SENTENCIA 2017-00004 DE FEBRERO 10 DE 2017

 

Sentencia 2017-00004 de febrero 10 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 250002326000201700004-01

Consejero Ponente (E):

Dr. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas

(Legis considera conveniente que los datos de las partes y terceros, sean suprimidos por las iniciales de los nombres y apellidos, con el propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política).

Actor: M. B. M. C. mediante agente oficioso

Demandados: La Nación - Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional de Colombia

Bogotá, D.C., diez de febrero de dos mil diecisiete.

De conformidad con el artículo 7º de la Ley 1095 de 2006, el Despacho decide la impugnación formulada por C. A. M. L., en calidad de agente oficioso de M. B. M. C., contra la providencia del 2 de febrero de 2017, proferida por el magistrado Henry Aldemar Barreto Mogollón del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó la solicitud de hábeas corpus.

1. Antecedentes.

El 1º de febrero de 2017, C. A. M. L., en calidad de agente oficioso de M. B. M. C., presentó solicitud de hábeas corpus contra la Policía Nacional de Colombia (Estación de los Mártires) para que se ordenara la libertad de la citada señora, porque se ha prolongado ilegalmente la privación de su libertad(1).

Como sustento de la solicitud, manifestó, en síntesis, que el 29 de enero de 2017, M. B. M. C., de nacionalidad ecuatoriana, fue retenida por la Policía Nacional, en cumplimiento de la circular roja de la Interpol, por cuanto es solicitada con fines de extradición por la República del Ecuador por el delito de homicidio culposo en accidente de tránsito, sucedido el 3 de septiembre de 2016.

Sostuvo que el 4 de octubre de 2016, el Juez de la Unidad de Judicial de Tránsito de Quito dictó medida de prisión preventiva contra la señora M. B. M. C., como posible autora del delito de homicidio culposo agravado por huir del lugar de los hechos.

Que entre Ecuador y Colombia está vigente el acuerdo de extradición suscrito en Caracas el 18 de julio de 1911, que no contempla el homicidio culposo como delito frente al cual procede la extradición. Que, por tanto, es ilegal la detención de su agenciada con fines de extradición hacia la República de Ecuador y que también existe prolongación ilícita de la privación de la libertad.

Por auto de 1º de febrero de 2017, el magistrado sustanciador de primera instancia vinculó al trámite de la acción constitucional a los ministerios de Relaciones Exteriores y de Justicia y del Derecho, a la Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal y a la Fiscalía General de la Nación(2).

• Informe rendido por la Corte Suprema de Justicia

La Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal informó que consultado el sistema de gestión judicial no se encontró trámite de extradición en relación con la señora M. B. M. C.(3).

• Informe del Ministerio de Justicia y del Derecho

El Ministerio señaló que de conformidad con el artículo 2.2.2.3.1 Decreto Único Reglamentario 1069 de 2015, a partir del momento en que la persona retenida mediante circular roja de la Interpol es puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación, esta entidad tiene hasta cinco días hábiles para ordenar la captura con fines de extradición, previa solicitud del Estado requirente(4).

Que la solicitud de captura con fines de extradición es recibida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, que, a su vez, la envía a la Fiscalía para que se pronuncie sobre la procedencia de la captura.

Que una vez el Estado requirente formaliza la solicitud de extradición, el Ministerio de Relaciones Exteriores emite concepto sobre la normativa aplicable al caso y remite el expediente al Ministerio de Justicia y del Derecho, que examina la documentación y, si la encuentra en orden, la remite a la Corte Suprema de Justicia- Sala de Casación Penal para que emita el respectivo concepto.

Que el Ministerio de Justicia y del Derecho no ha recibido información sobre la retención de la señora M. B. M. C. y que en su base de datos no figura solicitud formal de extradición de la referida señora.

• Informe de la Fiscalía General de la Nación

La Fiscalía General de la Nación manifestó que es improcedente la solicitud de hábeas corpus.

Que desde el 29 de enero de 2017, la señora M. B. M. C. se encuentra privada legalmente de la libertad, con fundamento en la circular roja de la Interpol y que en la misma fecha fue puesta a disposición del Fiscal General de la Nación(5).

