abril de 2014, la Superintendencia de Sociedades realizó pagos parciales de la condena impuesta, consignando en el fondo para la defensa de los derechos e intereses colectivos el valor de $ 47.624.330.095,67, suma que incluye la indemnización por perjuicios materiales y morales.

2. Una vez recibido el monto antes mencionado, “… inició el trámite administrativo conforme lo indicaba la sentencia complementaria del 30 de abril de 2014 proferida por el Tribunal Administrativo de Santander. Sin embargo, este trámite fue suspendido debido a que el abogado coordinador de la acción de grupo en varias comunicaciones dirigidas a esta entidad manifestó que dicha condena colectiva de daños materiales fue establecida para el pago de las indemnizaciones tanto de los beneficiarios reconocidos en sentencia como de las personas que se adhirieran a sus efectos(29)”.

Debido a lo anterior, mediante oficio del 12 de noviembre de 2015, le solicitó al Tribunal Administrativo de Santander aclarar la sentencia complementaria, autoridad judicial que en providencia del 4 de agosto de 2016 “… redistribuyó la condena y aumentó su valor(30)”.

Así las cosas, le solicitó a la Superintendencia de Sociedades que consignara el valor faltante de la condena impuesta en el auto del 4 de agosto de 2016, sin que a la fecha se hubiera efectuado dicho pago.

Igualmente, expresó que el abogado coordinador había requerido el pago de las indemnizaciones ordenadas en la referida providencia del 4 de agosto de 2016, por lo “… mediante las Resoluciones 1756 y 2025 de 2016, se ordena el pago parcial (77.02%) del valor de la indemnización estipuladas (sic) en el auto de fecha 4 de agosto de 2016, reconocida a cada uno de los beneficiarios de la sentencia que aportaron documentos para pago(31)”.

3. En relación con el número total de integrantes del grupo, informó que mediante la sentencia complementaria del 30 de abril de 2014 se reconoció a 58 personas beneficiarias.

Por otro lado, explicó que mediante las Resoluciones 828 y 1735 de 2016 se conformó el grupo adherente compuesto por 21 personas.

4. Frente a la distribución de la indemnización, manifestó que la misma fue realizada por el Juez, por lo que la Defensoría solo pagaba conforme a lo indicado en la orden judicial.

“En el presente caso y como se indicó en precedencia el Tribunal Administrativo de Santander, en la sentencia complementaria de fecha 30 de abril de 2014, determinó el valor de la indemnización por daños materiales que le corresponde a cada uno de las 58 personas reconocidas como beneficiarias en la sentencia, valor que posteriormente cambió con la expedición del auto de fecha 4 de agosto de 2016.

Con relación a la indemnización por daños morales, se condenó a la Superintendencia de Sociedades a pagar la suma de 3000 SMLMV, los cuales se distribuirían por partes iguales entre el grupo de beneficiarios y el grupo adherente…”(32).

Teniendo en cuenta lo anterior, a cada beneficiario se le asignó un valor de $ 24.468.987.

En lo que se refiere a la indemnización por perjuicios materiales, “… se reitera que se realizó un pago parcial del 77.02% de la indemnización que señaló el Tribunal Administrativo de Santander en el auto de fecha 4 de agosto de 2016 a los beneficiarios reconocidos en la sentencia…”(33) (40 personas), por lo que del grupo de beneficiarios reconocidos en la sentencia quedan pendientes por pagar 19 personas.

Por último manifestó “…que la Defensoría del Pueblo, atacando la orden judicial de fecha 4 de agosto de 2016, procedió a realizar los pagos por daños materiales, a los beneficiarios reconocidos en sentencia, pero en atención a la presente acción de tutela, no se han realizado más pagos por daños materiales, toda vez que en este momento no existe seguridad jurídica frente a cuál de las dos decisiones proferidas por el Tribunal Administrativo de Santander se debe continuar realizando los pagos, máxime que los valores de las indemnizaciones a pagar a cada uno de los beneficiarios cambió y se evidenció en caso particular que aumentó considerablemente, al punto de superar los $290’000.000,oo…”(34)

En conclusión explicó, que esta situación le impedía cumplir con su función de administrar y pagar, ya que no había certeza del valor a cancelar, por lo que solicitó se aclarara dicho inconveniente, máxime cuando los beneficiarios la requerían día a día para que cancelara el valor de la indemnización.

II. Consideraciones de la Sala.

1. Competencia.

Esta Sala es competente para conocer de la impugnación del fallo de tutela del 7 de diciembre de 2016, dictado por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, de conformidad con lo establecido en el Decreto 2591 de 1991 y en el numeral 2º del Acuerdo 55 del 2003 del Consejo de Estado.

2. Problemas jurídicos.

Le corresponde a la Sala determinar si confirma, revoca o modifica la sentencia de primera instancia, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado que amparó el derecho fundamental al debido proceso de la Superintendencia de Sociedades, para lo cual la Sala resolverá el siguiente problema jurídico:

¿Vulneró la autoridad judicial accionada, con la providencia del 4 de agosto de 2016, el derecho fundamental al debido proceso de la actora al incurrir en los defectos sustantivo y orgánico?

