Sentencia 2016-90006 de diciembre 14 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Rad.: 47001-23-33-000-2016-90006-03

Consejero Ponente:

Dr. Carlos Enrique Moreno Rubio

Actor: Antonio Fiorentino Mojica

Demandado: diputados del departamento del Magdalena

Asunto: electoral - fallo de segunda instancia

Bogotá, D. C., diciembre catorce de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. Competencia

Según el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 615 de la ley 1564 de 2012, la Sección Quinta es competente para conocer la apelación interpuesta contra la sentencia de septiembre seis (6) de 2017 dictada por el Tribunal Administrativo del Magdalena.

2. Oportunidad del recurso.

El fallo fue notificado a las partes mediante correo electrónico remitido el trece (13) de septiembre de 2017 y la apelación fue radicada por el apoderado del demandado el veinte (20) del mismo mes y año, por lo cual fue presentado dentro de la oportunidad establecida en el artículo 292 del CPACA (fls. 215 a 219 y 220 cdno. 2).

3. Problema jurídico.

Corresponde a esta corporación resolver si confirma, revoca o modifica la sentencia de septiembre seis (6) de 2017 dictada por el Tribunal Administrativo del Magdalena, que accedió a las pretensiones de la demanda y declaró la nulidad de la elección del señor Anselmo Rafael Marín Perea como diputado a la Asamblea Departamental para el periodo 2016-2019.

4. Cuestión previa: la solicitud de la Registraduría Nacional.

En el fallo de primer grado, el a quo declaró no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por la apoderada de la Registraduría Nacional (fls. 196 a 214 cdno. 2).

Al alegar de conclusión en segunda instancia, la mandataria judicial de la entidad insistió en que debe ser desvinculada del proceso por falta de legitimación en la causa, pues indicó que la controversia es ajena a sus funciones (fls. 280 a 284 cdno. 3).

La Sala se abstendrá de resolver porque la decisión frente a la cual fue manifestado el desacuerdo del organismo fue adoptada por el tribunal administrativo en la sentencia, sin que haya sido objeto de apelación por parte de su apoderada, como era lo procedente en este caso.

5. El caso concreto.

Advierte la Sala que en aplicación de lo dispuesto en el artículo 320 del Código General del Proceso(2), el recurso será resuelto únicamente en relación con los reparos específicos formulados en la apelación.

Hecha esta precisión, observa la Sala que la parte demandada estimó que el criterio jurisprudencial invocado por el a quo en la sentencia, que brinda mayor valor probatorio al formulario E-14 claveros, no puede ser absoluto.

Agregó que el formato E-14 delegados también es válido y no puede desconocerse su mérito probatorio dado que, frente a los avances normativos y tecnológicos, actualmente tiene mejor cadena de custodia.

Este argumento fue compartido por la señora agente del Ministerio Público, quien también resaltó la validez de dichos documentos electorales, cuya finalidad, a su juicio, es la publicidad de los resultados.

Precisa la Sala que en los procesos electorales, esta Sección mantiene aquel criterio reiterado que en términos probatorios otorga mayor credibilidad al formulario E-14 claveros en los casos por falsedad en los registros electorales(3).

Lo anterior obedece a que el citado formato goza de mayor cadena de custodia, es el documento que se introduce en el arca triclave después de la elección y además constituye el parámetro para el diligenciamiento del formulario E-24.

Sin embargo, advierte la Sala que dicha postura no tiene alcances absolutos en la resolución de los procesos electorales, como lo señalaron el apoderado del demandado y la procuradora séptima delegada (e).

Expresamente, esta corporación sostuvo que el mayor valor probatorio reconocido al formato electoral E-14 claveros, respecto del formulario E-14 delegados, no puede admitirse en forma absoluta.

Así, en sentencia de junio primero (1º) de 2017, la Sala subrayó que “[…] ambos formularios deberían coincidir, sin embargo, en caso de que esto no suceda, en principio debe darse mayor credibilidad al formulario E-14 claveros, no obstante esta “mayor credibilidad” no puede entenderse de manera absoluta, ya que si se acredita debidamente que es este formulario el que trae consigo las inconsistencias, puede darse mayor peso probatorio al formulario E-14 delegados, según las circunstancias de cada caso […]”(4). (Negrillas fuera del texto).

Es claro que esta corporación admitió la alternativa de brindar mayor valor a los formularios E-14 delegados en el evento en que las presuntas irregularidades planteadas en el proceso involucren el contenido de esos formatos.

Esta circunstancia desvirtúa el alegado desconocimiento del mérito probatorio de los documentos E-14 delegados, pues la Sala no descartó que carezcan de validez como parte de la formación del acto de elección.

Insiste la Sala es que el examen de los formularios E-14 delegados es posible en términos de su valor probatorio cuando el marco de la controversia esté determinado por supuestas inconsistencias en los formatos E-14 claveros y sea procedente la comparación de ambos documentos.