Sostuvo que no ha vencido el término de cinco días hábiles de que trata el artículo 2.2.2.3.1 Decreto Único Reglamentario 1069 de 2015 para librar orden de captura con fines de extradición, en caso de ser procedente, y que se está a la espera de que las autoridades de Ecuador presenten la solicitud de captura con fines de extradición.

Igualmente, precisó que entre la captura de la persona y la formalización del pedido de extradición existe un término de noventa días, según lo previsto en el canje de notas diplomáticas de 15 y 18 de noviembre de 1933, entre Colombia y Ecuador.

Que una vez el Ministerio de Justicia remita el expediente con la formalización del pedido de extradición a la Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal, será esta quien se pronuncie sobre el lleno de los requisitos previstos en el acuerdo de extradición, mediante concepto que, de ser negativo, obliga al Gobierno Nacional a negar el pedido de extradición.

Que de conformidad con el artículo 502 de la Ley 906 de 2004, los fundamentos del concepto de la Corte son, entre otros, el cumplimiento de lo previsto en los tratados internacionales, por lo que la discusión sobre si el homicidio que se imputa se enmarca en los presupuestos del acuerdo de extradición corresponde exclusivamente a la Corte Suprema de Justicia y no a la Fiscalía General de la Nación.

• Informe rendido por el Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional

La referida entidad manifestó que el 30 de enero de 2017 puso a disposición del Fiscal General de la Nación a la señora M. B. M. C., retenida con fundamento en la circular roja de la Interpol, expedida a solicitud de la justicia de Ecuador(6).

Que la señora M. B. M. C. se encuentra plenamente identificada y tuvo todas las garantías de sus derechos. Que, en todo caso, no existe privación ilegal de la libertad de la citada señora porque su retención se debió a la circular roja de la Interpol.

• El Ministerio de Relaciones Exteriores no rindió informe.

1.1. Providencia impugnada.

En providencia del 2 de febrero de 2017, proferida por el magistrado Henry Aldemar Barreto Mogollón del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, se negó la solicitud de hábeas corpus, por las siguientes razones(7):

Manifestó que el hábeas corpus procede ante la privación ilegal y la prolongación arbitraria de la libertad. Que esta acción tiene carácter excepcional y no sustituye los procedimientos comunes, dentro de los que debe formularse la petición de libertad. Que tampoco reemplaza los recursos ordinarios, ni sirve para desplazar u obtener una opinión diferente frente a la expresada por la autoridad competente para resolver el asunto.

Que la extradición está prevista en el artículo 35 de la Constitución Política. Que el artículo 484 del Código de Procedimiento Penal prevé que las autoridades investigativas y judiciales deben disponer lo pertinente para cumplir los instrumentos de cooperación internacional y que el requerimiento de una persona, mediante circular roja de la Interpol, tiene eficacia en el territorio colombiano. Que, ante dicho requerimiento, la persona retenida debe ser puesta, de inmediato, a disposición del Fiscal General de la Nación.

Indicó que, conforme con los artículos 1º y 2º del Decreto 3860 de 2011 y 502 de la Ley 906 de 2004, previa solicitud del Estado requirente, la Fiscalía tiene cinco días hábiles para librar la orden de captura con fines de extradición de la persona plenamente identificada, por existir en su contra sentencia condenatoria, acusación o decisión equivalente.

Que una vez que el Ministerio de Relaciones Exteriores recibe la documentación del Estado requirente, emite concepto sobre la sujeción a instrumentos internacionales o si debe obrarse de acuerdo con el Código de Procedimiento Penal. Que luego remite las diligencias al Ministerio de Justicia, que, a su vez, debe perfeccionar el expediente y enviarlo a la Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal.

Que la Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal concede diez días a la persona requerida para que solicite pruebas, abre a etapa probatoria por igual término, corre traslado de alegaciones por cinco días y emite el concepto, que, de ser desfavorable al país requirente, obliga al Gobierno Nacional.

Que la Corte debe analizar los requisitos del artículo 502 de la Ley 906 de 2004, esto es, la demostración plena de la identidad del solicitado, el principio de doble incriminación, la equivalencia de la providencia proferida en el extranjero y el cumplimiento de los tratados públicos, cuando sea del caso.

Que, finalmente, previo concepto favorable de la Corte Suprema de Justicia, dentro de los quince días siguientes al recibo del expediente, el Gobierno Nacional tiene la facultad de conceder o no la extradición.

Indicó que está acreditado que, en razón de la circular roja de la Interpol, el 29 de enero de 2017, la señora M. B. M. C. fue capturada por el delito de muerte culposa en accidente de tránsito, ocurrido en la ciudad de Quito, Ecuador, según orden de detención de 5 de octubre de 2016, proferida por un juez de ese país.

Que no procede el amparo constitucional por cuanto, a partir del momento en que la retenida fue puesta disposición de la Fiscalía, esta entidad tenía cinco días hábiles para proferir la orden de captura con fines de extradición. Que ese término corrió entre el 30 de enero de 2017 y el 3 de febrero del mismo año y que a la fecha de la providencia, el plazo no ha vencido, por lo cual no se ha prolongado ilícitamente la privación de la libertad de la citada señora.

Que, por lo demás, la Fiscalía no ha librado la orden de captura con fines de extradición porque aún no ha recibido la solicitud en ese sentido de parte de la República del Ecuador.

Asimismo, el Magistrado Sustanciador señaló que el análisis de si la muerte culposa es de aquellos delitos frente los que procede la extradición, de acuerdo con el tratado vigente entre Colombia y Ecuador, no compete al juez de hábeas corpus. Que este análisis corresponde a la Corte Suprema de Justicia y que ante dicha corporación, la persona requerida puede ejercer su derecho de defensa.

1.2. Impugnación.

El agente oficioso de la señora M. B. M. C. impugnó la decisión del Tribunal en los siguientes términos(8):

Precisó que el 3 de febrero de 2017 la Fiscalía notificó a la señora M. B. M. C. la orden de captura con fines de extradición. Que, sin embargo, ese trámite no tuvo en cuenta que el delito de homicidio culposo no es susceptible de extradición, según el acuerdo suscrito entre las Repúblicas de Ecuador y Colombia y que desconoce el artículo 490 de la Ley 490 de 2004, que prevé que “la extradición se podrá solicitar, conceder u ofrecer de acuerdo con los tratados públicos y en su defecto, con la ley”.

Que, mientras se expide el concepto de la Corte Suprema de Justicia y se decide la procedencia de la extradición, el fallo apelado exige que la señora M. B. M. C. permanezca privada de su libertad por más seis meses. Que, además, el concepto debe ser desfavorable pues, reiteró, el delito de homicidio culposo no es extraditable.

Que lo anterior es así porque ese es el tiempo que en promedio dura el trámite de extradición: 90 días para la formalización de pedido de extradición por parte del Estado requirente y por lo menos tres meses en el trámite ante la Corte Suprema de Justicia y en la expedición del concepto.

Que con la petición de hábeas corpus no se están usurpando funciones de la Corte Suprema de Justicia. Se está suplicando que se dé prevalencia al derecho sustancial y se tenga en cuenta que el homicidio culposo no es un delito extraditable.

Que, además, el acuerdo de extradición se creó pensando en otro tipo de delitos, no en un homicidio en accidente de tránsito, cuya pena máxima es de tres años, según la legislación ecuatoriana.

2. Consideraciones de la Sala.

2.1. Generalidades del hábeas corpus.

El artículo 30 de la Constitución Política prevé que el hábeas corpus es un derecho fundamental cuya protección puede pedirse ante cualquier autoridad judicial y en cualquier tiempo, ya sea por privación ilegal de la libertad o por prolongación ilegal de la privación de la libertad.

La Ley 1095 de 2006 desarrolló la citada norma constitucional y dispuso que el hábeas corpus es, además, una “acción constitucional” que protege la libertad personal cuando alguien es privado de ella con violación de las garantías constitucionales o legales, o cuando dicha privación se prolonga ilegalmente.

Así, la “acción de hábeas corpus” está prevista para dos eventos: (i) cuando hay privación de la libertad con violación a las garantías constitucionales o legales, o (ii) cuando se prolonga ilegalmente la privación de la libertad.

El primer evento sucede comúnmente cuando se detiene a una persona sin que medie orden de autoridad judicial competente. Y el segundo, ocurre cuando a pesar de que cumplió con todos los requisitos legales, la detención deviene ilegal porque desaparecen las causas que la justificaban o porque se verificó una circunstancia que imponía conceder la libertad. En el último caso, puede suceder que se presente una de las causales de libertad que prevé el artículo 317 CPP o que exista una circunstancia de excarcelación y que a pesar de ello el juez se niegue a otorgar la libertad.

El hábeas corpus, en todo caso, no es un mecanismo alternativo, supletorio o sustituto para debatir las cuestiones propias de los procesos en que se investigan y juzgan las conductas punibles. El hábeas corpus es un medio judicial excepcional de protección de la libertad y de los otros derechos fundamentales que de ahí se derivan, como la vida, la integridad personal y el de no ser sometido a desaparecimiento o a tratos crueles y torturas(9).

Significa lo anterior que el juez que conoce del hábeas corpus carece de competencia para examinar los elementos propios de la conducta punible, la responsabilidad de los procesados, la validez o valor de persuasión de los medios de convicción, o la labor procesal que desarrolle el funcionario judicial, pues el ejercicio de esta acción solo permite el examen de los elementos extrínsecos de la medida que afecta la libertad(10).

En otras palabras, el mecanismo de protección judicial que nos ocupa es extraordinario y no puede utilizarse para sustituir los procedimientos judiciales comunes dentro de los que, necesariamente, deben formularse las peticiones de libertad. Tampoco puede reemplazar los recursos ordinarios de reposición y apelación establecidos como mecanismos legales idóneos para impugnar las decisiones que interfieren el derecho a la libertad personal; ni sirve para desplazar al funcionario judicial competente, y obtener así una opinión diversa —a manera de instancia adicional— de la autoridad llamada a resolver lo atinente a la libertad de las personas.

No obstante, se ha aceptado la procedencia excepcional de la solicitud de hábeas corpus cuando, a pesar de que las cuestiones relativas a la libertad se puedan discutir en el respectivo proceso penal, se adviertan circunstancias especiales que pueden generar un perjuicio irremediable si se espera a que el juez del proceso penal decida sobre la solicitud de libertad(11).

2.2. Caso concreto.

De manera preliminar, el Despacho deja constancia de que hoy, 10 de febrero de 2017, estableció comunicación telefónica tanto con el agente oficioso, señor C. A. M. L., como con la señora M. B. M. C. Ambos confirmaron que la citada señora está detenida en la Estación de los Mártires desde el 29 de enero de 2017 e informaron que las condiciones de reclusión son normales y que la señora M. B. M. C. ha recibido buen trato.

El Despacho revocará la providencia impugnada por las siguientes razones:

Según la parte actora, la prolongación ilícita de la libertad se configura porque desde el 29 de enero de 2017 la señora M. B. M. C. se encuentra privada de la libertad, con fines de extradición, por un delito que no es extraditable conforme con el tratado de extradición vigente entre Colombia y Ecuador.

De acuerdo con el artículo 35 de la Constitución Política, la extradición se podrá solicitar, conceder u ofrecer de acuerdo con los tratados públicos y, en su defecto, con la ley.

Entre las Repúblicas de Colombia y Ecuador está vigente el Acuerdo Sobre Extradición (Congreso Bolivariano de Caracas) suscrito el 18 de julio de 1911(12).

El artículo 1º de ese tratado prevé lo siguiente:

“Artículo I

Los Estados contratantes convienen en entregarse mutuamente, de acuerdo con lo que se estipula en este Acuerdo, los individuos que procesados o condenados por las autoridades judiciales de cualquiera de los Estados contratantes, como autores, cómplices o encubridores de alguno o algunos de los crímenes o delitos especificados en el artículo 2º, dentro de la jurisdicción de una de las partes contratantes, busquen asilo o se encuentren dentro del territorio de una de ellas. Para que la extradición se efectúe, es preciso que las pruebas de la infracción sean tales, que las leyes del lugar en donde se encuentren el prófugo o enjuiciado, justificarían su detención o sometimiento a juicio, si la comisión tentativa o frustración del crimen o delito se hubiese verificado en él”.

Por su parte, el artículo 484 de la Ley 906 de 2004 prevé que las autoridades investigativas y judiciales dispondrán lo pertinente para cumplir con los requerimientos de cooperación internacional, que les sean solicitados de conformidad con la Constitución Política, los instrumentos internacionales y leyes que regulen la materia.

El parágrafo del citado artículo dispone que el requerimiento de una persona, mediante circular roja, a través de la Interpol, tendrá eficacia en el territorio colombiano y que, en tal evento, la persona retenida será puesta a disposición del despacho del Fiscal General de la Nación, en forma inmediata.

El artículo 2.2.2.3.1 del Decreto 1069 de 2015(13) establece que para efectos de lo previsto en el artículo 484 de la Ley 906 de 2004, a partir del momento en que la persona retenida, mediante notificación roja, sea puesta a disposición del Fiscal General de la Nación, este tendrá un término máximo de cinco días hábiles para librar la orden de captura con fines de extradición, si fuere del caso.

A su turno, el artículo 2.2.2.3.2 del mismo decreto señala que se considera como requisito de procedibilidad de la orden de captura con fines de extradición, expedida por el Fiscal General de la Nación, la observancia estricta de lo dispuesto en el artículo 509 de la Ley 906 de 2004, que dispone lo siguiente:

“ART. 509.—Captura. El Fiscal General de la Nación decretará la captura de la persona requerida tan pronto conozca la solicitud formal de extradición, o antes, si así lo pide el Estado requirente, mediante nota en que exprese la plena identidad de la persona, la circunstancia de haberse proferido en su contra sentencia condenatoria, acusación o su equivalente y la urgencia de tal medida”.

Así, una vez retenida la persona, en virtud de la circular roja de la Interpol, debe ser puesta, de inmediato, a disposición del Fiscal General de la Nación, quien, dentro de los cinco días hábiles siguientes, decretará la captura, tan pronto conozca la solicitud formal de extradición, o antes, si así lo solicita el Estado requirente.

De acuerdo con el artículo 490 de la Ley 906 de 2004, la solicitud para que se ofrezca o se conceda la extradición de persona a quien se haya formulado resolución de acusación o su equivalente o se haya condenado en el exterior, deberá hacerse por la vía diplomática, y en casos excepcionales por la consular, o de gobierno a gobierno, con los siguientes documentos:

1. Copia o trascripción auténtica de la sentencia, resolución de acusación o su equivalente.

2. Indicación exacta de los actos que determinaron la solicitud de extradición y del lugar y fecha en que fueron ejecutados.

3. Todos los datos que se posean y que sirvan para establecer la plena identidad de la persona reclamada.

4. Copia auténtica de las disposiciones penales aplicables para el caso.

Los documentos mencionados serán expedidos en la forma prescrita por la legislación del Estado requirente y deberán ser traducidos al castellano, si fuere el caso.

De acuerdo con las notas diplomáticas de 15 y 18 de noviembre de 1983, la extradición debe solicitarse formalmente por el Estado requirente, dentro de los noventas días siguientes al de la detención provisional.

Recibida la documentación, el Ministerio de Relaciones Exteriores ordenará que pasen las diligencias al Ministerio del Interior y de Justicia, ahora Ministerio de Justicia y del Derecho, junto con el concepto que exprese si es del caso proceder con sujeción a convenciones o usos internacionales o si se debe obrar de acuerdo con las normas de la misma ley (artículo 496 de la Ley 906 de 2004).

Conforme con el artículo 499 de la Ley 904 d 2004, una vez perfeccionado el expediente, el Ministerio de Justicia lo remitirá a la Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal, para que emita concepto.

Los artículos 500, 501 y 502 de la Ley 904 de 2004 prevén el trámite que debe adelantar la Corte, una vez que recibe el expediente. Las citadas normas disponen, en su orden, lo siguiente:

ART. 500.—Trámite. Recibido el expediente por la Corte, se dará traslado a la persona requerida o a su defensor por el término de diez (10) días para que soliciten las pruebas que consideren necesarias.

Vencido el término de traslado, se abrirá a pruebas la actuación por el término de diez (10) días, más el de distancia, dentro del cual se practicarán las solicitadas y las que a juicio de la Corte Suprema de Justicia sean indispensables para emitir concepto.

Practicadas las pruebas, el proceso se dejará en secretaría por cinco (5) días para alegar.

PAR. 1º—Extradición simplificada. La persona requerida en extradición, con la coadyuvancia de su defensor y del Ministerio Público podrá renunciar al procedimiento previsto en este artículo y solicitar a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia de plano el correspondiente concepto, a lo cual procederá dentro de los veinte (20) días siguientes si se cumplen los presupuestos para hacerlo.

PAR. 2º—Esta misma facultad opera respecto al trámite de extradición previsto en la Ley 600 de 2000”.

“ART. 501.—Concepto de la Corte Suprema de Justicia. Vencido el término anterior, la Corte Suprema de Justicia emitirá concepto.

El concepto negativo de la Corte Suprema de Justicia obligará al gobierno; pero si fuere favorable a la extradición, lo dejará en libertad de obrar según las conveniencias nacionales.

“ART. 502.—Fundamentos de la resolución que concede o niega la extradición. La Corte Suprema de Justicia, fundamentará su concepto en la validez formal de la documentación presentada, en la demostración plena de la identidad del solicitado, en el principio de la doble incriminación, en la equivalencia de la providencia proferida en el extranjero y, cuando fuere el caso, en el cumplimiento de lo previsto en los tratados públicos”.

Finalmente, el artículo 503 de la citada ley prevé que recibido el expediente con el concepto de la Corte Suprema de Justicia, habrá un término de quince días para que el Gobierno Nacional dicte la resolución en que se conceda o se niegue la extradición solicitada.

Si la extradición fuere concedida, el Fiscal General de la Nación ordenará la captura del procesado si no estuviere privado de la libertad, y lo entregará a los agentes del país que lo hubieren solicitado. Si fuere rechazada la petición, el Fiscal General de la Nación ordenará poner en libertad al detenido (artículo 506 de la Ley 906 de 2004).

Como puede apreciarse, la extradición es un proceso complejo que implica la participación activa de varias autoridades: la Policía Nacional, a través de la Interpol, quien retiene a la persona en virtud de la circular roja; la Fiscalía General de la Nación, quien expide la orden de captura con fines de extradición; el Ministerio de Relaciones Exteriores, que recibe la solicitud de orden de captura y el pedido de extradición del Estado requirente, perfecciona el expediente y emite concepto sobre la normativa aplicable, previo a remitir el proceso al Ministerio de Justicia; el Ministerio de Justicia y del Derecho, que verifica el expediente y lo remite a la Corte Suprema de Justicia; la Corte, que profiere concepto favorable o desfavorable(14) frente a la solicitud de extradición y, finalmente, el Gobierno Nacional, que decide si extradita o no a la persona. Es de anotar que en caso de que el concepto sea desfavorable a la solicitud de extradición, este obliga al Gobierno.

El trámite en mención implica, en general, que mientras el Estado decide si extradita o no, la persona debe estar privada de la libertad por lo menos por seis meses, como bien lo advirtió el impugnante, lo que se revela desproporcionado frente a delitos culposos.

En este caso, a pesar de que la Fiscalía libró la orden de captura dentro del término legal, hecho que acepta el impugnante, se advierte que de no dejarse en libertad inmediata a la señora M. B. M. C. se generaría un perjuicio irremediable, que no es otro que la violación del derecho fundamental a la libertad personal durante un largo lapso, teniendo en cuenta que el delito por el que se solicita en extradición es el de “muerte culposa” en accidente de tránsito.

De hecho, existe la duda razonable de si el delito en mención es de los que da lugar a la extradición con base en el acuerdo de extradición suscrito entre Colombia y Ecuador.

Téngase en cuenta, además, que incluso en caso de que la Corte conceptúe que procede la extradición, el Gobierno puede negarla, pues el único concepto que obliga al Ejecutivo es el que resulta desfavorable a la solicitud de extradición.

En esas condiciones, el Despacho considera que es necesario, urgente e impostergable acceder a la solicitud de hábeas corpus, pues, en este caso, resultaría desproporcionado someter a la señora M. B. M. C. a estar privada de la libertad hasta cuando se surta todo el trámite de la extradición.

Con todo, la señora M. B. M. C. deberá asumir el compromiso de no salir del país y presentarse semanalmente ante la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional, Avenida El Dorado Nº 75-25. Barrio Modelia. Lo anterior, hasta tanto se surta todo el trámite de la extradición.

La concesión el hábeas corpus no suspende el trámite de extradición de la señora M. B. M. C.

En mérito de lo expuesto, el suscrito magistrado del Consejo de Estado,

RESUELVE:

1. REVÓCASE la providencia proferida del 2 de febrero de 2017, dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. En su lugar, se dispone:

2. ORDÉNASE la libertad inmediata de la señora M. B. M. C., identificada con documento nacional de identidad 172009064-4 de la República de Ecuador, que se encuentra detenida en la Estación de Policía Los Mártires de la ciudad de Bogotá.

3. COMISIÓNASE al señor Luis Hernán Tutalchá Ruiz, magistrado Auxiliar de la Sección Cuarta del Consejo de Estado, para que suscriba, junto con la señora M. B. M. C., el acta de compromiso para que la mencionada señora no salga del país y se presente semanalmente ante la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional, ubicada en la Avenida El Dorado Nº 75 - 25 Barrio Modelia.

4. NOTIFÍQUESE esta decisión en forma inmediata al señor C. A. M. L., a la señora M. B. M. C. y al señor Fiscal General de la Nación.

5. COMUNÍQUESE esta decisión a los ministerios de Relaciones Exteriores y de Justicia y del Derecho, a la Corte Suprema de Justica - Sala de Casación Penal, al Director de la Interpol, al Ministerio Público y al Comandante de la Estación Los Mártires de la ciudad de Bogotá.

6. DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.

Notifíquese y cúmplase,

Magistrado: Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.

1 Folios 1 a 3

2 Folio 9

3 Folio 19

4 Folios 34 y 35

5 Folios 36 a 39

6 Folios 133A y 133

7 Folios 91 a 99

8 Folios 127 a 130

9 Sentencia C-187/06.

10 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, en auto de 27 de noviembre de 2006, radicado 26503 y en la sentencia de 11 de diciembre de 2003, radicado 15955.

11 Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, providencia del 10 de julio de 2008, radicado del proceso 30156. En esa sentencia se concluyó: “Por regla general ‘a partir del momento en que se impone la medida de aseguramiento, todas las peticiones que tengan relación con la libertad del procesado deben elevarse al interior del proceso penal, no a través del mecanismo constitucional de hábeas corpus, pues, se reitera, esta acción no está llamada a sustituir el trámite del proceso penal ordinario.
Ello es así, excepto si como lo reitero la Corte en el auto de junio 26 de 2008, la decisión judicial que interfiere en el derecho a la libertad personal puede catalogarse como una vía de hecho o se vislumbra la prosperidad de alguna de las otras causales genéricas que hacen viable la acción de tutela; hipótesis en las cuales, ‘aun cuando se encuentre en curso un proceso judicial, el hábeas corpus podrá interponerse en garantía inmediata del derecho fundamental a la libertad, cuando sea razonable advertir el advenimiento de un mal mayor o de un perjuicio irremediable, en caso de esperar la respuesta a la solicitud de libertad elevada ante el mismo funcionario judicial, o si tal menoscabo puede sobrevenir de supeditarse la garantía de la libertad a que antes se resuelvan los recursos ordinarios’”.

12 Además, hacen parte de este instrumento internacional las repúblicas de Bolivia, Perú y Venezuela

13 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho”.

14 En este caso es vinculante para el Gobierno Nacional.