3. Razones jurídicas de la decisión.

Para resolver este problema, la Sala analizará los siguientes aspectos: (i) criterio de la Sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva; (iii) generalidades de los defectos sustantivo y orgánico; y (iv) un análisis del caso en concreto.

3.1. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial.

Esta Sección, mayoritariamente, venía considerando que la acción de tutela contra providencia judicial era improcedente por dirigirse contra una decisión judicial. Sin embargo, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012(35) unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema(36), por lo que procedió a unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales(37), observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.

Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio, pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “fijados hasta el momento jurisprudencialmente”.

Al efecto, en virtud de reciente sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014(38), la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la Sentencia C-590 de 2005(39) para determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial y reiteró que la tutela es un mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86 Constitucional y, por ende, el amparo frente a decisiones judiciales no puede ser ajeno a esas características.

3.2. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva.

Como quiera que los mismos fueron superados por el a quo constitucional, y no fueron objeto de impugnación, la Sala no se pronunciará al respecto y analizará el fondo del asunto, de cara a los argumentos presentados en el escrito de impugnación.

3.3. Del defecto sustantivo.

La Corte Constitucional(40), ha explicado que el defecto sustantivo se presenta cuando “la autoridad judicial aplica una norma claramente inaplicable al caso o deja de aplicar la que evidentemente lo es, u opta por una interpretación que contraríe los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica(41)”.

Puntualmente, el defecto sustantivo lo configuran los siguientes supuestos:

a) El fundamento de la decisión judicial es una norma que no es aplicable al caso concreto, por impertinente(42) o porque ha sido derogada(43), es inexistente(44), inexequible(45) o se le reconocen efectos distintos a los otorgados por el Legislador(46).

b) No se hace una interpretación razonable de la norma(47).

c) La disposición aplicada es regresiva(48) o contraria a la Constitución(49).

d) El ordenamiento otorga un poder al juez y este lo utiliza para fines no previstos en la disposición(50).

e) La decisión se funda en una interpretación no sistemática de la norma(51).

f) Se afectan derechos fundamentales, debido a que el operador judicial sustentó o justificó de manera insuficiente su actuación.

Procederá entonces el amparo constitucional cuando se acredite la existencia de un defecto sustantivo, en cualquiera de los supuestos que se han presentado anteriormente.

3.4. Del defecto orgánico.

Una de las circunstancias que la Corte Constitucional ha considerado como causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias, es la configuración de un defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello(52).

Sobre la configuración del referido defecto y su estrecha relación con el debido proceso, resultan pertinentes las siguientes consideraciones de la Sentencia T-308 de 2014 de la Corte Constitucional, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub:

“La Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia(53) ha descrito el defecto orgánico como aquel que se configura cuando la autoridad responsable de emitir la providencia objeto de tutela no era el competente para conocer del asunto. Así, en Sentencia T-446 de 2007(54), esta corporación señaló:

“Este criterio de procedibilidad se configura cuando la autoridad que dictó la providencia carecía, en forma absoluta, de competencia para conocer de un asunto. Así entonces, es necesario precisar que cuando los jueces desconocen su competencia o asumen una que no les corresponde, sus decisiones son susceptibles de ser excepcionalmente atacadas en sede de tutela, pues no constituyen más que una violación al debido proceso”.

Igualmente estableció en Sentencia T-929 del 19 de septiembre de 2008(55), que si se comprueba la incompetencia del funcionario judicial que emitió la providencia acusada, se configura un defecto orgánico que afecta el derecho al debido proceso, en tanto “el grado de jurisdicción correspondiente a un juez, tiene por finalidad delimitar el campo de acción de la autoridad judicial para asegurar así el principio de seguridad jurídica que ‘representa un límite para la autoridad pública que administra justicia, en la medida en que las atribuciones que le son conferidas sólo las podrá ejercer en los términos que la Constitución y la ley establecen’(56)(57).

En definitiva, la Corte ha concluido que “la actuación judicial está enmarcada dentro de una competencia funcional y temporal, determinada, constitucional y legalmente, que de ser desbordada conlleva la configuración de un defecto orgánico, y por ende, el desconocimiento del derecho al debido proceso”(58)”.

3.5. Caso concreto

En el caso objeto de estudio, la Sala advierte que se presentaron diferentes escritos de impugnación, por parte de los ciudadanos que conformaron el grupo de la acción de grupo radicada con el número 2003-02318-01, en los que se elevaron los siguientes argumentos:

1. La autoridad judicial accionada no vulneró los derechos fundamentales de la actora, pues la decisión del 4 de agosto de 2016 no estableció una nueva indemnización sino que actualizó el valor de la que ya había impuesto.

2. De conformidad con la Ley 472 de 1998 las indemnizaciones obtenidas en las acciones de grupo son para todas las personas que hayan sufrido daños derivados de la misma acción u omisión, y quienes no concurran al proceso pueden hacerse parte del grupo después de proferida la sentencia.

3. No se vulneraron los derechos fundamentales de la Superintendencia de Sociedades, pues “… desde el principio de la acción de grupo 2003-02318-01 sabía cuantos y quienes eran los pensionados, es decir, debió advertir que faltaba el rubro para los adherentes…”(59) El Tribunal Administrativo de Santander, siempre indicó que la condena era para todos, por tanto la cifra no fue cambiada, sino que se aclaró el monto que faltaba para indemnizar a los adherentes.

4. Lo realizado por el tribunal accionado fue una corrección aritmética del monto indemnizatorio ordenado en la sentencia complementaria, pues no había tomado la totalidad de la actualización de los activos con que contaba la sociedad al momento de su liquidación obligatoria, conforme se había ordenado en la sentencia de segunda instancia del 28 de junio de 2011.

Teniendo en cuenta lo anterior, para resolver el problema jurídico planteado, la Sala analizará los argumentos expuestos en el escrito de tutela, que fueron objeto de impugnación, los cuales se abordarán de la siguiente manera:

Defecto sustantivo por:

1. Indebida aplicación del artículo 285 del Código General del Proceso por la supuesta modificación de la indemnización establecida en la sentencia complementaria.

2. Indebida aplicación del artículo 55 de la Ley 472 de 1998, debido a que dicha norma prohíbe la modificación del monto de la condena, luego de que la sentencia se profiera y se adhieran nuevos integrantes.

3. Indebida aplicación del artículo 65 de la ley 472 de 1998, debido a que el tribunal accionado, so pretexto de aclarar el monto de la condena, en la providencia del 4 de agosto de 2016, modificó arbitrariamente ese valor, estándole permitido únicamente revisar la distribución de la suma.

3.5.1. Del defecto sustantivo.

De conformidad con el artículo 285 del Código General del Proceso, el cual hace referencia a la aclaración de la sentencia, la misma no es “revocable ni reformable por el juez que la pronunció. Sin embargo, podrá ser aclarada, de oficio o a solicitud de parte, cuando contenga conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, siempre que estén contenidas en la parte resolutiva de la sentencia o influyan en ella”.

Dicha norma reprodujo lo dispuesto en el artículo 309(60) del Código de Procedimiento Civil, el cual se encontraba vigente al momento en el que se interpuso la acción de grupo objeto de análisis.

Por su parte, el artículo 55 de la Ley 472 de 1998, por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones, establece, entre otras cosas que “la integración de nuevos miembros al grupo, con posterioridad a la sentencia, no incrementará el monto de la indemnización contenida en ella”.

El artículo 65 ejusdem se refiere al contenido de la sentencia en las acciones de grupo, de la siguiente manera:

La sentencia que ponga fin al proceso se sujetará a las disposiciones generales del Código de Procedimiento Civil y además, cuando acoja las pretensiones incoadas; dispondrá:

1. El pago de una indemnización colectiva, que contenga la suma ponderada de las indemnizaciones individuales.

2. El señalamiento de los requisitos que deben cumplir los beneficiarios que han estado ausentes del proceso a fin de que puedan reclamar la indemnización correspondiente, en los términos establecidos en el artículo 61 de la presente ley.

3. El monto de dicha indemnización se entregará al fondo para la defensa de los derechos e intereses colectivos, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria, el cual será administrado por el Defensor del Pueblo y a cargo del cual se pagarán:

a) Las indemnizaciones individuales de quienes formaron parte del proceso como integrantes del grupo, según la porcentualización que se hubiere precisado en el curso del proceso. El juez podrá dividir el grupo en subgrupos, para efectos de establecer y distribuir la indemnización, cuando lo considere conveniente por razones de equidad y según las circunstancias propias de cada caso;

b) Las indemnizaciones correspondientes a las solicitudes que llegaren a presentar oportunamente los interesados que no hubieren intervenido en el proceso y que reúnan los requisitos exigidos por el juez en la sentencia.

Todas las solicitudes presentadas oportunamente se tramitarán y decidirán conjuntamente mediante acto administrativo en el cual se reconocerá el pago de la indemnización previa comprobación de los requisitos exigidos en la sentencia para demostrar que forma parte del grupo en cuyo favor se decretó la condena.

Cuando el estimativo de integrantes del grupo o el monto de las indemnizaciones fuere inferior a las solicitudes presentadas, el juez o el magistrado podrá revisar, por una sola vez, la distribución del monto de la condena, dentro de los veinte (20) días siguientes contados a partir del fenecimiento del término consagrado para la integración al grupo de que trata el artículo 61 de la presente ley. Los dineros restantes después de haber pagado todas las indemnizaciones serán devueltos al demandando.

4. La publicación, por una sola vez, de un extracto de las sentencia, en un diario de amplia circulación nacional, dentro del mes siguiente a su ejecutoria o a la notificación del auto que hubiere ordenado obedecer lo dispuesto por el superior, con la prevención a todos los interesados igualmente lesionados por los mismos hechos y que no concurrieron al proceso, para que se presenten al Juzgado, dentro de los veinte (20) días siguientes a la publicación, para reclamar la indemnización.