En esta materia, la Sala destaca que la aplicación de la tesis de la cual discrepó el apoderado del demandado no es ajena a la regulación contenida en la Ley 1475 de 2011 sobre la publicidad de los escrutinios que debe hacerse con base en el formulario E-14 delegados.

En la sentencia de junio primero (1º) del presenta año ya citada, esta corporación aseguró que en virtud de dicha norma legal no puede desconocerse el valor probatorio de esos formatos precisamente por aquella finalidad que tienen para la publicidad de esos resultados(5).

Entonces, el recurso de apelación no está llamado a prosperar.

Adicionalmente, advierte la Sala que la alzada presentada por el apoderado del demandado estuvo limitada a cuestionar el criterio sobre la mayor credibilidad reconocida al formulario E-14 claveros, sin que haya controvertido la diferencia en votos encontrada por el tribunal administrativo luego de verificar el contenido de los documentos electorales.

No explicó las razones por las cuales los 332 sufragios sumados al actor con base en la votación de las mesas ubicadas en los puestos de los municipios de Pedraza, San Sebastián de Buenavista, Zapayán, El Piñón, Guamal y Cerro de San Antonio, descritos por el a quo, carecerían de validez a partir de los formularios electorales.

Tampoco señaló la forma en que la aplicación del mayor valor probatorio a los formularios E-14 delegados, que insistentemente invocó en la apelación, podría cambiar el resultado a favor del diputado demandado.

En este sentido, el recurso de apelación omitió cualquier examen comparativo de la votación obtenida y consignada a los dos (2) candidatos a la asamblea que lleve a desvirtuar la conclusión a la cual llegó el tribunal administrativo acerca de la diferencia en votos.

No incluyó la descripción de las dudas concretas que en su criterio ofrecían los formularios E-14 claveros frente a los E-14 delegados, las cuales tampoco fueron expuestas en la contestación de la demanda, cuyos argumentos de defensa no cuestionaron la validez de dichos formatos en todas las mesas y puestos señalados por el actor, ni el valor probatorio que podían tener para demostrar las inconsistencias expuestas en el libelo introductorio de este medio de control.

No precisó los motivos por los cuales los votos sumados al actor después de la revisión de la Resolución 012 de 2015 no serían suficientes para la variación del resultado, cuando la verificación hecha por el a quo encontró una clara diferencia de 332 votos entre ambos aspirantes a la asamblea, que luego arrojó en el escrutinio un total de 12.314 votos para el demandado frente a 12.597 obtenidos por el demandante.

Respecto de la Resolución 015 de 2015, como lo sugirió la señora agente del Ministerio Público, la Sala no encuentra que la Comisión Escrutadora Departamental haya sustentado su expedición únicamente en los formularios E-14 delegados, como indicó la parte actora, pues no hizo esta distinción sino que incluyó la alusión general a los documentos electorales y a los E-14, que está referida a ambos formatos (fls. 151 a 165 cdno. 1).

Además, es preciso tener en cuenta que varias inconsistencias resueltas por el organismo en dicho acto administrativo están referidas a los votos depositados en mesas y puestos localizados en los municipios de Pivijay, Pueblo Viejo, El Banco, Nueva Granada, Sitio Nuevo y Tenerife, que finalmente no fueron objeto de discusión en este proceso ni incluidos por el a quo como parte de la fijación del litigio.

Así, por estos otros aspectos la apelación tampoco puede prosperar, razón por la cual la sentencia de primera instancia será confirmada.

Al margen de lo anterior, será reconocida personería a la nueva apoderada judicial designada por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley

FALLA:

1. Abstenerse de resolver la excepción reiterada por la Registraduría Nacional del Estado Civil, según lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

2. Confirmar la providencia apelada, esto es la sentencia de septiembre seis (6) de 2017 dictada por el Tribunal Administrativo del Magdalena.

3. En firme esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

4. Reconocer personería a la abogada Yendi Suseli Rodríguez Suárez para actuar como apoderada de la Registraduría Nacional en los términos del poder visible a folio 274 del cuaderno 3 del expediente.

Notifíquese y cúmplase».

2 En la parte especial que rige el proceso electoral, el artículo 296 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo señaló que “En lo no regulado en este título se aplicarán las disposiciones del proceso ordinario en tanto sean compatibles con la naturaleza del proceso electoral”. A su vez, el artículo 306 dispuso que en los aspectos no contemplados en el CPACA se seguirá el Código de Procedimiento Civil, que debe entenderse hoy como Código General del Proceso, en lo que resulte compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

3 Al respecto pueden consultarse Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de agosto veinticinco (25) de 2011, Expediente 11001-03-28-000-2010-00045-00, C. P. Susana Buitrago Valencia y sentencia de octubre veintidós (22) de 2015, Expediente 11001-03-28-000-2014-00062-00 (acumulado), C. P. Alberto Yepes Barreiro, las cuales fueron citadas por el tribunal administrativo en la sentencia apelada.

4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de junio primero (1º) de 2017, Expediente 25000-23-41-000-2016-00608-01, C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio.

5 Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de junio primero (1º) de 2017, Expediente 25000-23-41-000-2016-00608-01, C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio.