Sentencia 20167 de septiembre 9 de 2003

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 20167

Acta 61

Magistrado ponente:

Dr. Germán Valdés Sánchez

Bogotá, D.C., nueve de septiembre de dos mil tres.

Resuelve la Corte el recurso de casación interpuesto por el apoderado de JESÚS MARÍA MAZO MEDINA, NIDIA DEL SOCORRO YEPES DE MAZO, MARÍA EUGENIA MAZO YEPES, BEATRIZ ELENA MAZO YEPES, JESÚS ALBERTO MAZO YEPES Y LUIS FRANCISCO MAZO YEPES contra la sentencia de fecha 22 de agosto de 2002 proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el juicio seguido por la recurrente contra la NACIÓN-MINISTERIO DE TRANSPORTE E INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS.

ANTECEDENTES

Las personas citadas demandaron a las referidas entidades con el fin de que se declarara que el accidente de trabajo que sufrió el señor JESÚS MARÍA MAZO MEDINA se debió a culpa grave del empleador, y como consecuencia se les condene a pagarles los perjuicios materiales (daño emergente y lucro cesante) y los perjuicios morales.

Como fundamento de sus pretensiones manifestaron que el señor Jesús María Mazo Medina laboró sin solución de continuidad, inicialmente con el Ministerio de Obras Públicas y luego por sustitución patronal con el Instituto Nacional de Vías, desde el 1 de agosto de 1.959 hasta el 22 de junio de 1.993; que desempeñó el cargo de “Operador de Maquinaria Pesada”; que devengó un salario mensual de $ 310.000; que sufrió un accidente de trabajo, debido a que la tractomula que transportaba una motoniveladora le fallaron los frenos por falta de mantenimiento mecánico preventivo del automotor; que a raíz de este insuceso le quedó seriamente comprometida la columna vertebral y el órgano de la visión, y una pérdida de su capacidad de trabajo en un 100%; y, que el accidente de trabajo ocurrió por culpa grave del empleador.

INVÍAS al contestar la demanda manifestó que los hechos no le constaban y solicitó que se probaran los mismos. Negó la sustitución patronal con el Ministerio de Obras Públicas y Transporte. Se opuso a las pretensiones y propuso las excepciones de ilegitimidad de la personería del demandado, prescripción, inexistencia de la relación sustancial predicada e inoponibilidad. El Ministerio de Transporte manifestó no constarle los hechos con excepción del tercero, pues es cierto que para la fecha del supuesto accidente y como se afirma en la demanda, el actor estaba vinculado con Invías y no con el nuevo Ministerio de Transporte, y propuso las excepciones de falta de legitimidad en la causa por pasiva, inexistencia de la solidaridad entre el Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vías, Inexistencia de la obligación de pagar perjuicios materiales y morales pretendidas en la demanda, excepción de falta de jurisdicción en la vía escogida por el actor y falta de competencia del juez para conocer de la acción incoada, excepción de vencimiento de la caducidad de la acción, buena fe patronal, excepción de pago, excepción general.

Mediante sentencia del 2 de julio del 2.002, el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Medellín absolvió al Ministerio de Transporte y al Instituto Nacional de Vías de todos los cargos formulados en su contra. Le impuso las costas a los accionantes.

LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL

Al desatar el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de los demandantes, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en sentencia del 22 de agosto del 2002, confirmó la sentencia del juzgado, y no impuso costas en la instancia.

Consideró, el Tribunal, que aun cuando es cierto que el actor sufrió un accidente de trabajo, en el proceso no aparece claro que el vehículo accidentado estuviera deficiente en su estado mecánico, específicamente con defectos en los frenos. Agrega que la culpa del empleador no quedó demostrada y como la carga de la prueba recaía sobre el trabajador demandante, y éste no aportó los elementos de juicio necesarios para demostrarla, se debe confirmar la absolución impartida por el juzgado.

EL RECURSO DE CASACIÓN

Lo interpuso el demandante y con el mismo pretende que:

“...la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia case totalmente la sentencia impugnada en cuanto confirmó la sentencia de primera instancia y absolvió de las súplicas de la demanda para que una vez constituida en sede de instancia REVOQUE la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Medellín el 4 de julio de 1998 y condene a las entidades demandadas a pagar a los demandantes la indemnización de perjuicios materiales y morales deprecada, en razón del accidente de trabajo sufrido por el señor JESÚS MARÍA MAZO MEDINA el 22 de junio de 1993.

“Proveerá sobre costas. 

Con esa finalidad presente un cargo que fue replicado.

Se acusa “la sentencia impugnada de violar indirectamente y por aplicación indebida los artículos 12 literal b) inciso final de la Ley 6ª de 1945, 26 numeral 2º del Decreto 2127 de 1945 y 52 del Decreto 1848 de 1969 en relación con los artículos 1.613, 1.614, 2.341 y 2.356 del Código Civil.”

Se afirma que la violación de las anteriores disposiciones se produjo como consecuencia de los siguientes errores de hecho:

“No dar por demostrado estándolo que el accidente de trabajo sufrido por el señor JESÚS MARÍA MAZO MEDINA el 22 de junio de 1993 obedeció a las fallas en el sistema de frenos presentadas por el vehículo AQ-5-409 en el cual cumplía funciones como ayudante.

“No dar por demostrado estándolo que el accidente de trabajo sufrido por el señor Jesús María Mazo Medina el 22 de junio de 1993 resulta imputable a la parte empleadora a título de culpa”.

Sostiene el impugnante que los anteriores errores de hecho se generaron como consecuencia de la falta de apreciación del acta de accidente de trabajo elaborado por el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (fls. 20 y 96) y la apreciación equivocada de los testimonios de los señores BERNARDO ANTONIO SEPÚLVEDA y BRAULIO GÓMEZ HERNÁNDEZ (fls. 10, 11 y 12 cdno. de la Corte).

En el desarrollo del cargo luego de referirse a las conclusiones del Tribunal y a los fundamentos jurídicos alrededor de los cuales se construye la teoría de la indemnización plena de perjuicios en materia laboral, manifiesta que el accidente de trabajo sufrido por el señor Mazo Medina el 22 de Junio de 1993 ocurrió por culpa de la entidad demandada, toda vez que ésta no suministró al trabajador siniestrado los elementos de trabajo idóneos para desempeñar en condiciones de adecuada seguridad su oficio de ayudante.

Expresa que la culpa del empleador en la ocurrencia del anterior siniestro se deriva del informe de accidente de trabajo elaborado por la propia entidad empleadora, el cual obra a folios 96 del expediente, ya que en éste se manifiesta que aquel infortunio sucedió debido a que el vehículo conducido por el demandante “se quedó sin frenos”, lo cual evidencia el incumplimiento de la obligación a cargo del empleador de procurar al trabajador elementos adecuados para la realización de su labor y de prevenir la ocurrencia de este tipo de percances.

Dice que si el Tribunal hubiera apreciado el medio probatorio anteriormente mencionado, no habría podido concluir, como lo hizo, que “no se sabe cuál fue el motivo que ocasionó el accidente de tránsito en el cual resultó lesionado el demandante”.

Finalmente, la censura sostiene que al quedar demostrados los errores de hecho cometidos por el Tribunal como consecuencia de la falta de apreciación de la prueba calificada que reposa a folio 96 del expediente, es posible entrar a referirse a los testimonios de BERNARDO ANTONIO SEPÚLVEDA y BRAULIO DE JESÚS GÓMEZ, para resaltar que de tales testificaciones también se desprende que fue la conducta negligente de la empleadora la que ocasionó el accidente de trabajo sufrido por el señor JESÚS MARÍA MAZO MEDIDA.

El Ministerio de Transporte al oponerse al cargo sostiene que no está demostrado que la causa del accidente de trabajo sufrido por JESÚS MARÍA MAZO MEDINA haya sido una falla en el servicio, por lo que no puede afirmarse que el daño sufrido por el demandante fue causado por la administración, sino que éste se debió a eventos fortuitos ajenos a ella.

CONSIDERACIONES DE LA CORTE

La inconformidad de la censura con la sentencia atacada estriba, fundamentalmente, en que el Tribunal haya concluido que en el presente caso no se demostró la culpa del empleador en la ocurrencia del accidente de trabajo que sufrió JESÚS MARÍA MAZO MEDINA, cuando en el proceso aparece establecido que el infortunio laboral acaecido a aquél resulta imputable a la parte empleadora a título de culpa, toda vez que el mismo sucedió como consecuencia de las fallas que presentara en el sistema de frenos el vehículo AQ-5-409, en el cual el accidentado cumplía sus funciones como ayudante.