5. La liquidación de las costas a cargo de la parte vencida, teniendo en cuanta las expensas necesarias para la publicación del extracto de la sentencia.

6. La liquidación de los honorarios del abogado coordinador, que corresponderá al diez por ciento (10%) de la indemnización que obtengan cada uno de los miembros del grupo que no hayan sido representado judicialmente.

De la lectura del escrito de tutela y de las impugnaciones, la Sala advierte que el problema radica en establecer si, de conformidad con las normas antes mencionadas, el Tribunal Administrativo de Santander incurrió en un defecto sustantivo al aumentar el monto de la indemnización por perjuicios materiales reconocida en la acción de grupo objeto de estudio en la providencia del 4 de agosto de 2016.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala considera necesario poner de presente lo establecido por el Tribunal Administrativo de Santander en la providencia del 28 de junio de 2011 y la sentencia complementaria del 30 de abril de 2014.

En la Sentencia del 28 de junio de 2011, el Tribunal Administrativo de Santander, explicó que “el daño se materializa en el desconocimiento del derecho adquirido al pago de una mesada pensional vitalicia por parte del grupo de pensionados de la An-Son Drilling Company Of Colombia S.A., pues tal y como quedó demostrado dentro del presente asunto, la referida empresa fue liquidada sin que por su parte se hubiera constituido la garantía pensional de la que trataba el artículo 13 de la ley 171 de 1961, necesaria para asegurar el pago oportuno de las mesadas pensionales de aquellas empresas que asumían directamente el pasivo pensional; o en su defecto se hubiere llevado a cabo la conmutación pensional, figura incluida en nuestro ordenamiento jurídico a través del Decreto 2677 de 1971, con el fin de evitar hacer nugatorio el derecho de jubilación de los trabajadores de empresas privadas que entran en proceso de liquidación o en notable estado de descapitalización y por último se les hubiere protegido como ordenó la Corte, en su condición de créditos especiales, en el proceso de liquidación”.

Igualmente, luego de encontrar probado el daño antijurídico ocasionado a los pensionados de la empresa An-Son Drilling Company Of Colombia S.A. liquidada, expresó que el mismo era imputable a la Superintendencia de Sociedades a título de falla en el servicio.

Así las cosas, se pronunció sobre la cuantificación de los perjuicios materiales, para lo cual tuvo en cuenta el auto número 440-8784 del 4 de noviembre de 1998 por medio del cual la Superintendencia de Sociedades profirió la calificación y graduación de los créditos de la sociedad concursada, reconociendo los créditos relacionados con las mesadas pensionales.

Concluyó que durante el trámite de la liquidación obligatoria de la empresa An-Son Drilling Company Of Colombia S.A no se custodiaron diligentemente los activos con los que contaba para el momento en el que se inició la liquidación, dinero que de conformidad con la sentencia de la Corte Constitucional T-458 de 1997 debía ser utilizado para el pago del pasivo pensional.

De conformidad con lo anterior, explicó que el liquidador de la empresa debió destinar los activos de la misma al pago de dicho pasivo, por lo que el dinero que no recibieron los trabajadores en ese momento correspondía a la indemnización por perjuicios materiales reconocida al grupo de pensionados de la mencionada empresa.

No obstante lo anterior, al no tener certeza sobre el valor de los activos con los que realmente contaba la empresa al momento en que inició el trámite de su liquidación obligatoria, ni del pasivo pensional, profirió una sentencia en abstracto.

Al respecto, la Sala manifiesta, en primer lugar, que de conformidad con el artículo 56 de la Ley 472 de 1998 en materia de acciones de grupo existen reglas especiales determinadas en la ley, las cuales deben ser observadas por los jueces al momento de dictar sentencia, entre estas, la que obliga a que debe ser en la sentencia donde se establezca la suma ponderada de la indemnización individual a reconocer, es decir, de conformidad con la ley antes mencionada, el tribunal accionado debió pronunciarse en la providencia del 28 de junio de 2011 sobre la indemnización colectiva y la suma ponderada de las indemnizaciones individuales(61), toda vez que tratándose de acciones de grupo no es posible dictar indemnizaciones en abstracto y, aún menos, sentencias complementarias con el fin de establecer el monto de la condena.

En segundo lugar, la Sala observa que el Tribunal Administrativo de Santander tuvo en cuenta a la hora de pronunciarse sobre la indemnización por perjuicios materiales, a todos los pensionados de la empresa An-Son Drilling Company Of Colombia S.A, sin hacer ninguna distinción sobre aquellos que tenían representación judicial en la acción de grupo y aquellos que por el contrario no se habían adherido al mismo, de conformidad con la Ley 472 de 1998.

Con posterioridad, y como se puede observar de los hechos encontrados como probados en la presente providencia, los cuales por cuestiones metodológicas no se transcribirán nuevamente, el perito presentó la liquidación de los perjuicios materiales, se corrió traslado de la misma a las partes y el Tribunal Administrativo de Santander dictó la sentencia complementaria el 30 de abril de 2014(62).

En esta providencia expresó que, para efectos de liquidar los perjuicios materiales debía tomarse como referente la situación financiera de la sociedad según el balance general del año 1996, esto es $ 18.658.419.259,38.

Luego de resolver algunas objeciones presentadas al dictamen pericial, liquidó los perjuicios materiales a los integrantes del grupo, tomó como base para la operación matemática el valor de $ 18.658.419.259,38 que actualizado para el 30 de abril de 2014 era de $ 56.820.105.122,89, al que restó el valor de los dos inmuebles entregados en dación en pago, para finalmente determinar que “el valor presente del pasivo pensional al mes anterior a la fecha de la providencia complementaria ascendía a la suma de $ 43.764.835.513,82” e indicar cuanto de esta suma le correspondía a cada uno de los 58 pensionados integrantes del grupo.

La Sala observa que, para la liquidación de los perjuicios materiales la autoridad judicial accionada puso de presente que del valor total de los activos actualizados de la empresa An-Son Drilling era necesario descontar el precio de algunos inmuebles que fueron entregados en dación en pago a los pensionados de la misma.

En otras palabras, si bien el total de la indemnización correspondía a $ 56.820.105.122,89 era necesario descontar el valor de los dos inmuebles entregados en dación en pago: (i) Uno con matrícula inmobiliaria Nº 50C-609970 “que fue declarado bien de propiedad pública, siendo pertinente su exclusión dentro de la (…) liquidación”; (ii) otro con matrícula inmobiliaria Nº 50C-1369175, operación matemática que, arrojó un valor de $ 43.764.835.513,82.

En efecto, a folio 28 de la sentencia del 30 de abril de 2014 se encuentra un acápite denominado “determinar el valor del pasivo pensional para cada uno de los 58 integrantes del grupo reconocidos en la Sentencia del 28 de junio de 2011”, a folio 29 de la misma providencia el tribunal accionado expuso “al valor de los pasivos pensionales a diciembre 31 de 1996, se le resta el valor de los dos (2) bienes inmuebles transferidos en dación en pago por el monto de $ 799.909.700 y $ 257.205.367 respectivamente y finalmente una vez actualizada dicha diferencia, se indica el porcentaje de participación de cada uno de los pensionados sobre el total del pasivo pensional referido a los 58 integrantes del grupo reconocidos en la Sentencia del 28 de Junio de 2011 y su correspondiente distribución de indemnización a título de perjuicios materiales…”.

Con posterioridad, a efectos de indicar el porcentaje de participación de cada uno de los 58 integrantes del grupo reconocido en la sentencia, indexó el valor de conformidad con la fórmula utilizada por el Consejo de Estado y distribuyó la totalidad del dinero, es decir, los $ 43.764.835.513,82 únicamente entre los 58 ciudadanos que tenían representación judicial en el proceso de la acción de grupo, como se evidencia en la siguiente tabla realizada por la autoridad judicial accionada en la sentencia del 30 de abril de 2014.

F1
 

F2
 

F3
 

Así las cosas, el tribunal accionado le ordenó a la Superintendencia de Sociedades entregar al fondo para la defensa de los derechos e intereses colectivos, dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de la providencia la suma de $ 43.764.835.513,82.

Teniendo en cuenta lo anterior, para la Sala es claro que si bien la autoridad judicial accionada declaró en la sentencia del 28 de junio de 2011 patrimonialmente responsable a la Superintendencia de Sociedades por falla en el servicio que ocasionó un daño antijurídico a todos los pensionados de la empresa An-Son Drilling Colombia liquidada, lo cierto es que al momento de determinar el valor de la indemnización a que cada uno de ellos tenía derecho por perjuicios materiales, sólo se pronunció en relación con los 58 miembros del grupo con representación judicial, destinando para aquellas personas, el valor total de la indemnización por perjuicios materiales, sin prever, de forma alguna, la situación de aquellos que se acogieran a los efectos de la sentencia de conformidad con la Ley 472 de 1998.

En otras palabras, reconoció el derecho de todos los pensionados de la empresa An-Son Drilling Colombia a ser indemnizados, pero en relación con los perjuicios materiales, destinó la totalidad del dinero correspondiente al pago de la indemnización únicamente de los 58 ciudadanos con representación judicial, sin dejar monto alguno para los adherentes.

Teniendo en cuenta la situación antes descrita, con escrito presentado el 7 de mayo de 2014, el apoderado del grupo solicitó aclaración y adición de la sentencia complementaria, por considerar que la misma guardó silencio frente muchos puntos en relación con los cuales la Defensoría del Pueblo, como encargada del fondo para la defensa de los derechos e intereses colectivos debía tener claridad para asegurar un cumplimiento eficaz de las decisiones judiciales.