Afirma la censura que el sentenciador de segundo grado incurrió en la anterior equivocación como consecuencia de haber dejado de apreciar el informe de accidente de trabajo elaborado por la propia entidad empleadora, que aparece a folio 96 del expediente.

Pero lo cierto es que del documento que reposa a folio 96, no se desprende que el accidente de trabajo ocurrido el 22 de Junio de 1993 y a raíz del cual se presentó la lesión sufrida por JESÚS MARÍA MAZO MEDINA haya sucedido por culpa imputable a la demandada, pues tal informe apenas da cuenta de los pormenores del accidente de tránsito sufrido por aquél, así: “Estando de regreso al sitio de la comisión oficial asignada (Mesopotamia), la tracto mula AQ 54 -09 se quedó sin frenos en una de la pendientes del alto de Matasanos, chocando contra un barranco, luego al abismo quedando sostenida por un árbol”. Luego de lo cual se expresa que la causa del accidente fue la “falla en los frenos”.

Así las cosas, se tiene que la apreciación por parte del Tribunal del anterior informe de accidente no hubiera tenido ninguna incidencia en la conclusión sobre la cual se encuentra soportada la sentencia atacada, esto es, que en el proceso no se demostró la culpa de la empleadora en la ocurrencia del accidente de trabajo sufrido por el empleado JESÚS MARÍA MAZO MEDINA, toda vez que del solo hecho de que al automotor donde prestaba éste sus servicios como ayudante le hubiera fallado el sistema de frenos, no es factible deducir la culpa exigida por el artículo 12 de la Ley 6ª de 1945 para que se origine la indemnización plena de perjuicios, pues, una falla mecánica en los frenos se puede presentar aún en un vehículo que ha estado sometido a periódicas revisiones y mantenimientos, por la sencilla razón que una máquina, por su misma condición, está sujeta o es susceptible de sufrir un daño en un determinado momento; y, para la configuración de la culpa a que se refiere el precepto legal antes citado, es necesario que se pruebe de manera contundente, es decir, sin lugar a dudas, que el infortunio laboral haya ocurrido como resultado de una conducta negligente e injustificable del empleador en el cumplimiento de las reglas mínimas de seguridad que deben guardarse de acuerdo con la experiencia para evitar este tipo de accidentes, lo cual, como ya se vio, no aflora de la prueba documental denunciada como inestimada por la censura.

Entonces, como no se demostró que la inapreciación por parte del Tribunal de la prueba calificada a que se hizo referencia anteriormente haya dado origen a la comisión de alguno de los yerros fácticos denunciados por aquélla, no hay lugar a entrar a examinar la prueba testimonial a que se refiere el impugnante en la demanda, pues, es sabido que tal medio de convicción no es susceptible de generar error de hecho en casación, y solo se ha admitido su examen por la jurisprudencia de la Corte cuando previamente se ha acreditado la ocurrencia de un desatino fáctico como resultado de la desestimación o estimación errónea de una prueba calificada, lo que, como ya se vio, aquí no ha ocurrido.

Al no encontrar la Sala que el Tribunal incurrió en los errores de hecho que se le endilgan, no violó indirectamente y por aplicación indebida la ley, y en consecuencia el cargo no prospera.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín el 22 de agosto de 2002, en el juicio seguido por JESÚS MARÍA MAZO MEDINA, NIDIA DEL S. YEPES DE MAZO, MARÍA EUGENIA MAZO YEPES, BEATRIZ ELENA MAZO YEPES, JESÚS ALBERTO MAZO YEPES Y LUIS FRANCISCO MAZO YEPES contra la NACIÓN-MINISTERIO DE TRANSPORTE E INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS.

Costas del recurso extraordinario a cargo de la parte demandante.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Magistrados: Germán G. Valdés Sánchez—Carlos Isaac Náder—Eduardo López Villegas—Luis Javier Osorio López—Luis Gonzalo Toro Correa—Isaura Vargas Díaz—Fernando Vásquez Botero. 

Laura Margarita Manotas González, secretaria.