La autoridad accionada en auto del 5 de septiembre de 2014 indicó que el no mencionar en la sentencia complementaria que el pago de los referidos perjuicios también se hace extensivo a los pensionados que no concurrieron al proceso, no quería decir que se excluían de dicho beneficio. Sin embargo no realizó una redistribución de la indemnización, quedando en firme la liquidación expuesta en la tabla transcrita en párrafos anteriores, es decir, no destinó dinero alguno para los adherentes.

En vista de la imposibilidad de reconocer una indemnización por perjuicios materiales a los adherentes de la acción de grupo, la Defensoría del Pueblo, con escrito del 12 de noviembre de 2015, le solicitó al tribunal administrativo que aclarara si se habían tasado perjuicios materiales para los adherentes.

En providencia del 4 de agosto de 2016, el Tribunal Administrativo de Santander aclaró la sentencia complementaria del 30 de abril de 2014, en el sentido de reafirmar que la condena por concepto de perjuicios materiales corresponde a $56.820.105.122,89, que son la actualización del valor de los activos con que contaba la sociedad An-Son Drilling Company of Colombia S.A., al momento de su liquidación, tal como se ordenó en la sentencia de segunda instancia del 28 de junio de 2011.

De conformidad con lo expuesto, para esta Sección es claro que el tribunal accionado no tuvo en cuenta en la providencia del 4 de agosto de 2016, que si bien el valor de los activos de la empresa era de $ 56.820.105.122,89, ya había descontado lo correspondiente a dos inmuebles entregados en dación en pago al grupo de pensionados, por lo que no resulta acertado afirmar que el monto total correspondiente a los perjuicios materiales era de $ 56.820.105.122,89, sino los $ 43.764.835.513,82 reconocidos y distribuidos en la sentencia complementaria del 30 de agosto de 2014.

Así las cosas, para la Sala es evidente que la autoridad judicial accionada sí aumentó el monto de la condena por perjuicios materiales impuesta en la sentencia del 30 de agosto de 2014, lo que se traduce en la configuración del defecto sustantivo alegado por la Superintendencia de Sociedades.

En efecto, el artículo 285 del Código General del Proceso establece que la sentencia no puede ser revocable ni reformable por el juez que la pronunció a través del mecanismo de la aclaración.

Por su parte, el artículo 55 de la Ley 472 de 1998, indica, entre otras cosas que “la integración de nuevos miembros al grupo, con posterioridad a la sentencia, no incrementará el monto de la indemnización contenida en ella”.

Siendo notorio que el tribunal administrativo aumentó el monto de la indemnización por perjuicios materiales en la providencia del 4 de agosto de 2016, ya que no descontó del valor total de los activos de la empresa An-Son Drilling el valor de los bienes entregados en dación en pago, la Sala concluye que se vulneró el derecho fundamental al debido proceso de la Superintendencia de Sociedades por la configuración del defecto sustantivo alegado.

3.5.2. Del defecto orgánico.

De la lectura del escrito de tutela, la Sala observa que la Superintendencia de Sociedades alegó la configuración de un defecto un orgánico por la presunta extemporaneidad de la aclaración del 4 de agosto de 2016 lo que implica una falta de competencia temporal; pues el Tribunal Administrativo de Santander actuó por fuera de sus límites, ya que de conformidad con el artículo 285 del C.G.P. el término para resolver una aclaración o pronunciarse de oficio, es el de la ejecutoria del auto o sentencia objeto de aclaración.

Si bien el juez constitucional de primera instancia no se pronunció en relación con este cargo y el mismo no fue objeto de impugnación, la Sala considera necesario realizar un análisis al respecto, en aras de garantizar la efectividad de la decisión que se tome en esta providencia en relación con el amparo del derecho fundamental al debido proceso de la tutelante.

En primer lugar, la Sala considera necesario poner de presente que la Defensoría del Pueblo, de conformidad con la Ley 472 de 1998 está a cargo del manejo del fondo para la defensa de los derechos e intereses colectivos, en consecuencia como autoridad administrativa tiene como funciones, entre otras, realizar los pagos de las indemnizaciones reconocidas en las sentencias que resuelven las acciones de grupo.

Así las cosas, no era posible que la autoridad judicial accionada aclarara la sentencia que dictó dentro de la acción de grupo que da origen a la presente acción de amparo con fundamento en el escrito que radicó la Defensoría del Pueblo, pues la entidad lo radicó en calidad de entidad administrativa pagadora de la condena impuesta a la Superintendencia de Sociedades, pues está claro que no hizo parte del proceso y, por ello, no se encontraba facultada para solicitar la aclaración de la sentencia en los términos del artículo 285 del C.G.P.

No significa lo anterior, que dicha entidad, en ejercicio de su función de manejo del fondo para la defensa de los derechos e intereses colectivos no pudiera presentar solicitudes a la autoridad judicial, solo que dichas peticiones no estaban guiadas por lo dispuesto en el artículo 285 ejusdem.

Hecha la claridad anterior, la Sala analizará el defecto orgánico propuesto por la Superintendencia de Sociedades en el sentido de alegar que la autoridad judicial accionada carecía de competencia temporal para proferir la aclaración del 4 de agosto de 2016.

De conformidad con lo establecido por el a quo constitucional, la sentencia del 28 de junio de 2011 y su complementaria quedaron ejecutoriadas el 9 de septiembre de 2014(63) atendiendo al artículo 302 del Código General del Proceso.

El artículo 285 del C.G.P. dispone que la aclaración de la sentencia procede dentro del término de ejecutoria de la providencia.

Teniendo en cuenta lo anterior, para la Sala es claro que la autoridad judicial accionada incurrió en el defecto orgánico alegado, en primer lugar, porque como se anotó, le dio al escrito de la defensoría un alcance que no tenía y, en segundo lugar, porque extralimitó su competencia temporal al proferir la aclaración del 4 de agosto de 2016, cuando lo procedente, de conformidad con el artículo 285 del C.G.P., era que de presentarse alguna solicitud de aclaración por las partes en el proceso de la acción de grupo con posterioridad a la ejecutoria de la sentencia, la misma se rechazara por extemporánea.

Por otro lado, en la sentencia del 7 de diciembre de 2016 y su complementaria del 9 de febrero de 2017 proferidas por la Sección Cuarta del Consejo de Estado dejaron sin efecto los numerales primero y segundo de la providencia del 4 de agosto de 2016, quedando en firme el numeral tercero de la misma.

No obstante, al haberse encontrado configurado el defecto orgánico por falta de competencia temporal, se concluye que la totalidad de la decisión censurada con la presente solicitud de amparo resulta vulneratoria del derecho fundamental al debido proceso de la Superintendencia de Sociedades, por lo que la Sala dejará sin efectos la providencia del 4 de agosto de 2016.

III. Conclusión.

La Sala modificará la sentencia del 7 de diciembre de 2016 y su complementaria del 9 de febrero de 2017 proferidas por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, en el sentido de amparar el derecho fundamental al debido proceso de la Superintendencia de Sociedades y dejar sin efecto la decisión del 4 de agosto de 2016 expedida por el Tribunal Administrativo de Santander.

Igualmente, ordenará a la autoridad judicial accionada que en el término de diez (10) días contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia, emita un pronunciamiento en relación con la solicitud elevada por la Defensoría del Pueblo el 12 de noviembre de 2015, teniendo en cuenta los argumentos expuestos en la parte motiva de esta providencia.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

1. MODIFICAR la sentencia del 7 de diciembre de 2016 y su complementaria del 9 de febrero de 2017 proferidas por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, en el sentido de amparar el derecho fundamental al debido proceso de la Superintendencia de Sociedades y dejar sin efecto la decisión del 4 de agosto de 2016 expedida por el Tribunal Administrativo de Santander.

2. ORDENAR al Tribunal Administrativo de Santander que, en el término de diez (10) días contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia, emita un pronunciamiento en relación con la solicitud elevada por la Defensoría del Pueblo el 12 de noviembre de 2015, teniendo en cuenta los argumentos expuestos en la parte motiva de esta providencia.

3. NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

4. REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, previo envío de copia de la misma al tribunal de origen.

Notifíquese y cúmplase.

Consejeros: Rocío Araújo Oñate— Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez— Alberto Yepes Barreiro.

Carlos Enrique Moreno Rubio, Presidente.

(1) Folios 1 al 15.

(2) Folio 1 vuelto.

(3) Folio 9 vuelto.

(4) Folio 11 vuelto.

(5) Folio 12 vuelto y 13.

(6) Folios 69 a 72 del cuaderno anexo del expediente.

(7) Es necesario advertir que la demanda fue radicada en contra del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que por disposición del artículo 5º de la Ley 790 de 2002, se fusionó con el Ministerio de Salud y pasó a conformar el Ministerio de la Protección Social, teniendo como objetivos y funciones de los establecidos para los ministerios fusionados.

(8) Folio 184 a 284 del cuaderno anexo del expediente.

(9) En fallo complementario de 30 de abril de 2014, fijó como suma a pagar $ 43.764.835.835.513 pesos por concepto de perjuicios materiales y ordenó entregar la mencionada suma de dinero al fondo para la defensa de los derechos e intereses colectivos.

(10) Folios 3011 del cuaderno número 7 del expediente de acción de grupo.

(11) Folios 3870 a 3907 del cuaderno número 7 del expediente de acción de grupo.

(12) Para establecer este valor, se tomó como base el valor de calculado de los activos de la compañía en el balance general de la empresa a 31 de diciembre de 2006 y se indexó a 3 de julio de 1997.

(13) Folio 3885 del cuaderno Nº 7 del expediente de acción de grupo.

(14) Folio 3911 del cuaderno Nº 7 del expediente de acción de grupo.

(15) Folio 3979 del cuaderno Nº 7 del expediente de la acción de grupo.

(16) Folios 4017 a 4038 del cuaderno Nº 7 del expediente de la acción de grupo.

(17) Folio 4027 a 4028 del cuaderno Nº 7 del expediente de la acción de grupo.

(18) Folios 4043 a 4046 del cuaderno Nº 7 del expediente de la acción de grupo.

(19) Folio 256 vuelto del anexo.

(20) Folio 260 del anexo.

(21) Folios 18 al 20.

(22) Folio 55.

(23) Primero: Aclarar la sentencia complementaria proferida el 30 de abril de 2014, en el sentido de reafirmar que la condena por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante corresponde a la suma de cincuenta y seis mil ochocientos veinte pesos con ochenta y nueve centavos m/cte ($ 56.820.105.122,89), que corresponde a la actualización del valor de los activos con que contaba la An-Son Drilling Company Of Colombia S.A. al momento de su liquidación, tal como se ordenó en la sentencia de segunda instancia del 11 de junio de 2011.

(24) Folios 2825 a 2924 del anexo.

(25) Folio 4579 reverso del anexo.

(26) Folio 6581 reverso del anexo.

(27) A folio 133 del expediente obra constancia de notificación del señor Gumercindo Torres el 12 de enero de 2017.

(28) Folio 191.

(29) Folio 407 vuelto.

(30) Folio 408.

(31) Folio 408.

(32) Folio 409 vuelto.

(33) Folio 410 vuelto.

(34) Folio 411 vuelto.

(35) Consejo de Estado, Sentencia del 31 de julio de 2012. C.P. María Elizabeth García González. Ref.: exp. 11001-03-15-000-2009-01328-01.

(36) El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñada.

(37) Se dijo en la mencionada sentencia: “declárase la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia.

(38) Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 5 de agosto de 2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela - Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos Alimenticios. C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

(39) De manera general, dicha decisión consagró la necesidad de que la acción de tutela cumpla con unos presupuestos generales de procedibilidad —inmediatez, tutela contra tutela, subsidiaridad—, así como fijó las causales específicas de procedencia, los cuales denominó defectos, y dependiente de su naturaleza, pueden ser fáctico, sustantivo, procedimental, orgánico, por desconocimiento del presente o desconocimiento directo de la Constitución.

(40) Corte Constitucional, Sentencia SU-195 del 12 de marzo de 2012. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.

(41) Corte Constitucional, Sentencias SU-159 del 6 de marzo de 2002. M.P. Manuel José Espinosa, T-043 del 27 de enero de 2005, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-295 del 31 de marzo de 2005, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-657 del 10 de agosto de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-686 del 31 de agosto de 2007, M.P. Jaime Córdoba Triviño, T-743 del 24 de julio de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-033 del 1º de febrero de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, T-792 del 1º de octubre 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio entre otras.

(42) Corte Constitucional, Sentencia T-189 del 3 de marzo de 2005. M.P. Manuel José cepeda Espinosa.

(43) Corte Constitucional, Sentencia T-205 del 4 de marzo de 2004. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.

(44) Corte Constitucional, Sentencia T-800 del 22 de septiembre de 2006, M.P. Jaime Araujo Rentería.

(45) Corte Constitucional, Sentencia T-522 de 2001M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

(46) Corte Constitucional, Sentencia SU-159 del 6 de marzo de 2002. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

(47) Corte Constitucional, Sentencias T-051 del 30 de enero de 2009. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y T-1101 del 28 de octubre de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

(48) Corte Constitucional, Sentencia T-018 del 22 de enero de 2008, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

(49) Corte Constitucional, Sentencia T-086 del 8 de febrero de 2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

(50) Corte Constitucional, Sentencia T-231 del 13 de mayo de 1994. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

(51) Corte Constitucional, Sentencia T-807 del 26 de agosto de 2004. M.P. Clara Inés Vargas.

(52) Corte Constitucional. Sentencia C-590/2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

(53) Sentencias T-162 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; T-1057 de 2002, M.P. Jaime Araújo Rentería; T-359 de 2003, M.P. Jaime Araújo Rentería; T-1293 de 2005, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; T-086 de 2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; T-009 de 2007, M.P Manuel José Cepeda Espinosa; T-446 de 2007; T-1150 de 2008, M.P. Jaime Córdoba Triviño; T-743 de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; T-310 de 2009, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; T-757 de 2009, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.

(54) M.P. Clara Inés Vargas Hernández.

(55) M.P. Rodrigo Escobar Gil.

(56) Cfr. Sentencia T-1057 de 2002. M. P. Jaime Araujo Rentería.

(57) Sentencia T-929 de 2008. M.P. Rodrigo Escobar Gil.

(58) Sentencia T-757 de 2009. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.

(59) Folio 191.

(60) Aclaración. La sentencia no es revocable ni reformable por el juez que la pronunció. Con todo, dentro del término de la ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte, podrán aclararse en auto complementario los conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, siempre que estén contenidas en la parte resolutiva de la sentencia o que influyan en ella.

(61) Ver al respecto la Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta del 23 de febrero de 2017. C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, rad. 11001-03-15-000-2016-01568-01.

(62) Folios 4017 a 4038 del cuaderno Nº 7 del expediente de la acción de grupo.

(63) Folio 4579 reverso del anexo.